Claves para leer la Exhortación del Sínodo Amazónico

Sínodo Amazónico
El proceso Sinodal Amazónico en este Kairós Eclesial

El Sínodo Amazónico es, ha sido, y será una contribución significativa y sustancial en el Kairós eclesial que estamos viviendo. Desde el Concilio Vaticano II, el Espíritu ha buscado los nuevos caminos para dar consistencia y continuidad a este proceso de reforma eclesial que sigue en marcha, y el cual ha encontrado en estas décadas el tiempo y las condiciones propicias. Este Sínodo es una expresión, de tantas maneras diversas, sobre cómo se va concretando el Concilio Vaticano II para asegurar la relevancia de la misión de la Iglesia en el mundo y en el corazón. Ya no solo para este territorio en Sudamérica que, por otro lado, representa en un espacio específico y con sus propias características, algunos de los más urgentes gritos y de las más fuertes esperanzas para nuestro mundo hoy. Un mundo roto que necesita de sanación, y en el que la Iglesia quiere ser un verdadero signo de posibilidad de otro mañana.

La búsqueda de este Sínodo de los “nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”, da cuenta de los más urgentes desafíos para este cuerpo eclesial que sigue el proyecto de Reino de Jesús, y la Amazonía es un rostro, un espejo y un paradigma que sirve como referente y como catalizador de algo que supera por mucho la territorialidad específica de este espacio ecosistémico, socio-cultural y geográfico. Creo, honestamente, que por estas razones la historia de la Iglesia ha encontrado en este Sínodo un detonador hacia la conversión que se encuentra en el marco de este gran parteaguas, llamado Concilio Vaticano II, y de la mano de la revolucionaria Encíclica Laudato Si´ sobre el cuidado de nuestra Casa Común, los cuales, entre muchas otras cosas, dan consistencia al Pontificado de Francisco.

En no pocos sitios se considera la Encíclica Laudato Si´ como uno de los documentos más importantes que se hayan escrito para toda la humanidad en las últimas décadas. La emergencia climática, que existe en el marco de una verdadera crisis ecológica, pide una respuesta radical (de raíz) para responder ante estos signos de los tiempos, ya que el mismo proyecto de Dios y de su Encarnación está en riesgo al descubrir que estamos llegando al punto de no retorno. La defensa de la Casa Común es hoy un elemento inherente de nuestra identidad como creyentes, y representa un llamado a toda persona de buena voluntad para asumir este imperativo ético universal.

Dicho esto, el Sínodo es un PROCESO que posibilita y acompaña la conversión integral de la Iglesia, y sus conversiones particulares, en el marco de este Kairós. La fase preparatoria, desde el anuncio del Papa de este Sínodo (Octubre, 2017), el inicio de este en la visita de Francisco al territorio Amazónico en Puerto Maldonado (Enero, 2018), y el inédito proceso de escucha territorial conducido por la REPAM en al menos 260 puntos en toda la Panamazonía (Asambleas, Foros, y ruedas de conversación) con la participación directa de al menos 22,000 personas en toda la gran diversidad eclesial y de la población de esta región, y al menos otras 65,000 en los procesos preparatorios, fueron determinantes porque fueron la base y esencia con que se elaboró el “Documento de trabajo” (Instrumentum Laboris), a partir de las propias voces del territorio en una expresión de verdadera Sinodalidad.

Como parte central del mismo proceso, la Asamblea Especial que tuvo lugar en Roma, bajo la presidencia del Papa Francisco entre los días 6 y 27 de octubre de 2019, fue un espacio de discernimiento, diálogo y elaboración de propuestas para ayudar al propio Papa a identificar los posibles nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral en la Amazonía y más allá de ella. Con la Exhortación Apostólica del Papa se nos dan los lineamientos magisteriales para encaminar esos nuevos caminos, y han de ser faros para toda la Iglesia con respecto a su identidad y misión, y con certeza serán también referentes para muchos que simpatizan con el llamado al cuidado de la Casa Común a nivel universal, y hacia una verdadera ecología integral en este territorio.

Premisas Ignacianas sobre temporalidad, territorialidad y los sujetos del proceso en este camino eclesial sinodal Amazónico

Temporalidad (Tiempos). Para comprender este Kairós, y poder asumirlo como tal sin caer en la tentación de reducirlo a una serie de eventos concatenados o bajo una visión meramente lineal, es necesario asumir la noción de tiempos a la luz de la esperanza en el Dios de la vida. Es decir, una que trasciende nuestras propias limitaciones y capacidades. El Espíritu se hace presente en los distintos momentos de la historia, pero es imposible someterlo a nuestros parámetros temporales. La revelación de Dios es un continuo en toda la historia de fe. Este Sínodo es, sin duda, un reflejo de la revelación de Dios, pero es un proceso frágil y evidentemente incompleto. Pretender interpretar toda la experiencia de este Kairós en su reducción a la Asamblea de octubre sería un triste reduccionismo de la revelación y, por tanto, sería un modo de asfixiar la novedad que de él quiere emerger.

El Sínodo de la Amazonía también nos hizo reflexionar sobre la importancia de reconocer el entorno, el territorio, en el que Jesús se encarna hoy y nos pide estar presentes, junto a quienes lo necesitan.

Por ello, es muy importante leer la Exhortación Sinodal, y todos los documentos asociados a este evento eclesial, como algo que está en construcción y sobre lo que debemos trabajar paciente e incansablemente para llevarlo adelante. Los parámetros de temporalidad de los propios pueblos y comunidades Amazónicas, incluso los ritmos de la naturaleza, nos deben ayudar a no forzar los cambios cuando aún no es tiempo, o con base en nuestras visiones particulares y hasta caprichos. Debemos comprender la madurez que se requiere en los procesos, y saber también identificar aquellos que no pueden esperar y ante los que es preciso empujar con todas las fuerzas. Para esto, necesitamos un discernimiento muy profundo, y un genuino conocimiento de la realidad territorial y eclesial. En ese sentido, nuestra esperanza se asocia con los más de 55 años desde el inicio del Concilio Vaticano II, y por ello el horizonte debe estar igualmente emplazado en una distancia que va más allá de nuestras limitaciones temporales, confiando en que esto es parte de un verdadero Kairós.

Territorialidad (Lugares). En este Sínodo se hizo un énfasis sobre la importancia de reconocer al territorio como lugar teológico. En nuestra identidad de creyentes, la Encarnación de Jesús acontece en un marco territorial específico como expresión del amor de Dios por su creación y el deseo de su redención. La divinidad se territorializa, asume la condición humana, se inserta en una cultura específica y en sus rasgos identitarios e históricos, para luego trascenderla y hacer camino para llegar a todos y todas en este mundo. En este sentido, la Amazonía es un verdadero lugar teológico, y en ello los pueblos y comunidades que ahí viven, con sus identidades culturales y procesos históricos, son también potencial y real fuente de revelación. Este Sínodo ha abierto una nueva categoría que estaba ya expresada en el Concilio Vaticano II al hablar de una región socio-cultural específica como espacio privilegiado para comprender el modo en que Dios se inserta en medio de nuestra realidad sin arrasar la riqueza existente, sino asumiendo e iluminando la riqueza espiritual y cultural ya existente.

Esto es esencial para acompañar adecuadamente la implementación de la Exhortación Papal sobre el Sínodo Amazónico porque nos hace conscientes de que a Dios no lo podemos reducir a una mirada o a una identidad cultural dominante. Si Dios se encarna en la periferia, lo hace también en las culturas específicas, grandes o pequeñas, y nuestra vocación debe ser el buscar el modo de que esa presencia de Dios y las semillas del Verbo encarnado fructifiquen y florezcan, dando mayor fuerza a la propia cultura y territorio. Ningún temor sustentado en el deseo de someter la revelación a una determinada y limitada cultura, quizás por un deseo de continuidad colonizadora, podrá ser una digna expresión del modo en que Dios camina con toda la humanidad en su deseo de redención. Así que, una invitación esencial es el sacarnos las sandalias para pisar la tierra sagrada de la diversidad cultural y territorial en donde la revelación ha querido acontecer en este Sínodo de la Amazonía.

Sujetos del proceso (Personas).  Una de las grandes novedades de este Sínodo fue, como concreción del deseo del Papa Francisco que se expresa en la Constitución Apostólica “Episcopalis Communio”, la ampliación en la diversidad de participantes. Hemos vivido una presencia inédita de toda la diversidad territorial en el proceso de escucha conducido por la REPAM para la preparación de los documentos del Sínodo, y, aunque siempre ampliable, se tuvo la mayor presencia de mujeres en Asamblea con respecto a cualquier otro Sínodo. Más aún, las voces de los pueblos originarios, mujeres y hombres, retumbaron en el aula Sinodal para conmover y transformar el modo en que se discutía sobre un territorio que ya no era algo lejano o comprendido simplemente desde una lectura lejana, sino que se tornaba en un discernimiento y búsqueda de caminos concretos a la luz de las presencias vivas y los relatos de los propios pueblos y comunidades Amazónicos que fueron sujetos de su propia historia en este Sínodo.

Voces de los pueblos originarios representando sus propias organizaciones, desde la vivencia del sacerdocio indígena, de la vida consagrada de miembros de los pueblos amazónicos, y de mujeres y hombres de distintas comunidades tradicionales, marcaron una ruptura irreversible con respecto a otros Sínodos. Toda discusión sobre una realidad particular deberá contar siempre con voces amplias y representativas de los propios pueblos, referidos como fruto de esta experiencia eclesial. El deseo del Papa Francisco por encontrarse solamente con los representantes de los pueblos originarios durante la Asamblea confirma esta opción preferencial por la periferia como fuente de luz y de vida para iluminar al centro, para que ellos ayuden a la Iglesia en su verdadera reforma sinodal. Nada que se discuta sobre el Sínodo tendrá sentido sin la presencia y participación activa de los propios representantes de este territorio, sean miembros de la Iglesia o de sus pueblos y comunidades, ya que son ellos los sujetos de su propia historia.

Concluimos este breve texto con una oración del Siervo de Dios P. Pedro Arrupe SJ, como consigna que nos invite a todos-as, miembros de la Iglesia o personas de buena voluntad, para poner nuestras fragilidades y fortalezas en la certeza de la revelación de Dios que está presente en este proceso Sinodal en marcha:

“No tengo miedo al nuevo mundo que surge,
Me espanta que podamos dar respuestas
de ayer a los problemas de mañana.
No pretendemos defender nuestras equivocaciones,
pero tampoco queremos cometer la mayor de todas:
la de esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos”

Otoño 2020


Mauricio López Oropeza

Secretario Ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM). Miembro de las Comunidades de Vida Cristiana (CVX).




Políticas públicas y la superación de la pobreza amazónica

Pobreza amazónicaLa atención global hacia la Amazonía se ha incrementado significativamente en la última década. Hoy existe un mayor reconocimiento de su importancia para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como para la implementación de agendas ambientales. Por otro lado, las políticas públicas de la región se han orientado hacia la identificación y cierre de brechas económicas y sociales, enfoque que ha visibilizado la deficiente cobertura y calidad de servicios públicos claves para el desarrollo humano en los territorios amazónicos. Espacios de diálogo de políticas públicas de alcance regional, como por ejemplo los Seminarios Pan-Amazónicos de Protección Social organizados por los gobiernos de Brasi y Perú (Belém do Para 2017; Iquitos 2018) han sido claves para que los gobiernos de la cuenca amazónica identifiquen la agenda social pendiente y asuman compromisos orientados a la reducción de la pobreza y atención de las vulnerabilidades que largamente afectan a dicha región. En este contexto, la agenda propuesta desde el Sínodo Amazónico constituye una valiosa contribución de la Iglesia Católica para motivar la acción colectiva en respuesta al olvido e incompresión que ha afectado a la Amazonía. De esta manera, coloca a las personas -y no sólo a los recursos naturales- en el centro de la discusión pública, llamando la atención sobre la urgencia de tomar acciones efectivas para mejorar el bienestar de millones de ciudadanos amazónicos, en particular de los más pobres y excluidos, entre los cuales se encuentran los pueblos indígenas.

En este artículo desarrollamos un balance sobre los avances y desafíos que enfrentan las políticas sociales orientadas a la superación de la pobreza en la Amazonía. Durante la primera década de este milenio, América Latina experimentó una reducción muy importante en sus niveles de pobreza. La pobreza se redujo del 44% al 28% entre los años 2002 al 2012 (CEPAL 2015). El Perú destacó por ser uno de los países con mayores avances en la reducción de la pobreza. De acuerdo a datos oficiales, la tasa de pobreza monetaria pasó de 49.1% en el 2006 a 20.5% en el 2017 (INEI 2018)[1].  Esta notable reducción se explicó principalmente por el incremento del empleo y del autoempleo, resultantes de la inversión pública y dinamismo del sector privado en un contexto de crecimiento económico. Los programas sociales, principalmente las transferencias monetarias (Juntos, Pensión 65), realizaron una contribución muy importante en la reducción de la pobreza extrema.

Pobreza en Perú y ALSin embargo, los avances en la reducción de pobreza no beneficiaron a todos por igual. La pobreza más dura y díficil se sigue concentrando en zonas rurales, donde hay menor presencia del Estado y menor desarrollo del mercado. De acuerdo al último informe oficial, 46,1% de la población rural andina, 38.3% de la población rural amazónica y 25.1% de la población rural costera continúa siendo pobre (INEI 2018). Desde el 2015, América Latina experimenta un estancamiento en sus niveles de reducción de pobreza (CEPAL 2015). En Perú, la desaceleración del crecimiento económico ha disminuido significativamente el ritmo de reducción de pobreza.

En la actualidad, las políticas sociales en Perú y América Latina deben responder a un doble desafío. Por un lado, evitar la recaída en la pobreza de ciudadanos que son altamente vulnerables (por ejemplo, quienes no cuentan con trabajo estable o no poseen activos productivos). Por otro lado, las políticas sociales deben brindar una atención especial a aquellos ciudadanos que han permanecido debajo de la línea de la pobreza. Esto requiere, entre otros aspectos, que las políticas sociales respondan de manera más efectiva a las necesidades de los territorios. En el caso de la Amazonía, las brechas en indicadores sociales emblemáticos (pobreza, desnutrición, anemia, salud, educación, etc) constituyen lo que Mondrego y Berdegue (2016)[2] denominan “trampa de desigualdad”. Esto se refleja, por ejemplo, en la persistencia de la pobreza indígena.

Desde la década de 1990, América Latina experimentó un proceso de expansión de políticas sociales que tuvo por objetivo incorporar al sistema de protección social a sectores que se encontraban fuera del mismo: los “outsiders” (Garay 2016). Desde entonces, la política social en América Latina ha buscado “incluir” a los “excluídos”. Entre los instrumentos más usados se encuentran los programas sociales orientados a la reducción de la pobreza. Estudios recientes ha explorado este proceso en los casos de trabajadores informales y desempleados (Garay 2016, Martinez y Sánchez Anchorena 2016, Pribble 2013) y pueblos indígenas (Correa y Roopnaraine 2014, 2018). En el caso peruano, el boom económico posibilitó el aumento del gasto social, invirtiéndose en la reforma del marco institucional de las políticas sociales y la ampliación de la cobertura de programas sociales emblemáticos. A mediados de la década del 2000, se inició una progresiva expansión de la cobertura de servicios públicos universales y programas sociales focalizados en zonas de la Amazonía, incluyendo contextos indígenas y zonas de frontera, aunque persisten profundos desafíos vinculados a la calidad, pertinencia cultural e impactos directos e indirectos de dichos servicios.

A pesar de los avances realizados, las políticas de reducción de la pobreza en el Perú han prestado limitada y tardía atención a la agenda social amazónica. Por ejemplo, es usual que actores públicos y privados extrapolen estrategias y programas de desarrollo provenientes de contextos costeros y andinos a contextos amazónicos, sin ajustar sus supuestos conceptuales y resultados esperados, lo cual ha tenido implicancias en su efectividad.

La Amazonía ofrece una oportunidad única de innovación para las políticas de superación de la pobreza en América Latina. Para ello, se debe mejorar la efectividad de los programas sociales, así como promover nuevas soluciones que respondan a las particularidades geográficas, socioeconómicas y culturales de la región. En el corto plazo, esto supone adaptar y fortalecer los programas sociales y productivos que ya operan en territorios amazónicos (Juntos, Pensión 65, FONCODES, Qali Warma, Cuna Más, entre otros). A mediano plazo, urgen sinergías y mayor articulación entre tres familias de políticas públicas que han dialogado poco o nada: políticas sociales, políticas ambientales y políticas interculturales. En contextos indígenas, esto resulta fundamental porque el cambio climático y la degradación de recursos naturales suponen retos para la gestión de sus medios de vida tradicionales (bosques, agua, tierras).

Es por ello que debe generarse una oferta de programas sociales y de desarrollo productivo diseñados para responder a las especificidades de la pobreza, exclusión y vulnerabilidad en contextos amazónicos. Asimismo, resulta indispensable mejorar la comprensión de los contextos de implementación de los programas y avanzar en aterrizaje técnico del enfoque intercultural para mejorar los sistemas de monitoreo y evaluación. Que hoy la Amazonía ocupe un lugar prioritario en la agendas de desarrollo global es sin duda una buena noticia. Sin embargo, responder a los desafíos de desarrollo de la Amazonía supone que gobiernos, empresas y actores de la sociedad civil comprendan que no basta con ampliar los servicios y programas que tenemos, sino que la Amazonía requiere soluciones innovadoras.

Pobreza rural

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[1] En Perú, la línea de la pobreza monetaria se define sobre la base de una canasta básica, cuyos valores per cápita mensuales fueron de 344 soles (pobreza) y 183 soles (pobreza extrema) al 2018.
[2] MONDREGO, Félix; BERDEGUÉ, Julio, eds (2016). Los dilemas territoriales del desarrollo en América Latina. Bogotá: Universidad de Los Andes.

Otoño 2020


Norma Correa Aste

Antropóloga especializada en políticas públicas y desarrollo. Profesora e Investigadora del Departamento Académico de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú.




SAIPE: jesuitas en territorio ancestral

SAIPE en AmazoníaLa continua vulnerabilidad de los territorios ancestrales

A inicios de la década de los 90´s los pueblos indígenas de la Amazonía peruana sufrieron uno de los golpes más duros sobre sus derechos colectivos, autonomía y territorio. La constitución neoliberal del Perú de 1993 le arrebata lo más importante, la garantía de la propiedad de su territorio ancestral. Se eliminaban las tres “ies”: la intangibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad. Inmediatamente le sigue un proceso, aún no terminado, de política de titulación de comunidades, recortando así “el territorio” y convirtiéndolo en “fragmentos de propiedad de tierras”. Desde hace unos años se viene promoviendo el debate de la titulación individual versus la titulación comunitaria y, como si fuera poco, el gobierno de PPK presentó el proyecto de Ley 1718/2017-PE que genera inseguridad jurídica sobre el derecho de propiedad y posesión de las comunidades de los pueblos indígenas andinos y amazónicos. Esta Ley es conocida como “Ley de despojo territorial”.

El golpe a los pueblos indígenas en la década señalada no solo llegó desde el Estado, también los grupos terroristas tomaron por asalto los bosques para refugiarse y, en algunos territorios, para instalar plantaciones y laboratorios químicos de cocaína. Les costó vidas y mucho dolor recuperar su libertad.

La Amazonía peruana, durante mucho tiempo, fue considerada como territorio vacío, necesario de habitar y hacerlo productivo. Podríamos ser exhaustivos y enumerar los tantos casos promovidos desde el gobierno para hacer productiva la Amazonía peruana y despojar de sus territorios a los pueblos indígenas. O las situaciones de esclavitud a la que se vieron sometidos por las actividades ilegales: desde la caza de esclavos, el caucho, la minería, la tala, el narcotráfico, entre otros. Lo que antes se conocía como resistencia indígena ante la invasión e intento de arrebatar sus territorios, hoy se llama conflicto social o ambiental.

Uno de los casos de estos “Conflictos sociales y ambientales” es el Paro Amazónico del 2009, donde todos los pueblos indígenas de la Amazonía paralizan las principales entradas de comercio que atraviesan sus territorios. El desenlace trágico de este conflicto se sitúa en la Curva del Diablo, en Bagua, territorio ancestral de los pueblos awajún y wampis. Después de lo sucedido en Bagua todo cambia, desde la intervención del Estado, lo estudios en la academia y la organización indígena.

Los pueblos awajún y wampis

Ubicarnos en ese acontecimiento nos transporta a la historia de los pueblos jíbaros awajún y wampís. Los mismos pueblos que se enfrentaron a los moches, los españoles, el narcotráfico, las actividades extractivas del gran empresariado y, actualmente, se enfrentan a las actividades ilegales que destruyen su territorio. La lucha más emblemática de estos pueblos fue contra el narcotráfico. Durante los primeros años de la década de los 90´s, desde el Consejo Aguaruna Huambisa, liderado en ese entonces por el líder awajún Santiago Manuin Valera, se levanta la alerta frente al crecimiento de indígenas involucrados en las plantaciones de coca. En un contexto complejo, de conflicto en el país, los líderes establecen una estrategia para erradicar las plantaciones y laboratorios en sus territorios. Querían evitar que se les declare en emergencia y que ingresen las Fuerzas Armadas a su territorio. Así pues, inician un proceso de erradicación de las plantaciones de coca. Esa estrategia no podía estar completa sin presentarles una alternativa económica que reemplace la coca. Es así como los líderes recurren a la misión de los jesuitas instalada en Santa María de Nieva, y solicitan el apoyo para buscar esa alternativa. Este pedido fue acogido, presentándose el primer proyecto de apoyo a las comunidades nativas awajún y wampís. “Cacao vs Coca” fue el título de este primer proyecto productivo. Y así es como se inicia la obra social de los jesuitas, ubicada en el territorio ancestral de estos pueblos, en la provincia de Condorcanqui, Región Amazonas.

El SAIPE

El Servicio Agropecuario para la Investigación y la Promoción Económica (SAIPE) surge del diálogo entre los líderes indígenas y los jesuitas. La necesidad de encontrar una alternativa productiva para la sostenibilidad de los pueblos awajún y wampis y, de esa manera, alcanzar el Tajimat Pujut/Tarimat Pujut (El Buen Vivir). Esa fue la principal motivación.

El SAIPE inicia como un espacio de reunión e intercambio de saberes entre profesionales agroproductivos y los líderes indígenas, avocados a la investigación de las mejoras e innovaciones productivas, buscando el menor impacto sobre los bosques y la reducción de la deforestación. Se inicia, entonces, un proceso de investigación, se instala el Centro de Experimentación productiva “Pampa Hermosa” y juntos impulsaron las innovaciones productivas agroforestales. Entre las que más destacan están: el manejo tecnificado del cacao y plátano, piscigranja y crianza de animales menores.

Durante los 25 años del SAIPE se han intervenido, aproximadamente, hasta 140 comunidades en la Provincia de Condorcanqui y Bagua. Y se logró incorporar manuales de aprendizaje y pequeños Centros de Experimentación en las Escuelas. Actualmente, las innovaciones agroforestales promovidas son las actividades que han logrado sostener la economía familiar en las comunidades de los últimos 10 años, donde la Amazonía se ha visto golpeada por la pérdida de bosque y carencia material para hacer frente a las necesidades económicas del sistema.

Los logros en el campo productivo alcanzados por el SAIPE son importantes, y contribuyen al proceso de adaptación de los awajún y wampís a un contexto de grandes cambios culturales y políticos, donde los derechos de los pueblos indígenas se ven vulnerados y su sobrevivencia depende únicamente de ellos.

Misión del SAIPEEl aporte del SAIPE no se queda en el ámbito productivo. Después del 2009 la defensa de los territorios indígenas dejó de ser un tema solo de las organizaciones. La Iglesia de la Misión del Vicariato San Francisco Javier se involucra en los procesos legales a los que se ven sometidos los líderes indígenas en los hechos sucedidos en el Baguazo. Al ser la única obra social ubicada en el territorio, el SAIPE se convirtió en un interlocutor entre los dirigentes y líderes y las instituciones que estaban involucradas en el asesoramiento legal. De esta manera se fue involucrando en los procesos de lucha política y social de los pueblos awajún y wampis. El punto memorable es la asamblea convocada en el 2014, donde se reúnen los presidentes de las comunidades nativas[1], dirigentes y líderes de las organizaciones para decidir iniciar el proceso de demanda en el caso del Lote 116. Como acompañantes en este proceso se embarcan IDL, CAAAP y el SAIPE. En esa misma asamblea se realiza un diagnóstico sobre la carencia organizativa y la necesidad de reapropiarse de sus territorios. Y surge la idea de la Escuela de formación de líderes y liderezas jóvenes. El SAIPE, en coordinación con el entonces Consejo Permanente del Pueblo awajún y wampís, hace tres años, inicia el proceso formativo de una nueva generación de líderes y liderezas capaces de asumir las dirigencias en los nuevos tiempos. A partir de esa asamblea inicia la discusión sobre el concepto de territorio integral, la recuperación de la autonomía indígena y la implementación de su derecho al autogobierno.

La idea de territorios integrales es entender el territorio como un todo y no como fragmentos de tierra individuales y colectivas, recuperar la idea de que son un pueblo y no un grupo de comunidades asociadas. Los awajún y wampis encabezan un proceso de los pueblos amazónicos que buscan recuperar derechos sobre sus territorios, poder decidir sobre él y sobrevivir a los, ahora, procesos de cambio climático.

El rol histórico del SAIPE, como obra social de la Compañía de Jesús, ha sido aportar a la sostenibilidad económica familiar, acompañar en la lucha de recuperación de los derechos de los pueblos indígenas y contribuir a la formación de una nueva generación de líderes y lideresas. Y el rol que le toca asumir, ahora, es seguir acompañando en los procesos de lucha, resistencia social y política frente a las nuevas amenazas que surgen en el territorio, e impulsar la producción para la mejora de la economía indígena y, así, lograr la sostenibilidad de estos pueblos y alcanzar el Tajimat/Tarimat Pujut.

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[1] Hoy llamado Consejo Permanente del Pueblo Awajún.

Otoño 2020


Micaela Guillén Ramírez

Coordinadora del Proyecto Pueblos indígenas y territorio en Forum Solidaridad Perú y coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento organizacional de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).




La Consulta Previa: avances y retrocesos

Consulta Previa amazónicaEn este 2020 habrá pasado cerca de una década en que se aprobó la Ley de Consulta Previa (Ley 29785, 2011) y su reglamento (DS 001-2012-MC), producto del acumulado de reclamos de los pueblos indígenas, especialmente fruto directo del Conflicto de Bagua (2009). Luego de estos años podemos decir que cada caso de Consulta Previa ha sido mejor que el anterior, pero no suficiente, tanto para las expectativas de los pueblos como para los estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas que se han venido construyendo, por ejemplo, desde los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entonces, hagamos una evaluación de los efectos prácticos y jurídicos de la institucionalidad de la Consulta Previa.

Uno de los primeros males que lleva consigo la experiencia en el Perú es que no es, desde lo formal, un diálogo político, sino meramente procedimental. La juridización de la Consulta en un procedimiento administrativo limitó el diálogo político que pudo, preventivamente, aumentar su eficacia en cada proceso; de hecho, cada caso nos muestra la necesidad de incumplir la ley y el reglamento para permitir el desarrollo de la misma Consulta.

Un segundo elemento institucional es su sectorización, es decir, no existe una autoridad ni un sistema de gestión pública de la Consulta, sino que cada sector es proponente e impulsor de la misma y, sin voluntad política -claro está- esta quizás nunca se vaya a realizar, concentrándose la experiencia en el sector extractivo. Es por ello que ha sido importante la judicialización de la Consulta Previa que, si bien no han respondido a una estrategia concertada de las organizaciones indígenas, sí a demandas concretas ante decisiones estatales que afectaron las tierras de comunidades, especialmente.

Otro elemento central es que al tener una institucionalidad débil y sin capacidad práctica de rectoría (Viceministerio de Interculturalidad), no termina de tener un rol claro, siendo más que nada de asesoría a los sectores que proponen la Consulta Previa en el Perú. Ha habido casos en que los funcionarios del Viceministerio de Interculturalidad han pasado de mediadores o simple facilitadores, a asesores del Ministerio de Energía y Minas (caso lote 192), lo que ha conllevado a abandonar su función de promotores de los derechos indígenas. Otros casos han sido sus opiniones para ciertas inversiones, como la Línea de Transmisión Yurimaguas Iquitos o la Hidrovía Amazónica que, aplicando el infeliz legado del Reglamento de la Ley de Consulta sobre excepciones para proyectos de servicios públicos, ha mostrado que sus incentivos no están aparejados a que se desarrolle la Consulta sino, todo lo contrario, a resguardar un marco legal imperfecto de promoción de las inversiones. Esto generó, en el campo judicial, serias y cuestionadoras sentencias al rol del Viceministerio de Interculturalidad. Ciertamente que el Viceministerio ha aprendido en cada caso, pero no ha sido suficiente para lidiar con la claridad política de un rol en procesos tan importantes para las inversiones en nuestro país.

Desde el aspecto legal, consideramos que se defina quiénes son los consultados. Durante el gobierno de Humala se produjo la discusión de quiénes eran indígenas para excluir a las comunidades campesinas de la sierra y así evitar la aplicación de la Consulta a cientos de proyectos mineros o, al menos, regularizarlos. Lo cierto es que, si el sujeto de derecho está consciente de su naturaleza singular, y de lo pragmático en cuanto a la exigencia de su derecho, poco importante será una definición restrictiva porque será caso por caso que se dilucidará esta subjetividad, a pesar de estas ambigüedades de la ley y reglamento de quiénes son indígenas.

Más importante en la Consulta Previa es el “cuándo”. Como hemos señalado, es poco lo avanzado en el régimen sectorial de la Consulta Previa. Depende de cada sector en qué momento implementarla, y no se ha comenzado siquiera a diseñar el marco legal sectorial e institucional. De hecho, lo que debió haber hecho la ley o el reglamento es decir claramente -y no mediante interpretaciones de sus dos articulados, art. 3 lit. i y art. 6 – cuándo se realiza la Consulta para cada sector, y así darle un impulso regulatorio desde el inicio. Lastimosamente, esto no fue así; y se obligó a que los actores lucharan caso por caso para definir este “cuándo”, y aumentar las posibles demoras de su aplicación y retrasos de proyectos que tuvieron que ser los conejillos de indias para los sectores, como es el caso de la Hidrovía Amazónica.

Avances de la Consulta Previa por sectores

El Estudio de Impacto Ambiental en la Consulta Previa

La necesidad de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) adecuado es fundamental para la realización de una Consulta Previa transparente. Lamentablemente, este requisito fundamental no siempre ha sido respetado.

Los primeros casos de Consulta Previa se centraron en el sector de hidrocarburos. De hecho, uno puede concluir que no se han superado las barreras de la naturaleza de la Consulta Previa: un proceso de diálogo, de negociación entre Estado y pueblos indígenas, y no un taller donde se brinda mera información por parte de la autoridad encargada de negociar los lotes (Perupetro) y una pasiva recepción de información por parte de las comunidades. Consabido es que el punto más álgido de esta experiencia ha estado en el caso del lote 192.

Muy reticentemente el sector minero no ha tomado en cuenta la Consulta Previa más que como un límite para la inversión. Las discusiones dadas en el gobierno de Humala sobre quienes eran indígenas denotaban la resistencia del sector privado minero en incluir a las comunidades campesinas como sujetos de Consulta. Y esto ha limitado su desarrollo en la legislación, que recientemente ha incluido una reforma sectorial para introducir la Consulta después de aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la explotación minera.

Sin embargo, historias exitosas de Consulta parecen ser -como en el pasado lo fueron algunos casos de creación de áreas protegidas- la creación del Área de Conservación Regional Maijuna – Kichwa, la Consulta de la ley forestal y su reglamento, así como del reglamento de la ley de cambio climático. Seguramente es necesaria una evaluación más profunda, con indicadores que integren una perspectiva política, jurídica y social, pero lo cierto es que el hecho de lograr acuerdos que las partes respeten e impulsen es un buen indicador.

Caso Hidrovía Amazónica

Vale la pena detenerse en la Consulta previa de la Hidrovía Amazónica[1]. Este es un caso emblemático, no solo por el resultado de la Consulta, sino también por ser el primer proyecto del sector infraestructura en la Amazonia Peruana, y el reto que implicó la participación de decenas de comunidades de 14 pueblos indígenas asentados en los ríos Huallaga, Marañón y Ucayali, los que serían dragados.

Es cierto que el proceso de Consulta Previa de la Hidrovía Amazónica ha generado bastante debate, principalmente, desde los actores que no conocen del proceso o nunca han prestado interés a las demandas indígenas, o comprenden el enfoque de derechos en cuanto a la construcción de un modelo de desarrollo más inclusivo y menos instrumental.

En ese sentido, el trabajo realizado tuvo limitaciones no solo de recursos sino de ingresar a un proceso que implicaba, en un corto tiempo, realizar talleres y reuniones entre el Estado, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y representantes indígenas en diferentes cuencas simultáneamente. Esto hizo imposible el construir un mensaje común entre estos pueblos; no obstante, se comprobó que era posible flexibilizar el proceso de Consulta porque los indígenas medianamente organizados solicitaron retrotraer el proceso al momento inicial para recibir más información. Este es un precedente que comprueba la necesidad de adecuar los procedimientos formales de Consulta a una perspectiva más intercultural.

Asimismo, la estrategia de las organizaciones indígenas y sus aliados, pese a las limitaciones en recursos para afrontar el proceso de Consulta, fue identificar obligaciones que garantizaran el cumplimiento de los acuerdos, aseguraran los derechos indígenas, satisficieran sus preocupaciones y se redujera al máximo cualquier posible impacto. Todo ello incluido en el acta final de Consulta Previa, a la que mayoritariamente ya muchas comunidades estaban a favor por las promesas que las autoridades se comprometían a realizar. De hecho, después de la suscripción del contrato con COHIDRO[2], el MTC impulsó un proceso de diálogo multisectorial con las comunidades adyacentes a los proyectos para satisfacer sus históricas demandas en salud, educación, vivienda, infraestructura, etc. Desafortunadamente, este grupo logró acuerdos que años después fueron incumplidos. Este fue un intento institucional por responder a las necesidades locales, pero si aún no se incluyen de manera organizacional, es decir, burocrática, la función o los incentivos por satisfacer o entender la demanda local, estas respuestas serán infructuosas.

Consulta Previa en la hidrovía

Un punto fuertemente cuestionado en el proyecto de Hidrovía Amazónica es el referente al dragado de los ríos, lo que afectaría la dinámica hidrológica y sería responsable de la elevación de sustancias tóxicas, como metales pesados, derivados de los derrames de petróleo de los últimos años.

Volviendo al proceso de Consulta, si se analiza el acta se podrán distinguir hasta 3 tipos de acuerdos: (1) los que afectan la regulación del sector y sus competencias ambientales, un elemento sin precedentes en los acuerdos de Consulta; (2) los que afectarían los derechos contractuales de las partes, estableciendo obligaciones tanto para el operador como para el Estado Peruano; y (3) las obligaciones generales que resguarden los derechos de los pueblos indígenas en el diseño, implementación y operación del proyecto.

Estos acuerdos se convierten en un precedente por varias razones: primero, es un proyecto concreto que impacta sistémicamente en las políticas públicas al comprometer a la autoridad a elaborar o reformar el marco legal ambiental que regula el transporte acuático; segundo, los acuerdos tienen un impacto en la inversión al incluir mayores obligaciones al Contrato de Private Public Partnership, que suscribiría con el concesionario por 30 años, lo que implicaba un precedente al marco regulatorio de las inversiones; tercero, se diseñaban garantías de protección de los derechos de los pueblos indígenas, más allá de las establecidas en el marco legal (anulación del contrato de concesión si el concesionario incumplía con cualquier obligación ambiental o del EIA), como que si se identifican nuevos impactos, debería producirse un nuevo proceso de Consulta Previa.

Después de estos últimos años, donde ya el concesionario ha desistido de presentar el EIA, el Estado Peruano no ha terminado por cumplir con los acuerdos de Consulta y existe una incertidumbre en un sector que poco conoce, como lograr cumplir con los acuerdos de Consulta y convivir con las comunidades adyacentes al proyecto. El desistimiento de COHIDRO de seguir con el proyecto se debe a que en el contrato el gobierno estaba obligado a proveer información para elaborar su EIA (estudios toxicológicos), lo que no se ha cumplido, por lo que deben estar negociando una enmienda al contrato, lo que implica una continuidad con el proyecto, pero volviendo a realizar el trámite administrativo de aprobación del EIA con nueva información. No obstante, lo cierto es que la presión local, nacional e internacional, producida por la sociedad civil y organizaciones indígenas sobre su inconsistencia económica (estudio de factibilidad deficiente), ambiental (EIA) y social (Consulta Previa) a través de diversas campañas, apabulló y apuró esta decisión.

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[1] El proyecto Hidrovía Amazónica pretende facilitar el transporte de mercancías en la Amazonía peruana, ello implica el dragado de, al menos, 13 tramos de ríos de muy poca profundidad para garantizar un transporte permanente en los ríos Marañón, Ucayali, Huallaga y Amazonas, en cuyas riberas se asientan 424 comunidades nativas, de 14 etnias distintas. La obra estará a cargo del consorcio COHIDRO.
[2] Concesionaria HIDROVÍA AMAZÓNICA S.A (COHIDRO)

Otoño 2020


César Gamboa Balbín

Director Ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).