Empleo y oportunidades productivas para jóvenes rurales hoy

Por su limitado acceso a recursos productivos, la informalidad y precariedad laboral -y la deficiencia y poca pertinencia de la educación- la juventud rural[1] se ve afectada desproporcionadamente por crisis como la COVID-19[2]. A partir de las reflexiones compartidas durante el “I Taller de Jóvenes Rurales Líderes 2020” organizado por YPARD-Perú[3], se mostrarán algunos de los efectos de la pandemia en las oportunidades productivas y de empleo para la juventud rural.

Antes de la pandemia, aproximadamente la mitad de jóvenes rurales se dedicaba al trabajo familiar no remunerado dentro de la parcela, y de cada 10 jóvenes rurales ocupados, 7 trabajaban en el sector agropecuario y 6 eran peones agrícolas[4]. Para los y las talleristas, el trabajo agropecuario exige un sacrificio físico mayor pobremente remunerado debido, en parte, al limitado desarrollo en sus territorios. La variabilidad y degradación de los ecosistemas y suelos –sobre todo en la sierra y selva[5]– y las muy restringidas condiciones productivas, de capacidades y de mercado son las principales barreras. Además, las y los jóvenes tienen dificultades para acceder a tierras por las reglas consuetudinarias establecidas en sus localidades o por la extrema minifundización y fragmentación, ocasionadas por la herencia. Incluso aquellos con mayores recursos y oportunidades para emprender encontraban dificultades para organizarse colectivamente, impulsar innovaciones y liderar el desarrollo productivo de sus localidades.

Ante la falta de oportunidades en la agricultura familiar, muchos jóvenes buscaban otros oficios mejor remunerados, como la construcción, el turismo o empleos vinculados a las industrias extractivas, pero que tenían sus propias limitaciones: reducidos puestos de trabajo, contratación predominantemente masculina, alta estacionalidad y condiciones precarias. Otra vía era emigrar a la ciudad en busca de mayores y mejores oportunidades de empleo, en su mayoría vinculados a la industria de servicios y comercio[6], pero nuevamente persisten los problemas con la informalidad, la corta duración de los contratos y la precariedad. Solo los pocos que contaban con posibilidades de acceder a formación superior y el apoyo de familiares tuvieron mayores herramientas para enfrentar la crisis.

La paralización de actividades por la pandemia ha tenido efectos devastadores en materia económica, particularmente en cuanto a la contracción del PBI[7] y el empleo[8], sobre todo en zonas urbanas. Al pensar ambos territorios, urbanos y rurales, se suele imaginar que la pandemia no ha afectado mucho lo rural, pues se los piensa como ámbitos inconexos. Sin embargo, como veremos a partir de las historias y trayectorias laborales de las y los jóvenes del taller, ambos espacios tienen una relación fluida e interdependiente y, al entender los efectos sobre el empleo y las oportunidades productivas de los jóvenes, podremos comprender también qué nuevos desafíos enfrentan los territorios rurales y qué posibilidades existen de generar oportunidades en medio de la crisis.

Efectos de la pandemia sobre jóvenes rurales que trabajaban fuera de la parcela

Pese a que algunas medidas implementadas para la contención del COVID-19 se levantaron paulatinamente, el dinamismo de las zonas urbanas no es el mismo y de momento no provee las mismas oportunidades a la juventud rural, pues sólo un grupo reducido ha podido mantener sus empleos. Han aumentado los despidos y se han reducido las ofertas laborales[9], incluso las informales, debido al cierre de negocios, la reducción de mano de obra por el empleador y la competencia con migrantes. También se generaron dificultades para continuar con los sistemas de distribución y comercialización de insumos y bienes para industrias rurales[10], siendo una de las más afectadas la de turismo local y comunitario, que dinamizaba la economía local y proveía de ingresos secundarios importantes a varias familias. Incluso en un escenario de reactivación, los negocios más pequeños enfrentan dificultades para asumir e implementar los permisos y protocolos de bioseguridad requeridos.

“Hay protocolos que se deben seguir y para los que se necesita dinero: para poner un lavadero de manos afuera, para la certificación, para la fumigación, para el examen de COVID. ¿De dónde vamos a acceder a ese capital para poder tener esos protocolos?” (Daisy, 36 años, costa)

Estas barreras y la reducción del empleo han tenido consecuencias importantes sobre la vida de jóvenes rurales, quienes han visto sus ingresos drásticamente reducidos. Desde Cusco, Gladys (16 años, sierra) comenta que algunas actividades que empleaban jóvenes, como la venta de comida y las artesanías asociadas al turismo, no se recuperan del todo. Esta dificultad para generar ingresos preocupa a la juventud, pues pone en riesgo sus posibilidades de seguir viviendo y estudiando en la ciudad. La situación es especialmente difícil para los jóvenes más vulnerables que no cuentan con acceso a vivienda segura ni con redes de apoyo en la ciudad, y que tenían la urgencia de generar ingresos para pagar el alquiler de sus viviendas.

Uno de las consecuencias inmediatas de la pandemia, ante la reducción del empleo urbano e ingresos de las y los jóvenes, fue la migración “de retorno” o “migración reversa”[11], por la cual muchos jóvenes volvieron a sus lugares de origen, buscando sortear las dificultades propias de una movilidad restringida por el Estado de Emergencia. Este retorno no planificado presenta nuevos desafíos -vinculados a presiones demográficas sobre la tierra y otros recursos naturales-, pero también nuevas oportunidades.

 

Una manera de salir adelante, a pesar de la crisis económica originada por la pandemia, ha sido la creación de negocios relacionados a actividades urbanas, y las ya conocidas agroferias campesinas.

 

Efectos de la pandemia sobre las economías familiares y la seguridad alimentaria

Si bien, en primera instancia, las medidas implementadas impactaron con mayor severidad a las áreas urbanas, los efectos sobre las economías rurales también fueron importantes y continúan sufriendo impactos complejos y aún poco comprendidos. Si bien las consecuencias sobre las actividades agropecuarias y la continuidad de las próximas campañas son importantes, la reducción de capital y la presión sobre las economías familiares también suponen grandes retos para la seguridad alimentaria y la reducción de brechas entre ámbitos urbanos y rurales.

El retorno de jóvenes de las ciudades generó importantes desafíos para los territorios rurales, los cuales no estaban preparados para su acogida. La problemática de la tenencia de la tierra y la minifundización ha generado varios conflictos por el uso de la tierra entre las y los jóvenes retornantes, familiares y comunidades. Este fenómeno puede generar diversos retos a futuro: mayor presión sobre la ampliación de la frontera agrícola, profundización de la fragmentación de la tierra y el minifundio, o la erosión de suelos agropecuarios. Además, las dificultades para el acceso a la tierra generan una secuencia de barreras para los jóvenes, quienes ven el acceso a oportunidades de desarrollo agropecuario limitadas por no contar con este recurso, y que además los empuja a buscar empleo como peones agrícolas en condiciones precarias.

“Ahora que han venido, el terreno estaba con título de propiedad a nombre de otro (…) Él viene, pero ya no tiene donde trabajar ni nada.” (Ricardo, 31 años, Cajamarca)

La falta de tierras fue solo uno de los problemas que enfrentó la juventud a raíz de la pandemia: los sistemas productivos también se vieron afectados por las medidas de aislamiento social obligatorio. El trabajo cotidiano dentro de la parcela se vio restringido durante los primeros meses de la emergencia sanitaria, generando una reducción en la demanda de mano de obra. Además, el aislamiento paralizó las actividades productivas comunitarias, como el mantenimiento colectivo de la infraestructura de riego, y el desarrollo de capacitaciones, teniendo efectos negativos sobre la producción agropecuaria por la falta de riego y asistencia técnica oportuna.

La suspensión del transporte también tuvo un fuerte impacto sobre la producción: los gastos de los hogares agropecuarios se incrementaron debido al aumento de los costos de los insumos y los fletes pagados para la comercialización de sus productos. Algunos y algunas jóvenes mencionaron, además, que no pudieron adquirir insumos agropecuarios a tiempo, particularmente alimentos balanceados para sus crianzas, pues estos no se encontraban en sus localidades y no podían salir a comprarlos. Todos estos factores causaron una reducción en la productividad agropecuaria y un aumento en los costos de producción.

Las medidas impuestas por la emergencia sanitaria también generaron una contracción inicial en la demanda de productos agropecuarios, tanto por las medidas tomadas para el control sanitario de los mercados, como por la paralización de distintos corredores económicos. La suspensión de actividades económicas afectó distintos nodos comerciales a nivel regional y local, siendo algunos de los compradores más importantes los restaurantes y turistas. El cierre de restaurantes, la paralización del turismo y otras medidas de restricción afectaron negativamente a los y las proveedores de los mismos, entre ellos agricultores locales que vendían directamente su producción. No obstante, a partir del mes de julio, los y las jóvenes señalan que esta situación ha mejorado, pues se han generado nuevos mecanismos de comercialización, como la implementación progresiva de mercados itinerantes y ferias agropecuarias.

“Antes los buses se detenían en los restaurantes (El Mirador), ahora los restaurantes están cerrados, por eso la producción de carne ha disminuido bastante.” (Gabriela, 28 años, sierra).

 

Como vemos, las economías familiares de las zonas rurales sí fueron considerablemente afectadas por la pandemia: reducción de la productividad, aumento de costos, reducción del mercado de bienes y de trabajo. En esta situación la migración de retorno ha tenido efectos diversos: en algunos casos fue una ayuda para la familia al volver con ahorros o bonos y apoyar el desarrollo de las actividades en la parcela y el hogar. Pero en otros ha sido más complejo, pues las familias no contaban con tierras o dependían de las remesas de los jóvenes. La contracción en la economía familiar se ha traducido en cambios en las estrategias de alimentación para reducir gastos, y los pueblos indígenas han sido particularmente afectados, pues dependían tanto de su producción como de la venta de la misma para acceder a una dieta variada. Los testimonios coinciden con las primeras estimaciones que sugieren que cerca del 90% de hogares rurales habría disminuido la cantidad y calidad de alimentos que consume[12]. La creciente inseguridad alimentaria es una problemática grave y urgente que no está siendo atendida con la suficiente celeridad desde el Estado.

 

 “Ahora que pasó todo esto, se cortó todo y vivimos en la pobreza. Hay muchas familias que no tienen alimentación.” (Aimee, 17 años, selva)

Nuevas oportunidades económicas y productivas a partir de la pandemia

A pesar de las dificultades, la migración de retorno puede ser una oportunidad de desarrollo para jóvenes y territorios rurales, beneficiándose de los conocimientos y experiencias acumulados en la ciudad para generar nuevas estrategias de desarrollo[13] y emprendimientos en el campo al vincular creativamente servicios urbanos con áreas rurales.

Algunos de los nuevos emprendimientos rurales están vinculados con actividades urbanas, como la apertura de cabinas de internet; mientras otros son emprendimientos y oportunidades de autoempleo en base a la elaboración y confección de diversos bienes de alta demanda, particularmente prendas y equipos de protección personal. Por otro lado, también se está incursionando y retomando diversos proyectos agropecuarios: algunos están impulsando productos orgánicos a través del uso de tecnologías agroecológicas, como fitotoldos, hidroponía y cultivos verticales, mientras que otro grupo está transformando productos con valor agregado e implementando estrategias de comercialización novedosas a través de servicios de delivery, agro-ferias campesinas, tiendas bionaturistas y “marketplaces”. Otros han logrado diversificar y reducir los circuitos de comercialización mediante innovaciones simples de bajo costo, como el uso de mototaxis para vincular productos agropecuarios con los circuitos urbanos más próximos.

Como vemos, la crisis por la pandemia ha tenido efectos diversos sobre la juventud y su acceso a oportunidades económicas, dependiendo mucho del acceso a diversos activos y posibilidades de inversión de ellos y sus familias. La juventud más vulnerable se ha visto severamente afectada por la reducción del empleo urbano y la migración de retorno, la disrupción en las cadenas de suministro y comercialización de bienes agropecuarios y la reducción de ingresos, lo cual ha generado una creciente inseguridad alimentaria y presión sobre recursos naturales. Pero, a pesar de este escenario adverso, se han generado nuevas posibilidades y alternativas que pueden dar un nuevo impulso al desarrollo de sus territorios, esta vez liderados por la innovación y creatividad de la juventud. Es primordial respaldar y promover estos mecanismos de dinamización local, pues absorben momentáneamente la caída en la venta agropecuaria y acercan al productor y el consumidor por medio de sistemas agroalimentarios más resilientes.

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* Artículo basado en: Ypard Perú (2021 – En imprenta) Entre las brechas del pasado y los retos del presente: la juventud rural frente a la pandemia de la COVID-19. Ypard Perú, Eclosio

[1] Aquella población en etapa de transición de la adolescencia a la adultez, caracterizada por la búsqueda y progresiva consolidación de autonomía económica, política y social, y que transita multidireccionalmente por una diversidad de territorios.
[2] Instituto de Estudios Peruanos (2019) Entre aspiraciones y limitaciones. Políticas Públicas en favor de la juventud rural del Perú. FAO (2020) Rural Youth and the COVID-19 pandemic. FAO
[3] El taller fue realizado de manera virtual entre junio y julio del 2020 y tuvo la participación de 29 jóvenes rurales líderes (15 mujeres y 7 jóvenes indígenas).
[4] URRUTIA, C. & TRIVELLI, C. (2019) Juventud rural en el Perú: lo que nos dice el Censo 2017. IEP
[5] En la sierra y selva, además de los fenómenos climáticos regulares, se resaltó la rápida degradación de los suelos y la contaminación de las fuentes hídricas como afectaciones a las condiciones naturales.
[6] Algunas de las ramas e industrias mencionadas como principales fuentes de empleo fueron los servicios de transporte (mototaxi), alimentación y restaurantes, comercio, y textilería.
[7] Según el Banco Mundial y su prospectiva económica global. https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
[8] CEPAL (2020). Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafíos de políticas. https://www.cepal.org/es/publicaciones/46308-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-la-dinamica-laboral-crisis
[9]  Entre ellas se tiene al teletrabajo como una opción; sin embargo, son muy pocas las ofertas de este tipo y requieren de un buen servicio de Internet, al cual un número reducido de jóvenes pueden acceder, limitando aún más sus oportunidades de empleo.
[10] Entre estas figuran, principalmente, las industrias mineras y madereras, entre otras.
[11] Cabe mencionar que la migración reversa, por la paralización de actividades económicas a causa del COVID-19, es un fenómeno que se ha visto en otros países, principalmente en India, Indonesia y África del Este. Ver: Boillar y Zähringer (2020) https://www.landgovernance.org/glp-covid-19-reverse-migration-and-the-impact-on-land-systems/.
[12] Instituto de Estudios Peruanos – Encuesta telefónica a nivel nacional sobre Desigualdad, vulnerabilidades y estrategias frente a la Covid-19, mayo 2020.
[13] TRIVELLI, C. & URRUTIA, C. (2018). Geografías de la resiliencia. La configuración de las aspiraciones de los jóvenes peruanos (Documento de Trabajo, 243). Lima: IEP. Recuperado de http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/1130/3/Trivelli-Carolina_Urrutia-Adriana_Geografias-resilencia-configuracion-aspiraciones-jovenes-peruanos-rurales.pdf

Otoño 2021


Alejandra Huamán / Dámaris Herrera / Adriana García / Claudia Mendoza / Vanessa Azañedo

Equipo de Investigación YPARD – Perú




“Nos hace bien el compartir juntos este sueño”

Card. Barreto, rostro de Resucita Perú AhoraEntrevista al Card. Pedro Barreto SJ, Arzobispo de Huancayo (Resucita Perú)

Por Diana Tantaleán C.
Apostolado de Justicia Social y Ecología

Con el fin de promover y fortalecer la acción solidaria frente a la pandemia (y otras “pandemias de la sociedad”), la Conferencia Episcopal Peruana lanzó el Programa Pastoral “¡Resucita Perú, ahora!”.

Conversamos con el Cardenal Pedro Barreto SJ, Arzobispo de Huancayo, quien se ha encargado de difundir esta iniciativa, para que nos cuente cómo ha sido su organización, la respuesta de la población y el gobierno a la propuesta, y los objetivos que se plantean una vez sea superada la crisis sanitaria.

Resucita Perú Ahora es una iniciativa pastoral de la Conferencia Episcopal Peruana ¿Cómo nació?

Este tiempo de pandemia nos ha puesto en una situación inédita en la historia de la humanidad y en nuestras vidas. El Perú, desde el 17 de marzo pasado, inició el confinamiento y las restricciones de movilización. El contagio del Covid-19 se propagaba con fuerza y las numerosas muertes nos conmovían.

A pesar de la flexibilidad para movilizarse en las últimas semanas, aún se mantiene la inseguridad y el desasosiego, principalmente por el temor al contagio. Sin embargo, durante las semanas más difíciles y angustiosas que se vivieron surgió una serie de iniciativas del Poder Ejecutivo, de la sociedad civil, de empresarios, de instituciones privadas y de diversas Comunidades de Fe que respondían a las urgencias de alimentación, oxígeno e implementos sanitarios. Pero estos valiosos gestos de solidaridad se realizaron de manera dispersa y desarticulada.

En este contexto que se vivía en nuestro país, dos razones dieron pie para lanzar, desde la Conferencia Episcopal Peruana, la iniciativa pastoral Resucita Perú Ahora (RPA).

Primera razón. Percibimos que la Iglesia Católica, en sus 46 Jurisdicciones Eclesiásticas, reaccionó con agilidad y prontitud a la pandemia con más de 260 proyectos sociales. Además, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) organizó a nivel nacional las campañas “Denles ustedes de comer” y “Respira Perú”, con el apoyo de un grupo de empresarios. Por su parte, la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú tienen numerosas experiencias de solidaridad efectiva con las víctimas del Covid-19 allí donde están presentes en la selva, sierra y costa.

La segunda razón es la propuesta del Papa Francisco de un plan para resucitar (Cfr. Revista Vida Nueva, 17 de abril 2020), y toma como base el texto de Mateo 28,9: “De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó, diciendo: ‘Alégrense’. El Señor transforma su duelo en alegría y las consuela en medio de la aflicción (cfr. Jr 31, 13) porque quiere resucitar a una vida nueva a las mujeres y, con ellas, a la humanidad entera”.

RPA se inició modestamente. Dos Obispos y un laico convocaron a profesores de la Universidad Cayetano Heredia y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuatro profesores de cada una de ellas. Y así se conformó el equipo impulsor de RPA. Se presentó un esbozo o perfil de la iniciativa a la Asamblea de Obispos el 18 de agosto pasado, que fue aprobado por unanimidad, y se lanzó el 20 de agosto a todo el país.

¿Cuál es el propósito de Resucita Perú Ahora?

El Perú vive en una permanente fragmentación donde se experimentan con mayor fuerza la desigualdad, el individualismo y la corrupción, que son otras pandemias destructivas del tejido social. Se extiende la desconfianza mutua y crece la falta de esperanza.

El mismo nombre, Resucita Perú Ahora, habla de la transformación de la persona y de la sociedad a la luz de Cristo Resucitado que nos hace pasar, como sociedad peruana, de la tristeza a la alegría, del desánimo a la esperanza, del individualismo a un trabajo articulado y efectivo.

El propósito de RPA es, a partir de una amplia alianza social que surge de las comunidades de fe, las ciencias, los organismos del Estado y las experiencias sociales de solidaridad en el Perú, unir voluntades para enfrentar con eficacia, prontitud y diálogo el COVID-19 y otras pandemias sociales con la perspectiva del desarrollo humano integral, solidario y sostenible.

¿En qué se diferencia RPA de otras iniciativas que han ido surgiendo en este tiempo?

RPA tiene una característica peculiar. Somos personas dispuestas a entregar lo mejor de nosotros mismos para la transformación del Perú en todos los campos de la vida social y religiosa. En este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta que las respuestas aisladas diluyen la fuerza de una acción, por más buena que sea. También hemos aprendido la necesidad de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral que asegure un proceso de una auténtica transformación de la sociedad peruana.

Por ello, “nos urge discernir, para encontrar el camino del Espíritu e impulsar, junto a otros, las dinámicas que puedan testimoniar y canalizar la vida nueva que el Señor quiere generar en este momento de la historia” (Papa Francisco). Aquí está la novedad de esta iniciativa pastoral. Somos un espacio de discernimiento comunitario para buscar caminos de fraternidad y amistad social. Somos conscientes que por nuestras propias fuerzas o conocimientos no podemos conseguir nada estable ni duradero. Nuestra lucha es contra el enemigo invisible, insignificante y destructivo del Covid-19. Pero también nuestra lucha –la más difícil y desafiante- es contra el enemigo de la vida y de la verdad, que es el espíritu del mal, presente en cada uno de nosotros y en la humanidad. Es también invisible y aparentemente poderoso, que lucha y se esconde detrás de personas o grupos para destruir, desanimar, engañar, crear el caos social y la desconfianza mutua. RPA es la fuerza que discierne, construye la mejor política, la economía, la ética y la moral ciudadanas, para levantar el espíritu hacia causas nobles y solidarias.

La fraternidad es una exigencia social que debe expresarse en acciones prácticas, como precisan los dos objetivos específicos de RPA:

Campaña de Resucita Perú Ahora

“¡Resucita Perú, ahora!” ha lanzado diversas campañas para concientizar a la población a cuidarse y cuidar a los demás en este tiempo de crisis sanitaria. Al mismo tiempo, ha recibido múltiples colaboraciones de personalidades y la sociedad civil.

1° Promover y fortalecer la salud integral de la población peruana para superar la pandemia del COVID-19 con la mayor eficiencia, prontitud y legitimidad posibles.

 

2° Promover la acción solidaria para superar las pandemias sociales que surgen de la desigualdad y que han debilitado los servicios públicos esenciales, con una amplia participación ciudadana y en diálogo con las autoridades del Estado.

Por tanto, RPA es una propuesta inclusiva y permanente en el tiempo porque busca discernir las mejores respuestas para enfrentar al Covid-19 de manera eficaz y pronta mediante la articulación de esfuerzos y capacidades compartidas.

La novedad es su continuidad, más allá de la superación de la pandemia del Covid-19. Queremos propiciar el cauce de diálogo y amistad social para construir una sociedad peruana abierta, fraterna y solidaria. Esta es la peculiaridad de RPA que valora e incluye a otras propuestas que coincidan con los dos objetivos anteriormente señalados.

Esta iniciativa pastoral convoca a la sociedad civil, la Academia, el Estado, las comunidades de Fe ¿cómo ha sido la respuesta a esta invitación?, ¿quiénes están participando?

Desde el primer momento los participantes se han mostrado muy dispuestos al diálogo. Miembros del Poder Ejecutivo, del Congreso, políticos, empresarios, Universidades, Educadores, jóvenes, familias, movimientos sociales, organizaciones populares, artistas y comunidades de Fe.

El ambiente en RPA es un sentimiento de fraternidad y amistad en un espíritu de diálogo y articulación cada vez más visible y eficaz. Así se evidencia el amor al Perú, compartiendo lo mucho que nos une para buscar la superación del Covid-19 y de otras pandemias que impiden la transformación de nuestra sociedad peruana.

Una de las propuestas de Resucita Perú Ahora es que no existan protagonismos individuales ni institucionales para afrontar esta crisis, ¿cómo se está logrando esto?, ¿cómo están trabajando en conjunto tantas organizaciones y quiénes lideran este trabajo?

Los que estamos participando en RPA tenemos en común la inspiración de Dios –algunos sin darnos cuenta- que “abre horizontes de esperanza, despierta la creatividad y nos renueva en fraternidad para decir “aquí estoy” ante la enorme e impostergable tarea que nos espera” (Papa Francisco).

Un detalle que puede verse como algo sin relevancia es el trato directo por el nombre y no por los títulos que uno pueda tener en las reuniones. De esta manera se ha creado un espacio de encuentro de persona a persona que nos humaniza y transforma. Nos hace bien el compartir juntos este sueño que se va haciendo realidad a través de esta iniciativa pastoral. Me doy cuenta que la transformación de mi persona y el conocer a otras que aman al Perú, nos enriquece y alienta nuestro caminar. Este “contagio” de esperanza, de alegría por ayudar a transformar las personas es ya un proceso nunca terminado de resurrección.

Todos los sábados, desde el 22 de agosto, nos reunimos en plenario. Nos hemos organizado con Comisiones de acción (Salud Integral, Ciencia y Tecnología, Organizaciones Sociales, Derecho y Legalidad y Comunicaciones), y Comisiones de expansión de la iniciativa (políticos, empresarios, movimientos sociales y organizaciones populares, universidades, artistas, educadores, jóvenes, comunidades de fe). Existen además tres Equipos: Espiritualidad, Ejecutivo y Asesores.

Con esta organización estamos avanzando lenta pero sostenidamente en nuestro objetivo. La novedad es la articulación efectiva entre nosotros, con las instancias del Estado y otras organizaciones sociales. Las reuniones de las Comisiones y Equipos se realizan durante la semana. Los avances se comparten en el plenario los sábados en la mañana. De esta forma se hace visible que el protagonismo es de la sociedad civil organizada. Los que lideran esta iniciativa son los coordinadores de las Comisiones de Acción, de Expansión, los Equipos y la coordinación general de RPA.

Existe gran presencia de la Iglesia en diversas regiones gracias a las parroquias ¿también están participando los gobiernos regionales y locales?, ¿cómo es el trabajo fuera de Lima?

Como fue un acuerdo unánime de los Obispos del Perú lanzar la iniciativa pastoral RPA, se propuso que en las 46 Jurisdicciones Eclesiásticas se inicie el proceso de articulación en su ámbito territorial. De esta forma se fortalecerá la iniciativa y se hará sostenible y eficaz desde la participación activa de las más de 1,500 parroquias en la costa, sierra y selva. Y así las demás comunidades de fe son invitadas a participar allí donde se encuentren.

Precisamente algunas Jurisdicciones Eclesiásticas han iniciado el proceso de articular con las autoridades regionales, provinciales y distritales, empresarios, jóvenes, universidades, profesionales, educadores, comunidades de fe en cada una de sus regiones.

Pronto tendremos las reuniones con la presencia de personas de las diversas regiones del país. También esperamos que las diversas Congregaciones Religiosas puedan incluir el mensaje de esperanza y de compromiso de RPA en sus diversas Obras y actividades.

¿Qué sectores del gobierno están respondiendo a esta propuesta y cuáles cree que faltan sumarse a esta iniciativa y que son muy necesarios?

La Comisión de Política de RPA, que coordina el Dr. Allan Wagner Tizón, propició el inicio de un diálogo con las autoridades del Gobierno. Uno de los aspectos más esperanzadores fue el encuentro con la Presidencia del Consejo de Ministros y con la Ministra de Salud de forma cordial y ejecutiva. Se manifestó la disposición del Poder Ejecutivo a trabajar de manera integrada. De parte nuestra se manifestó el apoyo a la Estrategia Nacional frente al Covid-19 y el proceso de vacunación. A partir de estos encuentros los Viceministros de Salud y funcionarios del MINSA están en comunicación con las Comisiones, y en especial con Salud Integral que coordina la Dra. Theresa Ochoa y Ciencia y Tecnología que coordina el Dr. Edward Málaga (ambos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia).

Así mismo las Comisiones de acción y de expansión se han reunido con diversos Ministros y funcionarios del MINEDU, MINJUS, MIDIS, MIMP, el Ministerio de Cultura y el de Defensa.

Tenemos una comunicación inicial muy favorable con el Poder Ejecutivo que nos asegura una mayor eficacia y prontitud en el cumplimiento del primer objetivo específico de RPA: la lucha articulada frente al Covid-19.

En este contexto tan difícil que estamos viviendo (político, social, económico…), ¿cuál es el mensaje, la enseñanza que propone Resucita Perú Ahora?

Es un mensaje de esperanza y de solidaridad organizada con un objetivo común para la transformación de la sociedad peruana. Hoy se manifiesta la grandeza y la fuerza moral de muchas personas de toda condición social, especialmente de los sectores populares. Son personas que asumen, desde su dolor, la responsabilidad de espacios de superación de las adversidades mediante proyectos sociales en sectores vulnerables de nuestras ciudades y pueblos.

La enseñanza que nos está dejando RPA es afirmar que es posible un espacio de diálogo respetuoso, amable y sincero cuando se quiere aportar al bien común, comenzando por los últimos y descartables de la sociedad.

El mejor mensaje de RPA nos lo ofrece el Papa Francisco: “No hay punto final en la construcción de la paz social de un país, sino que es una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Trabajo que nos pide no decaer?en el esfuerzo por construir?la unidad de la nación y, a pesar de los obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la manera de lograr la convivencia pacífica, persistir en la lucha para favorecer la cultura del encuentro, que exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica, a la persona humana, su altísima dignidad, y el respeto por el bien común” (Encíclica Fratelli Tutti, 32)

Verano 2020 / 2021


Cardenal Pedro Barreto Jimeno, SJ

Cardenal de la Iglesia del Perú, Arzobispo Metropolitano de Huancayo, Presidente de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, promotor de la iniciativa pastoral Resucita Perú Ahora.




Deuda pendiente con las trabajadoras del hogar

Trabajadoras del hogarPuede resultar obvio y repetitivo mencionar que el trabajo doméstico es una labor que se encuentra en un mayor estado de vulnerabilidad; sin embargo, es necesario repetirlo más de una vez para que la sociedad peruana (sobre todo la limeña, que según datos de la Organización Internacional del Trabajo – OIT posee el mayor número de TdH en el Perú) comprenda que las trabajadoras[1] del hogar (TdH) son la personificación de múltiples factores que las vuelven propensas a que sus derechos fundamentales y laborales se vean trasgredidos. Según las investigaciones de Pérez y Llanos[2] y Jokela[3] existe una interseccionalidad de diferentes aspectos que se encuentran presentes en el trabajo doméstico remunerado: el género, la raza y la clase social de la cual proceden o estatus migratorio; características que lamentablemente llevan a desvalorizar económica y socialmente esta actividad y la de sus trabajadoras.

Es así como estos aspectos propician una notable desventaja para las TdH con respecto al goce de derechos establecidos en el código laboral y la legislación específica. De la misma manera, es importante mencionar que el contexto en el cual esta labor se desenvuelve pertenece al ámbito privado, lo cual limita significativamente el alcance estatal y su capacidad para regular y hacer cumplir la legislación vigente (Pérez & Llanos, 2017, p.557); esto lleva a que este trabajo se desarrolle en el plano informal y no se cuente con un registro que muestre una cifra exacta de cuántas mujeres realizan esta labor.

Es por este motivo que desde diferentes espacios se ha venido luchando por el reconocimiento y por la igualdad de derechos para con las TdH; lo cual, después de muchos años de coordinaciones e insistencia, parece dar frutos al haberse promulgado este 01 de octubre la nueva Ley N° 31047, De las trabajadoras y trabajadores del hogar.

Para ponernos en contexto, primero les comentaré brevemente sobre el marco normativo que regía previamente en el Perú y cómo es que este recortaba los derechos. El Perú, en el año 2003, fue uno de los pioneros en la región en promulgar una ley para las trabajadoras del hogar[4], el cual representó reconocimiento y un gran avance en el país con respecto al goce de derechos laborales para con las TdH (Pérez y Llanos, 2015, p.3)[5]. Sin embargo, pese a la existencia de esta ley, este marco normativo especial seguía diferenciando de manera negativa a las trabajadoras del hogar, ya que les otorgaba derechos recortados en relación de otros trabajadores, al no reconocer el derecho a la remuneración mínima vital, se contaba con la mitad de los beneficios laborales (vacaciones, compensación por tiempo de servicios, gratificaciones), entre otras desventajas.

Esta diferencia hacía que las trabajadoras del hogar conformen un sector vulnerable por la falta de normas protectoras de sus recortados derechos laborales (Pérez y Llanos, 2017, p.555). Pero es preciso reconocer que aun si existía un mínimo de normas para su protección de derechos laborales y fundamentales, estas sufrían (y siguen sufriendo) un alto grado de evasión a causa del ambiente privado en el que se desarrolla, tornándolas “invisibles”, sin ser tomadas en cuenta por el Estado (Ojeda, 2005, p.40)[6].

Además de ser discriminadas en la esfera gubernamental, tal y como lo mencionan Rodgers (2009, p.73)[7] y Anderson (2009, p.236)[8] existe poca valoración social del trabajo doméstico debido a que esta labor va asociada a la idea popular de que realizarla no demanda mayor inteligencia, habilidad o creatividad. La sociedad peruana ha llegado a normalizar la idea de que el trabajo doméstico es una labor naturalmente desempeñada por las mujeres –y realizada de manera gratuita-; ejerciéndose para remplazar el rol doméstico de otra mujer. Este poco reconocimiento y valoración una vez más se ve reflejado en la vulneración de los derechos laborales y fundamentales de las trabajadoras del hogar.

Ante esta problemática, que no sólo es propia de Perú, sino que se presenta a nivel mundial, la OIT aprobó (en la Conferencia Internacional del Trabajo N° 100 celebrada del 1 al 17 de junio del 2011) el Convenio N° 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores del hogar, con la finalidad de lograr las metas establecidas en las Declaración de la OIT relativas a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y sobre la justicia social para una globalización equitativa. En esta reunión asistieron miembros de los diversos sindicatos de TdH, incluyendo a los peruanos; es por esto que la aprobación de este instrumento internacional significó para las TdH peruanas una nueva lucha en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos.

Tras haber pasado siete años, el Perú ratificó el Convenio N°189 el 26 de noviembre de 2018, y entraría en vigor el 26 de noviembre de 2019; pero para esto el país debería adaptar su marco normativo con la finalidad de asegurar el cumplimiento de este instrumento internacional; y que se establezcan mecanismos de fiscalización del cumplimiento efectivo del mismo.

Sin embargo, en una entrevista del 06 de septiembre de 2020 para el Diario Gestión[9], Leddy Mozombite, Secretaria General de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú (FENTTRAHOP), señaló que en este contexto de pandemia se ha puesto en mayor evidencia la vulnerabilidad de sus colegas ya que el 70% de trabajadoras del hogar han sido despedidas sin pagos; o se han presentado casos de confinamientos forzosos, maltratos y exposición excesiva ante productos de limpieza. Es por eso que desde el Congreso se vio la necesidad y la premura de aprobar -el 5 de septiembre de 2020- la iniciativa de Ley de Trabajadoras del Hogar, con 119 votos a favor y solo uno en contra; lo cual dio como resultado la promulgación de la Ley N° 31047, De las trabajadoras y trabajadores del hogar el 01 de octubre del presente año.

¿Qué beneficios trae esta nueva ley?
  • Una principal mejora es la modalidad de la celebración del contrato de trabajo doméstico; el cual será escrito de forma obligatoria, duplicado y registrado por el empleador en el aplicativo que aparecerá en la web del Ministerio de Trabajo. De la misma forma, en el contrato deberán figurar los nombres y apellidos tanto del empleador como de la TdH y la dirección donde se realizará la labor, la modalidad de la contratación, el trabajo, monto, horario, modalidad, día acordado de descanso semanal, facilidades para educación, jornada y beneficios.
  • El sueldo de la TdH no podrá ser menor a la RMV (remuneración mínima vital).
  • La edad mínima para realizar el TdH será de 18 años.
  • Sobre la alimentación y alojamiento, la parte empleadora se encuentra obligada a proporcionarlos sin ser considerado como parte de la remuneración.
  • Con respecto al Seguro Social de Salud y Sistema de pensiones, la TdH es afiliada regular en el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y también tiene la calidad de asegurada regular obligatorio al sistema de pensiones (puede elegir libremente si afiliarse al sistema nacional o al privado).
  • Al realizar la remuneración, el empleador deberá de efectuar una boleta.
  • Sobre la gratificación, ahora las TdH tienen derecho a recibir el monto total de la remuneración mensual y ya no el 50% en las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad.

Beneficios Ley Nº 31047 Trabajadoras del Hogar

Al mismo tiempo de contar con apartados relativos a la seguridad y salud en el trabajo, sanción del hostigamiento sexual, protección de la maternidad, prohibición de actos de discriminación y, sobre todo, incluir en la redacción la necesidad de fortalecer los mecanismos inspectivos (inspección laboral) y legitimidad procesal.

Como se puede percibir -o al menos ha hecho el intento- esta nueva legislación representa un avance en el reconocimiento y revaloración de las TdH, pero ¿cómo podremos asegurar que se implemente de manera efectiva? ¿que no carezca de difusión e impacto?

Para la implementación de cualquier tipo de Ley o política pública es necesario que exista una agenda de trabajo clara; si bien es cierto que la voluntad política es un factor importante, no se puede depender solo de este ya que, al cambiar los tomadores de decisiones, también cambiarían las prioridades del sector. Así fue como se vino trabajando durante el periodo 2011-2017 desde el Ejecutivo (probablemente durante un periodo de tiempo un poco más extenso; sin embargo, mi tesis la enmarqué en esos años por lo cual tengo mayor conocimiento de lo que ocurrió); donde una persona que obtenía una jefatura o dirección veía la necesidad de impulsar el tema y lo avanzaba, pero al retirarse del cargo este se quedaba pausado y no había un seguimiento de los resultados de las actividades realizadas o de los planes que se habían establecido. Es así que se opta por el establecimiento de una agenda clara para la continuidad y cumplimiento de esta norma; y si bien la voluntad política de personalidades con injerencia para el desarrollo y planificación de políticas relacionadas al tema es importante, no debería ser un factor determinante para la sostenibilidad en el tiempo de las mismas.

El cumplimiento de la ley dependerá del planeamiento e implementación de los planes o programas de aplicación que el Gobierno apruebe y fomente. Ahora bien, esta tarea no solo le va a competir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE); sino que es importante apostar por un trabajo coordinado multisectorialmente en el que, con el protagonismo del MTPE, dialoguen las instituciones que pueden sumar en la elaboración de una estrategia efectiva que logre la visibilización y reconocimiento íntegro de esta problemática. De esta forma se permitirá que este tema no sea solamente abordado desde el ámbito laboral, sino con un enfoque integral; creando un servicio que labore en base a una guía de procedimientos o protocolo de atención hacia las TdH, para que sepan a dónde dirigirse y se les brinde asesoramiento legal pertinente, no solo relacionado al tema laboral, sino también con respecto a temas de violencia o discriminación, servicios de salud y acceso a la educación. Ahora bien, para que este enfoque pueda surtir efecto debe ser acompañado de campañas de difusión y concientización, utilizando de forma efectiva los canales estatales y teniendo en cuenta las condiciones de las TdH, donde se haga hincapié en la importancia de conocer sus derechos y denunciar la violación de estos.

Se deberá reforzar a la institución encargada de la fiscalización, en este caso la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) para que, en base a la inscripción de carácter obligatorio del contrato de trabajo en el MTPE, se cree un registro nacional, que no represente la retención del sueldo mensual de las TdH, donde se pueda obtener una cifra más exacta del número de personas que realizan esta labor. Ahora bien, es importante que este trámite de fiscalización no se encuentre centralizado en un único espacio (el local del SUNAFIL, ubicado en Jesús María) y que no se encuentre alejado a los distritos en los cuales se encuentran las TdH. De la misma manera, si se crease una plataforma virtual para facilitar las intervenciones, esta tendría que ser lo más amigable y fácil de manejar, ya que muchas de las trabajadoras no saben manejar las tecnologías de la información y comunicación (TICs). Por estos motivos se considera que es ideal que este registro sea trabajado junto con las municipalidades distritales o gobiernos locales, ya que así se aseguraría una cobertura y alcance más extenso.

Con respecto a los mecanismos de supervisión y fiscalización, es primordial que los inspectores estén capacitados y concientizados sobre la falta de derechos de estas ciudadanas, lo cual las vuelve vulnerables, y sepan darles el trato debido; junto con un acompañamiento legal íntegro del proceso ya que muchas de las TdH no conocen los procedimientos, normativa legal o términos utilizados.

Al realizar mi investigación, los entrevistados (tanto del MTPE como de SUNAFIL) expresaron que esta última institución carecía de capacidades judiciales y administrativas, ya que no pueden ingresar a las viviendas sin el permiso del empleador y, de ser necesario, solicitar al Poder Judicial el ‘Auxilio Judicial’, que representa el incumplimiento del plazo de fiscalización estipulado (30 días hábiles). Esto significa un problema en los casos en los que la salud e integridad de las TdH estén en riesgo, motivo por el cual se deberá modificar las normativas que dificulten la acción inspectiva y de fiscalización, y otorgarle a la entidad correspondiente la capacidad de ingreso a estos espacios en los casos antes mencionados.

Ahora bien, la efectividad de la ley y de todas estas medidas propuestas tendrán mejor desempeño si vienen acompañadas del seguimiento y monitoreo por parte de los sindicatos de TdH. Bien es cierto que tanto el FENTTRAHOP como el Sindicato Nacional De Trabajadoras Del Hogar del Perú (SINTRAHOGARP) han venido luchando y haciendo incidencia en las diferentes esferas del Gobierno; sin embargo, dos factores que no permiten que su accionar tenga mayor impacto son: 1) ambos sindicatos trabajan de manera individual y separada; y 2) las TdH que conforman tanto FENTTRAHOP como SINTRAHOGARP siguen luchando dentro de sus mismas centrales sindicales (en orden Confederación Nacional de Trabajadores del Perú – CGTP y la Central Unitaria de Trabajadores el Perú – CUT)  para que sus compañeros las reconozcan como verdaderas trabajadoras y las vean como iguales.

Trabajadoras del hogar cuidan personas mayores

A pesar de contar con la Ley N° 31047, es imprescindible contar con los mecanismos necesarios para su implementación para evitar que las Trabajadoras del Hogar se encuentren desprotegidas.

Si bien es cierto este contexto de pandemia hizo visible la situación de desprotección de las TdH y dio paso a que se promulgue la Ley N° 31047, que significa un buen avance para la protección y reconocimiento de los derechos de las TdH, durante el Estado de Emergencia Sanitaria el gobierno está centrando su atención en otras medidas o acciones para controlar y manejar la crisis, lo cual puede llevar a que los mecanismos que se deban de diseñar o modificar para la implementación de la ley se demoren en operar, por lo que considero que este tipo de artículos servirán para concientizar e informar a las y los lectores que posiblemente cuentan con TdH o conocen a alguien que emplea este servicio, y así ir generando empatía y ese cambio de mentalidad desde la sociedad.

 

Piura es una región muy golpeada por la pandemia del Covid-19. Uno de los grupos poblacionales más vulnerables son las trabajadoras del hogar, las cuales se quedaron sin trabajo y sin derechos laborales.

El Centro de Apoyo a Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (CANAT) de Piura, obra social de la Compañía de Jesús, además de atender a 300 niños/as y adolescentes en situación de vulnerabilidad, atiende a otras poblaciones en similar situación; entre ellas a 25 trabajadoras del hogar que fueron golpeadas económica y emocionalmente por la crisis y que ahora, algunas de ellas, realizan actividades en casa para poder sobrevivir.

Frente a la crisis de la pandemia, y la pérdida de sus trabajos, tuvimos que cambiar de estrategia para seguir acompañándolas. Con la experiencia de capacitación en oficios que recibieron anteriormente (cocina, cosmetología y manualidades) buscamos fortalecer sus capacidades para que desarrollen otras actividades. Juntas hemos aprendido a sobrellevar la crisis, a salir adelante, a ser resilientes y mirar el lado positivo de la situación. Ahora, la mayoría de ellas ha iniciado pequeños negocios en casa, se dedican a la venta de comida y postres, hacen servicios de peluquería y manicura a domicilio, y otras venden sus manualidades. De esta manera han generado un ingreso económico que les ayuda emocionalmente.

La propuesta integral de CANAT incluye sesiones de formación en desarrollo personal los domingos vía Whatsapp. Estas charlas promueven sus derechos y ofrecen orientación a las diversas situaciones que viven, las cuales derivaremos a instituciones del Estado como el Centro de Emergencia Mujer, el Ministerio de Trabajo, RENIEC, el Sistema Integrado de Salud, etc. Recientemente, con la aprobación de la Ley 31047, se les informa sobre el contenido de esta norma para que cuando vuelvan a trabajar cumplan con sus obligaciones y exijan al empleador los derechos que les corresponde.

El acompañamiento emocional es importante, por eso se continúa realizando a través del teléfono y Whatsapp de manera personalizada, incluyendo charlas informativas sobre toma de decisiones, manejo de emociones y sentimientos, autoconocimiento, manejo de tensiones y estrés, relaciones interpersonales, pensamiento creativo y pensamiento crítico.

Para ayudarlas a sobrellevar la situación económica también se han repartido canastas de alimentos mensualmente, sabiendo que esto es de manera temporal, y se reparte material informativo sobre derechos y salud.

Gabriela Rentería / Milagros Arévalo
Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores – CANAT
(Obra social jesuita en Piura)

 

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[1] Si bien se reconoce que esta labor se efectúa tanto por hombres como mujeres, al ser principalmente conformado por mano de obra femenina el término tendrá una connotación de acuerdo a este género. Para el 2017 el TdH representó el 2.5% del empleo total de la Población Económicamente Activa (INEI, 2017); y, de esta cifra, 2.4% (98%) son mujeres y el otro 0.1% (2%) son hombres.
[2] PÉREZ, L. & LLANOS, P. (2017). “Vulnerable Women in a Thriving Country: An Analysis of Twenty-First-Century Domestic Workers in Peru and Recommendations for Future Research”. En Latin American Research Review, 52(4); páginas 552-570. Extraído de: https://larrlasa.org/articles/10.25222/larr.67/ 
[3] JOKELA, M. (2015). Macro-Level Determinants of Paid Domestic Labour Prevalence: A Cross-National Analysis of Seventy-Four Countries. En: Social Policy & Society, 14:3, páginas 385-405. Cambridge University Press.
[4] Ley N°27986, De los trabajadores del hogar.
[5] PÉREZ, L. & LLANOS, P. (2015). ¿Al fondo del escalafón? Un estado de la cuestión sobre el trabajo doméstico remunerado en el Perú. Lima: Centro de investigación, Universidad del Pacífico.
[6] OJEDA, T. (2005). Prisiones domésticas ciudadanías restringidas. Violencia Sexual a trabajadoras del hogar en Lima. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia.
[7] RODGERS, J. (2009). Cambios en el servicio doméstico en América Latina. En: Trabajo doméstico: un largo camino hacia el trabajo decente (71 – 114). Santiago: Oficina Internacional del Trabajo – OIT.
[8] ANDERSON, J. (2009). Invertir en la familia: factores preventivos y de vulnerabilidad frente al trabajo infantil doméstico en familias rurales y urbanas de Colombia, Paraguay y Perú. En: Trabajo doméstico: un largo camino hacia el trabajo decente (233 – 260). Santiago: Oficina Internacional del Trabajo – OIT.
[9] Diario Gestión, 06 de septiembre de 2020. Extraído De: https://gestion.pe/peru/el-70-de-trabajadoras-del-hogar-fueron-despedidas-debido-a-la-crisis-economica-por-el-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr 

Verano 2020 / 2021


Micaela Matute Novoa

Licenciada de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.




El mundo del trabajo: necesidad de nuevas voces

trabajoRecuperada la democracia, hubo un esfuerzo inicial por discutir la necesidad de una nueva Ley General de Trabajo que corrigiese la legislación heredada del gobierno de Alberto Fujimori, dando mayor espacio al diálogo social[1]. A pesar de algunos avances en este sentido, sin embargo, la apuesta acabó siendo por la continuidad en la legislación y el modelo económico[2]. Mientras, a nivel político tendió a asumirse el trabajo como un objeto fuera de nuestras relaciones sociales. Muchos imaginaron que era posible conseguir un empleo basándose exclusivamente en el esfuerzo individual, olvidando cuánto pesan las desigualdades en el acceso a una educación de calidad[3]. Como si en el Perú las personas llegaran a puestos importantes más por méritos profesionales que por su color de piel[4] o redes personales. De este modo, apostamos por exportar materias primas, ignorando que ellas no crean trabajos masivamente[5]; por facilitar la creación de empleo a través de la explotación juvenil; e invertimos las sobras en ciencia. Celebramos a los “emprendedores”, pasando por alto que las condiciones en las que operaban era tan precarias que sus empresas quebrarían ante el menor problema.

Paradójicamente, esto ocurrió al tiempo que emergían consensos en los estudios académicos sobre el mundo del trabajo. Tanto desde la sociología, cuanto desde el derecho y la economía, se han publicado varios informes dando cuenta de los principales límites de las instituciones laborales peruanas. Se ha llamado la atención sobre la existencia de un aparato productivo basado en la exportación de materias primas, incapaz de crear empleos de forma masiva y sostenida en el tiempo[6]. También sobre la multicausalidad detrás de fenómenos como la economía informal, que cubre a más del 70% de la fuerza de trabajo. Aunque algunos todavía enfaticen la sobreregulación del mercado laboral como componente clave, la mayoría de trabajos dan cuenta de causas culturales, económicas y políticas[7]. Finalmente, han aparecido investigaciones enfatizando la debilidad del mito emprendedor: en realidad, muchos de nuestros pequeños empresarios lo son más por necesidad que por convicción. Ante la falta de trabajo, y la desprotección estatal, lo que queda es buscárselas como se pueda[8]. En línea con lo que ha venido ocurriendo en otros países de la región, emergió entonces una creciente literatura sobre empleo y derechos laborales, y sobre lo poco que habían mejorado las condiciones de trabajo de la mayoría tras décadas de flexibilización laboral[9].

A pesar de estos inteligentes aportes, seguimos la misma receta: aumentar inversiones sobre derechos laborales. Y las élites se aprovecharon de esto siempre que les fue posible. Desde grandes empresas arriesgando la vida de los mineros hasta hogares en los que se impide la salida de las trabajadoras domésticas “hasta que haya una vacuna”. Todos abusando de su poder. El país cuyo PBI llegó a crecer a más del 8% es el mismo en cuya capital los jóvenes mueren asfixiados sin más consecuencias que un reportaje dominical.

Al respecto, es importante notar que, a pesar de volver continuamente sobre la informalidad como una característica crucial de la economía peruana -y lo es, cubriendo a más del 70% de trabajadores-, ella no es la causante de todos nuestros males. De hecho, antes y durante la actual crisis sanitaria hemos visto a trabajadores formales expuestos a situaciones de precariedad. Ocurrió con la pareja de jóvenes que trabajaban en una empresa multinacional y murieron electrocutados. Con trabajadores mineros que son obligados a quedarse por varios días lejos de sus familias, porque sus empresas no proveen pruebas de descarte de Covid. O con el despido arbitrario de dirigentes sindicales. En Perú, formalidad está lejos de ser lo mismo que trabajo digno. En ocasiones porque la ley no cubre estos derechos, como en el caso de la exportación no tradicional, donde existe un régimen especial que reduce derechos básicos[10]. En otras, porque, aunque lo cubre, el Estado no tiene una infraestructura que garantice inspecciones laborales eficaces.

Además, la “informalidad” no solamente toca a aquellos trabajadores sin un contrato escrito. De hecho, la mayoría de peruanos se ve afectada cotidianamente por la incapacidad estatal y el “sálvese quien pueda” del mercado. Incluso aquellas personas contratadas en planilla, con derechos básicos cubiertos. Lo vimos cuando, al inicio de la pandemia, los mercados de abasto se tornaron en focos de contagio. Mercados hacinados, sin baños públicos, ni zonas de descarga de productos. Dejados a la deriva durante más de dos décadas, son también el producto del “emprendedurismo” nacional. Y espacios de riesgo para miles de peruanos que, sin importar el tipo de contrato laboral que tengan, se ven afectados por la informalidad. De forma similar, durante las últimas semanas, miles de peruanos subieron a buses que no ofrecían condiciones mínimas para el distanciamiento social. Los problemas del transporte público difícilmente son una novedad[11]. Pero parecen no importarle a nadie en el poder. Conseguir alimentos o trasladarse por la ciudad acaba siendo un riesgo constante que afecta no solo a los “informales”: para la inmensa mayoría, la única manera de sobrevivir es vinculándose a dinámicas económicas desreguladas.

Con un Ministerio de Trabajo que recibe menos del 1% del presupuesto nacional, el Estado peruano no está interesado en proteger a sus ciudadanos. Con inspectores laborales que, en varios momentos de la última década, tuvieron que ir a huelga para mejorar sus propias condiciones de trabajo. Peor aún, cuando más falta hacen políticas inclusivas, creativas y eficaces, se optó por un ministro sin experiencia política ni perfil técnico. Aquí aplica lo que Alberto Vergara ha dicho sobre el modelo peruano de las últimas dos décadas[12]: un sector en automático, sin ideas que pongan en riesgo la sagrada estabilidad económica.

trabajo informal

Más del 70% de trabajadores labora de manera “informal” en el país, pero son necesarias nuevas políticas laborales que garanticen derechos y beneficios al trabajo formal, volviendo este más atractivo y seguro.

Evidentemente, sirve de poco seguir pensando políticas públicas sin el entorno adecuado. Un entorno que no está libre de relaciones de poder y clases sociales. El rol del Estado es, precisamente, equilibrar estas relaciones, de manera que no se tornen espacios libres para el abuso. Esta es la razón por la que existen regulaciones sobre el salario mínimo, la jornada máxima de trabajo o la existencia de sindicatos[13]. Nada de esto surgió espontáneamente. Por el contrarito, estos avances fueron fruto de la movilización de sectores afectados, planteando y reclamando lo que creían justo.

Al contrario de algunas declaraciones del expremier Cateriano, no necesitamos “menos política”. Hemos tenido treinta años de eso. En cambio, deberíamos dialogar, todos, sobre lo que queremos a puertas del Bicentenario. Reafirmar la naturaleza social del trabajo: ¿seguir apostando por una relación en la que impone sus condiciones quien más tiene?, ¿construir espacios de derechos, donde seamos iguales ante la ley? En medio de la peor crisis sanitaria y política que ha atravesado el país en el último siglo, urge politizar el mundo del trabajo. Oír nuevas voces, que no es lo mismo que oír a jóvenes repitiendo la misma vieja receta. Necesitamos, en este sentido, dar mejores condiciones de trabajo a médicas, obreros de limpieza pública o trabajadoras domésticas. Pero también darles herramientas para que se organicen y presenten sus propuestas. Entonces, esta crisis podría ser la oportunidad para imaginar un país distinto.

* Este artículo tiene como base la columna “Politizar el Trabajo”, publicada en la web del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico el 28 de julio de 2020. https://ciup.up.edu.pe/analisis/politizar-el-trabajo/

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[1] MANKY, Omar (2014). Democracia, crecimiento económico y sindicalismo en el Perú del siglo XXI. Continuidades y rupturas. RELET-Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo19(31), 195-228.
[2] MANKY, Omar (2019) “Marchas e incendios: la política de la heterogeneidad en el mundo laboral peruano”. En: Portocarrero, Felipe y Vergara, Alberto, “Aproximaciones al Perú de hoy desde las ciencias sociales” Lima: Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico
[3] YAMADA, G., & LAVADO, P. (2017). Educación superior y empleo en el Perú: una brecha persistente. Fondo Editorial, Universidad del Pacífico.
[4] GALARZA, F., KOGAN, L., & YAMADA, G. (2012). ¿Existe discriminación en el mercado laboral de Lima Metropolitana?: un análisis experimental. Lima: Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico
[5] CAVERO, O. “El trabajo en una economía heterogénea y marginal: Un panorama general de la situación socio-económica de los trabajadores en el Perú. En: Estudios sobre el mundo del trabajo en el Perú, editado por Omar Manky, 26–57. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, CISEPA, 2017
[6] LUST, J. (2019). The rise of a capitalist subsistence economy in Peru. Third World Quarterly40(4), 780-795.
[7] Ver, por ejemplo: LAVADO, P., & CAMPOS, D. (2016). Empleo e informalidad. Lima, Perú: CIES o GALICIA VIDAL, S. R. (2017). Derecho e informalidad: explicaciones alternativas a la relación entre el derecho laboral y la informalidad a partir del caso de Gamarra.
[8] MARTUCCELLI, D. (2015). Lima y sus arenas: Poderes sociales y jerarquías culturales. Cauces Editores.
[9] Ver: POSNER, P. W., PATRONI, V., & MAYER, J. F. (2018). Labor Politics in Latin America: Democracy and Worker Organization in the Neoliberal Era. University Press of Florida y, para Perú, Manky, Omar (2017), Trabajo y Sociedad. Estudios sobre el mundo del trabajo en el Perú. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, CISEPA
[10] FERNÁNDEZ MALDONADO, E. (2015). Perú: de la Ley General del Trabajo al Régimen Laboral «Pulpín». Apuntes para una aproximación al proceso laboral (2000-2014). Cuadernos del CENDES, 32(89), 141-171.
[11] BIELICH, C. (2009). La guerra del centavo: una mirada actual al transporte público en Lima Metropolitana. Lima: IEP
[12] VERGARA, A. (2020) “La crisis del COVID-19 como Aleph peruano” Disponible en: https://ciup.up.edu.pe/analisis/la-crisis-covid-19-como-aleph-peruano/?fbclid=IwAR38J174k0aMz0UdMSXlWGzMAGY0hE9yLt8a2gqZJ8XPX7S5pdrmvJ-U0ik
[13] KATZ, H. C., KOCHAN, T. A., & COLVIN, A. J. (2015). Labor relations in a globalizing world. Cornell University Press.

Primavera 2020


Omar Manky Bonilla

Docente del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP.