Brasil y las elecciones 2014: la novedad viene de las calles

La elección presidencial brasileña de 2014, la primera después de las grandes manifestaciones de junio de 2013, está marcada por una aparente paradoja. La vibración en las calles de las jornadas de junio contrasta con la apatía general por la disputa del más alto cargo del país. La séptima elección, después del largo ciclo militar y que remplazó a cinco generales en el poder (1964-1985), marcha hacia el récord de votos nulos, abstenciones y votos en blanco.

La paradoja entre el bullicio de las calles y la indiferencia hacia el proceso electoral, en realidad, no es una antítesis, sino la expresión de las mismas calles que han manifestado su desencanto con los políticos y el sistema político. El lema no me representan’, visible en pancartas publicitarias, anunciaba lo que estamos presenciando ahora. El paisaje del escenario electoral solo puede ser comprendido por el post-junio de 2013 y el movimiento #NãoVaiTerCopa (No vamos a tener Copa) de 2014.

Sin embargo, la novedad en el mundo de la política brasilera, no son las elecciones y lo que deriven de ellas, sino lo que se produjo antes de ellas, en lo que puede llamarse el poder constituyente, la potencia de las calles exigiendo y produciendo política. Las jornadas brasileñas de junio son parte del ciclo global de luchas iniciado por las revoluciones árabes de 2011, pasando por el Movimiento Europeo el 15-M, la Occupy Wall Street, hasta las luchas de Gezi Park en 2013 en Turquía.

Se trata de comprender que las calles hacen visible y refuerzan la brecha entre la política expresada en el cuerpo social y la política representada por el sistema político. Cualquier intento de leer la primera bajo los términos de la segunda es fallido, porque una crisis de representación es precisamente cuando la segunda se torna insuficiente para dar cuenta de la primera. En otras palabras, la sociedad brasileña de hoy es más moderna que su Estado; y, entre los candidatos, quien mejor perciba que ya no se trata de gobernar para las calles sino de unirse a ellas, estará más cerca de la victoria.

Marina Silva ejerce una fuerte atracción sobre los indecisos, sobre la gente del “no me representan”, que no es exactamente el movimiento de las calles, pero tienen algo de la cultura que floreció en ellos.

Tres claves interpretativas irrumpen de la lectura de las calles y de su inflexión por el nuevo momento político brasileño: el rechazo, el reconocimiento y la cuestión social. El rechazo por la  representación política de los partidos y de la clase política en general que se desmoralizaron. Una brecha se ha abierto entre las calles y la representación política e institucional. El “ustedes me representan” fue reemplazado por “Yo me represento”. Oponiéndose al agotamiento de la democracia representativa, se exige el “reconocimiento político” traducido en una efectiva democracia participativa y directa.

Por otra parte, el movimiento no es sólo de rechazo, sino que también está en busca de reconocimiento. Las personas quieren ser reconocidas, quieren que su dignidad e identidad sean respetadas, legitimadas. El reconocimiento aquí asume una triple condición: reconocimiento político, social y cultural. Junto al reconocimiento político (representación) y social (inclusión), también está la lucha por el reconocimiento cultural; es decir, la lucha no es sólo por la igualdad, sino también por el reconocimiento de la diversidad en cuanto a las condiciones y opciones de género, raciales  y étnicas.

Al lado del ‘rechazo’ y del ‘reconocimiento’ hay otro tema clave que surge de las calles: la cuestión social. Cuando menos se esperaba, y cuando muchos pensaban que ya estaba bien encaminada y hasta resuelta la “cuestión social” –con la movilidad creciente de miles hacia arriba-, las calles dieron el mensaje de que las cosas no están bien.

El lema de la calle “mucho más que 0,20 centavos[1] expresa el caldo latente de un clima de frustración de los que no se sienten incluidos. De los que están fuera de la sociedad de consumo, de miles que trabajan en empleos precarios. De aquellos que estudian y trabajan y necesitan desplazarse en las metrópolis carrocentristas, pero también de aquellos que no estudian ni trabajan y se dan cuenta de que el prometido acceso a la sociedad de consumo no vendrá por la educación y menos aún por el trabajo de salario mínimo. El resentimiento se une también a la indignación por no acceder, o por el acceso restringido, a servicios como salud, educación, servicios sanitarios básicos, vivienda, transporte público.

El malestar de las calles señala que el modelo neodesarrollista de inclusión a través del mercado de consumo -la apuesta de Lula/Dilma- se hizo insuficiente. Es innegable que los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) dieron más atención a los problemas sociales que los gobiernos anteriores. La caída del desempleo con la fuerte oferta de puestos de trabajo, el aumento de los salarios reales, los programas de mitigación de la desigualdad que dieron lugar a la movilidad social ascendente de miles de brasileños son ejemplos de esta atención. Se habla de la aparición de una nueva clase media en Brasil – 22,7 millones de brasileños han cambiado el nivel de ingresos, sobre todo en los últimos cinco o seis años-.

La crítica, sin embargo, también expresada por las calles, es que el crecimiento económico no se tradujo en cambios estructurales y rupturas con los grandes grupos económicos del agronegocio, de las finanzas y de la gran industria. Los pobres ganaron mucho con los gobiernos de Lula y Dilma, pero los muy ricos han ganado aún más. El movimiento #NãoVaiTerCopa, durante la edición de la Copa Mundial en suelo brasileño, y antes que él las manifestaciones del mes de junio de 2013, en la estela de la Copa Confederaciones, expresan esta latencia.

Las protestas señalaron una serie de demandas que, antes de la realización de los megaeventos, fueron respaldados. El #NãoVaiTerCopa denunció la absoluta prioridad de las inversiones en los estadios, la publicidad y la seguridad para la Copa en el contexto de la degradación de los servicios esenciales a la población, como el transporte público, la salud y la educación. Protestaban contra la falta de hospitales y escuelas “nivel FIFA”. También se cuestionó el legado de violaciones de derechos y exclusiones de los no deseados de la Copa: los barrios marginales y comunidades “en el camino” de las obras, los vendedores ambulantes, personas sin hogar en las calles, las ocupaciones urbanas.

Reuniendo una amplia variedad de demandas y reivindicaciones las jornadas de junio de 2013 y el #NãoVaiTerCopa se convirtieron en un fuerte desafío al nuevo modelo de desarrollo y una fuerte disidencia en el funcionamiento estructural de las instituciones, de los gobiernos y la democracia representativa brasileña. Es a partir del contexto anterior que se entiende el poco entusiasmo por las elecciones de 2014. Las calles indican los límites de las representaciones del tablero de los partidos políticos nacionales.

Desde la perspectiva de la disputa electoral, el curso de las elecciones indicó, por defecto, la victoria de Dilma Rousseff (PT). El accidente de avión que cobró la vida del joven candidato del PSB, Eduardo Campos, sin embargo, barajó el juego. Ahora, con la entrada de Marina Silva, parece que vamos a tener una segunda vuelta entre Marina y Dilma.

Dilma Rousseff (PT), por ahora, sale al frente a causa del gran capital electoral en las regiones más pobres de Brasil debido, principalmente, a las políticas de transferencia de ingresos implementados durante el gobierno del PT, como la Bolsa Familia, los fuertes programas de impacto social (“Mi Casa, Mi Vida”, “Más Médicos”) y las consecuencias de una economía, ahora en crisis, que incluyó a muchos en el mercado formal, aunque en empleos precarios. Aecio Neves del partido PSDB, derrotado en las últimas tres elecciones presidenciales contra PT, muestra dificultades de crecimiento, de un parte, porque se centra en un discurso electoral moralista y, de otra, porque es un tributario del gobierno del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), responsable de un punto de bajo crecimiento de la economía y del aumento de la desigualdad social.

La incógnita está por el lado de Marina Silva, salida de las filas del PT, ex -ministra de Lula y que después del intento frustrado de creación de su partido Red Sostenibilidad emigró a la plancha de vice del Partido Socialista Brasilero (PSB). Con la muerte de Campos asumió su candidatura. Marina surgió con la bandera de la ecología pero se acerca poco a poco al ideal de una política económica liberal. Se sabe poco de lo que va a ser efectivamente defendido por ella. En estos momentos ejerce una fuerte atracción sobre los indecisos, sobre la gente del “no me representan” que no es exactamente el movimiento de las calles, pero tienen algo de la cultura que floreció en ellos.

La novedad que tiene que ser comprendida por la realpolitik es que el “punto fuera de la curva” – el legado de las calles – llegó para quedarse. Hay nuevos actores y nuevos sujetos sociales en movimiento que manifiestan las contradicciones de fondo de un modelo anticuado y ya superado.

_____________

[1] “Mucho más que 0,20 centavos” fue el lema de las movilizaciones por el aumento del pasaje urbano en 20 centavos.


Cesar Sanson

Doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte y socio del Instituto Humanitas Unisinos – IHU.




Latinoamérica: período para cumplir promesas o salir del ahogo

De los países latinoamericanos con economías más fuertes y fuerzas políticas más establecidas, Chile aparece al iniciar el año como el país con menos sobresaltos, y con la presidenta Michelle Bachelet concretando reformas a menos de un año de haber asumido su segundo mandato. El panorama para Brasil, México, Argentina y Venezuela es diferente, duro, cada cual por problemas y crisis distintas.

Brasil, entre la inflación y la corrupción

La presidenta Dilma Rousseff juramentó su segundo mandato al inicio de año y prometió combatir la inflación, proveer internet veloz y barato, combatir la corrupción, y ajustar las cuentas públicas.

Según las proyecciones del Banco Central, el crecimiento del PIB en 2015 será de 0,2%, con una inflación de 6,4%, una cifra similar a la de 2014 que se mantuvo por debajo del techo de 6,5%. Sin embargo, de acuerdo a una encuesta realizada por el mismo organismo a 100 economistas del mercado financiero en enero, el crecimiento de la economía será 0% y la inflación llegará a 7,15%, la más alta en 11 años.

En las calles, los ciudadanos han vuelto a protestar debido a que la primera semana de enero fue aprobado un incremento en la tarifa del transporte (3.50 reales; es decir, 1.2 dólares o 3.30 soles), aunque esta vez no hubo la violencia policial que ocurrió contra las manifestaciones masivas de 2013 debido al alza de la tarifa a 3.20 reales. El Movimiento Passe Livre (que se gestó en 2006 y que busca un servicio de transporte gratuito) ha liderado en 2011, 2013 y este año dichas protestas.

Si bien en 2005 comenzaron a aparecer las pruebas de la corrupción en el gobernante Partido de los Trabajadores durante el Gobierno de Lula, un nuevo episodio ha afectado la administración de Rousseff debido a las evidencias de que la estatal Petrobras fue usada para desviar dinero a políticos y empresas constructoras. El esquema descubierto en 2005 consistía en una contabilidad paralela y pagos a políticos para orientar sus votos. El tesorero del partido en el poder, Delubio Soares, uno de los amigos más cercanos de Lula, fue preso. Este año, el actual tesorero Joao Vaccari, fue llevado a declarar a la Policía. Entre las empresas constructoras involucradas en este caso están Odebrecht, Camargo Correa y OAS, contratistas de megaproyectos de infraestructura en Perú: varios de sus ejecutivos están también en prisión.

Para completar el cuadro de dificultades, en febrero ganó la presidencia del Senado Eduardo Cunha, un parlamentario cuestionado y que en el primer periodo de Rousseff bloqueó iniciativas gubernamentales. Según el diario El País, Cunha decidirá qué discutirá o no el Parlamento; puede querer implantar una Comisión de Investigación del caso Petrobras e impedir una ley de medios pretendida por el Ejecutivo.

En otro plano, Brasil continúa como el país con mayor número de asesinatos a activistas medioambientales: entre 2002 y 2013 ha habido 448 asesinatos según la organización Global Witness.

México: desaparecidos y negación oficial

Pese a la gran cantidad de muertos y desaparecidos en circunstancias similares (por detención irregular o secuestro), en particular en los estados de Guerrero y Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto no da respuestas jurídicas ni políticas suficientes para contener la violencia, investigarla y sancionarla. En el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) primero demoró en hacer las indagaciones y, cuando no le quedó más remedio que tomarlo por la presión pública, reveló la voluntad de resolver rápidamente, presentando unos supuestos sicarios y lugares de incineración sin evidencias contundentes.

El Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha participado en las investigaciones desde que un par de testigos apuntaron a un supuesto lugar de calcinamiento de cadáveres en un basural en Cocula, reveló a la revista Proceso que para dar conclusiones aún falta procesar una cantidad importante de evidencia física que debe ser interpretada “con rigor científico”. Y criticó que la PGR intenta forzarlas para que coincidan con los testimonios de los supuestos asesinos que dan sustento a la verdad del procurador Jesús Murillo Karam.

Los forenses destacaron que hay 200 desaparecidos en Iguala y aún no se puede establecer si los restos calcinados en ese lugar corresponden a hechos anteriores a la desaparición de los normalistas.

Mientras tanto, el investigador veracruzano Alberto J. Olvera considera que la crisis que vive hoy su país es tan grave como la de 1994-1995, cuando México pasó por el asesinato del candidato presidencial del PRI, el estallido de la guerrilla en Chiapas, y la macrodevaluación (llamado entonces efecto tequila). “Se han agotado los potenciales estabilizadores de un tímido ciclo democratizador limitado al terreno electoral y la implantación de un proyecto neoliberal a medias, que protegió los intereses de toda clase de monopolios, públicos y privados”, sostiene. El académico destaca que ante la falta de respuesta oficial, los familiares de los desaparecidos han optado por radicalizarse, y ello los ha distanciado de organizaciones ciudadanas activas contra la violencia en el país. Cree que la ausencia de una sociedad civil densa y de medios de comunicación críticos permitirá que se afiance el poder del PRI en la Cámara de Diputados en junio.

Chile: maratón de reformas

Mientras en diciembre, en Lima, el Ejecutivo lograba la aprobación en el Congreso -sin debate previo- de la ley del régimen laboral juvenil (más conocida como la Ley Pulpín) que menoscababa derechos laborales para personas de 18 a 24 años; en Santiago, la tendencia era exactamente al revés. “La demanda hoy es que haya trabajo, pero no cualquier tipo de trabajo. Trabajo de calidad”, dijo Bachelet al presentar el proyecto de ley que envió al Parlamento el 29 de diciembre.

La iniciativa fortalece la cobertura de la negociación colectiva e indica que si el empleador quiere extender los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados, debe hacerlo con la anuencia del sindicato. Además, plantea eliminar la facultad del empleador de reemplazar al trabajador en huelga y proteger los derechos de las mujeres trabajadoras, sea que formen parte o no de las dirigencias de los sindicatos.

Y también, a contramano de la tendencia en el Perú -donde el Gobierno promueve las asociaciones público-privadas en el sector educación-, el Senado y luego la Cámara de Diputados de Chile aprobaron en enero la norma contra el lucro, la selección de estudiantes y el copago en centros educativos que reciben aportes del Estado.

Al iniciar 2015, el Legislativo chileno concretó una reforma electoral, terminando con el sistema binominal establecido durante el gobierno de Augusto Pinochet. El diario El Mercurio describió el nuevo mecanismo como uno “de carácter proporcional inclusivo y que fortalece la representatividad del Congreso Nacional”. Por último, otro proyecto de ley archivado en Lima tuvo otro recorrido en el parlamento chileno, pues aprobó el acuerdo de vida en pareja o pacto de unión civil.

Si bien la performance de los gobiernos, medios, empresarios y la sociedad civil en Brasil, México y Venezuela impregna de preocupación cada día, Chile y Colombia (cuyo Gobierno insiste en concretar un acuerdo de paz con las FARC) son casos en los que la política también incluye el cumplimiento de compromisos, promesas que los ciudadanos no olvidan.


Jacqueline Fowks

Periodista e investigadora peruana. Profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Colaboradora en Perú del diario español El País.




La realidad de los haitianos que migran al Brasil

Desde el terremoto del 12 de enero del 2010, muchos habitantes de Haití han huido de su devastada patria rumbo a diferentes países de América del Sur, pero con una preferencia por Brasil. Esto se debe, en parte, a las políticas restrictivas adoptadas por la mayoría de los otros gobiernos con el cierre de sus fronteras y la imposición de leyes cada vez más restringidas para la entrada y permanencia de estas personas; y, por otro lado, a la postura del gobierno brasileño que adoptó, por razones humanitarias, una política migratoria más abierta y acogedora a los extranjeros desterrados de sus países, especialmente los haitianos.

Sin embargo, eso no quiere decir que la vida de los haitianos que llegan a Brasil sea fácil. De hecho, solo un número reducido de ellos obtiene legalmente la visa de entrada a Brasil en el propio Haití. La opción que queda para la gran mayoría es la de aventurarse a cruzar ilegalmente varias fronteras internacionales por vía marítima, fluvial o terrestre. Podemos decir de ellos que, desde el momento que salen de su tierra madre, empiezan a vivir un verdadero vía crucis con el objetivo de llegar a alguna tierra prometida.

En gran parte estos flujos migratorios de haitianos y de ciudadanos de otras nacionalidades, dentro del continente sudamericano, son promovidos por redes de traficantes que cobran entre 3,000 y 5,000 dólares por persona para ser transportadas hasta las fronteras de Perú, Bolivia y Colombia con la frontera brasileña, en la inmensa región Panamazónica. Son los llamados “coyotes”, los que explotan al máximo a los migrantes y a sus familias; estas últimas llegan a vender, en muchos casos, sus viviendas y así apoyar a un hijo o a un padre en su búsqueda de recursos económicos para ayudar a los que quedaron. Muchos llegan con la falsa imagen de que en el mayor país de América Latina habrá facilidades de encontrar empleos bien remunerados, becas de estudios en las universidades o casas dadas por el gobierno. Otros solamente quieren entrar a Brasil como lugar de paso a la Guyana Francesa y de ahí poder transitar hacia Europa o los Estados Unidos.

Según los datos del gobierno brasileño, más de 35 mil haitianos viven en el país, dispersos en distintas ciudades. La gran puerta de entrada para estos nuevos residentes continúa siendo la Amazonía.

En un primer momento, la ruta preferida consistía en atravesar la frontera de 300 kilómetros de Haití con la vecina República Dominicana, por un área sin control policial. De ahí el viaje continuaba en pequeños aviones o barcos precarios en dirección a Panamá, para llegar al continente sudamericano y proseguir a Ecuador hasta llegar por vías terrestre y fluvial a la pequeña ciudad brasileña de Tabatinga, situada en las márgenes del río Amazonas, en la triple frontera con Perú y Colombia.

De Tabatinga, el largo viaje continuaba dentro de Brasil, navegando por el Amazonas hasta la ciudad de Manaus, con dos millones de habitantes. Allí, los haitianos eran acogidos inicialmente por la pastoral de migrantes de la Iglesia Católica, por algunas comunidades religiosas y por Organizaciones no-Gubernamentales. Posteriormente fueron acogidos por algunos órganos de gobierno. Se improvisaron centros de acogida en las parroquias y en los complejos deportivos que no solamente daban abrigo sino atención a los más vulnerables, como a las mujeres embarazadas y a las familias con niños. Se percibió también la necesidad de acompañar a estos “refugiados” con atención humanitaria que incluyese acompañamiento psicosocial, información y orientación de cómo completar su proceso de regularización migratoria o maneras de conseguir empleo o casas.

Con el apoyo financiero de la Curia General de la Compañía de Jesús, en febrero del 2012 el gobierno de la Región Amazónica de los jesuitas decidió abrir en Manaus el Servicio Voluntario llamado “PRO HAITI” con la finalidad de ofrecer ayuda y acompañamiento jurídico, pedagógico, social y pastoral a la población haitiana. Se formó un equipo coordinado por el hermano Paulo Welter SJ y conformado por profesionales laicos, voluntarios religiosos y una secretaria. A partir de setiembre del 2013, la coordinación del equipo pasó a la abogada venezolana María José Alvarez, voluntaria ligada al Programa de Liderazgo Universitario Ignaciano Latinoamericano de la Universidad Católica del Táchira (UCAT).

La entrada de haitianos y de otros extranjeros (venidos sobre todo de Senegal y de la República Dominicana) por la Amazonía brasileña se da ahora por los municipios de Brasileia y Assis, pequeñas ciudades localizadas en el Estado de Acre, en la triple frontera Bolivia-Perú-Brasil (BOLPEBRA). La ruta inicial continúa siendo la misma hasta llegar al continente; pero en lugar de ir a Tabatinga, cuya frontera ahora es cada vez más cerrada por la Policía Federal Brasileña, ellos prefieren seguir por la nueva carretera inter-oceánica que va de Brasil hasta el Océano Pacífico, en la costa peruana.

Al llegar a Acre, haitianos y otros migrantes son orientados a un centro de acogida del gobierno brasileño, localizado en la ciudad capital de Río Branco. Este centro tiene la capacidad de acoger hasta 400 personas, aunque en algún momento llegó a acoger a 600 migrantes al mismo tiempo. En este lugar los migrantes deben permanecer hasta recibir toda la documentación necesaria para seguir la travesía a otros estados de Brasil. En Assis y Brasileia, los padres jesuitas Gilberto Versiani y David Romero colaboran en la pastoral diocesana de la movilidad humana y han abierto la parroquia para la solidaridad con estos hermanos y prestarles la primera ayuda en suelo brasileño. Algunos llegan sin dinero y prácticamente ninguno sabe decir una sola palabra en portugués. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en los últimos años, cerca de 27 mil haitianos han cruzado la frontera por los países vecinos a la Amazonía brasileña.

En la región centro – sur del país, la Compañía de Jesús ha fortalecido su presencia junto a los haitianos y otros grupos de migrantes y refugiados con la apertura del Centro ZANMI, que significa AMIGOS en creole haitiano. Inaugurado en noviembre del 2013, en la ciudad de Belo Horizonte, este centro está formado por diversos equipos de trabajo según las áreas que pretende atender: social, lengua y diálogo intercultural, investigación y promoción, voluntariado. ZANMI busca promover y participar en redes en lo local, nacional e internacional con diversas entidades públicas y privadas. El centro es coordinado por Pascal Peuzé con el apoyo del hermano Davidson Braga SJ, coordinador nacional del Servicio Jesuita Migrante en Brasil.

En lo que respecta al servicio voluntario PRO-HAITI, en Manaus, este cuenta en la actualidad con la presencia de una pareja de voluntarios españoles enviados a la Amazonía por el programa Voluntariado Pedro Arrupe (VOLPA), de la Provincia de España. Este servicio pasó a ser parte de las líneas de acción del Servicio de Acción y Reflexión Ecosocial (SARES), bajo la coordinación del P. José Miguel Clemente SJ.

Como el flujo migratorio de haitianos ha disminuido en Manaus y crecido por Acre, se ha decidido apoyar el trabajo iniciado en la triple frontera entre Bolivia-Perú-Brasil y en la capital Río Branco, sin abandonar el acompañamiento en Manaus.

Todo indica que el fenómeno de los grandes flujos migratorios de extranjeros, oriundos de países asolados por las guerras, catástrofes naturales y pobreza extrema continuará creciendo en dirección a Brasil, lo que significa que los servicios de la Compañía de Jesús se tornarán cada vez más necesarios y prioritarios en este campo.


Adelson Araujo, SJ

Ex-Superior Regional de los jesuitas de la Amazonía (Brasil)




Para entender la corrupción: repaso de enfoques y reflexión sobre el caso de México

Quizá uno de los términos con los que los latinoamericanos estamos ya muy familiarizados en nuestra vida pública es el de “corrupción”. Un término que, si bien el sentido común nos lleva a “reconocer” cuando conocemos o experimentamos una situación que implique corrupción, la literatura especializada no ha podido delimitar ni fijar sus límites de manera contundente y clara. Más aún, la corrupción, cuando es exitosa, es casi imposible de rastrear, pues además los propios actores involucrados tienen incentivos para mantener este tipo de transacciones en la mayor secrecía.

Entonces, ¿cómo podemos entender, para su estudio, este fenómeno tan complejo? Ofrecemos una aproximación general que permite al lector: tener una idea de los problemas que han surgido a la hora de conceptualizar este término; conocer cuatro de los principales enfoques metodológicos que han definido y estudiado la corrupción; y, como corolario, una breve exposición de algunos de estos enfoques trabajados para el caso de México y sus resultados.

El problema de definir la corrupción

Hasta la década de 1990, muchos de los estudios sobre corrupción tenían una naturaleza anecdótica con algunas excepciones que ya habían intentado teorizar el tema[1]. Los análisis con datos agregados, incluso los que buscaban comparar sectores económicos o países, con frecuencia utilizaban evidencia incidental[2]. En un trabajo sobre el tipo de problemas que no podían analizarse en términos estadísticos, Dogan y Kazancigil (1994) incluían el caso de la corrupción como uno en donde, si bien se podían observar ciertos fenómenos, su cuantificación no era cuantificable[3].

A pesar de ello, durante los últimos 20 años ha habido un incremento muy importante en los trabajos empíricos sobre corrupción, alentados por una creciente preocupación internacional sobre sus perjuicios y el interés en hallar formas más eficaces y efectivas de combatirla. Varios aspectos ayudan a comprender este interés, entre los que destacan la forma de operación de los mercados en los países de América Latina y de Europa del Este de forma posterior a las transiciones políticas y los ajustes económicos (de corte neoliberal). Otro aspecto es que, una vez concluida la Guerra Fría, las instituciones y organismos internacionales, que antes transferían dinero y recursos a países con base en la supuesta “contención al comunismo” y el “apoyo a la democracia”, ahora han decidido supervisar mejor el destino que han estado teniendo estas transferencias. Además, otro aspecto se refiere a la emergencia de mercados internacionales más fluidos y, en principio, orientados a competir por capitales, en donde la corrupción claramente supone costos mayores a empresas e inversionistas.

Así, ha surgido de forma evidente un reconocimiento de la corrupción como un problema, en principio –aunque no únicamente-, de tipo económico[4], que reduce el crecimiento y los flujos de inversión[5], limita el desarrollo[6], afecta la eficacia de la política pública[7], reduce la confianza en las instituciones públicas y daña al Estado de Derecho. Por todas estas razones –y más—, hay cada vez mayor interés en entender causas y consecuencias de la corrupción. De este modo, al contrario de lo que sostenía acerca de las dificultades de “medir el problema de la corrupción”, los investigadores han tomado aspectos muy concretos trabajando con datos en ámbitos diversos, desde lo público hasta lo corporativo[8]. Incluso, los avances han permitido hallazgos que son controversiales, como que en ciertas circunstancias la corrupción puede incluso incentivar el crecimiento de corto plazo, aunque termine por erosionar el de mediano y largo plazos[9], o que en entornos sobre-regulados o con normatividad tramposa, los actores terminan por orientar su conducta hacia corrupción como salidas más eficientes.

En el fondo, todas estas investigaciones parten de considerar a la corrupción como el uso y aprovechamiento de información y recursos públicos con fines privados. Por tanto, desde estas perspectivas la cuestión sobre la medición de la corrupción ha quedado superada y el tema se centra ahora en “cómo medir mejor”, es decir la discusión se ha trasladado de la conceptualización hacia la metodología.

Cuatro enfoques para estudiar la corrupción

En general sería posible sugerir que hay cuatro grandes enfoques para estudiar el fenómeno de la corrupción: legal, interés público, socio-cultural, y de mercado.

La última edición del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de 2010 estimó que los actos de soborno por parte de los ciudadanos representaron en México alrededor de $ 2.5 mil millones de dólares estadounidenses, equivalente en promedio al 14% del ingreso familiar y alrededor de 0.5% del PNB nacional.

Desde la perspectiva del interés público, la corrupción implica un desvío indebido y una conducta incompatible con la búsqueda del bien común[10]. Esta perspectiva ha sido criticada por su falta de especificidad, pues no está claro qué es o quién define el bien común[11]. Desde la perspectiva legal, otros autores, por tanto, sostienen que la corrupción es básicamente un desvío de las normas y regulaciones existentes[12]. Sin embargo, esta visión, a pesar de su popularidad, no carece de críticas, pues hay quienes señalan que no todo acto ilegal es corrupto o todo acto corrupto es ilegal[13]. Desde aquí un tercer grupo de autores proponen una definición más socio-cultural que tome en cuenta no sólo aquellas normas establecidas en códigos y reglamentos, sino también aquellas que valore la sociedad. El problema con esta perspectiva es que resulta claro que hay sociedades, como el caso de México, en donde hay una extrema tolerancia social a la corrupción y no necesariamente se ve como negativa una conducta guiada por ella[14]. Ante estas críticas, hay un cuarto grupo de autores que han propuesto concentrarse en una perspectiva de mercado para estudiar la corrupción pública, partiendo de considerar al servidor público corrupto como aquél que entiende su cargo como negocio privado[15]. El problema de esta visión es que se restringe al servidor público y descuida las interacciones con otros actores privados y el entorno. Por tanto, es posible ver que cada perspectiva responde a preguntas de investigación concretas, cada una con ventajas y limitaciones.

Una reflexión sobre el estudio de la corrupción en México

Sin ánimo de sustituir las perspectivas anteriores, sino más bien de complementarlas, desde hace tiempo algunos autores hemos trabajado desde una perspectiva que busca comprender y entender los contextos amplios en los que ocurren los actos de corrupción, así como las propias actitudes y explicaciones que ofrece la sociedad al respecto[16].

De acuerdo con el Índice de Percepciones sobre Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional de 2014, en donde cero es “muy alta percepción de corrupción” y 100 es “muy baja”, México obtuvo una puntuación de 35 sobre 100 y se ubicó en la posición 103 de 173 países junto con Bolivia, Moldavia y Níger. Por su parte, Transparencia Mexicana (TM), en su última edición del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) de 2010, que mide la corrupción en los servicios públicos que ofrece gobierno e iniciativa privada, estimó que los actos de soborno por parte de los ciudadanos representaron en México más de 32 mil millones de pesos mexicanos (alrededor de $2.5 mil millones de dólares estadounidenses), equivalente en promedio al 14% del ingreso familiar y alrededor de 0.5% del PNB nacional. En breve: la corrupción es un grave problema en México.

En este sentido, los estudios que hemos realizado[17] parten de considerar que, en un nivel institucional, una de las causas de la corrupción es la falta de eficacia y efectividad para sancionar los actos corruptos. En otro nivel vinculado con el anterior, otra causa tiene que ver con la débil legitimidad del entramado legal e institucional. Esto permite entender mejor porqué se conciben los cargos como espacios para negocios privados y, al mismo tiempo, porqué los propios actores privados -ciudadanos y empresas- entran en estos intercambios no sólo con actores públicos, sino entre sí. El estudio desde esta perspectiva implica una combinación metodológica: trabajar con datos agregados permite establecer correlaciones y proponer conclusiones generalizables; trabajar con métodos cualitativos permite, en cambio, profundizar en la comprensión de un fenómeno complejo.

En suma, hoy en día ya existen diferentes enfoques desde los cuales trabajar el tema de la corrupción, cada uno con fortalezas y debilidades que, en última instancia, depende del investigador seleccionar y definir con base en la pregunta que desee responderse y el enfoque metodológico que prefiera.

[1] ROSE-ACKERMAN, S. The Political Economy of Corruption, New York, Academic Press. 1978.
[2] GRAF-LAMBSDORFF, J. Causes and consequences of corruption: What do we know from cross section of countries? en Susan Rose-Ackerman (ed.), The International Handbook on the Economics of Corruption, Northampton, Mass.: Edward Elgar Publishing. 2006.
[3] DOGAN, M. y A. KAZANCIGIL. What Cannot be Analyzed in Statistical Terms, en M. Dogan y A. Kazancigil, Comparing Nations: Concepts, Strategies, Substance, Oxford, Blackwell. 1994.
[4] BARDHAN, P. y D. MOOKHERJEE. Descentralization, Corruption and Government Accountability, en Susan Rose-Ackerman (ed.), The International Handbook on the Economics of Corruption, Northampton, Mass.: Edward Elgar Publishing. 2006.
[5] MAURO, P. Corruption and Growth, Quarterly Journal of Economics, CX(3). 1995, pp.681-712.
[6] KAUFMAN, D., A. KRAAY y M. MASTRUZZI. Measuring governance using cross-country perceptions data, en  Susan Rose-Ackerman (ed.), The International Handbook on the Economics of Corruption, Northampton, Mass.: Edward Elgar Publishing. 2006
[7] BAI C., y S. WEI. Quality of Bureaucracy and Open Economy Macro Policies NBER Working Paper 7766. NBER, Cambridge. 2000
[8] Ver Nota 5.
[9] AIDT, T. S. Corruption and sustainable development, en Susan Rose-Ackerman and Tina Soreide (eds.), The International Handbook on the Economics of Corruption, Vol. II, Northampton, Mass.: Edward Elgar Publishing. 2011
[10] MORRIS, S. Corruption and Politics in Contemporary Mexico, Tuscaloosa, University of Alabama Press. 1991
[11] THEOBALD, R. Corruption, Development and Underdevelopment, Durham, Duke University Press. 1990
[12] KLITGAARD, R. Controlling Corruption, Berkeley, University of California Press. 1988
[13] DELEON, P. Thinking About Political Corruption, New York, M.E. Sharpe Inc. 1993
[14] GUERRERO, M.A. y E. RODRÍGUEZ-OREGGIA. On the individual decisions to commit corruption: a methodological complement, Journal of Economic Behavior and Organization, 2008, Vol.65, pp.357-372
[15] RENO, W. Corruption and State Politics in Sierra Leone, New York, Cambridge University Press. 1995
[16] GUERRERO, M.A. Percepciones y Representaciones de la corrupción en la Ciudad de México, en Varios, Los retos de la democracia: Estado de Derecho, corrupción y sociedad civil, Vol.III, México: IBERGOP/Porrúa. 2004
Ver Nota 14.
GUERRERO, M.A. y E. RODRÍGUEZ-OREGGIA. Transparency, Access to Information and Welfare, Comparative Media Law Journal, 2009, No.11, Dic-Ene, pp. 25-69
[17] Ver Nota 14.
Ver Nota 16 c.
GUERRERO, M.A. Para entender las prácticas de corrupción y sus contextos: la legitimidad del marco legal, en Transparencia y Privacidad. Revista Mexicana de Acceso a la Información y Protección de Datos. Núm. 3, México: Instituto Federal de Acceso a la Información.  2014


Manuel Alejandro Guerrero

Doctor en Ciencia Política con especialidad en Comunicación Política por el Instituto Europeo Universitario, en Florencia, Italia. Profesor-Investigador de la Universidad Iberoamericana de México, en el Departamento de Comunicación