Entre la desilusión y la esperanza

Marcha - Desilusion por corrupciónLa imagen que hoy hay de la política, y los políticos en general, es sumamente negativa. Solo un aproximado del 10% de la población dice sentirse representado por algún partido o personaje de la política, y los niveles de aprobación de instituciones como el Congreso o el Poder Judicial están entre los porcentajes más bajos que se han registrado.

Esta percepción, que tiene un indudable peso real en la relación del ciudadano con la política, no solo está vinculada a temas de ineficiencia o falta de propuestas legislativas. Para el peruano promedio la política se asocia al Congreso, y este último se termina vinculando a la gestión de intereses personales antes que de asuntos de interés público. Esta situación se ha visto empeorada en los últimos tiempos con las denuncias de corrupción vinculadas a todos los presidentes desde la vuelta a la democracia luego de la dictadura militar de Velasco.

Fuera del segundo gobierno de Belaúnde, que en la memoria ciudadana se vincula poco o nada a temas de corrupción, se tiene que la imagen del primer y segundo gobierno de García, los dos mandatos de Fujimori, Toledo, Humala, y ahora el depuesto PPK, se vinculan a sospechas y denuncias diversas de corrupción. Algo semejante ocurre con los últimos alcaldes de Lima (Castañeda y Villarán), así como con muchos de los que han sido o son a la fecha gobernadores regionales (algunos de ellos fugados y con orden de captura).

Todo esto ha generado en la población no solo un sentimiento de rechazo (alrededor de un tercio de la población), sino de distancia y desafecto (casi la mitad de la ciudadanía). La gran mayoría de peruanos ni siquiera se molesta ya. Tal es la frustración que, en su cotidianeidad, han decidido prestar atención a otros temas y dejar de seguir la política, salvo en casos extremos. Lamentablemente, esto último ha ocurrido con las denuncias sobre el comportamiento de los jueces, el escándalo llamado “Lava Juez”, que no ha hecho más que profundizar la desconfianza y desafecto hacia la política y las instituciones de la democracia.

Todo esto es sumamente dañino para la política, pero también abre una oportunidad. Es dañino porque el desprestigio es tal que lleva a que cerca de tres cuartas partes de la población, especialmente en lo que es lucha contra la corrupción y la delincuencia, apoye lo que cotidianamente se denomina políticas de “mano dura”.

Es cierto que, cuando se profundiza en lo que entiende la gente por estos términos, se menciona “la aplicación de la ley”, “que se haga justicia”. Dicho de otra manera, por “mano dura” la gente entiende firmeza en la aplicación de la ley para todos, que es como se suele entender qué significa la democracia. Tenemos así que, aunque suene sumamente paradójico, la gente percibe que para que la democracia se haga presente (la igualdad de la ley para todos), una “mano dura” es necesaria. El riesgo, como es evidente, es que esta demanda de firmeza, que se suele hacer a una persona antes que a una institución, termine llevando a la arbitrariedad, al abuso y, muchas veces, al uso indebido del poder y la corrupción consecuente. No importa que el gobierno se presente como de derecha, de izquierda o independiente.

Esa ha sido la historia del país desde los 90, en que la esperanza de cambio se derivó de los partidos hacia los líderes o movimientos independientes (Belmont, luego Fujimori, las diversas organizaciones que en las regiones han desplazado a los partidos políticos). La resultante ha sido una profundización en la frustración y un desgaste de la democracia que se refleja en indicadores como los que tiene el Barómetro de las Américas donde el estudio del 2017 indicó que un 63% de los peruanos se ubican en actitudes que el estudio tipifica como de democracia en riesgo (40%) o inestable (23%)[1]. Esto lleva a que la llamada percepción de eficacia política externa (la percepción de que los políticos se preocupan de los temas ciudadanos) sea muy baja.

En los estudios que hemos realizado hay una clara relación entre esta actitud política y el bajo interés por los asuntos públicos. Esto quiere decir que la percepción de falta de interés de los políticos por la gente lleva a que los ciudadanos respondan con la misma moneda: la falta de interés de los ciudadanos por lo que ocurre con los políticos o la política. Se genera un clima de anomia que poco ayuda. Sin embargo, toda esta situación de desesperanza no está del todo generalizada.

Hay sectores ciudadanos que, a pesar de los sentimientos descritos, declaran que si encontrasen algún tipo de líder político o institución que muestre mayor apertura o talante democrático, sí estarían interesados en apoyar. Es cierto que estas mismas personas, de no ver alternativas, pueden apoyar estilos autoritarios, pero hay quienes todavía mantienen la esperanza, dependiendo de la oferta existente. A nuestro entender, esto es lo que ha ocurrido en Lima en la reciente elección municipal.

La inesperada eleccion de Muñoz da un aliento de esperanza

La inesperada elección de Jorge Muñoz en el sillón Municipal es el reflejo del desinterés político de la población en las primeras semanas de la campaña electoral y la búsqueda de una alternativa diferente.

Durante buena parte de la campaña los candidatos punteros en las encuestas eran tres personas (Reggiardo, Urresti y Belmont) que tenían sobre todo presencia mediática y un estilo o discurso donde se priorizaba algún aspecto de lo que se puede entender como “mano dura”. Reggiardo planteaba que era necesaria la presencia del ejército para poner orden en la ciudad de Lima, Urresti aseguraba que su experiencia en el Ministerio del Interior era fundamental para ser un buen alcalde y Belmont consideró que criticar a los migrantes venezolanos (en tanto amenaza laboral para los limeños) era una forma de mostrar firmeza y voluntad de orden. Como se sabe, hasta aproximadamente unas dos semanas antes de la elección, el candidato Muñoz estaba alrededor de un 4% de intención de voto.

Toda esta situación fue reflejo de lo antes descrito: una población desconectada de la política, en este caso de la campaña electoral, que ante las encuestas de intención de voto lo más probable es que respondía más en función a la memoria de nombres que les sonaban que a una preferencia electoral específica. El desinterés político mostrando sus frutos. Al acercarse la fecha de la elección el interés aumentó y este coincidió con un primer debate donde impactó no solo la ausencia de Reggiardo (que debido a esta decisión terminó simbolizando al “político ausente” que la gente tiene en su mente), sino que permitió que el mensaje y estilo de Muñoz, distante del modo “mano dura”, llegara a diversos sectores de la población. Es cierto que hay otros factores que influyeron en el voto (la viralización en redes sociales, su asociación con personajes “populares” y otros), pero lo cierto es que su estilo y discurso terminó conectando con ese sector de la población que anda en búsqueda de una alternativa política más inclusiva o, en todo caso, menos populista.

Algo semejante pasó en el 2014, donde un 50% dijo, desde el comienzo de la campaña municipal en Lima, que votaría por Castañeda (y así fue) mientras que la otra mitad de Lima no definía su voto. Fue recién en la última semana, luego del debate municipal, que un sector del electorado depositó sus expectativas en Cornejo, que pasó de un 3% de intención de voto a cerca de 17% en la preferencia limeña. No le alcanzó, pero puso de manifiesto la sed de algo.

En esta última elección, Muñoz terminó siendo el depositario de una expectativa más que el vencedor que ha convencido y captado un electorado. Casi podríamos decir que más que un alcalde es una suerte de emergente grupal que expresa la necesidad de alternativas que generen la expectativa de una buena gestión que se aleje de la imagen de corrupción que impera asociada a la política. Lo mismo ocurre con el repunte en las encuestas del presidente Vizcarra. Su popularidad comenzó a remontar cuando decidió liderar una propuesta de reforma judicial y política que en el fondo la población la entiende como una lucha contra la corrupción presente en el sistema judicial y político. No hay otra forma de interpretar el apoyo a la reforma del CNM, la regulación del financiamiento a los partidos políticos, así como los cambios propuestos con relación al Congreso.

El presidente, a través de la propuesta de referéndum, le dice al ciudadano que se queja de no ser escuchado, que sí puede opinar directamente sobre qué se debe hacer con dos instituciones sumamente cuestionadas. Que la ciudadanía recupere lo que podríamos llamar un sentimiento de autoestima política, la capacidad de influir en las decisiones políticas, puede ser criticado por algunos como populista, pero tiene la virtud de avivar las cenizas del interés por lo público.

Una sociedad civil activa y preocupada por el bien común es fundamental para el control y el recambio político. Una sociedad civil más articulada y empoderada, se interesa más por la política y, es de esperar, escoge mejor a sus representantes. No todo está perdido.

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[1] CARRIÓN, J.F, F. BOIDI, E. ZECHMEISTER. Cultura Política de la Democracia en Perú y las Américas, 2016/2017. Lima. Instituto de Estudios Peruanos.

Verano 2018-2019


Hernán Chaparro Melo

Jefe del área Estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruano (IEP)




Efectos de la migración venezolana

Efectos migración venezolanaSin lugar a dudas la migración venezolana ha generado todo tipo de comentarios, algunos a favor y otros en contra; lo que tienen en común la mayoría de ellos es la ausencia de datos que los respalden. Seamos concretos: el problema que muchos aducen es que le quita el trabajo a un peruano. ¿Qué tan cierto es? Este artículo tiene como objetivo realizar un análisis lo más neutro posible con la información disponible.

En primer lugar, la población económicamente activa (PEA) en el Perú está compuesta por cerca de 17 millones de personas. De ellas, cerca del 45% está subempleada, 6% desempleada y 49% tiene empleos adecuados. El subempleo tiene dos acepciones, pero la mayoría de subempleados son aquellos que tienen un empleo, pero el ingreso que obtienen no les permite satisfacer un conjunto de necesidades establecidas en una canasta de referencia. Perú tiene un problema de bajos ingresos asociados a los empleos existentes; y ello, es consecuencia de la baja productividad de aquellos empleos.

En segundo lugar, y hasta la fecha, el número de venezolanos que ha ingresado al Perú bordea los 400,000. De ese total, solo 6 mil, es decir, el 0.2% de la PEA, ha logrado un empleo formal, por lo que el efecto sobre el sector formal es casi nulo.

En tercer lugar, del resto (394 mil), más del 70% se encuentra en el sector informal y, de ellos, la gran mayoría se ha creado su propio empleo, sea vendiendo alimentos o cualquier actividad similar; está claro que este grupo no ha desplazado a ningún peruano en su trabajo. El 30% restante no encuentra empleo, ubicándose en la categoría de desempleado.

En cuarto lugar, el 50% de los migrantes tiene estudios universitarios, por lo que a largo plazo mejorará el nivel de capacitación de la fuerza laboral, sin que el Perú haya invertido un sol en su capacitación.

En quinto lugar, los 400 mil tienen que vivir y para ello tienen que gastar, cada uno de acuerdo con sus posibilidades. El gasto de uno es ingreso de otro. Si un migrante gasta 10 soles en comprar alimentos, pues ello significa ingreso para las empresas que venden alimentos, y así sucesivamente. La mayor demanda incentiva la producción de bienes y servicios que compra la población migrante. Las remesas todavía son enviadas solo por el 30% de los venezolanos, pues el resto recién se está estableciendo.

En sexto lugar, la mayoría de venezolanos se encuentra en los sectores comercio y servicios, y son parte del sector informal.

Note el lector que ninguno de estos argumentos se refiere a lo más importante: es una crisis humanitaria, en la que los venezolanos huyen debido a la fenomenal crisis económica y social de su país; de otro modo no hubieran venido. La escasez de alimentos, medicinas y la desaparición de las libertades civiles generan una combinación en la que solo queda huir.

Esto no quita que haya ciertos efectos negativos que, aunque menores, generan toda una ola de opinión contraria. Parece que nos olvidamos que existen más de 3 millones de peruanos fuera que salieron por razones más o menos parecidas. Lo que impacta es el poco tiempo (más o menos 6 meses) en que se ha producido el ingreso de venezolanos. Sin embargo, los comentarios, sin datos, no tienen ningún respaldo más allá de la evidencia anecdótica.

Aun así, ¿qué se puede hacer? Una opción es ubicarlos en aquellas zonas del país que requieran personas con la preparación que tienen. Nos faltan profesores y médicos en lugares alejados; si orientamos ahí a los migrantes, todos ganamos, pues un buen profesional encuentra un empleo adecuado que beneficia a las poblaciones locales.migración venezolana

Verano 2018-2019


Carlos Parodi Trece

Profesor – Investigador de la Universidad del Pacífico. Departamento académico de Economía y Centro de Investigación (CIUP).




Jorge Muñoz: ¿Cambios para Lima o más de lo mismo?

Cambios para Lima con MuñozCon casi 10 millones de habitantes (INEI 2017), Lima Metropolitana crece bajo un modelo neoliberal de gobierno de la ciudad que genera profundas desigualdades[1]. Este modelo se asocia globalmente a la difusión de políticas de desregulación y privatización de servicios urbanos. Pero, localmente, impacta de manera diferenciada en geografías y tejidos sociales y económicos concretos (Janoschka e Hidalgo 2014).

En Lima, esta forma de gobierno ha sido y es funcional a intereses privados que hace décadas, y en distintas esferas (transporte, construcción, seguridad), se benefician de la reducción de la esfera de lo “común”, tan constitutiva de la noción de ciudad y ciudadanía. Este modelo de gobierno alienta salidas cortoplacistas y paliativas desde el gobierno municipal y se apoya cada vez más en sistemas de concesiones y alianzas público-privadas para solucionar problemas complejos como la congestión vehicular. De otro lado, fuerza a la misma ciudadanía a agenciarse formas privadas de protegerse de la delincuencia (como el recurso las cámaras de seguridad y las rejas), para movilizarse y hasta para recrearse.

La gestión municipal de Castañeda Lossio ha sido paradigmática de esta forma de gobierno. Además, se ha caracterizado por una sistemática falta de transparencia y ha estado plagada de indicios de corrupción. A pocas semanas del inicio de la gestión municipal metropolitana a cargo del candidato de Acción Popular, Jorge Muñoz, nos preguntamos en qué medida esta gestión tiene el potencial de representar un punto de quiebre para el gobierno de la ciudad o, en su lugar, representa más bien una continuidad.

Si bien las credenciales de Jorge Muñoz brindan garantía de algún cambio de rumbo en ciertas áreas de la gobernanza urbana con respecto a la saliente gestión, no representarían cambios sustantivos respecto al modelo neoliberal de ciudad. Finalizamos planteando los desafíos que esto representa para las iniciativas de resistencia social.

En primer lugar, la experiencia de Jorge Muñoz liderando la gestión municipal en Miraflores brinda señales para pensar en cambios hacia un gobierno de la ciudad más transparente. Las sesiones del Consejo Metropolitano podrán volver a ser de libre acceso a ciudadanos interesados en asistir y serían transmitidas en vivo. También ha prometido replicar la organización de audiencias vecinales para rendir cuentas. Definitivamente, estas “buenas prácticas” contrastan con la nula transparencia de la gestión saliente.

Algunos proyectos ejecutados por la Municipalidad de Miraflores demuestran una apuesta por una ciudad más inclusiva[2], con énfasis en la accesibilidad física y virtual como un derecho de todos y con atención especial a personas con discapacidad, niños, niñas y adultos mayores. Esto se refleja también en las propuestas contenidas en su plan de gobierno para mejorar la accesibilidad a espacios públicos y a los servicios municipales metropolitanos.

El transporte en Lima necesita cambios

La caótica congestión vehicular en la capital es otro de los problemas que el alcalde electo pretende enfrentar.

Otro punto de inflexión son las intervenciones integrales para enfrentar temas como la congestión vehicular. Su plan propone de manera explícita invertir la actual pirámide de movilidad para colocar a la persona por encima del automóvil. Esto significa un cambio sustancial respecto a la gestión de Castañeda, que ha ejecutado una serie de obras desarticuladas entre sí y que han sido muy criticadas como pases a desnivel y ampliación de carriles que priorizan la movilidad en automóvil privado, que solo el 11% de los habitantes de Lima usa como medio para movilizarse desde su casa a su trabajo, oficina o centro de estudios (Lima Cómo Vamos 2017).

A pesar de estos puntos de inflexión en el gobierno de la ciudad, hay ausencias tanto en el plan como en el discurso de Muñoz que parecen ir en la dirección de lo que Víctor Delgadillo (2012) denomina “modernización selectiva del territorio”, es decir, la generación diferencial de costos y beneficios en la ciudad. Es decir, si bien esta gestión brinda ciertas garantías de algún retorno de lo “público” en el gobierno de la ciudad, no ha brindado señales para enfrentar las desigualdades y la segregación en Lima desde el gobierno municipal. Una ciudad más moderna, segura y competitiva puede al mismo tiempo ser una ciudad que siga siendo injusta y segregada.

A nivel de ausencias en el Plan de Gobierno, resalta la falta de mención al rol de la planificación para el gobierno de la ciudad. La ausencia de planificación es una de las características del modelo neoliberal de ciudad y significaría una continuidad respecto a Castañeda Lossio que, en la práctica, ha encarpetado lo avanzado en el PLAM 2035. No encontramos ninguna mención a aprobación ni consulta de un Plan Urbano como instrumento de planificación metropolitana, ni medidas para el fortalecimiento del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP).

La vivienda en Lima necesita cambios

Una ausencia importante en el Plan de Gobierno de Muñoz es en lo referente a programas de vivienda social. En una ciudad con un déficit de vivienda mayor al medio millón, no es un tema que se deba desatender.

En la línea de la desatención a las desigualdades urbanas, una preocupante ausencia son los programas de vivienda social para atender el déficit de vivienda[3] de los pobres urbanos. En su lugar, las menciones a la vivienda enfatizan los derechos de propiedad, así como la reducción de trabas burocráticas para los agentes de inversión en proyectos inmobiliarios. Si bien hay menciones a la gestión de riesgo de desastres, se enfatiza en la atención de emergencias, dejando de lado la prevención de riesgos con énfasis en zonas como laderas, riberas y espacios como el Centro Histórico de Lima, con lugares que han cedido espacio al capital comercial en forma de depósitos y almacenes que lo hacen vulnerable a desastres como incendios.

También hay una ausencia de políticas hacia las LGTBIQ, población vulnerable a la violencia[4]. Si bien se ha avanzado en ordenanzas desde las municipalidades distritales contra la discriminación hacia la población LGTBI, se necesita que esa Lima inclusiva que promociona Muñoz les incluya explícitamente. Una ciudad que invisibiliza a esta población, no puede ser una ciudad que aspire a ser incluyente[5].

Finalmente, el ascenso de Jorge Muñoz a la alcaldía supone desafíos para los colectivos que se han movilizado frente a la corrupción y a los planes de destrucción de Castañeda Lossio. Los términos de oposición o crítica a su gestión pueden cambiar frente a una gestión que se pinta como más transparente y modernizadora. Probablemente sea una oportunidad para construir una crítica antineoliberal desde la sociedad. Queremos un retorno de lo público, pero en beneficio de las mayorías.

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[1] Uno de los ejes de desigualdad es el acceso diferencial al agua potable. Mientras en distritos como San Isidro y Miraflores el 100% de viviendas tiene acceso a red pública dentro de su vivienda o edificación; en distritos como Carabayllo y Villa María del Triunfo el 17.9% y 19.5% de su población, respectivamente, recurren al camión cisterna o al pilón para abastecerse de agua. Otro indicador es dónde se ubica la basura, generando riesgos para la salud humana y afectación al paisaje urbano. Según el OEFA, más del tercio de los 184 puntos críticos de acumulación de basura se concentran en tres distritos de la periferia: Villa María del Triunfo (32), Villa El Salvador (21) y Puente Piedra (16).
[2] Programa “Miraflores inclusiva y accesible”
[3] Según la consultora HGP Group, el déficit habitacional de Lima (cuantitativo y cualitativo) es de 612,464 unidades de vivienda. Más del 50% del déficit se concentra en los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Fuente: https://gestion.pe/economia/deficit-habitacional-lima-metropolitana-612-464-viviendas-2016-127350
[4] Una encuesta del INEI encontró que el 62.7% de esta población ha sufrido algún tipo de violencia y discriminación. Fuente: https://peru21.pe/peru/lgtbi-62-7-poblacion-peru-sufrido-violencia-discriminacion-403429
[5] Durante la campaña, solo tres candidatos firmaron un compromiso con la comunidad. Muñoz envió a un representante. Fuente: https://wayka.pe/tres-candidatos-a-la-alcaldia-firman-compromiso-con-la-comunidad-lgbti-de-lima/

Verano 2018-2019


Tania Ramírez Farías

Socióloga e integrante de la Plataforma Ciudadana 16N: Por Nuestro Derecho a la Ciudad.




El Sur pendiente

Realidad sur Peru

Muchas de las autoridades del sur han sido sentenciadas o investigadas por casos de corrupción, entre ellas los ex gobernadores Jaime Rodríguez (Moquegua), José Luis Aguirre (Madre de Dios), Elias Segovia (Apurímac) y Hugo Gonzales (Cusco).

El resultado de las últimas elecciones regionales y municipales despertó las alarmas de cierto sector de la opinión pública capitalina respecto de la ciudadanía del sur del Perú. La abrumadora victoria electoral del contador público Walter Aduviri Calisaya en Puno y el docente Zenón Cuevas Pare en Moquegua, recordados por haber liderado dos de las protestas mas sonadas durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, gatillaron una vez más prejuicios y el recuerdo de ambos personajes que empezaron a labrar su carrera política con el “aymaraso” y el “moqueguaso”, respectivamente.

No obstante, más allá de la coyuntura electoral y sus resultados, se suele olvidar que los departamentos del sur son mucho más que zonas de conflicto. En realidad, como ocurre con cualquier otro lugar del país, el Sur anhela grandes proyectos de inversión, políticas que permitan una adecuada fiscalización y aprovechamiento óptimo de los proyectos mineros y gasíferos, además de la adopción de medidas efectivas para luchas contra la corrupción. Por otro lado, urge una mayor presencia del Estado, que parece haber abdicado frente a la penetración de las economías ilegales del oro, el narcotráfico y el contrabando. A continuación, presentamos una reseña de estos temas.

Viejos y nuevos anhelos

Apenas empezaba el nuevo siglo, una numerosa delegación de ciudadanas y ciudadanos puneños organizó la denominada “marcha del Collasuyo”, que los llevó a apostarse frente a Palacio de Gobierno en Lima, exigiendo al gobernante de ese entonces, Alejandro Toledo, el inmediato asfaltado de la carretera Interoceánica Sur, viejo anhelo que terminó por legitimar la exoneración de dicha obra del Sistema Nacional de Inversión Pública, en el entendido que su construcción impulsaría la integración con Brasil y el desarrollo de esta parte del país.

Realidad sur PerúSi bien la Interoceánica Sur ha permitido mejorar el transporte y flujo interno entre las regiones de esa parte del país, la expectativa que generó su construcción y operación, como mejorar el intercambio comercial con el Brasil, no solo está lejos de alcanzarse, sino que las empresas encargadas de su asfaltado están envueltas en serios escándalos por sobornos y aportes a campañas políticas de diversos partidos que han puesto a la clase política nacional en vilo.

Años más tarde, el sueño de la Interoceánica Sur ha sido reemplazado por el llamado Gasoducto Surandino que, como dice el periodista puneño Max Lanza, es “el proyecto más importante del sur”, consenso compartido por el resto de líderes y políticos de esta parte del país que ven la construcción de dicha obra como una oportunidad para acceder a un recurso energético que permita la ansiada industrialización o, por lo menos, alivie la economía de los hogares urbanos y rurales. “Nosotros tenemos el gas, pero ¿qué ha hecho la clase política?, llevarse el gas a Lima, y los dueños no tenemos gas”, refiere el docente universitario cusqueño Jesús Manya. De allí la insistencia para que esta obra contemple ramales que lleguen a los diferentes departamentos.

Realidad sur PeruLa actividad turística es otro de los ejes que se observa con expectativa y por ello adquiere importancia la construcción del aeropuerto de Chinchero. “Chinchero es la entrada natural a todo el Valle Sagrado, a La Convención, a Machu Picchu, a la ciudad del Cusco, a Apurímac; el impacto de su construcción en el turismo en todo este ámbito será importantísimo” dice el abogado Sergio Sulca, ex candidato a la alcaldía de Santiago en Cusco. En efecto, si bien se trata de una obra que atañe principalmente al Cusco, se estima que el flujo de viajeros de este aeropuerto sería por lo menos de 3 millones de pasajeros al año, lo que beneficiaría al resto de regiones del sur que podrían recibir más visitantes, para lo cual resulta necesario establecer nuevas rutas aéreas regionales, la mejora de la infraestructura vial y servicios alrededor del mismo.

En los departamentos de la costa, los principales proyectos están vinculados con la demanda del recurso hídrico a fin de garantizar el acceso al agua en las ciudades, así como desarrollar y ampliar las actividades agrarias en irrigaciones como Majes Siguas (Arequipa), Lomas de Ilo (Moquegua) o Vilavilani (Tacna). Para ello se requiere la construcción de represas en la zona andina, lo que ha generado conflictos con los departamentos de Cusco y Puno, donde algunos sectores manifiestan su preocupación por una supuesta sobre explotación que afecte su propia dotación de agua. Frente a esta situación, es probable que la solución pase por diseñar mecanismos de administración conjunta, establecer el pago de una compensación e incluir a las poblaciones directamente afectadas como parte de los grupos beneficiarios.

Las economías ilegales y la corrupción

Realidad sur PeruAl igual que en otras partes del país, en los departamentos sureños el movimiento económico se encuentra permeado por el desarrollo de actividades informales e ilegales, como la pequeña minería. “El grueso del dinero que se movía en el Cusco provenía de la venta de oro y la minería ilegal” señala el economista cusqueño Yury Baca, mientras que para el arquitecto abanquino Enrique Alfaro “la minería [informal] tiene respaldo popular porque la gente sí percibe que la actividad puede ser un factor de desarrollo. Aquí [Abancay] vienen a consumir los mineros artesanales, compran muebles, camionetas, lo que la gran minería no genera”, refiriéndose indirectamente al impacto de la gran minería en Las Bambas.

Esto es mucho más evidente en Madre de Dios, región en la que la minería ilegal logró llegar a la misma cúspide del poder con la elección, el año 2014, del gobernador regional Luis Otsuka, ex dirigente de la Federación Minera de Madre de Dios, y donde uno de los candidatos favoritos a asumir las riendas de la región el próximo periodo es el cusqueño Juan Imura Cjuno, vinculado también a actividades de minería informal. A pesar de todos los operativos de interdicción y el marco normativo generado, lo cierto es que persiste la impunidad con la que se desenvuelve esta actividad, produciendo una verdadera metástasis social. Así, sólo en los primeros meses del presente año, la minería ilegal de oro había depredado 1725 hectáreas de bosque en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, y viene amenazando sostenidamente otras Áreas Naturales Protegidas del ámbito de Puno, Cusco y Madre de Dios, así como a las Comunidades Nativas que colindan con ellas.

Situación similar ocurre con el contrabando en Puno. “Para el puneño el contrabando es una actividad más, no se generan cuestionamientos éticos, morales, es parte de la vida económica” sostiene Eland Vera. Si bien no existen cifras precisas sobre su impacto en la economía nacional y regional, productos de contrabando, que ingresan por las porosas fronteras con Chile y Bolivia, inundan mercadillos como El Molino en Cusco, San José en Juliaca y Avellino Cáceres en Arequipa.

Realidad sur PeruA diferencia de estas actividades, que son desarrolladas de forma cotidiana por miles de personas, el narcotráfico implica una actuación distinta por los niveles de violencia y los delitos conexos que trae consigo. Durante los últimos años, y producto de las políticas de erradicación en los valles cocaleros del centro del país, la producción de hoja de coca y el narcotráfico han crecido en los valles amazónicos puneños al punto de poner en riesgo la producción de café en la cuenca del Tambopata (Puno). Al mismo tiempo, Tacna, Puno y Madre de Dios son parte de las rutas de comercialización de la droga que se dirige hacia Brasil, Chile o Bolivia.

El control y la generación de alternativas a estas actividades ilícitas es imperativo dado el poder económico y político que han alcanzado durante los últimos años. Como indica Max Lanza, ahora los grupos económicos más poderosos en Puno son “mineros [informales], contrabandistas y narcotraficantes”.

Otro aspecto preocupante es la corrupción, si bien estamos pendientes del desenlace de casos de corrupción a escala nacional, estos tienen su correlato regional. En Cusco, Apurímac, Moquegua Tacna, Madre de Dios y Puno existe una larga lista de exgobernadores regionales, exalcaldes y otras autoridades con sentencias o investigaciones abiertas por delitos vinculados a actos de corrupción, tal es el caso Hugo Gonzales Sayan, ex gobernador regional del Cusco, sentenciado por colusión y hoy en libertad luego de haber cumplido dos tercios de su condena; Elías Segovia Ruiz, ex gobernador regional de Apurímac, hoy cumpliendo prisión preventiva por el delito de peculado; Jaime Rodríguez Villanueva, gobernador regional de Moquegua, sentenciado 3 años y 6 meses de pena suspendida por el delito de peculado; José Luis Aguirre Pastor, ex gobernador regional de Madre de Dios, hoy purgando condena de ocho años por la adjudicación indebida de licitaciones a favor de empresas vinculadas a su familia.

La lista de autoridades que han delinquido es vasta, no obstante, los casos señalados son una expresión de la gravedad del problema que enfrentamos como país. La corrupción e instituciones débiles son terreno fértil para el florecimiento de las economías ilegales y del crimen organizado.

Colofón

Los problemas descritos tienen una repercusión directa en la calidad de vida de los miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestras regiones, en particular en las políticas de salud y lucha contra la anemia.

Tan es así que las cifras de anemia en Puno (75.9%), Madre de Dios (57.3%), Cusco (55.3%) y Apurímac (54.2%) se mantienen ubicadas entre las regiones con mayores tasas de anemia en niños de 6 a 35 meses a nivel nacional. Si bien Arequipa, Moquegua y Tacna han avanzado significativamente en la reducción de la misma, es imperativo que las nuevas autoridades electas profundicen dichas políticas.

Como vemos, las futuras autoridades regionales enfrentan grandes retos, esperemos que su habilidad política se traduzca en gestiones eficientes y le devuelvan a la ciudadanía la esperanza de que la política puede estar al servicio de la gente. El mismo reto tiene hoy el presidente Martín Vizcarra, cuya carrera política se labró en el sur y que, más allá de la política y las importantes reformas que ha promovido, tiene también la responsabilidad de mostrar resultados concretos de su gobierno.

Verano 2018-2019


Aldo Santos Arias

Comunicador social. Actualmente se desempeña como asesor parlamentario.