¿De quién es la mano que mueve la cuna en Honduras?

Las elecciones generales del 26 de noviembre en Honduras han significado una nueva tragedia política para el país. No sólo porque se desarrolló un descarado fraude electoral, sino porque desde mucho antes buena parte de la sociedad hondureña entendió que todo el proceso hacia las elecciones estaba salpicado por fraudes, especialmente desde que se impuso la candidatura a la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández, no solo polémica sino ilegal.

El enfrentamiento amenaza con aumentar la inestabilidad política en un país profundamente dividido, haciendo eco de la crisis que estallara hace ocho años, cuando un golpe de Estado forzó la salida del presidente Manuel Zelaya, quien ahora es el estratega político detrás de la coalición de izquierda que ha respaldado al candidato presidencial despojado por el fraude, Salvador Nasralla.

Unas 40 personas asesinadas entre el 27 de noviembre y el 27 de enero -al menos la mitad en los primeros diez días de diciembre, cuando el usurpador de la Presidencia decretó toque de queda y ordenó a la Policía Militar del Orden Público que les disparara-, 1,500 personas golpeadas, torturadas y heridas y más de 50 personas encarceladas, acusadas de sedición y de realizar actos violentos, son los saldos más visibles de la respuesta militar a la vibrante protesta social contra el fraude.

El poder del gobierno de Estados Unidos se hizo sentir con toda su fuerza en este pequeño país centroamericano. Bastó que el 22 de diciembre de 2017 reconociera a Juan Orlando Hernández como presidente electo en las turbulentas elecciones del 26 de noviembre para que los países más afines rompieran el silencio[1]. Una vez más quedó patente el poder del imperio y la poquedad de países como Honduras. Lo que pase en el presente y el futuro a este país es lo de menos. Si se despedazan sus gentes por conflictos internos, si se instaura una dictadura, eso no interesa. Lo que pesa son intereses geopolíticos.

El miedo a un fantasma impuso finalmente la decisión. Ese fantasma tiene nombre y apellido: Manuel Zelaya Rosales[2]. Mucho más que al candidato Salvador Nasralla, principal víctima del fraude electoral, fue al derrocado en el golpe de Estado de 2009 lo que decidió que Washington se decantara a favor de Juan Orlando Hernández.

De nuevo se ha impuesto en Honduras la geopolítica imperial por sobre los dinamismos nacionales. De nuevo ha pesado la lógica de la Banana Republic[3]: los asuntos hondureños se definen sin el país, fuera del país y en contra del país.

Cinco líneas de estrategia para hacer blanquear el fraude y el régimen de facto

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha iniciado un segundo período presidencial con el rechazo de la mayoría de la población debido a una reelección no permitida por la Constitución del país y a un proceso electoral acusado de fraudulento.

A partir del 27 de enero de este año[4] se impuso un régimen de línea dura con una ilegitimidad y descrédito amplios, ante ello el equipo de Juan Orlando Hernández ha puesto en marcha una estrategia política con cinco líneas simultáneas de trabajo.

  1. Línea internacional. Un régimen desconocido por al menos tres cuartas partes de la población necesita tener un reconocimiento internacional que, por ahora, sigue siendo precario. En la toma de posesión no hubo ni un solo mandatario del planeta que se hiciera presente. Es cierto que tiene el favor de Washington, pero en un escenario tan complicado, y con las evidentes señales del fraude que dejó establecido el informe de la OEA, un reconocimiento internacional estable resulta un camino muy cuesta arriba.
  2. Línea del “post blanqueo” y maquillaje de la dictadura a través del recurrente llamado al Diálogo Nacional y la re-institucionalidad del Ministerio de Derechos Humanos. El diálogo fue usado en 2015 en el fragor de la crisis que se expresó en el fenómeno de las antorchas[5], cuando se estrenó la consigna “¡Fuera JOH!” ante datos impresionantes de saqueo de instituciones públicas por parte de altos funcionarios y miembros del partido de Hernández. Cuando este y su equipo se vieron acorralados, convocaron un diálogo “incluyente, abierto y sin condiciones”. En el mismo participaron los afines a Hernández, y surgió lo que hoy se conoce como la MACCIH (Misión de Apoyo a la lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) como respuesta al clamor popular a la instalación de una Comisión de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad al modo como la ONU había establecido en Guatemala. La MACCIH no acabó de cuajar hasta que comenzó a tocar de frente redes de corrupción que involucran a diputados del Congreso Nacional[6].
    El auténtico fruto de aquel diálogo fue haber “normalizado” la situación, y colocado a Juan Orlando Hernández en una posición ventajosa para avanzar hacia su candidatura inconstitucional, asunto que devino en la crisis electoral y convulsión política y social que hoy se busca solventar con la reedición de un diálogo cuyo propósito es dejar intocables la reelección y el fraude electoral.
    El otro elemento que le da “maquillaje” al proyecto dictatorial es la conformación del Ministerio de Derechos Humanos. Así como ha dado muestras irrefutables de no creer en el diálogo, Hernández ha debido acceder a la presión internacional de conformar este Ministerio, el cual es un auténtico contrasentido en relación con el peso que en su gobierno tiene la inversión en las fuerzas armados y en las respuestas represivas ante las demandas y protestas populares. El Ministerio de Derechos Humanos se convierte en la sonrisa del verdugo, justamente porque a toda protesta social y política, Juan Orlando Hernández da una desproporcionada respuesta militar.
  3. El cerco mediático. Aquí se han afinado todos los dispositivos para ignorar a los opositores cuando hay que hacerlo; estigmatizar su trabajo y sus vidas, presentándolos como enemigos de la paz, aliados del crimen organizado, promotores del vandalismo y el desorden; sobornarlos o cooptarlos si encuentran la ocasión; criminalizarlos, como en efecto ha ocurrido con la captura y levantamiento de procesos judiciales en contra de decenas de manifestantes con algún nivel de liderazgo de las diversas zonas con mayores índices de protestas; y, finalmente, la persecución y eliminación física de varios de los líderes.
    Todo esto se ha manejado de manera proverbial y sin fisura a través de los medios de comunicación, los cuales se han dedicado a elevar el perfil humano, espiritual y familiar del estadista Juan Orlando Hernández, a destacar los beneficios del diálogo nacional para unir y reconciliar a la familia hondureña, y a destacar los daños y perjuicios ocasionados por el vandalismo de quienes se resisten a aceptar la dictadura.
  4. Compra de gobernabilidad a través de la inversión en compra de voluntades y conciencias, e invirtiendo millonarias cifras en programas sociales para comprar gobernabilidad desde abajo, jugando con el estómago de varios millones de desempleados y miserables. Aquí es donde reside el rasgo de populismo mesiánico primitivo y de extrema de derecha que caracteriza al actual régimen.
  5. La línea de represión y de fuerza bruta contra opositores. Para el éxito de esta línea, Juan Orlando Hernández decidió nombrar nuevos comandantes del ejército, entrenados desde la década de los ochentas en operaciones contrainsurgentes, y sospechosos de asesinatos y desapariciones forzadas de opositores al Estado en aquella aciaga época.
Escenarios

