Negociaciones internacionales climáticas y la necesidad de movilizar la acción local

Existe una injusticia profunda, global, entre aquellos que generan el cambio climático y aquellos que están en mayor riesgo o vulnerabilidad ante sus impactos. Decenas de millones de personas de nuestra región en América Latina, una región con mayor índice de desigualdad del planeta, tienen sus viviendas, medios de vida e infraestructuras amenazados y, sin embargo, su contribución al calentamiento global ha sido y sigue siendo mínima. El Perú no es exento a ello.

El cambio climático tiene estrecha relación con la alteración de ciclos de lluvias, olas de temperatura (de calor o frío), desertificación y erosión de suelos, mayor escasez de agua, subida del nivel del mar, entre otros fenómenos (IPCC, 2021), que impactan en forma de desastres. Perú es uno de los países con mayor vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático (Brooks, N. y Adger N., 2003) por lo que es necesario articular, desde todas las instancias de gobierno, acciones de adaptación articuladas con la prevención, preparación, reducción de riesgos, respuesta y reconstrucción ante los desastres atribuidos al cambio climático.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (IPCC 2014).

El cambio climático representa uno de los grandes desafíos de la humanidad en este siglo. Los principales impactos esperados, y que algunos ya los sufrimos en Perú, se expresan con inundaciones, sequías, degradación del suelo y reducción de la producción agrícola; sea por el aumento (o reducción drástica) de la temperatura, como por aumento o disminución de las precipitaciones. La deglaciación de nuestros nevados, ya evidente en nuestra cordillera andina, ponen en riesgo nuestra seguridad física y alimentaria, agravando o favoreciendo la aparición de enfermedades (IPCC 2021). Nuestra débil gobernanza del agua y saneamiento con desigual acceso, además de la insuficiente infraestructura y financiamiento, juntos configuran un cocktail peligroso que reduce nuestra capacidad de adaptación, que a su vez incrementa y crea nuevas vulnerabilidades. En el Perú, se definen múltiples vulnerabilidades climáticas alrededor del agua, sea por lluvias intensas o por sequía; donde, en ambos casos, afectaría nuestra fuente principal de energía (hidroenergía) y alimentaria.

Se requieren profundos cambios, con un enfoque integral, multidimensional, de justicia climática, de transición justa, de respeto a los derechos humanos, y que detenga la devastación de nuestros ecosistemas; los cuales representan una fuente de vida y dependen nuestras economías nacionales y locales.

El cambio climático es un amplificador de las desigualdades económicas, sociales y étnicas, de la pérdida de biodiversidad y vulneración de nuestros derechos. Asimismo, impacta de manera desigual a las poblaciones más vulnerables y pobres.

Compromisos internacionales y nacionales ante el cambio climático ¿Quo Vadis?

El Acuerdo de París[1], suscrito por el Gobierno Peruano en la Conferencia de las Partes (CoP) el 2015, propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para evitar que la temperatura media global del planeta aumente 2°C al 2100, respecto de los niveles preindustriales, aunque las emisiones siguen aumentando y ya están un 50% arriba del nivel de 1990). Por ello, Greta Thunberg, joven activista climática, reclamó que se detuviera el “Blah, blah, blah”[2] e insistió, a las afueras de la COP26 en Glasgow (noviembre 2021), que el cambio no vendrá de allí. Que el verdadero cambio vendrá del liderazgo de los jóvenes y la población organizada y movilizada. A la COP26 asistieron una serie de organizaciones interreligiosas, interactuando con jóvenes, niños, organizaciones indígenas y acompañando a activistas ambientales y climáticos.

El 2015 los países presentaron sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), con compromisos para reducir sus emisiones de GEI, pero aún con su segunda versión, no evitan que el planeta supere los 2°C de incremento de temperatura global. Se requiere aumentar la ambición y esto, desgraciadamente, tampoco ocurrió en Glasgow.

En Perú, contamos con la Ley N° 30754, Ley sobre Cambio Climático 2018, que otorga competencias a los gobiernos locales para elaborar, aprobar, implementar, monitorear, evaluar y actualizar sus respectivos Planes Locales de Cambio Climático (PLCC), en concordancia y conformidad con las respectivas Estrategias Regionales de Cambio Climático (ERCC) y nuestras Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).

Allí se insiste en la gestión integral del cambio climático definida como una planificación participativa, transparente e inclusiva para diseñar, ejecutar, monitorear, evaluar, reportar y difundir políticas, estrategias, planes, programas y proyectos orientados a reducir nuestra vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, reducir las emisiones e incrementar las remociones de GEI; considerando los enfoques de interculturalidad, género e intergeneracional, construida bajo un proceso de concertación multisectorial, multiactor y multinivel. En el capítulo II de la Ley, define también las competencias y funciones, bajo un proceso participativo, transparente e inclusivo de los actores públicos y privados, incorporando por primera vez a gobiernos locales y actores no estatales.

Recientemente, el presidente firmó el DS N° 003-2022-MINAM que declara de interés nacional la Emergencia Climática. Reconociéndola como una amenaza a la supervivencia humana, al ambiente y al disfrute de nuestros derechos humanos, de generaciones presentes y futuras, es un gran paso reconocer formalmente la urgencia de actuar.

Esta declaración busca “ejecutar con carácter de urgencia medidas para implementar la acción climática de acuerdo con lo establecido en las NDC al 2030, …la reducción de las brechas socioeconómicas y la reducción de los riesgos y la vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático” priorizando medidas de adaptación y mitigación.

Menciona que “los actores no estatales, academia, colegios profesionales, mujeres, pueblos indígenas u originarios, pueblo afroperuano, jóvenes, representantes de la Mesa de concertación de lucha contra la pobreza, organizaciones no gubernamentales ambientales, sindicatos de trabajadores, y sector privado promueven la acción climática concertada, en el marco de la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático”, aunque no menciona explícitamente a las organizaciones interreligiosas. Tampoco asigna medidas de prioridad al Ministerio de Vivienda, al SINAGERD, al CEPLAN[3] ni a los Gobiernos Regionales ni Locales (ni su respectivo presupuesto).

Siendo el cambio climático transversal al desarrollo se requiere clarificar su rol en un marco institucional peruano centralista, fragmentado y sectorializado. Tendremos que respondernos a la pregunta: ¿cómo integrar capacidades de anticipación, adaptación, aprovechamiento de oportunidades y manejar de pérdidas y daños ante escenarios de cambio climático, articulados desde la gestión ambiental, la reducción de desastre[4], del riesgo climático[5], el riesgo cotidiano[6] y (ahora también) el riesgo sanitario por la pandemia?

Nuestra principal vulnerabilidad sigue siendo nuestra débil institucionalidad para manejar estos desafíos. Rehabilitar, reconstruir e invertir sin tener que volver a la situación anterior, requiere anticipar las proyecciones de los impactos del cambio climático. Asimismo, se debe de reducir nuestros riesgos de desastre y tratarlos como fenómenos cíclicos, reiterativos, que ya constituían antes de la pandemia, para evitar que estos desastres sigan afectando en forma sistemática y recurrente, incluso a las mismas poblaciones ya empobrecidas y afectadas.

Parafraseando a Greta, la acción climática y con justicia, será local, participativa y con movilización social o no será.

Referencias

  • Brooks, N. y Adger N. (2003). Risk level indicators. Reino Unido: Tyndall Centre.
  • IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
  • IPCC (2014). Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad – Resumen para responsables de políticas. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea y L.L. White (eds.)]. Organización Meteorológica Mundial, Ginebra, Suiza, 34 págs. (en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso).

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[1] https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris Visitado el 24/01/2022 (Organización de las Naciones Unidas, 2015) https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_eshttp://newsroom.unfccc.int/es/acuerdo-de-paris/el-acuerdo-de-paris-entra-en-vigor-tiempo-de-celebracion-y-de-realismo/, https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Par%C3%ADs_(2015)
[2] https://www.youtube.com/watch?v=8B8lil-JOns
[3] Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
[4] Entendidos como los riesgos de desastres estructurales (ej. Terremotos, tsunami, avalanchas, erupciones volcánicas, inundaciones)
[5] Riesgos asociados a los impactos de los escenarios de cambio climático (ej. lluvia intensa, sequía, incendios forestales, olas de temperatura, subida del nivel del mar, epidemias, entre otros)
[6] También conocido como riesgo crónico, diversos riesgos ambientales y desastres episódicos, repetitivos y, a menudo no registrados, de pequeña escala, se acumulan en determinadas localidades, generalmente las más pobres, a través de procesos a menudo invisibles e ignorados (ej. Incendios urbanos, caídas, pequeños derrumbes, caídas de rocas, deslizamientos, inundaciones, entre otros).

Otoño 2022


Liliana Miranda

Foro Ciudades para la Vida




La Transición Energética en China y sus Implicaciones para el Perú

Por más de una década, China ha sido uno de los socios económicos más importante para Perú; pero, como cualquiera relación, tiene su propia dinámica y cambia a través del tiempo. Así pasa con China, ya que el gigantesco asiático ha volteado de manera dramática hacia la energía renovable para mitigar el cambio climático. Con la creciente importancia de estos nuevos sectores, ¿qué implicancia tiene para Perú, que ha llegado a depender tanto de ese mercado para exportaciones e inversiones?

Según la Agencia Internacional de Energía[1]  la capacidad instalada de producir energía renovable aumentará por una taza impresionante de 85% dentro de solamente los próximos cinco años. Esas proyecciones estiman que la energía solar y eólica dentro de China se duplicará. En el ámbito internacional, China ha comprometido a aumentar el desarrollo de la energía renovable y dejar de impulsar la energía basada en el carbón[2] . Hay dos caminos importantes por las cuales estos cambios en el país asiático pueden afectar al Perú: el potencial para una nueva inversión china en la generación de energía renovable en el Perú y el interés continuo de los inversionistas orientales en los sectores de minería necesarias para alimentar ese sector, como el cobre y el litio. En cada uno de eses áreas, el tipo y nivel del impacto dependerá de la ambición y capacidad del mismo gobierno peruano y el trabajo de la sociedad civil para avanzar sus metas para la economía, la ecología, y la sociedad peruana.

La energía verde china y las ambiciones verdes peruanas

Primero, la transición energética china en sus inversiones internacionales abre nuevas fuentes poderosas de impulsar la energía renovable en Perú. Según la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050, Perú avanza hacia una meta ambiciosa de la carbono neutralidad[3]. Las empresas chinas de energía – entre los más grandes del mundo – podrían ser socios importantes en el camino hacia esa meta.

Aunque la Estrategia Nacional no da detalles precisos sobre cómo planea cumplir con la meta del carbono neutralidad, Perú tiene opciones amplias en su potencial (todavía no muy desarrollado) para la energía solar. De hecho, el Banco Mundial[4] ha calificado la región andina -donde Perú se encuentra con sus vecinos Argentina, Bolivia, y Chile- como el área con más potencial solar del mundo. Incluso califica a dicha región entre las 15 y 20 regiones áridas más poderosas, como la Península Arábica o el norte de la África. Las empresas chinas de energía ya han mostrado su interés en invertir en esa capacidad, a través de la planta solar Cauchari, la más grande de Argentina, en su provincia de Jujuy en el noroeste del país. Si el Ministerio de Finanzas del gobierno peruano diera prioridad a desarrollar este potencial, la transformación energética de la China le presentaría un momento oportuno para avanzar en dicha dirección.

Minerales claves para la energía verde: cobre y litio

En segundo lugar, aunque las empresas energéticas chinas construyan sus proyectos de energía renovable en Perú, en su mismo país, o en otros partes del mundo, la transformación igualmente creará una demanda importante para los minerales necesarios para el sector. China ya lidera el mundo en la manufactura de paneles solares y turbinas eólicas, por ejemplo, siendo responsable por más que la mitad de estos productos al nivel mundial. El crecimiento esperado en ese sector significa una demanda también creciente para los bienes primarias como el cobre y el litio.

