México y la elección más grande de su historia

Padrón electoral - elección MéxicoEl 1 de julio se celebra la elección más grande que haya tenido lugar en la historia de México. Es una de las siete que durante 2018 se realizan en América Latina. En los últimos procesos electorales que han tenido lugar en la región han ganado las plataformas de centro y centro derecha, cuando años atrás lo hacían las de izquierda o centro izquierda. En México está por verse cuál es la decisión del electorado.

El padrón electoral y los electores

México cuenta con 120 millones de habitantes, de ellos 90 millones tienen de 18 a más años. El Padrón Electoral es de 89 millones de electores, el 51.83% mujeres y el 48.17% hombres, según el Instituto Nacional Electoral (INE) que es el órgano encargado de organizar la elección y contar los votos.

Los electores entre 18 y 24 años suman poco más de 15 millones. De estos, 14 millones votarán por primera vez. Los que tienen entre 25 y 29 años llegan a los 11 millones. La suma de ambos grupos conforma la tercera parte del padrón electoral.

El grupo entre los 30 y 44 años llega a 28 millones, poco más de la tercera parte del padrón. La otra tercera parte es el grupo que va de los 45 a más de 65 años. Se espera que en la elección vote el 60% de todos los electores, que serían 55 millones. Es muy claro que la diferencia en esta elección la pueden hacer los jóvenes entre los 18 y 29 años, si es que se deciden a votar.

La elección más grande

El 1 de julio, en 30 de los 32 estados que tiene el país, tendrá lugar elecciones concurrentes con el federal. En total se disputan 18 mil puestos de elección popular. Es también la elección más cara; el costo total de la elección federal asciende a 25 mil millones de pesos, sin contar las estatales[1].

Los cargos en juego, de la elección federal, son 629: el presidente de la República, 500 diputados y 128 senadores. Mientras que en las elecciones locales son 2,787: ocho gobernadores, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 928 diputados en 27 congresos locales, 1,596 presidentes municipales en 24 estados, 16 alcaldes y 160 concejales en la Ciudad de México y 24 juntas municipales en Campeche.

El INE, como lo señala la ley, eligió y capacitó a más de 2 millones de ciudadanos, la mayoría de ellos fueron seleccionados como funcionarios de casilla[2], titulares y suplentes. Ellos serán los responsables del proceso el día de la elección.

No hay duda, en razón de la capacidad del INE, que la elección estará bien organizada a pesar de su extraordinaria complejidad. Desde hace años esta institución exporta tecnología a organismos internacionales y a otros países, para realizar procesos electorales.

Los candidatos

La elección presidencial dura 90 días (abril, mayo y junio); siendo cinco los candidatos que postulan a la presidencia de la República: Andrés Manuel López Obrador, de la alianza compuesta por los partidos MORENA-PT-PES; Ricardo Anaya, de la coalición PAN-PRD-MC; José Antonio Meade de la alianza PRIPANAL-PVEM; Margarita Zavala y Ricardo Rodríguez, como candidatos independientes.

Los candidatos “punteros” son López Obrador (64), que participa por tercera vez, y Anaya (39), que es su primera elección. Meade, el candidato del partido en el gobierno, está en un lejano tercer lugar y no tiene ninguna posibilidad de remontar.

La plataforma que postula a López Obrador está integrada por MORENA, un partido fundado por él que participa por primera vez en una elección presidencial y que se define como de izquierda, el PT, también de izquierda, y el PES, un partido evangélico que es el más conservador de los que existen en México.

La plataforma que postula a Anaya está compuesta por el PAN, partido de centro derecha fundado en 1939 y que en el 2000 le ganó la presidencia al PRI, que la tuvo por 80 años de manera ininterrumpida; el PRD, de izquierda, en el que antes militó López Obrador y que acaba de cumplir 29 años; y el MC, de corte socialdemócrata y de reciente creación como MORENA.

En las seis encuestas que se han dado a conocer los primeros días de mayo, continúa a la cabeza López Obrador, y Anaya va en segundo lugar. Después del debate que se celebró en abril, visto por 20 millones de mexicanos, Anaya logró reducir la desventaja entre cuatro y seis puntos. La elección todavía no está decidida y existen posibilidades de que cualquiera de los dos se haga de la presidencia de la República.

Algunos medios nacionales e internacionales, y también analistas políticos, ven muy difícil que a estas alturas Anaya alcance a López Obrador, pero hay otros que piensan que todavía es posible.

La publicidad y los ‘spots’

En México algo que distingue las elecciones a cualquier otro proceso en América Latina y el mundo es la cantidad de spots en radio y televisión, al que por ley tienen derecho a transmitir los partidos y sus candidatos de manera gratuita.

En el tiempo de seis meses que va de la precampaña, la intercampaña y la campaña propiamente tal van a estar al aire, sumados los que se trasmiten en todas las radios y televisoras del país, 57 millones de spots. De ellos 29 millones en los 90 días de la campaña.

Los partidos y los candidatos, por lo mismo, dan una gran importancia al diseño, a la producción de los spots y a la organización de la pauta de los mismos a la que tienen derecho en los medios. La elaboración de los spots está sujeta a complicados estudios de prueba de su eficacia y a la valoración del impacto de los mismos.

Los Estados Unidos y la elección

elección en MéxicoLa frontera entre México y Estados Unidos es de 3,200 kilómetros. En ese país viven 38 millones de personas de origen mexicano, de los cuales 12 millones nacieron en México. Estos últimos podrían votar por el presidente de la República el próximo 1 de julio, pero sólo poco más de 100 mil se han registrado para hacerlo, según el INE.

En los hechos, a los mexicanos que viven en Estados Unidos no les interesa participar en el proceso electoral de su país de origen, pero sí cada vez más en el país donde ahora viven. Los especialistas que trabajan el tema de la migración tienen diversas interpretaciones sobre esta realidad.

Desde hace décadas, el gobierno de Estados Unidos sabe que no le conviene meterse en el proceso electoral mexicano. Es consciente que, de hacerlo, le sería contraproducente. Tiene otras muchas maneras de influir sobre el gobierno en los temas que le interesa. Su política, desde hace muchos años, ha sido dejar que las elecciones pasen y después negociar con el gobierno en turno. Desde la entrada en vigor del TLCAN[3], ahora en complicada renegociación, las relaciones comerciales, más que las políticas, organizan la agenda de los dos países.

A partir de 1994, cuando inicia el TLCAN, la balanza comercial entre Estados Unidos y México siempre ha sido superavitaria para el último. En 2017 el intercambio comercial entre los dos países, ya con el presidente Trump, fue de 530 mil millones de dólares.

La relación política, ahora tensa por las continuas declaraciones del presidente Trump en contra de México, está condicionada por la relación económica. México, después de China, es el segundo exportador al mercado de Estados Unidos, por arriba de Canadá. Los diez estados más grandes del vecino del Norte tienen a México como principal destino de sus exportaciones y para otros veinte es el segundo.

La imbricación de la economía en la región de América del Norte -Canadá, Estados Unidos y México- crece todos los días. Los intereses comerciales entre los tres países son más que evidentes. Ya a pesar de los discursos estridentes del presidente Trump, que tienen como destinatarios a sus simpatizantes, la relación comercial no solo va a seguir, sino que se va a profundizar. Los Estados Unidos verán quién es el nuevo presidente de México y con él negociarán.

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[1] El dólar se cotiza a 20 pesos mexicanos.
[2] Miembros de mesa [N. del E.]

[3] Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Invierno 2018


Rubén Aguilar Valenzuela
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana (México).



¿De quién es la mano que mueve la cuna en Honduras?

Las elecciones generales del 26 de noviembre en Honduras han significado una nueva tragedia política para el país. No sólo porque se desarrolló un descarado fraude electoral, sino porque desde mucho antes buena parte de la sociedad hondureña entendió que todo el proceso hacia las elecciones estaba salpicado por fraudes, especialmente desde que se impuso la candidatura a la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández, no solo polémica sino ilegal.

El enfrentamiento amenaza con aumentar la inestabilidad política en un país profundamente dividido, haciendo eco de la crisis que estallara hace ocho años, cuando un golpe de Estado forzó la salida del presidente Manuel Zelaya, quien ahora es el estratega político detrás de la coalición de izquierda que ha respaldado al candidato presidencial despojado por el fraude, Salvador Nasralla.

Unas 40 personas asesinadas entre el 27 de noviembre y el 27 de enero -al menos la mitad en los primeros diez días de diciembre, cuando el usurpador de la Presidencia decretó toque de queda y ordenó a la Policía Militar del Orden Público que les disparara-, 1,500 personas golpeadas, torturadas y heridas y más de 50 personas encarceladas, acusadas de sedición y de realizar actos violentos, son los saldos más visibles de la respuesta militar a la vibrante protesta social contra el fraude.

El poder del gobierno de Estados Unidos se hizo sentir con toda su fuerza en este pequeño país centroamericano. Bastó que el 22 de diciembre de 2017 reconociera a Juan Orlando Hernández como presidente electo en las turbulentas elecciones del 26 de noviembre para que los países más afines rompieran el silencio[1]. Una vez más quedó patente el poder del imperio y la poquedad de países como Honduras. Lo que pase en el presente y el futuro a este país es lo de menos. Si se despedazan sus gentes por conflictos internos, si se instaura una dictadura, eso no interesa. Lo que pesa son intereses geopolíticos.

El miedo a un fantasma impuso finalmente la decisión. Ese fantasma tiene nombre y apellido: Manuel Zelaya Rosales[2]. Mucho más que al candidato Salvador Nasralla, principal víctima del fraude electoral, fue al derrocado en el golpe de Estado de 2009 lo que decidió que Washington se decantara a favor de Juan Orlando Hernández.

De nuevo se ha impuesto en Honduras la geopolítica imperial por sobre los dinamismos nacionales. De nuevo ha pesado la lógica de la Banana Republic[3]: los asuntos hondureños se definen sin el país, fuera del país y en contra del país.

Cinco líneas de estrategia para hacer blanquear el fraude y el régimen de facto

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha iniciado un segundo período presidencial con el rechazo de la mayoría de la población debido a una reelección no permitida por la Constitución del país y a un proceso electoral acusado de fraudulento.

A partir del 27 de enero de este año[4] se impuso un régimen de línea dura con una ilegitimidad y descrédito amplios, ante ello el equipo de Juan Orlando Hernández ha puesto en marcha una estrategia política con cinco líneas simultáneas de trabajo.

  1. Línea internacional. Un régimen desconocido por al menos tres cuartas partes de la población necesita tener un reconocimiento internacional que, por ahora, sigue siendo precario. En la toma de posesión no hubo ni un solo mandatario del planeta que se hiciera presente. Es cierto que tiene el favor de Washington, pero en un escenario tan complicado, y con las evidentes señales del fraude que dejó establecido el informe de la OEA, un reconocimiento internacional estable resulta un camino muy cuesta arriba.
  2. Línea del “post blanqueo” y maquillaje de la dictadura a través del recurrente llamado al Diálogo Nacional y la re-institucionalidad del Ministerio de Derechos Humanos. El diálogo fue usado en 2015 en el fragor de la crisis que se expresó en el fenómeno de las antorchas[5], cuando se estrenó la consigna “¡Fuera JOH!” ante datos impresionantes de saqueo de instituciones públicas por parte de altos funcionarios y miembros del partido de Hernández. Cuando este y su equipo se vieron acorralados, convocaron un diálogo “incluyente, abierto y sin condiciones”. En el mismo participaron los afines a Hernández, y surgió lo que hoy se conoce como la MACCIH (Misión de Apoyo a la lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) como respuesta al clamor popular a la instalación de una Comisión de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad al modo como la ONU había establecido en Guatemala. La MACCIH no acabó de cuajar hasta que comenzó a tocar de frente redes de corrupción que involucran a diputados del Congreso Nacional[6].
    El auténtico fruto de aquel diálogo fue haber “normalizado” la situación, y colocado a Juan Orlando Hernández en una posición ventajosa para avanzar hacia su candidatura inconstitucional, asunto que devino en la crisis electoral y convulsión política y social que hoy se busca solventar con la reedición de un diálogo cuyo propósito es dejar intocables la reelección y el fraude electoral.
    El otro elemento que le da “maquillaje” al proyecto dictatorial es la conformación del Ministerio de Derechos Humanos. Así como ha dado muestras irrefutables de no creer en el diálogo, Hernández ha debido acceder a la presión internacional de conformar este Ministerio, el cual es un auténtico contrasentido en relación con el peso que en su gobierno tiene la inversión en las fuerzas armados y en las respuestas represivas ante las demandas y protestas populares. El Ministerio de Derechos Humanos se convierte en la sonrisa del verdugo, justamente porque a toda protesta social y política, Juan Orlando Hernández da una desproporcionada respuesta militar.
  3. El cerco mediático. Aquí se han afinado todos los dispositivos para ignorar a los opositores cuando hay que hacerlo; estigmatizar su trabajo y sus vidas, presentándolos como enemigos de la paz, aliados del crimen organizado, promotores del vandalismo y el desorden; sobornarlos o cooptarlos si encuentran la ocasión; criminalizarlos, como en efecto ha ocurrido con la captura y levantamiento de procesos judiciales en contra de decenas de manifestantes con algún nivel de liderazgo de las diversas zonas con mayores índices de protestas; y, finalmente, la persecución y eliminación física de varios de los líderes.
    Todo esto se ha manejado de manera proverbial y sin fisura a través de los medios de comunicación, los cuales se han dedicado a elevar el perfil humano, espiritual y familiar del estadista Juan Orlando Hernández, a destacar los beneficios del diálogo nacional para unir y reconciliar a la familia hondureña, y a destacar los daños y perjuicios ocasionados por el vandalismo de quienes se resisten a aceptar la dictadura.
  4. Compra de gobernabilidad a través de la inversión en compra de voluntades y conciencias, e invirtiendo millonarias cifras en programas sociales para comprar gobernabilidad desde abajo, jugando con el estómago de varios millones de desempleados y miserables. Aquí es donde reside el rasgo de populismo mesiánico primitivo y de extrema de derecha que caracteriza al actual régimen.
  5. La línea de represión y de fuerza bruta contra opositores. Para el éxito de esta línea, Juan Orlando Hernández decidió nombrar nuevos comandantes del ejército, entrenados desde la década de los ochentas en operaciones contrainsurgentes, y sospechosos de asesinatos y desapariciones forzadas de opositores al Estado en aquella aciaga época.
Escenarios

Honduras entró, a partir del 22 de diciembre, en el peor de los escenarios: el de la extrema polarización, sin reales posibilidades de entendimientos o negociaciones de parte de nadie, a no ser que se subordinen al proyecto autoritario que por la vía de la reelección y el fraude se erigió desde el 27 de enero.

El escenario ideal, pero lo más cercano a la ficción, es el que revierte a corto plazo el proceso de fraude, se anulan las elecciones y se convoca a nuevas elecciones bajo estricta supervisión internacional. Esto supondría que el Departamento de Estado norteamericano rectifique, retome con responsabilidad el análisis de los riesgos para la sociedad hondureña, y acabe dando un respaldo a la Secretaría General de la OEA.

El escenario situado en el otro extremo es el basado en una convocatoria amplia de ciudadanía en rebeldía en contra de la dictadura que presiona desde diversos ámbitos. Es el escenario que busca revertir el fraude a mediano plazo.

El punto central de esta movilización y presión ciudadana se basa en que la reelección de Juan Orlando Hernández es el origen del fraude electoral, por su inconstitucionalidad. Todo el proceso electoral se tiñó de fraude. A partir de esto, la demanda de anular las elecciones de noviembre de 2017 es permanente y, obviamente, unida a la convocatoria a nuevos comicios electorales.

Como se trata de una lucha por revertir el fraude electoral, esto conlleva a impulsar un amplio espectro de alianzas a partir de consensos básicos comunes que impulse una estrategia que implica los siguientes elementos: la ampliación de las convocatorias, para que cada vez más gente quepa y se integre a este llamamiento ciudadano opositor; las estrategias mediáticas; la estrategia legal y de derechos humanos; la estrategia de incidencia internacional; la estrategia de contenidos y la estrategia de la calle.

Con una convocatoria opositora ciudadana amplia como esta, y una estrategia en base a consensos comunes, no habría manera de que el proyecto dictatorial se sostenga. Aunque tenga las armas y se esfuerce en imponer su ley, llegará un momento en que se verá en la obligación de negociar una salida, que desde la perspectiva actual debería suponer el nombramiento, a través de un plebiscito, de un gobierno provisional transitorio, cuya tarea primordial será la convocatoria -en un plazo no mayor de seis meses- de nuevas elecciones bajo supervisión internacional, con un nuevo Tribunal Supremo Electoral.

Para estas elecciones Hernández no podría presentarse como candidato justamente porque la reelección es ilegal.  En caso de hablar de reelección, el gobierno que se elija en las elecciones convocadas por el gobierno transitorio y provisional, podría poner en marcha una consulta nacional para que el pueblo-soberano decida si se convoca o no una asamblea nacional constituyente originaria que redefina todos los pilares de la democracia e institucionalidad de la sociedad hondureña.

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[1]  El Tribunal Electoral declaró ganador oficial a Hernández el 17 de diciembre, tres semanas después de realizadas las elecciones. [N. E]

[2]  El expresidente fue depuesto en junio del 2009 por un golpe de Estado fruto de la alianza entre militares, la élite empresarial y los partidos políticos tradicionales, con el apoyo del Pentágono de Estados Unidos. Zelaya estuvo vinculado al presidente Hugo Chávez y formó parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). [N. E]

[3]
  Durante el siglo XX las empresas transnacionales norteamericanas, encargadas de la exportación del banano, dominaban la política y economía hondureña. [N. E.]

[4]
  Fecha de la toma de mando. [N. E]

[5]
  La “Marcha de las Antorchas” fue la manifestación de la población hondureña indignada ante los casos de corrupción del país. [N. E]

[6]
El jefe de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, anunció su renuncia al cargo el 15 de febrero por falta de apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para limpiar la corrupción de Honduras. [N. E.]

Otoño 2018


Ismael Moreno, SJ

Director de Redio Progreso de Honduras y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación – ERIC (Honduras).




Testimonio de la primera Congresista de EE.UU. nacida en la India

Traducción: Sarah Brady

Pramila Jayapal es una política estadounidense de origen indio, miembro de la Cámara de Representantes (representa al 7º distrito de Washington) y perteneciente al Partido Demócrata. Desde su condición de migrante y política, ella comparte su experiencia y la misión que siente para con el país en este discurso adaptado que dio durante la ceremonia de graduación de escuela secundaria Franklin.

Es un verdadero honor servir como la primera mujer india-americana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la primera mujer Representante de mi distrito, y una de los seis miembros del Congreso nacidos fuera del país.

Esta es mi experiencia como mujer inmigrante que vino a este país a los 16 años para estudiar en la universidad, la cual me formó en lo que soy y por lo que lucho hoy. ¿Quién se hubiera imaginado que llegaría a ser Representante en el Congreso de los Estados Unidos? Les aseguro que no tenía la menor idea.

Soy una inmigrante orgullosa, nacida en India. Vine sola a Estados Unidos a los 16 años. Mis padres tomaron todos sus ahorros -unos $5,000 dólares en ese entonces- y los usaron para enviarme a la universidad porque creían que aquí encontraría la mejor educación y tendría un futuro brillante. Honestamente, yo no entendía el alcance de ese sacrificio hasta que mi proprio hijo cumplió los 16 años. Entonces comprendí qué valor se requiere para enviar a tu único hijo a cruzar un océano, quizás para nunca volver. Y debido a nuestro sistema migratorio quebrado, pasaron 18 años hasta que pude obtener la ciudadanía estadounidense, por lo que nunca pude traer a mis padres y hemos vivido en continentes separados todo este tiempo.

Llegando aquí, desde la India, mis padres tenían tres profesiones en mente para mí: doctora, abogada o empresaria. En ese tiempo, no teníamos dinero y solo podía hacer una llamada a casa cada año. ¡No había Skype ni nada de eso! Así que, en mi segundo año de universidad, usé mi llamada a casa para decirle a mi padre que ya no quería estudiar Economía, quería estudiar Lengua Inglesa. Luego sostuve el teléfono a un brazo de distancia de mi oído mientras él gritaba: “¡No te mandé a Estados Unidos para aprender inglés, ya sabes hablar inglés!”

Él estaba preocupado, como todo padre, así que le prometí que obtendría el mismo trabajo con un título en Lengua Inglesa que con uno en Economía. Por eso trabajé para un banco de inversiones en Wall Street y obtuve mi maestría en Negocios antes de darme cuenta que necesitaba hacer lo que yo amaba y lo que hacía cantar a mi corazón. Y necesitaba hacer que mi vocación y mi trabajo fueran uno.

Entonces dejé el sector privado y trabajé por toda una década en salud pública global, viviendo en comunidades de Tailandia y la India. Regresé a los Estados Unidos a fines de la década de 1990, tuve un hijo… y luego sucedió el 11 de setiembre.

Ese fue mi despertar político. En esos terribles días después del 11 de setiembre, algunos crearon un caldo tóxico utilizando ingredientes de miedo y patriotismo, intentando manipular al público y suprimir la disidencia. Decían que esa diversidad que tanto apreciamos estaba contaminada, que debíamos temer a las personas diferentes a nosotros. Vimos cómo personas con turbantes y piel marrón fueron sometidas a juicio -literal y figurativamente- por el color de su piel, su religión o su país de origen. Esta fue una de las horas más oscuras de la historia de nuestro país, y los efectos de esos tiempos aún permanecen.

Fui motivada a actuar por miembros de la comunidad que llegaron a mí, movidos principalmente por la preocupación de lo que pasaría con sus hijos.

Fundé Hate Free Zone -luego cambió de nombre a OneAmerica- para luchar por los derechos del inmigrante -civiles y humanos-. Dirigí esta organización durante once años, hasta llegar a ser la organización de defensa del inmigrante más grande del Estado. Hemos demandado exitosamente a la administración Bush, impidiendo la deportación ilegal de 4,000 somalíes musulmanes: padres, hermanos, hijos y tíos. Luchamos contra la islamofobia -esa misma islamofobia que vemos de nuevo hoy-; organizamos a miles de personas en todo el estado para demandar una reforma migratoria que dé paso a la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes indocumentados; lideramos la lucha por la Ley DREAM[1] a nivel federal y estatal, con muchos otros; y se registró a 23,000 nuevos ciudadanos inmigrantes para votar.

A pesar de haber trabajado alrededor del mundo y fundar OneAmerica, nunca imaginé postular a un cargo político. Pero un día pensé, después de muchos intentos por tratar que los políticos elegidos nos apoyen en lo que necesitábamos, ¿por qué no postular? Al no postular estaba cediendo un espacio político muy importante. Y, particularmente, como mujer y persona “de color”, no veía suficientes personas como yo en esos espacios.

Me lancé al Congreso de mi Estado, siendo la primera mujer surasiática-americana elegida para el congreso de Washington, y luego la primera mujer india-americana en ser elegida para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

El recorrido de nuestro mundo hoy puede sentirse alejado de la visión del Dr. Martin Luther King, de donde pensábamos que estaríamos. Estamos en un mundo donde el odio y la discriminación caracterizan gran parte de nuestra política, donde el presidente de los Estados Unidos ignora la Constitución y propone la prohibición del ingreso de personas de países musulmanes, donde hay gente que niega la existencia del cambio climático y bloquea el esfuerzo para salvar nuestro planeta para la generación de nuestros hijos, donde las vidas afro-americanas no parecen importar, donde la atención médica parece más un lujo que un derecho.

Jóvenes y familias enteras han salido a las calles de Estados Unidos a marchar en contra de las medidas restrictivas contra los inmigrantes.

Un mundo donde la universidad es un costo inaccesible para muchos: el estudiante promedio, en los Estados Unidos, se gradúa con $40,000 en deuda acumulada.

Pero sí creo que esta generación logrará salvar al planeta. Esta generación entiende, como quizás ninguna otra anterior lo ha entendido, que no estamos aislados en nuestras luchas. Somos interseccionales. Suelo decir que no soy mujer el lunes, inmigrante el martes, trabajadora el miércoles o mamá el jueves, soy todas esas cosas todo el tiempo.

Esta generación entiende la interseccionalidad no como un concepto, sino como una experiencia vivida. Ellos comprenden que, para crear la comunidad deseada, no podemos centrarnos en una jerarquía de opresiones, sino más bien que la justicia racial, económica y de género deben estar inextricablemente unidas; que la diversidad importa no como un casillero para marcar, sino porque las mejores decisiones son las que hacemos cuando todas las voces están presentes; y que el racismo institucional debe ser derribado y que es la equidad y no la igualdad lo que buscamos.

Recuerden -y esto viene de alguien que ha sido arrestada por liderar protestas de desobediencia civil y que cree que la organización comunitaria es el único camino que nos mueve hacia adelante- que, si bien debemos oponernos a la injusticia y participar plenamente de la resistencia, también debemos PROPONER la justicia.

¿En qué tipo de mundo queremos vivir?, ¿cuál es la visión por la que estamos dispuestos a luchar? Por eso propuse la Ley “Universidad para todos” en la Cámara de Representantes y he trabajado con Bernie Sanders, quien la presentó en el Senado, para asegurar estudios universitarios gratuitos e INVERTIR en nuestros jóvenes, para que no estén atados a una deuda insuperable solo por perseguir esa educación que nuestro país necesita de ellos.

Por eso también estoy orgullosa de ser parte de la lucha para asegurar un sueldo mínimo de $15 por hora en mi ciudad de Seattle, y pelearé en el Congreso para que cada persona, en cada ciudad y pueblo de mi país, tenga un salario decente que les permita poner comida en la mesa, un techo sobre su cabeza y envejecer con dignidad. Y por eso he creado una junta política de justicia ambiental en el Congreso, porque el cambio climático es nuestra más grande amenaza como sociedad. Debemos asegurarnos de avanzar en este tema mientras también nos aseguramos que las personas de grupos marginalizados y de bajos recursos -quienes son los más afectados por el cambio climático- tienen la posibilidad de encontrar la ayuda que necesitan para hacer la transición a una economía de energía sostenible.

Esa es mi agenda. Cada quien tendrá que pensar la suya. Pensar no solo a qué van a OPONERSE, sino también que van a PROPONER. ¿Cuál es su solución a los problemas que enfrentamos? Y más que todo, recuerden el poder que tienen. Nadie se los puede quitar. Y si alguien les dice que no pueden hacer algo, que no son suficientemente buenos, o fuertes, o inteligentes o lo que sea, les sugiero voltear y decirles: “mírame hacerlo”. No se lamenten, organícense en sus comunidades. No se sienten, pónganse de pie. Así que, mientras hacemos nuestro camino en el mundo, recordemos las palabras y la vida del Dr. Martin Luther King.

El amor transforma. El amor es poder. El amor resalta la grandeza que compartimos, y hace posible lo imposible.

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[1] Ley de Desarrollo, Ayuda y Educación de Menores Extranjeros.

Verano 2017-2018


Pramila Jayapal

Miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Representa al distrito 7° de Washington. Anteriormente se desempeñó como directora ejecutiva de OneAmerica, un grupo de defensa de la inmigración.




Alternativa para Alemania: un partido conservador captado por la ultra-derecha

El mal manejo de la crisis de refugiados en Europa, y su llegada a Alemania, ha exacerbado temores y rechazos en la población.

“El retorno de la ultraderecha en Alemania y sus cimientos nazis” o “¿Vuelven ‘los nazis’ en el Bundestag?”, así se leían los títulos de artículos periodísticos tras las últimas elecciones parlamentarias para el Bundestag (el parlamento alemán) en el cual el partido populista de la ultra derecha, Alternativa para Alemania (AfD), obtuvo 12,6% del voto popular. Con 32,9% y 20,5%, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), respectivamente, en coalición desde 2013, vivieron una derrota histórica. La noticia de que un partido nacionalista entrase en el Parlamento Alemán por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial causó sorpresa y preocupación internacional. ¿Pero es la AfD un partido neonazi? Vale la pena reflexionar sobre la trayectoria de este joven partido político para entender su impacto en el panorama político alemán.

Es cierto que la AfD es el primer partido político abiertamente chauvinista y xenófobo que obtiene escaños en el Parlamento Federal desde la Segunda Guerra Mundial. También es cierto que algunos políticos de la AfD coquetean con un discurso neonazi. Sin embargo, es una cruda simplificación concebir a la AfD como un partido neonazi –en contraste, por ejemplo, con el partido neofascista Partido Nacional demócrata de Alemania (NPD)[1]-.

El grupo que impulsó la fundación de la AfD en abril 2013 estuvo integrado por profesores, economistas, políticos y periodistas liberales conservadores, muchos de ellos ex miembros de la CDU, del Partido Liberal (FDP) y hasta del partido de ultra izquierda, Die Linke. El fundador principal de la AfD fue un profesor de economía de la Universidad de Hamburgo, Bernd Lucke. La ideología que unió a ese grupo fue su euroescepticismo: rechazaban el euro y los rescates a los países periféricos de la Unión Europea (UE) y aspiraban a la disolución ordenada de la zona euro y a la vuelta del marco alemán. El partido argumentaba que los bancos, los fondos de cobertura y los grandes inversores privados deberían pagar los costos de sus operaciones de alto riesgo. De tal manera que en la campaña electoral de las elecciones parlamentarias de 2013 dominaban dos temas: el euroescepticismo y la democracia directa.

Es importante destacar que esa primera generación de políticos de la AfD se autodenominaba como «eurocrítico» y no «antieuropeos», buscando desvincularse de la extrema derecha y acercarse más a los liberales. Rechazaban la idea de una unión de transferencia o un estado europeo centralizado: el partido estaba a favor de una Europa de estados soberanos con un mercado interno común, pero querían racionalizar la UE y reducir su burocracia. Buscaban cambiar los tratados europeos para permitir que cada estado pueda salir del euro, la reorganización de la política de inmigración para establecer un sistema basado en méritos (utilizados en democracias como Canadá, Australia y el Reino Unido), y que los solicitantes de asilo puedan trabajar a nivel nacional. Apenas meses después de su fundación, y bajo la candidatura de Lucke, la AfD como partido liberal conservador obtuvo el 4,7% de los votos, casi alcanzando el 5% establecido por la ley para entrar al Bundestag.

Todo eso cambió en el 2015. En la denominada “crisis de refugiados” llegaron cerca de 1 millón de solicitantes de asilo a Alemania, sobre todo de países musulmanes como Siria, Afganistán e Iraq. Esa inmigración fue desordenada (en gran parte por la falta de voluntad política de muchos líderes europeos para brindar ayuda y una solución solidaria) y, por lo tanto, estuvo acompañada de serios problemas logísticos y de integración. Es en ese contexto que surgieron las luchas internas entre diferentes facciones de la AfD, entre el grupo moderado y cercano al conservadurismo liberal de Bernd Lucke y el otro, mucho más derechista y cercano al conservadurismo nacionalista liderado por Frauke Petry. Petry y sus seguidores ganaron, Lucke y sus confidentes dejaron el partido.

Con la victoria del ala Petry, la inmigración musulmana se convirtió en el eje central de la retórica de la AfD, que se autoproclamó el salvador de la nación alemana en contra de la “invasión musulmana”. Así, en la campaña electoral de las elecciones parlamentarias de 2017 solamente dominaba un tema: el control de las fronteras con un evidente tinte xenófobo, e islamófobo[2]. El partido demandó la reintroducción de controles en las fronteras alemanas o incluso el “cierre” de las fronteras, la pérdida del derecho de asilo para las personas de países que la AfD consideraba “países de origen seguros” (como por ejemplos los países del África del Norte).

Contrario a lo que muchos piensan, la AfD no tiene cimientos nazis, sino cimientos liberales conservadores, pero dicho partido fue captado por portavoces que cada vez más utilizan el lenguaje de la ultraderecha y capitaliza, de esa manera, el apoyo de los grupos extremistas, volviéndose cómplice de sus agendas. Desde el 2015, los líderes de la AfD provocan, con el uso de un vocabulario neonazi, lo que resultó en varias demandas por amotinamiento del pueblo (Volksverhetzung), un concepto del derecho penal alemán que prohíbe la incitación al odio contra un sector de la población. Para dar algunos ejemplos: el presidente de la AfD en el estado de Turingia, Björn Höcke, demandó cambiar los términos de tratar al período nazi, para lograr un “giro de 180 grados en la política del recuerdo” y llamó el Monumento del Holocausto en Berlín un “monumento de la vergüenza”. El candidato del Bundestag del Dresde, Jens Maier, relativizó la acción del terrorista de derecha noruego Anders Breivik, diciendo que este se había convertido en un asesino en masa por “desesperación” sobre los extranjeros. Contra Höcke y Maier se abrieron procedimientos de exclusión del partido, pero sin consecuencias.

Cartel con publicidad a favor del partido Alternativa para Alemania (AfD), el texto dice: “Detener la islamización. ¡Vota por AfD!”

Muchos se preguntan si la AfD va a ser en el futuro la tercera fuerza en la política alemana. Por un lado, se puede argumentar que la victoria de la AfD se basa en el tema de la inmigración y que ese tema no tiene una solución fácil. La estrategia de Merkel ha sido rehuir cualquier debate sobre asuntos fundamentales, incluyendo los problemas reales que se dieron con la –éticamente correcta– acogida de los refugiados en 2015. Con el resultado electoral de este septiembre está pagando el precio de lo que muchos perciben como arrogancia política: 89% de los votantes de AfD piensa que las políticas de inmigración de Merkel ignoran las “preocupaciones de la gente” y 85% quiere fronteras nacionales más fuertes. Las decisiones que se toman en las cabinas de votación tienen un fuerte componente emocional, y existen pocos temas tan emocionalmente cargados como la inmigración y el miedo al “otro”.

Por el otro lado, la AfD es un partido débil, dividido por batallas internas. Frauke Petry, hasta entonces copresidenta del partido, y últimamente líder de la “nueva ala moderada” del mismo, y algunos de sus seguidores, se negaron a unirse al grupo parlamentario del partido y renunciaron a la AfD días después de su victoria electoral. Con eso parece que el partido fue captado una segunda vez por un auto-coup (autogolpe) de la ultra ultraderecha. Sin embargo, la relación con sus votantes, que se define más por oposición a otros partidos, es débil: 60% de los votantes de AfD ha votado “contra el resto de partidos”, y solo el 34% por convicción a AfD, 82% piensa que 12 años de Merkel fueron suficientes.

Similar a las elecciones previas, la campaña electoral de los grandes partidos fue aburrida y mostró que no hay real diferencia entre el CDU y el SPD, partidos políticos que, durante las últimas décadas, han convergido hacia el centro político. Muchos optaron por votar por uno de los partidos pequeños debido a que la batalla entre estos dos se considerada ya decidida. De esta manera, otros ganadores fueron el Partido Democrático Libre (FDP) y el Partido Verde (Grüne).

Para la AfD será difícil presentar una política de oposición coherente, una verdadera “alternativa para Alemania”. Si su estrategia se basa solamente en provocaciones y apelaciones al ideario de la ultraderecha y neo-nazi, es poco probable que vayan a poder mantener dos tercios de sus votantes, mientras los que sí son votantes frustrados, probablemente conservadores y hasta xenófobos, no se identifican con el ideario autoritario, anti-democrático, racista y neofascista del nazismo.

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[1] La NPD carece de representación en el Bundestag y los parlamentos regionales, pero tiene un representante en el Parlamento Europeo. En el pasado ha sido representado en los parlamentos regionales de los estados de Sajonia y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.
[2] Según la AfD, “el islam no pertenece a Alemania”, los minaretes y el uso de burkas deberían prohibirse.

Verano 2017-2018


Feline Freier

Profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico e investigadora del CIUP. Ha brindado asesoría a diversas instituciones y organizaciones internacionales como la Fundación Naumann para la Libertad, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Unión Europea (UE) en Alemania, Argentina, Uruguay, Ecuador y Sudáfrica. Es afiliada del Refugee Law Initiative de la Universidad de Londres e integrante fundador del Colectivo Internacional de Jóvenes Investigadores en Migración (CIJIM).