Situación de los Refugiados, Refugiadas y solicitantes de asilo en el Perú

“Fuga” – Milan Dusek, 1969. Foto: ACNUR

En la actualidad, más de 50 millones de personas en el Mundo han sido arrancadas de sus hogares como consecuencia de las guerras, la violencia y la violación de los derechos humanos. Son hombres, mujeres, niñas y niños que han debido dejar todo atrás para escapar de la muerte, la tortura, el encarcelamiento y otras formas aberrantes de abusos, como la violencia sexual o el reclutamiento forzado.

El Informe anual “Tendencias Globales” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) sostiene que 51,2 millones de personas se encontraban en situación de desplazamiento forzado a finales del año 2013; de los cuales 16,7 millones son personas refugiadas que han debido abandonar sus países en busca de protección. Más de la mitad de los refugiados son mujeres y niños. Estos flujos humanos están presentes en todos los continentes, aunque se estima que el 86% de los refugiados se encuentran residiendo en países en desarrollo.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su protocolo de 1967 constituyen el principal instrumento internacional para la protección de las personas refugiadas. La Convención provee una definición objetiva de refugiado y además establece los principales derechos que deben asegurar los Estados para la protección y búsqueda de soluciones duraderas para las personas refugiadas. La Convención establece que el término “refugiado” se aplicará a toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.

El Perú es un Estado parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. El marco legal de protección de refugiados está principalmente contenido en la Ley de Refugiados N° 27891, aprobada en diciembre de 2002, y su Reglamento aprobado en octubre de 2003[1]. La ley establece la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) como órgano encargado de recibir, examinar, procesar y decidir las solicitudes del estatuto de refugiado. Las personas reconocidas como refugiados por la CEPR acceden a una residencia legal en el país y las autoridades les expiden un Carnet de Extranjería.

Según datos proporcionados por el ACNUR, hasta diciembre de 2014, residían en el Perú más de 1.300 refugiados y refugiadas provenientes principalmente de países como Colombia y Cuba, pero también de África, Oriente Medio y otros países de América del Sur. Con relación al género, las mujeres representan el 40% de la población de refugiados que residen en nuestro país. Además, se han registrado en los últimos años la llegada de aproximadamente 400 nuevos solicitantes de la condición de refugiado, principalmente provenientes de Colombia, Cuba, y en el último año también de Venezuela. Muchas de las familias refugiadas que llegan al país buscan encontrar en Perú un ámbito propicio para salvaguardar y reconstruir sus vidas, luego de haber huido de la devastación de los conflictos armados y la persecución.

Si bien es cierto que en materia de protección se destacan importantes avances como la adopción de una ley de refugiados, la propuesta de reforma a la Ley de Extranjería, o la inclusión de las mujeres refugiadas en el Plan Nacional contra la Violencia por Género, también es cierto que se presentan todavía importantes desafíos en relación a la demora promedio en el procedimiento de determinación de la condición de refugiado, las limitaciones de la documentación provisoria que se entrega a los solicitantes de asilo, los altos costos de la tramitación de residencia y de la documentación de refugiados reconocidos, así como los obstáculos para el acceso a los programas públicos de salud; en este aspecto es necesario señalar que los solicitantes de la condición de refugiado son excluidos como población beneficiaria de seguro integral de salud, y solo pueden acceder aquellos que tienen el estatuto de refugiado.

En relación a la asistencia humanitaria y la integración local, existe una gran dificultad para establecer vínculos con la comunidad de acogida debido a la existencia de prejuicios generalizados. La discriminación social y racial sigue siendo un tema de preocupación. A pesar de ciertos avances, se percibe a los refugiados, refugiadas y a los solicitantes de asilo como personas sospechosas que han huido de sus países por haber transgredido la ley por lo que hay un alto grado de discriminación asociada a su condición legal.

En el plano laboral, los refugiados, refugiadas y solicitantes de asilo enfrentan numerosas barreras para acceder un empleo digno; como las restricciones legales, la dependencia económica o los problemas de disponibilidad de tiempo derivados del cumplimiento de las tareas de cuidado en el medio doméstico en el caso de las mujeres. Además, la falta de conocimiento y el estigma ligado a la condición de refugiado contribuye a que los empleadores y las empresas se muestren reticentes a contratar a personas con ese estatus jurídico. Adicionalmente, los refugiados profesionales manifiestan que no pueden desarrollarse en sus respectivos campos de trabajo por la dificultad de revalidar los títulos.

Estos escenarios son solo una parte del problema que a diario tienen que enfrentar y ello genera situaciones mucho más complejas que, sin una debida asistencia y sin mecanismos de protección adecuados, los hacen más vulnerables en su condición. Un refugiado, refugiada o solicitante de asilo en situación de vulnerabilidad y desamparo puede ser fácilmente víctima de trata, redes de prostitución, depresión, delincuencia, y víctima natural de la violencia en todas sus formas.

En este contexto, el ACNUR y Encuentros – Servicio Jesuita de la Solidaridad, a través de un convenio marco, han establecido una asociación para asegurar la protección de los derechos fundamentales de los refugiados y solicitantes de asilo, así como facilitar su proceso de integración local en el país, a través de un servicio de atención y acompañamiento psicosocial que busca promover el desarrollo de sus capacidades para la generación de mejores oportunidades y condiciones de vida.

No es una tarea fácil, si consideramos las dificultades que tiene que superar esta población en un país tan complejo como el nuestro, pero desde nuestro espacio pretendemos, por un lado, contribuir a la atención de las necesidades básicas y al fortalecimiento de las capacidades y medios de vida sostenibles de la población refugiada y solicitante de asilo y, por otra parte, buscamos fortalecer la articulación con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para consolidar redes de protección e incidir en la mejora de las herramientas legales existentes y la promoción de políticas públicas favorables para nuestra población objetivo.

[1] Decreto Supremo Nº 119-2003-RE


César Ruiz

Coordinador de la Oficina de Atención a Refugiados y Solicitantes de Asilo de Encuentros SJS.

Juan Pablo Terminiello

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR




“El Cambio Climático no se queda en lo ambiental”

Entrevista realizada por Diana Tantaleán
(Apostolado Social)

La labor del Ministerio del Ambiente (MINAM) frente a las consecuencias del Cambio Climático en el Perú son muchas, pero todas conllevan un fuerte trabajo en conjunto y mucho diálogo. El responsable de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos, Eduardo Durand, nos habla sobre el compromiso asumido asumido a raíz de la COP 20 en Lima, las metas propuestas en materia medioambiental, los logros alcanzados y dificultades que afrontan.

El año pasado el Perú fue país anfitrión de la COP 20, ¿qué compromisos se asumieron en ese momento y qué tanto se ha avanzado con respecto a esos compromisos?

La Conferencia de las Partes (COP) constituye un proceso muy extenso de elaboración de compromisos graduales, orientado a reducir el daño potencial que puede sufrir la humanidad con el calentamiento global. Los compromisos que se adquieren en cada COP son aproximaciones a un objetivo final: asegurar la adaptación de los países y las poblaciones a los impactos del cambio climático y reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

El protocolo de Kyoto[1] no ha sumado suficientes soluciones para reducir las emisiones de GEI, por ello surgió la necesidad de crear un nuevo acuerdo climático mundial que comprometa a todos los países en la medida de sus capacidades. Esto se espera conseguir en la COP 21 de este año, en París.

Como parte del compromiso de la COP 20 se estableció que los países debieran presentar sus Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel Nacional (INDCs en inglés) por cada país, en términos de reducción de GEI. También se invitó a plantear sus compromisos en adaptación para reducir el impacto de los efectos del cambio climático en sus respectivos países. Los países en desarrollo tenían tiempo hasta octubre de este año para presentar las INDCs.

También ha habido otros compromisos, como el Plan de Acción de Género y Cambio Climático (PAGCC), que considera la variable de género en la manera de afrontar el cambio climático.

Otro acuerdo de carácter implementador es el incremento del Fondo Mundial del Clima a 10 mil millones de dólares, aunque la idea es llegar a una meta de cien mil millones de dólares anuales.

Las INDCs, en su primera fase de propuesta, plantean que alrededor de un 30% de las emisiones de GEI en el Perú se reduzcan para el año 2030. De ese 30%, dos terceras partes serán acciones para reducir emisiones por deforestación o mal uso del suelo, y la tercera parte restante será en energía, transporte, residuos sólidos y otras actividades industriales, productivas o económicas, etc.

¿En qué consiste la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático y en qué etapa se encuentra?

Tenemos conformada una Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC) con participación del sector público, privado, la sociedad civil e indígenas. Con esta Comisión se ha realizado la revisión de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC) desde el año 2010; este documento fue emitido por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) en el año 2003.

La Estrategia quiere plantear la forma en la que todos los elementos gubernamentales y no gubernamentales del Perú deben hacer planes, proyectos y programas que contengan una visión del cambio climático, que tengan previsión frente a él y que estas previsiones y problemas sean incorporadas en sus acciones de desarrollo. La estrategia es lograr que todos pensemos en cambio climático y que todos los sectores tengan Planes Estratégicos de Acción enmarcados en la ENCC.