La historia de la inversión china en el sector minero peruano ya tiene más que una década y ha tenido varias alzas y bajas. El megaproyecto de cobre de Las Bambas, dirigido por la empresa china MMG, cuenta entre los más importantes al nivel mundial y es de conocimiento público la saga de conflictos entre la empresa y la comunidad al su alrededor. Dada los pronósticos para la demanda china para el cobre peruano, es poco probable que las empresas chinas se den de alto y abandonen el país.

Otro producto cuya importancia se espera disparar en la transición energética es el litio, elemento clave para el almacenamiento de poder en sistemas de generación intermitentes como el poder solar y eólico. Al momento de escribir este artículo, son inversionistas canadienses los que más planes tienen para los depósitos peruanos del litio, más notablemente el American Lithium en el proyecto Falchani en Puno. Pero aún sin la presencia directa china, dado la dominancia oriental en el mercado mundial de la manufactura de baterías, es probable que el producto se destine hacia dicho país y que la demanda china aumente el precio de él.

La creciente demanda china de los minerales claves en energía renovable beneficia al Perú más allá de la cantidad de ganancias e impuestos que alimentan la economía nacional. Adicionalmente, da espacio político para las metas que pueda tener Perú para esos sectores. Ya que se prevé que la demanda siga creciendo, es poco probable que los inversionistas – sean chinas, canadienses, u otros – puedan espantarse por las regulaciones socio-ambientales nacionales. De hecho, un marco regulatorio bien hecho y consistentemente implementado es una de las herramientas más confiables para asegurar que las inversiones mineras sean exitosas y duraderas, en vez de caer en conflictos perpetuos con comunidades por quejas de salud o de contaminación del agua necesaria para los modos tradicionales de ganarse la vida. En este contexto, no hay porqué ser tímido en insistir en las condiciones del desarrollo sostenible de estos sectores.

Otra manera que el Perú puede aprovechar de su poder de mercado para la industria china es con impulsar la inversión en el valor agregado dentro del sector minero. Si le interesa al Ministerio de Economía Finanzas y a ProInversión buscar inversionistas chinas en la refinación y la manufactura de productos de cobre, esa meta debe de ser más posible ahora que en el pasado. China ya ha mostrado que tiene intenciones para importar no solamente el mineral crudo sino también productos de cobre. Por ejemplo, mientras apenas el 15% de las exportaciones del cobre peruano a China es en forma de metal refinado y productos manufacturado, forman el 43% de las exportaciones de cobre chilenas hacia el mismo mercado chino[5].

La transición energética que se esta llevando a cabo en China presenta una gran oportunidad para que el Perú ponga en practica sus compromisso de sostenibilidad.

Ambición y capacidad peruana para realizar sus metas sostenibles

 Ya sea en minería o generación, la transición energética china le da al Perú una oportunidad de poner en práctica sus compromisos para el desarrollo económico sostenible e inclusivo. Tal vez más que nunca, el contexto es favorable para que el Perú construya e implemente un fuerte marco regulatorio socio-ambiental para la minería y una estrategia de descarbonización para la matriz energética.

Desafortunadamente, hay obstáculos institucionales significativos en el camino hacia esas metas. Por ejemplo, hasta ahora, el Perú todavía no se une al Acuerdo de Escazú, lo cual garantiza la transparencia, la participación pública, y la protección legal para la sociedad civil en temas ambientales, particularmente en el uso de recursos naturales[6]. El antes canciller peruano Héctor Béjar anunció su apoyo para unirse al pacto regional, pero apenas duró unas semanas en el cargo[7]. En caso de que el gobierno peruano logre la estabilidad necesaria para impulsar el proyecto, todavía le falta apoyo en el congreso, el cual rechazó la idea en el 2020. El Ministerio del Ambiente ha sufrido de la misma inestabilidad, lo que dificulta la implementación de su estrategia climática y el desarrollo de fuentes renovables en su matriz energética. Sin embargo, si Perú logra articular sus ambiciones verdes y avanzarlas en sus políticas económicas y socio-ambientales, China puede seguir siendo un socio muy importante para realizarlas.

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[1] International Energy Agency. 2021. “Renewables 2021.” https://www.iea.org/reports/renewables-2021.
[2] Xi Jinping. 2021. “Bolstering Confidence and Jointly Overcoming Difficulties to Build a Better World.” Discurso dado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, 21 septiembre. https://estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20210921/AT2JoAvm71nq/KaLk3d9ECB53_en.pdf
[3] Ministerio del Ambiente. 2021. “Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050.” https://www.gob.pe/institucion/minam/campañas/3453-estrategia-nacional-ante-el-cambio-climatico-al-2050
[4] Banco Mundial. 2020. “Global Photovoltaic Power Potential by Country.” https://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/solar-photovoltaic-power-potential-by-country
[5] Cálculos propios del base de datos UN-Comtrade, https://www.comtrade.un.org
[6] https://repositorio.ce
pal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
[7] SPDA. 2021. “Canciller Héctor Béjar: ‘Impulsaremos el Acuerdo de Escazú.’” https://www.actualidadambiental.pe/canciller-hector-bejar-impulsaremos-el-acuerdo-de-escazu/

Otoño 2022


Rebecca Ray

Boston University




Retorno a las clases en América Latina: ¿Qué podemos aprender para el caso de Perú?

La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha impactado la educación de niñas, niños y adolescentes a nivel mundial tras el cierre intempestivo de las escuelas en el 2020, en el marco de las medidas de salud pública. En este contexto, el acceso a la educación remota se ha visto condicionado por las desigualdades económicas y de acceso a la tecnología por parte de los países y familias, en línea con la llamada ‘brecha digital’. De hecho, como identifica García (2020), las soluciones para asegurar la continuidad en el aprendizaje y bienestar de los estudiantes han llegado “de manera desigual y pueden agudizar aún más las brechas educativas que existían en la región antes de la pandemia”[1]; lo cual implica un mayor riesgo para los estudiantes más vulnerables, niñas y adolescentes, minorías étnicas, estudiantes con necesidades educativas especiales y estudiantes en situación de pobreza.

