La práctica de la tala ilegal de madera, la minería ilegal, la agricultura ilegal y el cultivo ilícito de coca son actividades que incrementan diariamente el nivel de vulnerabilidad de los defensores ambientales e indígenas, quienes son sujeto de amenazas y agresiones por defender y proteger sus tierras y recursos naturales. Este panorama se ha visto agravado por la llegada de la pandemia, siendo los más afectados los pueblos indígenas, quienes también están expuestos a una situación de exclusión producto de la falta del enfoque intercultural en los servicios públicos. Este panorama estuvo complementado por el incentivo de actividades extractivas y de infraestructura por parte del Estado, teniendo como resultado la continuidad de los conflictos socioambientales, la escalada de violencia, amenazas y la criminalización hacia las y los defensores ambientales.
Los defensores y defensoras indígenas han continuado siendo perseguidos/as, hostigados/as, amenazados/as, agredidos/as y asesinados/as por su trabajo de promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Este grave escenario es evidenciado por el último informe de Front Line Defenders (2022), el cual reveló que en el año 2022 fueron asesinados 401 defensores de derechos humanos en el mundo, de los cuales el 48% laboraba en la defensa de la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. De los 401 asesinatos registrados, 245 se presentaron en el continente americano. En el Perú, un total de diez personas defensoras ambientales fueron asesinadas durante el Estado de Emergencia Sanitaria declarado desde el 11 de marzo del 2020 (Ojo Público, 2021). Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), hasta el momento se han registrado más de 31 líderes y lideresas indígenas asesinados en la Amazonía desde el inicio de la pandemia (2023).
Además, según Front Line Defenders (2022), el año 2022, en América Latina y el Caribe se registró que las agresiones más frecuentes fueron: amenaza de muerte (17,5% del total de agresiones), ataques físicos (15,1%), arresto/detención (14,7%), vigilancia (14,7 %) y otras formas de acoso (10,2%). Ello se corresponde con el análisis del actual Relator Especial sobre derechos de los pueblos indígenas de la Naciones Unidas, Francisco Calí, quien indicó que el confinamiento ha puesto a los defensores de la tierra y el medio ambiente más expuestos a ataques y asesinatos en América Latina (Naciones Unidas, 2020).
Urgen, entonces, medidas de protección para “las personas y grupos de personas que se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio ambiente”, como señala Michel Forst, ex Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU (Naciones Unidas, 2016). Asimismo, para John Knox, ex Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible de la ONU, estas personas y grupos “se encuentran entre los defensores de los derechos humanos más expuestos a riesgos, los cuales son particularmente graves para los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales que dependen del medio natural para su subsistencia y su cultura” (Naciones Unidas, 2018).
Así, pues, se hace imprescindible un sistema integrado de protección, para que no se produzcan más hechos lamentables como los de Bagua, Las Bambas, Tía María, y las muertes de muchos líderes y lideresas en la Amazonía que aún no alcanzan justicia.
Retos y respuestas para la protección de defensores y defensoras ambientales
A pesar de los avances en el sector justicia, como el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos o el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras, aún continúan los riesgos. De ahí la necesidad de que el Congreso de la República también ratifique el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental que contiene disposiciones para la protección de estas personas y que podría enfrentar esta situación de manera más efectiva. Solo para poner un ejemplo de la complejidad de esta lucha, a mediados de febrero el Poder Judicial sentenció el caso emblemático de Saweto, donde asesinaron a cuatro líderes indígenas, entre ellos a Edwin Chota. Pero este es uno de los pocos casos que ha logrado una sentencia, y luego de ocho años de juicio.
Asimismo, todavía existen ciertas limitaciones para la efectividad de las herramientas institucionales aprobadas. Diversas autoridades estatales y miembros de la sociedad civil coinciden en que aún se requieren decididos esfuerzos para su correcta implementación. A diferencia del Protocolo, el Mecanismo define el término “defensor indígena” y cuenta con un enfoque integral e intersectorial que vincula a un total de ocho ministerios (Ambiente, Cultura, Energía y Minas, Desarrollo Agrario, Interior, entre otros), quienes deben brindar medidas de protección según sus propias competencias. Sin embargo, todavía existen limitaciones, como el carácter sectorial del Protocolo y la ausencia de funciones más específicas en las entidades encargadas de brindar seguridad, lo que impide tener mayor claridad en el desarrollo de las intervenciones y los actos de protección. Si bien se están impulsando otras acciones luego de la aprobación del Mecanismo, uno de los mayores retos son los recursos económicos y técnicos para su implementación.
En ese camino, es necesario reforzar la articulación de los sectores estatales involucrados con las organizaciones indígenas, para fortalecer la participación de la sociedad civil en los procedimientos de Alerta Temprana. Además, es importante que el Mecanismo pueda articularse con los protocolos propiamente indígenas de defensa y autoprotección, los cuales se basan en su cosmovisión y conocimiento local del territorio; es decir, se trata del reconocimiento de iniciativas locales colectivas para una efectiva protección. Por otro lado, la articulación no sólo debe reforzarse con la sociedad civil, sino a nivel de otras entidades públicas, como la Unidad Funcional de Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente. Asimismo, enfatizar la coordinación a partir de los compromisos institucionales de las prefecturas y fiscalías de prevención del delito es indispensable para contar con una protección más efectiva. En esta coordinación, las instancias regionales y locales también deben estar involucradas para atender los problemas que dan lugar a estos riesgos, como la falta de titulación de las comunidades indígenas.
Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), hasta el momento se han registrado más de 31 líderes y lideresas indígenas asesinados en la Amazonía desde el inicio de la pandemia (2023).
Además, aún quedan pendientes herramientas sectoriales complementarias que permitan fortalecer la respuesta logística rápida de la Policía Nacional en lugares alejados o zonas fronterizas donde se encuentran una gran cantidad de defensores ambientales. El fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados en su implementación es otro reto importante, por ejemplo, con la inclusión del enfoque intercultural o de género en el desarrollo de sus funciones. Los operadores de justicia requieren, asimismo, de capacitaciones para ejecutar procesos de investigación adecuados y direccionados a combatir la impunidad ante cualquier tipo de agresión o amenaza dirigida a las y los defensores. En esa línea, es indispensable que haya más celeridad en el desarrollo de las investigaciones y procesos judiciales, entre otras medidas.
Aún quedan, pues, tareas pendientes para consolidar un sistema de protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, que permita una protección integral. Ante la situación actual, es patente que las amenazas seguirán incrementándose en la Amazonía.
Conclusiones
Tomando en cuenta que en estos momentos la agenda de derechos humanos no es una prioridad para nuestras autoridades del Congreso de la República, hay serios riesgos de que se debilite más la legislación ambiental y la protección a las y los defensores. Por ello, es necesario que se ponga en agenda la ratificación del Acuerdo de Escazú, para contribuir a tomar medidas preventivas y sancionadoras ante las amenazas que enfrentan estas personas, y para reconocer la labor en la defensa del medio ambiente y de sus territorios, difundiendo la perspectiva de derechos humanos, por ejemplo, en el sector empresarial.
Respecto de las demás entidades públicas, es necesario que se realicen mayores esfuerzos para poder efectivizar la implementación de las actuales herramientas de protección que existen en los sectores ambiente, justicia y del interior. Ello de la mano con las propias organizaciones indígenas, en los propios territorios y con el apoyo de la sociedad civil, en la vigilancia y recojo de información. El presupuesto y las capacidades técnicas serán un punto de inicio para mostrar el compromiso con la erradicación de esta situación de constantes amenazas que viven los defensores y defensoras ambientales. Se espera que las autoridades demuestren un compromiso real con el desarrollo sostenible.
Bibliografía
Invierno 2023
Aida Gamboa
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR
“Un retablo nos conecta con la belleza e importancia de cada vida.”
Integrando sueños: El impulso del emprendimiento en la población migrante venezolana en Perú
