“El aprendizaje de los maestros es enorme”

Entrevista a Patricia Salas, exministra de Educación.

Por Diana Tantaleán C.
Apostolado de Justicia Social y Ecología

La exministra de Educación, y actual docente de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, nos comparte sus impresiones sobre las acciones realizadas desde el gobierno para el sector educación en este contexto de crisis sanitaria. A pesar de lo difícil que está siendo este año escolar, ella tiene una mirada optimista y señala los puntos a reforzar para salir delante de la mejor manera.

A nivel educativo el gobierno tuvo que implementar una serie de medidas imprevistas para poder afrontar la crisis sanitaria, tratando de afectar lo menos posible a los escolares, ¿cómo ha percibido estas medidas?

La primera percepción, y nos estamos refiriendo a la suspensión de las clases y el inicio de un proceso de educación virtual, es que se pudo hacer. En tres semanas se puso a disposición de los escolares del Perú una propuesta de teleducación multiplataforma y en varias lenguas nativas.

La segunda impresión es que se hicieron esfuerzos muy importantes, y que fueron posibles porque había cosas avanzadas. Teníamos el portal PerúEduca, con un conjunto de recursos; teníamos esfuerzos para ayudar en las capacidades digitales de maestros y maestras. Sé que es insuficiente, pero creo que había una base de respaldo. Y la otra impresión que tengo, muy favorable, es que el Ministerio de Educación pudo articular rápidamente profesionales e instituciones públicas y privadas que pusieron a disposición del Ministerio una serie de recursos.

La otra cuestión de fondo era la preocupación de que no todos iban a tener el mismo acceso a la educación, que la brecha de desigualdad histórica en educación iba a ser más grande, y que los riesgos de la situación, para chicos y chicas, iban a ser mayores. Entonces, además de poner la plataforma en funcionamiento, que se hizo y se fue perfeccionando, también se debía tener planes alternativos de qué hacer para el retorno a clases y para el futuro, porque el reto de mejorar la educación está siempre presente, pero en este caso el reto de desigualdad se iba a multiplicar.

Ante la imposibilidad de muchas familias del pago de pensiones escolares, el gobierno dispuso el traspaso voluntario de alumnos de colegios privados a públicos, ¿qué consecuencias cree que tendrá este hecho?

Para los estudiantes, a nivel individual, creo que depende mucho de la actitud que tomen las familias. Si lo toman como un drama, los chicos lo van a vivir así; pero si las familias son capaces de hacer la reflexión, el cambio para los chicos y chicas puede ser una gran oportunidad.

Lamentablemente, en el Perú hay el mito de que la educación privada es mejor y da prestigio. Hoy en día sabemos, con evidencias contundentes, que la educación privada de bajo costo está teniendo los mismos resultados que la escuela pública, y hay casos en que la escuela pública tiene mejores resultados. Calculo que la mayoría de los que se han tenido que pasar de la privada a la pública vienen de este tipo de escuelas, en donde las familias salen ganando porque, sin variar drásticamente la calidad de la educación que están recibiendo sus hijos, no van a tener que pagar pensión, van a tener acceso a materiales educativos y textos escolares, y también al programa Qali Warma.

Desde el punto de vista del sistema educativo es una enorme oportunidad para revalorar la escuela pública, para que cumpla ese rol de articularnos a todos y sea un espacio de cohesión social, de ciudadanía plena, como dice el nuevo Proyecto Educativo Nacional. Es un desafío porque, si bien la escuela pública tenía espacios para recibir alumnos, no sé si lo era en la magnitud de lo que tuvo que recibir. En este tiempo de educación virtual, la demanda de materiales es menor, pero para el próximo año, o para el momento en que se reinicie la educación presencial, va a tener que preverse la cantidad de materiales que se requiera para el nuevo alumnado.

¿Cómo ha percibido el aprendizaje del docente en el uso de las herramientas digitales que ahora son indispensables?

Yo le pondría dos adjetivos: ha sido tremendamente tortuoso y absolutamente fascinante.

Los maestros han tenido que aprender “lo que sea como se pueda”. Han tenido que adaptar sus medios disponibles, como maestros y maestras, y de los padres y madres de los niños que iban a educar. Porque si bien algunos tienen acceso a internet, no sabemos de qué calidad; otros tienen acceso a cuenta de datos, pero no sabemos de cuánta capacidad; y muchos solo tienen Whatsapp.

Whatsapp ha sido una bendición y un hallazgo porque ha permitido un nivel de comunicación muy grande. Hemos sabido de muchísimos maestros que, por Whatsapp, tienen la interacción con los adolescentes o con los padres de los más pequeñitos.

Ha sido tortuoso para el maestro lograr llegar a sus niños, más la presión de la UGEL, pensar cómo hacerlo, ver si el papá puede o no, etc. Pero ha sido fascinante por tantas evidencias de creatividad, innovación y compromiso. Ver tantos maestros comprometidos con sus estudiantes. Como el caso del maestro huancavelicano que iba casa por casa; o de este maestro rural que, como no tenía ningún medio, puso un buzón en la plaza: él dejaba las tareas en el buzón, los papás la recogían, hacían las tareas con los chicos, y las dejaban en el buzón, o las tareas que ponían por radio o televisión las dejaban ahí y el profesor corregía y retroalimentaba.

Se ve la cantidad de maestros y maestras que cuelgan sus experiencias en las redes, algunas absolutamente innovadoras. También ha sido fascinante la cantidad de redes virtuales, de maestros y maestras, exhibiendo y compartiendo lo que hacen.

Se sabe que los primeros años de la educación escolar son fundamentales para el aprendizaje posterior de los estudiantes, así como el último año de secundaria lo es para la continuación en educación superior, ¿cómo cree que afectará este año tan irregular estas etapas tan delicadas y qué haría falta para afianzarlo?

Para los estudiantes de quinto año podríamos tener una especie de pacto social, entre la escuela y las instituciones de educación superior, para hacer un tránsito más fácil, con exámenes de ingreso que tengan en cuenta esta situación tan especial que han tenido que vivir. La escuela, por su parte, debe esforzarse para que se haga lo más importante en quinto de media, de tal manera que la pérdida sea lo más pequeña y el tránsito lo más fluido posible.

Recordemos, además, que ellos tienen mejores capacidades de hacer aprendizaje autónomo. Entonces, sea desde las plataformas más completas, como internet, hasta las más precarias, como radio o televisión, puede considerarse que tienen la potencialidad de estudiar.

Los más afectados serán los de situación más vulnerable porque tendrán solo acceso a radio, y eventualmente ni eso. Ante esto, el Ministerio de Educación, o los gobiernos regionales y locales, podrían tener algunas estrategias para reengancharlos rápidamente hacia fines de año y los primeros meses del próximo año; de tal manera que, para marzo, cuando son los exámenes de ingreso, puedan estar en mejores condiciones. Pero se necesitaría una estrategia específica para las poblaciones altamente vulnerables. Esto también implica estudiar cuál es el porcentaje de alumnos que está aspirando a educación superior porque, lamentablemente, habría una alta correlación de estudiantes en esta situación de vulnerabilidad que no aspiran a ella. En este caso, el desafío del sistema es lograr que terminen la secundaria, ya sea con un ciclo especial para que terminen antes de marzo, o asegurarnos de que se reenganchen en la escuela y puedan terminar el 2021 su secundaria, que es lo mínimo que deberíamos garantizar como Estado.

Con los niños de primer y segundo grado es un poco más complicado porque todo el esfuerzo de maestros y maestras debe estar en estrecha relación con lo que pueden hacer los cuidadores: papá, mamá, abuelita, hermano mayor o quien fuera. El despliegue debe ser tal para lograr lo que el programa escolar pide conseguir en este año, o al menos asegurarse de asentar los elementos básicos para seguir avanzando.

padres como maestros

El aprendizaje de los más pequeños dependerá no solo de los maestros, tendrá mucho que ver la persona que lo acompañe en casa para reforzar lo aprendido.

No debemos ser muy exigentes con los logros educativos de este año, lo principal es la salud: de las familias, de los niños y de sus padres, y la de nuestros maestros. Por eso, Aprendo en Casa tiene el rol fundamental de que los estudiantes no pierdan ritmo, que sigan estudiando, y los logros educativos los podríamos cumplir el 2021, o eventualmente tomarnos hasta el 2022. Si logramos salir de esta situación saludables, el resto lo podemos ir organizando.

Hay que hacer lo que se pueda de la mejor manera, y a los maestros les toca tener la sabiduría para orientar a los padres para que las capacidades y habilidades de los niños se vayan desarrollando, sabiendo que cuando lleguen a la escuela van a poder terminar de trabajar el proceso que necesitan, sobre todo en estos grados donde les toca aprender a leer, escribir e involucrarse con la matemática básica.

Lamentablemente, siempre ha existido una brecha grande de género en educación, más aún en sierra y selva, ¿cómo cree que la crisis sanitaria ha repercutido en esta realidad?

La brecha de género en educación ya no era por falta de acceso; casi en todos los ámbitos ya teníamos a las niñas insertas en el sistema educativo. La brecha de género siguió siendo muy grande en roles, estereotipos y labores de cuidado en la familia, al que son asignadas las niñas, y que a veces implica faltar o llegar tarde al colegio. Calculo que, con esta situación sanitaria, aumentará la necesidad de labores de cuidado familiar por parte de las niñas.

En las familias donde habrá mayor situación de pobreza, si antes la mamá tenía unas horas para cuidar a los hijos, ya no las tendrá porque deberá salir a trabajar, pues el tiempo de inserción laboral de los adultos será más intenso. Otro tema es que se va a acrecentar la magnitud del trabajo infantil y adolescente, y afectará a niños y niñas, o eventualmente los varones irán a la calle y las niñas se quedarán en casa cuidando al hermanito menor, al abuelito, o a quien haya que cuidar. Otra cosa que temo es que crezca el embarazo adolescente y la situación de violencia y violencia sexual contra las niñas. Todo esto sin contar con que crezcan los niveles de desnutrición y anemia en general.

La brecha de género hay que verla por este lado: cuánto tiempo de las niñas se va a requerir en labores de cuidado doméstico, cuántas niñas van a quedar embarazadas, sea por relación con sus pares o en situaciones de violencia, y cuántas niñas van a ser víctimas de violencia quizá solo por no tener la oportunidad de salir de la casa o no tener al maestro o maestra a quien recurrir.

¿Qué cree que faltaría trabajar o afinar a nivel educativo en este contexto?

Creo que podríamos afinar mucho más las aptitudes o capacidades de los docentes para hacer más efectivo su trabajo a distancia en los contextos particulares. Una de las capacidades a trabajar con mayor profundidad es, por ejemplo, que los maestros de grados menores sepan cómo comunicarse con los padres para que las tareas que se les deje a niños y niñas, que van a ser monitoreadas por ellos, se parezcan lo más posible a la vida cotidiana. Son muchísimas las capacidades y habilidades para lectura, comunicación y matemáticas que son parte de la vida cotidiana y que pueden ser solamente juego. Desde “ayúdame a clasificar las medias por colores y tamaño”, donde estamos preparando a los chicos para el trabajo matemático, o “cuéntame historias” o leer cuentos juntos.

Es importante fortalecer las capacidades de los maestros para hacer una conexión entre sus saberes, y sus demandas pedagógicas, con la vida cotidiana de los niños encerrados, porque no pueden salir a la calle a investigar y muchos no tienen acceso a internet. Son enormes las posibilidades de actividades, como juegos o acciones de la vida cotidiana, que pueden ser convertidas en elementos sistemáticos de desarrollo de las capacidades de niños, niñas e incluso adolescentes.

Otra capacidad a fortalecer en los maestros, ojalá junto a los padres, es cómo ayudar a los adolescentes a organizar su trabajo autónomo. Esto es muy importante porque es necesario para este momento y, si lo abordamos medianamente bien, se convierte en una riqueza para la siguiente etapa.

Maestros y maestras también deben aprender a mirar con sagacidad los aprendizajes que están ocurriendo en las casas: papás jugando con los niños o cocinando con ellos, teniendo pequeños proyectos en el hogar; incluso en el ámbito rural. Captar lo que están haciendo en sus hogares para convertirlo en un aprendizaje un poco más sistemático, para ello hay que fortalecer la capacidad de comunicación y coordinación con los padres.

También es importante el dominio pedagógico. Mientras mayor sea este, mayor posibilidad habrá de ser creativos y captar oportunidades, y que esto redunde en resultados.

Y, por supuesto, lo que hay que fortalecer son las capacidades de resiliencia socioemocional. Las tensiones se han multiplicado, y de manera más dramática para maestros y maestras. Porque, además de atender a sus niños, hijos y estudiantes, tienen que organizar la casa, preparar sus clases virtuales (que demanda mucho más tiempo que las presenciales) y contener las situaciones socioemocionales de sus alumnos y sus padres. El fortalecimiento de las capacidades de resiliencia socioemocional del docente debe ser una prioridad “1A”; y luego los recursos para ayudar, en ese proceso, a sus estudiantes o a las familias de sus estudiantes.

¿Qué fortalezas o posibilidades cree que ha promovido esta crisis en la educación peruana?

maestros a distancia

Los maestros han podido afrontar, en muy corto tiempo, el reto de las clases virtuales, buscando las mejores herramientas y redes para realizar su trabajo de la mejor manera posible.

Una de ellas, que ya mencioné antes, es la enorme creatividad y la puesta en evidencia del compromiso docente. Una segunda línea sería el acercamiento de la familia con la escuela y viceversa. Era más fácil para los padres dejar a los niños en la escuela y luego reñirlos por la nota, o reclamar al profesor por la nota; ahora los padres están viendo y viviendo el proceso educativo. Este acercamiento tiene que convertirse en algo permanente, sostenido y con significado para el crecimiento de los chicos, y plantear una siguiente etapa sobre eso.

Otro elemento es la revaloración de la escuela y de los maestros por parte de las familias. Es una oportunidad de que las familias sean un espacio de comprensión para mejorar la política educativa y valorar al docente y a la escuela.

También es enorme la cantidad de aprendizajes que están haciendo los maestros sobre recursos educativos, ya sea por cuenta propia, porque han investigado o se han comunicado con sus colegas. El desafío es poner esos aprendizajes en una lógica pedagógica lo más consistente posible.

Otro punto muy interesante es la cantidad de redes que se han formado entre maestros y maestras, y entre estos con otras organizaciones o instituciones de la sociedad. Ahí se puede seguir trabajando de manera muy fructífera para la educación, porque en algunos casos han incluido especialistas a los que los maestros no tendrían acceso si no fuera por esta situación. Junto a esto tenemos la enorme cantidad de conferencias virtuales, los webinar están a la orden del día. Han puesto muchas instituciones y profesionales de primer nivel a disposición de los maestros en general. Esto se abre como un potencial importante para que la sociedad peruana y, ojalá, nuestro sistema educativo pueda capitalizar en favor de nuestros maestros.

Otro elemento que también puede ser una ganancia es el aprendizaje autónomo, tanto de los propios maestros como de los estudiantes, pues muchas cosas las tienen que hacer por su cuenta, lo cual los va a llevar a aptitudes más reflexivas, más críticas, con mejores prácticas de lectura e investigación. Igualmente, si a esto no le damos un cauce, y no lo organizamos, se puede quedar como una bonita experiencia en la historia, y necesitamos que sea un aprendizaje para el resto de la vida del estudiante, pero también para el sistema educativo peruano.

Si alguien no asume el liderazgo de reflexionarlo, sistematizarlo y convertirlo en un bien público, se puede perder, no es automático. Tiene que ser organizado, sistematizado, y puesto nuevamente al servicio de la comunidad educativa. Hay que hacer un llamado para que autoridades, universidades, institutos de investigación, grupos o gremios docentes, o ambos, incursionen en la sistematización de experiencias en función de lo que es la pedagogía y de las características y el contexto de nuestros estudiantes.

Primavera 2020


Patricia Salas O’Brien

Socióloga. Docente de la Universidad de San Agustín de Arequipa. Exministra de Educación (2011 – 2013)




Debilidades ocultas de la salud pública

salud públicaPerú fue uno de los primeros países latinoamericanos en adoptar una cuarentena obligatoria a nivel nacional como medida para detener la propagación de la COVID-19. El 15 de marzo del 2020, con 28 casos confirmados y sin ninguna muerte reportada, el gobierno emitió el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM declarando el Estado de Emergencia a nivel nacional. Tomando el ejemplo de medidas tomadas en otros países afectados por la nueva enfermedad, como España e Italia, Perú adoptó tempranamente medidas extremas como el cierre de fronteras, restricción de la libertad de tránsito a nivel nacional, prohibición de aglomeraciones, incluyendo el cierre de escuelas, universidades, iglesias y, en general, toda las actividades o servicios no esenciales se limitaron. Algunas de estas medidas, como el cierre del libre tránsito a nivel nacional, se mantuvieron por 100 días. salud pública

La adopción de estas medidas extremas, con pocos casos confirmados, le valió al Perú el reconocimiento internacional. A comparación de lo que venía sucediendo, y aún sucede en algunos países de la región (como Brasil, México o Nicaragua), el gobierno peruano reconoció la gravedad de la situación y tomó medidas destinadas a mitigar el impacto de la enfermedad. Sin embargo, pese a las medidas, a fin de julio del 2020, Perú tenía más de 420,000 casos confirmados y más de 19,400 muertes confirmadas por la COVID-19, lo que indica que el país tiene una de las tasas más altas de incidencia y mortalidad por esta enfermedad en el mundo[1].

Sin duda, hay diversos factores que han influido y llevado al Perú al número de infecciones y muertes por la COVID-19. Se ha hablado del impacto de la informalidad: en un país con un 70% de la población trabajando sin beneficios sociales[2] fue imposible, para muchas familias, mantener la cuarentena estricta. Si bien el Ejecutivo, aprovechando la buena estabilidad macroeconómica y las abundantes reservas estatales, anunció una serie de medidas para proteger a las familias vulnerables y sus empleos, estas resultaron insuficientes. Además, la implementación de las políticas, como la de los bonos, mostraron varias debilidades del Estado, como su incapacidad para identificar a ciudadanos vulnerables, poca flexibilidad y capacidad para adaptarse a la situación de emergencia que causó, por ejemplo, largas colas de ciudadanos en agencias bancarias, aglomeraciones que en principio se querían evitar, así como el contagio de pobladores de zonas rurales.

En cuanto al sistema de salud, la epidemia del COVID-19 pone en evidencia varias debilidades del sistema de salud peruano: fraccionamiento, falta de recursos humanos y financieros, o la falta de infraestructura. En este artículo quisiera centrarme en dos, que no son de las debilidades más mencionadas, pero que considero claves para comprender lo que nos está sucediendo: la obsesión por las metas y la ausencia de un enfoque intercultural.

Vivimos, desde hace años, a nivel global, una obsesión por medir y establecer metas de desarrollo. Muchas de estas metas e indicadores son definidas por actores globales, y adoptadas por los países, muchas veces de manera acrítica. Si bien estas metas han servido para hacer que los países adopten compromisos formales para atender ciertas problemáticas, como acceso a la educación de las niñas, acceso al agua potable, etc.; también es cierto que estos indicadores suelen reducir y simplificar fenómenos complejos y, en consecuencia, dar una falsa impresión de bienestar[3]. El caso del Perú es un ejemplo de los límites de estos indicadores, y del riesgo de dejar que las políticas, como las de salud, se diseñen alrededor de estos indicadores. Y es que Perú, de alguna manera, es un país modelo cuando se trata de la adopción de metas globales de desarrollo.

En el 2016, el país incluyó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible[4] en el Plan Estratégico para el Desarrollo Nacional, así como en planes estratégicos de gobierno a nivel regional y local de gobierno[5]. A marzo del 2020, Perú había logrado un crecimiento económico sostenido y reportaba grandes avances hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: cobertura universal de salud. Es más, Perú ya había reportado en el 2016 el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo del Milenio: trabajo decente y crecimiento económico y el de acceso al agua potable y saneamiento[6]. Estas metas se declararon cumplidas pese a que, como ya ha sido señalado, el 70% de la población trabaja en el sector informal, y se estima que 3.4 millones de peruanos no cuentan con acceso a servicios de agua potable, y solo el 55.7% de la población tiene acceso al suministro de agua las 24 horas del día.

En el caso de la salud se ha declarado como cumplidas metas globales, como la del Objetivo del  Desarrollo del Milenio relacionadas a la tuberculosis[7], esto pese a tener una incidencia y prevalencia de tuberculosis sobre la media regional, y a haber sido incluido entre los países con la mayor carga de tuberculosis multidrogoresistente a nivel global por la Organización Mundial de la Salud.

La obsesión por lograr un “buen” desempeño en ciertos indicadores no ha favorecido en la construcción de un sistema de salud sólido que permita garantizar el acceso a servicios de calidad, por el contrario, ha permitido actuar de forma negligente con ciertas poblaciones, como la población indígena amazónica, y negar el derecho a un sistema de salud realmente intercultural. No es casual el gran impacto que está teniendo el COVID-19 en la Amazonía rural peruana ni las demoras del Estado para brindar una atención adecuada a sus necesidades. La obsesión por los números lleva a priorizar grandes poblaciones que mejoren los indicadores nacionales. Esto, sumado a discriminación estructural y a la falta de reconocimiento de los saberes indígenas, ha llevado al desarrollo de políticas nacionales que no responden ni a las necesidades ni a las diferentes realidades que enfrenta la población de un país que se dice multiétnico. La interculturalidad en salud se ha reducido a una instrumentalización de ciertas prácticas para mejorar ciertos indicadores, como la muerte materna. La adopción del parto vertical no ha implicado el reconocimiento o la valoración de conocimientos, saberes ligados a la crianza. Lo intercultural no ha sido adoptado de forma transversal por el sistema de salud peruano, en muchos casos se reduce a la traducción; y los saberes indígenas siguen siendo, cuando mucho, instrumentalizados para “convencer” a ciertos grupos a utilizar los servicios de salud.

salud pública indigenas

La salud pública ha carecido del enfoque intercultural tan necesario para afrontar esta y otras crisis sanitarias en las poblaciones amazónicas. Se ha dejado de lado los saberes y costumbres ancestrales de las comunidades indígenas, impidiendo una mayor eficacia en esta población.

Las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar a la COVID 19 (aislamiento social, lavado de manos, indicaciones a los enfermos sospechosos a quedarse en sus casas y llamar al 113) resultan inviables para muchas comunidades indígenas amazónicas en las que el acceso al agua potable es limitado[8], al igual que al teléfono o internet. Además, la espera en los domicilios no es una opción para muchas personas, si se toma en cuenta el tiempo de traslado a los establecimientos de salud. Estudios recientes, hechos sobre accesibilidad geográfica (tiempo de traslado), muestran cómo las comunidades de la zona rural de la Amazonía peruana presentan, en todo el país, los mayores tiempos de viaje a los centros de salud más próximos[9]. La respuesta del Ejecutivo no consideró que las regiones de la Amazonía estaban enfrentando ya una epidemia de dengue que tenía a sus servicios al límite[10], las guías no consideraron indicaciones para manejar situaciones de co-infección, o para asegurar el adecuado diagnóstico de estas enfermedades. Pero el Estado tampoco escuchó las propuestas de los pueblos indígenas que, desde marzo del 2020, vienen pidiendo al gobierno una respuesta coordinada. Se les ha ignorado. No se ha tomado en cuenta su opinión para diseñar políticas tan sensibles como la entrega de bonos, al punto que se ha llegado a plantear la necesidad de una acción de amparo para impedir la entrega de los bonos de MIDIS en las comunidades indígenas de la Amazonía.

Lo que nos ha mostrado la COVID-19 es un Estado poco flexible, con serias limitaciones para innovar en cómo llegar a sus ciudadanos en situación de vulnerabilidad, y que ha convertido a los indicadores en metas en sí mismas, y no en herramientas para medir algunos componentes de, por ejemplo, un sistema integral de salud.

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[1] Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center. COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins 2020. https://coronavirus.jhu.edu/map.html (accessed July 22 2020)
[2] INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática. Informe Técnico. Comportamiento de los indicadores del mercado laboral a nivel nacional. 2020.
[3] FUKUDA-PARR S, YAMIN AE, GREENSTEIN, J. The Power of Numbers: A Critical Review of Millennium Development Goal Targets for Human Development and Human Rights. Journal of Human Development and Capabilities 2014; 15(2-3): 105-17.
[4] En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (N. del E.)
[5] Gobierno del Perú, CEPLAN. Perú: Informe Nacional 2018 para el desarrollo sostenible. https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/01/Informe-Anual-CEPLAN_16042019.pdf; 2018
Gobierno del Perú, CEPLAN. Informe Nacional: Perú a mayo 2020. La Protección de la Vida en la Emergencia y Después. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1206497/Informe_Nacional_Peru_a_mayo_2020_-_II_INV_Peru_-_Ceplan_20200805.pdf: CEPLAN, 2020.
[6] El Peruano. Objetivos cumplidos. El Peruano. 2016 April 24.
[7] RPP. Perú cumplió objetivo del milenio en lucha contra la tuberculosis. La ministra de Salud explicó que la tuberculosis “sigue siendo un grave problema de salud pública que exige una respuesta integral del Estado, empresas privadas, sociedad civil y población en general.”. 2016 (accessed July 25 2020).
[8] INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática. Resultados Definitivos del III Censo de Comunidades Nativas 2017. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018.
[9] CARRASCO-ESCOBAR, G., MANRIQUE, E., TELLO-LIZARRAGA, K., MIRANDA, JJ. Travel time to health facilities as a marker of geographical accessibility across heterogeneous land coverage in Peru. medRxiv 2019: 19007856.
[10] ProPurús. Casos de COVID19 y Dengue en las Comunidades Nativas de Ucayali. Datos actualizados al 16 de junio del 2020. June 16 2020. http://propurus.org/covid-19/ (accessed June 25 2020).

