La pandemia ha impactado el sistema alimentario en sus diferentes eslabones: en la disponibilidad, la distribución y el consumo.
En la actual situación crítica, la atención sobre la cuestión alimentaria ha sido puesta, en primer lugar, en su disponibilidad: ¿hay alimentos para todos? ¿lo habrá en los meses siguientes?
Los alimentos que consumimos provienen de diferentes fuentes: la actividad agrícola, la pecuaria, la pesca y la industria alimentaria. La mayor parte de los alimentos son producidos internamente, pero las importaciones también tienen un lugar destacado en la dieta de los peruanos. En este artículo abordaremos las diferentes fuentes de los alimentos que se consumen en el país en la actualidad.
Alimentos de origen agrícola y pecuario
La principal fuente de alimentos procede de la actividad agropecuaria. En los primeros meses de la pandemia el abastecimiento de los alimentos de origen agrícola provino, en lo fundamental, de las cosechas de la campaña que se inició a mediados del año pasado y que culminó al inicio de este año. Puesto que las condiciones climáticas fueron favorables, la campaña fue buena, por lo que se podía esperar buenas cosechas. Según información del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), en el primer semestre del 2020 el valor bruto de producción del sector agrícola creció un 2.8%, en comparación con similar período del año 2019, debido a la mayor producción de cultivos transitorios y permanentes[1]. El desempeño de los primeros (de período vegetativo menor a un año), sin embargo, fue superior al de los permanentes, pues estos últimos fueron aquejados por la menor disponibilidad de mano de obra, originada en las restricciones introducidas durante la cuarentena.
El precio de varios alimentos experimentó una baja por dos razones. La primera, por la reducción de la demanda debido a la súbita y extrema reducción de los ingresos de millones de personas al perder sus puestos de trabajo, y por el cierre de restaurantes debido al confinamiento obligatorio. La segunda razón, por las dificultades de transporte originadas en las restricciones impuestas por el gobierno y por los controles establecidos por los propios pobladores de comunidades y centros poblados, en un esfuerzo por reducir la propagación del Covid-19.
Esta reducción de precios y, en muchos casos, la imposibilidad de enviar la producción a los mercados, ha impactado en los ingresos de los productores, por lo general pequeños. Es muy probable que esta situación redunde en las dificultades para lograr una normal nueva campaña agrícola, que se inició el mes de agosto pasado y cuyos resultados veremos a fines de este año y en los primeros meses del 2021. Las medidas adoptadas por el gobierno para apoyar esta campaña, en particular el Fondo de Desarrollo Empresarial para la Agricultura (FAE-Agro), han tenido un grado de ejecución muy bajo. Impulsado por los Ministerios de Economía y de Agricultura, este fondo debería garantizar los préstamos al que supuestamente accederían, a través de entidades financieras privadas, 230 mil agricultores. Sin embargo, al mes de noviembre los avances eran escasos y, en el mejor de los casos, alcanzarían a 90 mil productores, según los estimados de Eduardo Zegarra, investigador de GRADE.
Mayor fue el impacto de la pandemia en el sector pecuario, que incluye la producción de aves, huevos, leche y carnes. En el primer semestre de este año (según el segundo informe del MINAGRI citado en la nota 1) el crecimiento fue de apenas 0.7%. Ello se debió a una significativa reducción de la demanda causada por las razones ya mencionadas.
La responsabilidad de la producción de alimentos de origen agrícola y pecuario en el Perú recae fundamentalmente en la agricultura familiar, conformada por aproximadamente 2 millones de familias. Este vasto universo es bastante heterogéneo, e incluye a pequeños agricultores familiares comerciales, a campesinos comuneros y de subsistencia, a miembros de pueblos nativos. A pesar de su elevado número y de su papel estratégico en garantizar la seguridad alimentaria de la población peruana –el MINAGRI estima que el 70% de estos alimentos proviene de la agricultura familiar-, suelen quedar al margen del apoyo de las políticas públicas, más atentas a las exigencias de los agronegocios exportadores.
Algo urgente a trabajar desde el Estado es una política agraria que proteja y apoye la agricultura familiar (la cual cubre el 70% de nuestra producción agropecuaria). A pesar de contar con una Ley desde el 2015, aún no recibe el presupuesto ni la atención que requiere.
Una de las lecciones que debe dejar la crisis general ocasionada por la pandemia es la urgencia de redefinir cuáles son las prioridades del gobierno. Uno de estos cambios en la política agraria debe ser el apoyo decidido a la agricultura familiar. La marginación de la que esta ha sido objeto de manera permanente terminaría, aparentemente, con la aprobación, en al año 2015, de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, y el mismo año con la promulgación de la Ley 30355 de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar. Lamentablemente no ha sido así. No ha habido variaciones en el presupuesto público, que ya era bastante modesto, destinado a este mayoritario sector de productores. Más aún, la propia ley determina, en su artículo 10, que su ejecución no demandará recursos adicionales. Por añadidura, se prevé una disminución en la asignación presupuestal correspondiente al año 2021, debido al colapso que ha sufrido la economía peruana por efecto de la pandemia.
Tampoco el proyecto de ley que cambia el nombre del MINAGRI por el de Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MiDAR), aprobado por el reciente Pleno Agrario congresal, establece con claridad le preeminencia de la agricultura familiar. Es cierto que el renombrado Ministerio incluye la creación de un viceministerio de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego; sin embargo, nada del articulado de la norma nos permite afirmar que esta prioridad será efectiva, ni que refleja un real compromiso político.
La industria alimentaria
La dieta de los peruanos no está compuesta sólo por productos agrícolas y pecuarios, aunque muchas de las discusiones en el actual contexto de pandemia se limitan a estos; también lo está por los productos de la agroindustria alimentaria. En esta destacan cuatro rubros de mucha importancia: la industria avícola, la industria de molinería de trigo, la de derivados lácteos y la de oleaginosas.
La industria avícola es la principal proveedora de proteínas de origen animal del poblador peruano, sobre todo en las zonas urbanas. El consumo anual de aves per cápita, que rodea los 50 kilos, es mayor que la suma de todos los demás productos pecuarios y más del doble que el pescado. Como sucede con otras industrias alimentarias, la industria avícola está altamente concentrada; en este caso, en dos empresas, San Fernando y Redondos, que abastecen más del 50% de pollos de pie en los mercados mayoristas de aves de corral en Lima Metropolitana y el Callao[2]. El insumo principal de esta industria es el maíz amarillo duro, que ocupa alrededor de un cuarto de millón de hectáreas sembradas en el Perú. La demanda, sin embargo, es mucho mayor, por lo que el país importa las tres cuartas partes del volumen requerido, lo que representa las dos quintas partes del valor total de las importaciones agrícolas del año 2019. El principal proveedor de este cereal son los Estados Unidos. En buena medida provienen de semillas transgénicas.
Merece la pena mencionar que el consumo de productos de origen transgénico como alimentos o insumos no está prohibido por la Ley 29811, que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados, pero sí lo está la siembra de semillas transgénicas. Sin embargo, se han detectado numerosos predios en el departamento de Piura que las utilizan, aprovechando indebidamente granos destinados al consumo de la industria pecuaria. Hay presiones internas provenientes de la industria avícola para que se autorice el uso de semillas transgénicas y se expanda el cultivo de este cereal en el Perú, y reducir así el componente importado. Pero un proyecto de ley aprobado por el Pleno Agrario, al que hemos hecho ya alusión, prorroga la moratoria del uso de estas semillas hasta el año 2035. Debido a la complicada crisis política que ha tenido el país en las semanas de noviembre, la autógrafa aún no ha sido rubricada por el Presidente.
En cuanto a la industria molinera, los derivados del trigo son una importante fuente de carbohidratos en la dieta popular. Esta industria importa casi la totalidad –más del 90%– del trigo utilizado para la producción de harinas, fideos, panes, galletas y otros derivados. El valor de las importaciones de este cereal fue el 27% del total de importaciones agrícolas realizadas el año pasado[3]. El grupo Romero, a través de Alicorp, tiene una posición dominante en esta rama industrial.
El mismo grupo también tiene una presencia dominante en la industria oleaginosa, siendo responsable de la producción de ocho de las marcas más vendidas de aceites comestibles[4]. Esta industria depende en buena medida de las importaciones de soja y otras semillas oleaginosas. El grupo es, asimismo, el principal importador de productos agrícolas del país, con montos anuales próximos a los 400 millones de dólares. Adicionalmente, el grupo Romero es el principal productor de productos oleaginosos extraídos de la palma aceitera, cultivada en sus extensas plantaciones de los departamentos de San Martín, Ucayali y Loreto.
También cuenta con una formidable base logística y estructura de distribución que permite que sus productos estén presentes en todo el país, en todos los niveles de distribución minorista, desde supermercados hasta bodegas en zonas populares y centros poblados.
La industria de derivados lácteos está ampliamente dominada por el grupo Gloria. Este conglomerado económico capta aproximadamente las tres cuartas partes de la leche orientada a la industria. Es también el principal importador de insumos lácteos -148 millones de dólares en 2018-, que son recombinados para la producción de una variedad de derivados lácteos. Sumados ambos grupos, Romero y Gloria, representaron el 52% del total facturado por la suma de las veinte principales empresas de la industria alimentaria en el año 2015[5].
La presencia de estas empresas se extiende, además, al ámbito de la producción agrícola primaria. La presencia del grupo Romero no se limita a las plantaciones de palma aceitera, sino también a la producción de caña para la producción de etanol en el valle del Chira, en el departamento de Piura. Sus propiedades suman, en total, aproximadamente 35 mil hectáreas. El grupo Gloria, por su lado, es el más grande terrateniente del país: es propietario de más de 90 mil hectáreas en la costa dedicadas a cultivos de exportación, pero, sobre todo, al cultivo de caña de azúcar, del cual es principal productor nacional, para consumo humano y para la producción de etanol.
La industria alimentaria también tiene gran importancia en el consumo de la población; sin embargo, está concentrada en un número reducido de grupos económicos.
Queda claro que la industria alimentaria tiene una gran importancia en la dieta de la población, y debe incluirse en las preocupaciones de quienes deben orientar y vigilar la alimentación de los peruanos, más aún en un contexto tan crítico como el actual. En agudo contraste con la producción primaria de alimentos, en la que intervienen millones de familias, la industria alimentaria está concentrada en un número reducido de grupos económicos. Ello les permite una influencia muy grande en la determinación de la provisión de alimentos y en la composición de la dieta alimentaria, influencia que está potenciada además por su logística nacional de distribución y por la omnipresente publicidad en todos los medios de comunicación.
No puede dejar de mencionarse las variadas empresas de la industria alimentaria que se dedican a la producción de alimentos ultraprocesados, ricos en sodio, grasas y azúcares, que son una de las primeras causas del creciente sobrepeso y obesidad de la población en todos los grupos de edad, tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
Otras fuentes de alimentos
Así como el papel de la industria alimentaria está poco considerado en las discusiones sobre los desafíos alimentarios en el actual contexto de pandemia, tampoco lo está lo que debería ser probablemente la principal fuente de proteína animal: el pescado y otras especies ictiológicas. El Perú es una de los grandes extractores de pescado del mundo, sobre todo anchoveta, pero destina la mayor parte de ella a la exportación en forma de harina, para alimento de ganado y aves[6]. El carácter exportador de la extracción pesquera está tan fuertemente establecido que no llama a escándalo el hecho de que, habiendo carencia de consumo de proteínas en un amplio sector de la población peruana, no haya una política que priorice el consumo humano interno. Aunque en términos comparativos el Perú es el sexto país con mayor consumo per cápita -22 kg- es menos de la mitad del volumen consumido de pollo, y la mitad del consumo de pescado per cápita del Japón[7].
Ante el incremento de la demanda mundial de pescado y la presión sobre las especies marítimas, algunas de las cuales se encuentran amenazadas por la sobrepesca, la acuicultura está cobrando una gran importancia a nivel global. Aunque todavía es incipiente en nuestro país, su crecimiento es relativamente rápido, pasando de 28 400 toneladas en el año 2006 a más de 100 mil toneladas registradas en el 2017[8]. En el 2018 la producción superó las 103 mil toneladas[9]. Las principales especies cultivadas son truchas, tilapia, paiche, langostinos y conchas de abanico. La orientación de la producción de algunas especies se dirige claramente al exterior. Desde el primero de enero del 2019, en virtud del Decreto Legislativo 1431, la acuicultura tiene estímulos tributarios similares a los ya mencionados para los agronegocios (reducción del impuesto a la renta al 15%). Sería un problema si esta actividad, que tiene un importante potencial, se orientase básicamente a la exportación y no a contribuir a la mejor alimentación de los peruanos.
En suma, el análisis del problema alimentario debe incluir todas las fuentes en las que se originan alimentos, y todas ellas deben ser susceptibles de atención por las autoridades públicas, más aún en un contexto de emergencia que puede prolongarse por muchos meses más, con graves consecuencias para la salud de millones de personas.
Esto no los hace más vulnerables a eventos como la COVID-19, el campesino desde ya ha estado incorporando nuevas estrategias en su acción diaria. Esta pandemia no les afecta más o menos que otras situaciones que ha enfrentado históricamente: sequías, heladas, granizadas, inundaciones, sobreproducción, alta variación de precios en el mercado, productos importados, mal estado de los caminos rurales, altos costos de transporte y la falta de fluidez de la información por la ausencia o deficiencia de los servicios de telefonía e internet en el ámbito rural.
Así, han desarrollado estrategias propias para superar dichas dificultades, por ejemplo, hacer uso de pequeños recursos propios. En palabras de Salvador Merma Hilachoque, Secretario General de la Federación Departamental de Campesinos de Cusco (FDCC): “no somos tan pobres como ustedes creen”. Otra estrategia: lo primero que hacen en las cosechas es guardar semillas para la próxima campaña, así como transportar de manera conjunta sus productos.
En marzo de este año, cuando se declaró la pandemia, repentinamente tuvieron que enfrentar las exigencias de permisos y licencias de circulación; el incremento en los costos de transporte; la actuación de los intermediarios, quienes aprovechando la situación bajaron los precios en chacra y los aumentaron al consumidor final. La demanda estaba ahí, el acceso de los productos al mercado fue y es el principal problema, teniendo en cuenta que se restringieron los mercados de abastos, por lo que es necesario identificar nuevos canales de comercialización y nuevos segmentos de mercado, que a su vez tienen nuevas exigencias como calidad y presentación de productos, volumen y continuidad de los mismos.
En Cusco, los pequeños agricultores tienen dos mercados: el mercado regional y el mercado turístico. Los que están ligados al mercado regional, es decir, a los consumidores de la capital regional y otras ciudades intermedias, ven restablecidos los flujos de sus productos después de un primer momento caótico; a ellos hay que apoyarlos con mejores medios de comunicación (teléfono e internet), facilitarles información sobre los nuevos protocolos de bioseguridad y el acceso a ellos, etc. Los que están sufriendo mucho más son aquellos que orientaron sus productos hacia el sector turístico: sus ventas se desplomaron y, antes de ofrecerles créditos para superar sus problemas de caja, hay que avanzar en abrir el sector turístico, así como ayudarles a reorientar sus productos al mercado regional. Finalmente, también es necesario sensibilizar al consumidor para que valore la producción regional y retribuya adecuadamente el esfuerzo del pequeño agricultor cusqueño.
Luis Casallo
Asociación Jesús Obrero – CCAIJO
(Obra social jesuita en Cusco)
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[1] Minagri (2020). Impacto de la covid-19 en la actividad agraria y perspectivas. Segundo informe. P. 21 https://bit.ly/35TToMJ
[2] MINAGRI (setiembre 2020). Aves vivas. Comercio al por mayor en Lima. Dirección General de Seguimiento de Políticas.
[3] EGUREN, Fernando. Sobre la seguridad alimentaria en el contexto de la pandemia. Publicado en Cientificos.pe el 7 de julio de 2020. https://www.cientificos.pe/?p=4381
[4] SALAZAR, Elizabeth (15 de noviembre 2019). La poderosa industria que sirve la mesa en Perú. Ojo Público. https://bit.ly/2IXYYVG
[5] Según Perú Top Publicaciones, citado por Elizabeth Salazar, Op.cit.
[6] En contraste, según señala la FAO (2009), el 86% de las 4.3 millones de toneladas de la producción pesquera en el Japón se destinó, en el año 2006, al consumo humano. Ver Perfiles sobre la pesca y la acuicultura por países. El Japón. https://bit.ly/3kUhvPG.
[7] Según el portal Save Ningaloo. https://bit.ly/2UTlJMS
[8] Ministerio de la Producción (2018). Sistema Nacional de Innovación en pesca y acuicultura. Fundamentos y propuesta 2017-2022. P. 14 https://bit.ly/2J176oo
[9] IPAC.acuicultura. Perú estima que su acuicultura crecerá en 2019 en un 6,8 %. https://bit.ly/3nQ6pgK
Verano 2020/2021
Fernando Eguren López
Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES