“La democracia tiene un índice de flexibilidad restringido, más allá del cual se pervierte y empieza a ser otra cosa”.[1]

El enfoque de la transformación de conflictos[2] sostiene, entre una de sus premisas principales, que el conflicto es un hecho natural en el marco de la convivencia humana. Podemos coincidir universalmente en un conjunto de necesidades, pero dicha coincidencia empieza a ser más compleja de alcanzar cuando se trata de satisfacerlas. Además, frente a la naturaleza, a los modos de estar en el mundo, a la manera de cómo nos organizarnos política, económica o socialmente podemos tener percepciones, marcos interpretativos, enfoques y expectativas totalmente distintas. En tal sentido, la atención central, para la mirada transformativa, no está en que existan conflictos, sino en no contar con los medios o instrumentos adecuados para poder prevenirlos y encausarlos de manera constructiva, de modo tal que, más bien, en el plano de lo social y político, fortalezcan la democracia.

En estos tiempos de crisis globales en los distintos ámbitos de la existencia humana, la democracia como régimen político y sistema de gobierno no está a la zaga. La corrupción institucionalizada, autoritarismos, despliegues populistas de izquierda como de derecha, la incapacidad para abordar temas de fondo como la desigualdad, la pobreza y demás brechas sociales son algunas de las señales claras de que las cosas no van bien. Todorov identifica tres “enemigos íntimos de la democracia”[3]: los mesianismos, el ultraliberalismo y los populismos. Estos y otros problemas van acumulándose y haciéndose cada vez más complejos y no vemos los horizontes muy claros respecto a cómo abordar el tema. Una apuesta pasa por reformas políticas de fondo que apunten a generar mejoras en los sistemas de representación, generar condiciones para reactivar los sistemas de partidos, que han devenido en “coaliciones de independientes”[4], que ya no se rigen por apuestas claras por el bien común sino por agendas acotadas a determinados grupos de interés, entre otras opciones.

Atender al llamado de reconstruir la democracia, sacarla a flote a través de una serie de esfuerzos desde distintos enfoques, es un trabajo perentorio. Un aspecto, de varios a ser abordados, pasa por restituir su capacidad como sistema político para encausar los conflictos de distinto tipo; de manera tal que no la debiliten, sino todo lo contrario. De cada situación conflictiva transformada, sumar fortalezas. Desde los engranajes operativos de un gobierno democrático, empezar por entender que el conflicto no es sinónimo de crisis ni de violencia, sino que es un hecho social multideterminado que tiene carácter de proceso y que muestra una dinámica lábil a ser identificada en sus varias etapas. Los conflictos no tienen que ser vistos como “ataques”, no deben “desaparecer”. Estos pueden ser más bien oportunidades para solucionar los problemas de distinto tipo y naturaleza que están detrás de ellos.

El conflicto puede asumirse como un síntoma que requiere ser atendido, tanto en la manera como se manifiesta, como en lo que está detrás de él y las múltiples dimensiones que entran en juego, que para el enfoque transformativo son la personal, relacional, cultural y estructural. La transformación de conflictos atiende a resolver, pero sobre todo a buscar cambiar e influir sobre los procesos. Puede mirar el corto plazo (la coyuntura), pero sobre todo busca considerar el nuevo escenario de relaciones que se deben abrir como parte de haberse abordado el conflicto, a partir de las condiciones que lo hicieron surgir y que determinaron su dinámica y sus distintas etapas: problemas latentes, despliegue o inicio, escalada, crisis (manifestaciones violentas), desescalada.

En un régimen político que finalmente es asumido por “demócratas precarios”[5], se hace complejo abrir los canales para que los mecanismos naturales, que son fundamentos de la democracia, operen adecuadamente. La cooperación y el conflicto, la interacción entre adversarios políticos y no entre enemigos, son premisas fundamentales sobre las que el sistema y el régimen político (democrático) deben sustentarse y funcionar. A estas fallas en los mecanismos operativos de la democracia, pueden sumarse otras más de fondo, como aquello que se ha venido a llamar el “vaciamiento democrático”[6], noción que alude, en resumen, a que la crisis no está ya en la concentración del poder sino en todo lo contrario, en su dilución. Esta se caracteriza por la fragmentación y circulación del poder político, el amateurismo de los actores y la ausencia de vínculos significativos entre quienes ocupan el poder y la sociedad. Con tal nivel de precariedad, la maquinaria democrática empieza a detenerse o generar situaciones altamente disruptivas.

En este contexto, el enfoque de la transformación de conflictos debería intentar instalar contenidos y procedimientos que aporten en los esfuerzos por impulsar un escenario distinto para la democracia. En primer lugar, se debe considerar que la acción colectiva, como la protesta social, responde a determinadas necesidades, intereses, expectativas e interpretaciones que precisan ser analizadas, identificadas y entendidas empáticamente. Asimismo, es necesario plantear hasta dónde, dadas las condiciones, estas demandas pueden ser atendidas desde las políticas públicas, apelando a los arreglos institucionales necesarios para la coyuntura o para el proceso que se abra hacia adelante. Asumir la protesta como falta o delito lesiona los principios de la democracia, ya que implica que los ciudadanos deben callar y aceptar sus circunstancias. El Estado de derecho es el marco para tramitar el despliegue ciudadano. El diálogo y la negociación política podrían asimilarse como medio y fin para aportar en el fortalecimiento de una cultura de paz (positiva) que sea el marco de la relación Estado-sociedad. Ver enemigos asediando desde todos los flancos no es la mejor manera de interpretar y asumir la interacción social en democracia. Resulta más constructivo reconocer la existencia de distintos grupos de interés que buscan negociar sus posiciones, intereses, necesidades, expectativas, percepciones.

La crisis de la democracia se refleja en la relación entre el Estado y la sociedad, con el uso arbitrario de la fuerza contra la protesta y la victimización de los ciudadanos que se expresan.

Podemos concluir esta reflexión asumiendo que existe un primer consenso: la democracia que conocemos como sistema y régimen político está atravesando por una crisis severa a nivel global y local, con múltiples determinaciones detrás de ella. Una de las dimensiones en las que puede expresarse esta crisis es en la manera cómo el Estado (democrático) se relaciona con la sociedad. Una de las formas más perversas de esta relación surge cuando, en nombre del Estado de derecho, se hace un uso arbitrario e indiscriminado de la fuerza frente a la acción colectiva de protesta. Un segundo consenso podría ser entender que los ciudadanos libres pueden expresarse respecto a lo que les afecta o preocupa, y no por ello acabar siendo víctimas de las acciones del gobierno. Las relaciones entre el Estado (democrático) y la sociedad deberían estar mediadas por canales a través de los cuales se pueda procesar y gestionar el descontento social, reconociendo que hay diversos grupos con distintas necesidades, intereses, posiciones, expectativas y percepciones diferentes, lo cual, dentro de un régimen democrático, es una condición natural.

El enfoque de la transformación de conflictos puede contribuir con su marco interpretativo y sus instrumentos metodológicos para empezar a considerar que la preocupación central no debe ser la existencia de conflictos (entendidos como disfunciones), sino la falta de marcos institucionales que permitan reconocerlos, identificarlos (anticipadamente, en el mejor de los casos), analizarlos y abordarlos por la vía del diálogo, la negociación u otros mecanismos existentes. Esto no debería ser la excepción, sino la norma. Los gobiernos podrían institucionalizar el abordaje de los conflictos sociales, operando con marcos conceptuales, metodológicos, técnicos y equipos especializados abocados a la prevención y la transformación de los conflictos. Esto se sumaría a los arreglos de otro alcance, como las reformas políticas que mejoren los niveles de representación política, las relaciones entre los poderes del Estado y los procesos electorales.

________________________________________

[1] Carlos Granés “Salvajes de una nueva época. Cultura, capitalismo y política”. Taurus. Barcelona. 2019.
[2] Enfoque desarrollado fundamentalmente por el sociólogo estadounidense Jean Paul Lederach. Sus conceptos están desplegados en textos como “El pequeño libro de la transformación de conflictos”, “Construyendo la paz”, “La imaginación moral”.
[3] Ver: Tzvetan Todorov “Los enemigos íntimos de la democracia” Galaxia Gutemberg. Barcelona. 2012.
[4] Noción usada por el politólogo Mauricio Zavaleta en su trabajo “Coaliciones de independientes. Las reglas no escritas de la política electoral”.
[5] Noción desarrollada por el politólogo Eduardo Dargent, que alude al hecho de que las élites que acceden al gobierno, sean de izquierda o derecha, finalmente terminan subordinando su compromiso con la democracia a sus intereses y agendas de corto y mediano plazo. Ver “Demócratas precarios. Élites y debilidad democrática en el Perú y Latinoamérica”. IEP. Lima. 2019.
[6] Ver: Rodrigo Barnechea y Alberto Vergara “El vaciamiento democrático en Perú…y más allá”. Nueva Sociedad (Revista) No.305. Mayo 2023.

Invierno 2023

César Bedoya

Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP

La palabra crisis es consustancial a América Latina. A lo largo de dos siglos de historia independiente, la región ha pasado por muchas dificultades. Algunas fueron desencadenadas desde el exterior, otras autoinducidas, y la mayoría generadas en los intersticios entre lo nacional y lo internacional. Sin embargo, según la CEPAL, la crisis de 2020-2021, con motivo de la pandemia de la COVID-19, ha sido la peor en 120 años; es decir, desde que se lleva registro de estos datos. En 2020, la economía de la región se contrajo en un 6.6% (versus un 3.5% para la economía mundial), el ingreso per cápita cayó a los niveles de 2010 y los niveles de pobreza a los de 2006. Como resultado de ello, en 2021, un 33.7% de la población de la región, uno de cada tres latinoamericanos, quedó bajo la línea de pobreza.

Todo indica que la región enfrenta otra década perdida, esta vez entre 2015 y 2025, ya que el quinquenio 2015-2019 fue de lento crecimiento. Aunque la pandemia afectó a todo el mundo, hubo regiones que ganaron, como Asia Oriental, y otras que perdieron, como América Latina, con esta catástrofe humanitaria. El panorama de una región estancada, presa de la trampa del ingreso medio, que cada treinta o cuarenta años atraviesa por una “década perdida”, en la que todo lo logrado en diez años se desvanece, exigiendo comenzar de nuevo, es sobrecogedor, por decir lo menos.

Tal como la anterior “década perdida”, la de los ochenta, se desató por un acontecimiento más allá de sus fronteras (el alza de las tasas de interés en los Estados Unidos, que llevó a la así llamada “crisis de la deuda”), lo mismo vale para la crisis causada por la pandemia, originada en un virus surgido en Wuhan, China. Una vez más, también, la crisis sorprendió a una América Latina fragmentada, dificultando una respuesta coordinada, que podría haber morigerado sus efectos. Lejos de algo accidental, la inserción internacional de la región es central a su desarrollo y progreso.

Es en ese marco que surge el concepto del No Alineamiento Activo (NAA) como respuesta a la crisis. El mismo fue planteado originalmente en 2019, luego se refina y desarrolla en 2020 y 2021 como una recomendación de política para enfrentar los desafíos surgidos de la competencia por la hegemonía entre Estados Unidos y China. La expresión más visible de estos desafíos fue la agresiva campaña montada por el gobierno del presidente Donald Trump por presionar a los gobiernos latinoamericanos para cortar o al menos reducir sus lazos comerciales, financieros, tecnológicos y de inversión con China. El calificativo “activo” alude a una política exterior en constante búsqueda de oportunidades en un mundo en cambio, evaluando cada una de ellas en sus propios términos. Reconoce sus raíces históricas en el Movimiento de Países no Alineados (NOAL), pero los adapta a las realidades del siglo XXI.

El NAA llama a los gobiernos latinoamericanos a no aceptar a priori las posiciones de ninguna de las grandes potencias en conflicto, sino a comportarse de acuerdo con sus propios intereses soberanos, sin ceder a las presiones diplomáticas, políticas o económicas de las grandes potencias. Aunque el NAA se originó debido a la crisis en la región, desde sus inicios se ha referido a un ámbito espacial y temporal más amplio: su atractivo se extiende al Sur Global en su conjunto y puede aplicarse a situaciones de conflicto hegemónico en general.

Además de recuperar las honorables tradiciones del NOAL, el NAA también se inspira en la Escuela de Autonomía en las Relaciones Internacionales de América Latina, personificada por autores como Helio Jaguaribe de Brasil y Juan Carlos Puig de Argentina. Sin embargo, se basa principalmente en el reconocimiento de lo que el Banco Mundial ha denominado el “Giro de la Riqueza” desde el Atlántico Norte hacia el Asia-Pacífico, que ha tenido lugar desde principios del nuevo siglo. Según otras proyecciones, en 2050 las tres economías más grandes del mundo serán las de China, India y Estados Unidos, en ese orden. Para entonces, siete de las diez mayores economías del mundo no serán occidentales. La diplomacia del cahiers des doleances de lo que solía conocerse como el Tercer Mundo, ha sido reemplazada por la “diplomacia financiera colectiva”, personificada en los nuevos bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura (BAII) y el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), el así llamado “Banco de los BRICS”, que han abierto nuevas perspectivas para los países de Asia, África y América Latina.

El NAA rechaza el apoyo automático a los planteamientos de una u otra potencia y se basa en mantenerse al margen de ambos bandos. Esta doctrina es distinta a la de la neutralidad, que supone no adoptar posiciones ante conflictos entre las potencias, y también se diferencia de la diplomacia de la equidistancia, que busca un difícil punto intermedio ante conflictos entre las potencias. Por lo tanto, nada obsta a que, en el ejercicio de su autonomía, los países apoyen en ciertos casos la posición de una potencia y en otros casos a la otra. De igual forma, conforme a esta doctrina, los países podrán apoyar o rechazar algunos de los planteamientos de una u otra potencia sin necesidad de asumir el conjunto de ellos. Por ejemplo, los países podrían apoyar la política comercial de China y objetar su trato a los derechos humanos, o rechazar medidas proteccionistas estadounidenses y respaldar su apoyo a la democracia.

El término “no alineamiento” es multidimensional y se refiere no solo a la dimensión militar, como lo hace la noción de alianza, sino también a las dimensiones políticas, económicas y sociales. Provee el eslabón entre la estructura del sistema internacional y los procesos de toma de decisión al nivel de las unidades del sistema. No tiene una connotación ideológica y puede ser aplicado por gobiernos de distinto signo. Exige una diplomacia calibrada y afinada para tomar decisiones informadas caso a caso ante los desafíos del entorno internacional, sin dejarse llevar por las presiones de una u otra de las grandes potencias. Constituye una guía para la acción en la búsqueda de una autonomía real, no puramente retórica. Además, es el único punto de convergencia para una posición común de América Latina ante la disputa entre China y Estados Unidos.

Una mayor cooperación y coordinación regional potencia la efectividad del NAA, disminuyendo las posibilidades de que los países sucumban a las presiones de las grandes potencias. Lo mismo vale para la acción multilateral: el NAA asigna especial trascendencia al multilateralismo y al accionar colectivo para enfrentar los desafíos de la gobernanza global en un mundo en turbulencia. Al unir voluntades, el NAA aumenta el poder de negociación de los países involucrados y les permite participar en mejores condiciones en la reestructuración de un sistema internacional en transición.

La actual coyuntura en América Latina, en que las cinco mayores economías de la región están gobernadas por coaliciones progresistas que creen en la cooperación regional, abre posibilidades insospechadas para avanzar en la materia, pero ello no significa que esto vaya a ocurrir automáticamente. Esto dependerá en gran parte de la voluntad política de los gobiernos de turno. Y el desafío no es menor. Todas las indicaciones apuntan a que en la última década la región ha transitado de la periferia a la marginalidad internacional. Por primera vez en mucho tiempo, ningún latinoamericano dirige una agencia de la ONU. El Foro Económico Mundial cerró su capítulo en América Latina debido a la falta de interés en sus eventos.

En ese contexto, la posición asumida por Brasil en relación al conflicto en Ucrania es esperanzadora. Por una parte, el gobierno del presidente Lula se ha opuesto a entregar armas a Ucrania, pese a las peticiones de Estados Unidos y Alemania al respecto, y ha insistido en mantener su neutralidad en la guerra. Por otra parte, su iniciativa de promover una mediación en el conflicto, llegando incluso a sostener conversaciones con el presidente Zelensky al respecto, subraya precisamente el carácter “activo” de este No Alineamiento que resurge con fuerza en la América morena.

Otoño 2023

Jorge Heine

Universidad de Boston

América Latina está reportando un incremento notable en el hambre de la población. Informes recientes de Naciones Unidas dan cuenta que desde 2019 a 2021, 13 millones de personas han caído en el hambre y cuatro de cada diez viven en inseguridad alimentaria. Sin embargo, con los datos del mismo informe se puede afirmar que 71 millones han incrementado su nivel de inseguridad alimentaria moderada o grave, entre los periodos del 2014-2016 y 2019-2021, reportándose en este para el 2021, 80 millones de personas con inseguridad alimentaria grave (12,3% de la población) y 243 millones con inseguridad alimentaria grave o moderada (37,3% de la población)[1].

En la otra cara de la moneda, en un periodo menor, explica el informe, la obesidad de adultos (18 años o más) se ha incrementado en 15 millones de personas entre el año 2012 y 2016, calculando para el 2016 en 106 millones de personas. En niños/as menores de cinco años, el número se estimaba en 4 millones.

Un análisis pormenorizado por país muestra que la situación es relativamente distinta en cada caso, aunque en general la tendencia es al crecimiento o sostenimiento de las condiciones de malnutrición, sea inseguridad alimentaria, sobrepeso en niños u obesidad en personas mayores. La pandemia de la COVID-19 y la invasión a Ucrania han empeorado la situación, que ya venía mostrando características de una problemática estructural mayor y permite apreciar la problemática con mayor nitidez. Los cálculos de la FAO y las NNUU se basan principalmente en el ingreso de las personas y el precio de los alimentos, una relación importante, pero no suficiente para explicar lo que ocurre en la región.

En este ensayo nos concentraremos en Sudamérica, dado que las tres subregiones de América Latina presentan diferencias notables, y algunas coincidencias, que dejamos para que las advierta el lector. Resaltamos cuatro aspectos: 1) la producción agropecuaria, 2) los sistemas de distribución y consumo, 3) el deterioro de los recursos y el cambio climático, y 4) los desafíos futuros desde la perspectiva de la reducción de desigualdades y el desarrollo territorial.

La producción agropecuaria

La producción agropecuaria ha crecido de manera más acelerada que la población. En un primer tramo se redujeron los problemas de seguridad alimentaria; sin embargo, en el trayecto actual se ha priorizado cultivos y crianza para la exportación, presentando problemas de calidad (entendido como diversidad) y consumiendo recursos de manera acelerada, dejando tierras empobrecidas y territorios abandonados.

En los últimos cincuenta años, Sudamérica ha pasado de 148 millones de personas a 427 millones. Tiene una densidad demográfica cuatro veces menor que Asia, tres veces menor que Europa y dos veces menor que África. Además, cuenta con una gran variedad de ecosistemas y biodiversidad; así como culturas ancestrales, conocimientos y haber contribuido al mundo con un importante número de especies comestibles.

La superficie cultivable se ha incrementado desde 1970 en 2,2 veces, llegando en 2020 a 142.735.275 hectáreas, el 8% del territorio. Sin embargo, el crecimiento y orientación de los cultivos y crianzas ha registrado una transformación estructural: producción de base de consumo amplia, como la papa, la yuca y el arroz se mantienen en la misma superficie en los últimos cincuenta años, e incluso han disminuido. En 1970 se reportaban 1.058.425 h/a (hectáreas por año) de papa contra 914.704 h/a en 2019, en yuca pasó de 2.434.044 a 1.675.461, y en arroz de 5.960.511 a 4.062.451 de h/a. En cambio, el cultivo de la soya, en el mismo periodo de 50 años, pasó de 1.443.589 a 58.449.527 de h/a, lo que significa un crecimiento de 40 veces, un poco más de un millón de hectáreas por año. Le sigue la palma aceitera, que pasó de 57.081 a 1.014.238 de hectáreas, lo que significa un crecimiento de 18 veces en 50 años. Finalmente, la caña de azúcar pasó de 2.485.444 a 11.602.435 de h/a, lo que significa un crecimiento de cinco veces en 50 años[2].

El ganado vacuno se ha multiplicado por dos veces en los 50 años, pasaron de 1970 de 177 millones de cabezas al 2019 una estimación de 360 millones de cabezas. Los animales menores crecieron en un índice aproximado de 1,5 veces en los 50 años[3]. De otras fuentes, se estima que la producción de carne en los países de Sudamérica es de más 21 millones de toneladas año, lo que equivale a más de diez mil millones de pollos faenados al año[4]. De la pesca no se encuentran datos agregados, es conocida la sobrexplotación a la que se ha sometido este recurso.

Ha cambiado la orientación de la producción con cultivos que se llaman flexibles para la exportación y utilizados como materia prima para procesos de característica industrial, con destino creciente hacia el consumo de China. Se ha incrementado la tecnología, el uso de fertilizantes, agroquímicos y semillas transgénicas, se concentra la propiedad de la tierra, y la agropecuaria se concentra importantes recursos del sistema financiero, y de las inversiones públicas. En la región, el PIB agropecuario, está escalando a los primeros lugares.

Afirmamos que la estadística global desconoce el aporte la pequeña producción, cultivos multiestrato, de consumo directo, y otras relacionadas con el bosque y el territorio, lo que explicaría que se sostiene en gran parte la alimentación de la población[5]. Sin embargo, también las características de las políticas públicas son un obstáculo obstáculos para los productores locales y las comunidades que practican formas alternativas de producción sostenible, como se viene apuntando en las historias de vida y los informes de acceso de la tierra y territorio, sistematizados desde el 2014. Como ejemplo, se ha encontrado que los trámites de titularidad colectiva o familiar, en la región llevan un promedio de 27 años de trámite[6].

Los sistemas de distribución y consumo

Los sistemas de distribución se van concentrando en pocas empresas, que, a través del precio, la disponibilidad y la publicidad, definen los mercados y alientan a los consumidores en sus preferencias. Los consumidores, en la mayoría de escasos recursos, ajustan su dieta a pocos productos industriales. En las ciudades se acompaña de una vida urbana, rutinas poco saludables, y en al campo un intercambio y competencia dispareja. Una buena parte de la alimentación, destinada a reducir la inseguridad alimentaria, ha sido lograda por sistemas de distribución estatales, altamente inestables y vulnerables a los recursos públicos, y el precio de los alimentos.

Con la pandemia de la COVID-19, se experimentó una situación ideal para mostrar la fortaleza y vulnerabilidades de los sistemas de distribución y consumo. La agricultura de pequeña escala, familiar y colectiva fue notablemente más importante: irrumpió las barriadas y espacios públicos de las ciudades, abasteció a los mercados más cercanos, recibió población importante de las ciudades que retornaron, estudiantes, familias jóvenes, ancianos, y alimento a la población más vulnerable. La industria de alimentos mantuvo su importancia en los mercados tradicionales, y se hizo de las compras públicas para subsidios directos a la población.

No tenemos estudios comparados para ejemplificar la situación. En un estudio realizado en las principales cuatro ciudades y sus áreas rurales circundantes en Bolivia, incrementaros su importancia los mercados de barrio, las ferias itinerantes y los pequeños comercios (abasteciendo más del 50% de los productos necesarios en las familias), se incrementó la presencia de productores directos, especialmente en los barrios periféricos. El 40% de los consumidores tuvo que recurrir a préstamos o ahorros para poder abastecerse de alimentos. Y floreció la entrega a domicilio y en algunos casos las relaciones directas entre proveedores y consumidores a través de las redes sociales.

Al garantizarte una vida plena y digna, la alimentación no puede percibirse como aislada a los demás derechos políticos, económicos y sociales de los ciudadanos.

La conclusión del estudio en Bolivia, que puede ser valorado en otros sitios, es que “el abastecimiento de alimentos en las ciudades ha sido posible, por la capacidad de adaptación de los sistemas tradicionales, a las medidas de la cuarentena, la desconcentración de los mercados, sobre la base de los propios sistemas de producción y abastecimiento, la incursión de algunos nuevos actores y prácticas comerciales. Todo esto ha sido favorecido por un relajamiento de las normas de los distintos niveles de gobierno, que muchas veces actúan como un obstáculo para el comercio de alimentos, o priorizan sectores y prácticas que no necesariamente favorecen a la mayoría de la población”[7].

La COVID-19 no solamente ha demostrado la necesidad de discutir nuevos sistemas de abastecimiento, sino también la viabilidad de estos, al margen de los sistemas burocráticos y de los conceptos de mercado que son comúnmente aceptados en el ordenamiento de las ciudades.

El deterioro de los recursos y el cambio climático

Finalmente, el deterioro de los recursos de suelo, bosques, aguas, biodiversidad, semillas, es una constante alarmante en la región. Como ejemplo, las pérdidas netas de bosque más altas entre el 2010-2020 se dieron en América del Sur, de la mano de la ampliación de los cultivos industriales, los incendios forestales para instalación de pasturas (Europa y algunas regiones de Asia reportaron ganancias netas)[8]. A lo que hay que añadir la minería, principalmente del oro aluvial, y el crecimiento de la especulación inmobiliaria.

En términos generales, la producción de alimentos se ve afectada por el deterioro de los suelos, la contaminación de las aguas, el incremento de enfermedades, la permanente ocupación de campos por especies exóticas e invasoras. Por lo que la producción de alimentos, así como la recolección natural, que es importante para muchos pueblos, se encuentra amenazada.

Al mismo tiempo, en las zonas de altura, y valles aledaños, por el derretimiento de glaciales y el incremento de temperatura, se han adaptado nuevos cultivos y se han ampliado superficies, por lo que su resultado a corto plazo parecería beneficioso. Sin embargo, existe un consenso entre científicos y campesinos, que el resultado neto será negativo y las consecuencias irreversibles.

Los desafíos futuros, dignidad y cuidado de los recursos que sostienen la vida

En la medida que no existe ninguna forma de articulación política en Sudamérica y menos en América Latina, cada Estado, sus gobiernos y la diversidad de instituciones de su sociedad, enfrentan retos y desafíos de manera desarticulada, aspecto que es indispensable de considerar, por lo que las oportunidades se reducen a su mínima expresión, y a los vaivenes de la política local.

Por lo pronto, lo aconsejable y urgente, es definir un horizonte alimentario de largo plazo, que alimente de manera sana a las personas, que se complemente con actividad física y psicológica, y que les permita una vida digna y plena. La alimentación al fin de cuentas no puede mirarse aislada de los otros derechos políticos, económicos, sociales y cultuales.

En tanto, es importante cuidar los recursos como el suelo, el bosque, las semillas, la diversidad de formas de producción y a los productores/as familiares y comunitarios. Garantizar el acceso a la tierra y los recursos productivos para las personas que desean retornar al campo, a producir y cuidar su entorno.

Tomar medias para redefinir los sistemas de distribución en las ciudades, especialmente debatir los sistemas de abastecimiento urbano, para garantizar la desconcentración de los mercados en los barrios, promover la participación de los consumidores, disminuir el costo de transporte e inseguridad para los vecinos, diversificar los productos y las ofertas, equilibrando los productos industriales con los productos frescos locales y de producción dentro del territorio.

El asunto es ¿cómo lograr dar un giro? cuando los Estados y gran parte de las políticas sociales se sostienen con la destrucción de las condiciones naturales de la región.

______________________________________________________________________

[1] https://www.fao.org/publications/sofi/2022/es/
[2] Elaborado en base a estadística FAO, visto 14 de mayo 2021.
[3] Elaborado en base a estadística FAO, visto 14 de mayo 2021.
[4] https://ilp-ala.org/produccion-regional-de-carne-de-pollo/
[5] Bolivia incorporó, en su Declaración Política del Estado Plurinacional de Bolivia sobre los Sistemas Alimentarios, la exigencia al Sistema de Naciones Unidas, la necesidad de implementar indicadores y medidores que reflejen la producción local, tradicional y agroecológica.
[6] https://porlatierra.org/
[7] https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/136
[8] https://www.fao.org/publications/sofo/2022/es/

Verano 2022 / 2023

Oscar Bazoberry Chali

Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS)

El hambre inhibe derechos humanos fundamentales. Alguien que experimenta hambre ve afectada su salud, su capacidad de aprender y su dignidad. Tomar acción efectiva frente al hambre es, ante todo, una apuesta ética que nos retorna a la esencia de la “opción preferencial por los pobres”. Siguiendo a Pedro Arrupe, la respuesta frente al hambre implica un despliegue en el que la promoción de la justicia debe ser un requisito absoluto basado en el ejercicio de la solidaridad con los hombres y mujeres que experimentan mayores dificultades y son víctimas de opresión (Kelly, 2019).

En la actualidad, tenemos la certeza de que el agravamiento de la crisis agroalimentaria es resultado de los efectos entrecruzados del cambio climático, la pandemia de la COVID-19 y la guerra. Sin embargo, sabemos también que la persistencia del hambre y la inseguridad alimentaria no es novedad. En línea con la propuesta de Adela Cortina, la incapacidad humana por erradicar el hambre, aun reconociendo sus causas estructurales subyacentes, podría revelar visos de aporofobia, es decir, del desprecio por la población pobre reflejada en una alta dosis de indiferencia y falta de compasión efectiva.  Así, este texto reflexiona en torno a tres preguntas fundamentales: ¿de qué manera la actual crisis agroalimentaria podría explicarse también a partir de la indiferencia y falta de empatía? ¿de qué alternativas disponemos para ensayar salidas distintas? ¿qué responsabilidades corresponde asumir para transitar a una ciudadanía “en salida” y compasiva?    

Tendencias e indiferencias

Las cifras expresan la gravedad de la crisis.  En julio de este año, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022 dejó en evidencia la “intensificación de los principales factores de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, a saber, los conflictos, los fenómenos climáticos extremos y las perturbaciones económicas, en combinación con el aumento de las desigualdades” (FAO, 2022). A la par, el informe interpela a los lectores acerca del carácter sostenido de la adversidad y la urgencia por adoptar medidas más audaces para crear resiliencia frente a ella.

El reporte sugiere que, al 2021, más de 828 millones de personas, es decir 9,8% de la población mundial, padeció hambre. Esto es, 46 millones de personas más que en 2020 y 150 millones más que en 2019. Por si este panorama no fuera suficientemente desolador, el informe añade que, alrededor de 2,300 millones de personas en el mundo (es decir, 29,3 % de la población mundial) se encontraban en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave en 2021.  Esto representa 350 millones de personas más que antes del brote de la pandemia. De cara al futuro, se prevé que casi 670 millones de personas (8 % de la población mundial) seguirán padeciendo hambre en el 2030.  Frente a estas cifras la indiferencia resulta inmoral.

Alternativas y salidas

A fin de esbozar alternativas frente a la indiferencia, acogemos un reciente mensaje del Papa Francisco a Qu Dongyu, Director General de la FAO, a propósito de la Jornada Mundial de la Alimentación 2022: “no dejar a nadie atrás. Mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor para todos”.  En esa comunicación, el Papa invoca a quienes tienen el poder de tomar decisiones a considerar la necesidad de que las intervenciones para erradicar el hambre sean planificadas y no únicamente la respuesta a carencias circunstanciales o llamados lanzados frente a la emergencia. En otros términos, esta invocación apela a la necesidad de tomar acción frente a la crisis agroalimentaria partiendo ineludiblemente del sentido de urgencia sin hipotecar el sentido de oportunidad.

La ruta sugerida supone, parafraseando una de las secciones más notables de Evangelii Gaudium (EG), activar una ciudadanía “en salida” que sea capaz de involucrarse y acompañar a quienes padecen hambre e inseguridad alimentaria.  En esa línea, es posible precisar que una ciudadanía “en salida” es aquella que “sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos” (EG, 2012).  Esa búsqueda acogedora y empática es, por tanto, el punto de quiebre frente a la indiferencia y la ruta certera para restaurar la dignidad de quienes experimentan mayores privaciones.  O, por lo menos, intentarlo.

En línea con lo anterior, el antídoto a la indiferencia frente al hambre es el respeto activo a la igual dignidad de las personas en lo cotidiano.  Esto exige, además, el permanente reconocimiento cordial y compasivo de esa dignidad (Cortina, 2017).  No obstante, no toda compasión implica un compromiso activo con los demás y, para enfrentar el hambre, se requiere precisamente de ello y más.  Así lo sintetiza Zweig (2006) en un extraordinario texto citado por la propia Cortina:

“Existen dos clases de compasión. Una cobarde y sentimental que no es más que la impaciencia del corazón por librarse lo antes posible de la emoción molesta que causa la desgracia ajena […].  La otra, la única que importa, es la compasión […] que sabe lo que quiere y está dispuesta a compartir un sufrimiento hasta el límite de sus fuerzas y aún más allá…”

Pistas para una ciudadanía “en salida” y compasiva

En suma, hoy tenemos la enorme responsabilidad ética de activar, precisamente, nuestra capacidad de responder de manera colectiva ante la crisis y el hambre. Sin embargo, hay algo aún más importante: “asumir la responsabilidad” implica transitar a un rol ciudadano “en salida” y compasivo.

Específicamente, proponemos tres pistas para hacer que estos tránsitos sean efectivos: (i)  desplegar estrategias formativas y de acompañamiento orientadas a los jóvenes, a través de jornadas de reflexión, cursos y voluntariado compasivo, que resalten la importancia del compromiso ético en torno a la erradicación del hambre y la restauración de la dignidad; (ii) promover la generación de conocimiento riguroso acerca de las estrategias de resistencia frente al hambre por medio del reajuste y/o renovación de nuestros supuestos teóricos y propuestas metodológicas de modo que acojan con empatía las voces de quienes usualmente no son escuchados; y (iii) consolidar espacios de colaboración en red que faciliten, entre otros, rutas para la atención alimentaria  incluyendo el acopio de alimentos, la gestión de donaciones, la organización del reparto, la fiscalización y el acompañamiento, a la par de la puesta en marcha de observatorios territoriales de lucha contra el hambre con participación activa de las parroquias y organizaciones sociales de base.

En síntesis, el real ejercicio de una ciudadanía “en salida” y compasiva supone trascender marcos de referencia que usualmente enfatizan aproximaciones egocéntricas del bienestar para transitar al reconocimiento de un “nosotros colectivo” (ñuqanchik, en quechua) en el que, para que uno esté bien sea intrínseco que el otro también lo esté.  Esto es, retornemos al sentido original de lo comunitario. Tal vez ahí nos jugamos nuestra (¿última?) oportunidad.

Hoy, más que nunca, tenemos la enorme responsabilidad ética de activar nuestra capacidad de responder de manera colectiva ante la crisis y el hambre.

Referencias

• Cortina, Adela (2017).  Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia. Editorial Paidós – Estado y Sociedad
• FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF (2022).  El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022. Adaptación de las políticas alimentarias y agrícolas para hacer las dietas saludables más asequibles.  Roma, FAO.
• Iglesia Católica (2013). Evangelii Gaudium: Exhortación Apostólica del Santo Padre Francisco a los Obispos, a los Presbíteros y Diáconos a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. La Paz: Paulinas.
• Kelly, Thomas M (2019).  Ignacio, la pobreza y el compromiso con los pobres:
• la Compañía de Jesús a lo largo de su historia. Diario de Estudios sobre Paz y Justicia, Vol. 28 (2).
• Zweig, Stefan (2006). La impaciencia del corazón.  Barcelona: Editorial Acantilado.

Verano 2022 / 2023

Silvana Vargas Winstanley

Pontifica Universidad Católica del Perú – PUCP