Los hechos ocurridos en el llamado “Baguazo” (5 de junio del 2009) fueron consecuencia directa de un irresponsable desalojo con armamento de guerra, ordenado por Alan García Pérez. Los enfrentamientos entre la población de Jaén, Utcubamba y Bagua (indígenas y mestizos) y la Policía dejaron el lamentable saldo de 33 personas fallecidas, 1 desaparecido y 200 heridos, 80 de ellos por arma de fuego. Y decimos irresponsable porque los awajun y wampis, que habían bloqueado la carretera Fernando Belaúnde desde el 26 de mayo de ese año, habían comunicado su decisión de retirarse el 5 de junio a las 10 de la mañana.

El bloqueo de la carretera formaba parte de un paro acatado en toda la Selva desde el 9 de abril, por todas las etnias que protestaban por la dación de diez decretos (emitidos por el Ejecutivo) que atentaban seriamente contra sus derechos al territorio, su identidad y su vida. Como nos recuerda el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda: “el territorio constituye la base y la condición de la propia existencia de los pueblos indígenas. La razón de ello tiene que ver con que el acceso al territorio constituye una condición de subsistencia física y cultural de los pueblos indígenas”[1]. Lo mismo afirma uno de los indígenas procesados por el caso de la Curva del Diablo. El ex alcalde de Condorcanqui, Merino Trigoso afirma que “cada cuenca tiene una organización y hay discrepancia para cualquier problema político, problemas de clanes, pero cuando se trata de tierra, de flora y fauna de nuestro hábitat, ese es un solo corazón, un solo pronunciamiento, una sola mente: UNIDAD”.

La protesta indígena estaba amparada por el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmada por el Perú en 1995. Este obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas cuando se den normas que estén relacionadas con sus territorios ancestrales. También les había dado la razón la Comisión Multipartidaria del Congreso que en diciembre del 2008 propuso la derogatoria de los diez decretos cuestionados por los indígenas: 994, 995, 1020, 1060, 1064, 1080,1081, 1083, 1089,1090.

A cinco años de la tragedia, encontramos la siguiente situación:

• El 7 de setiembre del 2011 el Presidente Humala promulgó en Imacita la Ley de Consulta Previa, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultado sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten sus derechos colectivos y sobre planes, programas y proyectos de desarrollo nacional, regional o local. Sin embargo, presionado por el sector empresarial y los medios de comunicación (altamente concentrados), los procesos de consulta llevados a cabo hasta la actualidad no han satisfecho las expectativas de las poblaciones indígenas. Daniel Sánchez, Jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, afirma que “han transcurrido 19 años desde que el derecho a la consulta previa se encuentra vigente en nuestro país y, hasta el momento, el Ministerio de Energía y Minas ha venido incumpliendo con la aplicación de la consulta previa de los proyectos mineros ubicados en tierras de pueblos indígenas”[2].
• Las demandas principales que originaron el conflicto siguen latentes. Para los autores del libro La Verdad de Bagua “el conflicto se presenta como una secuela de la decisión de priorizar la ampliación de la frontera extractiva, sin que haya una consideración equivalente por los derechos indígenas y por la biodiversidad y el medio ambiente que condicionan un entorno necesario para la práctica de las formas de vida de los pueblos indígenas, protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos”[3].
  El gobierno actual ofreció cambiar dicha situación, lamentablemente, como señalan los del Colectivo Somos Bagua, en comunicado público del 13 de mayo, hoy prima “una concepción sobre el país en la cual la prioridad la tiene la promoción de las inversiones extractivas con las menores restricciones posibles. Se piensa que el único rol del Estado, al respecto, es estar al servicio de la misma. Otras prioridades, tales como cuidar que la inversión sea ambientalmente sostenible, que respete los derechos ancestrales de las poblaciones indígenas o que posibilite una justa distribución del resultado del crecimiento económico de la última década, parecen haber salido de la agenda pública”.
• Los principales responsables políticos de esta tragedia no han recibido sanción alguna: Alan García y Mercedes Cabanillas (ex Ministra del Interior), quien incluso obligó a la Policía a condecorarla inmediatamente después de ocurrida la tragedia. Cabe gran responsabilidad también a la entonces Ministra de Comercio, Mercedes Araoz, por mentir descaradamente sobre las consecuencias que tendría para la relación Perú-EE.UU. el acceder a las demandas indígenas.
• En cambio, 83 pobladores (entre indígenas y mestizos) están siendo procesados. 53 por los enfrentamientos en la “Curva del Diablo” (cuyo juicio se inició el 14 de mayo en la ciudad de Bagua), 4 por la desaparición del Mayor Bazán; y 26 por lo sucedido en la Estación 6 de Petroperú. Para ellos se piden penas que van entre 6, 8, 12 años y cadena perpetua.

El Colectivo Bagua señala que los que están siendo procesados por los hechos de la Curva del Diablo son inocentes, pues “En las 187 páginas del expediente no hay pruebas suficientes que acrediten los 8 delitos que se les imputan (…) además, las pruebas de absorción atómica que se tomaron demuestran que ninguno hizo uso de arma de fuego”, y la causa de la muerte de los efectivos policiales en la Curva del Diablo fue por armas de fuego.

Estos inocentes están recibiendo apoyo legal y económico del Vicariato San Francisco Javier del Marañón, a cargo de Monseñor Santiago García de la Rasilla. El apoyo de la Iglesia Católica no es reciente. Desde el 2007, fecha en que se origina el problema que explotó en la Curva del Diablo, los obispos de la Amazonía -en sucesivos comunicados- mostraron su pleno respaldo a las demandas indígenas.

El Colectivo Bagua señala que “El clamor de los indígenas Awajun y Wampis, en la actualidad, y de las poblaciones de Jaén, Bagua y Utcubamba, es un proceso justo para los inocentes procesados por los sucesos de Bagua”. La Defensoría del Pueblo se ha sumado a este clamor.

A la fecha se han realizado tres audiencias. La presencia de la Iglesia Católica, la Defensoría y la sociedad civil han permitido que el tribunal acceda a la presencia de intérpretes de lenguas indígenas, a cambiar la orden de detención por comparecencia a varios de los acusados; y a permitir el “arresto domiciliario” de Feliciano Cahuasa Rolín, quién padecía injusta carcelería desde el 6 de junio de 2009. Sin embargo, es necesario permanecer vigilantes, es lo menos que podemos hacer por quienes arriesgaron su tranquilidad y su vida por defender la Amazonía.

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[1] “¿Cuándo se sancionará a empresas que entran a territorios indígenas sin permiso ni consulta?” Instituto de Defensa Legal. Boletín Justicia Viva, 12 de mayo del 2014. En http://www.justiciaviva.org.pe/notas/03-08-05-2014.php
[2] Defensoría del Pueblo recomienda al Poder Ejecutivo fortalecer la implementación del derecho a la consulta previa. Nota de Prensa Del 18 de mayo 2014.
[3] Jesús Manacés Valverde y Carmen Gómez Calleja. La Verdad de Bagua. Informe en Minoría de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua” (Lima, IDL-COMISDEH, 2013) p.29.

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Pilar Arroyo

Instituto Bartolomé de las Casas