La ENCC tiene dos objetivos fundamentales: la reducción de emisiones de GEI a largo plazo y tener una estrategia de adaptación. Esos objetivos están acompañados por cuatro medios de implementación: fortalecimiento institucional y gobernanza, pues necesitamos nuevas leyes; educar a la población en tema ambiental y capacitar a los actores; impulsar la investigación en cambio climático y desarrollo tecnológico para combatirlo; y financiamiento.

Todavía se está esperando la aprobación del presidente para convertir la ENCC, por Decreto Supremo, en un documento orientador de las acciones de desarrollo del país en términos de cambio climático.

También tenemos los NAMAs, que son las Medidas Nacionales Apropiadas de Mitigación. Estos NAMAs son un conjunto de acciones que, en determinado sector, están orientados a reducir emisiones. Los NAMAs ayudarán a cumplir con la meta de reducción de 30% al 2030; ellos indican el sector, la tecnología, las áreas y la forma de trabajo.

El Perú es considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático, ante esta realidad ¿no sería mejor la creación de una Ley de Cambio Climático?

El Perú es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático porque su territorio tiene 7 de las 9 condiciones que pone la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para indicar el nivel de vulnerabilidad.

La Ley de Cambio Climático sí sería, y debiera haber sido, el punto inicial; sin embargo, es difícil generar una Ley si no se tiene suficiente información sobre el país, y por ahí hemos empezado. En el 2010 presentamos nuestra Segunda Comunicación Nacional a la Convención sobre el estado del país frente al clima (en el 2001 fue la primera), y este 2015 vamos a presentar la Tercera Comunicación Nacional. Este es un informe periódico que presentamos a la Convención e indica nuestros avances en el conocimiento de los problemas, de los impactos recibidos y de las actividades que estamos haciendo. De aquí ha salido la ENCC y lo que se espera es que tengamos una Ley Nacional de Cambio Climático que le dé continuidad a las acciones de la ENCC, pues si no hay un compromiso que los sucesivos gobiernos respeten, va ser un problema.

Existe una organización internacional que promueve, en los congresos y parlamentos del mundo, la dación de normativas para cambio climático. Esta organización estuvo en contacto con el Congreso de la Republica y se formó un grupo integrado por más de 40 congresistas; ellos elaboraron hasta 10 propuestas de diferentes normativas sobre cambio climático que finalmente se concertaron en un dictamen unificado en el seno de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Se está esperando que lo presenten al Pleno del Congreso.

Sobre el financiamiento internacional destinado a acciones sobre cambio climático ¿qué se ha estado haciendo?

En financiamiento tenemos que ver varios aspectos: primero el financiamiento interno, pues los países tendremos que hacernos cargo de nuestros problemas en adaptación y en impacto del cambio climático.

También existen una serie de estudios de Cooperación Internacional que ven al Perú como un laboratorio de cambio climático y, a pesar que Perú ya no es visto como un país necesitado de cooperación internacional, siguen invirtiendo en proyectos regionales o experimentales de investigación.

Luego está el financiamiento internacional, que le llaman el financiamiento climático, donde está el GEF[2], que es más para ambiente en general; y luego está el Fondo Mundial del Clima[3]. Aquí todavía no existe ningún proyecto ejecutándose; toda la preparación administrativa y la previsión institucional del Fondo han tomado mucho tiempo.

Por el GEF hemos tenido alrededor de 15 millones de dólares. Nosotros hicimos un plan de Adaptación y mitigación en el año 2010 que dio como indicador alrededor de 3 mil millones de soles en proyectos de desarrollo vinculados a cambio climático. De esto hay cosas que tenemos en cartera, otras que se están haciendo o ya terminaron, y algunas que se ven para el futuro.

En el área de Bosques[4] hay un financiamiento específico. Fuimos elegidos entre 8 países del mundo para hacer un proyecto piloto de inversión forestal. Ahí se designaron 50 millones de dólares en el 2010. Todavía no se ha dado el desembolso pero se están formulando 4 grandes proyectos en inversiones forestales en conjunto con indígenas, sector privado, el Ministerio de Agricultura a través de SERFOR[5], etc., donde se utilizará ese fondo.

Con Noruega y Alemania, después de varios años de negociación, se ha aprobado un fondo de 300 millones de dólares para apoyar la reducción de emisiones por deforestación en la selva del Perú, en función del resultado que tengamos.

La implementación de los proyectos que vienen del financiamiento internacional, ¿corresponde al Ministerio del Ambiente o hay otro sector implicado?

Hemos hecho una gran lucha por incorporar a los gobiernos regionales, al Ministerio de Agricultura y Riego, a los empresarios, y también estamos nosotros. Estos cuatro grupos, más una asociación muy estrecha con SERFOR, luego de muchos años de dificultades, estamos trabajando en conjunto. Lo que es ambiente y cambio climático exige trabajarse multisectorialmente.

Lo que hace el MINAM es una coordinación ardua, solos no podemos avanzar. Esto se va entendiendo.

En todos estos conflictos medioambientales que tenemos en el país ¿qué rol cumple el MINAM?

Es un rol demasiado protagónico en relación a la capacidad que tiene el MINAM para tomar decisiones. La población ve que hay problemas ambientales y dice “¿qué hace el Ministerio del Ambiente?”. Pero si uno examina el problema verá que tiene origen social, minero, en la propiedad de la tierra, en la Constitución en cuanto al uso del territorio y los recursos, en la organización territorial o en el asentamiento de una ciudad. En ninguno de los casos tenemos capacidad de decisión.

El MINAM es, teóricamente, responsable de manejar bien el ambiente; sin embargo, casi no tiene ninguna responsabilidad directa en la gestión de este. En la calidad del aire están los municipios; en la calidad del agua y rellenos sanitarios está el Ministerio de Salud; en todo lo que sea uso del territorio para fines energéticos, hidrocarburos, gases, etc., está el Ministerio de Energía y Minas; en permisos de deforestación y cambio de uso de suelo está el Ministerio de Agricultura.

Personalmente creo que no debería ser un Ministerio, sino una Superintendencia del Ambiente que esté por encima de todo, así como está la SUNAT. Debió estar por encima de todas las decisiones del uso del territorio y de los recursos del ambiente.

Todos los años nuestro país sufre las consecuencias de los climas extremos: friaje, inundaciones, sequías. Lo que se incrementa con el cambio climático. Sin embargo, poco han hecho las autoridades locales y el gobierno central para prevenir algo que cada año sucede. Un ejemplo es el Fenómeno del Niño. ¿Por qué cree que es esta inactividad?, ¿qué falta para aplicar acciones de prevención?

Creo que fundamentalmente es nuestra idiosincrasia: en la mañana amanece, hay sol, y me dedico a cantar; en la noche viene el frío y nos hacemos el firme propósito que en la mañana temprano comenzaremos a tejer una chompa para estar preparados a la noche. Al día siguiente sale sol, otra vez estoy caliente, y nos olvidamos de la chompa.

También hay un problema de evolución de nuestros modelos de gobernanza (europeos o americanos) que no son apropiados a una realidad en la cual se suceden fenómenos imprevisibles permanentemente. Una tercera razón son los ciclos de gobierno y la ausencia de un proyecto nacional, con una legislación que asegure que lo que se construye en cuatro años también es para los años que vienen y tiene que continuar.

No podemos explicarnos esta locura: aún sabiendo que con la prevención se ahorra de cuatro a diez veces lo que se gastaría en remediación, no la aplicamos. En este momento vamos a gastar 3 mil millones de dólares en lo que están llamando “prevención”, pero ya no es prevención, es remediación. Si eso lo hubiéramos gastado, poco a poco, en prevención, serían 300 millones.

Nos contaba el antiguo Coordinador en Adaptación de la CONAM que en nuestra Primera Comunicación a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, del 2001, se puso: “en el año 2015 se prevé que habrá un Fenómeno del Niño más o menos intenso, como de los años 97 y 98”. Le dijeron al autor: “no seas alarmista, no pongas eso en la Comunicación”. No queremos ser alarmistas pero no somos en absoluto previsores y las dos cosas combinadas son fatales.

Para terminar ¿qué opinión le merece la Encíclica Laudato Si’?

Es una respuesta a gente que ha dicho todo lo contrario. Precisamente lo común, lo que todo el mundo necesita cuidar para que esté al servicio de todos, es lo que menos se cuida porque es común: nadie es dueño ni responsable de eso. Es ‘La Tragedia de los Comunes’[6].

Lo que el Papa ha hecho es recoger información que ya existe y ponerla en debate, sin ningún problema, frente a los poderes económicos y a las grandes corporaciones que defienden la estabilidad de su status quo. Lo que todo el mundo dice en voz baja lo ha dicho con voz fuerte y mucha valentía. Es una gran iniciativa que el Papa se haya pronunciado de esa manera y ha impulsado, sin duda alguna, la conciencia mundial.

Si uno lee el IPCC[7], que no tiene la fuerza ni el impacto espiritual del Papa, el impacto técnico está dicho ahí, con mucho tino y sin alarmar: hay 90% de probabilidades que esto ocurra o 45% de probabilidades que esto otro ocurra. No llega a decir “esto va a ocurrir”, el Papa sí lo puede decir. Somos los pasajeros del Titanic, con los países más pobres peleándose por pasarse a un camarote de primera, pero todos nos vamos a estrellar si no hacemos un esfuerzo en conjunto.

[1] El Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático compromete a los países industrializados a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Fue aprobado en 1997, pero entró en vigor en 2005.
[2] Fondo Global para el Medio Ambiente
[3] Conocido como Fondo Verde para el Clima
[4] El Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente.
[5] Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego.
[6] “The Tragedy of Commons”, artículo publicado en 1968 por Garrett Hardin.
[7] Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) tiene por finalidad proporcionar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta.


Eduardo Durand

Arquitecto, con estudios de post grado en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda, en Planificación del Desarrollo Regional. Especializado en planificación del desarrollo regional y metropolitano, con énfasis en el desarrollo de los trópicos. Se ha desempeñado como consultor nacional e internacional para organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Mundial, entre otros. Director General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Vice Ministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, del Ministerio del Ambiente.




La violencia familiar en zonas rurales

La violencia familiar está muy presente en nuestro país y es un problema de graves consecuencias a nivel individual y colectivo. El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI define como violencia familiar toda agresión ocurrida en el seno de la familia.

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) recoge cada año información sobre la prevalencia de la violencia familiar y sus distintos tipos, particularmente la violencia contra la mujer y contra los niños y niñas. Gracias a esta encuesta sabemos que la violencia familiar está aún muy presente en la vida de las familias peruanas: sabemos por ejemplo que el 72% de mujeres que alguna vez estuvieron unidas, sufrieron algún tipo de violencia por parte de su esposo o pareja, es decir, 7 de cada 10 mujeres[1].

El tipo de violencia más común fue la violencia sicológica o verbal (69,4%), que involucra insultos, amenazas, humillaciones, etc.; en segundo lugar aparece la violencia física: un 32% de mujeres sufrieron este tipo de violencia, que incluye golpes, empujones, patadas, bofetadas, etc. Finalmente un 7.9% sufrieron violencia sexual[2].

En cuanto a los niños y niñas, la encuesta indica que entre las principales formas de castigo están la reprimenda verbal (74,9% los padres y 72,6% las madres), la prohibición de algo que les gusta, y los golpes (25.6% los padres y 28.6% las madres).

En la ENDES 2014 la violencia contra las mujeres en sus distintas modalidades (excepto la violencia sexual, donde ocurre lo inverso) ha sido ligeramente menor en zonas rurales (1 o 2 puntos porcentuales). No ocurre lo mismo sin embargo con la violencia hacia los niños y niñas: los golpes y el castigo físico hacia los niños y niñas se dan en el 40,5% de los hogares rurales, mientras que esto ocurre en el 24,5% de los hogares urbanos.

Algunos departamentos presentan un porcentaje mayor de violencia, como Huancavelica, que ocupa el 2º lugar en violencia contra las mujeres, con un porcentaje de 81.1% de mujeres que fueron agredidas alguna vez por su pareja. La violencia física contra los niños es igualmente más alta que el promedio nacional, con 43% de hogares que la reportan.

Justamente es en Huancavelica donde venimos desarrollando un estudio de seguimiento a un proyecto que busca prevenir y reducir la violencia contra los niños y las mujeres en el distrito de Seclla, provincia de Angaraes, una zona eminentemente rural[3]. Para ello hemos realizado encuestas, entrevistas individuales y grupales, dinámicas participativas, etc., a fin de comprender mejor la problemática en la zona.

Una de las primeras cosas que encontramos es que la proporción de hogares que usan castigos físicos es mucho mayor en el distrito de Seclla que la reportada en la ENDES a nivel nacional y regional: un 60.2% de hogares utilizaban castigos que podemos considerar violencia física, como el uso del látigo o tres puntas, los golpes, la correa, etc.[4] En distritos vecinos, este porcentaje era aún mayor: 69.7%, lo cual nos muestra que a nivel local la situación puede ser mucho más grave de lo que nos muestran los promedios nacionales.

Ser víctima de violencia en la infancia hace más probable que al llegar a la edad adulta estas mismas personas sean, o bien víctimas, o bien perpetradores de violencia; tanto violencia de pareja como contra los niños y niñas, reproduciéndose así un círculo vicioso.

En el estudio, las madres reportan formas de castigo físico que hemos clasificado como violencia leve (pellizcos, jalones de pelo u orejas) y moderada (látigo, correa, ortiga, palo), pero no reportan formas de violencia severa o grave (puñetes, patadas, ahogamientos o asfixia). La violencia grave parece menos recurrente, más asociada a los titulares de la escena urbana, a los casos extremos. Sin embargo, las formas leves y moderadas muestran una masiva presencia y ello tiene que ver con el uso del castigo como estrategia de crianza y práctica para disciplinar a los niños, que es más cotidiana y constante por eso mismo.

Otro hallazgo importante del estudio tiene que ver con la experiencia de las madres o cuidadoras de estos niños: el 89% de ellas sufrió algún tipo de violencia en su infancia, dato que nos habla de prácticamente una generación entera socializada en el uso de la violencia como medida correctiva[5]. En las entrevistas aplicadas a autoridades comunales y distritales, que justamente son las llamadas a tratar estos casos, encontramos que entre las propias autoridades esta experiencia era también muy común, lo cual muchas veces evitaba que vean el fenómeno de la violencia doméstica como un problema, tomándolo como algo natural, una costumbre, parte de la idiosincrasia de la zona.

La violencia contra los niños no es sin embargo algo “natural”, es algo social: ha sido construida como legítima y válida a través de la historia, en períodos específicos y a través de ciertas instituciones. Y desde hace algunas décadas viene siendo también cuestionada por personas, instituciones y estudios variados.

Múltiples evidencias científicas han demostrado, por ejemplo, los efectos negativos de la violencia contra los niños a corto, mediano y largo plazo, ya que afectan su salud y nutrición, su capacidad de aprendizaje y su rendimiento escolar, el desarrollo de sus emociones así como su capacidad de respuesta al stress[6]. Más importante aún, ser víctima de violencia en la infancia hace más probable que al llegar a la edad adulta estas mismas personas sean, o bien víctimas o bien perpetradores de violencia, tanto violencia de pareja como contra los niños y niñas, reproduciéndose así un círculo vicioso.

Por ello resulta necesario difundir esta información, ofrecer formas no violentas de corrección a las familias, así como estrategias que les permitan asegurar e incrementar el bienestar de sus hijos e hijas. En este punto vale la pena preguntarse qué se viene haciendo desde el Estado peruano al respecto y ahí hay importantes novedades.

Para empezar, por primera vez, el actual Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNIA), que abarca del 2012 al 2021, establece como una de sus metas emblemáticas lograr que en el país no se maltrate a la infancia y que disminuya la violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes. Los anteriores PNIA no hacían referencia explícita y prioritaria a este aspecto, por lo que podemos considerarlo un importante avance en nuestro marco normativo.

El Perú cuenta también con un Programa nacional contra la violencia familiar y sexual, parte del Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables (MIMP), y viene expandiendo los Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional, los cuales se encargan de ofrecer orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. Sin embargo, su cobertura es aún limitada. En la zona donde trabajamos, el CEM está ubicado en la capital provincial de Angaraes, en un centro poblado a dos horas de la capital distrital e incluso a mayor tiempo de algunas comunidades, lo que limita su capacidad de intervención en los varios distritos de la provincia. Asimismo, en el estudio que venimos realizando hemos podido notar que los puntos de atención, cuando surgen situaciones de violencia familiar, son diversos (postas de salud, comisarías, DEMUNA, CEM, juez de paz) y que  las rutas de atención son por lo mismo confusas, complicadas, mal planteadas para pobladoras que viven a considerables distancias a pie de la capital, poco pertinentes cuando quien atiende no habla la lengua predominante en la localidad y que en ocasiones, lejos de ayudar a las víctimas, algunas autoridades terminan dando la razón a los victimarios. Ello coloca importantes y urgentes desafíos para la formación y capacitación de los operadores de justicia locales.

Afortunadamente hay más claridad en la actualidad, así como abundante evidencia, de que la problemática de la violencia familiar no es un asunto ni natural ni meramente privado, sino que debe involucrar la acción decidida del Estado, la participación de la comunidad y la reflexión constante con las familias y los niños y niñas sobre los derechos de la infancia.

[1] ENDES 2014
[2] Ibid
[3] Proyecto “Construyendo Entornos Saludables y Protectores para Reducir la Violencia Infantil en el Distrito de Secclla: ‘Con Cariño y sin Rigor’”, desarrollado por la ONG TADEPA (Taller de Promoción Andina).
[4] ALDANA, Úrsula; Patricia AMES; CRISÓSTOMO, Mercedes y Sarita ORÉ. La violencia infantil y el entorno doméstico: puntos de partida para una propuesta de prevención en Huancavelica. Documento de trabajo 213, Lima: Instituto de Estudios Peruanos – IEP 2015.
[5] Ibid.
[6] FEIGELSON, Michael J. Prevenir la violencia en la vida de los niños pequeños: una prioridad de nuestra fundación. En: Espacio para la infancia 35: Violencia Oculta: protegiendo a los niños pequeños en el hogar. La Haya: Fundación Bernard van Leer. 2011


Patricia Ames R.

Investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y profesora del departamento de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú.




La violencia contra las mujeres indígenas de la Amazonía peruana

Las mujeres indígenas de la Amazonía Peruana cumplen diversos roles activos y fundamentales en las sociedades a las que pertenecen; sin embargo, muchas veces su participación en la esfera pública es invisibilizada o limitada. También, producto de las diversas concepciones culturales en torno a la violencia, suele ejercerse violencia contra ellas, sea en sus relaciones de pareja, de parentesco, a nivel comunal, en el vínculo con la población colona o mestiza, a nivel nacional (vínculo con las diversas instituciones públicas), entre otros. En tal sentido, el propósito del presente artículo es explorar los escenarios desfavorables que permiten la reproducción de la violencia y, por lo tanto, las situaciones de impunidad que se generan ante los espacios de denuncia.

Situaciones de violencia contra las mujeres indígenas amazónicas

El término indígena hace referencia a la identidad étnica, ubicando a las personas en el universo de relaciones que existen en una sociedad determinada. Parte de esta identidad la conforman la autodeterminación étnica, la lengua materna y el vínculo con el territorio.

En el Perú ser indígena está directamente relacionado a situaciones de discriminación y condicionado por un contexto histórico de exclusión (económica y social) o un asistencialismo precario por parte del Estado y del resto de la sociedad nacional. De este modo, la mayoría no accede a servicios de calidad, lo que se demuestra en el deficiente acceso a la salud y a la educación intercultural con calidad.

Ahora bien, esta situación se acentúa para el caso de las mujeres indígenas amazónicas, quienes logran acceder a menos servicios y bienes y suelen ser más excluidas, en gran parte por una barrera de género. Esta barrera, en muchos casos, limita sus potencialidades y suele relegarlas a un espacio privado antes que el público. Y si bien la construcción cultural del género en los pueblos indígenas amazónicos es diversa, en muchos casos se adjudica a los hombres las funciones, responsabilidades y atributos del ámbito público, de manera que, por ejemplo, en la lógica de mercado que predomina en las distintas sociedades, la mujer se encuentra en desventaja, puesto que el espacio público es más valorado y brinda acceso a la toma de decisiones en torno al uso del dinero y desplazamiento[1].

Es importante señalar que la predominancia de las relaciones de mercado ha venido generando grandes cambios al interior de la dinámica familiar. Por ejemplo, Espinosa refiere que ante la salida de muchos varones de sus comunidades por periodos largos para poder obtener salario se ha producido una recarga laboral extra para las mujeres indígenas, quienes se encargan de las tareas de crianza de los hijos y también de las tareas agrícolas. Así también, se han venido produciendo en las familias frustraciones a causa de la presión económica, lo cual también suele verse reflejado en situaciones violentas al interior del hogar[2].

Por otro lado, esta presión económica ha generado que muchas jóvenes indígenas migren a las ciudades para trabajar. Sin embargo, los puestos de trabajo a los que acceden son de empleada doméstica, o vinculados a la atención en bares u otros lugares donde están expuestas a situaciones forzosas y vulnerables a situaciones de violencia sexual.

Situaciones de impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres indígenas

Ahora bien, entendemos la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta que, basada en su condición de género, cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado[3]. Sin embargo, estas formas de violencia no son restrictivas y más bien, se espera que los Estados contemplen un amplio catálogo que incluyan las diferentes manifestaciones culturales y sociales que adopta la violencia en cada contexto. Así, por ejemplo, en muchas comunidades indígenas se puede considerar el embarazo forzado, la violencia patrimonial o el juicio de mujeres por brujería como formas de violencia contra la mujer.

Es reconocido que esta violencia se manifiesta de forma distinta en diversos contextos, afectando las diferentes relaciones sociales pero, sobre todo, suele instituirse como práctica cotidiana que se reproduce de generación en generación. Lamentablemente, aún se cuenta con cifras limitadas (en tanto no diferenciadas según su identidad étnica) en torno a la violencia contra la mujer. Si bien la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES[4] ha generado data por regiones y departamentos, hay que observarla con cuidado, puesto que las mujeres indígenas se enfrentan a barreras económicas, de género y étnicas que limitan considerablemente su acceso a la justicia ordinaria, de manera que no suelen denunciar y, por tanto, las cifras variarían considerablemente.

Esta triple discriminación se refleja en el poco acceso al mercado, la falta de acceso a la propiedad de la tierra, los niveles de analfabetismo, de abandono escolar, entre otros. Como consecuencia, las mujeres son menos conscientes de sus derechos y libertades, limitando su acción al ámbito familiar o comunal para obtener justicia, espacios en los que se suelen reproducir aún concepciones que encasillan los roles de las mujeres, dependiendo de la organización local. Por ejemplo, en algunas comunidades asháninkas, se presentaba que desde los familiares, la culpa de la violencia recaía en la figura de la mujer, puesto que no cumplía adecuadamente con sus labores domésticas, no era una buena esposa, entre otros. Este problema se agudiza cuando las mujeres residen en la casa de la familia del esposo, o peor aún, cuando el esposo es colono, con distintas prácticas culturales.

Por otro lado, a nivel comunal, cuando las mujeres indígenas acuden a las autoridades indígenas (justicia comunitaria) para denunciar algún acto de violencia contra ellas, hay ocasiones en las que la falta de credibilidad de parte de las autoridades predomina o se considera que son temas que se deben abordar a nivel privado. Así también, muchas autoridades indígenas solo toman cartas en el asunto cuando se trata de actos violentos reiterados o si están generando efectos directos a nivel comunal, pocas veces apoyando o derivando los casos hacia la justicia ordinaria, inclusive si se tratara de violencia sexual.

Ahora bien, el acceso de las mujeres indígenas amazónicas a la justicia ordinaria es muy limitado, realizar una denuncia en este sistema resulta inalcanzable, pues se trata de un proceso lento, costoso y ajeno. Por ejemplo, los Centros de Emergencia Mujer, las Comisarías de la Mujer, la Fiscalía, entre otros, suelen estar en las ciudades, lo cual implica gastos en pasajes desde las comunidades y en estadías, ya que el proceso suele ser lento. Del mismo modo, el personal de estas instancias en muchas ocasiones se encuentra alejado de la realidad indígena, de modo que se presentan barreras culturales e idiomáticas también.

Estos factores provocan en las mujeres una sensación de vulnerabilidad y de desamparo ante las situaciones de violencia. Sin embargo, hay otros factores que influyen positivamente, tal como la mayor participación política de las mujeres indígenas, en tanto que existen organizaciones indígenas de mujeres que brindan espacios de fortaleza y apoyo, y también el hecho de que muchas de ellas ya sean autoridades locales. Ambos procesos contribuyen, cada vez más, a mermar las situaciones de impunidad, y con ello, a una mayor protección a los derechos de las mujeres.

[1] Cabe señalar que también hay experiencias que se escapan de estos modelos, como es el caso del pueblo shipibo y su articulación al mercado a través de la venta de artesanías. En este caso, la mayoría de mujeres del pueblo shipibo producen y venden artesanías, y son ellas mismas quienes se reservan el derecho de decidir sobre este ingreso. Este tipo de relaciones de mercado ha influido para que las mujeres shipibas se organicen tempranamente y formen las primeras organizaciones femeninas, en comparación a mujeres indígenas de otras etnias. Esto demuestra que las mujeres también pueden influir en las decisiones económicas y cuentan en muchos casos con capacidades propias para generar ingresos (Belaunde 2005: 27).
[2] ESPINOSA, Oscar. Relaciones de género en las sociedades indígenas de la Amazonía: discusiones teóricas y desafíos actuales, pp. 183-202. En: BARRIG, Maruja. Fronteras interiores: identidad, diferencia y protagonismo de las mujeres. Lima: IEP. 2007.
[3] Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer, 2009-2015. Lima 2009.
[4] Los datos sobre violencia contra la mujer son construidos por los Centros de Emergencia Mujer, con base a las detenciones; por la Policía Nacional del Perú (PNP) teniendo en cuenta las denuncias formuladas en las Comisarías y desde el INEI a través de la ENDES.


Judith Hernández

Ex investigadora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP.