Jorge Muñoz: ¿Cambios para Lima o más de lo mismo?

Cambios para Lima con MuñozCon casi 10 millones de habitantes (INEI 2017), Lima Metropolitana crece bajo un modelo neoliberal de gobierno de la ciudad que genera profundas desigualdades[1]. Este modelo se asocia globalmente a la difusión de políticas de desregulación y privatización de servicios urbanos. Pero, localmente, impacta de manera diferenciada en geografías y tejidos sociales y económicos concretos (Janoschka e Hidalgo 2014).

En Lima, esta forma de gobierno ha sido y es funcional a intereses privados que hace décadas, y en distintas esferas (transporte, construcción, seguridad), se benefician de la reducción de la esfera de lo “común”, tan constitutiva de la noción de ciudad y ciudadanía. Este modelo de gobierno alienta salidas cortoplacistas y paliativas desde el gobierno municipal y se apoya cada vez más en sistemas de concesiones y alianzas público-privadas para solucionar problemas complejos como la congestión vehicular. De otro lado, fuerza a la misma ciudadanía a agenciarse formas privadas de protegerse de la delincuencia (como el recurso las cámaras de seguridad y las rejas), para movilizarse y hasta para recrearse.

La gestión municipal de Castañeda Lossio ha sido paradigmática de esta forma de gobierno. Además, se ha caracterizado por una sistemática falta de transparencia y ha estado plagada de indicios de corrupción. A pocas semanas del inicio de la gestión municipal metropolitana a cargo del candidato de Acción Popular, Jorge Muñoz, nos preguntamos en qué medida esta gestión tiene el potencial de representar un punto de quiebre para el gobierno de la ciudad o, en su lugar, representa más bien una continuidad.

Si bien las credenciales de Jorge Muñoz brindan garantía de algún cambio de rumbo en ciertas áreas de la gobernanza urbana con respecto a la saliente gestión, no representarían cambios sustantivos respecto al modelo neoliberal de ciudad. Finalizamos planteando los desafíos que esto representa para las iniciativas de resistencia social.

En primer lugar, la experiencia de Jorge Muñoz liderando la gestión municipal en Miraflores brinda señales para pensar en cambios hacia un gobierno de la ciudad más transparente. Las sesiones del Consejo Metropolitano podrán volver a ser de libre acceso a ciudadanos interesados en asistir y serían transmitidas en vivo. También ha prometido replicar la organización de audiencias vecinales para rendir cuentas. Definitivamente, estas “buenas prácticas” contrastan con la nula transparencia de la gestión saliente.

Algunos proyectos ejecutados por la Municipalidad de Miraflores demuestran una apuesta por una ciudad más inclusiva[2], con énfasis en la accesibilidad física y virtual como un derecho de todos y con atención especial a personas con discapacidad, niños, niñas y adultos mayores. Esto se refleja también en las propuestas contenidas en su plan de gobierno para mejorar la accesibilidad a espacios públicos y a los servicios municipales metropolitanos.

El transporte en Lima necesita cambios

La caótica congestión vehicular en la capital es otro de los problemas que el alcalde electo pretende enfrentar.

Otro punto de inflexión son las intervenciones integrales para enfrentar temas como la congestión vehicular. Su plan propone de manera explícita invertir la actual pirámide de movilidad para colocar a la persona por encima del automóvil. Esto significa un cambio sustancial respecto a la gestión de Castañeda, que ha ejecutado una serie de obras desarticuladas entre sí y que han sido muy criticadas como pases a desnivel y ampliación de carriles que priorizan la movilidad en automóvil privado, que solo el 11% de los habitantes de Lima usa como medio para movilizarse desde su casa a su trabajo, oficina o centro de estudios (Lima Cómo Vamos 2017).

A pesar de estos puntos de inflexión en el gobierno de la ciudad, hay ausencias tanto en el plan como en el discurso de Muñoz que parecen ir en la dirección de lo que Víctor Delgadillo (2012) denomina “modernización selectiva del territorio”, es decir, la generación diferencial de costos y beneficios en la ciudad. Es decir, si bien esta gestión brinda ciertas garantías de algún retorno de lo “público” en el gobierno de la ciudad, no ha brindado señales para enfrentar las desigualdades y la segregación en Lima desde el gobierno municipal. Una ciudad más moderna, segura y competitiva puede al mismo tiempo ser una ciudad que siga siendo injusta y segregada.

A nivel de ausencias en el Plan de Gobierno, resalta la falta de mención al rol de la planificación para el gobierno de la ciudad. La ausencia de planificación es una de las características del modelo neoliberal de ciudad y significaría una continuidad respecto a Castañeda Lossio que, en la práctica, ha encarpetado lo avanzado en el PLAM 2035. No encontramos ninguna mención a aprobación ni consulta de un Plan Urbano como instrumento de planificación metropolitana, ni medidas para el fortalecimiento del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP).

La vivienda en Lima necesita cambios

Una ausencia importante en el Plan de Gobierno de Muñoz es en lo referente a programas de vivienda social. En una ciudad con un déficit de vivienda mayor al medio millón, no es un tema que se deba desatender.

En la línea de la desatención a las desigualdades urbanas, una preocupante ausencia son los programas de vivienda social para atender el déficit de vivienda[3] de los pobres urbanos. En su lugar, las menciones a la vivienda enfatizan los derechos de propiedad, así como la reducción de trabas burocráticas para los agentes de inversión en proyectos inmobiliarios. Si bien hay menciones a la gestión de riesgo de desastres, se enfatiza en la atención de emergencias, dejando de lado la prevención de riesgos con énfasis en zonas como laderas, riberas y espacios como el Centro Histórico de Lima, con lugares que han cedido espacio al capital comercial en forma de depósitos y almacenes que lo hacen vulnerable a desastres como incendios.

También hay una ausencia de políticas hacia las LGTBIQ, población vulnerable a la violencia[4]. Si bien se ha avanzado en ordenanzas desde las municipalidades distritales contra la discriminación hacia la población LGTBI, se necesita que esa Lima inclusiva que promociona Muñoz les incluya explícitamente. Una ciudad que invisibiliza a esta población, no puede ser una ciudad que aspire a ser incluyente[5].

Finalmente, el ascenso de Jorge Muñoz a la alcaldía supone desafíos para los colectivos que se han movilizado frente a la corrupción y a los planes de destrucción de Castañeda Lossio. Los términos de oposición o crítica a su gestión pueden cambiar frente a una gestión que se pinta como más transparente y modernizadora. Probablemente sea una oportunidad para construir una crítica antineoliberal desde la sociedad. Queremos un retorno de lo público, pero en beneficio de las mayorías.

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[1] Uno de los ejes de desigualdad es el acceso diferencial al agua potable. Mientras en distritos como San Isidro y Miraflores el 100% de viviendas tiene acceso a red pública dentro de su vivienda o edificación; en distritos como Carabayllo y Villa María del Triunfo el 17.9% y 19.5% de su población, respectivamente, recurren al camión cisterna o al pilón para abastecerse de agua. Otro indicador es dónde se ubica la basura, generando riesgos para la salud humana y afectación al paisaje urbano. Según el OEFA, más del tercio de los 184 puntos críticos de acumulación de basura se concentran en tres distritos de la periferia: Villa María del Triunfo (32), Villa El Salvador (21) y Puente Piedra (16).
[2] Programa “Miraflores inclusiva y accesible”
[3] Según la consultora HGP Group, el déficit habitacional de Lima (cuantitativo y cualitativo) es de 612,464 unidades de vivienda. Más del 50% del déficit se concentra en los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Fuente: https://gestion.pe/economia/deficit-habitacional-lima-metropolitana-612-464-viviendas-2016-127350
[4] Una encuesta del INEI encontró que el 62.7% de esta población ha sufrido algún tipo de violencia y discriminación. Fuente: https://peru21.pe/peru/lgtbi-62-7-poblacion-peru-sufrido-violencia-discriminacion-403429
[5] Durante la campaña, solo tres candidatos firmaron un compromiso con la comunidad. Muñoz envió a un representante. Fuente: https://wayka.pe/tres-candidatos-a-la-alcaldia-firman-compromiso-con-la-comunidad-lgbti-de-lima/

Verano 2018-2019


Tania Ramírez Farías

Socióloga e integrante de la Plataforma Ciudadana 16N: Por Nuestro Derecho a la Ciudad.




El Sur pendiente

Realidad sur Peru

Muchas de las autoridades del sur han sido sentenciadas o investigadas por casos de corrupción, entre ellas los ex gobernadores Jaime Rodríguez (Moquegua), José Luis Aguirre (Madre de Dios), Elias Segovia (Apurímac) y Hugo Gonzales (Cusco).

El resultado de las últimas elecciones regionales y municipales despertó las alarmas de cierto sector de la opinión pública capitalina respecto de la ciudadanía del sur del Perú. La abrumadora victoria electoral del contador público Walter Aduviri Calisaya en Puno y el docente Zenón Cuevas Pare en Moquegua, recordados por haber liderado dos de las protestas mas sonadas durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, gatillaron una vez más prejuicios y el recuerdo de ambos personajes que empezaron a labrar su carrera política con el “aymaraso” y el “moqueguaso”, respectivamente.

No obstante, más allá de la coyuntura electoral y sus resultados, se suele olvidar que los departamentos del sur son mucho más que zonas de conflicto. En realidad, como ocurre con cualquier otro lugar del país, el Sur anhela grandes proyectos de inversión, políticas que permitan una adecuada fiscalización y aprovechamiento óptimo de los proyectos mineros y gasíferos, además de la adopción de medidas efectivas para luchas contra la corrupción. Por otro lado, urge una mayor presencia del Estado, que parece haber abdicado frente a la penetración de las economías ilegales del oro, el narcotráfico y el contrabando. A continuación, presentamos una reseña de estos temas.

Viejos y nuevos anhelos

Apenas empezaba el nuevo siglo, una numerosa delegación de ciudadanas y ciudadanos puneños organizó la denominada “marcha del Collasuyo”, que los llevó a apostarse frente a Palacio de Gobierno en Lima, exigiendo al gobernante de ese entonces, Alejandro Toledo, el inmediato asfaltado de la carretera Interoceánica Sur, viejo anhelo que terminó por legitimar la exoneración de dicha obra del Sistema Nacional de Inversión Pública, en el entendido que su construcción impulsaría la integración con Brasil y el desarrollo de esta parte del país.

Realidad sur PerúSi bien la Interoceánica Sur ha permitido mejorar el transporte y flujo interno entre las regiones de esa parte del país, la expectativa que generó su construcción y operación, como mejorar el intercambio comercial con el Brasil, no solo está lejos de alcanzarse, sino que las empresas encargadas de su asfaltado están envueltas en serios escándalos por sobornos y aportes a campañas políticas de diversos partidos que han puesto a la clase política nacional en vilo.

Años más tarde, el sueño de la Interoceánica Sur ha sido reemplazado por el llamado Gasoducto Surandino que, como dice el periodista puneño Max Lanza, es “el proyecto más importante del sur”, consenso compartido por el resto de líderes y políticos de esta parte del país que ven la construcción de dicha obra como una oportunidad para acceder a un recurso energético que permita la ansiada industrialización o, por lo menos, alivie la economía de los hogares urbanos y rurales. “Nosotros tenemos el gas, pero ¿qué ha hecho la clase política?, llevarse el gas a Lima, y los dueños no tenemos gas”, refiere el docente universitario cusqueño Jesús Manya. De allí la insistencia para que esta obra contemple ramales que lleguen a los diferentes departamentos.

Realidad sur PeruLa actividad turística es otro de los ejes que se observa con expectativa y por ello adquiere importancia la construcción del aeropuerto de Chinchero. “Chinchero es la entrada natural a todo el Valle Sagrado, a La Convención, a Machu Picchu, a la ciudad del Cusco, a Apurímac; el impacto de su construcción en el turismo en todo este ámbito será importantísimo” dice el abogado Sergio Sulca, ex candidato a la alcaldía de Santiago en Cusco. En efecto, si bien se trata de una obra que atañe principalmente al Cusco, se estima que el flujo de viajeros de este aeropuerto sería por lo menos de 3 millones de pasajeros al año, lo que beneficiaría al resto de regiones del sur que podrían recibir más visitantes, para lo cual resulta necesario establecer nuevas rutas aéreas regionales, la mejora de la infraestructura vial y servicios alrededor del mismo.

En los departamentos de la costa, los principales proyectos están vinculados con la demanda del recurso hídrico a fin de garantizar el acceso al agua en las ciudades, así como desarrollar y ampliar las actividades agrarias en irrigaciones como Majes Siguas (Arequipa), Lomas de Ilo (Moquegua) o Vilavilani (Tacna). Para ello se requiere la construcción de represas en la zona andina, lo que ha generado conflictos con los departamentos de Cusco y Puno, donde algunos sectores manifiestan su preocupación por una supuesta sobre explotación que afecte su propia dotación de agua. Frente a esta situación, es probable que la solución pase por diseñar mecanismos de administración conjunta, establecer el pago de una compensación e incluir a las poblaciones directamente afectadas como parte de los grupos beneficiarios.

Las economías ilegales y la corrupción

Realidad sur PeruAl igual que en otras partes del país, en los departamentos sureños el movimiento económico se encuentra permeado por el desarrollo de actividades informales e ilegales, como la pequeña minería. “El grueso del dinero que se movía en el Cusco provenía de la venta de oro y la minería ilegal” señala el economista cusqueño Yury Baca, mientras que para el arquitecto abanquino Enrique Alfaro “la minería [informal] tiene respaldo popular porque la gente sí percibe que la actividad puede ser un factor de desarrollo. Aquí [Abancay] vienen a consumir los mineros artesanales, compran muebles, camionetas, lo que la gran minería no genera”, refiriéndose indirectamente al impacto de la gran minería en Las Bambas.

Esto es mucho más evidente en Madre de Dios, región en la que la minería ilegal logró llegar a la misma cúspide del poder con la elección, el año 2014, del gobernador regional Luis Otsuka, ex dirigente de la Federación Minera de Madre de Dios, y donde uno de los candidatos favoritos a asumir las riendas de la región el próximo periodo es el cusqueño Juan Imura Cjuno, vinculado también a actividades de minería informal. A pesar de todos los operativos de interdicción y el marco normativo generado, lo cierto es que persiste la impunidad con la que se desenvuelve esta actividad, produciendo una verdadera metástasis social. Así, sólo en los primeros meses del presente año, la minería ilegal de oro había depredado 1725 hectáreas de bosque en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, y viene amenazando sostenidamente otras Áreas Naturales Protegidas del ámbito de Puno, Cusco y Madre de Dios, así como a las Comunidades Nativas que colindan con ellas.

Situación similar ocurre con el contrabando en Puno. “Para el puneño el contrabando es una actividad más, no se generan cuestionamientos éticos, morales, es parte de la vida económica” sostiene Eland Vera. Si bien no existen cifras precisas sobre su impacto en la economía nacional y regional, productos de contrabando, que ingresan por las porosas fronteras con Chile y Bolivia, inundan mercadillos como El Molino en Cusco, San José en Juliaca y Avellino Cáceres en Arequipa.

Realidad sur PeruA diferencia de estas actividades, que son desarrolladas de forma cotidiana por miles de personas, el narcotráfico implica una actuación distinta por los niveles de violencia y los delitos conexos que trae consigo. Durante los últimos años, y producto de las políticas de erradicación en los valles cocaleros del centro del país, la producción de hoja de coca y el narcotráfico han crecido en los valles amazónicos puneños al punto de poner en riesgo la producción de café en la cuenca del Tambopata (Puno). Al mismo tiempo, Tacna, Puno y Madre de Dios son parte de las rutas de comercialización de la droga que se dirige hacia Brasil, Chile o Bolivia.

El control y la generación de alternativas a estas actividades ilícitas es imperativo dado el poder económico y político que han alcanzado durante los últimos años. Como indica Max Lanza, ahora los grupos económicos más poderosos en Puno son “mineros [informales], contrabandistas y narcotraficantes”.

Otro aspecto preocupante es la corrupción, si bien estamos pendientes del desenlace de casos de corrupción a escala nacional, estos tienen su correlato regional. En Cusco, Apurímac, Moquegua Tacna, Madre de Dios y Puno existe una larga lista de exgobernadores regionales, exalcaldes y otras autoridades con sentencias o investigaciones abiertas por delitos vinculados a actos de corrupción, tal es el caso Hugo Gonzales Sayan, ex gobernador regional del Cusco, sentenciado por colusión y hoy en libertad luego de haber cumplido dos tercios de su condena; Elías Segovia Ruiz, ex gobernador regional de Apurímac, hoy cumpliendo prisión preventiva por el delito de peculado; Jaime Rodríguez Villanueva, gobernador regional de Moquegua, sentenciado 3 años y 6 meses de pena suspendida por el delito de peculado; José Luis Aguirre Pastor, ex gobernador regional de Madre de Dios, hoy purgando condena de ocho años por la adjudicación indebida de licitaciones a favor de empresas vinculadas a su familia.

La lista de autoridades que han delinquido es vasta, no obstante, los casos señalados son una expresión de la gravedad del problema que enfrentamos como país. La corrupción e instituciones débiles son terreno fértil para el florecimiento de las economías ilegales y del crimen organizado.

Colofón

Los problemas descritos tienen una repercusión directa en la calidad de vida de los miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestras regiones, en particular en las políticas de salud y lucha contra la anemia.

Tan es así que las cifras de anemia en Puno (75.9%), Madre de Dios (57.3%), Cusco (55.3%) y Apurímac (54.2%) se mantienen ubicadas entre las regiones con mayores tasas de anemia en niños de 6 a 35 meses a nivel nacional. Si bien Arequipa, Moquegua y Tacna han avanzado significativamente en la reducción de la misma, es imperativo que las nuevas autoridades electas profundicen dichas políticas.

Como vemos, las futuras autoridades regionales enfrentan grandes retos, esperemos que su habilidad política se traduzca en gestiones eficientes y le devuelvan a la ciudadanía la esperanza de que la política puede estar al servicio de la gente. El mismo reto tiene hoy el presidente Martín Vizcarra, cuya carrera política se labró en el sur y que, más allá de la política y las importantes reformas que ha promovido, tiene también la responsabilidad de mostrar resultados concretos de su gobierno.

Verano 2018-2019


Aldo Santos Arias

Comunicador social. Actualmente se desempeña como asesor parlamentario.




Arequipa: evaluando el período yamilista

Gobernadora Regional de Arequipa, Yamila OsorioParte de las tareas de la administración pública es hacer balances de fin de gestión. Por su propio bien, es saludable que ello ocurra y muchas autoridades saben, a su pesar, que deben hacerlo, pues las reglas o técnica administrativa, así lo exigen. Sin embargo, dicho balance no está aislado de la evaluación política, que es la más solicitada por la población (y muchas veces, de manera exigente). Y allí viene el problema, pues ese tipo de arqueo no quiere ser enfrentado por esas mismas autoridades, ya que el balance técnico es frío, pero el político es ardoroso. El primero se hace con números y fórmulas; el segundo, con las entrañas. El primero es mudo, se presenta en Excel y se archiva; el segundo puede convertirse en un griterío de indignación y puede llegar hasta la agresión física.

Todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando se trata de hacer una evaluación específica, como la que me pide la Revista Intercambio, acerca de la gestión yamilista; o sea, del período 2015-2018 del Gobierno Regional de Arequipa, a cargo de Yamila Osorio Delgado.

Es decir, el período yamilista hay que evaluarlo técnicamente, pero también políticamente, y para empezar a hacerlo es importante tomar en cuenta las peculiaridades de ese período, pues no hay que olvidar que más que expectativas, lo que generó el triunfo de Yamila, en las elecciones regionales del 2014, fueron un sinnúmero de curiosidades o dudas, ya que se trataba de la primera mujer encargada de dirigir los destinos de la Región (luego nos enteraríamos que era la única mujer con ese cargo en todo el país); por otro lado, encabezaba la lista de Tradición y Futuro, partido ya gobernante de la Región, lo que hacía suponer que ella encarnaba la continuidad de Juan Manuel Guillén Benavidez, pero el mismo ex presidente regional se encargó de desmentirlo e, incluso, renunció a su propia organización, lo que sumergía en el limbo institucional a esta nueva y joven figura política que era más conocida y recordada como Reina de Belleza de Camaná, su lugar de origen, que como Consejera Regional en el período guillenista.

A pesar de todos esos supuestos inconvenientes (dudas y curiosidades, sin partido y poca experiencia pública), el período yamilista arrancó ganando en poco tiempo cierto entusiasmo, debido a la indudable simpatía que la nueva gobernadora despierta, y el buen aparato mediático puesto en marcha a su favor. Incluso, para los interesados en politología, la presencia de Yamila empezó a abrir el debate acerca del inicio de una nueva etapa de la política arequipeña, etapa marcada por la sangre joven y femenina que enterraba, por fin, el ejercicio político tradicional encarnado por viejos y supuestos ilustres, que tuvo en Juan Manuel Guillén su última representación. Es decir, empezó a hablarse del inicio de la era “postguillenista” de la política local, expresión que en el fondo guardaba cierta expectativa de una gestión positiva para la Región.

La ilusión que despertó la gestión yamilista se basaba en la supuesta concreción de viejos proyectos anhelados por los arequipeños, como Majes Siguas II y la Variante de Uchumayo[1], que le daría una remozada y moderna cara a la entrada de la ciudad. Esas grandes obras se harían en paralelo a otras menores que beneficiarían a las provincias, (“trabajaré con las 109 municipalidades distritales y provinciales para apuntar a un desarrollo equilibrado de Arequipa”, decía en su campaña). Prometió también cambiar la matriz energética de Arequipa, generar polos de desarrollo y una verdadera descentralización de recursos, aprovechando las potencialidades de cada provincia. ¿Cómo se concretaría eso? Impulsando inversiones públicas y privadas que generen miles de puestos de trabajo. Como postre, impulsaría también el Programa Regional “Corrupción Cero”; es decir, administración eficiente y transparente.

Cuatro años después, algunas de esas promesas se materializaron, pues Yamila puede mostrar la ejecución de varias obras, como los mejoramientos de la infraestructura y equipamiento en colegios provinciales como Chuquibamba, Caravelí o Camaná; la mejora de la Biblioteca Vargas Llosa; el saneamiento en el Cono Norte; o la construcción de pistas provinciales, así como arreglos de establecimientos de salud. Pero, lo que no puede mostrar son sus faraónicas promesas, sus grandes obras, aquellas que, según las reglas crueles de la evaluación política, definen o no la aprobación de una gestión. Así, Majes Siguas II y la Variante de Uchumayo quedarán, una vez más, en el tintero, en el archivo de las promesas incumplidas y, lo peor, de los juicios por venir[2].

Majes Siguas II - Proyecto aún inconcluso en Arequipa

La culminación del proyecto Majes Siguas II fue una de las promesas electorales de Yamila Osorio. Lamentablemente, esta obra aún no ha sido culminada.

¿Todo ello significa que hay que desaprobar la gestión yamilista? En varios foros y entrevistas he señalado que no, pues si bien técnicamente su gestión puede tener una nota aprobatoria (raspante, pero aprobatoria) y políticamente terminar con la censura ciudadana, creo que no hay que ser injustos. Cuatro años después hay que reconocer que lo hizo mucho mejor de lo que muchos esperaban, considerando sus debilidades (inexperiencia y falta de apoyo institucional, principalmente). Es más, esas flaquezas las supo revertir e, incluso, construir una imagen nacional que ha hecho que en Lima la vean como una potencial candidata presidencial para escenarios futuros, dándole prestigio a Arequipa y alejándola kilométricamente de la imagen de otros impresentables gobernadores regionales fugados o envueltos en procesos de corrupción.

Justamente, la construcción de esa imagen nacional: la de la política provinciana, joven, guapa y sagaz, refuerzan su aprobación porque demostró empeño y mucho músculo para superar los prejuicios y estereotipos que siguen tejiéndose alrededor de las mujeres jóvenes y atractivas que se “atreven” a incursionar en la política. Yamila Osorio demostró, de lejos, ser una mejor autoridad, una mejor política, e incluso con mejor pericia, que muchos de los supuestos grandes cuadros técnicos y políticos que rodearon al gobierno pepekausista. Es decir, frente a los profesionales de Yale, Stanford o Harvard que nos gobernaron en los dos últimos años, yo prefiero a la camaneja que estudió su primaria y secundaria en el CEP Señor de Luren y su carrera en la Universidad Santa María de Arequipa.

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[1] El proyecto Majes Siguas II significaría la incorporación de 38,500 hectáreas en la Pampa de Siguas, orientadas a la agricultura, complementadas con la generación de energía eléctrica con una potencia de 560 megavatios, a través de dos centrales hidroeléctricas. También se proyecta incrementar las exportaciones US$ 360 millones por año, aumentando el PBI agrícola e industrial, y la generación de 90 mil empleos directos y 27,700 indirectos.
La Variante de Uchumayo es un proyecto vial de 4.7 kilómetros de longitud que empezó con el gobierno de Juan Manuel Guillén en su I etapa y que Yamila Osorio prometió culminarla con las dos últimas.
[2] Hace un año que Majes Siguas II está paralizado, pues la empresa constructora está vinculada al caso Lava Jato. Sobre la Variante de Uchumayo, se sabe que no cuenta con expediente técnico y menos con Estudios de Impacto Ambiental; sus terrenos no están saneados y se entregaron 19 millones de soles a la contratista, sin haber hecho nada.

Primavera 2018


José Luis Vargas Gutiérrez

Doctor en Ciencias Sociales. Exdecano del Colegio de Sociólogos y director de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Actual Director de Cooperación, Convenios e Internacionalización de la Universidad Agustina




La compleja participación de los pueblos indígenas en las elecciones

Participación de la población indígena en las eleccionesLa participación electoral de los pueblos indígenas de la Amazonía es relativamente reciente en el Perú. Las primeras elecciones en que los indígenas amazónicos participaron de manera activa, ya sea votando o siendo elegidos, fue en los sufragios municipales de 1983. Oficialmente podían votar desde 1980, ya que la Constitución de 1979 había introducido la posibilidad de que las personas analfabetas voten, sin embargo, en las elecciones de 1980 muy pocos votaron, pues la mayoría no contaba con la Libreta Electoral, que en ese entonces era el documento necesario para votar.

Desde entonces han sido elegidos aproximadamente cien alcaldes indígenas en la Amazonía peruana, incluyendo a nivel distrital y provincial. Esta cifra podría parecer bastante alta, pero en realidad, el promedio de alcaldes elegidos en cada proceso electoral ha oscilado entre diez y doce, promedio que ha bajado a ocho en las elecciones de 2014. Este número de autoridades indígenas elegidas resulta bastante bajo si se toma en consideración que, en por lo menos 23 distritos de la Amazonía peruana, la mayoría de la población es indígena.

Dificultades para la participación electoral

Los electores provenientes de las comunidades nativas amazónicas enfrentan diversas dificultades para poder participar en las elecciones, principalmente debido a no contar con DNI o por el alto costo para ir a votar. Estos problemas, sin embargo, no son nuevos. Ya en el año 2000 la Defensoría del Pueblo publicó un Informe[1] en el que señalaba la existencia de estos problemas y en el que exigía al Estado que los resuelva.

En el caso de la documentación, a pesar de los esfuerzos hechos por RENIEC para facilitar el DNI a la población indígena, según los últimos datos disponibles, como el de la Encuesta Nacional de Hogares de hace un par de años, cerca del 10% no contaba con este documento. También es importante tener en cuenta que la mayor parte de esta población está compuesta por menores de edad. Así, por ejemplo, en el distrito de Río Santiago (Condorcanqui, Amazonas), a pesar de que la población indígena corresponde a casi el 97% de la población total del distrito, el porcentaje de electores solo es el 25% del total.

Las cuotas indígenas para las elecciones 2018La otra dificultad principal radica en el acceso a los lugares de votación. Para muchos indígenas, el ir a votar significa desplazarse por el río; esto implica no solamente varias horas sino, incluso, en algunos casos, más de un día de viaje. Pero, además de la distancia, ir a votar implica gastar en pasajes, combustible, alimentos y alojamiento, además de las dificultades para dejar a sus hijos menores. Una solución podría ser diversificar más los centros de votación, sin embargo, se ha avanzado poco al respecto.