Primavera 2020


Camila Gianella Malca

Directora Ejecutiva del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas – CISEPA de la Pontificia Universidad Católica del Perú.




COVID-19 en pueblos indígenas: ¿solo asunto de salud?

salud indígenaPara el 21 de julio, 15 pueblos indígenas amazónicos, ubicados principalmente en las regiones de Amazonas, Loreto y Ucayali, registraban más de un centenar de casos[1]. En sólo 10 días de ese mes[2], el número de casos oficiales se incrementó en un 47%[3], estimándose un total acumulado de 10,189 positivos; una cifra que podría multiplicarse si consideramos el subregistro generado por la pobre cobertura sanitaria y el limitado número de pruebas disponibles en estas regiones, así como la gran cantidad de casos tratados con recursos domésticos y de auto-atención.

Diferentes líderes y lideresas indígenas[4], así como personal de salud que trabaja en la zona, advirtieron tempranamente sobre la alta positividad y letalidad que adquiriría el virus de llegar a sus territorios, y subrayaron la incapacidad de los servicios de salud para enfrentar un eventual brote. Estas afirmaciones no son nuevas, diversas organizaciones indígenas y los propios análisis desarrollados por el MINSA indican, desde hace ya varios años, que estos pueblos presentan la peor situación de salud del país[5] y que existe una historia de epidemias relativamente reciente en sus territorios. Por ejemplo, unas pocas semanas antes de la aparición del COVID-19, tres regiones amazónicas -Loreto, San Martin y Madre de Dios- habían sido declaradas en emergencia sanitaria por dengue y leptospirosis. En los últimos años, enfermedades asociadas generalmente a contextos urbanos, como tuberculosis, hepatitis B o VIH/Sida, se han difundido en el mundo indígena con una letalidad sin precedentes, adquiriendo la condición de epidemias focalizadas en algunas comunidades.

Estos pueblos han experimentado diferentes ciclos de epidemias, producidos principalmente por la colonización de sus territorios. Muchas de ellas diezmaron sus poblaciones al punto de no sólo colapsarlas demográficamente; sino también política, social y culturalmente. Por ello, tienen un lugar central en la manera en que conciben su historia y devenir, así como en la forma en que entienden sus relaciones con otros grupos sociales y con el Estado[6]. Parte de esta memoria da cuenta de la agencia y creatividad indígenas para responder a estas enfermedades, así como de las alianzas con ciertos actores e instituciones, dentro de las que destacan las organizaciones religiosas. También, expresa la indiferencia e inacción de organismos públicos frente al dolor y la muerte, generando una suerte de cartografía de grupos aliados o afines y contrarios u hostiles[7]. Estas versiones parecen actualizarse continuamente con el ingreso de nuevas enfermedades que se han diseminado de la mano de las políticas económicas, sociales y poblacionales de los Estados en que se ubican sus territorios. Existen entonces varios temas por discutir más allá de los estrictamente sanitario, aspecto que ha sido documentado ampliamente desde hace dos décadas. Uno de los principales tiene que ver con cómo esta epidemia no sólo revela la limitada autonomía de estos pueblos, sino cómo la puede hacer peligrar aún más.

La respuesta estatal frente a la pandemia en pueblos indígenas

Marlene Castillo realiza un interesante análisis basado en la comparación del número de días que transcurrieron entre la declaratoria de emergencia sanitaria y la fecha de aprobación de cada una de las normas desarrolladas por el Estado para el abordaje del COVID-19 en pueblos indígenas[8]. Se esperó 69 días para emitir la primera norma que establecía el plan de intervención del MINSA para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonía. Tuvieron que pasar 31 días más, cuando ya se registraban varias centenas de casos, para que se emitiera la norma que autorizaba la transferencia de partidas para la implementación de dicho plan. Recién el 25 de junio se crea una Comisión Multisectorial para el seguimiento de las acciones de protección de los pueblos indígenas u originarios. En el día 111, se autorizaron tardíamente las transferencias de partidas a los gobiernos regionales para la contratación de personal de salud. A la fecha no existen reportes de dicha comisión ni de los sectores responsables, siendo evidente que la respuesta ha sido más que tardía.

También se sabe que muchas de las disposiciones se basaron sobre todo en el criterio de especialistas y técnicos del nivel central, con una limitada participación de la población, organizaciones y autoridades de los niveles locales. Parecen haber sido hechas desde arriba y desde el centro, sin partir de los diagnósticos y propuestas de quienes están en el terreno. Con relación al contenido del plan, varias voces coinciden con la opinión de Alberto Chirif respecto a que carecía de un sentido de urgencia, estableciendo acciones que ya formaban parte de las funciones de los diferentes sectores[9]. Chirif observa además que varias de ellas, como la protección a los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) o el análisis de la variable étnica en los reportes de salud, no habían sido cumplidas durante periodos de normalidad, por lo que nada garantizaba su ejecución en tiempos de emergencia.

La respuesta de las organizaciones y comunidades indígenas

Las comunidades y organizaciones indígenas no esperaron las indicaciones y recursos del nivel central o regional para responder a la amenaza de la pandemia, desarrollando acciones coordinadas con los gobiernos y servicios de salud locales, así como organizaciones religiosas. Estas han incluido: el cierre de vías, el control del tránsito hacia las comunidades, el acondicionamiento de locales para la cuarentena de retornantes y casos sospechosos o positivos, el establecimiento de protocolos para el traslado y la distribución de alimentos, medicinas y bonos, así como el manejo de cadáveres, el fortalecimiento del papel de los promotores de salud, el uso de terapias alternativas y complementarias basadas en sus conocimientos locales, entre otros. Muchas de estas acciones incluyeron la búsqueda de ayuda solidaria que, siendo urgente y necesaria, nos puede conducir al peligroso campo de la moral humanitaria[10] que considera a los indígenas como sujetos de caridad y no de derechos ciudadanos y colectivos.

Pese a los esfuerzos realizados, el virus se ha expandido en diferentes pueblos y cobra cada día más vidas. En algunos casos, esto se debió a la ubicación de ciertas comunidades en regiones de frontera de alta circulación de bienes y personas, o a la cercanía a zonas de actividades extractivas, legales o ilegales, que incrementan las posibilidades de contagio. Sin embargo, muchos otros tienen que ver con el incumplimiento de los protocolos por parte de algunas autoridades locales y regionales, el retorno masivo de población que no recibió el apoyo necesario para sostenerse en sus lugares de emigración, y las propias políticas del Estado, que concentraron inadecuadamente a población indígena para la entrega de bonos y programas sociales sin medidas de bioseguridad. La actitud de las organizaciones, y de parte de la población ante los bonos y repartos de alimentos, parece haber sido ambivalente en tanto que, si bien se consideran como un factor de contagio, se contemplan como necesarias en un contexto de pérdida de la seguridad alimentaria.

Estado y autonomía indígena

Aunque la mayoría de opiniones tienden a responsabilizar casi exclusivamente al Estado peruano en sus distintos niveles por lo ocurrido, figuras representativas como Gil Inoach consideran otros factores, como la representatividad de algunas organizaciones y la poca autonomía de los propios pueblos indígenas. De otro lado, Gustavo Zambrano se pregunta por la utilidad y el sentido de ubicar el tema indígena en el Ministerio de Cultura (MINCU), y si esto es lo que realmente desean o conviene a los pueblos indígenas y originarios de nuestro país[11]. En este sentido, algunos cuestionan el rol del MINCU y su capacidad, no sólo para salvaguardar la salud indígena, sino también para promover el fortalecimiento de su autonomía de manera que puedan proponer, ejecutar y vigilar acciones dentro sus territorios[12].  En este escenario, pocos han reparado en el limitado papel de las unidades orgánicas del MINSA, responsables de la ejecución de la Política Sectorial de Salud de Pueblos Indígenas que prácticamente no se ha implementado ni ejecutado en estos años[13].

Finalmente, se debe señalar que en este contexto han emergido otras amenazas y atropellos a sus derechos: como las propuestas de virtualización y simplificación de los procesos de Consulta Previa por parte del Ejecutivo, la aprobación de una Política Nacional de Cultura sin una Consulta Previa, la postergación de la revisión de la Ley 78736 (conocida como Ley PIACI) para establecer la intangibilidad de las reservas donde viven estos pueblos, o las recientes muertes de tres ciudadanos kukama a causa del enfrentamiento con la policía en el Lote 95 en Loreto. En este sentido, el COVID-19 no sólo representa la pérdida de valiosas vidas humanas y de conocimientos ancestrales, sino la posibilidad de que se debilite aún más su tan ansiada autonomía. Está en manos de las organizaciones indígenas, y sobre todo del propio Estado, evitar que esto suceda, y que esta pandemia no termine solo actualizando la cartografía de la etnopolítica indígena, que ubica al Estado como un contrario. En conclusión, es fundamental tener una mirada que trascienda lo sanitario y se dirija hacia lo político.

El SAIPE, obra social de la Compañía de Jesús, se ha sumado en estos meses a diversas iniciativas de respuesta a la situación de emergencia, especialmente desde la Comisión Multisectorial que agrupa instituciones públicas y privadas de la provincia de Condorcanqui (Amazonas), y que fue creada para hacer frente a la amenaza del COVID 19, siendo Nieva el distrito que reporta el mayor número de casos en toda la región.

Nuestra preocupación principal es visibilizar el estado de vulnerabilidad de los pueblos indígenas e incidir en las instituciones del Estado para una urgente atención ante las consecuencias de la pandemia, que en estas zonas se expresa con mayor crudeza por las precarias condiciones de los servicios de salud y los altos índices de pobreza existentes.

Alrededor de 450 familias de comunidades nativas no han recibido ninguna subvención estatal, por lo que se gestionan los recursos para brindarles ayuda alimentaria y útiles de aseo y desinfección. De igual modo ha sido con las personas que retornaron de otras ciudades a la provincia de Condorcanqui, quienes realizaron su cuarentena en ambientes del SAIPE y el Instituto Fe y Alegría. Asimismo, hemos sumado esfuerzos apoyando y difundiendo la campaña pública, liderada por la parroquia jesuita de la zona, en favor de la adquisición y funcionamiento de una planta de oxígeno en el distrito de Nieva. Lo que finalmente se ha conseguido.

Desde radio Kampagkis se busca sensibilizar y promover una cultura de prevención y cuidado que permita hacer frente a la crisis de salud que vivimos. La población de El Cenepa, Río Santiago, Marañón, Dominguza y Nieva acuden a la emisora o llaman telefónicamente para demandar a sus gobernantes urgentes y contextualizadas medidas que garanticen una oportuna atención en salud. Las mismas comunidades también comunican las acciones que están implementando, fruto de la organización y participación comunal, para enfrentar la enfermedad.

Las diversas propuestas de intervención institucional, presentes y proyectadas, consideran este nuevo escenario que agrava las precarias condiciones de vida de la población, y buscan responder a la necesidad de incidir para que se respete su derecho a una mejor atención en salud, educación, empleo y el cuidado medioambiental.

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[1] Fuente: http://www.psf.org.pe/institucional/2020/07/caos-y-desinformacion-oficial-en-la-data-de-covid-19-en-la-amazonia-norte-por-marlene-castillo/  Loreto: Kichwa, Achuar, Urarina, Cocama Cocamilla, Urarina, Candoshi, Matses, Bora, Yagua / Ucayali: Shipibo Conibo, Cacataibo, Ashaninka, Yine / Amazonas: Awajún y Wampis.
[2] Específicamente entre el 15 y el 26 de julio.
[3] Presentación PDF MINSA: Información en comunidades indígenas COVID-19 al 26 de julio 2002. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades –MINSA.
[4] Revisar por ejemplo los testimonios de Clelia Jima, Amelia Etsam o Rosa Dahua recopilados por el GAMSI/PUCP, disponibles en: https://www.facebook.com/gamsi.pucp/
[5] PORTOCARRERO, J. El Estado frente a la Salud de los Pueblos Indígenas. Revista Intercambio. No. 26 p 26-28. Lima: 2014. https://intercambio.pe/el-estado-frente-a-la-salud-de-pueblos-indigenas/
[6] Ver por ejemplo TAYLOR, Anne-Christine (2007). Sick of History: Contrasting Regimes of Hisroricity in the Upper Amazon. En: Time and Memory in Indigenous Amazonia: Anthropological Perspectives. Carlos Fausto and Michael Heckenberger, editors. Gainesville: University Press of Florida. Pp- 133-168.
[7] Ver, por ejemplo: KELLY, José Antonio. 2011. Equívocos sobre identidad y cultura: un comentario sobre la formulación de políticas para los pueblos indígenas en Venezuela. In: German Freire. (Org.). Perspectivas en Salud Indígena: cosmovisión, enfermedad y políticas públicas. Quito, Ecuador: Abya-yala. p. 417-462.
[8] https://www.servindi.org/actualidad-opinion/14/07/2020/urge-priorizar-los-pueblos-ante-el-covid-19-y-el-colapso-de-servicios
[9] https://www.servindi.org/actualidad-opinion/22/04/2020/conocen-en-el-ministerio-de-cultura-que-significan-las-palabras
[10] FASSIN, D. El irresistible ascenso del derecho a la vida. Razón humanitaria y justicia social. Revista de Antropologia Social. 2010, 19 pp 191-204
[11] https://www.servindi.org/actualidad-opinion/29/06/2020/ideas-para-pensar-cambios-en-la-institucionalidad-respecta-pueblos
[12] (https://www.servindi.org/actualidad-informe-especial/19/07/2020/pueblo-awajun-el-mas-contagiado-con-covid-19-en-la-amazonia).
[13] https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-sectorial-de-salud-intercultural-decreto-supremo-n-016-2016-sa-1363166-6/

Primavera 2020


Julio Portocarrero Gutierrez

Docente de Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Brasil.




Pandemia, reactivación económica y minería

mineríaEn todo el tiempo que llevamos de emergencia sanitaria, el comportamiento del sector minero ha sido aludido o cuestionado por las poblaciones locales en varias oportunidades. A continuación, queremos profundizar en esas razones a fin de plantear la necesidad de un comportamiento más firme del Estado y más responsable de las empresas. minería

Confinamiento, adopción y cumplimiento de medidas sanitarias

Como sabemos, el avance de la pandemia del COVID 19 tiene como principal medida preventiva el confinamiento de las personas en sus domicilios, ya que el contagio se produce en la interacción de las personas. Quien está infectado lo trasmite al hablar, estornudar, toser o tocar objetos que serán manipulados por otros; e ingresa al organismo por nariz, boca y ojos principalmente. La circulación de las personas es la forma en que se extiende el contagio, y la congregación de ellas en lugares cerrados es un foco de trasmisión de alto riesgo.

En el Perú, como en los demás países del mundo, la trasmisión del virus se inició en las grandes ciudades que son parte del tráfico internacional. Luego, se ha ido extendiendo a ciudades menores y a la zona rural.

Para determinar si el sector minero ha tenido un comportamiento adecuado en tiempos de pandemia debemos conocer primero los focos de riesgo de trasmisión de esta actividad. Para ello utilizaré algunos ejemplos, principalmente el caso de Antamina, pues fue la primera empresa que reportó problemas de contagio.

La actividad minera se suele desarrollar en zonas alto andinas. Las operaciones de Antamina se encuentran a 4,300 metros de altura. Una operación de gran minería congrega a miles de trabajadores que pueden tener una relación directa con la empresa, o a través de terceros. Antamina, por ejemplo, tiene aproximadamente 6,500 trabajadores. En la mayoría de casos, los trabajadores provienen de ciudades y viven en el campamento con un régimen laboral de semanas o días trabajados, por semanas o días de descanso; este régimen les permite salir del campamento para reunirse con sus familias. En el caso de Antamina, tienen un régimen de 10 días de descanso por 10 de trabajo. Por lo tanto, podemos afirmar que los trabajadores mineros tienen una alta movilidad en los territorios.

Las empresas también tienen personal de los lugares donde están sus instalaciones, el cual suele laborar en actividades menores. Estos trabajadores suelen ser de la zona de influencia directa.

Además, las empresas necesitan trasladar permanentemente personal, insumos y concentrados. Por ello, una de sus actividades más importantes es el transporte minero, que puede realizarse a través de varios medios; uno de ellos, el más usado, es el transporte terrestre. Los vehículos suelen tener largos recorridos, atravesando muchos centros poblados.

A ello hay que añadir que las empresas interactúan permanentemente con la población rural de su entorno, para ello suelen tener una gerencia de relacionamiento comunitario. Existen compras locales, negociaciones diversas y problemas propios de la convivencia cercana que requieren ser resueltos.

Toda la descripción que hemos realizado es para decir que los trabajadores mineros pueden ser vectores de trasmisión del COVID 19, y que la actividad minera presenta focos de riesgo que deben controlar para proteger a los trabajadores de sus operaciones (ya sean contratados directamente o a través de terceros), así como a la población de su entorno que, generalmente, es rural y vulnerable por sus niveles de pobreza y poco acceso a los servicios públicos.

En marzo, cuando se estableció el confinamiento obligatorio, las empresas mineras seguían operando y los habitantes del entorno protestaban por los riesgos que podía suponer el transporte terrestre. Días después, con el argumento de que la minería tenía operaciones que no podían parar, el Estado las declaró como parte de las actividades esenciales, aquellas que por su naturaleza no podían dejar de realizarse, dándole la misma condición que las que son necesarias para el sostenimiento de la población (agricultura, comercialización de alimentos). En todo ese tiempo, la minería operó sin las medidas de prevención necesarias porque todavía no habían sido desarrolladas. Lo único que el MINEM publicó en abril fue un protocolo para el traslado de personal, con la finalidad de sacar a los trabajadores que tenían más de 30 días de confinamiento en las instalaciones mineras. En este contexto es que los trabajadores de Antamina denuncian los primeros casos de contagios dentro de las instalaciones de la empresa.

El 2 de mayo, el gobierno publicó el decreto que aprueba la reanudación de actividades de manera progresiva, en cuatro fases. La minería es incluida en la primera. El 6 de mayo, el MINEM aprobó un protocolo sanitario con medidas de prevención y respuesta frente al COVID para los subsectores de minería, hidrocarburos y electricidad, con algunos vacíos. El 12 de mayo, por presión empresarial, este protocolo es modificado para rebajar los estándares establecidos. Con ello, se aumentó la edad y el peso de las personas consideradas de alto riesgo (de 61 a 66 años) y el índice de masa corporal pasó de 30 IMC a 40 IMC. Las presiones continuaron y el 24 de junio fue publicada una nueva modificatoria del protocolo sanitario, eliminando la obligación del MINEM de verificar el cumplimiento del protocolo sanitario y de los lineamientos del MINSA en los planes presentados por las empresas para incorporar en sus operaciones las medidas preventivas y de respuesta frente al COVID, antes de su aplicación. También reduce el distanciamiento social que debe existir entre los trabajadores de 1.5 a 1 metro.

minería y covid

Las empresas mineras han continuado laborando durante la cuarentena que impuso el gobierno, lo que ha supuesto el incremento de contagios entre los trabajadores y sus familias.

En medio de estas idas y vueltas, el 21 de mayo, el portal Gran Angular publica una investigación periodística que daba cuenta de 718 casos positivos registrados en 14 empresas mineras y un fallecido. Estas empresas eran: Consorcio Minero Horizonte (304), Antamina (216 casos), Marcobre (128) Hudbay (21), Chinalco (20), Antapaccay (4), Anglo American (6), Marsa (4), Impala (2), Cerro Verde (1), Tinka Resourses (1), Nexa Resources (1) y Shouthern Perú (1).  Hasta ese momento, no había datos oficiales.

La situación ha ido empeorando y, el 29 de junio, la entonces ministra de Energía y Minas señaló que los casos de trabajadores contagiados de las empresas mineras eran de 2,957 y dos muertos. Es decir, las cifras se habían multiplicado por cuatro en un mes, lo que estaría demostrando un manejo poco adecuado de la situación.

De otro lado, hasta la fecha no se ha regulado las relaciones comunitarias en el contexto de la pandemia, que es un foco de riesgo para la población del entorno minero, que suele ser población vulnerable. Las medidas que se pueden estar implementando son voluntarias. Tenemos entendido que, por ejemplo, Glencore ha venido realizando reuniones con representantes de comunidades de la zona de influencia directa del proyecto integración Coroccohuayco para establecer un acuerdo sobre tierras.

La reactivación económica y los beneficios para la minería

El necesario aislamiento social afectó las actividades económicas, a unas más que a otras. Si bien la minería no fue del todo paralizada y reanudó más rápido sus labores, también experimentó los impactos económicos del confinamiento.

Actualmente, la mayoría, si no todas, las unidades de la gran minería se encuentran operando. Pero, además, en las últimas semanas los precios internacionales del oro y cobre se han incrementado sustancialmente, por lo que se prevé una pronta recuperación, por lo menos de las empresas que producen esos metales.

En medio de una pandemia que sigue expandiéndose significativamente en la población, los sectores empresariales, entre ellos el minero, han venido presionando por la reanudación completa de actividades y la reactivación económica que impliquen medidas de promoción de la inversión. Frente a ello, la sociedad civil ha venido abogando por una reactivación con respeto a derechos.

Sin embargo, con el transcurrir de los días, el gobierno del Presidente Vizcarra se ha ido alineando cada vez más con los intereses empresariales. En este camino se ha aprobado un conjunto de medidas para la reanudación de actividades y de reactivación económica a favor de las empresas y en desmedro de derechos. Pero, además, se anunciaron otras en el discurso del exprimer ministro Pedro Cateriano ante el Congreso de la Republica, que incluían medidas tributarias.

En lo laboral, una medida que causó polémica fue la suspensión perfecta de labores, que permite al empleador suspender su relación laboral con el trabajador por un tiempo determinado, no teniendo que realizar, durante ese tiempo, el pago de remuneraciones. Varias empresas mineras se han acogido a esta figura jurídica. Otro tema que se ha priorizado durante la emergencia sanitaria es la fiscalización laboral virtual.

En lo ambiental, y para el tiempo que dure la emergencia sanitaria, se han modificado un conjunto de normas que debilitan la regulación de protección al ambiente y derechos de las poblaciones del entorno de los proyectos. Así, tenemos que se ha exonerado a los titulares de los proyectos del trabajo de campo que se requiere para la elaboración de la línea de base de los estudios ambientales. Esto es muy grave porque se necesita conocer bien las zonas donde se ubicarán los proyectos para determinar adecuadamente los impactos, y las medidas para prevenir daños. También se exime a los titulares de los proyectos de presentar informes de monitoreo y otros. En los procesos de evaluación ambiental se ha remplazado la participación ciudadana presencial por la virtual, realizándose ya algunas audiencias de esta manera, que no permite a los sectores más pobres de nuestra población defender adecuadamente sus derechos porque no tienen acceso a esos medios o los tienen de pésima calidad. Se ha pretendido extender el uso de medios virtuales a la Consulta Previa. La oposición de las organizaciones indígenas y de organismos internacionales de protección a derechos humanos lo han impedido, pues viola principios básicos como la buena fe y la flexibilidad. Además, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) también ha priorizado la fiscalización ambiental virtual, sin dimensionar las implicancias que ello podría tener.

Recientemente, para el sector minero, y más allá de la emergencia sanitaria, se ha modificado el Reglamento Ambiental de Exploración, haciéndose una serie de cambios, entre ellos, la posibilidad de que dos o más proyectos puedan compartir un mismo estudio ambiental, al margen de si están próximos o no. Se ha establecido también el silencio administrativo positivo para la aprobación de la Ficha Técnica Ambiental que se aplica a proyecto que involucren menos de 20 plataformas de perforación y menos de 10 hectáreas de área disturbada. Es decir, se considera aprobado con su sola presentación.

Finalmente, de lo mencionado, podemos concluir que estamos cada vez más lejos de sacar lecciones como sociedad de la tragedia nacional que vivimos, con miles de personas enfermas y fallecidas por el contagio del COVID 19. Al parecer, los sectores con más poder en nuestro país, apuestan por la misma manera de hacer las cosas, y pretenden profundizarla, en un contexto en que es muy difícil reaccionar y tomar conciencia de los cambios que se realizan y de los intereses en juego.

Primavera 2020


Ana Leyva Valera

Especialista legal en temas minero ambientales, ordenamiento territorial, participación ciudadana y consulta previa. Responsable de programa de derechos colectivos y gestión del territorio de CooperAcción