Una serie de estudios han alertado de las consecuencias negativas del cierre de escuelas para el aprendizaje de los estudiantes. A pesar de los esfuerzos de las escuelas y docentes por continuar con la educación a distancia, se resalta el potencial incremento de la desigualdad educativa en una región con ya altos niveles de desigualdad, como es el caso de América Latina. El impacto del cierre de escuelas, además, no se restringe a lo educativo. Se suman aspectos como la socialización, la salud mental y el bienestar de los estudiantes. En esa línea, como menciona García (2020), la escuela es un espacio protector para muchos niños, niñas y adolescentes[2]. El cierre de escuelas y aislamiento aumenta el riesgo de violencia y maltrato en los hogares, como se ha visto en otros países del mundo y ya se evidencia en el caso de la pandemia en Perú[3].

Otro de los problemas identificados en la región es el potencial aumento del abandono escolar en el contexto de crisis económica exacerbada por la pandemia. A nivel internacional, se han identificado que cerca de 11 millones de estudiantes, desde la educación primaria hasta la secundaria, podrían abandonar los estudios sólo por el impacto de la pandemia en los ingresos (Azevedo et al 2021[4]). En América Latina, algunos países, incluido Perú, se encuentran implementado sistemas de alerta temprana para identificar a los estudiantes en riesgo de deserción. Lo cierto es que las diferencias de acceso a la educación remota, el impacto económico de la pandemia en los hogares y la pérdida de los efectos protectores de la escuela están generando consecuencias directas en las trayectorias educativas de las y los estudiantes.

En este contexto, el retorno a las escuelas se plantea como urgente. Sin embargo, el avance del mismo alrededor del mundo se ha visto condicionado por desigualdades globales que van más allá de los sistemas educativos: la calidad diferenciada de los sistemas de salud, las posibilidades de acceder a elementos clave para superar la pandemia como las vacunas, o de condicionar adecuadamente las instituciones educativas. Sumado a ello, conforme la crisis sanitaria se ha estabilizado en ciertas regiones de Latinoamérica y se han alcanzado hitos importantes como la vacunación, otros elementos también entran en juego, como la prioridad que se la da a la reapertura de las escuelas desde el gobierno, las condiciones previas de los sistemas educativos, las políticas públicas diseñadas y puestas en práctica para alcanzar dicha meta y el rol de la comunidad educativa (docentes, directivos, padres de familia y estudiantes) en dicho proceso.

Con el objetivo de dimensionar y hacer seguimiento al cierre de los sistemas educativos alrededor del mundo, UNESCO ha calculado el número de semanas en los que los países han mantenido cerrados, parcialmente cerrados o han abierto sus escuelas desde el inicio de la pandemia. A partir de estos datos, se encuentra que, a la fecha, América del Sur es el continente que acumula el mayor número de semanas con escuelas cerradas o parcialmente cerradas en el planeta (57 semanas en promedio), casi el doble del promedio mundial (35 semanas)[5]. Es importante considerar, sin embargo, que no es lo mismo un sistema educativo ‘completamente’ cerrado a uno ‘parcialmente’ cerrado según la consideración de UNESCO. Esta segunda categoría implica la apertura gradual de las escuelas. De hecho, como menciona UNICEF en un reciente reporte sobre el tema, a pesar de que algunos países no han abierto aún la totalidad de sus escuelas, en algunos casos una parte importante de sus estudiantes ya están recibiendo clases presenciales[6]. Aun así, estas cifras dan cuenta de diferencias globales importantes.

A la fecha, todos los países de Latinoamérica cuentan con sistemas educativos parcialmente abiertos o cerrados[7]. En este contexto, es importante identificar cuántos son los estudiantes que se encuentran asistiendo a la presencialidad en estos países, números que varían significativamente. Entre los porcentajes más altos se encuentran Argentina (94% de estudiantes) y Chile (88%); mientras que Perú cuenta con el 4,4% de estudiantes asistiendo en presencialidad y Ecuador con 7%[8]. Así, cuando analizamos la experiencia de cada país, encontramos distintas particularidades sobre la situación de la apertura, así como tensiones alrededor de la misma. Para este artículo, quisiera discutir preliminarmente algunos de los elementos en los que podemos notar diferencias y similitudes con el caso peruano.

En primer lugar, se identifican algunos elementos en común. El principal es el desarrollo de protocolos sanitarios y el acondicionamiento de las escuelas, así como medidas ante el posible contagio de estudiantes, docentes o personal administrativo. Asimismo, la mayoría de los países ha optado por implementar modelos que combinan educación a distancia y educación presencial, llamados ‘híbridos’ (Chile, Uruguay), ‘de alternancia’ (Colombia), ‘bimodales’ (Argentina) o ‘semi-presencial’ (Perú). Es decir, ningún país de Latinoamérica optó por un retorno en las mismas condiciones previas a la pandemia (con asistencia durante toda la jornada escolar y todos los días de la semana), y han migrado hacia una nueva forma de enseñanza-aprendizaje que busca la complementariedad entre ambas modalidades (presencial y remota). Por otro lado, estos países también han optado por la priorización curricular de ciertas áreas o temáticas (como los casos de Chile, Colombia, Argentina, Uruguay y Perú). Se suma a esto las evaluaciones diagnósticas y guías para la enseñanza al nivel real.

Sin embargo, más allá de los elementos del diseño de las estrategias de retorno, el proceso de apertura implica considerar las posturas de una serie de actores de la comunidad educativa: autoridades nacionales, regionales y locales, maestros y maestras, padres y madres de familia y estudiantes. No en todos los casos estos actores están en la misma página respecto a la apertura o a las condiciones de esta. Veamos el caso de Argentina. Como mencionamos, según UNICEF, Argentina es el país de Latinoamérica con un mayor porcentaje de estudiantes asistiendo a clases presenciales[9]. Sin embargo, esto implicó una serie de decisiones disputadas.

Las clases en Argentina iniciaron el 15 de febrero de este año, con la proyección de que la apertura sea de forma escalonada a nivel nacional. Esta decisión se encontró con la negativa de los sindicatos docentes, quienes argumentaban la irresponsabilidad de dicha política ante el aumento de contagios. Para entender este panorama, es importante mencionar que Argentina es un sistema educativo federativo y descentralizado donde cada región gestiona con los docentes de su territorio. En abril, las clases se suspendieron en Buenos Aires, en el marco de las medidas de aislamiento dictadas por el gobierno argentino. Sin embargo, unos días después, la Cámara de Apelaciones falló en contra de la suspensión. El fallo fue en respuesta de dos amparos de organizaciones de padres de familia que estaban a favor de la apertura, y que fueron respaldados por el alcalde[10]. Se acordó que las clases presenciales iniciarían en los siguientes días, ante lo cual los sindicatos docentes anunciaron una huelga. Sin embargo, las clases no se retomaron en su totalidad durante esos meses. Fue desde el primero de septiembre que el Gobierno Argentino anunció intensificar la presencialidad en el país a partir de los cambios aprobados en los protocolos sanitarios de las escuelas. Esta decisión continúa siendo disputada por los sindicatos docentes, quienes demandan más seguridad para los estudiantes y para ellos.

La situación de los docentes varía según cada país de América Latina, pero un elemento común es que muchos sindicatos han criticado los planes de apertura. La situación de Argentina se repite en Chile, Brasil, Uruguay y Perú. Con estos antecedentes, será clave identificar cuáles son las razones que los docentes de la región argumentan para criticar la apertura, así como las condiciones que reclaman. Como muchos problemas sociales, las demandas docentes no se deberían entender como individualizadas, sino como un fenómeno social, enmarcado en un contexto histórico de la cuestión docente en la región y de los efectos que también ha tenido la pandemia en ellos y en su bienestar.

Por otro lado, el tema de la descentralización educativa en el proceso de apertura ha sido clave para casi todas las experiencias de la región. Un aspecto primordial para el retorno que ha sido adoptado por la mayoría de los países en América Latina es la implementación de una estrategia escalonada y gradual. La apertura gradual se enmarca, en casi todos los países, en una estrategia descentralizada, donde los distintos estados, departamentos o jurisdicciones han tenido la posibilidad de determinar la progresividad de la apertura en su territorio, tal como ha ocurrido en Perú, Argentina, Chile y Brasil. La pandemia pareciera haber resaltado la importancia de la gestión con enfoque territorial y las decisiones en el marco de un proceso de descentralización. Es clave, sin embargo, considerar los distintos niveles de institucionalidad de la gestión descentralizada entre estos países para entender las diferencias en el éxito o dificultades de ese proceso.

Las demandas docentes deben ser tomadas en cuenta y entenderse como un fenómeno social, considerando, también, los efectos que ha tenido la pandemia en ellos y en su bienestar.

Otro elemento importante es la evidencia en la que se basan las autoridades de los países para justificar sus decisiones respecto a la apertura, así como para darle confianza a la población sobre el proceso de reapertura. En el caso de Chile, el secretario de Estado declaró que las decisiones del Gobierno se basan en estudios internacionales sobre reaperturas de escuelas que indican que los estudiantes transmiten y contagian menos que la población general, y que el funcionamiento presencial en establecimientos no ha generado rebrotes importantes. De la misma forma, en el caso de Argentina, el exministro de Educación Nicolás Trotta ha reiterado que “la evidencia nos permite confirmar que bajo los protocolos y cuidados necesarios para prevenir contagios de coronavirus la escuela es un lugar seguro”[11]. En cambio, en el caso de Perú, ciertas autoridades educativas han brindado información contradictoria con la evidencia científica internacional para sustentar que no se continúe con la apertura gradual a nivel nacional[12].

El uso de la evidencia científica para la toma de decisiones sobre la apertura y la comunicación transparente sobre estos pasos a la población han sido resaltados como elementos clave en países que regresaron a la presencialidad en el 2020. Este tema es clave en dos aspectos: en primer lugar, debido a que nueva evidencia sobre la COVID-19 surgía constantemente, especialmente con la aparición de nuevas cepas; por lo que era necesario contar con medidas sanitarias flexibles que se adapten a estos cambios. Países como Uruguay o Chile implementaron comités consultivos en las regiones y escuelas que debían estar al tanto de la nueva evidencia. Por otro lado, estas experiencias resaltan la importancia de: las políticas presentadas de manera transparente; la comunicación clara y efectiva basada en evidencia (que fue clave incluso en contextos donde la reapertura era impopular); los mensajes alineados en todos los niveles de gobierno y criterios, y de los planes de contingencia compartidos con la población.

Como hemos podido ver, las consecuencias generadas por la COVID-19 presentan ciertos elementos comunes en los sistemas educativos de la región. En líneas generales, se identifica que no hay un consenso entre los distintos actores de la comunidad educativa ante la reapertura en distintos países de la región, y que los distintos gobiernos han tomado una serie de decisiones y negociaciones en este contexto polarizado. Por otro lado, se encuentra que se ha brindado distinta prioridad a la reapertura desde los gobiernos, así como a la divulgación de evidencia científica que sustente tanto las decisiones sobre la reapertura como para generar confianza entre la comunidad educativa y la opinión pública. Entre algunos elementos comunes encontramos los planes escalonados y graduales para el retorno (algunos más rápidos y otros más conservadores) en el marco de un proceso descentralizado.

