Radiografía preliminar de fallecidos durante la pandemia

fallecidos pandemia essaludLos impactos del Coronavirus, a nivel global y en el Perú, son dramáticos. Al 9 de agosto del 2020 la cifra de confirmados asciende a 19.8 millones de personas a nivel mundial; mientras que en el Perú son 480 mil, habiéndose recuperado 325 mil personas. El desafortunado conteo mundial de fallecidos asciende a 732 mil personas, y en nuestro país a poco más de 21 mil seres humanos; y los números aumentan día a día a la espera de una vacuna, la acción de nuestros respectivos gobiernos y de la respuesta responsable de los ciudadanos. pandemia

Efectivamente, hay que reconocer que los impactos han sido relativamente más fuertes en el Perú que en otras partes del mundo. Tenemos el 2.4% de los contagiados y el 2.9% de los fallecidos a nivel global; mientras que nuestro país solo tiene el 0.4% de la población mundial. La incidencia de fallecidos a nivel mundial es de 1 persona por cada 10,000 habitantes; mientras aquí es de 6.7 personas. Sin embargo, no se puede atribuir estas lamentables cifras a la indolencia o falta de reacción de nuestras autoridades actuales. Es más bien resultado de décadas de abandono relativo de nuestro sector salud, de los problemas estructurales asociados a las malas condiciones de vivienda y de vida de la población, a los altos niveles de informalidad, a una institucionalidad deficiente y a la falta de ciudadanía, alimentadas por tres décadas de una estrategia de Estado mínimo promovidas por el neoliberalismo en el Perú.

Aquí no es lugar para explicar esta mayor incidencia, ya que esto requeriría de un análisis comparativo internacional a profundidad. Sin embargo, saltan algunas cifras a la vista. El gobierno peruano tiene un gasto en salud, de acuerdo al Banco Mundial[1], equivalente al 3.2% del PBI respecto del 4.2% en América Latina y el Caribe. El número de médicos por 1,000 habitantes es de 1.3, respecto de 2.3 promedio regional; y en cuanto a enfermeras y obstetras, 2.4 con relación a 5.1 en nuestra región. Ni qué decir de la mayor incidencia de la mortalidad materna, anemia y el triple de la incidencia regional en TBC. Por el lado de lo estructural, no hay que olvidar el tercio de la población que no tiene agua potable entubada, ni desagüe, y cuenta con piso de tierra[2].

El objetivo de esta nota no es grato. Se trata de hacer una radiografía preliminar de las desafortunadas cifras de fallecidos a propósito de esta pandemia en el Perú. ¿Dónde se ubican?, ¿sus edades y sexo?, ¿periodo?, ¿a qué estratos de la población corresponden? Se utiliza la información oficial del Ministerio de Salud[3] hasta el 15 de julio de 2020. Hay otra más recientes, resultado de las desafortunadas adiciones diarias y de los ajustes que se están haciendo, que incluyen casos probables pero que no se verificaron con una prueba molecular o serológica (rápida) alguna. Asimismo, los ajustes no necesariamente cuentan todavía con el nivel de detalle de la información previa.

El total de fallecidos por Covid-19 asciende en esta muestra a 13,579 personas (cuadro 1); de ellos el 55.9% son adultos mayores de 65 años. El segundo grupo son adultos entre 40 y 64 años (40.1% del total), seguido por jóvenes entre 20 y 39 años (3.5%). Tal cual se viene comentando en todos los medios de comunicación, el grupo ubicado entre los 0 y los 19 años tiene mayor resistencia al virus o es asintomático, con solo un 0.5% del total. No es tan cierto que solo afecte a los adultos mayores.

En el mismo cuadro se aprecia que el 70.5% de los fallecidos pertenecen al sexo masculino; mientras que sólo el 29.5% corresponde al femenino. Este es un factor que todavía tiene que analizarse más para dilucidar si está o no vinculado a los cromosomas sexuales u otro factor biológico, ya que la prevalencia de enfermedades previas que facilitan el contagio y agravamiento de los infectados no se ubican exclusivamente en las personas de sexo masculino. A nivel internacional, las proporciones entre hombres y mujeres infectados se ubica alrededor del 60% y 40%, mientras que la de fallecidos es similar a la estadística peruana.

Hasta el momento, de acuerdo a un estudio publicado por Sama y Voors[4], la mayor incidencia de fallecidos varones se explicaría porque la sangre de los hombres tiene niveles más altos de la enzima ACE2 que las mujeres. Esta enzima está radicada especialmente en el corazón, riñones y otros órganos; asimismo, es un receptor en la superficie de las células que se une al coronavirus y le permite ingresar e infectar células de manera más agresiva. Otra explicación vinculada se asocia a que la testosterona facilita la propagación del Covid-19.

La mayor incidencia en los fallecimientos de hombres respecto de mujeres se da en todos los rangos de edad; siendo superior en el tramo de adultos entre 40 y 64 años. Por el contrario, la proporción de fallecidos varones es ligeramente menor entre los adultos mayores de 65 años; pero muy equilibrada entre hombres y mujeres en el caso de los que tienen menor edad, donde los porcentajes son del 53.1% y 46.9% para hombres y mujeres respectivamente. La explicación de estas menores diferencias entre niños, adolescentes y jóvenes son un tema todavía sujeto a investigación. En el caso de los fallecidos por mes hay una tendencia creciente. Asimismo, las proporciones entre hombres y mujeres fueron similares en casi todos los meses, aunque ligeramente menor para los varones durante el mes de julio y superior para las mujeres.

El número total e incidencia de fallecidos por cada 10 mil habitantes se muestra en el cuadro 2. La penosa lista está encabezada por Lima, La Libertad, Piura, Lambayeque, Callao, Ica y Ancash. Las regiones con menores defunciones son Tacna, Apurímac, Huancavelica, Pasco, Moquegua y Ayacucho. Sin embargo, estos resultados están cambiando en las últimas semanas, y otra evaluación igual de importante sería su incidencia, donde queda claro que los mayores problemas relativos se produjeron en el Callao, seguido por Ica (región aparentemente estrella por la mayor importancia relativa de la agricultura de exportación y dentro de las cinco más competitivas del país), Lambayeque y Lima. Hasta el 15 de julio la menor incidencia del Covid-19 se produjo en Puno, Cusco y Tacna.

El número total de fallecidos e incidencia en Lima Metropolitana y Callao, clasificados de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD[5], se muestra en el cuadro 4. El IDH se construye con base a una metodología internacional que contempla la esperanza de vida al nacer, el porcentaje de la población con secundaria completa, el logro educativo en años y el ingreso familiar per cápita, todos con base a la información normalizada de los Censos y de la Encuesta Nacional de los Hogares en el caso peruano. Este IDH pretende reflejar mejor la calidad de vida de la población respecto de un indicador agregado como es el PBI per cápita. Un mayor nivel de IDH refleja una mejor calidad de vida.

El Covid-19 desafortunadamente ha generado un mayor número de fallecimientos e incidencia en los distritos con un IDH de valores intermedios, respecto de los distritos con un IDH Alto y Bajo. El 53.5% de los fallecimientos se han producido en los distritos de nivel medio; mientras que el 33.5% lo han sido en los de nivel bajo y solo el 13.1% en los de un IDH alto. De igual forma, la incidencia por cada 10,000 habitantes es mayor en los distritos Medios respecto de los Altos y Bajos. Estos resultados reflejan la realidad antes que se incorporen los ajustes a la cifra de fallecimientos probables por el coronavirus.

La información del total de fallecidos e incidencia vinculados al IDH distrital para el resto del país, sin Lima Metropolitana y el Callao, se muestra en el cuadro 5. La tendencia es similar a la del cuadro anterior. En este caso se ordena por quintiles[6] del IDH: los fallecidos ubicados en distritos con el IDH más Alto, los fallecidos con un IDH Medio-Alto, Medio, Bajo-Medio y Bajo. De igual forma que en el cuadro anterior la pandemia ha afectado a los pobladores de distritos Medio-Alto y Medio que representan al 69.4% y el 16.8% de los fallecidos respectivamente. Sin embargo, hay que anotar que la incidencia va reduciéndose en la medida que el IDH es menor. El coronavirus no tuvo una incidencia mayor en los distritos de menor calidad de vida.

Reflexiones finales

La pandemia viene afectando más a los adultos mayores y adultos de sexo masculino. La geografía del dolor los ubica principalmente en Lima y en el conjunto de las regiones que se han señalado en este texto. La incidencia de fallecidos por cada 10,000 habitantes es mayor en Ica, Callao, Lambayeque y Lima. En Lima, hasta el momento, el mayor número de decesos se ubica en su zona central o consolidada, y luego en Lima Este y Lima Norte. De acuerdo al distrito de residencia formal del fallecido, considerando el IDH desarrollado por PNUD, el mayor número de fallecidos se ha producido en distritos de niveles medios, tanto en Lima como en el resto de regiones del país. Hasta el momento el coronavirus no ha tenido un mayor número de fallecidos e incidencia en los distritos de menor calidad de vida.

Los fallecidos por esta pandemia a todos no duelen; no solo a sus familias y amigos. Son muchas personas detrás de estos números fríos. Sin embargo, no solo es necesario identificarlos para definir e implantar estrategias para hacer frente a la pandemia; sino hogares que sufren por las pérdidas que requieren de nuestra atención, del sector Salud y en particular de la Iglesia que los reconforte. Son también familias que generalmente han perdido su principal fuente de ingresos, con una consecuencia en el probable deterioro de sus condiciones de vida. No podemos quedarnos con los brazos cruzados.

* Se agradece el apoyo de Martin Astocondor como asistente de investigación para el ordenamiento y procesamiento de la información.

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[1] Banco Mundial (2020). World Development Indicators: Global Goals. http://wdi.worldbank.org/table  
[2] INEI (2018). Perú Resultados definitivos de los Censos Nacionales 2017 XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Lima: INEI. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1544/
[3] Ministerio de Salud (2020). Plataforma Nacional de Datos Abiertos: fallecidos por COVID-19-MINSA. https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/fallecidos-por-covid-19-ministerio-de-salud-minsa
[4] SAMA, I. y A. VOORS. (2020). Men more vulnerable to COVID-19: explained by ACE2 on the X chromosome? European Heart Journal, ehaa526.  https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa526
[5] PNUD (2019). El reto de la igualdad: Una lectura de las dinámicas territoriales en el Perú. Lima: PNUD. https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/poverty/el-reto-de-la-igualdad.html
[6] Un quintil es la quinta parte de los hogares ordenados de menor a mayor en función a los ingresos. El quintil 1 representa a los hogares con menores ingresos y el quintil 5 a los que perciben mayores ingresos (N. del E.)

Primavera 2020


Germán Alarco Tosoni

Economista especializado en macroeconomía, finanzas, distribución del ingreso, infraestructura y energía. Docente de la Universidad del Pacífico.




“Aprendo en Casa”: ¿Desafío intercultural o giro necesario en la EIB?

Aprendo en Casa en la selvaEl programa “Aprendo en casa” nos trajo alegrías y emociones al ver a los niños, niñas y adolescentes de los diferentes puntos del país llevando las clases a distancia, coloridas y dinámicas, frente al televisor, computadora, laptop o escuchando la radio. No era para menos. Por fin la televisión nacional estaba al servicio educativo del país. Sin embargo, era inevitable no trasladarme a la realidad de mi pueblo y las comunidades amazónicas que conozco, y saber que no accederían a las clases por ninguno de esos medios, al no contar en algunos casos con electricidad, internet o la antena de transmisión de radio y televisión.

En un país diverso y desigual a la vez, no todos tenemos las mismas condiciones y oportunidades. Pero, el ímpetu de no quedarse atrás, ha motivado a alcaldes de los distritos rurales como Cayara y Sarhua (en Ayacucho) a agilizar inmediatamente la instalación de las antenas televisoras y radiales, que estaban inoperativas hace varios años, a fin de atender la demanda de los educandos.

En la Amazonía, los maestros se trasladaron a la comunidad de Tayakome (Parque Nacional del Manu) para desarrollar las clases visitando las casas de los alumnos[1]. En Puno, los niños junto a sus padres subían hasta lo más alto del cerro Occopampa para lograr obtener la señal de internet y recibir las clases[2]. Estos grandes esfuerzos hechos por los niños y niñas, las familias, autoridades, maestros, demuestran el valor que tiene la educación en nuestras vidas, aún en las adversidades.

La pandemia del COVID-19 ha radiografiado y exacerbado las brechas, las desigualdades y las múltiples dimensiones de la pobreza de manera notoria y específica en comunidades rurales andinas y amazónicas. Sabemos de los esfuerzos redoblados que el Gobierno ha emprendido para dar respuesta a esta crisis sanitaria, que se efectúa en medio de la precariedad de nuestro sistema de salud y de otros sectores.

El sistema educativo, desde hace décadas y pese a los esfuerzos y voluntades políticas de los gobiernos de turno, arrastra un conjunto de brechas en los pueblos indígenas. Lo que ha develado este contexto es la brecha digital y de conectividad, pero no es la única. Desde diversas voces, hemos venido diciendo que la variable cultural, étnica, lingüística, geográfica y económica deberían tomarse en cuenta e implementarse, como lo precisa la Política de Educación Intercultural Bilingüe, pero esto implica un conjunto de decisiones, acciones, partidas presupuestales, equipo humano especializado y, sobre todo, claridad en la visión sobre los pueblos indígenas y sus derechos.

No pretendo proponer cómo debe ser la educación a distancia para los pueblos indígenas, puesto que ello corresponde a un trabajo de múltiples actores, entre ellos, los maestros de campo, los padres y las madres de familia, organizaciones indígenas y los propios niños, niñas y adolescentes de las comunidades, entre otros. El propósito de este artículo es motivar a un balance concienzudo sobre las cosas buenas que se han desarrollado desde la existencia de la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (2016); pero, sobre todo, de lo que hace falta, como decisiones serias desde el Estado, sin titubeos ni más trabas.

Este escenario de emergencia sanitaria es una grandiosa oportunidad que no debemos ignorar, por el contrario, es la ocasión para encaminar el rol constitutivo de la Educación Intercultural Bilingüe, nutriendo las políticas públicas con las lecciones generadas por la pandemia y considerando que estamos a pocos meses de la culminación de la vigencia del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (2016 – 2021) y próximos a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Urge proyectar cambios en la política educativa y nuevos compromisos para efectivizar el derecho de los pueblos originarios a la educación intercultural bilingüe de calidad.

En ese sentido, compartiré reflexiones sobre algunos avances y retrocesos en el reconocimiento de derechos indígenas, que se articulan con la implementación de la Política de Educación Intercultural Bilingüe, promovida por el Estado peruano en la última década.

Tras los sucesos del “Baguazo”[3] el año 2009, la exigencia de los pueblos indígenas de la Amazonía y del Ande, y un arduo trabajo de incidencia interinstitucional ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, se logró aprobar la Ley Nº 29785 de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Originarios, promulgada en setiembre del año 2011, creándose el procedimiento de consulta previa respecto a las medidas legislativas y administrativas que afecten a los pueblos indígenas. El mismo año 2011, el Congreso aprobó la Ley Nº 29735 que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú.

A nueve años de la consulta previa en el Perú, su implementación tiene vastos cuestionamientos, falencias y desafíos en lo que respecta a la buena fe, transparencia, participación efectiva de los pueblos, entre otros. Sin embargo, a partir de su vigencia se han generado procesos de consultas previas a los pueblos indígenas sobre Reglamentaciones de Leyes y Políticas Públicas, como la del Reglamento de la propia Ley de Consulta (2012), la Política Sectorial de Salud Intercultural desarrollada el año 2014 y aprobada por el ejecutivo el 2016, el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (2015), Reglamento de la Ley de Lenguas Originarias (2016), la Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe, el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (2016), y la última actualización de la Política Sectorial de EI y EIB (2019). Precedentes que debieran dar lugar a la consulta legislativa por el Congreso de la República, cada vez que los proyectos de Ley afecten los derechos de los pueblos indígenas.

Según el Censo Nacional 2017, el 25.6% de la población se autoidentifica como parte de un pueblo indígena. Este dato demográfico relevante demuestra que no somos minorías étnicas, sino ciudadanos en igualdad de derechos que deberían estar reflejados en las políticas públicas en materia política, social, económica y cultural.

Después del 2011, el Parlamento no aprobó mayores leyes específicas para los pueblos indígenas, excepto la modificación a la Ley de Comunidades Campesinas para incluir el 30% de participación de mujeres en las directivas comunales, promulgada el año 2019; iniciativa que impulsamos desde nuestro despacho congresal y la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP). La falta de voluntad política del Congreso dejó relegados proyectos de ley como el que propone declarar de interés nacional la creación del Instituto Peruano de Lenguas Indígenas (IPELI), propuesta de un ente rector en la recuperación, investigación, promoción y revitalización de las lenguas originarias, con autonomía funcional, administrativa y presupuestal. Esta iniciativa permitiría diseñar mecanismos institucionales para la enseñanza, certificación y formación de profesionales bilingües, así como garantizar las pervivencias de las lenguas originarias.

Desde la Comisión de la Mujer y Familia (2018) impulsamos la mesa de trabajo sobre la “situación de violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas”, y lo que hemos constatado en la Institución Educativa de Secundaria Residencial, en comunidades indígenas del distrito de Santa María de Nieva (provincia de Condorcanqui), además de las 200 denuncias que involucran a docentes, comuneros y terceras personas por acoso, tocamientos indebidos y violación sexual, es el problema de alimentación en los estudiantes, ya que “Qali Warma” cubría solo la merienda de mañana, pero los estudiantes vivían en la residencia, por tanto, necesitaban tres meriendas en el día. Otro problema es el hacinamiento en una infraestructura precaria que hacía de escuela, cocina y dormitorio; así como el destiempo en la entrega de textos, cuadernos de trabajo y el inicio de clases.

Libros en quechua

El reconocimiento de la Educación Intercultural Bilingüe no basta por sí sola, es necesario grantizar derechos básicos como el acceso al agua potable, infraestructura educativa, vivienda digna, electricidad, acceso a las tecnologías de comunicación, accesos viales y medios de transportes.

Una estudiante indígena que debe recibir clases diarias teniendo al frente a su agresor, con una nutrición deficiente, en un ambiente inadecuado para estudiar y hacer las tareas, asumiendo roles de cocina por ser mujer, esperando la voluntad política de los funcionarios para tener sus materiales de estudio e iniciar sus clases en la fecha indicada, ¿es solo un problema de interculturalidad, de servicios básicos, gestión educativa/municipal?

Aspectos como el de la alimentación se lograron revertir a través de las coordinaciones con el Ministerio de Inclusión Social, pero las solicitudes reiteradas por las autoridades educativas llevaban tiempo esperando respuesta.

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, en el periodo del 2016 al 2019, no desarrolló una sola sesión específica para recibir información o fiscalizar la implementación de la Política Sectorial de la Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe. Por el contrario, la agenda estaba centrada en la eliminación del enfoque de género del currículo educativo y los cuestionamientos a los contenidos de los textos en el rubro de la enseñanza de la salud sexual reproductiva de los estudiantes.

Si hacemos una revisión minuciosa del presupuesto nacional destinado para la implementación de la Política Sectorial de la EI y EIB, el Plan Nacional de EIB y sus componentes, en los últimos cinco años, se ha recortado significativamente en hasta el 50%. El 2019, cuando se discutía acerca de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2020 en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso, alertamos del recorte al presupuesto del año 2018 a la Educación Intercultural Bilingüe, para el acompañamiento pedagógico a instituciones educativas (de S/. 73 millones asignados el 2017 a S/. 12 millones y medio el 2018) y formación docente EIB inicial (de S/. 4 millones y medio a S/. 2 millones)[4], y pedimos la revisión y no repetición de estas decisiones lesivas para los pueblos indígenas. En enero de este año, la ex viceministra de Interculturalidad y exdirectora general de Educación Intercultural Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación, Elena Burga, escribía en su artículo: “hasta la fecha, dos de las tres formas de atención –la EIB de Revitalización Cultural y Lingüística y la EIB en Ámbitos Urbanos– no cuentan con presupuesto para su implementación y se considera que éstas se deben brindar solo cuando exista una “demanda explícita” de las comunidades y escuelas”[5]. En febrero, la Central Ashaninka del Río Ene (CARE) alertó, a través de un comunicado público, el recorte de sueldo a los maestros de EIB de las comunidades de Potsoteni, Quempiri y otras de la cuenca del Ene, el mismo que derivaría de una reclasificación de las instituciones educativas.

La política sectorial de EIB y el Plan EIB sin presupuesto suficiente es letra muerta, y esto a su vez ocasiona una vulneración del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, en tanto son ciudadanos que pertenecen a una colectividad, a una cultura, y serán la continuidad histórica de sus pueblos. Pero, también es indispensable la inversión social en los diferentes servicios básicos en los territorios indígenas.

Solo por poner un ejemplo: la política de salud intercultural, al no contar con el plan nacional -y menos con el presupuesto requerido-, se hace lejana; no es posible una campaña intercultural de nutrición para combatir la anemia, la desnutrición, tener las vacunas contras las enfermedades comunes como el dengue, tifoidea, hepatitis, el acceso a las medicinas para las personas viviendo con VIH, entre otros.

La eficiencia y calidad de la Educación Intercultural Bilingüe también dependerán de la garantía de otros derechos básicos elementales, como el acceso al agua potable, infraestructura educativa, vivienda digna, electricidad, acceso a las tecnologías de comunicación, accesos viales y medios de transportes. Por tanto, urge una intervención integral con permanente diálogo y articulación con otras políticas de Estado.

La interculturalidad, como el diálogo e intercambio entre culturas y el respeto a las diversidades culturales, resulta ser un discurso teórico y meramente culturalista si no se reconocen y se garantizan los derechos políticos, sociales y económicos de los actores y, sobre todo, el cambio en las relaciones de poder y el ejercicio de la igualdad sustantiva de las diferencias.

Las 48 lenguas indígenas que están reconocidas en el mapa etnolingüístico son de reivindicación política-cultural. La sabiduría ancestral en medicina, la relación armónica-recíproca con la naturaleza, los conocimientos de literatura, entre otros, están en las lenguas originarias; su supervivencia y continuidad están ligadas con la soberanía y la autodeterminación de los pueblos indígenas. La afirmación del propio ser, la autoestima y la dignidad tienen una íntima relación con la lengua y la identidad; es así, por ejemplo, que las violencias que se ejercen contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas implican un abordaje holístico e integral, desde la visibilidad, prevención, atención, protección, acceso a la justicia, sanción, reparación a la víctima y la sanación. Hoy existen experiencias de trabajo en la sanación desde la terapéutica maya (en Guatemala) que se convierten en referencias replicables para el tratamiento de casos de violencias en contextos indígenas.

Mi hermana, quien fue a trabajar como docente a la comunidad de Quempiri (en la selva central) con estudiantes de nivel secundario, me comentaba que ella hizo una pregunta rápida a sus estudiantes de 5to año sobre qué harían al terminar el colegio. Después de un largo silencio, una estudiante respondió: “Ser madre”. Al ver que nadie más hablaba, volvió a repetir la pregunta directamente a un estudiante; él, temerosamente, le respondió: “Cazar y sembrar yuca en mi chacra”. La construcción de proyectos de vida personal, si bien dependen de nuestra capacidad de hacer elecciones futuras, en la medida en que nos apropiamos de esa realidad que nos rodea y nos proponemos cambiarla, también dependen de las posibilidades, oportunidades que nos rodean.

Estas condiciones estructurales, institucionales y oportunidades a las que hemos hecho referencia son las barreras que históricamente hemos enfrentado los pueblos indígenas andinos y amazónicos, desde la negación de existencia, el reconocimiento de derechos, hasta la categorización como ciudadanos de segunda clase, así como la discriminación y racismo sistemáticos. Por tanto, necesitamos trascender la interculturalidad funcional para la convivencia hacia una interculturalidad de tipo transformativa, como aquella que reconoce a los ciudadanos indígenas como sujetos de derechos sociales, políticos, culturales y económicos.

No será un año perdido, no si se aprende de las lecciones que ha develado esta crisis sanitaria para reestructurar y rediseñar estrategias de intervención; pero, sobre todo, para tomar decisiones correctas que no menoscaben las grandes posibilidades que promueve la educación, y así formar ciudadanos interculturales, bilingües, trilingües, capaces de encaminar sus sueños, los de sus pueblos y su patria.

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[1] https://www.servindi.org/actualidad-noticias/27/04/2020/docentes-caminan-para-ensenar-sus-alumnos-matsiguenkas-del-manu
[2] https://larepublica.pe/sociedad/2020/05/05/puno-escolares-suben-a-la-cima-de-un-cerro-para-captar-internet-y-cumplir-con-sus-clases-virtuales-lrsd/
[3] Protesta amazónica liderada por organizaciones indígenas en contra de los Decretos Legislativos, aprobados por el gobierno peruano, con el fin de implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que afectaban su derecho a la tierra. El conflicto de Bagua estalló el 5 de junio del 2009 con resultados lamentables. De acuerdo al Informe Defensorial sobre los acontecimientos de Bagua y Utcubamba, son 33 personas muertas: 23 policías, 5 indígenas y cinco pobladores de Bagua, un desaparecido y 200 personas heridas.
[4] https://ojo-publico.com/1353/afirmacion-de-la-congresista-pariona-sobre-que-idel-vexler-redujo-50-la-inversion-de-la-eib-es
[5] https://www.servindi.org/actualidad-opinion/24/01/2020/el-castellano-destruye-las-lenguas-indigenas

Invierno 2020


Tania Pariona Tarqui

Quechua ayacuchana, excongresista de la República, activista indígena, integrante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas.




Educación: ¿ayudará una pandemia a cerrar un largo ciclo?

Educación a distanciaCuando nos aprestábamos a iniciar el año académico 2020, una pandemia alteró todo. Improvisamos soluciones y han surgido dudas e incertidumbre. Por ello, es necesario tomar un poco de distancia para, con responsabilidad, aprender de este momento.

Para ello, resulta oportuno plantear lo siguiente: (i) recordar dónde estamos con relación a nuestra educación; (ii) postular una explicación de esa situación, y (iii) sugerir aprendizajes que, finalmente, nos permitan pensar que luego de esta crisis podremos enmendar lo que haya que enmendar y fortalecer lo que sea el caso fortalecer.

¿Dónde estamos?

De modo sumario, la situación actual de nuestra educación puede ser descrita considerando que:

  1. Nuestra educación básica sigue en expansión y aproximándose a la universalidad. Sin embargo, falta asegurar tres años de educación inicial (vamos en aproximadamente 2,6 años en promedio), elevar la retención en educación secundaria (donde la conclusión se encuentra alrededor del 85%) y reducir los niveles de atraso escolar. Hemos progresado mucho en estos frentes, pero falta un trecho importante que afecta de modo marcado a ciertos segmentos desfavorecidos de la población.
  2. Al mismo tiempo y salvo casos destacados, las condiciones en las que se experimenta la educación obligatoria son muy deficientes, tanto en lo relativo a infraestructura física, equipamiento, materiales, docentes (solvencia profesional), otro personal necesario (para gestión, apoyo pedagógico, psicológico, atención de necesidades especiales, etc.); y esta situación acontece de igual forma en los servicios educativos brindados por el Estado como por particulares, ya que ambos sectores son muy heterogéneos.
  3. Lo anterior se traduce en que los aprendizajes establecidos en el currículo nacional se logran en una fracción muy pequeña; nótese, sin embargo, que tenemos muy poca evidencia sistemática sobre esto (algo sobre lectura y uso de números, y un poco menos sobre ciudadanía). Debemos reconocer que estos aprendizajes mejoran de modo constante desde hace, al menos, 20 años; aunque de forma lenta y muy dispar.
  4. La conexión entre la educación básica y la educación superior es frágil o distorsionada, tanto por el anquilosamiento de la educación superior, como cuando la educación básica renuncia al currículo para adaptarse a exámenes de admisión que, por cierto, tampoco están alineados a los aprendizajes de la propia educación superior.
  5. La educación superior y técnicoproductiva, salvo excepciones, requiere de mayúsculos esfuerzos de mejora (o reconstrucción) que hoy sólo existen como iniciativas aisladas de algunas instituciones. El logro reciente más saltante es que, tras un largo y difícil proceso, el Estado ha asumido su responsabilidad de garante del derecho a la educación universitaria y ha tenido éxito en depurarla lo que, sin embargo, no ha sucedido en otros ámbitos de la educación superior y técnico-productiva respecto de los cuales el rol estatal nunca estuvo en cuestión.

Sin embargo, lo más complicado de nuestra situación es que muchas personas, incluyendo hacedores de política, se quedarían en los puntos previos y obviarían algunos problemas mayúsculos. Estos problemas incluyen:

  • La incapacidad del sistema educativo para crear igualdad de oportunidades y, más bien, su capacidad para reproducir inequidades.

  • Esto se asocia a tener un sistema educativo profundamente segregado lo que conspira contra los aprendizajes en general, y el desarrollo de ciudadanía, en particular. Si bien la segregación socio-económica es manifiesta (los pobres van a escuelas a las que solo van pobres y los privilegiados a escuelas en las que solo hay privilegiados), no es la única (por ejemplo, tenemos segregación por credo): la escuela no es un espacio de encuentro de la diversidad humana. Debe notarse que la segregación escolar está muy asociada a la profunda segregación existente en la sociedad peruana y que se expresa a nivel territorial.

  • Si bien la educación no empieza ni termina en las instituciones educativas, el trabajo con los hogares está muy descuidado. Este es clave para asegurar el desarrollo infantil temprano y mejores condiciones para todos los miembros del hogar; asimismo, las acciones dirigidas a trabajar con hogares y gobiernos locales para atender adultos mayores es prácticamente inexistente o invisible, y el aprendizaje continuo de jóvenes y adultos es también muy débil. Una reciente evaluación de las habilidades básicas (lectura, uso de números y resolución de problemas con medios digitales) muestra una situación dramática entre nuestra población de 16 a 65 años a la que muy pocos prestan atención.

  • La disposición del artículo 14 de la Constitución acerca del deber que tienen los medios de comunicación de colaborar con la educación de los peruanos no sólo es letra muerta, sino expresamente socavada por una programación que claramente atenta contra los principios y valores a los que legítimamente podemos aspirar.

  • Tenemos un sistema educativo profundamente centralista y, por ello, inoperante. Esto desprofesionaliza a los docentes, pues no permite que exista un espacio para el juicio profesional autónomo. A esto se suma una estructura atomizada que, junto a una docencia convertida en un trabajo de tiempo parcial, dificulta el trabajo colegiado.

  • La asignación de recursos públicos a la educación tiene una lógica centralista, inercial, y de manejo contable (y el cajero actúa como dueño del dinero público) que no solo es insuficiente (a pesar de los incrementos de los últimos 25 años), sino que tampoco atiende la diversidad de necesidades y, por ello, contribuye poco (o negativamente) a que el sistema cree igualdad de oportunidades.

A esta lista de elementos podríamos añadir algunas otras cosas (como, por ejemplo, tener un sistema de acreditación en “reorganización” desde hace seis años sin que nadie proceda con dicha reorganización; o el desdén e incluso estigma que ha marcado las visiones sobre la educación a distancia). Sin embargo, ir a mayores detalles no cambiaría lo fundamental: tenemos un sistema que progresa lentamente en algunas cosas y que arrastra de modo secular otras que, justamente, impiden que el progreso sea más marcado y ajustado a las finalidades públicas de la educación.

¿Por qué estamos así?

Educación a distancia - Aprendo en Casa

Debido al aislamiento obligatorio, el Ministerio de Educación se vio en la necesidad de implementar, de manera inmediata, la educación a distancia a nivel nacional, con no pocas dificultades tanto para docentes como estudiantes y padres de familia.

Para responder a esta pregunta, planteo que debemos considerar:

La preponderancia de una visión instrumental de la educación asociada a una concepción del aprendizaje como un hecho individual (lo que contribuye a pensar en los puntajes en pruebas como lo clave) abstraído de los contextos específicos en los que este sucede, en un Estado centralista que, además, carece de contenido y reflexión política (es decir, de intencionalidades) y, por tanto, donde la lógica de la eficacia y la eficiencia sustituyen a las finalidades públicas y los valores democráticos; y donde la complejidad de lo social (incluyendo la inequidad) son invisibles o desdeñables.

Esta visión de la educación, como muchas otras cosas en el país, se instaló en la política educativa a mediados de los años 90 y, a pesar de los cambios de gobierno y de los cambios de gestiones ministeriales, se ha mantenido básicamente incólume.

Esto nos lleva a preguntarnos por qué ninguna gestión ha modificado sustancialmente la visión y los pilares sobre los que se ha estructurado la política educativa y, de hecho, en algunos casos (como en el período 2013-2016) éstos fueron explícitamente reforzados al tiempo que se robustecía el carácter centralista y tecnocrático de la gestión. Sólo dos gestiones recientes (Martens y Pablo) han planteado ideas que podrían verse como distintas de esta matriz; sin embargo, el clima en el que se dieron y su brevedad no hizo que lo que postulaban se cristalizara en políticas establecidas que atiendan a los problemas de equidad, centralismo, atomización y dinámica poblacional en el territorio, financiamiento con criterios de equidad, etc.

Probablemente, deba tomarse en cuenta que la profunda crisis vivida por el país entre 1975 y 1990 ha marcado a generaciones y, por lo mismo, es posible que el país no cuente con un bagaje profesional suficiente para desafiar y alterar de modo sustantivo las cosas.

Asimismo, las dinámicas institucionales establecidas en años recientes dan poco margen de maniobra a las propias autoridades. El grueso de los recursos públicos está atado a los llamados Programas Presupuestales que se encuentran sujetos a decisiones de quien controla la caja y a mecanismos de gestión absurdos (como fijar casi cualquier meta en función de una evaluación estandarizada de aprendizajes en dos áreas en un solo grado), lo que deriva en que un titular del sector (y no se diga de las autoridades subnacionales) tenga muy poco margen a menos que pertenezca a la panaka que maneja la caja que se impone ante un servicio civil inexistente y la ausencia de política. Estas rigideces son uno de los elementos que hoy pasan la factura en medio de la crisis.

¿Qué aprender?

La pandemia torna manifiestas nuestras falencias y, por ello, nos permite revisar varios supuestos de lo que hemos hecho estos años y, si queremos mejorar, introducir cambios importantes en cómo manejamos la política educativa. A continuación, presento algunos temas que me parecen cruciales.

El sistema educativo no es una maquinaria, es un sistema dinámico complejo en el que sus propiedades emergen de la acción autónoma de muchas personas en una multiplicidad de contextos y condiciones. Así, el centralismo no sólo tiene un carácter poco democrático sino también es profundamente inoperante. Este carácter ha recrudecido en el pasado reciente y ha ido acompañado del desdén por la reflexión estratégica y política que han sido sustituidas por un extraviado activismo; de esta forma, el Ministerio se ha convertido en una maquinaria pesada que entorpece y desvirtúa el desempeño del sistema. Por ello, es clave profesionalizar todas las instancias de gestión (que sean parte de un servicio civil), así como asegurar que se enfoquen en sus dos tareas principales: fijar rumbos (es decir, hacer política basada en un análisis estratégico) y favorecer la acción de las personas e instituciones, dejando de lado la profunda lógica prescriptiva, hoy manifiesta de múltiples formas (estas semanas hemos visto memos que exigen reprogramación de horas que luego serán reprogramadas pensando en una siguiente reprogramación). Necesitamos construir un sistema capaz de adaptarse e innovar para responder a la diversidad. Esto sólo es posible contando con la acción autónoma de todos, la que es hoy ahogada por la maraña de “ocurrencias” (ilustrativamente llamadas “intervenciones”) muchas veces sobrepuestas y contradictorias y profusamente aderezadas por un elán burocrático y controlista.

Lo anterior supone pensar el sistema educativo desde las personas y sus experiencias educativas y poner el aparato estatal al servicio de estas. Sin embargo, esto no es fácil. En primer lugar, tenemos un sistema atomizado y poco integrado en el que la mayoría de las unidades (lo que llamamos “servicios educativos”) no cuenta con una escala suficiente para operar autónomamente, por lo que necesitamos organizarlos según una lógica territorial que, además, permita integrar los servicios que corresponden a la trayectoria escolar. En segundo lugar, la operación autónoma también tiene riesgos que deben ser manejados con instrumentos de contrapeso, como una supervisión estatal efectiva que necesariamente tiene que ser independiente de los supervisados.

Décadas atrás el Perú contaba con una educación a distancia que era ejemplo para muchos. Hasta hace pocas semanas, la educación a distancia era inexistente para la política educativa, cuando no estigmatizada (como lo hace la Ley Universitaria). Así, en un contexto en el que hay que apelar a esta, no debe sorprendernos que contemos con pocos recursos para ello y que gran parte de la población sospeche de su eficacia. La actual crisis nos muestra que necesitamos una educación no presencial que sea una parte fundamental de nuestro sistema educativo, como soporte de la educación regular y como espacio propio que pueda atender necesidades educativas de la población joven y adulta, así como llegar a los hogares como sujeto colectivo. En este terreno, los esfuerzos por brindar una educación apoyada en medios digitales son absolutamente encomiables, pero no debe traducirse en desdeñar otros medios (como la radio, la TV y la telefonía móvil) que tienen una mayor penetración, a efectos de evitar ahondar inequidades. Asimismo, el uso masivo de tecnologías digitales supone resolver un conjunto complejo de aristas que van desde cobertura, calidad y capacidad de nuestra infraestructura de comunicaciones, hasta problemas evidentes de seguridad de las personas, pasando por lo problemas usuales de mantenimiento y reposición, para no hablar del fondo del asunto: cómo se integra el uso de dispositivos electrónicos a la búsqueda por lograr los aprendizajes a los que aspiramos.

En este marco, debemos entender que el aprendizaje no es únicamente un proceso individual, sino que descansa o puede estar completamente organizado desde espacios y sujetos colectivos. La emergencia, y la cuarentena asociada a esta, sugería que la acción educativa del Estado debía tomar al hogar como unidad: tener a todos sus miembros reunidos muchas veces en espacios reducidos, donde sólo hay un aparato de TV, etc., no sólo es un potencial riesgo de estrés y mayor violencia familiar, sino también una oportunidad para trabajar lo educativo de modo conjunto con todo el grupo familiar, lo que justamente es clave, no sólo para el desarrollo socio-emocional de los menores, sino para atender a los riesgos mencionados. Lo mismo sucede cuando uno piensa en oportunidades de formación para el trabajo ya que, en general, los trabajos suponen cooperación y coordinación que se aprenden ejerciéndolas en grupos de personas. Ver la educación solo como habilidades de individuos es profundamente limitante.

La crisis que estamos viviendo deriva en muchas manifestaciones complejas, incluyendo su impacto sobre la educación privada pagada. Esta, como la educación estatal, es muy heterogénea y por ello no cabe hacer generalizaciones simples. En cierta forma, es posible identificar tres segmentos relevantes para esta reflexión: un primer segmento de élite, solvente tanto en lo profesional como en lo económico, que responde a la crisis de modo eficaz aunque no exento de dificultades; un segundo segmento que atiende a sectores medios, también solvente profesionalmente, pero mucho más frágil frente a las limitaciones económicas que enfrentan las familias y que, por ello, está pasando por una situación complicada que demanda atención pública; un tercer segmento de menores costos y en muchos casos de muy baja calidad, que probablemente sucumba ante la imposibilidad de las familias de pagar las pensiones. Que la educación de pésima calidad zozobre podría no ser una mala noticia, siempre y cuando las personas puedan trasladarse a otros servicios educativos (estatales o no), y esto no es tan evidente. Asimismo, no todos los niveles educativos experimentan la crisis de igual forma, es probable que en la educación superior las familias suspendan los estudios por un período académico o dos (lo que afecta, básicamente, a las instituciones), mientras que en la educación inicial es posible que haya mayores niveles de abandono por todo el año escolar, lo que afecta, principalmente, a los estudiantes; y puede mermar los progresos que habíamos logrado en este ámbito crucial del desarrollo de las personas.

Educación rural

El sistema educativo actual necesita de cambios profundos y estructurales, que tal vez la actual situación ayude a promover. Debemos adecuarnos a un sistema educativo más dinámico, acorde a la realidad del país.

Pero, más allá de lo puramente educativo, la pandemia ha puesto sobre el tapete la tremenda precariedad del país en muchos frentes. Con ello, alguna dosis de realismo debe permitir superar la ilusión según la cual para el 2021 seríamos un país desarrollado[2]. Seguramente, una buena parte de la reducción de la pobreza lograda en veinte años se ha esfumado en dos meses, desnudando la fragilidad de lo logrado, mientras algunos patrimonios personales no se han visto mayormente afectados y, gracias a la especulación, crecerán en los próximos años de una forma que nadie anticipaba.

El crecimiento económico y la disciplina fiscal son elementos muy importantes para alcanzar una vida digna para todos, pero no bastan. Ha sido bueno tener reservas fiscales para enfrentar la crisis, pero hubiese sido mejor que esas reservas no sean tan grandes debido a que construimos un sistema de salud pública, una buena educación y un sistema de protección social. Todo ello renunciando a la práctica de un Estado paternalista que “da cosas”, y entendiendo que existe el ejercicio del derecho de las personas a la salud, a la educación y a la protección frente a situaciones como la presente que descansan, a su vez, en la capacidad del propio Estado para asegurar comportamientos ciudadanos responsables (empezando por el pago de tributos). El crecimiento y la disciplina fiscal nos pueden proporcionar recursos, pero si estos no son invertidos en construir institucionalidad, capacidad estatal para garantizar el imperio de la ley y derechos para todos, entonces vivimos lo que hoy estamos viviendo.

Es suicida creer que el Estado es una carga que mientras más frágil, mejor. Tampoco es un dador de servicios. El Estado es el espacio institucional que nos permite tener una mejor vida siempre y cuando cuente con los recursos para asegurar libertades y justicia. La condición ciudadana de las personas (el ejercicio responsable de derechos y obligaciones) es la razón de ser del Estado democrático.

Para avanzar no sólo necesitamos “soluciones”, sino también principios y valores democráticos que la escuela, pero no sólo esta, debe ayudar a construir. Por ello, debemos afirmar que el Estado es política, que la política es dirección, intención, sueños y proyectos y no lo que hemos vivido las últimas cuatro décadas. Para lograrlo, nuestra responsabilidad ciudadana nos impele a participar en la vida pública, y a construir una clase política y una burocracia que encarne principios y valores democráticos. Necesitamos gobierno y no sólo gestión, y eso sólo lo podemos asegurar los ciudadanos.

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[1] Los resultados pueden consultarse en: OECD. (2019). Skills Matter. Additional Results from the Survey of Adult Skills. Paris: OECD
[2] Al respecto podemos recordar el mensaje presidencial de 2009 http://portal.andina.com.pe/EDPEspeciales/especiales/2009/julio/fiestaspatrias/mensajepresidencial2009.pdf), o las declaraciones del ministro de Economía en agosto de 2014 (https://rpp.pe/economia/economia/castilla-el-peru-se-convertira-en-un-pais-desarrollado-en-el-2021-noticia-716970).

Invierno 2020


César Guadalupe Mendizábal

Jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas, docente y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.




Si tocan a una, ¿nos tocan a todas?

En el marco de un Estado de emergencia, decretado para contrarrestar la difusión de la pandemia global por coronavirus, la sociedad peruana entró en toque de queda y cuarentena el 16 de marzo de 2020. Desde entonces, hasta el 5 de mayo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha registrado un inesperado incremento del 43% en las llamadas a la Línea 100[1], y en lo que corresponde a las víctimas de violencia de género se han registrado 12 feminicidios, 226 violaciones sexuales (en donde casi el 60% son víctimas menores de edad); aparte de que 65 víctimas han sido acogidas por el nuevo sistema de refugios. En total, más de 2,600 casos de violencia doméstica, familiar o de género han sido atendidos por el programa Aurora[2]. Este incremento me ha llevado a concluir que estamos viviendo dos pandemias, no una[3]. Por una parte, la pandemia sanitaria en donde el coronavirus arrasa con los cadáveres de ricos y pobres, aunque todo apunta a que sean siempre los pobres, migrantes y racializados quienes proporcionalmente más sufren. Por otra parte, la pandemia social en donde el patriarcavirus[4] viola a diestra y siniestra a mujeres, niñas, niños y adolescentes; apuñala, degüella, asfixia, quema y masacra a las mujeres.

Pero, ¿cómo comprender los designios políticos y sociales detrás de esta violencia de género desatada en tiempos de coronavirus? Quizás una mirada retrospectiva sobre la trayectoria de la agenda nacional (estatal y civil), en temas de violencia de género, nos pueda mostrar algunas claves para comprender el incremento de la violencia que sufren tantas mujeres, niñas, niños y adolescentes en el contexto actual de confinamiento doméstico familiar. Con ese propósito, me permito esbozar una breve reseña histórica comentada de lo que hoy se conoce como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), particularmente lo concerniente al Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, más conocido como programa Aurora, y las diversas ediciones del hoy denominado Plan Nacional Contra la Violencia de Género. También se situará la histórica movilización nacional e internacional Ni Una Menos Perú: Tocan a Una Tocan a Todas (2016) en relación a la agenda nacional y a la lucha del colectivo “Familias Unidas por Justicia: Ni una Asesinada Más” (2019).

Cabe señalar, en ese sentido, que el inicio de la agenda estatal sobre temas de derechos de las mujeres, y la problemática de género en general, ha sido marcado por una paradoja. Efectivamente, en octubre del año 1996, durante el segundo gobierno autocrático de Alberto Fujimori, se creó el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH), dependencia estatal que enfocó la vinculación de la salud reproductiva con el desarrollo económico. Tal vez por esa razón, en el mismo año se inició el “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar” (1996-2000), de enfoque maltusiano[5], cuyo resultado fue la esterilización forzada de miles de mujeres campesinas, indígenas y migrantes descendientes de los pueblos originarios que, según el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas – REVIESFO (2015) del Ministerio de Justicia, sobrepasan las 7,500 afectadas registradas hasta la fecha, cifra que sigue en aumento.

Por primera vez se incluía, entonces, en el Estado, un ministerio especializado para tratar las problemáticas de la mujer; sin embargo, hoy sabemos que principalmente Fujimori –pero también las diversas bancadas que actualmente se agrupan bajo el rótulo de Fuerza Popular– guardaron una visión “clientelar” que, en nombre de salvaguardar los derechos fundamentales de las mujeres, en la práctica de hecho los relegaban absolutamente. Es lo que en estos días se puede entender como una “cooptación” del discurso feminista, o sea, entablar alianzas no para que estas puedan desarrollarse sino para poder controlarlas.

Cuadro víctimas de violencia de géneroCuando Fujimori fugó al Japón e intentó renunciar a la presidencia de la República por fax, el Congreso lo destituyó por “incapacidad moral”, hecho que, junto con la simbólica Marcha de los Cuatro Suyos, marcan un giro político hacia la recuperación de la democracia. Es en este nuevo escenario que podemos situar mejor el inicio de la lucha contra la violencia de género por parte del Estado peruano. Así, el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) fue creado en el mes de mayo de 2001 bajo el gobierno transitorio de Valentín Paniagua y la ministra Susana Villarán. Con ello, el PROMUDEH inició acciones de prevención y apoyo a las víctimas de violencia de género[6]. Luego, un año más tarde, ya bajo el gobierno de Alejandro Toledo, esos esfuerzos incipientes se aunaron al crearse el primer “Plan Nacional Contra La Violencia Hacia la Mujer”[7] (2002-2007) y en el año 2005, gracias a Ana María Romero-Lozada como ministra, el PNCVFS se constituyó como Unidad Ejecutora del re-denominado Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), lo que permitió poder atender la urgencia de los casos con una mayor autonomía[8]. Sin embargo, este avance fue interrumpido cuando en el 2007, entonces bajo el segundo gobierno de Alan García (gobierno vinculado a importantes denuncias de corrupción), el PNCVFS perdió la condición de Unidad Ejecutora y se le agrupó junto a otros programas nacionales bajo la “Dirección General de Protección Social”, la cual dependía del Despacho Viceministerial de la Mujer[9]. En buena hora, un año más tarde se recuperó la autonomía del programa hasta la fecha actual.

La implementación de la segunda versión del “Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015” (PNCVHM), con Ana Jara como ministra, puso énfasis en el proyecto de ley sobre alternancia de género y propuso metas para hacer transversal el enfoque de género, lo que dio como resultado una mayor participación política y laboral de las mujeres[10]. En esa misma línea, el año 2015 finalizó con dos avances sustanciales: 1) la promulgación de la “Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes Del Grupo Familiar”[11], y 2) el “Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas” (REVIESFO)[12]. El primero es “la norma promovida por el Estado peruano con el fin de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar, producida en el ámbito público o privado”. Para ello, establece políticas integrales, dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados para garantizar a las mujeres y conceder al grupo familiar una vida libre de violencia.

El segundo, que estuvo a cargo del Ministerio de Justicia (MINJUS), comenzó a identificar en 2016 el número de personas afectadas por las esterilizaciones forzadas, producidas durante el período 1995 – 2001; es decir, a más de dos décadas de iniciadas las denuncias. Durante los años 2016 y 2017 el REVIESFO contó con un presupuesto autónomo y una política multisectorial que brindaba asesoría legal y psicológica a las víctimas[13]. Sin embargo, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien meses antes había firmado un compromiso con las afectadas[14], concedió el indulto a Fujimori el 24 de diciembre de 2017[15], quien era el principal responsable de la política de Estado detrás de las esterilizaciones forzadas. En ese sentido, en enero de 2018, Kuczynski canceló por completo el presupuesto asignado para las atenciones a las víctimas de esterilizaciones forzadas[16].

En la tercera versión del plan –que es la vigente– se adoptaron importantes cambios de enfoque, los cuales se ven reflejados incluso en la modificación del título: “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021 (PNCVG)”[17]. Este se gesta durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala y de la ministra Marcela Huaita; allí se plantean diversos enfoques, como los de género, intercultural, interseccional, derechos humanos, integralidad y generacional –asumidos por el MIMP, actualmente bajo el “Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres” (más conocido como programa Aurora)– y, más específicamente a través del “Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual” (PNCVFS), el diseñar y ejecutar políticas de prevención, atención y apoyo a las personas afectadas en hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel nacional. En ese sentido, el año 2016 puede vislumbrarse como el momento en el que las políticas públicas del MIMP incorporan el paradigma feminista: se abandonó el concepto heteronormativo, binario y biológico Contra La Violencia Hacia la Mujer, y se le sustituyó por el concepto feminista Contra la Violencia de Género[18].

Cabe señalar que, paradójicamente, el PNCVG se aprobó el 26 julio del 2016[19] en medio de una convulsionada escena local, lo cual refuerza la distancia vigente entre la envergadura de la realidad social y el gobierno en materia de políticas públicas y representación. El 14 de julio, dos semanas antes de aprobar el tercer plan, el juzgado penal colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho sentenció a un año de prisión suspendida a Adriano Pozo Arias; esto un año después del intento de violación y feminicidio de Arlette Contreras, lo cual fue grabado por las cámaras de seguridad del hospedaje donde se produjeron los hechos. El contundente video fue difundido a nivel nacional y dio la vuelta al mundo. Cuatro días más tarde, el 18 de julio, la Primera sala para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima absolvió a Rony García del delito de secuestro, y lo condenó a cuatro años de prisión suspendida por delitos contra la vida. El músico García agredió brutalmente a la exbailarina Lady Guillén (Lizeth Guillén) en el año 2012, y el caso de violencia se volvió mediático. Estos hechos subvirtieron la opinión pública e indignaron a la población peruana.

Ante tremendas injusticias públicas, y dos semanas después de aprobado el PNCVG vigente, el 13 de agosto tuvo lugar la multitudinaria movilización social “Ni Una Menos Perú: Tocan a Una, Tocan a Todas”. La marcha nacional e internacional fue feminista, descentralizada, intercultural, interseccional, intergeneracional y plurilingüe. Participaron de manera simultánea, y por primera vez, todas las regiones del Perú. El clamor de las masas se levantó en el desierto costero, la región andina y la cuenca amazónica peruana, así como en más de 20 ciudades en donde participaron cientos de peruanos y peruanas en el extranjero[20]. Diversos medios calcularon que en la movilización participaron entre 300 mil y medio millón de personas, que inundaron las calles en el Perú y en el extranjero para exclamar “¡Poder judicial, vergüenza nacional!”. Simbólicamente, la marcha “Ni Una Menos Perú 13A” equivale, para la historia del feminismo en el Perú, lo que la “Marcha de los Cuatro Suyos” para la democracia. De hecho, marcó un antes y un después, y significó un contundente avance histórico para la lucha en contra de la violencia de género en el país[21]. Así, hoy por hoy se la considera la mayor manifestación pública en la historia peruana y, sin duda –más allá del ámbito del género–, ha sido un importante antecedente en la lucha por la reforma judicial ahora vigente[22].

El emblemático cambio de paradigma social y gubernamental que se sitúa en el año 2016 con el PNCVG y la Marcha Ni Una Menos Perú implicó, entre otros sucesos, los siguientes aspectos a considerar: a) la violencia de género es de interés nacional y no sólo del interés de quienes son directamente afectados o de las especialistas en el tema: víctimas, familiares, estudios de género, ONGS, MIMP y el movimiento feminista en general; b) la idea legal y religiosa de familia debe ser transformada ya que, de una parte, las parejas afectivas y los miembros familiares son los principales perpetradores de la violencia; y, de otra parte, el hogar no es un espacio seguro, sino más bien, el lugar donde se manifiesta la violencia; c) la correlación entre la corrupción (política, judicial, económica) y la violencia de género es indisociable y pone al descubierto los mecanismos del sistema patriarcal; d) la violencia de género es, por lo tanto, un conflicto social latente de gran envergadura y debe considerarse como una Emergencia Nacional de primordial urgencia.

Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil, pareciera que la violencia de género fuera mayor cada día que pasa, al menos es lo que indican las crudas estadísticas. Pero, ¿el aumento de los casos de violencia es un acrecentamiento de esta o, simplemente, un aumento de la capacidad de registrarla? De un lado, sucede de modo semejante a lo que pasa con el conteo de casos de Covid-19 que, en el Perú, han aumentado drásticamente desde que se han incrementado los test (pruebas serológicas o moleculares). De otro lado, sí es un hecho fehaciente y comprobado que cada vez son más las mujeres que se atreven a denunciar. En consecuencia, lo más probable es que aún no hemos llegado a determinar el diagnóstico verídico porque, para lograrlo, debemos terminar primero el diseño de la estructura nacional con enfoque de género e intercultural adecuada para el registro de casos. De ahí que el monto en el registro de los casos de violencia de género no significa necesariamente que esta haya aumentado. No obstante, el indetenible incremento de los índices de feminicidio y tentativas de feminicidio fue suficiente argumento para que el 2 de junio de 2018 el Presidente Martín Vizcarra declarara de interés nacional y prioritario la lucha contra la violencia hacia las mujeres[23].

De ese modo, y por primera vez, fueron destinados recursos presupuestales específicos para una actuación multisectorial de emergencia en materia de prevención y atención a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. De este modo, entre 2018 y 2019, el presupuesto extraordinario destinado a combatir tal pandemia social llegó a 260 millones de soles aproximadamente[24]. La Comisión designada promovió, aparte, la adopción del “Plan de Acción Conjunto” (PAC) para prevenir la violencia contra las mujeres, y marca un hito como estrategia articulada para responder a la grave amenaza contra la integridad, salud y vida de las víctimas de la violencia de género. En ese mismo sentido, el MIMP lanzó en el 2018 el “Observatorio Nacional de la Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar”[25], sitio web que reúne la data de seis instituciones públicas que intervienen en casos de violencia en el país y que incluye el “Portal Web Estadístico” del PNCVFS, que analiza y difunde información actualizada sobre la violencia.

Linea 100 víctimas de violencia

Cada vez más mujeres se atreven a denunciar que son víctimas de violencia, lo que ha incrementado el registro de casos. Pese a ello, el número de feminicidios y sus tentativas se ha visto incrementado.

A pesar de todos estos esfuerzos notables, el año 2019 fue el año de mayor índice de feminicidios en el Perú. Por ello, y a raíz de la marcha “Ni Una Menos Perú, 2019: Marcha Nacional Por Mujeres Libres De Violencia”, las deudas decidieron unirse y conformar el colectivo “Familias unidas por justicia: ni una asesinada más”, que hoy agrupa a veinte familias de afectadas, denominadas por el Estado como “víctimas indirectas” de los feminicidios, lo que remite y comprende a las personas dependientes de la mujer fallecida, como niños, niñas y adolescentes, quienes incluso han sido testigos presenciales del asesinato de su madre a manos de su padre o conviviente[26]. En la marcha, la actual ministra Gloria Montenegro se comprometió con su lucha, y desde entonces se ha comenzado a entablar –por primera vez– un canal directo entre el Estado Peruano y los familiares de víctimas de feminicidio, el cual se ha cristalizado en un bono económico de 300 soles mensuales por hija, hijo o persona económicamente dependiente de la víctima[27]. Esta situación nos da una idea del amplio camino que, como sociedad, nos falta por recorrer para contrarrestar la pandemia del patriarcavirus.

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[1] Servicio telefónico gratuito con información, orientación, consejería y soporte emocional a víctimas de violencia familiar o sexual, o a quienes conozcan algún caso de maltrato.
[2] Doce feminicidios y 226 violaciones deja la cuarentena por COVID-19 en Perú. El Diario, 9 de mayo de 2020. https://www.eldiario.es/sociedad/Doce-feminicidios-violaciones-COVID-19-Peru_0_1025397535.html
[3] BALLÓN, Alejandra. La necropolítica de la sagrada familia en los tiempos del COVID-19. Noticias SER. 28 de marzo de 2020
[4] Propongo el concepto de patriarcavirus para referir a la violencia de género en cuanto cultura acelular que se reproduce molecularmente dentro del genoma del sistema patriarcal. El término fue utilizado en el contexto activista del 8M, 2020 en España.
[5] Según la teoría de Thomas Malthus, se planteaba que el número de individuos crece más rápidamente que los medios de subsistencia (los alimentos), y apelaba a reducir las tasas de natalidad, especialmente de las clases desfavorecidas (N. del E).
[6] Mediante Decreto Supremo Nº 008-2001-PROMUDEH se creó el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), como órgano dependiente del Despacho Ministerial del entonces Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo, en el marco de la derogada Ley Nº 26260, “Ley de Protección frente a la Violencia Familiar”.
[7] “Considerando que la violencia contra las mujeres constituye un fenómeno de enorme trascendencia social, política y económica en el país, el gobierno peruano se propuso elaborar un plan de 5 años, que sirva de marco para enfrentar el problema de manera integral e intersectorial, en cumplimiento de los tratados suscritos y ratificados por el Estado peruano y de los compromisos internacionalmente asumidos por éste.” (MIMDES, 2002:5). MIMDES, Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer (2002-2007).
[8] El 23 de diciembre de 2005, ante las acciones de prioridad nacional que llevaba a cabo el PNCVFS para prevenir y reducir la violencia y diversas formas de abuso y explotación sexual, mediante Decreto Supremo Nº 012-2005-MIMDES, se le constituyó como Unidad Ejecutora para que pueda contar con la desconcentración administrativa propia de su naturaleza.
[9] El 04 de mayo de 2007, el PNCVFS perdió la condición de Unidad Ejecutora. Mediante Decreto Supremo N° 005-2007-MIMDES; sin embargo, ello fue dejado sin efecto a través de la Ley Nº 29247 de fecha 24 de junio de 2008.
[10] DS Nº 003-2009-MIMDES, Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015.
[11] Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Diario El Peruano, Lima, Perú, 6 de noviembre de 2015.
[12] DS Nº 006-2015-JUS, Decreto Supremo que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995-2001 y crea el registro correspondiente. Diario El Peruano, Lima, Perú, 5 de noviembre de 2015.
[13] RM, 262-2015.
[14] En febrero de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski firmó un compromiso con la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, donde aseguró que el Estado brindaría servicios especializados en salud mental.
[15] Al momento del indulto Alberto Fujimori se encontraba cumpliendo condena por graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el 3 de octubre de 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró inaplicable el indulto otorgado al expresidente y fue nuevamente recluido en el penal de Barbadillo.
[16] En 2016, el MIMP destinó para el REVIESFO 3.782.157 soles y en 2017 este aumentó a 5.155.686 soles, para el año 2018 el MIMP solicitó mediante el Oficio N° 655 – 2017 a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el monto de más de 7 millones de soles.
[17] MIMP, 2016. Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021.
[18] Si bien, en 1963 Robert Stoller fue el primer autor en introducir la distinción sexo/género en el 23º Congreso Psicoanalítico Internacional de Estocolmo, para diferenciar el concepto de identidad de género del término identidad sexual, en la década del setenta fueron las teóricas feministas (Millett, Oakley, Chodorow, Greer, entre otras) quienes se apropiaron del término anglosajón gender para situar la vigencia de las diferencias sociales y culturales en oposición a las biológicas.
[19] DS Nº 008-2016-MIMP. Diario El Peruano, Lima, Perú, 26 de julio de 2016.
[20] LA REPÚBLICA, 14 de agosto de 2016: Ni una menos: regiones también marchan contra la violencia de género.
[21] 13A, NUM PERÚ 2016 (17 de julio de 2019): http://niunamenosperu.pe/2019/07/17/13a-num-peru-2016/
[22] EL COMERCIO, 18 de enero de 2020: Consejo presidido por Vizcarra alista 21 proyectos sobre reforma judicial.
[23] Ante las declaraciones del presidente se instaló la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal denominada “Comisión de Emergencia encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer” (Resolución Suprema N° 129-2018-PCM).
[24] MIMP, 2019. Informe Plan de Acción Conjunta.
[25] MIMP lanza observatorio nacional de la violencia contra mujer e integrantes del grupo familiar (Nota de Prensa) 31 de marzo de 2018: https://observatorioviolencia.pe/noticiaobservatorio2/
[26] BALLÓN, Alejandra. La lucha de las Familias Unidas por Justicia. Ni una Asesinada Más. Noticias SER. 29 de abril 2020.
[27] DS N.° 089-2020-EF Diario El Peruano, Lima, Perú, 22 de abril de 2020.

Invierno 2020


Alejandra Ballón Gutiérrez

Investigadora social y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).