El pernicioso sistema de cuotas

En el año 2002 se hizo una reforma a la Ley de Elecciones Municipales por la cual se estableció el sistema de cuotas indígenas. De acuerdo a este, en zonas con población indígena, por lo menos el 15% de candidatos en las listas electorales deben ser indígenas. Este sistema, que supuestamente debería beneficiar a la población nativa y su participación electoral, ha terminado convirtiéndose en un problema complejo.

En primer lugar, porque al igual que los otros sistemas de cuotas establecidas en la legislación electoral peruana, como las de género y juventud, se trata de cuotas en las listas de candidatos y no en la de autoridades elegidas. Para lograr una medida efectiva de acción afirmativa se tendría que fijar un número de escaños preestablecidos, como ocurre en otros países. De todos los países que tienen medidas similares, el Perú es el único que lo aplica de esta manera y, por lo tanto, no llega a garantizar el acceso real a los cargos por parte de mujeres, jóvenes o indígenas.

En segundo lugar, porque no hay criterios claros para su aplicación, sino que, en muchos casos, sobre todo en el caso de las elecciones regionales, depende de las decisiones que tome el Jurado Nacional de Elecciones o los Jurados Electorales Especiales. En el caso de 2014, por ejemplo, no se aplicó a varias provincias con población indígena, como fue el caso de las provincias de Loreto o de Purús en Ucayali.

En tercer lugar, este sistema ha generado lo que la gente popularmente ha denominado “candidatos de relleno”; es decir, se coloca a los indígenas en los últimos puestos de las listas, de tal manera que, aún ganando las elecciones, debido a la cifra repartidora, los candidatos que van en último lugar no logran ser elegidos. Además, en muchos casos, el último lugar lo ocupa una mujer joven indígena, cumpliendo así con todas las cuotas que la ley exige, pero al mismo tiempo, burlando dicha ley.

Finalmente, este sistema ha contribuido a debilitar al movimiento indígena. Antes de la existencia de las cuotas, muy pocos partidos invitaban a participar en sus listas a candidatos indígenas y, cuando lo hacían, tenían razones explícitas para hacerlo. Sin embargo, con el sistema de cuotas, todos los partidos tienen la obligación de presentar candidatos indígenas, lo que hace que los electores repartan sus votos entre sus conocidos con la esperanza de que alguno salga elegido, dispersando así su voto y debilitando su posición.

Alcaldes indígenas amazónicosBalance y perspectivas a futuro

Las últimas décadas han mostrado el interés que existe, por parte de la población indígena, de tomar las riendas de su futuro a través de los procesos electorales. Sin embargo, la falta de facilidades para la participación electoral, el sistema de cuotas, y las propias normativas de funcionamiento de las municipalidades han mostrado los límites de este proceso, generando, en algunos casos, una cierta frustración y desilusión frente a estos espacios de gobierno local que no responden ni a sus necesidades ni a sus tradiciones culturales y políticas.

La Defensoría del Pueblo también ha expresado su preocupación debido a que las normas actuales no garantizan la representación real de los pueblos indígenas en gobiernos regionales ni provinciales[2]. En efecto, el Perú ha quedado rezagado en materia de legislación y de políticas públicas para los pueblos indígenas. A diferencia de otros Estados de la región, no se están discutiendo reformas sustantivas para asegurar verdaderos espacios de autogobierno y representación indígena, tanto a nivel local, como regional y nacional. Es urgente revisar el sistema de cuotas, la ley de Municipalidades y, en especial, adaptar la legislación peruana al Convenio 169 y a los otros compromisos internacionales que el Perú ha asumido. Pero sobre todo resulta urgente y necesario pensar en cambios más profundos que modifiquen la institucionalidad misma de los gobiernos locales y regionales, si es que se quieren respetar adecuadamente los derechos indígenas y lograr un verdadero proceso de inclusión desde una perspectiva intercultural.

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[1] Informe Defensorial Nº 34: www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe_34.pdf
[2] Nota de Prensa Nº 282/OCII/DP/2018 (www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/NP-282-18.pdf)

Primavera 2018


Oscar Espinosa de Rivero

Doctor en Antropología, docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP.