Coyuntura política en México y su implicancia para las democracias de América Latina

México es un país complejo, diverso y con retos, añejos y recientes. Por ello, no extraña que algunos de los aspectos más relevantes de la situación del país sean temas arrastrados de años y décadas anteriores. A continuación, abordamos algunos de los aspectos de la coyuntura mexicana actual.

  1. Las elecciones del 6 de junio

El 6 de junio pasado, México tuvo la elección más ambiciosa de su historia al elegir popularmente 20,415 cargos, incluidos diputados federales y locales, 15 gubernaturas y presidencias municipales[1].

Con 671 personas candidatas independientes, y un proceso cuidado para que la pandemia no fuera un impedimento, se superó el 52% en la participación ciudadana, comportamiento inusual en elecciones de medio término. Si bien existen decenas de impugnaciones pendientes, estas son mínimas y los mismos participantes en la contienda han aceptado, en lo global, los resultados.

El proceso electoral mostró varias de las problemáticas a las que el país se ha enfrentado en fechas recientes, entre las que se encuentran la violencia política (incluida la de género), el descrédito de los partidos políticos y sus candidatos y candidatas, así como los ataques hacia el árbitro de la contienda.

a. La violencia político-electoral

Desde hace años, las elecciones en México se han visto ensombrecidas por la violencia hacia candidatos y candidatas, especialmente de los cargos más cercanos como las municipalidades. Empero, en cada proceso electoral la violencia crece tanto en el número de víctimas como en la audacia e impunidad de sus victimarios.

El reciente proceso electoral ha sido calificado como el más violento en la historia de México y ameritó el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a prevenir y sancionar estos hechos. El saldo fue de 1,066 agresiones (incluidos 102 homicidios, 36 contra personas candidatas), 48 intentos de asesinatos, 339 amenazas, 89 ataques contra colaboradores, 71 daños a la propiedad y 65 robos, entre otros[2].

El 56% del total de las agresiones se produjo en lugares públicos, incluyendo la vía pública y los domicilios de las víctimas[3]. Los ataques provinieron de sujetos desconocidos, civiles armados, militantes de partidos políticos, extorsionadores, grupos de choque e integrantes de la delincuencia organizada[4].

Aún, el día de la elección se reportaron diversos incidentes que obligaron a la suspensión de la elección, del escrutinio y/o cómputo en más del 50% (17 de las 32) de entidades del país[5].

Finalmente, tratándose de la violencia política contra las mujeres en razón de género (figura incorporada a la legislación electoral en abril de 2020), el Instituto Nacional Electoral (INE) informó sobre la sanción de 56 personas durante este proceso[6].

b. El descrédito de partidos políticos y de personas candidatas

Las críticas sobre la nula credibilidad en los partidos políticos y una notoria polarización social caracterizaron el proceso electoral, evidenciando la división que mantiene a la población mexicana entre quienes están a favor y en contra del presidente Manuel López Obrador.

La renuencia de los partidos de garantizar una efectiva paridad de género en sus candidaturas (relegando, por ejemplo, a las candidatas a puestos menos atractivos) y la postulación de candidatos con acusaciones graves de violación o trata, evidenciaron las persistentes brechas de género en el país.

Fueron una constante la falta de transparencia y desesperación de los partidos políticos, y el refrito de candidatos y candidatas que fueron reutilizados para la contienda o cambiaron a otras fuerzas políticas. El proceso electoral mostró la lejanía que había entre las personas candidatas y el electorado al hacer propuestas poco novedosas, sin sustento o simples ocurrencias que no respondían a las realidades y necesidades de las personas.

c. Los ataques al árbitro de la contienda

En México, el diseño y construcción de órganos autónomos en diferentes materias (incluida la electoral) ha sido un logro. En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), en 1996 se constitucionalizó su autonomía y en 2014 se suprimió al IFE para crear al INE, que concentraría el proceso electoral con el fin de homologar criterios y prácticas.

El INE ha recibido críticas por el sesgo en algunas decisiones y el salario que reciben sus 11 consejeros/as electorales, a lo que se añade el desmedido presupuesto asignado por ley a los partidos políticos, el alto costo de las elecciones, la calidad y cantidad de partidos políticos que han encontrado una cómoda y fácil forma de vida.

Quienes presentan argumentos a favor del INE rescatan la complejidad, seriedad, periodicidad y certeza en los procesos electorales, así como la autonomía institucional y presupuestaria del órgano.

En esta elección, existió una fuerte tensión entre el INE y el presidente de la República, quien -al igual que otros gobernantes- aprovechó sus conferencias de prensa para hablar de los logros de su gobierno e incriminar a candidatos y políticos de otros partidos políticos en delitos.

Ello, sumada a la inconformidad presidencial por no haber aprovechado las elecciones para realizar una consulta popular promovida por el mismo ejecutivo federal como parte de una promesa de campaña y la actual crisis en que se encuentra la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por fuertes pugnas y destituciones internas, ha significado que el presidente y legisladores de Morena hayan iniciado una campaña de desprestigio contra el INE, anunciando una reforma que implicaría despojarle de su autonomía.

 

Las conferencias de prensa diarias del presidente López Obrador, las cuales suponían lograr cercanía e inmediatez en la información presentada por el Ejecutivo, fueron utilizadas para difundir fake news y ataques a opositores.

 

  1. Otros elementos del contexto mexicano

El panorama electoral se concatena con un contexto más amplio compuesto, al menos, de siete factores.

El primero es el colapso del sistema de salud. Desde que se anunció en 2020 la sustitución del seguro popular por el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), no ha habido condiciones, presupuesto ni coordinaciones necesarias para su implementación. Además, la decisión de suspender inmediatamente la compra de medicamentos con la justificación de que ello propiciaba la corrupción con farmacéuticas, ha deteriorado la salud de miles de personas con cáncer, problemas renales, diabetes y otras enfermedades.

La actuación ante la pandemia del COVID-19 ha sido severamente criticada al no contarse con estrategias claras y coordinadas entre la federación y las 32 entidades (que han usado indicadores distintos para la toma de decisiones), lo cual ha significado que México (que ha sido acusado de un subregistro en las cifras) sea de los países con mayor número de decesos a nivel mundial, junto con Estados Unidos, Brasil y la India. Esta situación ha contribuido a la desaceleración de la economía y al aumento de la pobreza, en un gobierno que mantiene una visión asistencialista en sus programas sociales.

El segundo elemento son los contrapesos y el equilibrio de poderes. En los dos últimos años, algunas instituciones autónomas (como las de derechos humanos, acceso a la información o energía) han sido socavadas con intentos de reformas legales, con la complicidad del Poder Legislativo. Grandes iniciativas de reformas poco claras (como la energética) o ambiciosos megaproyectos públicos han sido frenados por una cantidad mínima de jueces federales.

A ello se suma una reforma regresiva a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que pondría en peligro la autonomía de los fiscales, posibilitaría la concentración de facultades en el fiscal general, dificultaría la rendición de cuentas y desatendería una serie de obligaciones relacionadas con la atención a víctimas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y la búsqueda de personas desaparecidas.

En este año se dio una ambiciosa reforma al Poder Judicial de la Federación que busca modernizar y hacer más accesible la justicia, evitar el nepotismo y la corrupción y contar con una defensoría pública más eficiente. No obstante, la atención se ha centrado en la controversial propuesta para extender el período del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación junto con reformas a la carrera judicial que pondrían en riesgo la independencia judicial.

El tercer elemento es la intolerancia a la crítica. Este gobierno ha centrado su estrategia en la comunicación en conferencias de prensa diarias donde el presidente y las personas de su gabinete informan y contestan a preguntas de los diferentes medios de comunicación.

Este espacio buscaba lograr mayor cercanía e inmediatez en la información presentada por el Ejecutivo federal y los medios de comunicación. No obstante, ha sido utilizado para difundir información falsa (fake news), atacar a “adversarios”, “conservadores”, “neoliberales” o “desestabilizadores”, términos que incluyen indistintamente a políticos, empresarios, diplomáticos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y periodistas. Más preocupante aún: el 30 de junio el presidente López Obrador añadió una sección semanal titulada “Quién es quién en las mentiras” iniciada como justificación para usar su derecho de réplica, lo cual ha generado interminables reacciones que denuncian los ataques a la prensa y la violación a la libertad de expresión.

El cuarto factor es la persistente violencia y el rol de las fuerzas armadas. Ha sido ampliamente documentado que, a partir del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) aumentaron estrepitosamente los delitos y la violencia. Desde entonces, y salvo excepciones, la tendencia ha ido como se muestra en la siguiente tabla (Anexo 1).

A lo anterior se suman las agresiones a personas defensoras de derechos humanos (PDDH) y periodistas. De acuerdo con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, durante 2019 se admitió a 97 PDDH y a 87 periodistas; en 2020 fueron 60 y 67 ingresos, respectivamente. De enero a abril de 2021, se había admitido a 34 PDDH y 30 periodistas. A esa fecha, el total de personas beneficiarias era de 1,455 y los principales agresores eran funcionarios públicos[7], ante un mecanismo incapaz y precario para garantizar la protección que necesitan.

Según registro de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en 2020 fueron asesinados siete periodistas; en 2021 se han registrado cinco asesinatos y dos desaparecidos. En 2020 documentó al menos siete asesinatos de PDDH y en lo que va de 2021 ha registrado ocho[8].

Ante este continuum de violencia, especialmente en las tres últimas administraciones, se ha confiado infructuosamente en las Fuerzas Armadas para realizar las labores de seguridad pública y pacificar al país. En la actual administración se ha fortalecido de manera desproporcionada el liderazgo y protagonismo militar al legalizar la Guardia Nacional (que, si bien inicialmente se mencionó que su mando sería civil y su intervención en labores de seguridad sería extraordinaria, en la actualidad no es así), darle facultades no sólo de prevención sino de investigación, asignarle cuantiosos proyectos de infraestructura pública, dotarle de importantes recursos, facultarle a realizar labores migratorias y darle el control de los puertos a la Marina, entre otros. La militarización, lejos de reducirla, sigue incidiendo en la continuidad de la violencia[9].

El quinto aspecto es un desinterés por los derechos humanos. Si bien existen funcionarios federales comprometidos, y salvo lo relacionado con la justa atención en las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la llamada “Guerra Sucia” y en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, es palpable la desatención en el tema al no adoptar medidas serias ante las reiteradas protestas por el incremento de las violencias de género (ante fuertísimas e históricas manifestaciones), el aumento de las desapariciones, las constantes violaciones de derechos humanos a las personas en contextos de movilidad humana (especialmente migrantes, solicitantes de asilo y personas desplazadas), indígenas, personas con discapacidad y niños, niñas y adolescentes, el despojo de territorios, la contaminación ambiental y del agua, entre otros.

A lo anterior se añade la disminución de presupuesto a instituciones vinculadas con estos temas, la ausencia en el nombramiento de titulares de algunas instituciones y el incumplimiento de decisiones internacionales que podrían lograr importantes transformaciones en el país.

Un sexto elemento es el tímido avance en el combate a la corrupción y la impunidad (que alcanzó el 92.4% según el World Justice Proyect), así como la ineficacia del Sistema Nacional Anticorrupción creado como una apuesta decisiva en la prevención, sanción y erradicación de este mal que ha posicionado al país en el último lugar de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al encontrarse en el lugar 124 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)[10].

El último aspecto es el viraje en parte de la política exterior, liderada por el canciller Marcelo Ebrard, puesto que el presidente López Obrador privilegia la política interna del país. México, país que tiene una importante presencia y credibilidad internacional, ha apelado a la “doctrina Estrada” para mantener una preocupante neutralidad ante la mayoría de los quebrantos a la democracia o infracciones al derecho internacional.

Breve conclusión

México ha vivido por décadas diferentes problemáticas, algunas de las cuales se comparten con otros países de América Latina. Lamentablemente, las soluciones no han estado a la altura de los retos. Ante un marcado protagonismo del Ejecutivo federal que minimiza a otros poderes (incluidos los gobiernos de las 32 entidades), las políticas públicas, populistas y ocurrentes, siguen incrementando la polarización social, la pobreza, la violencia, la intolerancia, la corrupción, la impunidad y la precariedad.

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[1] INE. Elecciones 2021: Numeralia 2020-2021, pp. 15 y 117. Disponible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118602/numeralia-final05082021.pdf?sequence=3&isAllowed=y.
[2] Etellekt Consultores. Séptimo informe de violencia política en México. Proceso electoral 2020-2021. 21 de junio de 2021. Gráfico 1, pág. 13. Disponible en: https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-J21-etellekt.html.
[3] Ídem. Gráfico 6, pág. 17.
[4] Ídem. Gráfico 9, pág. 18.
[5] INE. Elecciones 2021: Numeralia 2020-2021. Op. Cit., pp. 110-111.
[6] Ídem., pág. 8.
[7] Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Informes Estadísticos Mensuales. Disponible en: https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/documentos/informe-estadistico-enero-2020?idiom=es.
[8] ONU-DH. La ONU-DH condena los asesinatos de los periodistas Ricardo López Domínguez y Abraham Mendoza Mendoza. Comunicado de 27 de julio de 2021. Disponible en: https://hchr.org.mx/comunicados/la-onu-dh-condena-los-asesinatos-de-los-periodistas-ricardo-lopez-dominguez-y-abraham-mendoza-mendoza/ y ONU-DH. ONU-DH condena el asesinato de Aranza Ramos en Sonora. Comunicado de 19 de julio de 2021. Disponible en: https://hchr.org.mx/comunicados/la-onu-dh-condena-los-asesinatos-de-los-periodistas-ricardo-lopez-dominguez-y-abraham-mendoza-mendoza/; y ONU-DH México condena el asesinato de la defensora Mireya Rodríguez Lemus en Chihuahua. Comunicado de 10 de septiembre de 2020. Disponible en: https://hchr.org.mx/comunicados/onu-dh-mexico-condena-el-asesinato-de-la-defensora-mireya-rodriguez-lemus-en-chihuahua/.
[9] Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Poder militar: la Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense. México. 2021. Disponible en:  https://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2021/06/Informe_Poder_Militar.pdf.
[10] Animal Político. México mejora calificación en índice de corrupción pero sigue como el peor de la OCDE. Nota de 28 de enero de 2021. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2021/01/mexico-mejora-indice-corrupcion-peor-ocde/.

Primavera 2021


María Alejandra Nuño Ruiz Velasco

ITESO – Universidad Jesuita de Guadalajara




Chile, ¿cambió?

Kiñelen Rakiduam
–“¿Por qué los muertos mapuche se van al mar?”

Se preguntaba el poeta a orillas del río Mapocho
–“Porque el cielo está lleno, y ya no caben
más en el cielo y porque es sólo para los que se
quieren salvar de este infierno.”

Respondió la niña, continuando su acostumbrada
tarea de juntar objetos raros entre las piedras
que dejaba el río en sus crecidas.
David Aniñir G[1]

¿Qué se puede escribir para quienes, desde la distancia, observan con atención, esperanza o incredulidad lo que sucede en este territorio denominado Chile? En términos comprensibles para quienes han gobernado, desde la recuperación de la democracia en 1989, todo comenzó con un alza en el sistema de transporte metropolitano subterráneo (conocido como metro) y las tímidas consultas de los periodistas de los medios de comunicación masivos al ministro responsable, quien, sin mayor atención, justificó dicha alza y además recomendó a los usuarios:

Una nueva alza tuvo la tarifa del transporte público metropolitano: ahora cuesta $830 subirse al Metro en horario punta, $30 más que hace una semana. En entrevista con CNN Chile, el ministro Economía, Juan Andrés Fontaine, dijo que “es bueno recordar que, si bien los buses suben $10, que es lo que indica para esos efectos la ley cuando suben los costos, en el caso del Metro, que hay más flexibilidad, esa alta de costos se distribuye de manera distinta en los distintos horarios y, por ejemplo, se está rebajando fuertemente en horario valle, de manera que alguien que sale más temprano y toma el Metro a las 7:00 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy. Ahí se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Cuando los costos suben, no hay muchas opciones”. [2]

Insospechadamente. Sí, porque nadie lo esperaba. Cual movimiento telúrico, de esos que como pueblo hemos naturalizado, a tal punto de no poner mayor atención, salvo que el mundo se esté viniendo abajo (algo así ocurrió). Comenzó a temblar. El primer movimiento tectónico se produjo el día 07 de octubre, cuando un grupo de jóvenes pertenecientes a uno de los liceos públicos más emblemáticos del país irrumpieron en una de las estaciones del metro e hicieron uso del sistema sin pagar.

El primer lunes de octubre del 2019, una avalancha de estudiantes secundarios fue grabado bajando las escaleras del metro U. de Chile y saltando los torniquetes sin pagar. No está claro si fueron los primeros en hacerlo.[3]

Luego y a diario vendrían nuevos movimientos similares, como preludio del cataclismo social que se produjo el 19 de octubre del 2019. De ahí en adelante, nada volvió a ser como antes.

En el escenario anteriormente reconstruido, mención aparte merecen los pueblos indígenas, polinésicos y afrodescendientes; quienes desde hace mucho tiempo atrás vienen, insistentemente, rechazando el modelo al que violentamente fueron incorporados, tanto ellos como sus territorios. Luchando por la restitución de sus tierras, negándose a los proyectos de alto impacto ambiental en sus territorios, dando a conocer su escasa participación política en la administración del Estado, denunciando una educación descontextualizada y mercantilizada, y sin duda, exigiendo poner fin a la violencia institucionalizada ejercida por los gobiernos, los tribunales de justicia y las policías en Chile en contra de sus comunidades y personas de origen indígena (polinésico) y afrodescendiente. Luego de tantos muertos, luego de tantas marchas, luego de tantas noticias, es que cada una de esas demandas comienza a ser comprendida por los chilenos[4]. Especialmente por los jóvenes.

Fue entonces que la anhelada memoria desplazó a la historiografía, y la vista y atención de los testigos del cataclismo social comenzaron a recordar y a sentir en sus cuerpos violentados[5] que la ausencia de justicia y el racismo aparecen más de lo deseado. La muerte de indígenas a manos de Carabineros[6]; la muerte en extrañas circunstancias de activistas ambientales[7] y su privación de libertad[8]; la lógica de la puesta en escena[9] para incriminar a indígenas y desacreditar sus justas demandas se hicieron uno con el “no tiempo[10] de la revuelta[11] del 18 de octubre”.

Luego vendría el “acuerdo por la paz social y la nueva constitución”[12]. El plebiscito que aprobaba el establecimiento de una convención constitucional[13] y la elección de los escaños reservados para los Pueblos Indígenas[14], del que quedan excluidos el Pueblo Tribal afrodescendiente chileno bajo la excusa que el Estado no posee los elementos técnicos que le permitan identificar qué significa ser parte de este Pueblo[15]. La demanda de los representantes de las personas en situación de discapacidad, tampoco fue acogida[16]. Tal como lo describirá un titular de la radio de la Universidad de Chile, “la Nación” se resiste a cambiar.

El domingo 4 de julio del 2021[17], Chile, el que quiere cambiar, y ese otro Chile, que se aferra a mantener sus privilegios, con emoción, sorpresa, aspiración, enojo y perplejidad, vieron cómo se registraba un hecho inédito en la historia de este territorio. La memoria de los protagonistas hablará de las marchas, la represión de las fuerzas de orden, la detención de la interpretación del himno nacional. De largas votaciones que obligaron, a vista de todos/as[18], a organizarse en función de elegir la mesa directiva de la convención. Y ante nuestros ojos cansados, se producía lo que la ciudadanía había mandatado a través de su voto en el plebiscito del 25 de octubre del 2020. Las mayorías en toda su complejidad y diversidad (aquí una paradoja pues dentro de esta mayoría también estaban incluidos los pueblos indígenas y polinésicos, considerados por el Estado como minorías, a punto de extinguirse, casi inexistente, obligados al silencio) se hacían presente. Y las minorías que por algo más de 203 años gobernaron en nombre de todos/as. Es decir, de nosotros. Finalmente fueron minoría[19]. Veremos en unos años más qué dirá la historiografía de este hecho, por lo pronto guarda silencio (está paralizada) pues espera que transcurra el tiempo para no contaminar su relato. Apelando una vez al supuesto de la objetividad. Mentira. No reaccionan pues aun “el poder”, su empleador, no sabe cómo interpretar lo que está sucediendo. Una mujer, mapuche y académica resultó electa como presidenta[20] y un hombre, chileno y abogado como su vicepresidente[21]. El principio de la dualidad, la complementariedad, etc., dirán los investigadores. Como la vida misma dirán los que simplemente fueron testigos a través de la televisión, del hecho.

Transcurrido un poco más de un mes de su instalación, la Convención está dedicada a darse a sí misma los reglamentos necesarios para su óptimo funcionamiento[22]. Aun así, el Chile que no quiere cambiar, con ayuda de los medios de comunicación de su propiedad, insisten en buscar a diario la fisura que permita instalar un discurso de descalificación al trabajo de la Convención y los convencionales, que sume adherentes para que, en el plebiscito de salida[23], la propuesta de nueva constitución sea rechazada y así mantener lo que hoy con miedo imaginan perder, en esa eventual constitución escrita por todos. En los futuros gobiernos elegidos por todos, en un país en donde todos/as, tienen cabida, oportunidades, justicia, sueños. No solo ellos. Al terminar de escribir este artículo la Convención continúa con su trabajo y hasta ahora los sueños se mantienen. Chile aún no cambia o, mejor dicho, una minoría se resiste a cambiar.

Elisa Loncón es la primera presidenta de la Convención Constitucional de Chile. Mapuche, Magíster en Lingüistica por la UAM-Iztapalapa (México), con estudios en Canadá y Doctorado de Humanidades por la Universidad de Leiden (Canadá).

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[1] Aniñir D. Mapurbe (2009) Santiago de Chile. Pehuén., pág. 86
[2] CNN Chile. “Min. de Economía y nueva tarifa de Metro: “Quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”. Hoy es Noticia.07.10.2019. https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/entrevista-ministro-economia-tarifa-metro_20191007/ ( consultado agosto 2021)
[3] The Clinic. “Hace un año se produjo la primera evasión masiva en el Metro: Así fueron los tensos días previos al estallido social”. Actualidad. https://www.theclinic.cl/2020/10/07/hace-un-ano-se-produjo-la-primera-evasion-masiva-en-el-metro-asi-fueron-los-tensos-dias-previo-al-estallido-social/  ( consultado agosto 2021)
[4] Un caso emblemático que permite comprender esta incansable lucha los constituye el juicio conocido como “caso lonkos”. Ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos: CASO NORÍN CATRIMÁN Y OTROS (DIRIGENTES, MIEMBROS Y ACTIVISTA DEL PUEBLO INDÍGENA MAPUCHE) CHILE. SENTENCIA DE 29 DE MAYO DE 2014 (FONDO, REPARACIONES Y COSTAS). http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_279_esp.pdf (consultado agosto 2021). Defensoría. Pleno de la Corte Suprema respaldó fallo que dejó sin efecto condenas contra mapuches. Sala de Prensa. 16/05/2019. http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/9430/pleno-de-la-corte-suprema-respaldo-fallo-que-dejo-sin-efecto-condenas-contra-mapuches (consultado agosto 2020)
[5] Amnistía internacional. “OJOS SOBRE CHILE: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”. https://www.amnesty.org/es/latest/research/2020/10/eyes-on-chile-police-violence-at-protests/ (consultado agosto 2021)
[6] El Desconcierto. “Sentencias sin cárcel e investigaciones vacías: Los mapuche muertos que Chile olvidó”. Pais. 20.11.2018. https://www.eldesconcierto.cl/2018/11/20/sentencias-sin-carcel-e-investigaciones-vacias-los-mapuche-muertos-que-chile-olvido/ ( consultado agosto 2021)
[7] Freixas, Meritxell. “A 3 años de la muerte de Macarena Valdés: Nuevas pruebas podrían dar un vuelco al caso”. El Desconcierto. Pais 21.08.2019. https://www.eldesconcierto.cl/2019/08/21/a-3-anos-de-la-muerte-de-macarena-valdes-nuevas-pruebas-podrian-dar-un-vuelco-al-caso/ (consultado agosto 2021)
[8] Arias, Nadia. “Lonco Alberto Curamil: “Me preocupa que los dirigentes (ambientales) y más si somos mapuche, estemos siendo criminalizados en Chile”. El Mostrador. País. 28/12/2019. https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/12/28/lonco-alberto-curamil-me-preocupa-que-los-dirigentes-ambientales-y-mas-si-somos-mapuche-estemos-siendo-criminalizados-en-chile/  (consultado agosto 2021)
[9]  Basadre G, Pablo & Equipo CIPER. “Muerte de Catrillanca: así se inventó la versión falsa de Carabineros”. CIPER. Investigación. 01/02/2019. https://ciperchile.cl/2019/02/01/muerte-de-catrillanca-asi-se-invento-la-version-falsa-de-carabineros/ (consultado agosto 2021)
[10]  Ver Rancière, J. (2010). Momentos políticos, Buenos Aires: Capital Intelectual. De manera resumida podemos decir que los momentos políticos son micromomentos de antagonismo, de ruptura de los social es decir de un cuestionamiento a lo dado y por ello la posibilidad de ser cambiado.
[11] Ranciere Jacques. (mardi 8 janvier 2019). “Briser les cadres: Les vertus de l’inexplicable – à propos des «gilets jaunes»” Europe Solidaire Sans Frontières. Recuperado de http://www.europesolidaire. http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article47440 . García-Ormaechea A (Traductor). (8 de febrero de 2019 21:05h) Las virtudes de lo inexplicable: Jacques Rancière a propósito de los “chalecos amarillos” Interferencias.eldiario.es. Recuperado de https://www.eldiario.es/interferencias/chalecos-amarillos-jacques-ranciere_132_1708256.html  (consultado Agosto 2021)
[12] Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Acuerdo por la paz social y la nueva constitución.  https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/76280/1/Acuerdo_por_la_Paz.pdf ( consultado agosto 2021)
[13] Gobierno de Chile. Proceso constituyente. https://www.gob.cl/procesoconstituyente/ (consultado agosto 2021)
[14] Senado.cl “Ya es una realidad: escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constituyente”.  https://www.senado.cl/noticias/pueblos-originarios/ya-es-una-realidad-escanos-reservados-para-pueblos-originarios-en-la ( consultado agosto 2021)
[15] DiarioUchile. “Chile no despertó: exclusión del Pueblo Tribal Afrodescendiente chileno en los escaños reservados”. 15/12/2020. https://radio.uchile.cl/2020/12/15/chile-no-desperto-exclusion-del-pueblo-tribal-afrodescendiente-chileno-en-los-escanos-reservados/
[16] El mostrador. “Seguimos ausentes del proceso constituyente”. Matías Poblete. Opinión. 01/06/2021. https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2021/06/01/seguimos-ausentes-del-proceso-constituyente/ (consultado agosto 2021)
[17] Inicio e instalación de la Convención Constitucional
[18] Se hace esta distinción en virtud de privilegiar un lenguaje inclusivo
[19] Marcela Cubillos Sigall. Política de derecha, partidaria de la dictadura. Opositora a la realización de la convención constitucional y hoy electa convencional denominó a este fenómeno como “la tiranía de la mayoría”. Ver: CNN Chile. Marcela Cubillos acusa “tiranía de una mayoría que conduce a su arbitrio” en la Convención Constitucional. 08/07/2021. https://www.cnnchile.com/pais/marcela-cubillos-tirania-de-una-mayoria-convencion-constitucional_20210708/ (consultado agosto 2021)
[20] Elisa Loncón Antileo. Ver : https://www.elmostrador.cl/nueva-constitucion/2021/07/04/quien-es-elisa-loncon-la-profesora-mapuche-elegida-presidenta-de-la-convencion-constituyente-de-chile/ ( consultado agosto 2021)
[21] Jaime Bassa Mercado. Ver: https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2021/07/04/quien-es-jaime-bassa-el-abogado-sin-corbata-elegido-vicepresidente-de-la-convencion-constituyente-de-chile/ (consultado agosto 2021)
[22] Ver: https://constituyente.uchile.cl/
[23] “Una vez concluido el trabajo de la Convención, ésta deberá entregar su propuesta al Presidente de la República quien deberá convocar a un nuevo plebiscito, a celebrarse sesenta días después de publicada la convocatoria (o el domingo siguiente si los sesenta días no cayeran en día domingo). En este plebiscito, el sufragio será obligatorio y habrá una multa de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales para las personas habilitadas para votar y que no lo hagan. El voto tendrá el siguiente texto: “¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?”. Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una para cada una de las opciones de voto: “Apruebo” y “Rechazo””. Cita tomada de:  Gobierno de Chile. Proceso constituyente. https://www.gob.cl/procesoconstituyente/  (consultado agosto 2021)

Primavera 2021


Claudio Millacura Salas

Universidad de Chile




Vacunas y solidaridad internacional

En un artículo publicado por la costarricense Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, en “El Comercio” de Lima el último 17 de marzo, se lee lo siguiente: “Según el BID, atrasarnos un trimestre vacunando nos cuesta cerca de $ 125,000 millones en crecimiento, casi el 2,5% del PBI regional; perder un mes ahora es casi como perder un año luego. Para ello, América Latina, al igual que el mundo en desarrollo, necesita con urgencia mecanismos multilaterales de acceso universal a las vacunas, como el COVAX”.  El limitado alcance del COVAX.

El Covax Facility, como se sabe, es el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19, lanzado en abril de 2020. Se trata de una iniciativa que busca coordinar con los fabricantes de vacunas, de modo que todos los países del mundo tengan un acceso equitativo a vacunas seguras. Este mecanismo, con la participación de Bill Gates,  es liderado por la Alianza Mundial para las Vacunas (GAVI), la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Covax Facility busca compartir los riesgos asociados al desarrollo de vacunas, invirtiendo en el proceso de fabricación. Sin embargo, su alcance ha sido notoriamente limitado. La participación de las empresas y países productores de vacunas (que son principalmente EEUU, el Reino Unido, Alemania, China y Rusia) ha sido pavorosamente insuficiente. En general, se ha preferido el negocio de la venta de vacunas y/o su uso para fines de prestigio e influencia política, antes que la atención efectiva a un problema global ¿Cómo hablar entonces de solidaridad internacional frente a la urgencia de las vacunas?

En presencia de esta pandemia la solidaridad no es sólo un tema de valores humanos. Es, literalmente, una cuestión de sobrevivencia.

En efecto, la pandemia de la COVID-19 significa, muy probablemente, el ingreso de la humanidad a una fase histórica diferente. En primer lugar, porque todo nos lleva a pensar que, a las variantes de este virus, se sumarán nuevos virus que nos obligarán a vivir entre pandemias y vacunas, ocultos tras mascarillas y por períodos más o menos prolongados. Recuérdese, no más, que cuando todo esto empezó, discutíamos acerca del  número de días que podría durar. Luego, empezamos a hablar de semanas. Después de meses. Hoy llevamos más de un año y no puede asegurarse que la velocidad de producción y distribución de las vacunas, así como su vigencia, estén superando la reproducción y diversificación de los virus. Los científicos venían advirtiendo, desde antes de la COVID-19, que la agresión compulsiva de los seres humanos contra la naturaleza iba a producir, junto con el calentamiento global, un caldo de cultivo para nuevas, desconocidas y muy agresivas infecciones. La COVID-19 es la primera de ellas, no un evento aislado.

En segundo lugar, esta es la primera pandemia literalmente global que afecta a la humanidad. La peste de Justiniano en el siglo VI, la peste negra en el siglo XIV, la gripe española y otras pandemias del siglo XX, afectaron más o menos sucesivamente a diferentes áreas del planeta, pero ninguna de ella alcanzó simultáneamente, y con tanta intensidad, a la totalidad.

En el mundo de hoy, aunque se cierren aeropuertos, puertos y carreteras, no hay posibilidad de vencer a los virus en un solo país. Sólo un esfuerzo global puede vencer a un ataque global.

Pero, como lo ha anotado Ariela Ruiz Caro, en un sesudo análisis, “la reducida oferta para satisfacer la demanda mundial de las vacunas contra la COVID-19 es una preocupación creciente para los gobiernos, los organismos multilaterales y foros intergubernamentales. Las farmacéuticas que poseen los derechos de propiedad intelectual de la vacuna no cuentan con capacidad de producción suficiente para abastecer las necesidades globales. El 10 de febrero la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF denunciaron conjuntamente el acaparamiento de las vacunas de parte de los países desarrollados. Del total de 128 millones de dosis administradas hasta ese momento, más de las tres cuartas partes habían tenido lugar solo en diez países que representaban 60% del PBI global.

América Latina tiene dosis para inmunizar a menos del 3% de su población (…) La producción es insuficiente y estas han sido acaparadas por los países desarrollados quienes han comprado entre dos y tres veces las necesidades de su población, acción conocida como “nacionalismo de las vacunas”.

Los mecanismos de carácter voluntario para apoyar el acceso a las vacunas para los países de ingresos bajos y medios no han funcionado (…) El Centro de Acceso Global a Vacunas COVID-19 (Covax) (…) funciona de manera muy limitada. Estas llegan a cuenta gotas (…) Tampoco ha funcionado el “llamado a la acción solidaria” anunciado en mayo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para conformar un Technology Access Pool (C-TAP), una suerte de banco de datos que permitiría centralizar el conocimiento disponible para la prevención y el tratamiento de la COVID-19. A pesar de su carácter voluntario, la Federación Internacional de Compañías y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) la rechazó. El día que la OMS lanzó esta propuesta, Donald Trump anunció su retiro de esa organización por considerarla funcional a China”. De esta manera, el rechazo no ha operado sólo de modo implícito y silencioso. Ha sido expreso y tajante. La gran industria farmacéutica, de la que dependemos y que ha recibido ingente financiamiento público para inventar y producir vacunas, está en contra de que cualquiera sea solidario.

América Latina ha sido una de las regiones más afectadas por el acaparamiento de las vacunas por parte de países desarrollados.

Claro que ha habido voces en contra. Emmanuel Macron, el presidente de Francia (un país que no produce vacunas), demandó tempranamente que estas fueran consideradas un bien público universal. Tuvo el apoyo del presidente del  Perú y de las Naciones Unidas. Pero no pasó nada. Luego, Macron pidió que EE. UU. y Europa donen 5% de sus vacunas a países desfavorecidos.

Para el presidente francés está ocurriendo “una aceleración sin precedentes de la desigualdad global”, lo que “está preparando el camino para una guerra de influencias sobre las vacunas”. Así lo afirmó en una entrevista con el Financial Times publicada el viernes 19 de febrero, con motivo de la reunión virtual del G7 (los países más industrializados), en la que se esperaba, en vano, que sus líderes abordaran algún acuerdo efectivo sobre la distribución de las vacunas. Macron agregó que algunos países de África están comprando vacunas occidentales, como la de AstraZeneca, a “precios astronómicos”: dos o tres veces más de lo que pagan los europeos. “Es – dijo – una aceleración sin precedentes de la desigualdad global y es además políticamente insostenible, porque está preparando el camino para una guerra de influencias sobre las vacunas”.

Asimismo, el presidente francés considera crucial que las compañías farmacéuticas transfieran la tecnología al exterior para acelerar la producción global de vacunas y que haya transparencia en los precios.

En esta misma dirección, Sudáfrica e India, dos de los países del emergente grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) han planteado en la Organización Mundial del Comercio (OMC), una suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual para el tratamiento y prevención de la COVID-19, hasta que se disponga de una oferta que permita proveer las vacunas a toda la población mundial.

A este respecto, es necesario volver a citar in extenso a Ariela Ruiz Caro: “La iniciativa de ambos países considera que la única manera de satisfacer la demanda de vacunas requerida por la población mundial consiste en facilitar el conocimiento a los países que tienen la capacidad de producir medicamentos tanto para su consumo interno como para exportarlos a otros, sin ser sancionados por violar las normas de propiedad intelectual de la OMC. Asimismo, advierte sobre la importancia de la rapidez y simultaneidad con la que la población mundial debe ser vacunada para derrotar la pandemia.

Más de 100 de los 164 países miembros la respaldan, así como por lo menos 350 organismos no gubernamentales, entre ellos Médicos sin Fronteras y Amnistía Internacional. En cambio, se oponen los países sede de la industria farmacéutica: Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y Canadá. Se podría suponer que la importante cantidad de fondos públicos que se inyectaron a los laboratorios para que desarrollaran las vacunas en algunos de estos países permitiría a los gobiernos obtener de las empresas suficientes licencias para una producción mundial generalizada a precios asequibles. Sin embargo, el poder de la Big Pharma es enorme y tiene un rol fundamental en el financiamiento de las campañas políticas.

La falta de disponibilidad de las vacunas dio lugar a que el canciller de México, Marcelo Ebrard, instara a los países desarrollados, en nombre de América Latina y el Caribe, a evitar el acaparamiento de vacunas y a acelerar su entrega al mecanismo Covax. En su discurso del 17 de febrero, durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, señaló que “Covax ha resultado insuficiente hasta ahora (…) El escenario que queríamos evitar desgraciadamente se está confirmando” (…) En ese mismo organismo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apuntó al núcleo central del problema e increpó a los países desarrollados en el Consejo de Seguridad para que apoyen la propuesta de India y Sudáfrica. “Si no es ahora, ¿cuándo?”, señaló.

A diferencia de la Unión Africana, organización intergubernamental política y de cooperación que agrupa a los 56 países de ese continente, que el 22 de febrero suscribió un comunicado en el que apoya la iniciativa planteada por India y Sudáfrica en la OMC, América Latina está lejos de tener una voz conjunta y solo se une para apelar a la buena voluntad de los mecanismos de caridad de la Big Pharma: C-TAC y Covax. Estos no funcionan y los países en desarrollo se vuelcan desesperadamente a China y, en menor medida, a Rusia, para acceder a las vacunas.

Según un reciente estudio de The Intelligence Economist Unit (EIU), muchos países no podrán vacunar a la mayoría de su población hasta 2023 –Perú culminaría en 2022–, lo que frenará la recuperación económica global. Lo más preocupante es que esas regiones podrían incubar nuevas variantes de la COVID-19. Frente a estas, las vacunas y tratamientos disponibles hoy podrían ser ineficaces. La liberación temporal de las patentes parece el único camino viable para disponer de una oferta de vacunas suficiente para erradicar la pandemia en el corto plazo.

Esta resistencia no es irracional. Corresponde a otra racionalidad, inhumana, que es la que puede llevar a la humanidad a su autodestrucción. Se trata de una racionalidad que somete toda la sociedad a la lógica de la maximización de utilidades, por encima de cualquier noción de solidaridad. Mientras todo siga sometido a la lógica del negocio, la humanidad no podrá enfrentar airosamente los problemas de la salud colectiva ni su propia sobrevivencia.

 

 

Invierno 2021


Rafael Roncagliolo

Exministro de Relaciones Interiores y excanciller de la República




Comunidades latinas y afrodescendientes en las elecciones de E.E.U.U.

La pandemia se ha constituido en un reto crucial para los sistemas democráticos, que no solo han tenido que desarrollar mecanismos para garantizar el derecho a votar, sino también tomar en cuenta los temas urgentes de la población (salud, trabajo, educación, etc.) en la agenda de los gobiernos. En este artículo, reflexionamos sobre la participación de las poblaciones latinas y afroestadounidenses en las elecciones 2020 de los Estados Unidos. Las preferencias electorales de estos grupos no pueden darse por sentadas, y es preciso observar su influencia, necesidades y expectativas desde los componentes de la diversidad y complejidad en el ejercicio de su derecho al voto. Estos grupos tuvieron un rol fundamental que selló el resultado final: Joe Biden (presidente) y Kamala Harris (vicepresidenta).

Para empezar, es importante mencionar algunas características del sistema electoral estadounidense: 1) es un sistema bipartidista, el partido Demócrata y el partido Republicano. 2) El voto es libre. 3) Si bien cada ciudadano emite el voto (voto popular), es el Colegio Electoral el encargado de realizar la sumatoria de votos y determinar el candidato ganador en cada estado. 4) Para ganar la elección, es necesario tener 270 votos de los 538 miembros del Colegio Electoral. 5) El elector debe registrarse antes para poder votar, tener 18 años y ser ciudadano(a) estadounidense. 6) Un elemento que limita el poder de las mayorías es la desigualdad en la representación.

Joe Biden obtuvo 306 votos del Colegio Electoral sobre los 232 que alcanzó Donald Trump. Respecto al voto popular, los resultados oficiales señalan que hubo 81,268,924 votos para Biden, y 74,216,154 para Trump [1]. El Partido Demócrata mantuvo la mayoría en la Cámara de Representantes. Y en el Senado, la victoria Demócrata en el Estado de Georgia [2] reconfiguró el número de republicanos y demócratas (50-50).

La pandemia y sus consecuencias repercutió y movilizó al electorado estadounidense. El incremento del voto fue eminente en estas elecciones. Una comparación de los resultados absolutos entre el voto popular de noviembre 2020 (158.4 millones) frente al de 2016 (136.7 millones), pone en evidencia una diferencia de más de 21 millones de votos, 7% más alto respecto al total de voto del 2016 [3]. Asimismo, una encuesta a los votantes hábiles en agosto del 2020 señaló una serie de temas relevantes en la movilización de sus votos: el primer tema fue la economía (79%), seguido de la salud (68%), Corte Suprema (64%), Covid-19 (64%), crimen (59%), política externa (57%), políticas para el uso de armas (55%), inequidad racial y étnica (52%), inmigración (52%), desigualdad económica (49%), cambio climático (42%) y aborto (40%) [4].

Migración y cambios demográficos

Estados Unidos es el país con el mayor número de migrantes en el mundo, con más de 44.7 millones de inmigrantes internacionales (latinos, africanos, asiáticos, europeos, etc.), que representan el 13.7% de los 327.2 millones de habitantes [5]. Los datos muestran que los inmigrantes indocumentados llegan a ser aproximadamente 11 millones de personas [6], y estiman que los ciudadanos naturalizados — los únicos inmigrantes que sí pueden votar — fueron más de 23 millones en el año 2020, representando uno de cada diez votantes hábiles en el país aproximadamente [7].

Según Henry Fernandez, un director de la organización African American Research Collaborative (AARC), la victoria de Joe Biden significaría “que una coalición liderada por personas de color es ahora la realidad política dominante en Estados Unidos. La mayoría de las decisiones que tomó Trump como presidente y en su campaña fueron para detener esta transición a un país que ya no está dominado políticamente por votantes blancos” [8]. Este comentario es central, ya que reafirma el cambio demográfico que vive el país, puesto que en el año 2045, la población blanca (de ascendencia europea) se convertiría en una minoría, y la mayoría estaría formada por personas de ascendencia afro, hispana/latina, asiática, indígena, múltiples orígenes, y otros [9]. Una señal visible del cambio fue la elección de Kamala Harris, quien es la primera mujer, primera afroestadounidense y primera persona de ascendencia de India en ser elegida vicepresidenta del país. El grupo latino, conformada por aquellos nacidos en Estados Unidos, cuya herencia familiar e identidad cultural se puede referir a sus países de ascendencia; y aquellos que migraron al país, viene creciendo desde hace décadas atrás, y sobrepasó 50 millones en 2010 y los 60 millones en 2019 (el 18% del total de la población) [10]. Hacia el 2060, los latinos serán el 27.5% de la población estadounidense [11].

Con relación a los electores hábiles, 30 millones fueron afroestadounidenses [12] y 32 millones, latinos. De esta última cifra, un informe de UCLA afirmó que los votantes latinos fueron 16.6 millones de votos, que significó el crecimiento de 30.9% en comparación a las elecciones del 2016 (12.7 millones) [13]. El siguiente gráfico muestra el número de votos de la comunidad latina en las últimas cuatro elecciones presidenciales. El crecimiento del voto es apreciable, aunque la cantidad de personas que votan es alrededor del 50% todavía.

Voto latino y afroestadounidense

Un primer punto está estrechamente ligado a la pandemia. Las poblaciones afroestadounidenses e hispanas/latinas han sido fuertemente afectadas por la pandemia, privando su acceso a un mejor sistema de salud, educación y economía. Según Latino Decisions, los problemas más importantes que atraviesan la comunidad latina que los candidatos deberían tener en cuenta son el coronavirus (55%), trabajo y economía (41%), y costos de salud (32%) [14][15]. Una encuesta registró que 77% de las familias latinas en Houston, Texas experimentaron serios problemas económicos desde los inicios de la pandemia [16], provocando que las familias tengan dificultades para acceder a la salud, el trabajo y los alimentos.

Asimismo, las tasas de hospitalización de la población afroestadounidense son 3.7 veces mayores a las de la población blanca, y la tasa de mortalidad es más alta [17]. De ahí que la pandemia fue uno de los temas prioritarios para los votantes afroestadounidenses, así como los temas de la discriminación y la justicia racial, y el empleo y la economía. No en vano, 76% de los votantes afirmaron que el racismo y la discriminación han aumentado en los últimos años [18]. El papel clave de los votantes afroestadounidenses en las elecciones de 2020 va de la mano del movimiento social “Black Lives Matter” (Las Vidas Negras Importan) que creció mucho tras el caso de George Floyd, hombre afrodescendiente asesinado en mayo de 2020 a causa de la brutalidad political, quien es uno entre muchísimos más casos. Hecho que reafirmó la necesidad de la reforma del sistema de justicia penal y la reforma policial en Estados Unidos.

En segundo lugar, ambas poblaciones tuvieron una gran repercusión en los resultados electorales definiendo la victoria de Biden y Harris. Alrededor del 70% de los votantes latinos votó por Biden frente a un 27% de apoyo para Trump [19]. Tradicionalmente, el voto latino es mayoritariamente Demócrata, con diferencias a nivel de los grupos de origen. Por ejemplo, según Latino Decisions, latinos estadounidenses con los siguientes orígenes votaron por Biden de acuerdo a estas proporciones: mexicano 74%, dominicano 71%, puertoriqueño 70%, centroamericano 59%, sudamericano 58% y cubano 45% [20]. El voto latino definió la batalla en Arizona, Georgia y Wisconsin para la victoria de Biden. Si consideramos el ejemplo de Florida, aunque Trump ganó la mayoría de los votantes latinos en la zona de Miami-Dade, Biden ganó la mayoría de votos latinos en el resto de Florida. En total, la mayoría de los latinos en Florida votaron por Biden [21].

El llamado voto latino no es monolítico ni homogéneo. Éste depende de varias categorías: edad, género, ingresos económicos, tipo de herencia cultural, tipo de identidad y raíz latina, y región estadounidense, entre otros factores. Según los datos de la encuesta de Latino Decisions, son las mujeres el grupo más robusto porcentualmente frente al voto de los hombres en casi todos los estados descritos en el cuadro. Tomando los mismos datos de la encuesta, el joven en la categoría de 18 a 39 años de edad presenta un apoyo por encima del 64% en el caso de Florida, y llega hasta 79% en Wisconsin. Asimismo, la campaña de “She se puede” [22], plataforma virtual y en redes sociales, visibilizó el trabajo de las mujeres latinas en distintos espacios, y al mismo tiempo generó más conciencia de la importancia de votar en las elecciones de 2020.

En el caso de los electores afroestadounidenses, tomando en cuenta las estimaciones de “American Election Eve Poll 2020”, aproximadamente el 89% de electores afroestadounidenses votó por Biden, mientras que el 9% lo hizo por Trump. En el caso de las mujeres, hubo un voto de 92%, y para los varones, un 86% de apoyo a Biden. De ahí que, el voto de la comunidad afroestadounidense fue esencial para la victoria de Biden y Harris en los estados claves como Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, y Georgia, entre otros.

Un tercer elemento fundamental fue la capacidad de la organización local o “grassroots organizations” para motivar a los electores latinos y afroestadounidenses en estados tradicionalmente considerados Republicanos. En Arizona, donde las leyes anti-inmigrantes se enfocaron en aislar a la comunidad latina, el liderazgo naciente de organizaciones comunitarias locales se convirtió en un ejemplo de poder colectivo para registrar más votantes, generar más concientización y movilizar el voto latino. En Georgia, el poder de las organizaciones locales promovió puntos culturales para cultivar lazos, y canalizó la inversión en infraestructura y tecnologías digitales para movilizar a los votantes jóvenes afroestadounidenses. Stacy Abrams fundó las organizaciones Fair Fight y New Georgia Project, y según el director ejecutivo de New Georgia Project, Nse Ufot, la organización tocó más de 2 millones de puertas entre noviembre de 2020 y enero de 2021, realizó más de 6,7 millones de llamadas telefónicas, y envió más de 4 millones de mensajes de texto [23].

Reflexiones finales

Greisa Martinez, un inmigrante indocumentada que lidera United We Dream, comparte: “se acabó el tiempo de ceder. Ha llegado el momento de un cambio audaz. Nuestro movimiento y nuestro poder son innegables. Nuestras exigencias son innegables. Estamos listo” [24]. Para muchos inmigrantes jóvenes indocumentados llamados “Dreamers”, beneficiarios del programa DACA, que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños, los resultados electorales de Estados Unidos se convierten en una esperanza que transformaría el curso de sus vidas.

A luz de nuestra reflexión, los resultados electorales en Estados Unidos son muestra del clamor de las comunidades latinas y afroestadounidenses — históricamente excluidas social, económica, cultural y políticamente, y descaradamente expuestas a consecuencia de la pandemia, cuyo manejo se caracterizó por la ausencia de liderazgo y falta de atención de las demandas de quienes más lo necesitaban. Si bien la participación electoral ha sido significativa, los problemas del racismo estructural, la discriminación y la desigualdad social y de género continúan constriñendo el acceso a los servicios de salud y transporte, a oportunidades de educación y trabajo, y a los derechos políticos (derecho al voto) y humanos (sistema de justicia reformado). El asalto violento al capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021 expuso la intensidad, influencia y miedo de muchos estadounidenses creyentes de la “superioridad blanca” a perder su status social, político y hegemónico. Este cáncer social está impidiendo la construcción de una comunidad multiracial y equitativa como línea de base para solucionar problemas, apostando por el bien común. La organización social de las comunidades locales en diferentes estados fue una clave para salvaguardar la democracia. Aquello seguirá siendo vital en mediano y largo plazo, sobre todo para exigir el cumplimiento de promesas electorales, reformas y políticas públicas eficaces. La sobrevivencia de la democracia tras el traspaso del poder el pasado 20 de enero, junto a la participación activa de los estadounidenses -de todo origen étnico y racial- puede verse como el primer paso para mirarnos nueva y mutuamente en la esperanza de creer que un mundo mejor es posible.

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[1] US Federal Election Commision. https://www.fec.gov/resources/cms-content/documents/2020presgeresults.pdf
[2] La victoria electoral de los senadores Demócratas en Georgia sucedió en una segunda elección que tomó lugar el 5 de enero de 2021. En las elecciones generales de noviembre del 2020, ninguno de los candidatos había ganado la mayoría del voto requerida por parte de las leyes electorales del Estado de Georgia.
[3] Desilver, D. “Turnout soared in 2020 as nearly two thirds of eligible voters cast ballots for president”. Pew Research Center. 28 de enero de 2021. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/01/28/turnout-soared-in-2020-as-nearly-two-thirds-of-eligible-u-s-voters-cast-ballots-for-president/
[4] “Important Issues in the 2020 election.” Pew Research Center. 13 de agosto de 2020. https://www.pewresearc/2020/08/13/important-issues-in-the-2020-election/h.org/politics
[5] Migration Policy Institute. https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united-states#Immigrants%20Now%20and%20Historically
[6] Migration Policy Institute. https://www.migrationpolicy.org/programs/us-immigration-policy-program-data-hub/unauthorized-immigrant-population-profiles
[7] Budiman, A., Noe-Bustamante, L., y Lopez, M.H. “Naturalized citizens make up record one in ten US eligible voters in 2020”. Pew Research Center. 26 de febrero de 2020. https://www.pewresearch.org/hispanic/2020/02/26/naturalized-citizens-make-up-record-one-in-ten-u-s-eligible-voters-in-2020/
[8] NAACP News Release. 5 de noviembre de 2020. https://naacp.org/latest/2020-american-election-eve-poll-finds-coronavirus-pandemic-and-racial-justice-among-most-important-issues-for-african-american-voters/. La cita fue traducida del inglés al español por los autores.
[9] US Census Bureau. “Demographic Turning Points for the United States: Population Projections for 2020 to 2060”. Actualizado en febrero de 2020. https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2020/demo/p25-1144.pdf
[10] US Census Bureau. “Demographic Turning Points for the United States: Population Projections for 2020 to 2060”. Actualizado en febrero de 2020. https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2020/demo/p25-1144.pdf
[11] US Census Bureau. “Demographic Turning Points for the United States: Population Projections for 2020 to 2060”. Actualizado en febrero de 2020. https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2020/demo/p25-1144.pdf
[12] Cilluffo, A, y Fry, R. “An early look at the 2020 electorate”. Pew Research Center. 30 de enero de 2019. https://www.pewsocialtrends.org/essay/an-early-look-at-the-2020-electorate/
[13] Domínguez-Villegas, R., Gonzalez, N., Gutierrez, A., Hernández, K., Herndon, M., Oaxaca, A., et al. University of California Los Angeles Latino Policy and Politics Initiative. “Vote Choice of Latino Voters in the 2020 Presidential Election”. 19 de enero del 2021. https://latino.ucla.edu/wp-content/uploads/2021/01/Election-2020-Report-1.19.pdf
[14] Latino Decisions. “The American Election Eve Poll”. Noviembre de 2020. https://electioneve2020.com/poll/#/en/demographics/latino/
[15] Una parte grande de nuestro análisis utiliza la encuesta “The American Election Eve Poll” Latino Decisions, que creemos es más confiable que la encuesta de Edison Research citado por varios medios populares. Latino Decisions usa metodologías más robustas con tamaños de muestras más grandes con respecto a los votantes de grupos minorías.
[16] NPR/Harvard T.H. Chan School of Public Health/Robert Wood Johnson Foundation Poll. 9 de septiembre de 2020. https://www.rwjf.org/en/library/articles-and-news/2020/09/poll–half-of-households-in-the-four-largest-us-cities-report-serious-financial-problems.html
[17] Centers for Disease Control. “COVID Hospitalization and Death by Race/Ethnicity”. Actualizado el 30 de noviembre de 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/hospitalization-death-by-race-ethnicity.html
[18] Latino Decisions. “The American Election Eve Poll”. Noviembre de 2020. https://electioneve2020.com/poll/#/en/demographics/black/. https://latinodecisions.com/wp-content/uploads/2020/11/African-American-EE2020-Deck.pdf.
[19] Latino Decisions. “The American Election Eve Poll”. Noviembre de 2020. https://electioneve2020.com/poll/#/en/demographics/latino/
[20] Latino Decisions. “The American Election Eve Poll”. Noviembre de 2020. https://electioneve2020.com/poll/#/en/demographics/latino/
[21] Domínguez-Villegas, R., Gonzalez, N., Gutierrez, A., Hernández, K., Herndon, M., Oaxaca, A., et al. University of California Los Angeles Latino Policy and Politics Initiative. “Vote Choice of Latino Voters in the 2020 Presidential Election”. 19 de enero del 2021. https://latino.ucla.edu/wp-content/uploads/2021/01/Election-2020-Report-1.19.pdf
[22] Taladrid, S. “Deconstructing the 2020 Latino Vote”. The New Yorker Magazine. 31 de diciembre de 2020. https://www.newyorker.com/news/news-desk/deconstructing-the-2020-latino-vote
[23] Miao, H. “Democrats’ historic Georgia Senate wins were years in the making thanks to local grassroots”. CNBC.com. 9 de enero de 2021. https://www.cnbc.com/2021/01/09/democrats-historic-georgia-senate-wins-were-years-in-the-making-thanks-to-local-grassroots.html

 

Otoño 2021


Jennifer Ponce Cori
Becaria Fulbright, University of Pittsburgh

Thomas Scharff
Integrante de la red de ex voluntarios del Jesuit Volunteer Corps