Generalmente, tendemos a pensar y reflexionar los problemas del Perú limitados por nuestras fronteras nacionales, cuando hay mucho por reflexionar desde la experiencia de nuestros países vecinos sin perder las particularidades de nuestro contexto e historia. Si bien en este artículo se han identificado una serie de elementos en las experiencias de la reapertura de un grupo de países de Latinoamérica, es importante mencionar que este es solo un breve recuento y que será clave seguir reflexionando en esta problemática; así como incorporar las investigaciones sobre la pedagogía en el nuevo contexto educativo, y los retos y las prioridades de las competencias que pueden trabajarse de manera remota.

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[1] Fuente: García, 2020. COVID-19 y educación primaria y secundaria: repercusiones de la crisis e implicaciones de política pública para América Latina y el Caribe. PNUD LAC C19 PDS Nro. 20. UNICEF.  Ver: https://www.unicef.org/lac/media/16851/file/CD19-PDS-Number19-UNICEF-Educacion-ES.pdf
[2] Fuente: García, 2020. COVID-19 y educación primaria y secundaria: repercusiones de la crisis e implicaciones de política pública para América Latina y el Caribe. PNUD LAC C19 PDS Nro. 20. UNICEF.  Ver: https://www.unicef.org/lac/media/16851/file/CD19-PDS-Number19-UNICEF-Educacion-ES.pdf
[3] Sanchez, A., Catherine Porter, Favara, M., & Scott, D. (2021). The impact of COVID-19 lockdowns on physical domestic violence: Evidence from a list randomization experiment | GRADE. SSM-population health, 14, 100792.
[4] Azevedo, J. P., Hasan, A., Goldemberg, D., Geven, K., & Iqbal, S. A. (2021). Simulating the potential impacts of COVID-19 school closures on schooling and learning outcomes: A set of global estimates. The World Bank Research Observer, 36(1), 1-40.
[5] Le siguen América del Norte con 46 semanas, Asia con 44 semanas, África con 30 semanas, Europa con 28 semanas y Oceanía con 9 semanas. Asimismo, el promedio de escuelas completamente cerradas a nivel mundial es de 19 semanas, mientras que en América del Sur es de 28 semanas. Fuente: UNESCO, 2021. “Global monitoring of school closures caused by COVID-19”. Ver https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#durationschoolclosures. Fecha de corte: 31/10/2021.
[6] Fuente: UNICEF, 2021: p.1. Ver https://www.unicef.org/lac/media/29081/file
[7] Excepto Uruguay que se encuentra totalmente abierto. Fuente UNESCO, 2021. “Global monitoring of school closures caused by COVID-19”. Ver: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#durationschoolclosures. Fecha de corte: 31/10/2021
[8] Ibídem.
[9] Fuente: UNICEF, 2021: p.2. Ver: https://www.unicef.org/lac/media/29081/file
[10]https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/coronavirus-argentina-tribunal-falla-contra-suspension-de-clases-presenciales-en-escuelas-de-buenos-aires-alberto-fernandez-noticia/?ref=ecr
[11] Ver: https://www.elpaisdiario.com.ar/politica/pese-a-los-rumores-de-cierre-total-para-el-ministro-trotta-la-escuela-es-un-lugar-seguro-40894/
[12] https://ojo-publico.com/2946/es-falso-el-dato-del-ministro-de-educacion-sobre-la-covid-19-en-ninos

Verano 2021/2022


María Fernanda Rodríguez 

Grupo de Análisis para el Desarrollo – GRADE




Coyuntura política en México y su implicancia para las democracias de América Latina

México es un país complejo, diverso y con retos, añejos y recientes. Por ello, no extraña que algunos de los aspectos más relevantes de la situación del país sean temas arrastrados de años y décadas anteriores. A continuación, abordamos algunos de los aspectos de la coyuntura mexicana actual.

  1. Las elecciones del 6 de junio

El 6 de junio pasado, México tuvo la elección más ambiciosa de su historia al elegir popularmente 20,415 cargos, incluidos diputados federales y locales, 15 gubernaturas y presidencias municipales[1].

Con 671 personas candidatas independientes, y un proceso cuidado para que la pandemia no fuera un impedimento, se superó el 52% en la participación ciudadana, comportamiento inusual en elecciones de medio término. Si bien existen decenas de impugnaciones pendientes, estas son mínimas y los mismos participantes en la contienda han aceptado, en lo global, los resultados.

El proceso electoral mostró varias de las problemáticas a las que el país se ha enfrentado en fechas recientes, entre las que se encuentran la violencia política (incluida la de género), el descrédito de los partidos políticos y sus candidatos y candidatas, así como los ataques hacia el árbitro de la contienda.

a. La violencia político-electoral

Desde hace años, las elecciones en México se han visto ensombrecidas por la violencia hacia candidatos y candidatas, especialmente de los cargos más cercanos como las municipalidades. Empero, en cada proceso electoral la violencia crece tanto en el número de víctimas como en la audacia e impunidad de sus victimarios.

El reciente proceso electoral ha sido calificado como el más violento en la historia de México y ameritó el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a prevenir y sancionar estos hechos. El saldo fue de 1,066 agresiones (incluidos 102 homicidios, 36 contra personas candidatas), 48 intentos de asesinatos, 339 amenazas, 89 ataques contra colaboradores, 71 daños a la propiedad y 65 robos, entre otros[2].

El 56% del total de las agresiones se produjo en lugares públicos, incluyendo la vía pública y los domicilios de las víctimas[3]. Los ataques provinieron de sujetos desconocidos, civiles armados, militantes de partidos políticos, extorsionadores, grupos de choque e integrantes de la delincuencia organizada[4].

Aún, el día de la elección se reportaron diversos incidentes que obligaron a la suspensión de la elección, del escrutinio y/o cómputo en más del 50% (17 de las 32) de entidades del país[5].

Finalmente, tratándose de la violencia política contra las mujeres en razón de género (figura incorporada a la legislación electoral en abril de 2020), el Instituto Nacional Electoral (INE) informó sobre la sanción de 56 personas durante este proceso[6].

b. El descrédito de partidos políticos y de personas candidatas

Las críticas sobre la nula credibilidad en los partidos políticos y una notoria polarización social caracterizaron el proceso electoral, evidenciando la división que mantiene a la población mexicana entre quienes están a favor y en contra del presidente Manuel López Obrador.

