El círculo de la corrupción en los Gobiernos regionales

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Marcha contra la corrupciónLa corrupción no cesa en el país. No habíamos terminado aún de conocer la gravedad y magnitud del caso Lava Jato, ni mucho menos sancionado a sus principales responsables, cuando un nuevo escándalo de corrupción muestra el grado de descomposición al que ha llegado el sistema de justicia. Día a día conocemos los audios que muestran a jueces, fiscales, políticos, ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y empresarios traficar con la justicia, arreglar nombramientos, intercambiar favores de todo tipo, casos de chantaje sexual y otros ilícitos. Esta situación confirma la necesidad de una reforma integral profunda del sistema de justicia la cual ha sido postergada por muchos años, por los propios jueces y por las autoridades políticas. Dicha reforma no puede esperar más y requiere de la intervención de los jueces, los otros poderes del Estado y especialmente de la sociedad civil.

Gobierno tras gobierno y año tras año los casos de corrupción no han cesado de aparecer en la vida nacional con consecuencias devastadoras para la gobernabilidad, el desarrollo sostenible, la confianza ciudadana y la vigencia de los derechos fundamentales. Son pocos los sectores o instituciones del Estado que no están afectados. Alfonso Quiroz, en su libro Historia de la Corrupción en el Perú, señala que: “El Perú es un caso clásico de un país profundamente afectado por la corrupción administrativa, política y sistemática, tanto en su pasado lejano como en el más reciente. No obstante sus efectos recurrentes y cíclicos, es sorprendente lo poco que sabemos acerca de las causas específicas de la corrupción y sus costos económicos e institucionales en el largo plazo”[1].

Por si esto fuera poco, la corrupción también está presente en las regiones desde hace muchos años. Los casos del Callao, Tumbes o Ancash son una muestra de la gravedad y modo de actuación que tiene este mal en los gobiernos regionales, y que se ha hecho poco o nada para enfrentar de manera integral. Esta corrupción ha afectado seriamente el proceso de regionalización y descentralización, que tiene, en la transferencia creciente de recursos presupuestales a los gobiernos regionales, el escenario ideal para malos manejos, gestiones deficientes y el uso inadecuado de los recursos públicos. Durante muchos años la fiscalización, el control y la sanción han estado ausentes o han sido muy débiles para controlarla, lo cual ha generado una situación de impunidad muy grande que debe ser revertida con una actuación distinta del Ministerio Público (hoy afectado por los propios audios de la corrupción), por la Procuraduría anticorrupción carente de recursos y por el impulso que está dando el nuevo Contralor a su institución con la reciente Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República. Si estas instituciones no actúan de manera coordinada, y mucho más eficientemente, no habrá forma de combatir la corrupción instalada en los gobiernos regionales.

Las cifras no mienten sobre la gravedad del problema. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción señala, en un reciente informe, que hay 22 gobernadores en ejercicio con investigaciones o procesos abiertos. En total son 67 gobernadores y ex gobernadores regionales los investigados por delitos de corrupción[2]. Prácticamente todos los gobiernos regionales están comprometidos con denuncias y procesos de investigación, lo cual daña el proceso de descentralización y la eficacia en la gestión de cara a los ciudadanos. Solo seis exgobernadores regionales están condenados a la fecha (Callao, Tumbes, Ancash, Ucayali, Pasco y Cusco). La desconfianza generalizada y el perjuicio económico son las consecuencias más saltantes de los altos niveles de la corrupción en los gobiernos regionales. Se calcula que son más de 400 casos emblemáticos los que están ante la justicia investigándose por malos manejos y corrupción, y la paralización de obras sobrepasan las mil.

Todo empieza con una mala elección de autoridades y un proceso electoral deficiente

Muy poco ha cambiado en los últimos años de cara a las Elecciones Regionales y Municipales del 7 de octubre próximo (ERM 2018). El riesgo del financiamiento ilícito de campañas es muy alto, tanto como que los candidatos no declaren quienes son sus financistas de la campaña electoral. El resultado: el candidato que gane las elecciones estará hipotecado o comprometido en su gestión para favorecer a quienes lo financiaron.

En efecto, las ERM 2018 se vienen desarrollando en un marco legal poco favorable a la transparencia y la rendición de cuentas. Como se recordará, las reformas legales introducidas al proceso electoral le quitaron facultades de fiscalización a la ONPE durante el proceso electoral. Solo al finalizar el proceso podían solicitar la información. Esto sin duda es una grave desventaja para que se pueda fiscalizar el origen de los recursos. Si bien se exige bancarizar los aportes mayores a 1 UIT, el hecho de recortar las facultades fiscalizadores ha debilitado la labor de la ONPE y hace difícil conocer a quienes financian o si el dinero proviene de actividades ilícitas. En Ayacucho se conoce que hay campañas que están financiadas por el narcotráfico y en Madre de Dios se señala que, por lo menos siete candidatos para los cargos de gobernador y vicegobernador regional (de un total de 19 listas presentadas), están vinculados con la minería informal de oro, actividad que es la responsable de la mayor deforestación y contaminación de una de las zonas más biodiversas del país[3].

Del mismo modo, en varias regiones es práctica habitual y naturalizada el financiamiento de las campañas electorales por grupos de empresarios y proveedores del Estado, con el compromiso de posteriormente ser favorecidos en los procesos de licitación o adjudicación de obras. No hay otra razón que permita entender campañas millonarias en muchas regiones si no va a haber un retorno del dinero a través del compromiso de direccionar las compras a quienes financiaron la campaña. Esta situación permanece igual o peor que las elecciones anteriores. Las modificaciones a la legislación electoral han agravado esta situación. Se requiere una reforma electoral urgente para sancionar penalmente el financiamiento ilegal de las campañas y para reducir o eliminar el financiamiento privado de las mismas, haciéndolo así verdaderamente transparente y sujeto a control y fiscalización, lo cual hoy no existe.

Exgobernador del Callao sentenciado por corrupción.

El exgobernador regional del Callao, Alex Kouri, es uno más de la larga lista de autoridades que han sido sentenciadas por delitos de corrupción en el cargo.

¿Qué se puede hacer para impedir que las nuevas autoridades (2019-2022) vayan a repetir el círculo de la corrupción instalado en las regiones?

Es muy conocido que la corrupción tiene, como una de las áreas de mayor ocurrencia de casos, la administración de los recursos públicos y las contrataciones de bienes, servicios y obras públicas. Malos expedientes, comités de selección parcializados, procesos de selección direccionados y ejecución de obras con sobrevalorizaciones e incumplimientos de plazo son parte central del círculo de la corrupción que se repite en distintos gobiernos regionales. Se conoce cómo actúa la corrupción, pero se hace muy poco para prevenirla y cortar los círculos y estrategias que usa en el sistema de contrataciones. Un problema inicial es que la autoridad regional nombra, en puestos de confianza claves, a personas que no destacan por sus conocimientos, honradez y meritocracia. Por el contrario, se colocan en puestos claves (logística, presupuesto, planeamiento, gerencia general, asesoría jurídica, almacén, entre otras oficinas regionales) a personas de absoluta confianza de los gobernadores, lo que les permita realizar contrataciones direccionadas con la participación de estos funcionarios.

Una manera de prevenir la corrupción en obras públicas es la aprobación de planes de desarrollo y la priorización de obras con criterios técnicos, no clientelistas, que favorezcan el desarrollo regional. Asimismo, es necesario mejorar la calidad de los expedientes técnicos que muchas veces son deficientes. Un tema central en la lucha contra la corrupción es desterrar el direccionamiento de las obras para que gane un determinado postor (normalmente quien financió la campaña electoral). Este problema se puede revertir si se designa un comité de selección mucho más estable y con la suficiente autonomía y control para llevar sus procesos de selección de manera adecuada. Necesitamos que los procesos de contrataciones sean verdaderos procesos competitivos entre empresas, y en donde el Estado se vea beneficiado por la calidad de las obras y su precio acorde con el mercado y el servicio prestado.

Dos temas finales: muchas regiones utilizan la modalidad de administración directa de la obra. Es decir, son los propios gobiernos regionales que se convierten en los constructores, y lo único que hacen es comprar los materiales y contratar al personal –de la población- para que haga la obra, lo cual se presta a populismo y puede resultar más caro que contratar a una empresa para que haga el trabajo. Un gran porcentaje de obras paralizadas (que suman cerca de mil registradas en el portal Infobras), se encuentran bajo esta modalidad. En segundo lugar, las redes de corrupción en los gobiernos regionales alcanzan a funcionarios de distintos ministerios, como Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y comunicaciones y Economía y Finanzas, tal como se pudo ver en un reciente caso denunciado por un alcalde de Ayacucho.

Autoridades investigadas por corrupción¿Es posible derrotar a la corrupción en los Gobiernos regionales? Sí, es posible. Pero para ello es indispensable que los nuevos gobernadores regionales, elegidos para el periodo 2019 – 2022, tengan la firme voluntad de implementar cambios en la gestión y romper con las redes de corrupción instaladas en los gobiernos regionales. Se tienen que formar equipos con personas honestas y competentes, e implementar acciones efectivas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en sus regiones. Es importante que los gobernadores se rodeen de funcionarios honestos y capaces en los puestos claves de la contratación pública que sean elegidos con el apoyo de SERVIR. Es posible derrotar la corrupción si se elimina el direccionamiento en las obras públicas, si los comités de selección cumplen a cabalidad con sus funciones y los órganos de control y fiscalización funcionan de manera coordinada. La ética tiene que acompañar las acciones de los nuevos gobernadores que empiezan sus tareas en enero del 2019. El desarrollo del país, la gobernabilidad y la recuperación de la confianza ciudadana requieren de autoridades honestas y transparentes en sus acciones. Tenemos una nueva oportunidad.

* Este artículo toma como base la investigación realizada por el Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya sobre cómo prevenir la corrupción en los gobiernos regionales

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[1] IEP. 2ª Ed. Lima, 2013. pag.29
[2] PPEDC 2017 (https://plataformaanticorrupcion.pe/wp-content/uploads/2017/07/INFORME-CORRUPCION-SOBRE-GOBERNADORES-Y-ALCALDES.pdf)
[3] https://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/candidatos-madre-dios-vinculados-mineria-noticia-545635

Primavera 2018


Eduardo Vega Luna

Director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ex Defensor del Pueblo.

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