La violencia familiar en zonas rurales

La violencia familiar está muy presente en nuestro país y es un problema de graves consecuencias a nivel individual y colectivo. El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI define como violencia familiar toda agresión ocurrida en el seno de la familia.

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) recoge cada año información sobre la prevalencia de la violencia familiar y sus distintos tipos, particularmente la violencia contra la mujer y contra los niños y niñas. Gracias a esta encuesta sabemos que la violencia familiar está aún muy presente en la vida de las familias peruanas: sabemos por ejemplo que el 72% de mujeres que alguna vez estuvieron unidas, sufrieron algún tipo de violencia por parte de su esposo o pareja, es decir, 7 de cada 10 mujeres[1].

El tipo de violencia más común fue la violencia sicológica o verbal (69,4%), que involucra insultos, amenazas, humillaciones, etc.; en segundo lugar aparece la violencia física: un 32% de mujeres sufrieron este tipo de violencia, que incluye golpes, empujones, patadas, bofetadas, etc. Finalmente un 7.9% sufrieron violencia sexual[2].

En cuanto a los niños y niñas, la encuesta indica que entre las principales formas de castigo están la reprimenda verbal (74,9% los padres y 72,6% las madres), la prohibición de algo que les gusta, y los golpes (25.6% los padres y 28.6% las madres).

En la ENDES 2014 la violencia contra las mujeres en sus distintas modalidades (excepto la violencia sexual, donde ocurre lo inverso) ha sido ligeramente menor en zonas rurales (1 o 2 puntos porcentuales). No ocurre lo mismo sin embargo con la violencia hacia los niños y niñas: los golpes y el castigo físico hacia los niños y niñas se dan en el 40,5% de los hogares rurales, mientras que esto ocurre en el 24,5% de los hogares urbanos.

Algunos departamentos presentan un porcentaje mayor de violencia, como Huancavelica, que ocupa el 2º lugar en violencia contra las mujeres, con un porcentaje de 81.1% de mujeres que fueron agredidas alguna vez por su pareja. La violencia física contra los niños es igualmente más alta que el promedio nacional, con 43% de hogares que la reportan.

Justamente es en Huancavelica donde venimos desarrollando un estudio de seguimiento a un proyecto que busca prevenir y reducir la violencia contra los niños y las mujeres en el distrito de Seclla, provincia de Angaraes, una zona eminentemente rural[3]. Para ello hemos realizado encuestas, entrevistas individuales y grupales, dinámicas participativas, etc., a fin de comprender mejor la problemática en la zona.

Una de las primeras cosas que encontramos es que la proporción de hogares que usan castigos físicos es mucho mayor en el distrito de Seclla que la reportada en la ENDES a nivel nacional y regional: un 60.2% de hogares utilizaban castigos que podemos considerar violencia física, como el uso del látigo o tres puntas, los golpes, la correa, etc.[4] En distritos vecinos, este porcentaje era aún mayor: 69.7%, lo cual nos muestra que a nivel local la situación puede ser mucho más grave de lo que nos muestran los promedios nacionales.

Ser víctima de violencia en la infancia hace más probable que al llegar a la edad adulta estas mismas personas sean, o bien víctimas, o bien perpetradores de violencia; tanto violencia de pareja como contra los niños y niñas, reproduciéndose así un círculo vicioso.

En el estudio, las madres reportan formas de castigo físico que hemos clasificado como violencia leve (pellizcos, jalones de pelo u orejas) y moderada (látigo, correa, ortiga, palo), pero no reportan formas de violencia severa o grave (puñetes, patadas, ahogamientos o asfixia). La violencia grave parece menos recurrente, más asociada a los titulares de la escena urbana, a los casos extremos. Sin embargo, las formas leves y moderadas muestran una masiva presencia y ello tiene que ver con el uso del castigo como estrategia de crianza y práctica para disciplinar a los niños, que es más cotidiana y constante por eso mismo.

Otro hallazgo importante del estudio tiene que ver con la experiencia de las madres o cuidadoras de estos niños: el 89% de ellas sufrió algún tipo de violencia en su infancia, dato que nos habla de prácticamente una generación entera socializada en el uso de la violencia como medida correctiva[5]. En las entrevistas aplicadas a autoridades comunales y distritales, que justamente son las llamadas a tratar estos casos, encontramos que entre las propias autoridades esta experiencia era también muy común, lo cual muchas veces evitaba que vean el fenómeno de la violencia doméstica como un problema, tomándolo como algo natural, una costumbre, parte de la idiosincrasia de la zona.

La violencia contra los niños no es sin embargo algo “natural”, es algo social: ha sido construida como legítima y válida a través de la historia, en períodos específicos y a través de ciertas instituciones. Y desde hace algunas décadas viene siendo también cuestionada por personas, instituciones y estudios variados.

Múltiples evidencias científicas han demostrado, por ejemplo, los efectos negativos de la violencia contra los niños a corto, mediano y largo plazo, ya que afectan su salud y nutrición, su capacidad de aprendizaje y su rendimiento escolar, el desarrollo de sus emociones así como su capacidad de respuesta al stress[6]. Más importante aún, ser víctima de violencia en la infancia hace más probable que al llegar a la edad adulta estas mismas personas sean, o bien víctimas o bien perpetradores de violencia, tanto violencia de pareja como contra los niños y niñas, reproduciéndose así un círculo vicioso.

Por ello resulta necesario difundir esta información, ofrecer formas no violentas de corrección a las familias, así como estrategias que les permitan asegurar e incrementar el bienestar de sus hijos e hijas. En este punto vale la pena preguntarse qué se viene haciendo desde el Estado peruano al respecto y ahí hay importantes novedades.

Para empezar, por primera vez, el actual Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNIA), que abarca del 2012 al 2021, establece como una de sus metas emblemáticas lograr que en el país no se maltrate a la infancia y que disminuya la violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes. Los anteriores PNIA no hacían referencia explícita y prioritaria a este aspecto, por lo que podemos considerarlo un importante avance en nuestro marco normativo.

El Perú cuenta también con un Programa nacional contra la violencia familiar y sexual, parte del Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables (MIMP), y viene expandiendo los Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional, los cuales se encargan de ofrecer orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. Sin embargo, su cobertura es aún limitada. En la zona donde trabajamos, el CEM está ubicado en la capital provincial de Angaraes, en un centro poblado a dos horas de la capital distrital e incluso a mayor tiempo de algunas comunidades, lo que limita su capacidad de intervención en los varios distritos de la provincia. Asimismo, en el estudio que venimos realizando hemos podido notar que los puntos de atención, cuando surgen situaciones de violencia familiar, son diversos (postas de salud, comisarías, DEMUNA, CEM, juez de paz) y que  las rutas de atención son por lo mismo confusas, complicadas, mal planteadas para pobladoras que viven a considerables distancias a pie de la capital, poco pertinentes cuando quien atiende no habla la lengua predominante en la localidad y que en ocasiones, lejos de ayudar a las víctimas, algunas autoridades terminan dando la razón a los victimarios. Ello coloca importantes y urgentes desafíos para la formación y capacitación de los operadores de justicia locales.

Afortunadamente hay más claridad en la actualidad, así como abundante evidencia, de que la problemática de la violencia familiar no es un asunto ni natural ni meramente privado, sino que debe involucrar la acción decidida del Estado, la participación de la comunidad y la reflexión constante con las familias y los niños y niñas sobre los derechos de la infancia.

[1] ENDES 2014
[2] Ibid
[3] Proyecto “Construyendo Entornos Saludables y Protectores para Reducir la Violencia Infantil en el Distrito de Secclla: ‘Con Cariño y sin Rigor’”, desarrollado por la ONG TADEPA (Taller de Promoción Andina).
[4] ALDANA, Úrsula; Patricia AMES; CRISÓSTOMO, Mercedes y Sarita ORÉ. La violencia infantil y el entorno doméstico: puntos de partida para una propuesta de prevención en Huancavelica. Documento de trabajo 213, Lima: Instituto de Estudios Peruanos – IEP 2015.
[5] Ibid.
[6] FEIGELSON, Michael J. Prevenir la violencia en la vida de los niños pequeños: una prioridad de nuestra fundación. En: Espacio para la infancia 35: Violencia Oculta: protegiendo a los niños pequeños en el hogar. La Haya: Fundación Bernard van Leer. 2011


Patricia Ames R.

Investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y profesora del departamento de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú.




La violencia contra las mujeres indígenas de la Amazonía peruana

Las mujeres indígenas de la Amazonía Peruana cumplen diversos roles activos y fundamentales en las sociedades a las que pertenecen; sin embargo, muchas veces su participación en la esfera pública es invisibilizada o limitada. También, producto de las diversas concepciones culturales en torno a la violencia, suele ejercerse violencia contra ellas, sea en sus relaciones de pareja, de parentesco, a nivel comunal, en el vínculo con la población colona o mestiza, a nivel nacional (vínculo con las diversas instituciones públicas), entre otros. En tal sentido, el propósito del presente artículo es explorar los escenarios desfavorables que permiten la reproducción de la violencia y, por lo tanto, las situaciones de impunidad que se generan ante los espacios de denuncia.

Situaciones de violencia contra las mujeres indígenas amazónicas

El término indígena hace referencia a la identidad étnica, ubicando a las personas en el universo de relaciones que existen en una sociedad determinada. Parte de esta identidad la conforman la autodeterminación étnica, la lengua materna y el vínculo con el territorio.

En el Perú ser indígena está directamente relacionado a situaciones de discriminación y condicionado por un contexto histórico de exclusión (económica y social) o un asistencialismo precario por parte del Estado y del resto de la sociedad nacional. De este modo, la mayoría no accede a servicios de calidad, lo que se demuestra en el deficiente acceso a la salud y a la educación intercultural con calidad.

Ahora bien, esta situación se acentúa para el caso de las mujeres indígenas amazónicas, quienes logran acceder a menos servicios y bienes y suelen ser más excluidas, en gran parte por una barrera de género. Esta barrera, en muchos casos, limita sus potencialidades y suele relegarlas a un espacio privado antes que el público. Y si bien la construcción cultural del género en los pueblos indígenas amazónicos es diversa, en muchos casos se adjudica a los hombres las funciones, responsabilidades y atributos del ámbito público, de manera que, por ejemplo, en la lógica de mercado que predomina en las distintas sociedades, la mujer se encuentra en desventaja, puesto que el espacio público es más valorado y brinda acceso a la toma de decisiones en torno al uso del dinero y desplazamiento[1].

Es importante señalar que la predominancia de las relaciones de mercado ha venido generando grandes cambios al interior de la dinámica familiar. Por ejemplo, Espinosa refiere que ante la salida de muchos varones de sus comunidades por periodos largos para poder obtener salario se ha producido una recarga laboral extra para las mujeres indígenas, quienes se encargan de las tareas de crianza de los hijos y también de las tareas agrícolas. Así también, se han venido produciendo en las familias frustraciones a causa de la presión económica, lo cual también suele verse reflejado en situaciones violentas al interior del hogar[2].

Por otro lado, esta presión económica ha generado que muchas jóvenes indígenas migren a las ciudades para trabajar. Sin embargo, los puestos de trabajo a los que acceden son de empleada doméstica, o vinculados a la atención en bares u otros lugares donde están expuestas a situaciones forzosas y vulnerables a situaciones de violencia sexual.

Situaciones de impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres indígenas

Ahora bien, entendemos la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta que, basada en su condición de género, cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado[3]. Sin embargo, estas formas de violencia no son restrictivas y más bien, se espera que los Estados contemplen un amplio catálogo que incluyan las diferentes manifestaciones culturales y sociales que adopta la violencia en cada contexto. Así, por ejemplo, en muchas comunidades indígenas se puede considerar el embarazo forzado, la violencia patrimonial o el juicio de mujeres por brujería como formas de violencia contra la mujer.

Es reconocido que esta violencia se manifiesta de forma distinta en diversos contextos, afectando las diferentes relaciones sociales pero, sobre todo, suele instituirse como práctica cotidiana que se reproduce de generación en generación. Lamentablemente, aún se cuenta con cifras limitadas (en tanto no diferenciadas según su identidad étnica) en torno a la violencia contra la mujer. Si bien la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES[4] ha generado data por regiones y departamentos, hay que observarla con cuidado, puesto que las mujeres indígenas se enfrentan a barreras económicas, de género y étnicas que limitan considerablemente su acceso a la justicia ordinaria, de manera que no suelen denunciar y, por tanto, las cifras variarían considerablemente.

Esta triple discriminación se refleja en el poco acceso al mercado, la falta de acceso a la propiedad de la tierra, los niveles de analfabetismo, de abandono escolar, entre otros. Como consecuencia, las mujeres son menos conscientes de sus derechos y libertades, limitando su acción al ámbito familiar o comunal para obtener justicia, espacios en los que se suelen reproducir aún concepciones que encasillan los roles de las mujeres, dependiendo de la organización local. Por ejemplo, en algunas comunidades asháninkas, se presentaba que desde los familiares, la culpa de la violencia recaía en la figura de la mujer, puesto que no cumplía adecuadamente con sus labores domésticas, no era una buena esposa, entre otros. Este problema se agudiza cuando las mujeres residen en la casa de la familia del esposo, o peor aún, cuando el esposo es colono, con distintas prácticas culturales.

Por otro lado, a nivel comunal, cuando las mujeres indígenas acuden a las autoridades indígenas (justicia comunitaria) para denunciar algún acto de violencia contra ellas, hay ocasiones en las que la falta de credibilidad de parte de las autoridades predomina o se considera que son temas que se deben abordar a nivel privado. Así también, muchas autoridades indígenas solo toman cartas en el asunto cuando se trata de actos violentos reiterados o si están generando efectos directos a nivel comunal, pocas veces apoyando o derivando los casos hacia la justicia ordinaria, inclusive si se tratara de violencia sexual.

Ahora bien, el acceso de las mujeres indígenas amazónicas a la justicia ordinaria es muy limitado, realizar una denuncia en este sistema resulta inalcanzable, pues se trata de un proceso lento, costoso y ajeno. Por ejemplo, los Centros de Emergencia Mujer, las Comisarías de la Mujer, la Fiscalía, entre otros, suelen estar en las ciudades, lo cual implica gastos en pasajes desde las comunidades y en estadías, ya que el proceso suele ser lento. Del mismo modo, el personal de estas instancias en muchas ocasiones se encuentra alejado de la realidad indígena, de modo que se presentan barreras culturales e idiomáticas también.

Estos factores provocan en las mujeres una sensación de vulnerabilidad y de desamparo ante las situaciones de violencia. Sin embargo, hay otros factores que influyen positivamente, tal como la mayor participación política de las mujeres indígenas, en tanto que existen organizaciones indígenas de mujeres que brindan espacios de fortaleza y apoyo, y también el hecho de que muchas de ellas ya sean autoridades locales. Ambos procesos contribuyen, cada vez más, a mermar las situaciones de impunidad, y con ello, a una mayor protección a los derechos de las mujeres.

[1] Cabe señalar que también hay experiencias que se escapan de estos modelos, como es el caso del pueblo shipibo y su articulación al mercado a través de la venta de artesanías. En este caso, la mayoría de mujeres del pueblo shipibo producen y venden artesanías, y son ellas mismas quienes se reservan el derecho de decidir sobre este ingreso. Este tipo de relaciones de mercado ha influido para que las mujeres shipibas se organicen tempranamente y formen las primeras organizaciones femeninas, en comparación a mujeres indígenas de otras etnias. Esto demuestra que las mujeres también pueden influir en las decisiones económicas y cuentan en muchos casos con capacidades propias para generar ingresos (Belaunde 2005: 27).
[2] ESPINOSA, Oscar. Relaciones de género en las sociedades indígenas de la Amazonía: discusiones teóricas y desafíos actuales, pp. 183-202. En: BARRIG, Maruja. Fronteras interiores: identidad, diferencia y protagonismo de las mujeres. Lima: IEP. 2007.
[3] Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer, 2009-2015. Lima 2009.
[4] Los datos sobre violencia contra la mujer son construidos por los Centros de Emergencia Mujer, con base a las detenciones; por la Policía Nacional del Perú (PNP) teniendo en cuenta las denuncias formuladas en las Comisarías y desde el INEI a través de la ENDES.


Judith Hernández

Ex investigadora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP.




Nuestros Desaparecidos (1980-2000): un gran pendiente por resolver

La violencia terrorista suscitada entre los años 1980 y 2000 dejó en la sociedad peruana hondas fracturas y un elevado número de personas muertas y ausentes. Poblaciones mermadas económica, psicológica y moralmente, y más de 69 mil víctimas entre muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2003).

Los años posteriores al apogeo de la violencia el país asumió públicamente dos retos importantes: la consolidación del sistema democrático y la recuperación económica (como un reto mayor).

La creación de la CVR, en este contexto, fue asumida como signo del entendimiento político de que para alcanzar el primer reto era imprescindible asumir las causas, los hechos y atender las secuelas de este periodo infausto. Sin embargo, tras la publicación del Informe final de la CVR, y antes de este, el entendimiento político fue puesto en cuestión muchas veces.

Las conclusiones sobre las causas, los hechos y las responsabilidades resultaron “agraviantes” para parte del sector político y de los distintos actores  de la sociedad. Como en otros países, las explicaciones del conflicto, las cifras de muertos y desaparecidos generaron escándalo y vergüenza. Las generaciones que vivieron el conflicto o en conflicto durante esta época han oscilado entre posiciones y actitudes distintas: denuncia, negación, silencio, recuperación de la expresión de la palabra, recogimiento, miedo, aceptación de los hechos, y búsqueda de la reconciliación, en algunos casos.

Procesar las heridas de la violencia no ha sido ni es sencillo en el Perú. Estas actitudes han signado también los avances en la implementación de las recomendaciones de la CVR. Los informes de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos refieren estadísticas que desestiman los cuestionamientos a las cifras de la CVR y niveles de avances cuantitativamente significativos. El número de víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas (casi 128 mil) supera la cifra estimada por la CVR; el avance en el pago de reparaciones económicas (97%) y el acceso a becas de educación (1171), pese a sus cuestionamientos y aspectos por mejorar, han sido numéricamente significativos en el último gobierno. No obstante, los procesos de justicia, la política de memoria, de verdad y de búsqueda de personas desaparecidas no son estadísticamente alentadores. Las disputas políticas alrededor de las memorias no han permitido que las recomendaciones referidas a reparaciones o la búsqueda de las y los desaparecidos abonen significativamente al fortalecimiento de la reconciliación nacional.

La Defensoría del Pueblo ha señalado en distintas oportunidades que, pese a los avances en reparaciones, la demora, las exclusiones y limitaciones en la implementación de los programas de reparación, merman significativamente el carácter integral y reparador del Plan Integral de Reparaciones, así como el archivamiento de los casos o la absolución de acusados de violaciones de derechos humanos generan impunidad. También ha llamado la atención por la notable falta de voluntad estatal por mejorar la situación de las familias afectadas por la desaparición forzada durante 1980 a 2000.

Distintas organizaciones de la sociedad civil, y la Defensoría, han señalado que la búsqueda de personas desaparecidas es la recomendación con menos avances en los últimos doce años. En el año 2015 el Ministerio Público y el Registro Único de Víctimas han reportado más de 15 mil personas desaparecidas entre los años 1980 y 2000, y casi 6500 fosas comunes por exhumar. Se calcula, además, que existen entre 3 y 5 familiares cercanos alrededor de cada caso, 60 mil peruanas y peruanos que siguen esperando poder descartar la muerte de sus familiares y darles un entierro digno.

Adelina García, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú – ANFASEP, y esposa de Zósimo Tenorio (desaparecido en 1983), en una entrevista comentaba la aparente indolencia de los gobiernos, quienes se han mostrado renuentes a optimizar los mecanismos de búsqueda de las personas desaparecidas. “Nos duele cuando las autoridades o la gente misma dicen: “esto es cosa del pasado, solo se victimizan todo el tiempo”; pero no es así, no nos victimizamos, nosotras buscamos a nuestros seres queridos porque también eran personas, peruanos y peruanas”. Ella nos recuerda que las personas desaparecidas nos faltan a todos.

En la actualidad la única vía para recuperar los cuerpos de los desaparecidos inicia con la denuncia ante el Ministerio Público y continúa con un largo proceso judicial que no todas las familias pueden sostener y costear. Según el Ministerio Público, el 85% de las denuncias por desaparición se encuentran en proceso de investigación preliminar.

El Estado mantiene una visión judicialista de la búsqueda de desaparecidos; es decir, se requiere de culpables, si no hay culpables no es posible investigar. Un problema recurrente hace más de 30 años es la relativa posibilidad de lograr que el Ministerio Público pueda abrir una investigación. La mínima búsqueda depende de un proceso penal que puede estancarse por falta de pruebas contra los culpables, la ausencia de testigos a causa de su fallecimiento, por falta de fiscales y jueces, y por falta de recursos económicos. En muchos casos, los familiares poseen escasas posibilidades para identificar al agente responsable de la desaparición porque, como es conocido, las desapariciones estuvieron a cargo de tropas, comandantes o terroristas y emerretistas que usaban alias.

Se requiere cambiar la visión de la búsqueda hacia un enfoque humanitario que facilite a los y las familiares lograr recuperar los cuerpos, iniciar el cierre del duelo y la recuperación de su salud mental. En 2015, ANFASEP, organización precursora de la búsqueda de desaparecidos, denunció que 33 de sus socias fallecieron sin conocer el paradero de sus hijos, esposos y demás familiares. Por su parte, las viudas y familiares de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, señalaron la ausencia de registros de sus familiares desaparecidos en combate y el cierre de las investigaciones para su búsqueda luego de tres años.

En 12 años solo han sido entregados 1644 restos (10.4% del total). Se han excavado 4 mil sitios de entierro, se han recuperado 3 mil cuerpos (20% del total), solo se ha logrado determinar la identidad de 1833 cuerpos recuperados. La Fiscalía no se da abasto para atender todos los casos oportunamente; un ejemplo es el caso Raccaya, cuyos familiares, después de 30 años, lograron recuperar los restos de sus desaparecidos en octubre del año pasado.

Solo la identificación de la persona desaparecida, puede demorar entre 4 a 6 años por cada caso. El proceso penal previo, y la posterior entrega de restos, puede demorar algunos años más. En su mayoría, los familiares poseen escasos recursos y viven en localidades alejadas. Quienes consiguen sentar la denuncia se ven obligados a suspender sus trabajos y tareas regulares para concurrir a declaratorias ante los fiscales, tomas de muestras de ADN, exhumaciones, reconocimientos de prendas de sus familiares; todo ello sin mayor amparo que el de sus propios recursos económicos y humanos, situación que pone en riesgo la subsistencia de estas familias. Por otra parte los procesos de investigación fiscal y de entrega de restos se han caracterizado por carecer de asistencia psicológica a los familiares o comunidades donde se llegaron a desenterrar los restos.

Se requiere humanizar el proceso de búsqueda. Una ley de búsqueda que permita articular los esfuerzos de la Fiscalía y las demás entidades responsables, a fin de posibilitar la oportunidad de todos los y las familiares de recuperar los restos de sus seres queridos.


Miluska Rojas

Secretaria Ejecutiva del Movimiento Ciudadano “Para Que No Se Repita” – PQNSR.




Ausencia de Diálogo y Debate en las redes sociales

Nuestra sociedad, cada vez más atravesada de tecnología, sufre de una dolencia: la falta de diálogo, la ausencia de deliberación. Parecemos no tener capacidades de empatía y de comprensión colectiva, porque no buscamos entender al que piensa distinto sino simplemente afirmar nuestra posición, si es posible despreciando al otro.

La abundancia de tecnología, a su vez, parece tener que ver directamente con esta condición. Como aumenta nuestra conexión con otros, sin que venga acompañada por mayor vocación para aprender más de aquello que no es directamente de nuestro interés, atribuimos a la tecnología el origen de esos males. Quisiera proponer que la tecnología apenas acelera y agudiza una tendencia social que viene de antes, y que sin duda estaba ya ocurriendo antes que lo que ahora llamamos comúnmente tecnología, y que quizá debería recibir un epíteto más claro, fuera tan común en la vida cotidiana.

En general, es posible postular que la ausencia de empatía en las comunicaciones digitales, como las que realizamos en Facebook, son la continuación de la llamada Espiral del silencio[1], la tendencia que presentan los individuos a reprimir sus opiniones cuando estiman que la mayoría no las comparte. Aunque desarrollada en la era de la comunicación masiva, como la televisión, la Espiral del silencio sistematiza la noción intuitiva que es difícil sobreponerse a la mayoría y, por ende, que es complicado lograr proponer explicaciones alternativas o, al menos, promover el dialogo sobre temas complejos. Sin duda, cuando existen relativamente pocos espacios para expresión de ideas (como hace unas tres décadas con unas cuantas estaciones televisivas, radios de entretenimiento y diarios ideologizados) hay poco lugar para que una persona pueda manifestar puntos de vista distintos.

La personalización de la experiencia tecnológica que vivimos en la actualidad ha cambiado profundamente nuestra manera de comunicarnos, pero no necesariamente el problema de la unanimidad de puntos de vista. Tenemos muchos más canales, y ciertamente es más fácil encontrar personas que piensen como nosotros. Pero las opiniones enfrentan menos oportunidades de debate precisamente porque buscamos esos espacios de unanimidad. La controversia parece ser poco atractiva y queremos más bien escuchar a aquellos que nos permitan sentirnos cómodos en nuestras certezas.

Espacios como Facebook son precisos para eso. Aunque se le suele llamar “red social”, es en realidad un medio social, es decir un medio de comunicación construido a partir de las interacciones de sus usuarios, por oposición a otros medios donde el contenido es uno solo y lo importante es la cantidad de personas que lo reciben. El muro de cada usuario de Facebook es distinto a cualquier otro porque es reflejo de sus interacciones sociales, de eso que la sociología llama “la red social”, es decir el conjunto de conexiones que cada persona construye a lo largo de su vida, con el fin de funcionar, vivir, comunicarse y sentir.

La red social de cada persona se manifiesta a través de un medio como Facebook a través de su lista de contactos, de la intensidad de los mismos, y de las interacciones que se producen. Es completamente natural que las personas con las que queremos interactuar más sean aquellas con las que estamos de acuerdo: nos sentimos cómodos y seguros en una conversación, pero no tanto en un debate.

El costo de esto es que la confianza se traduce en un ambiente más coloquial, donde es fácil optar por un lenguaje aparentemente casual, sin el mismo cuidado con el que nos expresaríamos delante de extraños; es lógico, puesto que esa red social no está hecha de extraños, sino todo lo contrario. Somos parte de un circulo en donde la facilidad de expresión, aunada a múltiples mecanismos para expresarnos más allá de las palabras, termina haciéndonos sentir no solo cómodos, sino dueños de la situación. Una forma de intimidad parece construirse en donde además de estar entre amigos, no hay testigos o extraños: podemos decir lo que pensamos sin los filtros habitualmente presentes en la vida social convencional.

Las recientes elecciones presidenciales son un buen ejemplo de esta tendencia. Como parte de un proyecto de investigación bajo el auspicio del Vicerrectorado de Investigación de la PUCP, hemos revisado el uso de Facebook por las candidaturas presidenciales con mayor votación. Aparte de la información propiamente política, es posible considerar la manera como las personas aprovechan esos espacios para expresar sus puntos de vista, e incluso para proponer conversaciones, en los pocos casos que lo hacen.

El patrón habitual es la manifestación de agrado o desagrado, sin mayor argumentación a favor o en contra, apenas reforzadas con expresiones retóricas por lo general coloquiales. Abunda también la expresión mediante imágenes, lo que genéricamente se conoce como “memes”, que reúne a toda una serie de posibilidades de combinación de imagen con texto para expresar ideas simples de manera directa. En pocos casos hay algún pedido de elaboración de ideas, una demanda por diálogo. El entorno se presta para la reafirmación de posiciones y, ciertamente, para la búsqueda de la aprobación, tanto del que origina la comunicación mediante un post (el candidato, o el equipo del candidato) como de los demás participantes.

Un ejemplo simple, tomado de la página de Facebook de un candidato: luego de un post con información sumamente genérica, un comentarista que firma como “Benito Ewok” manifiesta que, al igual que todos los demás ‘ewoks’, expresa su apoyo al candidato; y le pide que se comprometa con el futuro de todos los ‘ewoks’ del Perú. Lo refuerza con la fotografía de un ‘ewok’.

La campaña responde agradeciendo por el apoyo y le asegura que puede contar con el candidato, así, en términos genéricos. Múltiples manifestaciones de agrado, risa y diversión siguen al comentario original, incluyendo ‘emojis’ de aplausos por la “trolleada”, es decir, por hacer que alguien caiga en una broma sin darse cuenta.

(Aclaración: los ‘ewoks’ son personajes ficticios en la película de ciencia ficción El Imperio Contraataca, osos de peluches antropomorfizados que viven en pequeños campamentos en medio de bosques).

Ni la respuesta de la campaña, ni la actitud de los participantes, permite ser optimista sobre este tipo de espacios. Una broma, hasta cierto punto inocente, pero sin duda una señal de la utilidad de los espacios digitales. Por conveniencia, o falta de tino, no se busca convertirlos en espacios deliberativos o de debate, sino que se los trata con condescendencia, como los lectores tratan al espacio: no puede ser en serio, solo sirve para divertirse, o para indignarse o congratularse de su propia certeza.

El resultado es una plétora de espirales del silencio. Buscar crear debates requiere entonces vocación de diálogo; pero lo digital es, cada vez más, un espacio de confort para los usuarios y de marketing para los que controlan el tráfico, desde la misma empresa detrás del servicio hasta los que lo usan para fines políticos o comerciales. Lograr algo distinto requiere liderazgo, pero no será un proceso breve: para la mayoría de las personas, en todo el mundo, el placer de usar tecnología reside en no tener que aceptar otras voces, o reconocer la validez de otras opiniones.

Nada nuevo bajo el sol, salvo porque ahora hay muchos soles que no nos logran alumbrar.

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Espiral_del_silencio. Incluye referencias a las obras originales y a discusiones académicas sobre el tema.


Eduardo Villanueva-Mansilla

Profesor asociado del departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú Sus temas: nuevos medios, vida digital, informática comunitaria, aplicaciones y usos sociales de la tecnología de información y comunicación; derechos digitales.