Del conflicto social y armado a la construcción de la Paz en Colombia

Son cinco los puntos en la agenda de la Mesa de Diálogo de La Habana entre el gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia/Ejército del Pueblo (FARC/EP). Los tres primeros tratan temas sobre las causas estructurales del conflicto en el país: (1) el desarrollo agrario; (2) la participación política y la construcción de un Estado social y democrático de derecho y (3) el problema de los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico que ha permeado de manera estructural la sociedad colombiana. Los otros dos puntos de la agenda se concentran en las consecuencias del conflicto: (4) la situación de las víctimas, la propuesta de justicia transicional en el marco de la recuperación de la verdad, la reparación y las garantías de no repetición; y (5) la terminación del conflicto, en el que se acuerdan los temas de desarme, desmovilización y reinserción.

La Mesa de Diálogo se instaló en La Habana, Cuba, en agosto de 2012 con la firma del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, su trabajo en cuatro años ha sido complejo, con algunos momentos de crisis que se han superado con la mediación de diferentes actores nacionales e internacionales, incluidas las víctimas del conflicto quienes en su momento han tenido representación en el proceso y le han dado un contenido de alto valor para las decisiones que la Mesa ha tomado.

Esta Mesa de Diálogo forma parte de un proceso histórico de una decena de diálogos realizados entre diferentes fuerzas insurgentes y las clases políticas y de la élite colombiana, durante los últimos treinta y cinco años, con resultados en unos casos exitosos y en muchos otros fallidos. Sin embargo, el diálogo de La Habana, que recoge la experiencia de los anteriores, presenta unas características que lo hacen uno de los procesos más consolidados y de resultados efectivos sin precedentes para Colombia.

Dentro de estas características se destacan las siguientes: se dialoga en medio del conflicto y fuera del país, lo que ha garantizado partir de mínimas condiciones. No es un diálogo entre vencidos y vencedores ni para el sometimiento de una fuerza insurgente. Las FARC-EP no estaban derrotadas ni política ni militarmente. Se trata de un diálogo para negociar y definir resultados en medio del proceso. En estos momentos el diálogo está centrado en lo que se llama el logro de la “paz negativa”, o la superación del conflicto armado o fin de la guerra; pero el proceso de paz no se agota aquí, la nación necesita empezar a caminar hacia una “Paz Positiva” que tiene como horizonte el diseño y desarrollo de procesos para la transformación de los conflictos sociales y estructurales del país, la realización de los derechos humanos y la apropiación de las responsabilidades políticas, económicas y culturales de todos y cada uno de los actores sociales e institucionales.

Otra característica es que los diálogos se realizaron en medio de procesos electorales (para el Congreso de la República en el 2014 y para la Presidencia en el 2015). Que no se hayan detenido ni modificado estos procesos en medio de los diálogos, generó confianza para la vida política e institucional, en medio de todas sus tradicionales limitaciones como el clientelismo y la corrupción.

Una de las cualidades que sin duda ha ofrecido mayores diferencias y frutos es la presencia de nuevos actores determinantes en la Mesa: militares, policías y empresarios. Tanto la fuerza pública como los empresarios generaron confianza y credibilidad en los sectores más proclives al statu quo, pero a la vez los ha comprometido a ser parte activa en la construcción de alternativas para salir de la guerra y construir la paz.

Una característica fundamental para darle una visión de integralidad al resultado global de la negociación es haber definido entre las partes que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Cada uno de los puntos de la agenda no es una isla, sino que hacen parte de un todo. El acuerdo no es una suma de partes, sino un fruto compacto. La articulación de los puntos en el acuerdo final, que aún está por acabar de negociar, es un aspecto substancial para llegar a la firma definitiva.

Finalmente, las partes se comprometieron a pasar los acuerdos por un mecanismo de refrendación de la ciudadanía para que tengan aceptación y legitimidad. En este caso, la Corte Constitucional (el pasado 18 de julio) avaló el plebiscito como mecanismo y tomó la decisión de que el resultado del mismo solo es vinculante para el presidente de la República, en tanto que la convocatoria al plebiscito es una decisión política.

Hasta el momento el proceso ha producido una serie de acuerdos que están en camino de afinamiento y enriquecimiento, como los tres documentos borradores sobre desarrollo rural, participación política y cultivos de uso ilícito. También se tienen las definiciones y mecanismos de un marco jurídico para la paz, que propone una justicia transicional y restaurativa para la reparación de las víctimas; además del acuerdo fundamental sobre el cese bilateral y definitivo del fuego, firmado el pasado 23 de junio y que es uno de los pasos más significativos para llegar al acuerdo final.

En este contexto, varios son los retos que la sociedad civil (SC) tiene hacia adelante en busca de una paz estable y duradera para Colombia. Señalo algunos de los más importantes.

Primero: la sociedad colombiana debe hacer un esfuerzo importante por comprender lo complejo del proceso de construcción de paz. El conflicto armado ha sido producido por un conjunto de factores y problemas históricos diversos: concentración y uso de la tierra, exclusión y dominio de las élites regionales y una élite nacional que hegemoniza el poder político y económico; una cultura política basada en las dinámicas clientelares y baja capacidad de apertura democrática; un Estado segmentado, fracturado y diferenciado según regiones, con una alta dinámica centralista, sumado a la segregación cultural y social. Comprender esto es de la mayor importancia. El conflicto no es un asunto accidental ni terrorismo a secas, no surge del impacto de las economías ilegales del narcotráfico, aunque tiene elementos asociados a estos fenómenos.

Segundo: en esta fase de negociación en La Habana, el papel de la SC ha sido por un lado proactivo y propositivo, acompañando y generando un clima de sostenibilidad para que el proceso tenga significación, rigurosidad, seriedad, interés y arraigo entre los negociadores de esta primera fase, pero también para que la ciudadanía se interese y haga parte del proceso pues prevalece en la población un estado de despolitización y de caer de manera fácil en tensiones de polarización. El reto difícil de superar es que el proceso de negociación debe ser un proceso pedagógico para construir una nueva cultura y conciencia política para todos los actores sociales y políticos.

Tercero: una vez pactados los acuerdos para superar el conflicto armado, e iniciada la fase de aplicación, la SC debe redoblar esfuerzos e iniciar un debate, acompañamiento y verificación para ayudar a su aplicación. El Congreso y la SC necesitan pronunciarse de manera organizada, creativa y seria. Seguramente habrá sectores que utilizarán estrategias de la vieja fórmula violenta para hacer política y hacer primar sus ideas y su poder, pero también se verá la madurez de una sociedad que ha aprendido a mediar las decisiones políticas ya no por las armas sino por las ideas, los argumentos y la negociación democrática.

Cuarto: la sociedad en general, pero en particular los actores políticos tradicionales, deben comprender que los movimientos sociales y las organizaciones socio-políticas de reciente constitución en Colombia son actores relevantes para que los acuerdos tengan arraigo en los contextos locales, regionales y nacionales.

Quinto: es central el abordaje de la SC sobre las víctimas. Se debe reconocer la diversidad y complejidad de los conflictos que las han originado. Ellas deben ser protagonistas en la construcción de la paz, por tanto, no se debe despolitizar su situación ni “esencializar” su condición, ni desconocer sus capacidades, ni volverlas mendicantes y finalmente re-victimizarlas.

Sexto: los medios de comunicación imponen un alto desafío a la SC. Ellos generan interpretaciones fragmentadas, visiones tendenciosas, ideologizantes y mensajes simplistas y maniqueístas sobre los conflictos, los esfuerzos de diálogo y las alternativas de paz. Sectores guerreristas de derecha han forjado una campaña sistemática de tergiversación y desinformación contra los diálogos de La Habana, y en general contra salidas políticas negociadas para la construcción de paz. Abiertamente deslegitiman la voluntad política de paz de la guerrilla y no expresan críticas a la falta de compromiso de paz por parte de algunos sectores del Estado o de la clase política y económica más derechista y militarista del país.

Séptimo: La movilización por la paz en Colombia ha sido de doble carácter: a favor de la paz y en contra de la guerra. Se necesita que las dos se complementen. A favor de la paz son las “iniciativas con un carácter más proactivo y orientadas a conseguir la paz”. En contra de la guerra son las “iniciativas que surgen como reacción al dinamismo del conflicto armado”. El reto es sostener e incrementar la movilización por la paz para ampliar la gama de actores involucrados y crear una masa crítica mayor a favor de la paz. Se necesitan estrategias pedagógicas y comunicativas que brinden mejor comprensión e información sobre el proceso de paz.

Octavo: hacer el seguimiento a las dinámicas de violencia que se presentarán tras la firma de acuerdos. Denunciar los hechos de violencia y rechazarlos mediante mecanismos formales y de movilización social. Se requerirán nuevos mecanismos civiles, administrativos, jurídicos de vigilancia (y no solo policiales) para la seguridad territorial en la implementación de los acuerdos.

Noveno: sistematizar, visibilizar e impulsar experiencias concretas de paz que apunten a las transformaciones de los factores generadores de violencia y conflictos de difícil resolución. Mostrar en hechos concretos la capacidad y el potencial existente para aportar a la construcción de paz y reconciliación desde los territorios. Por ejemplo, los Programas regionales de Desarrollo y Paz; las Asambleas Constituyentes locales y regionales, las Agencias de desarrollo local y un sinnúmero de iniciativas desde las bases que existen y están vivas en el país, y que el conflicto armado las ha invisibilizado e incluso impactado negativamente. Ellas facilitarán procesos de reintegración de excombatientes a la vida civil y política.

Décimo: la paz en Colombia no es posible sin la paz en los territorios, pero con el horizonte y canales de interacción para su logro en todo el territorio nacional. El Consejo Nacional de Paz, los Consejos Departamentales y Municipales de Paz pueden ser parte de la estructura para la paz, en tanto se definen como escenarios de interlocución de múltiples actores que articulen lo local, regional y nacional. Reconociendo también otras estructuras administrativas: Congreso nacional, Asambleas departamentales/regionales y Consejos municipales.

En conclusión, podemos aseverar que la firma del acuerdo definitivo de paz, que pronto sucederá en Colombia, tiene el reto de ser refrendado por la ciudadanía mediante el plebiscito, en esto existe un ambiente de tensión entre los que apoyan el Sí a los acuerdos Vs los que de apoyan el No. Sin duda que este paso es definitivo, pero el Gran Reto es la aplicación de los acuerdos, su verificación, monitoreo y cumplimiento por parte del Estado, de la insurgencia y de la ciudad


Luis Guillermo Guerrero

Doctor en Educación de la Universidad de La Salle-Costa Rica; Magíster en Desarrollo Rural y licenciado en Teología de la Universidad Javeriana de Bogotá, con estudios de Filosofía. Director del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/Programa por la Paz (Colombia).




La corrupción y los cambios en Brasil, ¿semejanzas y conexiones con el Perú?

Los escándalos de corrupción en la política brasileña traspasan la historia republicana. En los regímenes civiles o militares, constitucionales o despóticos, la corrupción estuvo presente. Como en el gobierno de Collor de Mello, con sus gastos personales (cubiertos con dinero ilícito), y la compra de votos para la aprobación de la enmienda constitucional que aseguró la reelección de Fernando Henrique Cardoso (FHC), para no hablarse de las innumerables sospechas de corrupción en los procesos de privatizaciones llamados “privataria tucana”[1].

En la era del Partido de los Trabajadores (PT), con los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, esa historia no cambió. Lo que parece haber sido alterado es el impacto y la visibilidad de esos casos en los medios de comunicación y en la sociedad brasileña y, principalmente, la mayor capacidad de investigación y sanción de las instituciones responsables por ocultarlos, en el lastre de una legislación producida, casi siempre, como tímida respuesta a tales escándalos.

En los últimos años, lo que vimos al respecto puede ser expresado como el modo “petista” de corromper. Eso nos lleva a preguntar: ¿será la corrupción la contracara necesaria de un gobierno, nacido de las fuerzas del trabajo, que se propone gobernar con y para el capital, aun asegurando un mínimo de redistribución de la renta? Si así fuera, tal vez se pueda explicar la incorporación y el mejoramiento de la práctica tucana de comprar apoyo parlamentario; en lo que vendría a ser llamado el “Mensalão”[2] del PT.

El hecho es que la corrupción se presenta de forma generalizada en las instancias estatales y traspasa prácticamente todos los partidos con funciones ejecutivas. En Brasil, la corrupción es favorecida por el financiamiento empresarial a los partidos y candidatos, estimulada por la tradición de impunidad y por la cultura que no diferencia lo público de lo privado. Sólo algo tan enraizado podría explicar el hecho de que, después que la cúpula del partido de gobierno y sus aliados hayan sido procesados y condenados en la Acción Penal 470 (“mensalão”), sus sustitutos y/o correligionarios hayan dado continuidad y profundizado las mismas prácticas.

No fue simple para el gobierno del PT tejer una mayoría en el Congreso que asegurase la gobernabilidad, sobre todo en los periodos de crisis, contando con una clara mala voluntad de los grandes medios de comunicación nacional y de los propios aliados. Las dificultades son aún mayores cuando se considera la composición de los intereses, expresados en las bancadas del Congreso Nacional. En la actual composición de la Cámara, según cálculos del diputado Chico Alencar, la bancada de las constructoras reúne 214 diputados electos por 23 partidos; la de los bancos suma 197 diputados distribuidos en 16 partidos; la de los frigoríficos 162; y la de las mineras, 85 electos. La lista de los grupos de interés incluye a los defensores del agronegocio, la mafia del futbol, las empresas de seguridad y armas, los medios de comunicación, religiosos, etc.

La operación Lava-Jato se volvió, seguramente, el elemento central de esta coyuntura al desvelar y exponer los engranajes de la corrupción en las empresas estatales a partir del caso Petrobras. Ahí se explicitó, de forma más transparente, toda articulación entre las grandes empresas, los partidos oficialistas y hasta de la oposición, el financiamiento electoral y la forma de conquistar la adhesión de los líderes políticos.

La profundidad de las investigaciones en la operación Lava-Jato, al exponer la participación de los principales líderes de los partidos aliados al gobierno en el Ejecutivo y en el Legislativo, además de miembros del partido de la presidente, creó un clima extremadamente inhóspito para el gobierno en la sociedad. Con el fin de ese modus operandi, también la base parlamentaria del gobierno pasó a crear todo tipo de dificultades. La intención de esquivar los problemas en el Congreso pasó por una reforma ministerial, con el objetivo de transferir a las bancadas mayores cuotas de ejecución del presupuesto a los políticos representantes de los bloques de interés ahí representados, sobretodo, aquellos vinculados al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Finalmente, el “heterodoxo” método que permitía la mayoría parlamentaria, vía mecanismos ilegítimos (Mensalão, Sistema de pagos de coimas por empresas del Lava-jato), deja el escenario, dando lugar al tradicional “pan con pescado” de la repartija del gobierno.

El mismo gobierno fue incapaz de garantizar cualquier sustentabilidad política. Al abrir un frente de batalla contra el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha (PMDB), Dilma y su gobierno clavaron el último clavo en el ataúd de la gobernabilidad. A continuación, lo que se vio fue un parlamento en guerra declarada contra el Ejecutivo. Líder de los parlamentarios de perfil bajo -casi todos involucrados en algún esquema de corrupción-, Cunha asoció a los diputados contra el gobierno, convenciéndolos, o forzándolos, de que la caída del gobierno sería la única forma de interrumpir el “sangrado”.

Políticos de diversos partidos intentaron convencer a Dilma de retomar el “diálogo” con la Cámara de Diputados. Dilma apostó, no obstante, que las investigaciones posteriores comprometerían a sus adversarios y así el PT se tornaría capaz de gobernar sin tener que buscar la “gobernabilidad” con grupos dominantes tradicionales y reaccionarios. No se dio cuenta de que jueces, policías, promotores, etc., estaban más interesados en una “purga de la izquierda”. La pérdida de apoyo en el Congreso, íntimamente relacionada a los ataques sistemáticos a los corruptos, llevó al impeachment[3].

Dilma cayó porque perdió apoyo dentro del Congreso, pero sobretodo porque permitió el “sangrado” de las “clases” políticas y empresariales brasileras. El PT se mantuvo en el poder mediando lo que tal vez haya sido el pacto social más amplio de la historia brasileña, porque garantizó que de la Petrobras y de las otras empresas estatales salieran recursos suficientes para “comprar” el consenso de grupos políticos y económicos tradicionales, ya habituados a los esquemas de corrupción –esto es lo que el expresidente Lula ha llamado repetidamente, en ataques a promotores y jueces a quienes califica de “oportunistas que no entienden de política”, mecanismos del “presidencialismo de coalizão”[4]. El PT mantuvo el dinero fluyendo de la Petrobras hacia los bolsillos de los políticos, empresarios, gestores, burócratas, etc. Por ello, el PT fue flexible en relación a la privatización de ciertos servicios públicos, pero inflexible en relación a la privatización de la Petrobras.

Entre la ofensiva y la resistencia: la disputa entre proyectos

Con la ascensión de Michael Temer a la presidencia interina se formó un gabinete ministerial con cuadros oriundos del antiguo gabinete de Dilma; en muchos casos, se puede decir que hubo una “danza de sillas”, además de la inserción en el gabinete ministerial de partidos anteriormente opositores, como el PSDB. Mientras Dilma pretendía equilibrar las cuentas públicas alterando parcialmente la legislación laboral y cambiando las fuentes de financiamiento de algunos programas sociales, Temer y su gabinete son más radicales y empiezan los recortes presupuestales: después de los primeros días de gobierno interino fue anunciado el corte de recursos para la construcción de 11 mil unidades habitacionales del programa “Mi Casa, Mi Vivienda”.

En este cuadro de inestabilidad institucional, en que solamente hasta mayo tres ministros ya habían sido destituidos por estar involucrados en escándalos de corrupción, lo que realmente impresiona es que la enorme energía social y política (demostrada por la izquierda en las manifestaciones anteriores a la suspensión de Rousseff) no parece haber sido convertida en una fuerza política organizada, delante de la completa desmoralización del PT y de sus aliados frente a las masas populares. Ninguno de los movimientos, como las ocupaciones de oficinas del Sistema Único de Salud, del Ministerio de Cultura (que el gobierno interino amenazaba con extinguir), de la Funarte[5] y otros, siquiera hirió el funcionamiento del gobierno interino, y no tuvieron fuerza política para evitar el impedimento definitivo de Dilma Rousseff.

Mientras tanto, contradictoriamente, movimientos como las ocupaciones de escuelas públicas por estudiantes en San Pablo, extendidos descontroladamente por todo el sistema educacional paulista, fueron capaces de conseguir conquistas significativas, como la suspensión del proceso de reestructuración del sistema educativo, la garantía de comidas adecuadas en las escuelas o el pago de tercerizados, cuyos salarios se atrasaban meses. Se trata de movimientos surgidos fuera de los círculos políticos tradicionales, por fuerza de las necesidades y demandas sociales que emergen en los momentos de crisis. Las organizaciones políticas de izquierda han intentado, con variados grados de éxito, sacar provecho de estas formas de movilización y de la insatisfacción, con medidas como la Propuesta de Enmienda Constitucional 241/2016, que prevé el congelamiento de los gastos sociales del gobierno federal por los próximos 20 años.

Esta forma de movilización contra los recortes y reestructuración en la educación se extendió inicialmente por diversos Estados, con variados grados de éxito, y hoy toma escuelas y universidades por todo el país. ¿Estará en estos movimientos, motivados por las necesidades inmediatas, la clave para comprender los profundos cambios en la sociedad brasilera? ¿O incluso para comprender la aparente separación entre amplios sectores de la población y las pautas progresistas hoy estigmatizadas?

Aún es demasiado pronto para decirlo, pero creemos que, de la defensa intransigente de estas pautas, será posible, en los procesos de lucha política, recomponer el campo progresista para hacer frente a la marea creciente que se chocó contra los avances –aún contradictorios – percibidos en los últimos trece años.

[1] La “Privataria Tucana”, libro de Amury Ribeiro Jr., donde se evidencia las irregularidades en las privatizaciones que ocurrieron durante el gobierno de FHC. La palabra “privataria” combina las palabras privatización con piratería y la palabra “tucana” hace referencia al tucán, pájaro símbolo del PSDB [N. del T.]
[2] Escándalo de corrupción política que consiste en la compra de votos parlamentarios para beneficios de un partido elegido para gobernar [N. del T.]
[3] Procesamiento a un alto cargo público [N. del T.]
[4] Mantra político brasileño que hace referencia a la necesidad del presidente electo por voto popular de establecer alianzas políticas con otros partidos. De lo contrario corre el riesgo de “reinar, pero no gobernar” [N. del T.]
[5] Institución de apoyo y fomento al arte, vinculado al Ministerio de Cultura.


Centro de Estudios y Acción Social (CEAS) – Brasil

Fundado en 1967 por la Compañía de Jesús, integrada por jesuitas y profesionales colaboradores. Está presente en las regiones Noreste de Brasil, marcadas por situaciones históricas de pobreza y dominación. Trabaja en el fortalecimiento de la autonomía y el protagonismo de la población. Sus enfoques de trabajo son: construcción de nuevas formas de participación política, realización de la ciudadanía, relaciones de género y dimensiones étnicas, culturales y socioambientales. CEAS se encuentra celebrando su año jubilar (2016/2017), conmemorando cinco décadas de trabajo y dedicación.