La renuencia de los partidos de garantizar una efectiva paridad de género en sus candidaturas (relegando, por ejemplo, a las candidatas a puestos menos atractivos) y la postulación de candidatos con acusaciones graves de violación o trata, evidenciaron las persistentes brechas de género en el país.

Fueron una constante la falta de transparencia y desesperación de los partidos políticos, y el refrito de candidatos y candidatas que fueron reutilizados para la contienda o cambiaron a otras fuerzas políticas. El proceso electoral mostró la lejanía que había entre las personas candidatas y el electorado al hacer propuestas poco novedosas, sin sustento o simples ocurrencias que no respondían a las realidades y necesidades de las personas.

c. Los ataques al árbitro de la contienda

En México, el diseño y construcción de órganos autónomos en diferentes materias (incluida la electoral) ha sido un logro. En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), en 1996 se constitucionalizó su autonomía y en 2014 se suprimió al IFE para crear al INE, que concentraría el proceso electoral con el fin de homologar criterios y prácticas.

El INE ha recibido críticas por el sesgo en algunas decisiones y el salario que reciben sus 11 consejeros/as electorales, a lo que se añade el desmedido presupuesto asignado por ley a los partidos políticos, el alto costo de las elecciones, la calidad y cantidad de partidos políticos que han encontrado una cómoda y fácil forma de vida.

Quienes presentan argumentos a favor del INE rescatan la complejidad, seriedad, periodicidad y certeza en los procesos electorales, así como la autonomía institucional y presupuestaria del órgano.

En esta elección, existió una fuerte tensión entre el INE y el presidente de la República, quien -al igual que otros gobernantes- aprovechó sus conferencias de prensa para hablar de los logros de su gobierno e incriminar a candidatos y políticos de otros partidos políticos en delitos.

Ello, sumada a la inconformidad presidencial por no haber aprovechado las elecciones para realizar una consulta popular promovida por el mismo ejecutivo federal como parte de una promesa de campaña y la actual crisis en que se encuentra la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por fuertes pugnas y destituciones internas, ha significado que el presidente y legisladores de Morena hayan iniciado una campaña de desprestigio contra el INE, anunciando una reforma que implicaría despojarle de su autonomía.

 

Las conferencias de prensa diarias del presidente López Obrador, las cuales suponían lograr cercanía e inmediatez en la información presentada por el Ejecutivo, fueron utilizadas para difundir fake news y ataques a opositores.

 

  1. Otros elementos del contexto mexicano

El panorama electoral se concatena con un contexto más amplio compuesto, al menos, de siete factores.

El primero es el colapso del sistema de salud. Desde que se anunció en 2020 la sustitución del seguro popular por el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), no ha habido condiciones, presupuesto ni coordinaciones necesarias para su implementación. Además, la decisión de suspender inmediatamente la compra de medicamentos con la justificación de que ello propiciaba la corrupción con farmacéuticas, ha deteriorado la salud de miles de personas con cáncer, problemas renales, diabetes y otras enfermedades.

La actuación ante la pandemia del COVID-19 ha sido severamente criticada al no contarse con estrategias claras y coordinadas entre la federación y las 32 entidades (que han usado indicadores distintos para la toma de decisiones), lo cual ha significado que México (que ha sido acusado de un subregistro en las cifras) sea de los países con mayor número de decesos a nivel mundial, junto con Estados Unidos, Brasil y la India. Esta situación ha contribuido a la desaceleración de la economía y al aumento de la pobreza, en un gobierno que mantiene una visión asistencialista en sus programas sociales.

El segundo elemento son los contrapesos y el equilibrio de poderes. En los dos últimos años, algunas instituciones autónomas (como las de derechos humanos, acceso a la información o energía) han sido socavadas con intentos de reformas legales, con la complicidad del Poder Legislativo. Grandes iniciativas de reformas poco claras (como la energética) o ambiciosos megaproyectos públicos han sido frenados por una cantidad mínima de jueces federales.

A ello se suma una reforma regresiva a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que pondría en peligro la autonomía de los fiscales, posibilitaría la concentración de facultades en el fiscal general, dificultaría la rendición de cuentas y desatendería una serie de obligaciones relacionadas con la atención a víctimas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y la búsqueda de personas desaparecidas.

En este año se dio una ambiciosa reforma al Poder Judicial de la Federación que busca modernizar y hacer más accesible la justicia, evitar el nepotismo y la corrupción y contar con una defensoría pública más eficiente. No obstante, la atención se ha centrado en la controversial propuesta para extender el período del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación junto con reformas a la carrera judicial que pondrían en riesgo la independencia judicial.

El tercer elemento es la intolerancia a la crítica. Este gobierno ha centrado su estrategia en la comunicación en conferencias de prensa diarias donde el presidente y las personas de su gabinete informan y contestan a preguntas de los diferentes medios de comunicación.

Este espacio buscaba lograr mayor cercanía e inmediatez en la información presentada por el Ejecutivo federal y los medios de comunicación. No obstante, ha sido utilizado para difundir información falsa (fake news), atacar a “adversarios”, “conservadores”, “neoliberales” o “desestabilizadores”, términos que incluyen indistintamente a políticos, empresarios, diplomáticos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y periodistas. Más preocupante aún: el 30 de junio el presidente López Obrador añadió una sección semanal titulada “Quién es quién en las mentiras” iniciada como justificación para usar su derecho de réplica, lo cual ha generado interminables reacciones que denuncian los ataques a la prensa y la violación a la libertad de expresión.

El cuarto factor es la persistente violencia y el rol de las fuerzas armadas. Ha sido ampliamente documentado que, a partir del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) aumentaron estrepitosamente los delitos y la violencia. Desde entonces, y salvo excepciones, la tendencia ha ido como se muestra en la siguiente tabla (Anexo 1).

A lo anterior se suman las agresiones a personas defensoras de derechos humanos (PDDH) y periodistas. De acuerdo con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, durante 2019 se admitió a 97 PDDH y a 87 periodistas; en 2020 fueron 60 y 67 ingresos, respectivamente. De enero a abril de 2021, se había admitido a 34 PDDH y 30 periodistas. A esa fecha, el total de personas beneficiarias era de 1,455 y los principales agresores eran funcionarios públicos[7], ante un mecanismo incapaz y precario para garantizar la protección que necesitan.

Según registro de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en 2020 fueron asesinados siete periodistas; en 2021 se han registrado cinco asesinatos y dos desaparecidos. En 2020 documentó al menos siete asesinatos de PDDH y en lo que va de 2021 ha registrado ocho[8].

Ante este continuum de violencia, especialmente en las tres últimas administraciones, se ha confiado infructuosamente en las Fuerzas Armadas para realizar las labores de seguridad pública y pacificar al país. En la actual administración se ha fortalecido de manera desproporcionada el liderazgo y protagonismo militar al legalizar la Guardia Nacional (que, si bien inicialmente se mencionó que su mando sería civil y su intervención en labores de seguridad sería extraordinaria, en la actualidad no es así), darle facultades no sólo de prevención sino de investigación, asignarle cuantiosos proyectos de infraestructura pública, dotarle de importantes recursos, facultarle a realizar labores migratorias y darle el control de los puertos a la Marina, entre otros. La militarización, lejos de reducirla, sigue incidiendo en la continuidad de la violencia[9].

El quinto aspecto es un desinterés por los derechos humanos. Si bien existen funcionarios federales comprometidos, y salvo lo relacionado con la justa atención en las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la llamada “Guerra Sucia” y en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, es palpable la desatención en el tema al no adoptar medidas serias ante las reiteradas protestas por el incremento de las violencias de género (ante fuertísimas e históricas manifestaciones), el aumento de las desapariciones, las constantes violaciones de derechos humanos a las personas en contextos de movilidad humana (especialmente migrantes, solicitantes de asilo y personas desplazadas), indígenas, personas con discapacidad y niños, niñas y adolescentes, el despojo de territorios, la contaminación ambiental y del agua, entre otros.

A lo anterior se añade la disminución de presupuesto a instituciones vinculadas con estos temas, la ausencia en el nombramiento de titulares de algunas instituciones y el incumplimiento de decisiones internacionales que podrían lograr importantes transformaciones en el país.

Un sexto elemento es el tímido avance en el combate a la corrupción y la impunidad (que alcanzó el 92.4% según el World Justice Proyect), así como la ineficacia del Sistema Nacional Anticorrupción creado como una apuesta decisiva en la prevención, sanción y erradicación de este mal que ha posicionado al país en el último lugar de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al encontrarse en el lugar 124 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)[10].

El último aspecto es el viraje en parte de la política exterior, liderada por el canciller Marcelo Ebrard, puesto que el presidente López Obrador privilegia la política interna del país. México, país que tiene una importante presencia y credibilidad internacional, ha apelado a la “doctrina Estrada” para mantener una preocupante neutralidad ante la mayoría de los quebrantos a la democracia o infracciones al derecho internacional.

Breve conclusión

México ha vivido por décadas diferentes problemáticas, algunas de las cuales se comparten con otros países de América Latina. Lamentablemente, las soluciones no han estado a la altura de los retos. Ante un marcado protagonismo del Ejecutivo federal que minimiza a otros poderes (incluidos los gobiernos de las 32 entidades), las políticas públicas, populistas y ocurrentes, siguen incrementando la polarización social, la pobreza, la violencia, la intolerancia, la corrupción, la impunidad y la precariedad.

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[1] INE. Elecciones 2021: Numeralia 2020-2021, pp. 15 y 117. Disponible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118602/numeralia-final05082021.pdf?sequence=3&isAllowed=y.
[2] Etellekt Consultores. Séptimo informe de violencia política en México. Proceso electoral 2020-2021. 21 de junio de 2021. Gráfico 1, pág. 13. Disponible en: https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-J21-etellekt.html.
[3] Ídem. Gráfico 6, pág. 17.
[4] Ídem. Gráfico 9, pág. 18.
[5] INE. Elecciones 2021: Numeralia 2020-2021. Op. Cit., pp. 110-111.
[6] Ídem., pág. 8.
[7] Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Informes Estadísticos Mensuales. Disponible en: https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/documentos/informe-estadistico-enero-2020?idiom=es.
[8] ONU-DH. La ONU-DH condena los asesinatos de los periodistas Ricardo López Domínguez y Abraham Mendoza Mendoza. Comunicado de 27 de julio de 2021. Disponible en: https://hchr.org.mx/comunicados/la-onu-dh-condena-los-asesinatos-de-los-periodistas-ricardo-lopez-dominguez-y-abraham-mendoza-mendoza/ y ONU-DH. ONU-DH condena el asesinato de Aranza Ramos en Sonora. Comunicado de 19 de julio de 2021. Disponible en: https://hchr.org.mx/comunicados/la-onu-dh-condena-los-asesinatos-de-los-periodistas-ricardo-lopez-dominguez-y-abraham-mendoza-mendoza/; y ONU-DH México condena el asesinato de la defensora Mireya Rodríguez Lemus en Chihuahua. Comunicado de 10 de septiembre de 2020. Disponible en: https://hchr.org.mx/comunicados/onu-dh-mexico-condena-el-asesinato-de-la-defensora-mireya-rodriguez-lemus-en-chihuahua/.
[9] Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Poder militar: la Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense. México. 2021. Disponible en:  https://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2021/06/Informe_Poder_Militar.pdf.
[10] Animal Político. México mejora calificación en índice de corrupción pero sigue como el peor de la OCDE. Nota de 28 de enero de 2021. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2021/01/mexico-mejora-indice-corrupcion-peor-ocde/.

Primavera 2021


María Alejandra Nuño Ruiz Velasco

ITESO – Universidad Jesuita de Guadalajara