La semántica de la Justicia Social en el discurso de la Compañía de Jesús en AL

Entre las Preferencias Apostólicas Universales recientemente definidas por la Compañía de Jesús para los años 2019-2029 figura, en primer lugar, el “discernimiento”. Este no debe entenderse como la búsqueda de la voluntad de Dios orientada exclusivamente por los movimientos interiores de mi vida individual. La fe cristiana enuncia que Dios no se encuentra fuera del mundo y que aquello que acontece en el mundo es fundamental en la búsqueda para que su reino “venga a nosotros”.

¿El reino de Dios puede venir a nosotros sin que nosotros estemos implicados en esta venida? Si Dios actúa en el mundo, esto no sucede como una acción que viniese desde fuera del mundo, sino a través del intercambio de las libertades humanas. Estas últimas se fundamentan en la capacidad de autonomía humana de la que Dios mismo se hace dependiente.

Si la Iglesia piensa de tal forma su servicio a la humanidad, entonces, dentro de su “discernimiento”, precisa entender cómo el conocimiento de los éxitos y los fracasos de esta humanidad puede contribuir a la construcción del “reino de Dios”: Dios, a través del entrecruce de nuestras libertades, se da a conocer en “los signos de los tiempos”, en los que hay conflicto, violencia e injusticia, así como también esperanza, iniciativa y lucha para construir un mundo más vivible para todos.

Las observaciones que presentaremos a continuación se enfocan en el tema del vocabulario por el que se busca enunciar una voluntad de transformación de la sociedad. El “discernimiento” necesita de una perspectiva ética o religiosa para aplicarse a su objeto, sin embargo, el análisis mismo de su objeto precisa de instrumentos que no participan directamente de tales perspectivas, sino más bien de disciplinas especializadas para aproximarse a la realidad en su complejidad. A estos instrumentos corresponde un lenguaje, un vocabulario que también depende de ciertas perspectivas.

La pequeña reflexión que ofrecemos tiene como objetivo atraer la atención sobre el uso y sentido de las palabras que acompañan nuestros discursos habituales. Debemos reconocer que los medios de comunicación no son de mucha ayuda en esta tarea, pues difunden una cierta vulgata que da una imagen aséptica de nuestras situaciones económicas, sociales y políticas. Imagen a la que nos acostumbramos a través del uso no cuestionado del vocabulario que usamos y que nos pone en peligro de perder las dimensiones reales que forman el trasfondo de las situaciones cotidianas en las que estamos involucrados.

En lo que sigue, buscamos ilustrar este tema considerando tres etapas del vocabulario de la Iglesia y de la Compañía de Jesús, limitándonos al terreno de América Latina (AL) desde la década de los 60 hasta la actualidad. La primera etapa corresponde aproximadamente al periodo que va del año 1960 hasta 1990; la segunda etapa ocupa los años desde 1990 hasta el 2010; y, una tercera etapa, en proceso de maduración, va del año 2010 hasta hoy.

Etapa I: 1960 – 1990

En la primera etapa, cuando vemos los documentos sobre el “Apostolado Social” de la Compañía de Jesús, en general se puede notar una insistencia significativa sobre dimensiones “estructurales” del problema de la injusticia. Aquí nos hallamos, entre otras, en la línea de reflexión de la Teología de la Liberación. No se trata de disminuir el papel de la libertad, sino de indicar que las libertades se encuentran articuladas entre sí por estructuras que se pueden modificar. “Hay que caer en la cuenta de que las estructuras socio-económicas, dada su interdependencia mutua, se constituyen en un bloque o sistema total social; la insuficiencia intrínseca de algunas estructuras fundamentales vigentes para establecer un orden justo se traduce en una insuficiencia global del sistema vigente, que está en desacuerdo con el Evangelio” (Carta de Pedro Arrupe, 1968).

En los “discernimientos” de esta etapa, las estructuras que producen injusticia no son enfocadas como propias de una realidad natural, sino, más bien como el producto de una realidad histórica, esto es, transformable. Algunos ecos de esta línea se pudieron percibir en los decretos de la Congregación General 32 (1974) sobre Fe y Justicia. Esta primera etapa se sirvió de un vocabulario particular, distinto de aquel de la etapa que presentamos a continuación.

Etapa II: 1990 – 2010

A partir de los años 90, con la caída del muro de Berlín, vemos nacer una etapa que la literatura económica califica como el neoliberalismo. La Compañía de Jesús en AL esboza un “discernimiento” sobre el neoliberalismo en una carta especial donde se enumeran varios defectos del mismo, así como también se anima a los jesuitas a estudiarlo en profundidad. Sin embargo, no encontramos en este documento una crítica sistemática, más bien hallamos una reflexión antropológica sobre los defectos del neoliberalismo en función de una perspectiva humanista y cristiana.

Por otro lado, debemos observar que las obras sociales de la Compañía de Jesús dependen, en esta etapa, de las perspectivas de los donantes norteamericanos y europeos sobre AL. Esta línea toma en cuenta, además de las cuestiones del “desarrollo” sobre las que tienen su propio discurso, un punto de vista político. Esto último debido a las terribles dictaduras que se vivieron en AL durante la segunda parte del siglo XX, hechos que destruyeron la vida política. En general, estos organismos internacionales destacan tres orientaciones mayores en las actividades que las ONG de acción social debían desenvolverse, orientaciones de las que la Compañía de Jesús no se distanció mucho en este contexto. Esbocemos estas tres orientaciones:

La preocupación de mitigar los inconvenientes del sistema neoliberal en sus orientaciones, mismas que buscan disminuir el papel del Estado y ampliar el papel del mercado (Consenso de Washington). Bajo esta perspectiva, las ONG debían asumir la tarea de facilitar la “gobernabilidad”, “participación ciudadana”, el cumplimiento de los “derechos humanos”, así como la “participación de la sociedad civil” en una verdadera “ciudadanía”.

En esta misma perspectiva, los organismos internacionales donantes a los centros sociales de la Compañía de Jesús privilegiaban el apoyo a los pequeños productores de suburbios o del campo.  Lo que se buscaba era que estos últimos adquiriesen aptitudes empresariales que los relacionen de manera positiva con el mercado, con el objetivo de la reducción de la pobreza.

La preocupación por la conservación y respeto de los pueblos originarios subió progresivamente y, entre otras cosas, se entrelazó con una reflexión incipiente sobre lo ecológico y la preservación de la naturaleza.

Estas tres orientaciones no agotan las líneas de acción que promovían las organizaciones internacionales. Pero, tomándolas en cuenta, encontramos que las obras de la Compañía de Jesús no se distancian de ellas. Incluso el tema mismo del sistema neoliberal es analizado como presentando defectos a remediar, más que como un sistema problemático en sí mismo.

Ahora bien, con ello no negamos que los Centros Sociales de la Compañía de Jesús no hayan realizado y realicen un trabajo valiente para construir a su escala las condiciones de un vivir juntos que contribuya, bajo diversos acercamientos, a la dignidad y a la identidad de las personas y de los grupos a los cuales se están dirigiendo. Pero, la cuestión parece plantearse hoy desde una reflexión diferente sobre el lenguaje que se usa. Por ejemplo, cuando hablamos de “exclusión” ¿significa que los “excluidos” van a encontrar una verdadera solución “incluyéndose” en el funcionamiento del sistema económico y social actual?

Etapa III: 2010 – …

En la tercera etapa, dominada por la desregulación de la economía y la influencia de las empresas multinacionales sobre los gobiernos, vemos que lo privado adquiere una influencia creciente sobre lo público. Se busca el aumento de las ganancias como una finalidad en sí misma, que se traduce en este capitalismo por una preocupación del aumento patrimonial sin relación necesaria con el funcionamiento de la economía (Thomas Piketty). Finalidad que no restringe significativamente las orientaciones destinadas a fomentar la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Esto se explicita con el crecimiento del capital financiero que forma una esfera poco conectada con la economía real y toma proporciones relativas frente al PBI mundial (Gaël Giraud, SJ).  Capital que estimaciones modestas consideran como alcanzando 14 veces el equivalente del PBI mundial. Esta situación tiene incidencia sobre la economía real, en el sentido de que sus accionistas, para que la empresa se siga sosteniendo, exigen una remuneración que obliga a las empresas a buscar una rentabilidad creciente para pagar dividendos atractivos. Esto tiene evidentemente consecuencias sobre dos dimensiones: por un lado, se arman políticas de flexibilización del trabajo que fragilizan la situación del empleo; por otro lado, la orientación que ejerce la presión para la productividad sitúa en peligro permanente la relación entre la producción industrial y la naturaleza.

Sin embargo, en este contexto, en la mayoría de los países se movilizan grandes movimientos que claman por un cambio de paradigma en el manejo de la economía en una perspectiva no solo ambiental, sino también de respeto por las culturas y de preocupación por formas de producir y vivir que permitan una vida futura a la humanidad y al planeta. Durante decenios se multiplican reuniones internacionales sobre el tema, en este contexto la Iglesia se pronuncia por primera vez de manera completa sobre la necesidad de preservar la naturaleza y del tipo de civilización que necesitaríamos para reorientar las diversas dimensiones de la vida humana.

Justicia Social - Centros Sociales jesuitas

Los Centros Sociales jesuitas han trabajado en la promoción y desarrollo de diversas poblaciones como parte de su compromiso por la Justicia Social.

Lo importante en esta pequeña reflexión es que en esta etapa vemos reaparecer la noción de “sistema”, palabra que el Papa Francisco usa en la encíclica Laudato Si para preguntarse si la sociedad actual puede realmente contribuir a la producción de una manera de producir y de vivir que sea compatible con la preservación y el respeto de la “Casa Común”.

Hagamos aquí una observación. Los objetivos del milenio, promovidos por la ONU en esta etapa, hablan con mucha claridad del apoyo que los “países desarrollados” tendrían que dar a los países “en vías de desarrollo” para cumplir con estos objetivos.

La elección de estos términos es interesante, ¿se puede pensar un desarrollo de los países que siguen considerados “en vías de desarrollo” si este consiste en alcanzar un nivel de vida semejante al de los “países desarrollados? ¿Es posible sostener esta ambición si caemos en la cuenta que para ello necesitaríamos de varios planetas?

Esta última pregunta, desarrollada entre otros autores por Gaël Giraud SJ y Cecile Renuard, pone en cuestión la capacidad del sistema capitalista, tal cual, para promover un mundo donde una vida digna sea posible para todos. En estas reflexiones, la Compañía de Jesús está siguiendo un proceso de maduración, proceso que es atestado por el cambio de denominación de la “Secretaría para la Justicia” por “Secretaría para la Justicia y la Ecología”. Se espera que los estudios que los Provinciales de AL ya pedían sobre el neoliberalismo y la mundialización profundicen la reflexión sobre el futuro de la acción social de la Compañía de Jesús.

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Nos encontramos en la institución eclesial y con las instituciones que tienen que apoyarla, como es la Compañía de Jesús, con una tensión inevitable entre dos dimensiones. Se trata de tomar la realidad tal como se presenta en sus contradicciones y ofrecer un servicio que ayude a procesarlas con lucidez. Sin embargo, estas instituciones no pueden renunciar a la dimensión de un futuro que podríamos llamar utópico, la realización del Reino de Dios. Este reino se encuentra en el presente, pero también este reino implica en sí mismo el cuestionamiento de este presente.

El problema se sitúa en la tensión entre el realismo del servicio presente y la capacidad de no quedarse encerrado en este presente, ser capaces de ponerlo en cuestión para ver en qué medida se puede transformar en función de un proyecto que lo supera. Este problema constante, que implica necesariamente a otras instituciones, quizá pueda plantearse con mayor agudeza en la situación presente de este siglo. Para la Compañía se trata de saber poner en cuestionamiento constante el funcionamiento mismo de sus obras sin perder, por otro lado, el realismo y el compromiso presente con las situaciones que se ofrecen a su iniciativa. Aquí radica el desafío de la acción y de la reflexión de una institución que quiere combinar lo utópico con lo pragmático.

Invierno 2019


Bernardo Haour Hartmann, SJ

Profesor emérito de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya




Corrupción: causas y efectos de una transición fallida

Corrupción en el Perú - gobiernosEl debate público y la sensibilidad ciudadana están dominados hoy por el tema de la corrupción. Esta es discutida como un problema de perversiones personales y de desarreglos institucionales. Se reclama la acción enérgica de la justicia y se repudia los intentos de perpetuar la impunidad de parte de sectores políticos como el aprismo y el fujimorismo. Pero, más allá de la necesaria reacción sobre la marcha, es posible buscar en la corrupción de hoy una clave de lectura de la transición política que abrió el siglo XXI.

La transición política a la democracia del año 2000 fue posible por las evidencias de la megacorrupción del gobierno de Alberto Fujimori. No se trató, exactamente, de un descubrimiento, pues los latrocinios del régimen eran denunciados desde años atrás por la minúscula prensa independiente y la oposición política. Lo que marcó la diferencia y provocó la caída del régimen fue la difusión de las pruebas documentales grabadas por el propio Vladimiro Montesinos.

Se puede decir, entonces, que existió desde el inicio una asociación estrecha entre transición, democratización y moralización de la política. El tránsito a la democracia no era entendido solamente como la restauración de la legalidad pisoteada por Fujimori y Montesinos; significaba, también, hacer las cuentas con las violaciones de derechos humanos de las dos décadas previas y desmontar la maquinaria de desfalco del tesoro público armada durante la década anterior.

Desde este punto de vista, la prominencia de la corrupción en nuestra política actual -una gravitación que ya ha causado la caída de un presidente y el suicidio de un expresidente, además de muchas turbulencias en el día a día de la política- nos habla, también, del relativo fracaso de aquella transición. Pero ¿de qué modo nos habla? ¿Es la corrupción actual un síntoma de ese fracaso, una realidad que contribuye a explicarlo?, ¿o, a la inversa, es la descomposición política lo que permite explicar la persistencia y la vastedad de la corrupción? En realidad, estamos ante un camino de ida y vuelta. La dimisión de la política y la inmoralidad en la política son realidades que se alimentan mutuamente. Para percibirlo con alguna claridad serviría considerar el problema en tres estratos distintos. Uno de ellos es de los gobiernos y las autoridades específicas que han ocupado el escenario político desde la transición. En el segundo se encuentra el sistema político que produce a esas autoridades. El tercer estrato está ocupado por el sistema económico y la concepción de Estado heredada, y no reformada, desde el autoritarismo de la década de 1990. Los tres, en conjunto, nos hablan de un mismo problema: la renuncia a la política en la conducción de los asuntos públicos.

Los “emprendedores”

Durante el gobierno de transición que presidió Valentín Paniagua se puso en marcha un vigoroso sistema de lucha contra la corrupción. Como nunca antes, el país veía a personajes poderosos, tanto civiles como militares, sometidos a proceso judicial y sentenciados. Se generaba así, al mismo tiempo, un clima cívico de intolerancia a la corrupción y, quizá, la ilusión de que la política peruana podía quedar vacunada contra ella, al menos en cuanto empresa de gran escala.

Tratándose de un gobierno de solo ocho meses de duración, sin embargo, no era viable que se ocupara del problema de manera integral. Hay que entender que cuando se habla de lucha contra la corrupción se enfrenta un problema de al menos dos dimensiones. Una es la persecución penal de los presuntos delincuentes. La otra es el desmontaje del sistema que permite la corrupción. Esto último no se refiere al tejido mafioso sino a la estructura económica, administrativa y legal que lo hace viable. El gobierno de transición pudo, a lo sumo, impulsar el trabajo en la primera dimensión. Correspondía a los gobiernos siguientes mantener ese impulso y abordar el otro aspecto del problema.

Los siguientes presidentes no atendieron ninguno de los dos aspectos del problema. Si el sistema de investigación de casos de corrupción languideció durante el gobierno de Alejandro Toledo, quedó de hecho desactivado durante el de Alan García. El de Ollanta Humala heredó ya esa inercia y no hizo nada significativo por revertirla. Los tres, por otro lado, rehusaron hacer las reformas del aparato que, en principio, había hecho posible la corrupción, más allá de las intenciones criminales de individuos concretos.

Corrupción en el Perú

“Votar por el mal menor” es una trágica costumbre que puede seguir perdurando mientras continue este sistema político, que produce: ausencia de partidos (el candidato no rendirá cuentas a nadie), obligatoriedad del voto (evita la elaboración de propuestas que estimulen la participación), caudillos, entre otros.

Hoy se sabe, para redondear la situación, que no solo desmontaron el esfuerzo anticorrupción, sino que ellos mismos, así como el último presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, tomaron la iniciativa para ser los nuevos emprendedores de la corrupción.

El sistema político

Esta perversa coherencia –cuatro presidentes: cuatro investigados por corrupción— obliga a pensar más allá de las personas concretas, aunque eso no mitigue en nada las responsabilidades individuales. ¿De dónde surge esa clase de gobernantes y representantes en este nuevo periodo?

Un persistente término común dice que “todo país tiene el presidente que se merece”. Es una frase tan repetida como equivocada. Ella supone que los electores tienen un amplio control sobre la elección cuando, en realidad, los electores solo pueden escoger entre aquellas candidaturas que el sistema político produce.

Y lo cierto es que el sistema político –sistema de partidos y sistema electoral- determina en buena medida el éxito de esa clase de liderazgos. La política peruana está corrompida desde la oferta. La ausencia de partidos ha dejado el campo libre a la política de oportunistas. La obligatoriedad del voto –más allá de sus bondades desde el punto de vista de la democratización del sufragio— concede a los oportunistas una suerte de “mercado cautivo”: puesto que la asistencia a votar está asegurada, no hay necesidad de esforzarse en elaborar propuestas significativas que estimulen la participación ni es preciso asumir compromisos claros. Y ya que el candidato no tiene un partido al que deba responder, sino que es un caudillo o el dueño de una inscripción, tampoco tiene un programa ni necesariamente un interés en los asuntos públicos. Por último, en una escena política tan precaria, donde no hay partidos que aspiren a mantenerse en el poder después de un periodo, se refuerza la idea de acumular riqueza mientras se pueda, es decir, mientras se tenga control del poder y de ese bien transable que, a ojos del corrupto, son las decisiones de Estado.

El modelo económico

En ese contexto, es relativamente explicable que ninguno de los gobiernos que se han sucedido durante este siglo haya buscado modificar las reglas de juego económicas bajo las cuales es posible la corrupción desde el vértice del poder. Sin partidos ni presidentes con genuino interés en los asuntos públicos, es comprensible que ninguno haya planteado reformas en ningún sentido significativo. Al compartir todos, por ignorancia o por convicción ideológica, un menosprecio por la política y lo público, se ha arraigado la idea de que toda regulación estatal a la acción empresarial pone en riesgo la estabilidad económica. Al proclamar todos que lo privado es incuestionablemente superior a lo público, han estado siempre dispuestos a poner al Estado y sus decisiones al servicio de intereses particulares. Y dentro de esa misma lógica se ha producido la captura del Estado que desde hace algunos años describe el sociólogo Francisco Durand. El modelo de realización de obras públicas mediante una alianza entre el Estado y empresas privadas (Alianzas Público-Privadas, APP), que ha dado lugar a tantos negociados, es uno de los emblemas de esa mentalidad y resulta elocuente que, al mismo tiempo que se ofrece una guerra sin cuartel contra la corrupción, no se diga nada sobre cómo reformarlo.

En resumen, la crisis de corrupción puede ser una pauta sombría, pero efectiva, para leer el último intento de consolidación democrática del país. Es cierto que, desde un punto de vista escuetamente institucional, la democracia restaurada en el año 2000 no ha caído. Sigue en pie, pero da tumbos. La expresión mínimamente aceptable de esa democracia consiste en permitir la formación y sucesión de gobiernos legítimos. Tres expresidentes bajo investigación por actos de corrupción y uno suicidado ante las evidencias en su contra nos dicen que, si bien sus mandatos fueron legales, ya es hora de preguntarse si fueron verdaderamente legítimos. O, dicho de otro modo, nos obligan a auscultar los signos vitales de la democracia recuperada con ilusión en el año 2000.

Invierno 2019


Félix Reátegui Carrillo

Sociólogo. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP)




Desigualdad y pobreza en el Perú

Desigualdad y pobreza en el PerúEl nuestro es un país marcado y condicionado por la pobreza y la desigualdad, qué duda cabe. Esos dos males nos han marcado a lo largo de nuestra historia; en particular, las desigualdades: esas diferencias extremas e injustificadas en el acceso a recursos y oportunidades que nos han dividido en el pasado y hoy nos siguen dividiendo a los peruanos.

No sorprende entonces que la reducción de las desigualdades figure al centro de la agenda nacional; al menos en términos formales. Documentos y planes sobre cómo reducirla existen en cantidad. Compromisos y declaraciones sobre la lucha contra la desigualdad tenemos en abundancia. Si con documentos y palabras bastara, el Perú habría resuelto el problema mucho tiempo atrás. Pero no basta.

Reducir y desterrar las desigualdades exige voluntad y paciencia. En nuestro país no es un problema que se pueda resolver fácilmente y de la noche a la mañana. Por el contrario, su solución requiere invertir recursos considerables y sumar esfuerzos con dedicación y perseverancia. La lucha contra la desigualdad exige, sobre todo, un real compromiso de todos los sectores relevantes de nuestra sociedad con un proyecto de desarrollo nacional que nos incluya a todos; que no acepte exclusiones; que reconozca que todos y cada uno de los peruanos tenemos derecho a una vida digna con nuestras necesidades esenciales cubiertas.

La realidad es que en los últimos años la reducción de las desigualdades en el Perú se ha desacelerado drásticamente. Los avances logrados a lo largo de la década pasada, en rubros como la reducción de la pobreza o el acceso a servicios básicos, se beneficiaron de un largo periodo de bonanza económica y un auge fiscal que permitió expandir y fortalecer los programas sociales.

Pero ese largo periodo de bonanza y rápido avance en la reducción de las desigualdades es cosa del pasado. Del 2014 en adelante, la economía peruana se encuentra en una fase de menor crecimiento, menor generación de empleo y menores recursos fiscales. En esas condiciones, es más difícil el avance en el campo social. Pero, además del entorno macro menos favorable y la menor disponibilidad de recursos, también hay que sumar la pobre performance y falta de claridad de mucha de nuestra clase política frente al problema de la desigualdad. Lamentablemente, la pasividad y la incompetencia de quienes nos gobiernan también ha contribuido a que nos hayamos estancado o incluso retrocedido en diversos rubros críticos.

La actuación del pasado régimen de Pedro Pablo Kuczynski, en relación a la lucha contra la pobreza y la desigualdad, tiene que ser calificada -como en otras áreas de su breve gobierno- como una gran decepción. Para cuando se dio la caída del gobierno de Kuczynski, entre escándalos y controversias, el panorama económico y social estaba marcado por el estancamiento o el retroceso: tras más de década y media de reducción, la pobreza resurgió en el 2017.  La informalidad laboral aumentó. Las brechas entre hombres y mujeres se reforzaron.

Ya con el gobierno de Martín Vizcarra, a partir del marzo 2018, el panorama social en alguna medida ha mejorado. Así, tras el rebrote de la pobreza en el 2017, la misma se redujo en el último año, aunque muy modestamente. De igual forma la generación de empleo ha experimentado una leve recuperación. Se están dedicando más recursos a la educación. Esos son signos alentadores, sin duda, pero insuficientes.

Pero, pese a mejoras parciales y avances relativos, superar la desigualdad en el Perú exige un esfuerzo integral y coherente de las políticas públicas, sustentado en un acuerdo real y concreto entre Estado y sociedad. El desafío es ir más allá del mero crecimiento económico, apostando por el desarrollo inclusivo y sostenible, basado en reformas estructurales para desterrar las grandes desigualdades. Solo así se podrá marcar la diferencia respecto a episodios pasados de prosperidad temporal y relativa, que trajeron algunos beneficios, pero no transformaron las estructuras económicas, políticas y sociales que a lo largo de nuestra historia han afectado a la gran mayoría de nuestra población.

El Perú del presente no es un país significativamente más justo y equitativo. Las viejas exclusiones y barreras en gran medida siguen en pie, y el contexto actual es menos favorable para seguir avanzando contra la desigualdad. Difícilmente volveremos a tener una oportunidad como la que dejamos pasar durante los años de alto crecimiento económico. Las optimistas previsiones económicas y sociales, que en su momento se plantearon de cara al 2021 -año del Bicentenario- ahora se ven más lejanas. Es evidente el riesgo de que el 2021 encuentre al Perú en una situación de estancamiento, corriendo el riesgo de convertirse en otro país atrapado en la llamada “trampa de los ingresos medios”: que ha salido a medias de una situación crítica de pobreza, pero que es incapaz de alcanzar un nivel superior de desarrollo.

Con menos de tres años para el Bicentenario de la Independencia, somos un país en proceso de construcción precaria. Cambiar esa realidad tomará tiempo e irá mucho más allá del 2021. Sin embargo, es clave que en lo que queda de la gestión del presidente Vizcarra se establezcan las bases para un avance sostenido en el acceso universal a la salud y educación de calidad, en la reducción de la pobreza no solo monetaria sino también multidimensional, en la generación de empleo decente y en cerrar las brechas económicas entre hombres y mujeres, entre otras prioridades. El desafío es preservar lo ya avanzado y reactivar la lucha contra la pobreza y desigualdad en sus diversas dimensiones.

En ese sentido es importante destacar el rol que los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030 pueden jugar como ejes para la lucha contra la desigualdad. Los compromisos asumidos por el Perú ante la ONU exigen al Estado y a la sociedad decisiones sustanciales, a fin de llegar al 2030 con las tareas cumplidas. Al evaluar la evolución del Perú en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas, para el periodo 2000-2017, encontramos que, a pesar de los avances realizados, nuestro país no destacó particularmente frente a otros países de la región. Estos, pese a ser más pobres y haber tenido inferiores tasas de crecimiento económico en dicho periodo, fueron capaces de mayores avances en el IDH[1]. De hecho, la mejora del IDH de Perú estuvo por debajo del promedio regional.

La lección que podemos extraer de la evolución del IDH es que con el mero crecimiento económico no basta para nuestro desarrollo. Políticas y esfuerzos específicos desde el Estado y la sociedad son indispensables. No serán la inercia y la displicencia las que lograrán que en el Perú desaparezca la pobreza extrema, se alcance cobertura universal de los servicios básicos, o se elimine la brecha salarial entre hombres y mujeres; entre otros objetivos.

Tenemos que superar las contradicciones de un modelo de crecimiento que no alcanza ni beneficia a todos. No podemos seguir siendo un país que crece económicamente, pero donde 4 de cada 5 peruanos trabajadores se encuentra en la informalidad. No podemos seguir siendo un país donde la pobreza -medida en términos monetarios- desciende, pero otras dimensiones de la pobreza, como el déficit calórico o la anemia, no mejoran. No podemos seguir siendo un país donde aumenta la cobertura formal de los servicios de salud pública, pero la calidad y oportunidad de la atención sigue en niveles deplorables.

Seamos optimistas. Pese a los estancamientos y retrocesos sufridos, nuestras chances siguen intactas. Hay oportunidades y recursos para sustentar un proceso de crecimiento inclusivo, que reduzca desigualdades y exclusiones históricas y ofrezca a todos los peruanos la oportunidad de una mejor vida. Pero para que ello ocurra se requiere una profunda rearticulación de las políticas públicas, a partir de un pacto social que alcance y represente a todos los sectores de la sociedad, comprometiéndolos con una agenda de acciones y metas concretas para construir ese Perú más justo y más equitativo, que por tanto tiempo los peruanos hemos buscado.Desigualdad y pobreza en el Perú - cuadro

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[1] Entre el 2000-2017 el Perú ocupó el segundo lugar en la región por crecimiento del PBI per cápita.

Invierno 2019


Armando Mendoza Nava

Investigador de Oxfam en Perú.




A 10 años del mal llamado “Baguazo”

BaguazoLa madrugada del 05 de junio de 2009, empleando armas de corto y largo alcance, efectivos de la PNP, bajo el comando de Luis Muguruza Delgado, dieron inicio al violento desalojo de manifestantes indígenas acantonados en la cima del cerro denominado “la Curva del Diablo”, caserío Siempre Viva del distrito El Milagro, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas, con el saldo de diez policías muertos, un policía desaparecido, así como diez civiles muertos entre indígenas y mestizos.

Este hecho motivó la reacción de un grupo de indígenas, quienes ingresaron a las instalaciones de la Estación Nº 6 de PETROPERÚ, golpearon a los líderes manifestantes, así como al Comandante PNP Miguel Montenegro, quien estaba al mando de un contingente de 37 policías al interior de la estación, para finalmente ultimar a 12 policías en el cerro ubicado frente a la sede petrolera.

Así mismo, 205 personas resultaron heridas (172 entre indígenas y mestizos, 50 de ellos con impacto de bala, y 33 policías). Finalmente, más de 100 personas fueron detenidas.

¿Cuántas investigaciones se instauraron como consecuencia de los sucesos ocurridos en los lugares de protesta?

En puridad[1] se aperturaron cinco investigaciones:

  1. Caso “Curva del Diablo”. Se incriminó responsabilidad penal a 56 civiles (25 miembros de las comunidades indígenas y 31 mestizos) por la presunta comisión de los delitos de Homicidio Calificado, Lesiones Graves, Atentando contra los Medios de Transporte de Servicio Público, Motín, Disturbios, Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, Arrebato de Armamento o Municiones de Uso Oficial y Daño agravado, en agravio de 27 efectivos policiales (12 muertos y 15 heridos) y además el Estado peruano.
  2. Caso “Estación”. Se incriminó responsabilidad a 25 civiles, todos integrantes de las comunidades indígenas, por la presunta comisión de los delitos de Extorsión, Secuestro agravado, Arrebato de Armamentos y Municiones y Disturbios, en agravio de 38 policías (10 fallecidos y 18 heridos) y de la Estación Nº 6 – Oleoducto Peruano Nororiental de PETROPERÚ (El Estado).
  3. Caso “Generales de la Policía”. Se incriminó responsabilidad inicial contra 06 oficiales de la policía nacional por la presunta comisión del delito de Autores Mediatos de los delitos de Homicidio Calificado en agravio de 6 civiles (2 indígenas y 4 mestizos), Lesiones Graves en agravio de 9 civiles (1 indígena y 8 mestizos) y Lesiones leves en agravio de 5 civiles (todos mestizos). Posteriormente, se amplió la instrucción contra el ex Director General de la Policía como autor mediato del delito de Homicidio calificado.
  4. Caso “Desaparición de Mayor Bazán”. Se incriminó a 5 miembros de comunidades indígenas y 1 mestizo por la presunta comisión del delito de Secuestro agravado.
  5. Caso denuncia de los “deudos de la familia policial” contra Mercedes Cabanillas. Se incriminó responsabilidad a la ex Ministra del Interior por la presunta comisión del delito de Homicidio Culposo en agravio de 22 policías muertos y por la desaparición del Mayor Felipe Bazán.
 ¿Hay proporción y justicia en el procesamiento de indígenas, mestizos y policías?

Definitivamente no. La justicia prefirió “llevar a juicio” primero a los miembros de las comunidades indígenas. Recién este año es posible que se inicie el juicio oral contra un grupo pequeño de oficiales de la Policía Nacional del Perú.

En realidad, la investigación y juzgamiento de los civiles (indígenas y mestizos) ha sido casi de inmediato. A menos de un mes de ocurridos los hechos ya tenían proceso penal abierto; a diferencia de los miembros de la Policía Nacional, quienes recién fueron incluidos en un proceso penal en mayo del 2011, casi dos años después.

En correlato con lo anterior, el Poder Judicial aperturó procesos penales con mandato de detención contra 45 investigados (20 por el caso la “Curva del Diablo”, 19 por la “Estación Nº 6 de PETROPERÚ” y 6 por la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán Soles); mientras que solamente se impuso mandato de Comparecencia con Restricciones contra 7 miembros de la Policía Nacional del Perú.

Actualmente, son cuatro los miembros de las comunidades indígenas que tienen la condición de prófugos de la justicia, sobre los que pesa una orden de captura que se renueva cada 6 meses y que corresponde al proceso por la Desaparición del Mayor PNP Felipe Bazán. Desde la otra orilla, no hay ningún policía con orden de captura, al igual que los denominados políticos, quienes a la fecha son considerados como testigos únicamente.

¿Cómo van los procesos penales instaurados como consecuencia del desalojo de los manifestantes indígenas?

Veamos:

1. Caso “Curva del Diablo”:

El 22 de septiembre del 2016 se consiguió unan sentencia histórica, los 53 acusados fueron absueltos; sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría del Ministerio del Interior interpusieron Recurso de Nulidad contra la misma (recurso de apelación)

Elevado el expediente a la Corte Suprema, la 1ª Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, entonces presidida por José Luis Lecaros Cornejo, a fines del año pasado nos notificaron dos resoluciones. La primera, por UNANIMIDAD resuelven CONFIRMAR la sentencia absolutoria por 4 delitos graves que incluían penas hasta de cadena perpetua. Esto ya es cosa juzgada.

La segunda, nos indica que entre los 5 magistrados supremos hay discordia, tres emitieron su voto porque se declare nula la sentencia absolutoria por los cuatro delitos restantes, y dos magistrados opinan que se confirme la sentencia absolutoria.

Esta última discordia implica que se llame a un nuevo Juez supremo dirimente, pues en la Corte Suprema, 4 votos de 5 hacen Resolución. La designada fue la doctora Iris Pacheco, quien inexplicablemente se “inhibió” (apartó) de conocer el caso. El Tribunal Supremo no le aceptó su pedido y se está a la espera de que señale fecha para que los abogados rindamos el Informe Oral.

Baguazo - juicio

Los juicios por los hechos ocurridos en “La Curva del Diablo” y la Estación 6 de PETROPERÚ, hace 10 años, distan mucho de finalizar y de definir a los responsables de tanta violencia.

¿Qué puede suceder?

Si la doctora Pacheco, luego de escuchar a los abogados de los hermanos indígenas, resuelve inclinar su voto porque se declare la nulidad de la absolución, esta posición llegaría a tener cuatro votos y, por tanto, consolida una Resolución y se dispondría la realización de un nuevo juicio oral solamente por cuatro delitos menores.

Sin embargo, si la magistrada inclina su voto porque se confirme la absolución, habría un empate de tres votos contra tres, y se tendría que llamar a otro Juez Supremo para que sea el último Juez dirimente. Todavía hay pan por rebanar, nada está dicho, la pelea y la lucha es hasta el último momento del proceso.

2. Caso “Estación 6”

Se inició en el mes de marzo del presente año. Actualmente está en etapa de declaración de testigos ofrecidos por el Ministerio Público. Todo indica que este juicio también seguirá la misma suerte que el de la “Curva del Diablo”; es decir, por la ausencia absoluta de pruebas directas o indiciarias, se debe absolver a los acusados indígenas. Los procesados fueron los que protestaron al interior de la estación 6, pero en modo alguno son los que dieron la orden o ejecutaron directamente a los policías. Los propios testigos integrantes de la entidad estatal así lo confirman.

3. Caso “Generales de la Policía”

En febrero de este año nos notificaron la acusación Fiscal, donde se solicita 25 años de cárcel contra 6 miembros de la policía nacional por el delito de Homicidio Simple y Lesiones Graves. El tipo penal ha cambiado desde que se aperturara proceso penal, así como el número de procesados. Es bueno precisar que, a la fecha, ya prescribió el delito de Lesiones Leves.

A fines de abril se realizó la audiencia de Control de Acusación, donde las partes procesales verifican que la Acusación cumpla con los requisitos formales (identificación de los acusados, de los agraviados, del tipo penal, del monto de la reparación civil y una narración correcta de los hechos). En los meses siguientes se debe señalar fecha y hora para el inicio del juicio oral.

4. Caso “Desaparición del Mayor Felipe Bazán”

Aún no hay acusación del Fiscal Superior

5. Caso denuncia de los “deudos de la familia policial”.

En el año 2012 fue ARCHIVADA por el ex Fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales quien no encontró responsabilidad en Mercedes Cabanillas, ex Ministra del Interior.

Como vemos, van 10 años, y no hay justicia para nadie. A este paso, todos los juicios derivados del Baguazo acabarán el año 2024, sin saber quiénes mataron a los policías y, Dios mediante, con condena a los policías que mataron civiles.

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[1] Reserva. [N. del E.]

Invierno 2019


Juan José Quispe Capacyachi

Abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).