Efectos de la movilidad humana en la salud mental del desplazado

Movilidad venezolanosA finales del año 2017, el Alto Comisionado para las Naciones Unidas (ACNUR) contaba 68,5 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo[1] a causa de la persecución, los conflictos y la violencia generalizada. Desde la perspectiva de la psicología, la migración forzada se considera un potencial estresor de tanta intensidad, que puede superar las capacidades de adaptación o recursos psicológicos de las personas. movilidad

A finales de 2016, en Latinoamérica y el Caribe, existían más de 100 mil personas refugiadas, y 88 mil solicitantes de tal condición. Esta cifra está en continuo aumento debido a la crisis de los últimos años. Durante el 2017 una de las situaciones más críticas ha sido el aumento de las solicitudes de refugio procedentes de Centroamérica, principalmente en dirección a México y Estados Unidos. Asimismo, la crisis en Venezuela ha generado un importante desplazamiento de personas. Desde 2015, debido a la situación socio-económica y política de la República Bolivariana de Venezuela, 1,5 millones de venezolanos han migrado a países vecinos (Brasil, Perú, Costa Rica o Colombia). En 2017 presentaron 111,600 solicitudes de asilo a países vecinos, frente a las 34,200 del año anterior. Asimismo, Colombia sigue siendo uno de los países con mayor número a nivel mundial de desplazados internamente: 7,9 millones, de los cuales 7,7 fueron debido al conflicto armado y la violencia política[2].

¿Qué es el estrés migratorio?

Las consecuencias sobre la salud mental no distinguen categorías legales migratorias. La movilidad humana es considerada un evento potencialmente estresante para las personas en cualquiera de sus formas. Un estresor es cualquier situación o evento donde la persona siente que sus recursos se ven sobrepasados y su bienestar amenazado; generando consecuencias psicológicas y fisiológicas de malestar[3].

Desde el año 1986 Furnham y Bochner, analizan el estrés aplicado al ámbito de las migraciones, llamándolo cultural shock (estrés cultural)[4]. Este término se refiere a las consecuencias psicológicas que viven los migrantes en su proceso de ajuste a la nueva cultura, como por ejemplo las dificultades para manejar los sentimientos de pérdida, la confusión de los roles sociales del nuevo país, los sentimientos de ansiedad o impotencia ante las dificultades de adaptación. Otro término similar es el llamado estrés por aculturación[5], el cual aparece cuando el proceso de adaptación a la nueva cultura implica una gran demanda para la persona y supera sus recursos personales.

En 2002, Achotegui explicó el estrés migratorio como un duelo o pérdida migratoria, el cual podía desencadenar un Síndrome de estrés crónico o extremo, o el llamado Síndrome de Ulises[6]. Según Achotegui, el duelo migratorio es principalmente una pérdida parcial, crónica y múltiple. Se refiere a duelo parcial puesto que, al contrario a cuando un ser querido muere, en la migración el “objeto” de pérdida es el país de origen (y lo que conlleva) que sigue ahí, incluyendo la posibilidad de volver. Es un duelo crónico, puesto que somos conscientes cotidianamente de nuestras pérdidas; una llamada, un contacto con el país de origen reaviva estos sentimientos. Por último, es un duelo múltiple, puesto que perdemos muchos aspectos primarios de nuestra infancia: la lengua, la cultura, tradiciones, comidas, horarios… De hecho, Achotegui define 7 duelos migratorios que resolver: duelo por la familia y los seres queridos, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el contacto con el grupo de pertenencia y los riesgos para la integridad física.

Las etapas del proceso migratorio y sus riesgos para la salud mental

Toda movilidad humana conlleva etapas, y en cada una de ellas existen riesgos y adversidades que pueden repercutir a la salud mental de los migrantes[7]. En la fase pre-migratoria, algunos factores de riesgo son la voluntariedad o no para viajar, la ausencia de redes sociales [en el país de destino] antes de salir, la posibilidad de preparar el viaje, los motivos para migrar y la vulnerabilidad individual o salud mental de la persona. Como se puede observar, en el caso del desplazamiento forzoso, se cumplen la mayoría de estos riesgos.

Durante el viaje, también hay estresores que afrontar. Las condiciones del transporte, la precariedad económica, los riesgos viajando con menores, los controles policiales, la regularización de las visas y la exposición a las mafias y extorsión en determinadas fronteras, son algunos de los principales. A nivel psicológico es el momento donde empiezan a generarse los sentimientos de pérdida, soledad por la falta de redes sociales y apoyo y de miedo al futuro proyecto migratorio sin definir.

En el país de destino, los principales riesgos que afectan a la salud mental son: la capacidad de acogida de la sociedad de destino, la discriminación o rechazo, los problemas económicos, la falta de oportunidades laborales, la pérdida de estatus social, el hecho de sentirse sin raíces o la falta de redes sociales.

Es especialmente importante considerar que algunas personas pueden acumular estresores en cada una de las etapas del proceso, comenzando por el motivo de salida de su país. En las investigaciones de Bonnano[8] ha encontrado que el estrés acumulativo puede inhibir los recursos resilientes[9] de las personas migrantes, conllevando un peor pronóstico para su salud mental.

Consecuencias para la salud mental en los migrantes

movilidad humana

La “pérdida” de la patria, costumbres, amistades, cultura y, en algunos, casos familia influyen fuertemente en la estabilidad emocional del que migra.

¿Todos los migrantes tienen consecuencias en su bienestar psicológico? Es cierto que no todas las personas que migran desarrollan síntomas o problemas en su salud mental. Tal y como explica Achotegui, la migración tiene beneficios y, a menudo, es la salida de una situación de mayor riesgo (como los contextos de violencia o persecución), pero siempre será necesario elaborar el duelo migratorio. Asimismo, las personas tienen recursos de afrontamiento o resiliencia que pueden amortiguar la aparición de dichos síntomas.

En esta misma línea, Achotegui matiza que el Síndrome de Ulises se sitúa entre la salud mental y la psicopatología. Por un lado, no se debe minimizar el sufrimiento y los síntomas de las personas migrantes y, por otro, no se debe patologizar o “sobre-diagnosticar” a las personas con depresión o estrés post-traumático, que conllevan la medicalización del sufrimiento, puesto que esta segunda opción termina convirtiéndose en un nuevo estresor para la persona.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud[10] (OMS) y ACNUR, la sintomatología más comunmente encontrada en población refugiada o solicitante de asilo son: a) A nivel fisico: las enfermedades crónicas o traumatismos, el agotamiento, los problemas del sueño, molestias osteoarticulares, “in-migraña” y cefaleas. b) A nivel psicológico: los síntomas depresivos (tristeza, apatía, llanto), la ansiedad (alta preocupación, tensión, estado continuo de alerta, irritabilidad y pensamientos intrusivos), síntomas de estrés post-traumático (flash-backs, miedo) y en algunos casos los trastornos psicóticos y el consumo de drogas. De igual manera, son frecuentes los recuerdos negativos cotidianos, las rememoraciones de su imaginación y las pesadillas por las noches con dificultad para conciliar el sueño. Debido a los problemas del sueño, conllevan cansancio al día siguiente y un estado de alerta generalizado, lo que genera un miedo cotidiano a cuestiones comunes como caminar por la calle, viajar en coche o en autobús, o temor a estar solos. Estos síntomas se dan especialmente en las personas que han sufrido algún tipo de traumatismo durante su migración, como violencia, golpizas o lesiones de cualquier tipo en su país de origen.

Conclusiones

El duelo migratorio y el estrés que lo acompaña es vivido en mayor o menor medida por todos los migrantes; pero, dependiendo de los estresores durante el proceso (antes, durante y después) y de las características individuales, puede haber mayores riesgos para la salud mental. Es necesario recalcar el concepto de estrés acumulativo, puesto que conlleva un peor pronóstico para la salud mental de los migrantes, convirtiéndose en un grupo más vulnerable.

Las consecuencias sobre la salud mental no distinguen de categorías legales (estatuto de refugiado, solicitante de asilo, desplazado interno o migrantes económicos), pero el riesgo es mayor en las poblaciones sometidas a mayor vulneración de sus derechos y expuestas a mayores traumatismos, como es el caso de los desplazados forzosos. Especialmente a tener en cuenta son los casos de menores no acompañados, los adolescentes que migran involuntariamente y los adultos mayores.

Hay suficiente evidencia científica para considerar en las políticas públicas los planes de apoyo y acompañamiento a la salud mental y bienestar de las personas en cada una de las etapas, desde la salida del país hasta la llegada y acogida.

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[1] Desplazamiento forzoso incluye refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos.
[2] ACNUR. Tendencias Globales. Desplazamiento Forzado en 2017. Génova: ACNUR 2017.
[3] LAZARUS, Richard y Susan FOLKMAN. Estrés y Procesos Cognitivos. Barcelona: Springer Publishing 1986
[4] FURNHAM, Adrian y Stephen BOCHNER. Culture shock: Psychological reactions to unfamiliar environments. London: Methuen 1986.
[5] RUIZ, José, Ginesa TORRENTE, Angel RODRÍGUEZ, y Carmen RAMÍREZ DE LA FE. “Acculturative stress in Latin-American Immigrants: an assessment proposal”. The Spanish journal of Psychology, 14(1), 2011, pp. 227-236.
[6] ACHOTEGUI, Joseba: La depresión en los inmigrantes. Una perspectiva transcultural, Barcelona, Editorial Mayo, 2002.
[7] BHUGRA, Dinesh: “Migration and mental health”. Acta Psychiatrica Scandinavica, 109, 2004, pp. 204-258.
[8] BONANNO, George: “Loss, trauma and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events?” American Psychologist, 59(1), 2004, pp. 20-28.
[9] La resiliencia, según la RAE, es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. [N. del E.]
[10] ACNUR y OMS. La salud mental de los refugiados. ACNUR 1997.

Otoño 2019


Iciar Villacieros

Doctora en Psicología en la especialidad de Migraciones Internacionales ( Univerisdad Pontificia de Comillas).



El éxodo venezolano: una problemática regional

Exodo venezolano y problemática regionalLa crisis económica, social y política en Venezuela, y las múltiples y masivas violaciones de derechos humanos, ha generado no solo una crisis humanitaria en el país, sino además un incremento exponencial de la migración de venezolanos en los últimos tres años. Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de 695,551 venezolanos en el extranjero en 2015, se pasó a 3 millones hasta noviembre de 2018[1].

Si bien Norteamérica y España, que históricamente han sido países atractivos para venezolanos que deciden migrar, continúan siendo focos de recepción de un alto número de migrantes que provienen de Venezuela, la crisis humanitaria que atraviesa ha ocasionado una diversificación de las rutas y destinos migratorios, convirtiendo a los países de Sudamérica en algunos de los principales receptores de migrantes y refugiados venezolanos.

Aunque Sudamérica resaltó en los primeros años de la crisis por su apertura a la recepción de la migración proveniente de Venezuela, a medida que esta se intensificó, y los flujos de personas que abandonan el país aumentó, también se generó un viraje en las políticas migratorias en varios países de la región, con una tendencia a la restricción del ingreso de migrantes y refugiados venezolanos. La razón aducida de forma común tras los cambios es la necesidad de asegurar una migración segura y ordenada.

Sin embargo, ¿cabe la posibilidad de una migración segura y ordenada en el marco de una crisis humanitaria? Considerando que, de acuerdo a ACNUR, de la cifra de venezolanos en el extranjero, solo en el 2018 se han registrado 203 751 solicitudes de asilo por parte de refugiados venezolanos en diferentes países del continente americano y España[2], es difícil pensar que con la magnitud de la crisis aún quepa lugar al control tradicional que los Estados conciben realizar a través de sus fronteras.

En vista de ello, es claro que la crisis humanitaria venezolana ha dejado de ser una preocupación solamente de Venezuela y los venezolanos dado el impacto que el aumento de los flujos migratorios ha generado en la región. Por ello, conviene realizar un breve repaso sobre algunas de las políticas migratorias adoptadas por los Estados de Sudamérica para afrontar la migración venezolana y la llegada de refugiados venezolanos a su territorio.

Solo dos países de la región cuentan a la fecha con permisos especiales para la regularización de la situación migratoria de personas venezolanas: Colombia (Permiso Especial de Permanencia – PEP) y Perú (Permiso Temporal de Permanencia – PTP). Estos no solo permiten la permanencia en territorio de los países que los emiten, sino que además atribuyen a los migrantes venezolanos la posibilidad de desempeñar actividades lucrativas en el territorio del país de acogida durante su periodo de vigencia.

Exodo venezolano y problemática regionalA pesar de lo positivo de las medidas, considerando que Colombia es el principal receptor de migrantes venezolanos en la región, y que Perú es el principal receptor de solicitantes de asilo, no se han dejado de reportar ciertos problemas en el ejercicio de derechos por parte de migrantes y refugiados venezolanos en dichos países: organizaciones de sociedad civil en Colombia, por ejemplo, han reportado el alto riesgo de apatridia para los hijos de personas venezolanas que acceden al PEP, ya que el contar con este permiso les impide el registrar a sus hijos nacidos en territorio colombiano como nacionales de dicho país.

Por otro lado, en el caso de Perú, el pasado mes de agosto se adoptó como requisito para el ingreso regular de personas venezolanas la presentación del pasaporte vigente[3]. Al respecto, es necesario tomar en cuenta que en Venezuela el acceso al pasaporte es restringido, ya que el sueldo básico no supera los 5 USD y el pasaporte tiene un precio de 86.40 USD, si se solicita desde el territorio nacional, y 200 USD si se solicita desde el extranjero. Por ello, la imposición de este requisito para permitir el ingreso regular de personas venezolanas a territorio de un país tiene como consecuencia evidente la restricción de su ingreso regular.

En el caso de Chile, en abril de este año entró en vigencia la “visa de responsabilidad democrática”, la cual no solo requiere la presentación de un pasaporte vigente, sino que además solo puede ser solicitada en Venezuela. Otro requisito que resalta para la obtención de esta visa, es la presentación de un “certificado de antecedentes penales” emitido en el país de origen del solicitante. Dado el colapso de las instituciones encargadas de la emisión de estos documentos en Venezuela, la obtención de un certificado de tal naturaleza resulta un vía crucis para las personas sin los recursos necesarios para obtenerlo, e incluso para quienes sí cuentan con los recursos por la excesiva demora en su emisión. Este mismo requisito se exige en Brasil y Ecuador para otorgar la residencia temporal a extranjeros, entre ellos los migrantes venezolanos.

Además de las problemáticas aisladas a cada país, de forma común a la región se han presentado múltiples casos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, expulsiones o deportaciones colectivas, xenofobia, y una constante restricción sobre el acceso a servicios de salud, educativos, o violaciones al derecho al trabajo sin que se adopten políticas integrales dentro de los países de tránsito y de acogida para el tratamiento de estos casos y la garantía de los derechos que se ven afectados.

Exodo venezolano y problemática regional

El difícil acceso al pasaporte venezolano hace más difícil el ingreso legal a los países sudamericanos, pudiendo convertir a los migrantes en víctimas de redes de trata y tráfico.

La situación ha sido notada por diversas organizaciones internacionales y órganos de derechos humanos a nivel mundial y regional. Así, por ejemplo, la falta de una respuesta efectiva a la crisis humanitaria venezolana a nivel regional ya ha sido materia de pronunciamiento por parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a inicios de 2018 emitió la Resolución 2/18 en la cual abordó la problemática de la migración forzada de personas venezolanas. A través del citado documento, la CIDH advierte que “la grave crisis política, económica y social que afecta Venezuela persistirá, en tanto las condiciones de graves violaciones a derechos humanos sigan ocurriendo”[4].

En ese sentido, y tomando en cuenta que esta crisis tiene un alcance transfronterizo, la CIDH exhorta a los Estados de la Organización de Estados Americanos (OEA) a “Implementar una estrategia coordinada de alcance regional e internacional, la cual debe estar basada en la responsabilidad compartida y en el abordaje desde un enfoque de derechos humanos para dar respuesta a la rápida y masiva situación de personas que se están viendo forzadas a migrar de Venezuela”[5].

Aunque el más reciente pronunciamiento a nivel regional sobre la situación de las personas venezolanas migrantes y refugiadas, la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la Región de 04 de septiembre de 2018, contiene una serie de compromisos que van en línea con los parámetros establecidos por la CIDH en la Resolución 2/18, sigue sin llevarse a cabo un esfuerzo claro para la materialización de estos.

La ausencia de un Plan de Acción Regional a nivel estatal no hace más que agudizar las problemáticas señaladas, y la sensación de que la carga que afrontan los países de tránsito y acogida de migrantes venezolanos se ven “sobrepasados” en su capacidad de respuesta a la situación. En la medida en que el llamado “éxodo venezolano” va extendiéndose, la necesidad de atención y de elaboración de una respuesta adecuada a nivel regional se hace imperativa. A este punto, es claro que la efectividad de las soluciones y planes que se conciban dependerá del nivel de cooperación entre Estados de la región y el adecuado empleo de un enfoque de derechos humanos en el trabajo que se lleve a cabo.

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[1] ACNUR. La cifra de personas refugiadas y migrantes venezolanas alcanza los 3 millones. Nota publicada el 08 de noviembre de 2018.
[2] ACNUR. Venezuela situation. Ver: https://data2.unhcr.org/en/situations/vensit.
[3] En septiembre de 2018, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una demanda de habeas corpus para tutelar el derecho al libre tránsito de migrantes venezolanos que no contaran con pasaporte vigente. Aunque la sentencia emitida al respecto dejó sin efecto inicialmente la Resolución mediante la cual se impuso el requisito, la apelación presentada por la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior logró que se suspendiera el falló y se exigiera nuevamente el pasaporte.
[4] CIDH. Resolución 2/18. Migración forzada de personas venezolanas. Aprobada en Bogotá, Colombia, el 2 de marzo de 2018, en el marco de su 167° periodo de sesiones.
[5] Ibídem.

Verano 2018-2019


Génesis A. Vargas Canales

Asistente de investigación del Área Académica y de Investigaciones del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP).




Nicaragua: las raíces de una crisis de difícil solución

Protestas en NicaraguaLa insurrección popular de 1979, liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), derrocó a la dictadura de la familia Somoza que había gobernado durante cuarenta años en Nicaragua, provocando un amplio movimiento de solidaridad de los pueblos de América Latina y del mundo; incluso algunos gobiernos de la región proporcionaron ayuda a la junta de gobierno revolucionaria para la reconstrucción del país.

Una Revolución con más luces que sombras, seguida de una guerra civil

El proceso revolucionario tuvo características novedosas en el contexto latinoamericano de aquellos tiempos. El nuevo gobierno realizó elecciones en 1984 y mantuvo el pluralismo político, mientras promovía la construcción de espacios alternativos de participación popular.

El gobierno sandinista, con Daniel Ortega como presidente, emprendió un ambicioso programa de transformaciones económicas y sociales que incluía la nacionalización del territorio y de los recursos naturales, la reforma agraria, una campaña de alfabetización masiva (premiada por la UNESCO) y la reestructuración y expansión de los servicios de educación y salud públicos con una amplia participación popular.

Sin embargo, estos avances sociales fueron frenados y debilitados por el impacto de la guerra contrarrevolucionaria (con grupos armados antisandinistas), organizada y promovida por el gobierno de los Estados Unidos.

El fin de la guerra y las medidas económicas

La crisis económica fue agravada por la caída de los precios de las principales exportaciones de Nicaragua y por los errores de la política económica del gobierno sandinista, incluyendo la puesta en marcha de ambiciosos proyectos de inversión agroindustriales y de infraestructura militar, incompatibles con la realidad económica del país.  A finales de la década, el país padecía de una hiperinflación que superaba el 10,000% anual.

Las negociaciones entre el gobierno Sandinista y la Resistencia Nicaragüense, en 1988, dieron como resultado el cese de las hostilidades, una amnistía, dialogo nacional y elecciones anticipadas. En 1990 el pueblo, cansado de la guerra y de la crisis económica, le otorgó el triunfo electoral a la coalición liderada por Violeta Chamorro, quien suscribió el acuerdo de paz definitivo con la Resistencia Nicaragüense, logrando terminar con el conflicto armado y estabilizar la economía.

Para obtener financiamiento del FMI, BID y BM, y el apoyo de los países donantes de Europa y Norteamérica, el gobierno de Chamorro, y los dos gobiernos liberales que le siguieron (Alemán 1997-2001 y Bolaños 2002-2006) siguieron las recomendaciones del Consenso de Washington, adoptando políticas económicas excepcionalmente austeras, y con un alto costo social. Sin embargo, no lograron los resultados esperados. La recuperación económica fue lenta y débil a pesar de la abundante ayuda externa. Tampoco hubo una reducción significativa de la pobreza (45% en 2005).

El regreso de Ortega

El sandinismo también atravesó una profunda crisis interna, por la insatisfacción de algunos militantes con el liderazgo autoritario de Ortega y la falta de democracia interna. Posteriormente, Ortega fortaleció su control del partido mediante reformas internas que eliminaron la dirección colectiva y limitaron significativamente el poder de otros órganos partidarios.

En 1999 Ortega negocia un pacto político con el entonces presidente liberal Arnoldo Alemán, buscando reformar la constitución y establecer un régimen de gobierno bipartidista. El pacto le permitió al FSLN acceder a cargos en diferentes poderes del Estado y reducir el porcentaje mínimo para ganar las elecciones presidenciales (35%). A cambio, Ortega garantizó “gobernabilidad”: se terminaron las huelgas y luchas reivindicativas, así como la oposición radical del FSLN a las políticas neoliberales.

La división interna del Partido Liberal abrió el espacio para que el FSLN ganara las elecciones del 2006 con un 38%. En su segunda presidencia, Ortega logró el control total del sistema judicial y del poder electoral a través del nombramiento de jueces y magistrados de su partido y la cooptación de otros. Posteriormente, fueron la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral quienes le autorizaron presentarse a la reelección en las elecciones de 2011, a pesar de la prohibición constitucional de reelegirse por períodos consecutivos.

Reelección, fraude y alianza con los empresarios

Presidente de Nicaragua con su esposa y Nicolás Maduro

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo junto al presidente venezolano Nicolás Maduro a quien tienen como su mejor aliado.

En las elecciones de 2011 el FSLN logró una victoria fraudulenta con un amplio margen, obteniendo la mayoría necesaria en el parlamento para reformar la constitución, lo que se consiguió en 2013, incluyendo la reelección presidencial indefinida, la eliminación de la segunda vuelta electoral y ganar las elecciones presidenciales por mayoría relativa.

Con ese escenario, Ortega se reeligió nuevamente en 2016, llevando a la vicepresidencia a su esposa, Rosario Murillo, lo que se interpretó como una dinastía en ciernes. Las elecciones nuevamente se caracterizaron por numerosas irregularidades, y con un alto nivel de abstención en las urnas. Previo a las elecciones, el gobierno prohibió la observación electoral nacional e internacional independiente y la Corte Suprema de Justicia impidió, a través de una sentencia judicial, que el principal partido de oposición pudiera competir en las elecciones.

Los gobiernos de EEUU, Canadá y de la Unión Europea criticaron severamente el proceso electoral. Un grupo de miembros del Congreso estadounidense lanzó una iniciativa llamada “Nicaragua Investment Conditionality Act”, conocida como NICA ACT, con el propósito de requerir a los representantes de EEUU en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, votar en contra de la aprobación de cualquier préstamo para Nicaragua. Y en diciembre de 2017 el gobierno norteamericano aplicó la Ley Magnitsky[1] al presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua.

Las reformas constitucionales de 2013 también eliminaron la prohibición de que militares activos opten a puestos de gobierno, y se legitimó el modelo de co-gobierno con los grandes empresarios. Estos cambios pretendían consolidar las alianzas de Ortega con el ejército y la elite empresarial, a cambio de su lealtad política.

La presencia de militares activos y retirados aumentó considerablemente en los ministerios y entes estatales, mientras que la alianza con la elite empresarial se construyó sobre la base de mantener las políticas económicas de los gobiernos liberales, y de renovar los convenios con la banca multilateral.

El pacto con el sector empresarial se profundizó con la creación de nuevos espacios de participación de la empresa privada en el diseño y monitoreo de políticas económicas. Asimismo, se incorporaron representantes de los empresarios a las juntas directivas de instituciones y entes estatales y en la Comisión Nacional del Salario Mínimo.

Los Obispos de Nicaragua marchan contra la represión violenta en el país

La iglesia católica nicaragüense se ha unido con la población en busca de un diálogo que logre el término del conflicto en el país, por ello, ha sido duramente atacada por el gobierno.

Una prosperidad no tan real

El pacto con la elite empresarial promovió un clima de negocios favorable que dinamizó la inversión nacional y atrajo (por los bajos niveles salariales y la relativa seguridad de Nicaragua) la inversión extranjera. La economía creció fuertemente en los últimos años. La tasa de crecimiento económico anual estuvo cerca del 5% durante el periodo 2010-2017, y fue la tercera más alta en América Latina después de Panamá y República Dominicana.

Otro factor clave fue el convenio con Venezuela para abastecimiento de petróleo, el cual establecía que Nicaragua sólo pagaría la mitad del costo del petróleo importado, mientras que la otra mitad se convertía en préstamos de largo plazo y bajos intereses para financiar proyectos económicos y sociales. Sin embargo, cuando la economía venezolana se fue deteriorando, el abastecimiento fue bajando, hasta cesar por completo en 2017.

La mayor parte de esos recursos fueron orientados a la formación de un grupo empresarial del partido de gobierno, con inversiones en diversos sectores de la economía (energía, construcción, turismo, agroindustria, etc.) y con capacidad para competir con los grupos económicos nacionales. El fondo también fue empleado para financiar programas de combate a la pobreza, subsidios para el transporte colectivo y electricidad para las familias de bajos ingresos. Al colapsar la ayuda venezolana, los programas fueron recortados y pasaron a ser financiados con recursos del presupuesto nacional.

El dinamismo económico de los últimos años, y los programas de lucha contra la pobreza, contribuyeron a una modesta reducción de los índices de pobreza (de 44% en 2009 a 39% en 2015); sin embargo, según la CEPAL, Nicaragua fue el único país de América Latina donde la desigualdad económica se incrementó entre 2008 y 2014.

Por otro lado, la mayoría de la población urbana trabaja en el sector informal (42% en 2017), mientras que la pequeña agricultura juega un rol clave en el empleo rural. Según cifras oficiales, solamente el 24% de los trabajadores está afiliado al Sistema del Seguro Social.

La falta de empleo provocó, en las últimas décadas, un éxodo de miles de nicaragüenses hacia Costa Rica, EEUU y otros países. Se estima que más de un millón de nicaragüenses viven en el exterior (20% de su población). La falta de acceso a la tierra ha empujado a muchas familias rurales a migrar hacia la región de bosques tropicales del Caribe, creando un fuerte conflicto con los pueblos indígenas de esa región.

Ortega frente a su mayor desafío

El gobierno de Ortega enfrentaba ya un panorama económico difícil para 2018 -debía tomar medidas para adaptarse al colapso de la ayuda venezolana y prepararse para la eventual aprobación del Nica Act, limitando su acceso a las instituciones financieras internacionales-, cuando en abril se enfrentó al mayor desafío político desde que retornó al poder en 2007.

 

Las protestas iniciales fueron protagonizadas por universitarios indignados por la negligencia gubernamental ante la catástrofe ecológica de la Reserva de la Biosfera Indio-Maíz. Unos días después, el gobierno decretó, unilateralmente, las reformas para aliviar la insostenible situación financiera del Seguro Social. Estas incluían la reducción del 5% en las pensiones y un incremento en las contribuciones de empleados y empleadores. Los estudiantes salieron nuevamente a protestar acompañados por organizaciones de la sociedad civil.

La desproporcionada respuesta del gobierno, contra jóvenes y ciudadanos que protestaban en distintos puntos de Managua, y la brutal escalada represiva de los días siguientes, prendió la chispa de una insurrección cívica nacional contra el régimen. El gobierno dio un paso atrás y retiró las reformas, pero era demasiado tarde para contener la indignación popular.

En una segunda fase de la protesta, ciudadanos de todas las clases sociales se movilizaron masivamente, los campesinos bloquearon centenares de carreteras y caminos, mientras que en ciudades y pueblos se levantaron barricadas.

Ortega solicitó la mediación de la Conferencia Episcopal en el conflicto, la que aceptó, convocando al Diálogo Nacional a mediados de mayo. También participaron organizaciones civiles (movimientos estudiantiles, de mujeres y campesinos, y organizaciones de la sociedad civil y de empresarios privados) quienes se organizaron en una coalición llamada Alianza Cívica.

El Diálogo Nacional no logró avanzar en las negociaciones. La Alianza Cívica y los obispos demandaron que se negociara una agenda para la democratización del país, lo que el gobierno rechazó, acusando a los primeros de querer ejecutar un golpe de Estado.

Semejanzas entre Venezuela y NicaraguaEn lugar de negociar, el gobierno lanzó las llamadas “operaciones limpieza”: policías y paramilitares ingresando a pueblos y ciudades, disparando a quien defendiera los bloqueos o barricadas. Este operativo incrementó la cifra de muertos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) registró 306, siendo 52 de ellos policías y paramilitares. También estima al menos 2,200 personas heridas, muchas de gravedad o con discapacidad de por vida.

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la represión ha entrado a una tercera fase, la criminalización de los manifestantes, utilizando las instituciones y el sistema de justicia para detener y promover acciones y procesos judiciales en su contra.

Según el CENIDH, al menos 2,500 personas han sido detenidas y encarceladas algunos días. También estima en, aproximadamente, 300 prisioneros políticos a principios de agosto, 148 de ellos en procesos judiciales. Los familiares de la gran mayoría de los prisioneros han denunciado torturas.

La represión y la crisis económica provoca que la migración sea aún mayor. El ministro de Hacienda ha reconocido la pérdida de alrededor de 250 mil empleos desde que empezó la crisis.

El alto costo en vidas de la rebelión cívica ha conseguido una acelerada presión internacional. El Consejo Permanente de la OEA ha conformado un “grupo de trabajo” (compuesto por doce países, entre ellos Perú) para visitar Nicaragua y mediar en la crisis. Sin embargo, el gobierno nicaragüense lo calificó de “injerencista” y advirtió que no será recibido.

¿Será la estrategia de Ortega, para sobrevivir en el poder, la misma de Maduro en Venezuela?, ¿la crisis humanitaria en Nicaragua llegará a convertirse en una guerra civil?, ¿o será finalmente aceptada la mediación de la OEA y Nicaragua tendrá la oportunidad de resolver la crisis por la vía electoral?

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[1] La Ley Global Magnitsky permite a EEUU imponer sanciones económicas a ciudadanos extranjeros que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus países de origen.

Primavera 2018


Arturo Grigsby Vado

Economista. Miembro de la Dirección de Investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.




México y la elección más grande de su historia

Padrón electoral - elección MéxicoEl 1 de julio se celebra la elección más grande que haya tenido lugar en la historia de México. Es una de las siete que durante 2018 se realizan en América Latina. En los últimos procesos electorales que han tenido lugar en la región han ganado las plataformas de centro y centro derecha, cuando años atrás lo hacían las de izquierda o centro izquierda. En México está por verse cuál es la decisión del electorado.

El padrón electoral y los electores

México cuenta con 120 millones de habitantes, de ellos 90 millones tienen de 18 a más años. El Padrón Electoral es de 89 millones de electores, el 51.83% mujeres y el 48.17% hombres, según el Instituto Nacional Electoral (INE) que es el órgano encargado de organizar la elección y contar los votos.

Los electores entre 18 y 24 años suman poco más de 15 millones. De estos, 14 millones votarán por primera vez. Los que tienen entre 25 y 29 años llegan a los 11 millones. La suma de ambos grupos conforma la tercera parte del padrón electoral.

El grupo entre los 30 y 44 años llega a 28 millones, poco más de la tercera parte del padrón. La otra tercera parte es el grupo que va de los 45 a más de 65 años. Se espera que en la elección vote el 60% de todos los electores, que serían 55 millones. Es muy claro que la diferencia en esta elección la pueden hacer los jóvenes entre los 18 y 29 años, si es que se deciden a votar.

La elección más grande

El 1 de julio, en 30 de los 32 estados que tiene el país, tendrá lugar elecciones concurrentes con el federal. En total se disputan 18 mil puestos de elección popular. Es también la elección más cara; el costo total de la elección federal asciende a 25 mil millones de pesos, sin contar las estatales[1].

Los cargos en juego, de la elección federal, son 629: el presidente de la República, 500 diputados y 128 senadores. Mientras que en las elecciones locales son 2,787: ocho gobernadores, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 928 diputados en 27 congresos locales, 1,596 presidentes municipales en 24 estados, 16 alcaldes y 160 concejales en la Ciudad de México y 24 juntas municipales en Campeche.

El INE, como lo señala la ley, eligió y capacitó a más de 2 millones de ciudadanos, la mayoría de ellos fueron seleccionados como funcionarios de casilla[2], titulares y suplentes. Ellos serán los responsables del proceso el día de la elección.

No hay duda, en razón de la capacidad del INE, que la elección estará bien organizada a pesar de su extraordinaria complejidad. Desde hace años esta institución exporta tecnología a organismos internacionales y a otros países, para realizar procesos electorales.

Los candidatos

La elección presidencial dura 90 días (abril, mayo y junio); siendo cinco los candidatos que postulan a la presidencia de la República: Andrés Manuel López Obrador, de la alianza compuesta por los partidos MORENA-PT-PES; Ricardo Anaya, de la coalición PAN-PRD-MC; José Antonio Meade de la alianza PRIPANAL-PVEM; Margarita Zavala y Ricardo Rodríguez, como candidatos independientes.

Los candidatos “punteros” son López Obrador (64), que participa por tercera vez, y Anaya (39), que es su primera elección. Meade, el candidato del partido en el gobierno, está en un lejano tercer lugar y no tiene ninguna posibilidad de remontar.

La plataforma que postula a López Obrador está integrada por MORENA, un partido fundado por él que participa por primera vez en una elección presidencial y que se define como de izquierda, el PT, también de izquierda, y el PES, un partido evangélico que es el más conservador de los que existen en México.

La plataforma que postula a Anaya está compuesta por el PAN, partido de centro derecha fundado en 1939 y que en el 2000 le ganó la presidencia al PRI, que la tuvo por 80 años de manera ininterrumpida; el PRD, de izquierda, en el que antes militó López Obrador y que acaba de cumplir 29 años; y el MC, de corte socialdemócrata y de reciente creación como MORENA.

En las seis encuestas que se han dado a conocer los primeros días de mayo, continúa a la cabeza López Obrador, y Anaya va en segundo lugar. Después del debate que se celebró en abril, visto por 20 millones de mexicanos, Anaya logró reducir la desventaja entre cuatro y seis puntos. La elección todavía no está decidida y existen posibilidades de que cualquiera de los dos se haga de la presidencia de la República.

Algunos medios nacionales e internacionales, y también analistas políticos, ven muy difícil que a estas alturas Anaya alcance a López Obrador, pero hay otros que piensan que todavía es posible.

La publicidad y los ‘spots’

En México algo que distingue las elecciones a cualquier otro proceso en América Latina y el mundo es la cantidad de spots en radio y televisión, al que por ley tienen derecho a transmitir los partidos y sus candidatos de manera gratuita.

En el tiempo de seis meses que va de la precampaña, la intercampaña y la campaña propiamente tal van a estar al aire, sumados los que se trasmiten en todas las radios y televisoras del país, 57 millones de spots. De ellos 29 millones en los 90 días de la campaña.

Los partidos y los candidatos, por lo mismo, dan una gran importancia al diseño, a la producción de los spots y a la organización de la pauta de los mismos a la que tienen derecho en los medios. La elaboración de los spots está sujeta a complicados estudios de prueba de su eficacia y a la valoración del impacto de los mismos.

Los Estados Unidos y la elección

elección en MéxicoLa frontera entre México y Estados Unidos es de 3,200 kilómetros. En ese país viven 38 millones de personas de origen mexicano, de los cuales 12 millones nacieron en México. Estos últimos podrían votar por el presidente de la República el próximo 1 de julio, pero sólo poco más de 100 mil se han registrado para hacerlo, según el INE.

En los hechos, a los mexicanos que viven en Estados Unidos no les interesa participar en el proceso electoral de su país de origen, pero sí cada vez más en el país donde ahora viven. Los especialistas que trabajan el tema de la migración tienen diversas interpretaciones sobre esta realidad.

Desde hace décadas, el gobierno de Estados Unidos sabe que no le conviene meterse en el proceso electoral mexicano. Es consciente que, de hacerlo, le sería contraproducente. Tiene otras muchas maneras de influir sobre el gobierno en los temas que le interesa. Su política, desde hace muchos años, ha sido dejar que las elecciones pasen y después negociar con el gobierno en turno. Desde la entrada en vigor del TLCAN[3], ahora en complicada renegociación, las relaciones comerciales, más que las políticas, organizan la agenda de los dos países.

A partir de 1994, cuando inicia el TLCAN, la balanza comercial entre Estados Unidos y México siempre ha sido superavitaria para el último. En 2017 el intercambio comercial entre los dos países, ya con el presidente Trump, fue de 530 mil millones de dólares.

La relación política, ahora tensa por las continuas declaraciones del presidente Trump en contra de México, está condicionada por la relación económica. México, después de China, es el segundo exportador al mercado de Estados Unidos, por arriba de Canadá. Los diez estados más grandes del vecino del Norte tienen a México como principal destino de sus exportaciones y para otros veinte es el segundo.

La imbricación de la economía en la región de América del Norte -Canadá, Estados Unidos y México- crece todos los días. Los intereses comerciales entre los tres países son más que evidentes. Ya a pesar de los discursos estridentes del presidente Trump, que tienen como destinatarios a sus simpatizantes, la relación comercial no solo va a seguir, sino que se va a profundizar. Los Estados Unidos verán quién es el nuevo presidente de México y con él negociarán.

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[1] El dólar se cotiza a 20 pesos mexicanos.
[2] Miembros de mesa [N. del E.]

[3] Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Invierno 2018


Rubén Aguilar Valenzuela
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana (México).