Honduras entró, a partir del 22 de diciembre, en el peor de los escenarios: el de la extrema polarización, sin reales posibilidades de entendimientos o negociaciones de parte de nadie, a no ser que se subordinen al proyecto autoritario que por la vía de la reelección y el fraude se erigió desde el 27 de enero.

El escenario ideal, pero lo más cercano a la ficción, es el que revierte a corto plazo el proceso de fraude, se anulan las elecciones y se convoca a nuevas elecciones bajo estricta supervisión internacional. Esto supondría que el Departamento de Estado norteamericano rectifique, retome con responsabilidad el análisis de los riesgos para la sociedad hondureña, y acabe dando un respaldo a la Secretaría General de la OEA.

El escenario situado en el otro extremo es el basado en una convocatoria amplia de ciudadanía en rebeldía en contra de la dictadura que presiona desde diversos ámbitos. Es el escenario que busca revertir el fraude a mediano plazo.

El punto central de esta movilización y presión ciudadana se basa en que la reelección de Juan Orlando Hernández es el origen del fraude electoral, por su inconstitucionalidad. Todo el proceso electoral se tiñó de fraude. A partir de esto, la demanda de anular las elecciones de noviembre de 2017 es permanente y, obviamente, unida a la convocatoria a nuevos comicios electorales.

Como se trata de una lucha por revertir el fraude electoral, esto conlleva a impulsar un amplio espectro de alianzas a partir de consensos básicos comunes que impulse una estrategia que implica los siguientes elementos: la ampliación de las convocatorias, para que cada vez más gente quepa y se integre a este llamamiento ciudadano opositor; las estrategias mediáticas; la estrategia legal y de derechos humanos; la estrategia de incidencia internacional; la estrategia de contenidos y la estrategia de la calle.

Con una convocatoria opositora ciudadana amplia como esta, y una estrategia en base a consensos comunes, no habría manera de que el proyecto dictatorial se sostenga. Aunque tenga las armas y se esfuerce en imponer su ley, llegará un momento en que se verá en la obligación de negociar una salida, que desde la perspectiva actual debería suponer el nombramiento, a través de un plebiscito, de un gobierno provisional transitorio, cuya tarea primordial será la convocatoria -en un plazo no mayor de seis meses- de nuevas elecciones bajo supervisión internacional, con un nuevo Tribunal Supremo Electoral.

Para estas elecciones Hernández no podría presentarse como candidato justamente porque la reelección es ilegal.  En caso de hablar de reelección, el gobierno que se elija en las elecciones convocadas por el gobierno transitorio y provisional, podría poner en marcha una consulta nacional para que el pueblo-soberano decida si se convoca o no una asamblea nacional constituyente originaria que redefina todos los pilares de la democracia e institucionalidad de la sociedad hondureña.

——————————-

[1]  El Tribunal Electoral declaró ganador oficial a Hernández el 17 de diciembre, tres semanas después de realizadas las elecciones. [N. E]

[2]  El expresidente fue depuesto en junio del 2009 por un golpe de Estado fruto de la alianza entre militares, la élite empresarial y los partidos políticos tradicionales, con el apoyo del Pentágono de Estados Unidos. Zelaya estuvo vinculado al presidente Hugo Chávez y formó parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). [N. E]

[3]
  Durante el siglo XX las empresas transnacionales norteamericanas, encargadas de la exportación del banano, dominaban la política y economía hondureña. [N. E.]

[4]
  Fecha de la toma de mando. [N. E]

[5]
  La “Marcha de las Antorchas” fue la manifestación de la población hondureña indignada ante los casos de corrupción del país. [N. E]

[6]
El jefe de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, anunció su renuncia al cargo el 15 de febrero por falta de apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para limpiar la corrupción de Honduras. [N. E.]

Otoño 2018


Ismael Moreno, SJ

Director de Redio Progreso de Honduras y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación – ERIC (Honduras).




Testimonio de la primera Congresista de EE.UU. nacida en la India

Traducción: Sarah Brady

Pramila Jayapal es una política estadounidense de origen indio, miembro de la Cámara de Representantes (representa al 7º distrito de Washington) y perteneciente al Partido Demócrata. Desde su condición de migrante y política, ella comparte su experiencia y la misión que siente para con el país en este discurso adaptado que dio durante la ceremonia de graduación de escuela secundaria Franklin.

Es un verdadero honor servir como la primera mujer india-americana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la primera mujer Representante de mi distrito, y una de los seis miembros del Congreso nacidos fuera del país.

Esta es mi experiencia como mujer inmigrante que vino a este país a los 16 años para estudiar en la universidad, la cual me formó en lo que soy y por lo que lucho hoy. ¿Quién se hubiera imaginado que llegaría a ser Representante en el Congreso de los Estados Unidos? Les aseguro que no tenía la menor idea.

Soy una inmigrante orgullosa, nacida en India. Vine sola a Estados Unidos a los 16 años. Mis padres tomaron todos sus ahorros -unos $5,000 dólares en ese entonces- y los usaron para enviarme a la universidad porque creían que aquí encontraría la mejor educación y tendría un futuro brillante. Honestamente, yo no entendía el alcance de ese sacrificio hasta que mi proprio hijo cumplió los 16 años. Entonces comprendí qué valor se requiere para enviar a tu único hijo a cruzar un océano, quizás para nunca volver. Y debido a nuestro sistema migratorio quebrado, pasaron 18 años hasta que pude obtener la ciudadanía estadounidense, por lo que nunca pude traer a mis padres y hemos vivido en continentes separados todo este tiempo.

Llegando aquí, desde la India, mis padres tenían tres profesiones en mente para mí: doctora, abogada o empresaria. En ese tiempo, no teníamos dinero y solo podía hacer una llamada a casa cada año. ¡No había Skype ni nada de eso! Así que, en mi segundo año de universidad, usé mi llamada a casa para decirle a mi padre que ya no quería estudiar Economía, quería estudiar Lengua Inglesa. Luego sostuve el teléfono a un brazo de distancia de mi oído mientras él gritaba: “¡No te mandé a Estados Unidos para aprender inglés, ya sabes hablar inglés!”

Él estaba preocupado, como todo padre, así que le prometí que obtendría el mismo trabajo con un título en Lengua Inglesa que con uno en Economía. Por eso trabajé para un banco de inversiones en Wall Street y obtuve mi maestría en Negocios antes de darme cuenta que necesitaba hacer lo que yo amaba y lo que hacía cantar a mi corazón. Y necesitaba hacer que mi vocación y mi trabajo fueran uno.

Entonces dejé el sector privado y trabajé por toda una década en salud pública global, viviendo en comunidades de Tailandia y la India. Regresé a los Estados Unidos a fines de la década de 1990, tuve un hijo… y luego sucedió el 11 de setiembre.

Ese fue mi despertar político. En esos terribles días después del 11 de setiembre, algunos crearon un caldo tóxico utilizando ingredientes de miedo y patriotismo, intentando manipular al público y suprimir la disidencia. Decían que esa diversidad que tanto apreciamos estaba contaminada, que debíamos temer a las personas diferentes a nosotros. Vimos cómo personas con turbantes y piel marrón fueron sometidas a juicio -literal y figurativamente- por el color de su piel, su religión o su país de origen. Esta fue una de las horas más oscuras de la historia de nuestro país, y los efectos de esos tiempos aún permanecen.

Fui motivada a actuar por miembros de la comunidad que llegaron a mí, movidos principalmente por la preocupación de lo que pasaría con sus hijos.

Fundé Hate Free Zone -luego cambió de nombre a OneAmerica- para luchar por los derechos del inmigrante -civiles y humanos-. Dirigí esta organización durante once años, hasta llegar a ser la organización de defensa del inmigrante más grande del Estado. Hemos demandado exitosamente a la administración Bush, impidiendo la deportación ilegal de 4,000 somalíes musulmanes: padres, hermanos, hijos y tíos. Luchamos contra la islamofobia -esa misma islamofobia que vemos de nuevo hoy-; organizamos a miles de personas en todo el estado para demandar una reforma migratoria que dé paso a la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes indocumentados; lideramos la lucha por la Ley DREAM[1] a nivel federal y estatal, con muchos otros; y se registró a 23,000 nuevos ciudadanos inmigrantes para votar.

A pesar de haber trabajado alrededor del mundo y fundar OneAmerica, nunca imaginé postular a un cargo político. Pero un día pensé, después de muchos intentos por tratar que los políticos elegidos nos apoyen en lo que necesitábamos, ¿por qué no postular? Al no postular estaba cediendo un espacio político muy importante. Y, particularmente, como mujer y persona “de color”, no veía suficientes personas como yo en esos espacios.

Me lancé al Congreso de mi Estado, siendo la primera mujer surasiática-americana elegida para el congreso de Washington, y luego la primera mujer india-americana en ser elegida para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

El recorrido de nuestro mundo hoy puede sentirse alejado de la visión del Dr. Martin Luther King, de donde pensábamos que estaríamos. Estamos en un mundo donde el odio y la discriminación caracterizan gran parte de nuestra política, donde el presidente de los Estados Unidos ignora la Constitución y propone la prohibición del ingreso de personas de países musulmanes, donde hay gente que niega la existencia del cambio climático y bloquea el esfuerzo para salvar nuestro planeta para la generación de nuestros hijos, donde las vidas afro-americanas no parecen importar, donde la atención médica parece más un lujo que un derecho.

Jóvenes y familias enteras han salido a las calles de Estados Unidos a marchar en contra de las medidas restrictivas contra los inmigrantes.

Un mundo donde la universidad es un costo inaccesible para muchos: el estudiante promedio, en los Estados Unidos, se gradúa con $40,000 en deuda acumulada.

Pero sí creo que esta generación logrará salvar al planeta. Esta generación entiende, como quizás ninguna otra anterior lo ha entendido, que no estamos aislados en nuestras luchas. Somos interseccionales. Suelo decir que no soy mujer el lunes, inmigrante el martes, trabajadora el miércoles o mamá el jueves, soy todas esas cosas todo el tiempo.

Esta generación entiende la interseccionalidad no como un concepto, sino como una experiencia vivida. Ellos comprenden que, para crear la comunidad deseada, no podemos centrarnos en una jerarquía de opresiones, sino más bien que la justicia racial, económica y de género deben estar inextricablemente unidas; que la diversidad importa no como un casillero para marcar, sino porque las mejores decisiones son las que hacemos cuando todas las voces están presentes; y que el racismo institucional debe ser derribado y que es la equidad y no la igualdad lo que buscamos.

Recuerden -y esto viene de alguien que ha sido arrestada por liderar protestas de desobediencia civil y que cree que la organización comunitaria es el único camino que nos mueve hacia adelante- que, si bien debemos oponernos a la injusticia y participar plenamente de la resistencia, también debemos PROPONER la justicia.

¿En qué tipo de mundo queremos vivir?, ¿cuál es la visión por la que estamos dispuestos a luchar? Por eso propuse la Ley “Universidad para todos” en la Cámara de Representantes y he trabajado con Bernie Sanders, quien la presentó en el Senado, para asegurar estudios universitarios gratuitos e INVERTIR en nuestros jóvenes, para que no estén atados a una deuda insuperable solo por perseguir esa educación que nuestro país necesita de ellos.

Por eso también estoy orgullosa de ser parte de la lucha para asegurar un sueldo mínimo de $15 por hora en mi ciudad de Seattle, y pelearé en el Congreso para que cada persona, en cada ciudad y pueblo de mi país, tenga un salario decente que les permita poner comida en la mesa, un techo sobre su cabeza y envejecer con dignidad. Y por eso he creado una junta política de justicia ambiental en el Congreso, porque el cambio climático es nuestra más grande amenaza como sociedad. Debemos asegurarnos de avanzar en este tema mientras también nos aseguramos que las personas de grupos marginalizados y de bajos recursos -quienes son los más afectados por el cambio climático- tienen la posibilidad de encontrar la ayuda que necesitan para hacer la transición a una economía de energía sostenible.

Esa es mi agenda. Cada quien tendrá que pensar la suya. Pensar no solo a qué van a OPONERSE, sino también que van a PROPONER. ¿Cuál es su solución a los problemas que enfrentamos? Y más que todo, recuerden el poder que tienen. Nadie se los puede quitar. Y si alguien les dice que no pueden hacer algo, que no son suficientemente buenos, o fuertes, o inteligentes o lo que sea, les sugiero voltear y decirles: “mírame hacerlo”. No se lamenten, organícense en sus comunidades. No se sienten, pónganse de pie. Así que, mientras hacemos nuestro camino en el mundo, recordemos las palabras y la vida del Dr. Martin Luther King.

El amor transforma. El amor es poder. El amor resalta la grandeza que compartimos, y hace posible lo imposible.

——————————-

[1] Ley de Desarrollo, Ayuda y Educación de Menores Extranjeros.

Verano 2017-2018


Pramila Jayapal

Miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Representa al distrito 7° de Washington. Anteriormente se desempeñó como directora ejecutiva de OneAmerica, un grupo de defensa de la inmigración.




Alternativa para Alemania: un partido conservador captado por la ultra-derecha

El mal manejo de la crisis de refugiados en Europa, y su llegada a Alemania, ha exacerbado temores y rechazos en la población.

“El retorno de la ultraderecha en Alemania y sus cimientos nazis” o “¿Vuelven ‘los nazis’ en el Bundestag?”, así se leían los títulos de artículos periodísticos tras las últimas elecciones parlamentarias para el Bundestag (el parlamento alemán) en el cual el partido populista de la ultra derecha, Alternativa para Alemania (AfD), obtuvo 12,6% del voto popular. Con 32,9% y 20,5%, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), respectivamente, en coalición desde 2013, vivieron una derrota histórica. La noticia de que un partido nacionalista entrase en el Parlamento Alemán por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial causó sorpresa y preocupación internacional. ¿Pero es la AfD un partido neonazi? Vale la pena reflexionar sobre la trayectoria de este joven partido político para entender su impacto en el panorama político alemán.

Es cierto que la AfD es el primer partido político abiertamente chauvinista y xenófobo que obtiene escaños en el Parlamento Federal desde la Segunda Guerra Mundial. También es cierto que algunos políticos de la AfD coquetean con un discurso neonazi. Sin embargo, es una cruda simplificación concebir a la AfD como un partido neonazi –en contraste, por ejemplo, con el partido neofascista Partido Nacional demócrata de Alemania (NPD)[1]-.

El grupo que impulsó la fundación de la AfD en abril 2013 estuvo integrado por profesores, economistas, políticos y periodistas liberales conservadores, muchos de ellos ex miembros de la CDU, del Partido Liberal (FDP) y hasta del partido de ultra izquierda, Die Linke. El fundador principal de la AfD fue un profesor de economía de la Universidad de Hamburgo, Bernd Lucke. La ideología que unió a ese grupo fue su euroescepticismo: rechazaban el euro y los rescates a los países periféricos de la Unión Europea (UE) y aspiraban a la disolución ordenada de la zona euro y a la vuelta del marco alemán. El partido argumentaba que los bancos, los fondos de cobertura y los grandes inversores privados deberían pagar los costos de sus operaciones de alto riesgo. De tal manera que en la campaña electoral de las elecciones parlamentarias de 2013 dominaban dos temas: el euroescepticismo y la democracia directa.

Es importante destacar que esa primera generación de políticos de la AfD se autodenominaba como «eurocrítico» y no «antieuropeos», buscando desvincularse de la extrema derecha y acercarse más a los liberales. Rechazaban la idea de una unión de transferencia o un estado europeo centralizado: el partido estaba a favor de una Europa de estados soberanos con un mercado interno común, pero querían racionalizar la UE y reducir su burocracia. Buscaban cambiar los tratados europeos para permitir que cada estado pueda salir del euro, la reorganización de la política de inmigración para establecer un sistema basado en méritos (utilizados en democracias como Canadá, Australia y el Reino Unido), y que los solicitantes de asilo puedan trabajar a nivel nacional. Apenas meses después de su fundación, y bajo la candidatura de Lucke, la AfD como partido liberal conservador obtuvo el 4,7% de los votos, casi alcanzando el 5% establecido por la ley para entrar al Bundestag.

Todo eso cambió en el 2015. En la denominada “crisis de refugiados” llegaron cerca de 1 millón de solicitantes de asilo a Alemania, sobre todo de países musulmanes como Siria, Afganistán e Iraq. Esa inmigración fue desordenada (en gran parte por la falta de voluntad política de muchos líderes europeos para brindar ayuda y una solución solidaria) y, por lo tanto, estuvo acompañada de serios problemas logísticos y de integración. Es en ese contexto que surgieron las luchas internas entre diferentes facciones de la AfD, entre el grupo moderado y cercano al conservadurismo liberal de Bernd Lucke y el otro, mucho más derechista y cercano al conservadurismo nacionalista liderado por Frauke Petry. Petry y sus seguidores ganaron, Lucke y sus confidentes dejaron el partido.

Con la victoria del ala Petry, la inmigración musulmana se convirtió en el eje central de la retórica de la AfD, que se autoproclamó el salvador de la nación alemana en contra de la “invasión musulmana”. Así, en la campaña electoral de las elecciones parlamentarias de 2017 solamente dominaba un tema: el control de las fronteras con un evidente tinte xenófobo, e islamófobo[2]. El partido demandó la reintroducción de controles en las fronteras alemanas o incluso el “cierre” de las fronteras, la pérdida del derecho de asilo para las personas de países que la AfD consideraba “países de origen seguros” (como por ejemplos los países del África del Norte).

Contrario a lo que muchos piensan, la AfD no tiene cimientos nazis, sino cimientos liberales conservadores, pero dicho partido fue captado por portavoces que cada vez más utilizan el lenguaje de la ultraderecha y capitaliza, de esa manera, el apoyo de los grupos extremistas, volviéndose cómplice de sus agendas. Desde el 2015, los líderes de la AfD provocan, con el uso de un vocabulario neonazi, lo que resultó en varias demandas por amotinamiento del pueblo (Volksverhetzung), un concepto del derecho penal alemán que prohíbe la incitación al odio contra un sector de la población. Para dar algunos ejemplos: el presidente de la AfD en el estado de Turingia, Björn Höcke, demandó cambiar los términos de tratar al período nazi, para lograr un “giro de 180 grados en la política del recuerdo” y llamó el Monumento del Holocausto en Berlín un “monumento de la vergüenza”. El candidato del Bundestag del Dresde, Jens Maier, relativizó la acción del terrorista de derecha noruego Anders Breivik, diciendo que este se había convertido en un asesino en masa por “desesperación” sobre los extranjeros. Contra Höcke y Maier se abrieron procedimientos de exclusión del partido, pero sin consecuencias.

Cartel con publicidad a favor del partido Alternativa para Alemania (AfD), el texto dice: “Detener la islamización. ¡Vota por AfD!”

Muchos se preguntan si la AfD va a ser en el futuro la tercera fuerza en la política alemana. Por un lado, se puede argumentar que la victoria de la AfD se basa en el tema de la inmigración y que ese tema no tiene una solución fácil. La estrategia de Merkel ha sido rehuir cualquier debate sobre asuntos fundamentales, incluyendo los problemas reales que se dieron con la –éticamente correcta– acogida de los refugiados en 2015. Con el resultado electoral de este septiembre está pagando el precio de lo que muchos perciben como arrogancia política: 89% de los votantes de AfD piensa que las políticas de inmigración de Merkel ignoran las “preocupaciones de la gente” y 85% quiere fronteras nacionales más fuertes. Las decisiones que se toman en las cabinas de votación tienen un fuerte componente emocional, y existen pocos temas tan emocionalmente cargados como la inmigración y el miedo al “otro”.

Por el otro lado, la AfD es un partido débil, dividido por batallas internas. Frauke Petry, hasta entonces copresidenta del partido, y últimamente líder de la “nueva ala moderada” del mismo, y algunos de sus seguidores, se negaron a unirse al grupo parlamentario del partido y renunciaron a la AfD días después de su victoria electoral. Con eso parece que el partido fue captado una segunda vez por un auto-coup (autogolpe) de la ultra ultraderecha. Sin embargo, la relación con sus votantes, que se define más por oposición a otros partidos, es débil: 60% de los votantes de AfD ha votado “contra el resto de partidos”, y solo el 34% por convicción a AfD, 82% piensa que 12 años de Merkel fueron suficientes.

Similar a las elecciones previas, la campaña electoral de los grandes partidos fue aburrida y mostró que no hay real diferencia entre el CDU y el SPD, partidos políticos que, durante las últimas décadas, han convergido hacia el centro político. Muchos optaron por votar por uno de los partidos pequeños debido a que la batalla entre estos dos se considerada ya decidida. De esta manera, otros ganadores fueron el Partido Democrático Libre (FDP) y el Partido Verde (Grüne).

Para la AfD será difícil presentar una política de oposición coherente, una verdadera “alternativa para Alemania”. Si su estrategia se basa solamente en provocaciones y apelaciones al ideario de la ultraderecha y neo-nazi, es poco probable que vayan a poder mantener dos tercios de sus votantes, mientras los que sí son votantes frustrados, probablemente conservadores y hasta xenófobos, no se identifican con el ideario autoritario, anti-democrático, racista y neofascista del nazismo.

——————————————————————————

[1] La NPD carece de representación en el Bundestag y los parlamentos regionales, pero tiene un representante en el Parlamento Europeo. En el pasado ha sido representado en los parlamentos regionales de los estados de Sajonia y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.
[2] Según la AfD, “el islam no pertenece a Alemania”, los minaretes y el uso de burkas deberían prohibirse.

Verano 2017-2018


Feline Freier

Profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico e investigadora del CIUP. Ha brindado asesoría a diversas instituciones y organizaciones internacionales como la Fundación Naumann para la Libertad, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Unión Europea (UE) en Alemania, Argentina, Uruguay, Ecuador y Sudáfrica. Es afiliada del Refugee Law Initiative de la Universidad de Londres e integrante fundador del Colectivo Internacional de Jóvenes Investigadores en Migración (CIJIM).




China en América Latina, ¿aliado u obstáculo para el desarrollo sostenible?

Los mandatarios de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y de China, Xi Jinping, han firmado un Plan de Acción Conjunto 2016-2021 y acuerdos para el fortalecimiento de la Asociación Estratégica que mantienen ambas naciones.

El más reciente periodo de crecimiento económico en América Latina fue impulsado, en gran medida, por la expansión de nuestras relaciones comerciales con China, y por la inversión china en sectores claves de nuestras economías. Estas relaciones han sido bastante favorables en términos macroeconómicos, y para algunos líderes en la región constituyen una nueva alianza Sur–Sur, para el desarrollo y la soberanía de nuestros pueblos. Pero los sectores favorecidos por China –hidrocarburos, minerales, soya– también son de alto riesgo para la degradación ambiental y la generación de conflictos sociales, y la experiencia con inversiones chinas similares en otras regiones ha sido mixta.

¿Cuál es el balance hasta ahora de la presencia china en América Latina? ¿Esta nueva alianza nos permite diversificar nuestras economías, generar empleo decente, y mejorar el bienestar social? Las empresas chinas que invierten en nuestros países, ¿tienen un desempeño ambiental y social diferente que sus homólogos nacionales y occidentales?

Estas preguntas dieron lugar al “Grupo de Trabajo sobre Desarrollo y Medio Ambiente en las Américas”, un esfuerzo liderado por investigadores de Boston University, el Centro de Investigación de la Transformación (CENIT) de Argentina y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) de Perú. Las respuestas, basadas en dos años de trabajo y ocho estudios nacionales, están disponibles en una serie de documentos y en la reciente publicación, China en América Latina: Lecciones para la cooperación Sur-Sur y el desarrollo sostenible[1]. Compartimos aquí algunas de las observaciones regionales y sobre el Perú producto de estas investigaciones.

China en América Latina: defendemos nuestros avances

En primer lugar, encontramos que la presencia de China en nuestra región ha tenido un impacto socio-ambiental muy importante.

Al nivel macro, la demanda china nos ha llevado a una mayor concentración en las industrias extractivas, en la exportación de recursos naturales no-renovables, y en actividades con un fuerte impacto ambiental y conflictividad social. Las exportaciones latinoamericanas a China (ver gráfico 1), así como las inversiones chinas en la región, se han concentrado mucho más en los productos primarios que las relaciones económicas de América Latina con el resto del mundo.

Al nivel laboral, las exportaciones del sector primario -especialmente minerales- generan menos empleo que las manufacturas o agrícolas. Como resultado, las exportaciones de América Latina a China generan un 20% menos empleos por cada US$ 1 millón que las exportaciones totales de la región. A medida que China continúe creciendo como destino, si no hacemos mejores esfuerzos para diversificar, esto reducirá los beneficios de generación de empleo de las exportaciones en general.

Gráfico 1

Las exportaciones latinoamericanas a China también usan aproximadamente el doble de agua y emiten más del 12% de emisiones netas de gases de efecto invernadero por dólar, en comparación con las exportaciones totales (ver gráfico 2). Y las inversiones en minería, así también en la infraestructura financiada por China (como represas y ferrocarriles), representan amenazas para la deforestación y degradación en algunas de las áreas más biodiversas de Sudamérica.

Si bien estos resultados no son responsabilidad directa de China, ponen a prueba su compromiso como una potencia global responsable y comprometida con el desarrollo sostenible de sus socios.

En cuanto a las empresas chinas operando en nuestra región, encontramos una gran diversidad, aun cuando la mayoría son estatales. Algunas son “campeonas” transnacionales con gran acceso a capital y comprometidas con altos estándares globales de responsabilidad social y ambiental. Otras tienen poca experiencia fuera de su país, dificultades para operar en sociedades y culturas distintas, y carecen de políticas internas para mitigar los impactos de su actividad.

Siendo las empresas una parte importante de su poder global, el Estado chino ha desarrollado directrices para sus operaciones en el extranjero, incluyendo salvaguardas ambientales y sociales. En los ocho países estudiados en el proyecto encontramos empresas chinas que superan los estándares locales, y tienen un mejor desempeño que sus pares locales y occidentales, por ejemplo, en Ecuador, Perú y México. Pero también es difícil para las autoridades chinas regular sus empresas a la distancia y en contextos políticos tan distintos. Por lo general, existe menos transparencia y comunicación hacia afuera en las empresas chinas, comparadas con sus pares en esta región. Les hace falta mayor práctica en la producción de reportes para lectura externa, la comunicación a través de medios abiertos, y mecanismos de reclamo e investigación cuando hay problemas.

Gráfico 2

Pero lo más importante para regular el desempeño de las empresas de cualquier origen en nuestros países es la voluntad y capacidad de nuestros gobiernos. En buena parte de América Latina las normas ambientales, sociales y laborales son más exigentes que las de China. Hemos establecido buenas practicas, como el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas, los estudios de impacto ambiental, las obligaciones de contratar a trabajadores nacionales y cumplir con sus derechos sindicales, y medidas de transparencia fiscal y tributaria. Las empresas chinas, con pocas excepciones, están cumpliendo con las normas establecidas por las autoridades latinoamericanas, siempre y cuando nuestros gobernantes insistan en ello.

Y allí está nuestra mayor preocupación. A medida que el auge inicial de la inversión china disminuye, los precios de nuestras exportaciones primarias son inestables, y nuestros gobiernos tienen menos poder de negociación sobre las condiciones para futuras inversiones. Ellos enfrentan fuerte presión para relajar las protecciones ambientales y sociales tan difícilmente logrados. Esto ocurre tanto en gobiernos de derecha como de izquierda, como hemos visto en Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú. A fin de preservar el progreso obtenido, se necesitará resistir a las demandas de desregulación extremistas.

En este contexto, el papel de la sociedad civil es crucial. En América Latina tenemos organizaciones no gubernamentales exitosas en defender los derechos de las comunidades vulnerables y promover mecanismos de supervisión de las actividades extractivas de parte de los gobiernos. Han organizado campañas mundiales contra las malas prácticas, para crear conciencia y ayudar a que haya verdaderos estándares globales en estas industrias. Las organizaciones de base, las ONG de profesionales, los medios de comunicación responsables y otros actores no solo protestan, sino también colaboran con autoridades locales y empresas para aprender de la experiencia de las partes, y prevenir (o mitigar) los impactos negativos. Ambas cosas –la vigilancia ciudadana y la colaboración constructiva– son claves frente a las presiones para erosionar las protecciones socio-ambientales.

China se ha comprometido a invertir más de US$ 250 mil millones en América Latina durante los años venideros. Los gobiernos, las empresas y la sociedad civil tendrán que trabajar arduamente para asegurar que esas inversiones eleven el nivel de vida de toda nuestra población y protejan el medio ambiente para las generaciones del futuro.

El Perú y las inversiones mineras[2]

En Perú tenemos profundos lazos históricos con China, los cuales han facilitado las relaciones que se forjan ahora. Si comparamos las relaciones sino-peruanas con las de otros países de la región, encontramos una situación mixta.

Por un lado, el comercio con China contribuyó al auge de la economía peruana durante más de una década, y a nuestra capacidad de reducir los efectos de las crisis financieras globales. Desde el inicio del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2010, nuestro comercio bilateral se ha cuadruplicado, y el efecto de tener un mercado más amplio y el acceso a bienes intermedios de menor precio ha sido positivo para diversos sectores. China hoy es nuestro socio comercial más importante, el principal inversionista en minería, y tiene creciente presencia en hidrocarburos, pesca comercial e infraestructura. Hasta ahora, además, estamos libres de las enormes deudas que tienen con China algunos vecinos, como Ecuador y Venezuela.

Por otro lado, las relaciones económicas con China tienden a reforzar nuestra posición como exportador de minerales. El 76% de la inversión directa china, desde los 90s, ha sido en minería, y casi un tercio de la inversión minera en nuestro país proviene de China. En cambio, las exportaciones no-tradicionales solo incrementaron en 5% desde el inicio del TLC. Esta falta relativa de diversificación es reconocida por ambos gobiernos, y el Plan de Acción Colectiva 2016-2021, firmado por los presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Xi Jinping en 2016, incluye acuerdos orientados a mayor beneficio y cooperación en agricultura, ciencia, tecnología y educación, entre otros. Tenemos mucho por hacer para ponerlos en práctica, incluyendo mayor intercambio y conocimiento de nuestros pares chinos.

Respecto al impacto local de las empresas chinas, comparamos las mineras chinas (14 en total y 3 con minas en operación), con sus pares peruanas y transnacionales, en cinco dimensiones de responsabilidad social y ambiental: transparencia y distribución de utilidades, inversión social, participación en gremios y foros de múltiples actores, respeto a los derechos laborales, y regulación de impactos ambientales. Concluimos que no hay un solo “estilo chino” de hacer minería, pues una vez en terreno peruano su desempeño puede variar tanto entre sí como con respecto a otras empresas del sector.

Zijin Mining Group Co., Ltd. se dedica a la exploración, explotación y desarrollo de propiedades y proyectos mineros alrededor del mundo. En el Perú la empresa tiene el controvertido proyecto Río Blanco en Piura.

En algunos casos, ni los inversionistas chinos ni los diplomáticos de su país realizaron la debida diligencia acerca de las condiciones sociales y políticas que encararían en determinados proyectos, y las autoridades peruanas tampoco fueron honestas acerca de estas condiciones. Tal fue el caso de Shougang Hierro Perú a inicios de la década de 1990, y también de Zijin en 2007 con el proyecto Río Blanco en Piura. En estos casos, además, el personal de las empresas –ya sean chinos o los peruanos que contrataron– no supo tratar con nuestros sindicatos, comunidades y funcionarios elegidos localmente.

En otros casos, sin embargo, encontramos desempeños mejores que el promedio del sector. Esto ocurre en el campo laboral, donde la tendencia en las empresas chinas ha sido de contratar mayormente peruanos y, con la notable excepción de Shougang, de receptar sus derechos sindicales. Las mineras chinas, además, parecen contratar menos trabajadores tercerizados que el promedio de la gran minería.

En materia ambiental, y nuevamente comparadas con otras empresas del sector, las empresas chinas se han caracterizadas más por el cumplimiento que la resistencia a nuestra legislación. Sin embargo, preocupan las presiones para flexibilizar la normativa ambiental para acelerar estas y otras inversiones.

Sobre todo, lo que observamos son procesos de aprendizaje de parte de nuevos inversionistas chinos y sus aliados políticos, para no repetir los errores del pasado, contratar mejores gerentes y consultores, y participar –aunque tímidamente– en iniciativas como la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI). Por ello, es importante fortalecer los mecanismos de comunicación entre representantes de estas empresas, las autoridades de ambos países y las poblaciones afectadas por sus inversiones, y mantener el respeto entre las partes, así como la transparencia y el intercambio de información sobre proyectos específicos.

Entre los casos de inversión china más importantes hoy en Sudamérica, están la mina Toromocho en Junín, de la empresa Chinalco, y el proyecto Las Bambas en Apurímac, adquirido en 2014 por MMG (cuya empresa madre es China Minmetals). En ambos casos, las empresas se comprometieron a mantener operaciones con tecnología de punta, y a mantener comunidades enteras reubicadas a nuevas sedes, donde se espera que sus condiciones de vida sean mejores. En ambos casos la producción avanza con importantes beneficios potenciales, pero también conflictos persistentes que los chinos no iniciaron, pero sí heredaron. Lo que está en juego para China y el Perú es mostrarle al mundo que ambas partes asumen el cumplimiento de los estándares globales con seriedad. Solo el tiempo nos dirá si esto es así.

—————————

[1] Esta nota se basa en la introducción al mencionado libro, de GALLAGHER, Kevin, Andrés LÓPEZ, Cynthia SANBORN y Rebecca RAY (Eds.), 2016.  Ver también: http://www.bu.edu/pardeeschool/research/gegi/program-area/chinas-global-reach/china-in-latin-america/chinas-global-reach-environment-and-development/working-group/  .
[2] Este resumen se basa en Cynthia Sanborn y Victoria Chonn, “La inversión china en la industria minera peruana: ¿bendición o maldición?”, en Ray y Gallagher et al, op sit, capítulo 5.

Primavera 2017


Cynthia A. Sanborn

Vicerrectora de investigación en la Universidad del Pacífico y profesora principal del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas. Es Ph.D. y M.A. en Government por Harvard University, y B.A. en Ciencia Política por University of Chicago.