En dos años, el Perú celebrará 200 años de vida republicana. Vida que recuerda los desafíos, los avances y los retos pendientes para construir una vida en común. Y quizás, sin duda, el reto más grande es construir una agenda conjunta de país hacia el futuro. Este articulo propone tres ideas generales como esbozo de una propuesta de agenda articuladora para el país y que atienda las demandas de los jóvenes. Porque es mirando a los jóvenes que podemos hacer énfasis en las brechas que perduran y en el fortalecimiento institucional que requerimos para atender las demandas de esta generación en un momento en que como país nos deberíamos beneficiar del bono demográfico.
La retribución de derechos a los ciudadanos es un deber del Estado. Para analizar las dificultades de atender las demandas de la juventud es necesario pensar en el marco institucional que debería garantizar la retribución de esos derechos. El Perú es lo que Fareed Zakaria llamó una democracia iliberal. Se trata, sobre todo, de “Regímenes electos democráticamente (…) (que) ignoran los límites de su poder, privando a los ciudadanos de derechos y libertades básicos” (Zakaria, 1997).
Las democracias iliberales son, dicho brevemente, regímenes que pretenden ser liberales pero cuya historia ha demostrado que el desempeño de los actores políticos institucionaliza ciertas prácticas que no garantizan, entre otros, una representación efectiva y una retribución de derechos a los ciudadanos. Así, cada característica de la democracia liberal, como pueden ser la existencia de una oposición política y contestación, garantías para la libertad de expresión o para las libertades cívicas, igualdad legal para los ciudadanos, concepción igualitaria de la ciudadanía, estatus cívico con neutralidad de género se encuentran formalizadas en las normas, pero no puestas en práctica por las instituciones públicas.
Así, se podría decir que la característica principal de nuestra democracia, ad portas de su bicentenario, es la desigualdad institucionalizada.
Para dar cuenta de ello, nos centraremos en tres condiciones que se hacen necesarias para que pensemos en la necesidad de enfocarnos en reducir la desigualdad, si queremos contar otra historia en la llegada del bicentenario: (1) las desiguales condiciones básicas de vida de los jóvenes, (2) las desiguales oportunidades para construir su futuro: el acceso a educación superior y (3) desiguales condiciones de representación para garantizar derechos.
Se considera que el Perú está en el tránsito a ser un país de renta media. Sin embargo, las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales persisten, afectando la vida de 1,7 millones de jóvenes que viven en el ámbito rural.
En primer lugar, desigualdades vinculadas al aspecto étnico. De estos jóvenes, 45% se identifica como mestizo y 34% como quechua, siendo las demás adscripciones étnicas menores al 5%[1]. Asimismo, 65% de jóvenes tiene como lengua materna al español y 27% al quechua. La construcción étnica pasa pues por otros factores no exclusivamente vinculados a la lengua. Pertenecer a un grupo étnico determinado, implica conocer mayores retos al momento de acceder a servicios públicos y a posibilidades de desarrollo personal[2]. Por ejemplo, en educación, se considera que el Perú es un “país libre de analfabetismo” ya que 98,9% de la población joven sabe leer y escribir. Sin embargo, si miramos más en detalle las cifras, constatamos que esta cifra desciende a 91,8% para los jóvenes autoidentificados como nativos de la Amazonía. De este grupo, 5,7% de jóvenes hombres no sabe leer ni escribir, y la cifra se duplica para las mujeres (10.5%). Si miramos los de este grupo que viven en zonas rurales la cifra es 7.4% para los hombres y 13.6% para las mujeres. Se trata de un problema interseccional que vincula género, ruralidad y etnicidad.
El acceso a servicios universales no es el único reto pendiente. A pesar de los avances en el acceso a servicios básicos, el Estado tiene pendiente llegar a la “última milla” en zonas rurales. Según el mismo estudio de Urrutia y Trivelli, sabemos que “1 de cada 5 viviendas rurales no cuenta con ningún servicio básico, mientras que en el área urbana la proporción de las viviendas con el mismo nivel de precarización es diez veces menor”. Si se consideran los tres servicios como un conjunto: agua, luz y desagüe, el número es equivalente. Si se suma el teléfono, en el ámbito urbano, no se habla ni del 1% de hogares que no cuentan con estos servicios, es decir, se trata de servicios universales. Sin embargo, en la zona rural, en hogares donde viven jóvenes, el porcentaje es 10,7% de hogares que no cuentan con esos servicios. Si bien ha habido avances, vivir en el ámbito rural implica tener menos garantías para la vida cotidiana para los jóvenes. De acuerdo con el documento, de los jóvenes rurales que “viven en esas condiciones, más del doble del promedio no cuenta con estudios”.
Mirar lo que ocurre con los jóvenes rurales nos permite relatar los desafíos para el Estado peruano en su agenda de desarrollo, y repensar en la historia que estamos contando sobre la juventud y el futuro que puede tener en este país.
Así como la historia es distinta si se mira según dónde viven los jóvenes, la historia también es diferente si miramos a qué se dedican los jóvenes en una edad donde deberían principalmente formarse.
En el Perú, según el Censo 2017, 64% de peruanos no accede a educación superior a pesar de que la cifra se ha multiplicado por más de 100 si se mira el número de peruanos que ingresa a la Universidad desde mediados del siglo pasado. De ese 30% que logra acceder, tres de cada 10 jóvenes abandonan la educación superior. En San Marcos, según una investigación realizada por la misma universidad, 44% de los jóvenes que abandonan sus estudios señalan que se debe a motivos económicos. En proyectos educativos dirigidos a primeras generaciones de estudiantes, la gestión cotidiana nos enfrenta a que las familias muchas veces no cuentan con recursos para garantizar la educación superior de sus hijos.
Los recursos que las familias brindan a sus hijos se traducen, en el ámbito académico, en capacidades del estudiante. Así, no sólo se trata de recursos económicos, sino también de capital humano y social que luego repercute en el desempeño académico y en oportunidades de corte profesional para los alumnos. Los estudiantes con mayores recursos son los estudiantes que provienen de familias que han accedido a educación superior previamente.
Como espacios formativos, con la evidencia de una democratización en el acceso a la formación, no estamos mirando los nuevos retos que enfrentan los jóvenes de “primera generación”, que hoy tienen que ver con disponibilidad de tiempo para el estudio: en vez de estudiar pasan horas en transporte, trabajando para poder pagar los gastos universitarios y haciéndose cargo de algún familiar. El perfil del estudiante es entonces distinto y es un reto para los docentes gestionar esa diversidad de perfiles al momento de enseñar y exigir para garantizar un correcto progreso académico.
Dicho de otra manera, el acceso a la universidad y su permanencia es un reto individual, familiar y nacional que no estamos logrando superar. De cara al 2021, se debe pensar la ruta para que la educación superior sea también un servicio universal, y cuya culminación y no acceso sea la manera que tenemos de medir los avances como país.
Para cambiar las reglas de juego es necesario cambiar a quienes las piensan. Por ello, es necesario renovar la representación política. En el año 2006, se aprueba la ley 28869, Ley que promueve la participación de la juventud en la lista de regidores provinciales y municipales, en la que se estipula que las listas electorales deben estar compuestas de por lo menos 30% de candidatas mujeres, 20% de candidatos jóvenes, y 15% de candidatos representantes de comunidades nativas o indígenas. En el proceso electoral para elegir autoridades regionales y municipales del año 2018, 15% de los candidatos electos tenían menos de 29 años, es decir eran jóvenes[3]. Asimismo, se observa que la mayor presencia de jóvenes se encuentra en cargos de menor responsabilidad. De los 1918 jóvenes electos en un cargo representativo, 1621 eran regidores distritales o provinciales. Ningún gobernador o vicegobernador y ningún alcalde provincial era joven. Solo 25 alcaldes a nivel nacional fueron jóvenes[4]. Con lo cual, podemos hablar de un relego de los jóvenes en términos de espacios representativos.
En la misma línea, si miramos de manera interseccional quienes acceden a puestos representativos, la tarea sigue pendiente. Mirar el cruce de ciertas cuotas, como la de género y joven, o nativo y joven, nos hace ver que la representación sigue fallando. En este periodo de tiempo sólo han participado 16% de mujeres jóvenes en las listas electorales. Y si se considera mujeres jóvenes indígenas, no se llega al 1%. Más allá de las cifras, es necesario que se piense en los espacios de representación como espacios que reflejen nuestra diversidad. Hay mucha agenda pendiente para que eso suceda.
Mirar lo que ocurre con los jóvenes nos permite entender de manera distinta los procesos de fortalecimiento de la democracia peruana hoy. Cerrar brechas es resignificar la situación de quienes viven en democracia y deberían confiar en ella. Y el bicentenario debería ser una oportunidad para comprender nuestras desigualdades y asumir los desafíos para reducirlas. La agenda de Estado debe constituirse desde una mirada a quienes ven limitadas sus oportunidades porque no se prioriza reducir la desigualdad en nuestra democracia: los jóvenes. La esperanza como nación será renovada el día que el Estado logre generar oportunidades ahí donde históricamente no lo había podido hacer. La esperanza será renovada el día que la agenda pública sea una agenda portadora de necesidades y demandas de renovación que surgen desde los propios ciudadanos, jóvenes que aspiran a poder contribuir en sus comunidades y en su país.
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[1] TRIVELLI, Carolina y Carlos URRUTIA. Juventud rural en el Perú: lo que nos dice el Censo 2017. (Documento de Trabajo, 257. Estudios sobre el desarrollo, 32). Lima, IEP, 2019
[2] Idem.
[3] Infogob, Reporte ERM 2018
[4] Idem.
Primavera 2019
Adriana Urrutia Pozzi-Escot
Directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
