Empleo y oportunidades productivas para jóvenes rurales hoy

Por su limitado acceso a recursos productivos, la informalidad y precariedad laboral -y la deficiencia y poca pertinencia de la educación- la juventud rural[1] se ve afectada desproporcionadamente por crisis como la COVID-19[2]. A partir de las reflexiones compartidas durante el “I Taller de Jóvenes Rurales Líderes 2020” organizado por YPARD-Perú[3], se mostrarán algunos de los efectos de la pandemia en las oportunidades productivas y de empleo para la juventud rural.

Antes de la pandemia, aproximadamente la mitad de jóvenes rurales se dedicaba al trabajo familiar no remunerado dentro de la parcela, y de cada 10 jóvenes rurales ocupados, 7 trabajaban en el sector agropecuario y 6 eran peones agrícolas[4]. Para los y las talleristas, el trabajo agropecuario exige un sacrificio físico mayor pobremente remunerado debido, en parte, al limitado desarrollo en sus territorios. La variabilidad y degradación de los ecosistemas y suelos –sobre todo en la sierra y selva[5]– y las muy restringidas condiciones productivas, de capacidades y de mercado son las principales barreras. Además, las y los jóvenes tienen dificultades para acceder a tierras por las reglas consuetudinarias establecidas en sus localidades o por la extrema minifundización y fragmentación, ocasionadas por la herencia. Incluso aquellos con mayores recursos y oportunidades para emprender encontraban dificultades para organizarse colectivamente, impulsar innovaciones y liderar el desarrollo productivo de sus localidades.

Ante la falta de oportunidades en la agricultura familiar, muchos jóvenes buscaban otros oficios mejor remunerados, como la construcción, el turismo o empleos vinculados a las industrias extractivas, pero que tenían sus propias limitaciones: reducidos puestos de trabajo, contratación predominantemente masculina, alta estacionalidad y condiciones precarias. Otra vía era emigrar a la ciudad en busca de mayores y mejores oportunidades de empleo, en su mayoría vinculados a la industria de servicios y comercio[6], pero nuevamente persisten los problemas con la informalidad, la corta duración de los contratos y la precariedad. Solo los pocos que contaban con posibilidades de acceder a formación superior y el apoyo de familiares tuvieron mayores herramientas para enfrentar la crisis.

La paralización de actividades por la pandemia ha tenido efectos devastadores en materia económica, particularmente en cuanto a la contracción del PBI[7] y el empleo[8], sobre todo en zonas urbanas. Al pensar ambos territorios, urbanos y rurales, se suele imaginar que la pandemia no ha afectado mucho lo rural, pues se los piensa como ámbitos inconexos. Sin embargo, como veremos a partir de las historias y trayectorias laborales de las y los jóvenes del taller, ambos espacios tienen una relación fluida e interdependiente y, al entender los efectos sobre el empleo y las oportunidades productivas de los jóvenes, podremos comprender también qué nuevos desafíos enfrentan los territorios rurales y qué posibilidades existen de generar oportunidades en medio de la crisis.

Efectos de la pandemia sobre jóvenes rurales que trabajaban fuera de la parcela

Pese a que algunas medidas implementadas para la contención del COVID-19 se levantaron paulatinamente, el dinamismo de las zonas urbanas no es el mismo y de momento no provee las mismas oportunidades a la juventud rural, pues sólo un grupo reducido ha podido mantener sus empleos. Han aumentado los despidos y se han reducido las ofertas laborales[9], incluso las informales, debido al cierre de negocios, la reducción de mano de obra por el empleador y la competencia con migrantes. También se generaron dificultades para continuar con los sistemas de distribución y comercialización de insumos y bienes para industrias rurales[10], siendo una de las más afectadas la de turismo local y comunitario, que dinamizaba la economía local y proveía de ingresos secundarios importantes a varias familias. Incluso en un escenario de reactivación, los negocios más pequeños enfrentan dificultades para asumir e implementar los permisos y protocolos de bioseguridad requeridos.

“Hay protocolos que se deben seguir y para los que se necesita dinero: para poner un lavadero de manos afuera, para la certificación, para la fumigación, para el examen de COVID. ¿De dónde vamos a acceder a ese capital para poder tener esos protocolos?” (Daisy, 36 años, costa)

Estas barreras y la reducción del empleo han tenido consecuencias importantes sobre la vida de jóvenes rurales, quienes han visto sus ingresos drásticamente reducidos. Desde Cusco, Gladys (16 años, sierra) comenta que algunas actividades que empleaban jóvenes, como la venta de comida y las artesanías asociadas al turismo, no se recuperan del todo. Esta dificultad para generar ingresos preocupa a la juventud, pues pone en riesgo sus posibilidades de seguir viviendo y estudiando en la ciudad. La situación es especialmente difícil para los jóvenes más vulnerables que no cuentan con acceso a vivienda segura ni con redes de apoyo en la ciudad, y que tenían la urgencia de generar ingresos para pagar el alquiler de sus viviendas.

Uno de las consecuencias inmediatas de la pandemia, ante la reducción del empleo urbano e ingresos de las y los jóvenes, fue la migración “de retorno” o “migración reversa”[11], por la cual muchos jóvenes volvieron a sus lugares de origen, buscando sortear las dificultades propias de una movilidad restringida por el Estado de Emergencia. Este retorno no planificado presenta nuevos desafíos -vinculados a presiones demográficas sobre la tierra y otros recursos naturales-, pero también nuevas oportunidades.

 

Una manera de salir adelante, a pesar de la crisis económica originada por la pandemia, ha sido la creación de negocios relacionados a actividades urbanas, y las ya conocidas agroferias campesinas.

 

Efectos de la pandemia sobre las economías familiares y la seguridad alimentaria

Si bien, en primera instancia, las medidas implementadas impactaron con mayor severidad a las áreas urbanas, los efectos sobre las economías rurales también fueron importantes y continúan sufriendo impactos complejos y aún poco comprendidos. Si bien las consecuencias sobre las actividades agropecuarias y la continuidad de las próximas campañas son importantes, la reducción de capital y la presión sobre las economías familiares también suponen grandes retos para la seguridad alimentaria y la reducción de brechas entre ámbitos urbanos y rurales.

El retorno de jóvenes de las ciudades generó importantes desafíos para los territorios rurales, los cuales no estaban preparados para su acogida. La problemática de la tenencia de la tierra y la minifundización ha generado varios conflictos por el uso de la tierra entre las y los jóvenes retornantes, familiares y comunidades. Este fenómeno puede generar diversos retos a futuro: mayor presión sobre la ampliación de la frontera agrícola, profundización de la fragmentación de la tierra y el minifundio, o la erosión de suelos agropecuarios. Además, las dificultades para el acceso a la tierra generan una secuencia de barreras para los jóvenes, quienes ven el acceso a oportunidades de desarrollo agropecuario limitadas por no contar con este recurso, y que además los empuja a buscar empleo como peones agrícolas en condiciones precarias.

“Ahora que han venido, el terreno estaba con título de propiedad a nombre de otro (…) Él viene, pero ya no tiene donde trabajar ni nada.” (Ricardo, 31 años, Cajamarca)

La falta de tierras fue solo uno de los problemas que enfrentó la juventud a raíz de la pandemia: los sistemas productivos también se vieron afectados por las medidas de aislamiento social obligatorio. El trabajo cotidiano dentro de la parcela se vio restringido durante los primeros meses de la emergencia sanitaria, generando una reducción en la demanda de mano de obra. Además, el aislamiento paralizó las actividades productivas comunitarias, como el mantenimiento colectivo de la infraestructura de riego, y el desarrollo de capacitaciones, teniendo efectos negativos sobre la producción agropecuaria por la falta de riego y asistencia técnica oportuna.

La suspensión del transporte también tuvo un fuerte impacto sobre la producción: los gastos de los hogares agropecuarios se incrementaron debido al aumento de los costos de los insumos y los fletes pagados para la comercialización de sus productos. Algunos y algunas jóvenes mencionaron, además, que no pudieron adquirir insumos agropecuarios a tiempo, particularmente alimentos balanceados para sus crianzas, pues estos no se encontraban en sus localidades y no podían salir a comprarlos. Todos estos factores causaron una reducción en la productividad agropecuaria y un aumento en los costos de producción.

Las medidas impuestas por la emergencia sanitaria también generaron una contracción inicial en la demanda de productos agropecuarios, tanto por las medidas tomadas para el control sanitario de los mercados, como por la paralización de distintos corredores económicos. La suspensión de actividades económicas afectó distintos nodos comerciales a nivel regional y local, siendo algunos de los compradores más importantes los restaurantes y turistas. El cierre de restaurantes, la paralización del turismo y otras medidas de restricción afectaron negativamente a los y las proveedores de los mismos, entre ellos agricultores locales que vendían directamente su producción. No obstante, a partir del mes de julio, los y las jóvenes señalan que esta situación ha mejorado, pues se han generado nuevos mecanismos de comercialización, como la implementación progresiva de mercados itinerantes y ferias agropecuarias.

“Antes los buses se detenían en los restaurantes (El Mirador), ahora los restaurantes están cerrados, por eso la producción de carne ha disminuido bastante.” (Gabriela, 28 años, sierra).

 

Como vemos, las economías familiares de las zonas rurales sí fueron considerablemente afectadas por la pandemia: reducción de la productividad, aumento de costos, reducción del mercado de bienes y de trabajo. En esta situación la migración de retorno ha tenido efectos diversos: en algunos casos fue una ayuda para la familia al volver con ahorros o bonos y apoyar el desarrollo de las actividades en la parcela y el hogar. Pero en otros ha sido más complejo, pues las familias no contaban con tierras o dependían de las remesas de los jóvenes. La contracción en la economía familiar se ha traducido en cambios en las estrategias de alimentación para reducir gastos, y los pueblos indígenas han sido particularmente afectados, pues dependían tanto de su producción como de la venta de la misma para acceder a una dieta variada. Los testimonios coinciden con las primeras estimaciones que sugieren que cerca del 90% de hogares rurales habría disminuido la cantidad y calidad de alimentos que consume[12]. La creciente inseguridad alimentaria es una problemática grave y urgente que no está siendo atendida con la suficiente celeridad desde el Estado.

 

 “Ahora que pasó todo esto, se cortó todo y vivimos en la pobreza. Hay muchas familias que no tienen alimentación.” (Aimee, 17 años, selva)

Nuevas oportunidades económicas y productivas a partir de la pandemia

A pesar de las dificultades, la migración de retorno puede ser una oportunidad de desarrollo para jóvenes y territorios rurales, beneficiándose de los conocimientos y experiencias acumulados en la ciudad para generar nuevas estrategias de desarrollo[13] y emprendimientos en el campo al vincular creativamente servicios urbanos con áreas rurales.

Algunos de los nuevos emprendimientos rurales están vinculados con actividades urbanas, como la apertura de cabinas de internet; mientras otros son emprendimientos y oportunidades de autoempleo en base a la elaboración y confección de diversos bienes de alta demanda, particularmente prendas y equipos de protección personal. Por otro lado, también se está incursionando y retomando diversos proyectos agropecuarios: algunos están impulsando productos orgánicos a través del uso de tecnologías agroecológicas, como fitotoldos, hidroponía y cultivos verticales, mientras que otro grupo está transformando productos con valor agregado e implementando estrategias de comercialización novedosas a través de servicios de delivery, agro-ferias campesinas, tiendas bionaturistas y “marketplaces”. Otros han logrado diversificar y reducir los circuitos de comercialización mediante innovaciones simples de bajo costo, como el uso de mototaxis para vincular productos agropecuarios con los circuitos urbanos más próximos.

Como vemos, la crisis por la pandemia ha tenido efectos diversos sobre la juventud y su acceso a oportunidades económicas, dependiendo mucho del acceso a diversos activos y posibilidades de inversión de ellos y sus familias. La juventud más vulnerable se ha visto severamente afectada por la reducción del empleo urbano y la migración de retorno, la disrupción en las cadenas de suministro y comercialización de bienes agropecuarios y la reducción de ingresos, lo cual ha generado una creciente inseguridad alimentaria y presión sobre recursos naturales. Pero, a pesar de este escenario adverso, se han generado nuevas posibilidades y alternativas que pueden dar un nuevo impulso al desarrollo de sus territorios, esta vez liderados por la innovación y creatividad de la juventud. Es primordial respaldar y promover estos mecanismos de dinamización local, pues absorben momentáneamente la caída en la venta agropecuaria y acercan al productor y el consumidor por medio de sistemas agroalimentarios más resilientes.

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* Artículo basado en: Ypard Perú (2021 – En imprenta) Entre las brechas del pasado y los retos del presente: la juventud rural frente a la pandemia de la COVID-19. Ypard Perú, Eclosio

[1] Aquella población en etapa de transición de la adolescencia a la adultez, caracterizada por la búsqueda y progresiva consolidación de autonomía económica, política y social, y que transita multidireccionalmente por una diversidad de territorios.
[2] Instituto de Estudios Peruanos (2019) Entre aspiraciones y limitaciones. Políticas Públicas en favor de la juventud rural del Perú. FAO (2020) Rural Youth and the COVID-19 pandemic. FAO
[3] El taller fue realizado de manera virtual entre junio y julio del 2020 y tuvo la participación de 29 jóvenes rurales líderes (15 mujeres y 7 jóvenes indígenas).
[4] URRUTIA, C. & TRIVELLI, C. (2019) Juventud rural en el Perú: lo que nos dice el Censo 2017. IEP
[5] En la sierra y selva, además de los fenómenos climáticos regulares, se resaltó la rápida degradación de los suelos y la contaminación de las fuentes hídricas como afectaciones a las condiciones naturales.
[6] Algunas de las ramas e industrias mencionadas como principales fuentes de empleo fueron los servicios de transporte (mototaxi), alimentación y restaurantes, comercio, y textilería.
[7] Según el Banco Mundial y su prospectiva económica global. https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
[8] CEPAL (2020). Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafíos de políticas. https://www.cepal.org/es/publicaciones/46308-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-la-dinamica-laboral-crisis
[9]  Entre ellas se tiene al teletrabajo como una opción; sin embargo, son muy pocas las ofertas de este tipo y requieren de un buen servicio de Internet, al cual un número reducido de jóvenes pueden acceder, limitando aún más sus oportunidades de empleo.
[10] Entre estas figuran, principalmente, las industrias mineras y madereras, entre otras.
[11] Cabe mencionar que la migración reversa, por la paralización de actividades económicas a causa del COVID-19, es un fenómeno que se ha visto en otros países, principalmente en India, Indonesia y África del Este. Ver: Boillar y Zähringer (2020) https://www.landgovernance.org/glp-covid-19-reverse-migration-and-the-impact-on-land-systems/.
[12] Instituto de Estudios Peruanos – Encuesta telefónica a nivel nacional sobre Desigualdad, vulnerabilidades y estrategias frente a la Covid-19, mayo 2020.
[13] TRIVELLI, C. & URRUTIA, C. (2018). Geografías de la resiliencia. La configuración de las aspiraciones de los jóvenes peruanos (Documento de Trabajo, 243). Lima: IEP. Recuperado de http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/1130/3/Trivelli-Carolina_Urrutia-Adriana_Geografias-resilencia-configuracion-aspiraciones-jovenes-peruanos-rurales.pdf

Otoño 2021


Alejandra Huamán / Dámaris Herrera / Adriana García / Claudia Mendoza / Vanessa Azañedo

Equipo de Investigación YPARD – Perú




Desafíos de la juventud retornante en Piura

 

Los desastres naturales y una pandemia, como la que seguimos viviendo, ponen en evidencia las más profundas desigualdades en un país como el nuestro, no solo vinculadas al alicaído y ya conocido sistema de salud pública, también en los más de 165 mil peruanos y peruanas que, según cifras oficiales, una vez declarada la Emergencia Sanitaria Nacional, intentaron emprender un viaje de retorno a sus lugares de origen: sus regiones, ciudades, caseríos.

“Si no hay pandemia no regresan, la gente se ha ido por necesidad de trabajo. Pero algunos se fueron, ‘ya no quieren pertenecer acá’, pero ya cuando hubo la pandemia volvieron a regresar a su tierra, como sea”. Este es el relato de una de las autoridades de los distritos del Alto Piura que expone la difícil situación que pasan (y pasaron) jóvenes y adultos durante el 2020. El relato anterior se complementa con el siguiente: “en la costa tienes que tener tu plata para comprar, si no, ¿qué cosa se echa a la olla?”. Afirmación de Aída, una joven a la que la etapa del confinamiento la tomó por sorpresa en la caleta La Tortuga (Paita), y que hizo denodados esfuerzos por regresar a su natal Olleros (Ayabaca).

Precisamente, la investigación Migración de retorno en el Alto Piura en el contexto de la pandemia por la Covid-19[1], elaborada por María Luisa Burneo y Abdul Trelles junto al CIPCA y St. Andrews University, pone a discusión un conjunto de aspectos alrededor de una población seriamente vulnerable y a la que poco o nada (salvo el mediático inicio del desplazamiento) se le puso atención: retornantes de ciudades importantes del país en un contexto adverso y difícil.

La investigación ofrece una detallada caracterización de los y las retornantes, determinando que el porcentaje mayoritario son familias jóvenes, entre 18 y 29 años, seguido de menores de edad, un tercer grupo conformado por personas de 30 a 40 años y un último grupo de mayores de 44 años.

Un aspecto clave es que, según la citada investigación, las dinámicas migratorias en el Alto Piura suelen ser temporales o permanentes, y a ciudades “receptoras” consolidadas. De ahí que un considerable porcentaje de jóvenes viajen temporalmente a regiones cercanas -como Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca- o a Lima en búsqueda de trabajos temporales que les permitan complementar sus ingresos con los de la actividad agrícola. Sin embargo, otro importante grupo migra permanentemente porque “las posibilidades de trabajo bien remunerado son más y mejores fuera de su lugar de origen”.

“La experiencia fue fea y desesperante y preocupante también (…) estábamos con la preocupación que la policía nos vea, incluso nos vio y nos llevaron a una comisaría y estuvimos tres horas ahí. No estaba permitido, pero era de la zona y al final se compadeció y dejó pasar el carro”, detalla Estalin y su esposa, una pareja joven que regresó al distrito de San Juan de Bigote viajando por más de 12 horas encerrados en un camión de mudanza junto a otras familias. Esto denota una travesía dura y complicada que vivieron muchas personas.

Las razones y condiciones de la migración interna de los y las retornantes responde, por donde se le mire, a problemas estructurales. Por un lado, se trata de personas de distritos pobres y rurales, con mínimas condiciones para generar motivaciones a quedarse y que no ven otra opción que la de mudarse a otros espacios (sea la capital del país u otras ciudades emergentes como Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima), lo que justifica que en los últimos 10 años, entre los Censos 2007 y 2017, por ejemplo, algunos distritos del Corredor Alto Piura (Buenos Aires, Salitral, San Juan de Bigote, Lalaquiz, Canchaque y San Miguel de El Faique) hayan experimentado una disminución de su población, mayormente joven, en 7%, siendo Lalaquiz el que ha perdido al 24%, seguido de Canchaque con 18.3%.

Por otro lado, lo difícil que representa dejar el lugar de origen, ya sea para vivir temporal (en general, por trabajo estacionario) o permanentemente (opción extendida entre hombres y mujeres jóvenes), se ve trastocado por una pandemia que genera un problema claramente económico, tan igual o peor como el vivido al salir de sus distritos, por la pérdida de empleo (o subempleo, en el que la mayoría estaba inmersa).

Durante el segundo trimestre del 2020 la población con empleo cayó en 39,6% y con mayor consideración, como señala Jaramillo, en áreas urbanas con 49%. Situación más difícil en el lado de los independientes, donde el empleo cayó en un 42%. En el sector informal, el empleo cayó en 65% a fines de junio y 45% a fines de julio. Los más vulnerables fueron los jóvenes menores de 25 años, ya que el 53% de ellos perdió sus empleos desde que se inició el confinamiento hasta fines del mes de julio.

¿Y el empleo en las mujeres? Según Ñopo y Pajita, en el segundo trimestre del 2020, se registró una caída del 45% de la PEA femenina con respecto al primer trimestre del año, frente a un 35% de la masculina.

A estos factores condicionantes se suma la sensación de desprotección, soledad y vulnerabilidad que genera, similarmente, la incertidumbre y el hambre en la población que ni los tardíos bonos del Estado pudieron paliar. De ahí se sustenta el pago que tuvieron que hacer, en plena cuarentena 2020, de entre 390 y 900 soles para trasladarse desde Lima, Virú o Chimbote a distritos como Ayabaca o San Juan de Bigote, sorteando el miedo, largas horas de camino en condiciones no tan seguras y con alta probabilidad de contagio del COVID-19.

Un aspecto no menos importante es la situación de las mujeres, en general jóvenes, que revela la investigación: el cambio ha sido abrupto, duro y con menos posibilidades de inserción económica. La independencia económica de la que gozaban antes de la pandemia ha sido sustituida por labores (más) domésticas y destinadas a la crianza de hijos e hijas, sin posibilidad de elegir el destino que les parezca y siguiendo (más bien) las decisiones de la pareja o esposo. Ni qué decir de aquellas mujeres que no son originarias de los distritos materia de estudio y pertenecen a otros departamentos del país, lo que no les permite contar con redes amicales o familiares cercanas. Adicionalmente, se suman emociones ligadas a la decepción, la tristeza y la incomodidad que representa la dependencia. En definitiva, como señala contundentemente la investigación, existe un retroceso en sus planes de vida.

Y, entonces, ¿qué hacer? ¿qué políticas públicas deberían impulsarse? Entre otras cosas, están: (1) gestionar el acondicionamiento territorial a las necesidades de conectividad y mejora en los servicios públicos y de planificación del espacio (sobre todo de expansión urbana para la construcción de casas) que requieren las y los retornantes, sobre todo jóvenes; (2) promover la agricultura familiar como una política regional, indispensable para la seguridad alimentaria de los hogares rurales, que han visto aumentada su composición al acoger a sus familiares retornantes; (3) coordinar permanente con las organizaciones locales y comunales, como las rondas campesinas y los comités distritales de seguridad ciudadana que jugaron un papel muy importante en la gestión de la llegada de los y las retornantes; y, (4) un elemento no menos importante y que es transversal es considerar en todos los aspectos las necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres a través de la gestión de la información sobre cantidades, expectativas y planes a futuro, que considere la opinión de las mujeres y que favorezca su atención.

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[1] La investigación se llevó a cabo como parte del proyecto de investigación: Going back to my rural roots’: Covid 19 and return migration in northern Peru, (Regresando a mis raíces rurales: Covid 19 y migración de retorno en el norte de Perú), financiado por el Fondo de Investigación de Desafíos Globales del Scottish Funding Council (SFC GCRF) otorgado a la Universidad de St. Andrews a cargo de las investigadoras Dras. Ana Gutiérrez Garza y Nina Laurie, y el asistente Oliver Calle (número de registro SGS0-XFC090, 2019-20).

Otoño 2021


Mario A. Rufino Trelles

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA)




Quispicanchi y su nueva realidad poblacional

En casi un año de estar conviviendo en condición de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, progresivamente se fueron haciendo evidentes muchos de nuestros problemas que parecían medianamente resueltos (como el desempleo, que en noviembre 2019 estaba en 3.5%) o que incluso era tipificado como uno de los motores del crecimiento económico que experimentaba nuestro país en las últimas décadas (por ejemplo, la ocupación del 75% de la población en emprendimientos familiares e informalidad).

La pandemia ha afectado, y continúa afectando, de manera diferenciada, como en anteriores periodos de crisis (la actual no podía ser la excepción). Las más azotadas son las familias que viven en medio precariedades e inseguridades y, entre ellas, aquellas personas que migraron a las ciudades intermedias, metropolitanas (y otras) en busca de oportunidades (fundamentalmente trabajo e ingresos económicos) que su medio o zona no le brindaba, y que a raíz de las políticas sanitarias implementadas tuvieron que retornar a sus entornos familiares, comunidades y centros poblados.

Este fenómeno social es conocido como la “migración de retorno”. A las personas que forman parte de este hecho complejo, en el lenguaje cotidiano, se les denomina como “retornantes”.

En ese marco, las provincias de Cusco fueron receptoras de retornantes. En este tiempo, vimos que la respuesta en la recepción por las familias campesinas, organizaciones comunales e instituciones locales fueron diversas, pero no podemos dejar de resaltar que la vena articuladora y común fue la solidaridad. Otro aspecto fundamental y evidente es que las personas que retornaron eran esperadas por las capacidades, experiencias y conocimientos que aportarían a las familias y sus territorios concretos. Con los retornantes llegó, a muchos hogares, la innovación tecnológica, el uso de tecnologías de información y comunicación, la ampliación de infraestructura, la instalación de servicios básicos; por tanto, los predios rurales se capitalizaron, el paisaje comunal se redibujó y aceleró en su cambio.

Sin embargo, un problema frecuente que experimentan los retornantes es la reinserción al mercado laboral y a las dinámicas sociales. Desde los “Comandos COVID-19” se elaboraron instrumentos que orientan las acciones e inversiones para afrontar la emergencia sanitaria y la “reactivación económica”. En ese sentido, en algunos municipios rurales, los jóvenes retornantes se constituyeron en actores estratégicos, tanto así que los diseños de ampliación de la frontera agrícola, con tecnología de riego, conectividad vial, insumos y asistencia técnica fueron priorizados para que esas capacidades tengan la oportunidad de expandirse.

La provincia de Quispicanchi fue receptora de ciudades como Cusco, Arequipa, Puerto Maldonado, Puno, Ayacucho y Lima. Esta afirmación se sustenta en un estudio específico realizado entre octubre y diciembre del 2020, en el que se entrevistó a retornantes, dirigentes de comunidades campesinas, profesionales y funcionarios de municipalidades, además de evidencias cotidianas recogidas en las comunidades del territorio.

Resumo el perfil de la población que retornó a la provincia de Quispicanchi: en la mayoría las edades oscilan entre 20 y 39 años, el 61% tenía residencia no mayor a 10 años, el 74% vivía en una habitación o casa alquilada, el 49% cuenta con estudios superiores completos o en curso, el 92% tenía un ingreso económico menor a 2 mil soles mensuales, y en su mayoría ocupaban empleos en los rubros de alimentación, servicios y minería artesanal.

El estudio también permitió los siguientes hallazgos (ya en la comunidad): el 55% accedió a las canastas familiares otorgadas por las municipalidades, los bonos de subsidio llegaron al 67% de los retornantes (los que fueron invertidos en alimentos, pago de internet y mensualidades de educación o inversión en algún pequeño negocio), otros desarrollaron labores no remuneradas en los hogares receptores (actividades agropecuarias, labores domésticas, apoyo escolar).

También hemos encontrado que el 26% de los retornantes realizaron algún trabajo remunerado o negocio en la comunidad, el 75% de estas familias vieron disminuir sus ingresos debido a una menor remuneración o porque la pareja no encontró empleo. Los más jóvenes se han reinventado para mantener su nivel de ingresos, por ejemplo, algunos que trabajaban atendiendo cabinas de internet, estando en la comunidad, se dedicaron a la venta de cuyes; otros se han ocupado en la construcción de casas; lamentablemente, algunos dejaron de estudiar y se dedicaron a trabajar a tiempo completo, con el objetivo de ahorrar dinero para retomar sus estudios más adelante.

En relación a sus proyectos y/o perspectivas de futuro se ha identificado dos narrativas. Por un lado, la mayoría tiene planes de volver a la ciudad. Estos manifiestan su deseo de retomar la relación con sus trabajos y realizar sus aspiraciones de estudio, estando a la espera de que termine la cuarentena o que las condiciones en las ciudades mejoren (disminuyan los contagios, se generen mayores oportunidades de trabajo y se normalice el costo del transporte). Por otro lado, se encuentran aquellos que, incluso antes de la pandemia, ya tenían pensado volver a sus comunidades. Ellos definían la ciudad como el espacio con oportunidades de trabajo que permite juntar dinero para realizar una inversión en sus comunidades al momento de volver, y consideran que los negocios pueden prosperar en las comunidades. Para ellos, el retorno producido por la emergencia sanitaria, significó el adelanto en sus planes de regreso a su entorno familiar y su comunidad.

Tras este fenómeno de migración de retorno, y los hallazgos del estudio específico, constatamos que no sólo se incrementaron las poblaciones de las comunidades receptoras, sino que nos dejan una agenda desafiante para el desarrollo rural – urbano y los actores públicos, académicos, privados y de la sociedad civil. En ese sentido, una primera tarea debe ser la construcción e implementación de las estrategias adaptativas que respondan a la problemática y aspiraciones de la población afectada, esa sola acción significará cambios y reformas en la cultura institucional, porque habrá que poner a la persona en el centro de las políticas e inversiones.

Otoño 2021


Eberth Molina Romero

Asociación Jesús Obrero – CCAIJO




2021: año complejo para las comunidades amazónicas

Diversos acontecimientos que tienen lugar en 2021 presentan para los pueblos indígenas de la Amazonía una coyuntura importante. En primer lugar, el año ha comenzado con un recrudecimiento de la pandemia de la COVID-19. Segundo, se elegirán nuevas autoridades nacionales y comenzará un nuevo gobierno. Finalmente, este año se conmemoran los doscientos años de la declaración de la independencia del Perú de España. En los próximos párrafos presentaremos algunos elementos claves para entender qué significan estos tres hechos para las comunidades indígenas de la Amazonía peruana.

El Bicentenario de la República

Si retomamos la idea de “promesa” a la que Basadre se refería, podríamos afirmar sin duda que, para el caso de los pueblos amazónicos, esta no se ha cumplido. Asimismo, habría que añadir que la República no les ha traído nada bueno hasta la fecha; por el contrario, solo les ha brindado marginación, violencia, destrucción y muerte.

Esto podría sonar como algo muy fuerte, pero como veremos a continuación, es efectivamente lo que ha ocurrido en estos últimos doscientos años: sus territorios han sido invadidos, los han obligado a no utilizar sus propios idiomas, se les ha brindado pésimos servicios de salud y educación, y han destruido y contaminado sus fuentes de alimento.

En nuestro imaginario nacional asumimos casi de manera natural que la época colonial fue el período de mayor maltrato y muerte para los pueblos originarios. En el caso del Caribe o de los Andes podría ser cierto. En el caso de la Amazonía, por otra parte, no lo es. El número de muertos por epidemias o violencia asociada a la explotación de recursos ha sido mucho mayor y ha afectado a un número mayor de pueblos indígenas en la época republicana que en la colonial.

Los testimonios respecto a esta violencia son innumerables y no solo se reducen a la algo más conocida época del caucho, se repiten desde el inicio de la República hasta la actualidad. Entre ellos podemos destacar los testimonios de dos extranjeros vinculados a gobiernos peruanos de mediados del siglo XIX. El primero es del almirante estadounidense Herndon, amigo de militares y de importantes funcionarios de la época; quien realizó un importante viaje por la Amazonía peruana. El otro, del ingeniero sueco Nystrom, contratado por el Estado peruano para estudiar, entre otras cosas, el trazo de una vía que uniera a Lima con el río Ucayali.

Herndon señaló lo siguiente: “no faltan hombres inteligentes, buenos conocedores de su carácter [del indígena], que no tienen escrúpulos en decir que el mejor uso para un indio es colgarlo. que se convierte en un mal ciudadano y en un pésimo esclavo… No pueden soportar las restricciones de la ley o el peso del trabajo continuo, y se alejan del hombre blanco con sus mejoras, hasta que desaparecen. Este parece ser su destino. La civilización debe avanzar, aunque pise el cuello del salvaje o incluso aplaste su existencia”.

Por su parte, el ingeniero Nystrom señaló que “siempre nos hemos metido [el gobierno] entre ellos con fuerza armada y demostrando hostilidad, robando e incendiando sus hogares”. Luego de haber visto la destrucción y quema de comunidades nativas en la Selva Central, concluyó horrorizado: “¿Qué criatura viviente, desde el animal más bajo hasta el hombre más civilizado, soportaría tropelías semejantes a las que se han cometido con los indios chunchos, sin intentar venganza y la defensa de sus hogares donde han nacido y crecido?”

Esta actitud de violencia no se limitó al siglo XIX, sino que se continuó perpetuando a lo largo del tiempo, hasta nuestra época actual. En la época del caucho, se calcula que solamente en una década murieron más de 40 mil indígenas en la zona del río Putumayo y sus afluentes. En el caso de la selva sur de Madre de Dios, hay testimonios que cuentan cómo los ríos se teñían de rojo por la sangre derramada de indígenas asesinados por caucheros, entre ellos el famoso Fitzcarrald; quien luego inspiró la película “Fitzcarraldo”, del cineasta alemán Werner Herzog.

La violencia continuó en el contexto de promoción de la colonización a través de la cual se les arrebató a los pueblos indígenas buena parte de su territorio. Entre los muchos episodios de terror que acompañaron este proceso destaca el que se produjo en 1964, cuando el entonces presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, solicitó a la Fuerza Aérea Peruana y a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos -con la cual existía un convenio de colaboración- que bombardee las aldeas matsés de Loreto con Napalm, la misma sustancia incendiaria que usó Estados Unidos en la guerra de Vietnam.

Acercándonos más a la actualidad, podemos recordar la actitud de Alan García en el contexto de las protestas de los años 2008 y 2009 que terminaron con los sangrientos sucesos que conocemos como “Baguazo”, y que se puede resumir en su infame frase en la que señalaba que los indígenas no eran ciudadanos de primera clase.

La pandemia de la COVID-19

La situación actual de la pandemia ha vuelto a poner sobre el tapete el lugar marginal que ocupan las comunidades amazónicas para el Estado peruano. En el 2020, el gobierno peruano recién comenzó a atender a esta población tan vulnerable luego de dos meses de haberse declarado la situación de emergencia.

La pandemia, además, puso en evidencia la situación precaria de salud en muchas partes del país y, por supuesto, en la Amazonía, una de las regiones más golpeadas por el COVID-19. En el caso de las comunidades nativas, la mayoría de estas pudo hacer frente a la pandemia recurriendo a prácticas tradicionales de aislamiento en el monte y al uso de la medicina tradicional. El Estado debe asumir la necesidad de ampliar su cobertura y su presencia en las comunidades y en las zonas rurales amazónicas; pero, además, la de avanzar en el reconocimiento de los conocimientos indígenas y promover políticas de salud intercultural de una manera seria.

La otra dimensión que ha aparecido en la pandemia, con toda su precariedad, es la de la educación. La respuesta relativamente rápida del Ministerio de Educación, para plantear el programa “Aprendo en casa”, no fue la mejor ni la más adecuada para los pueblos indígenas de la Amazonía. La mayoría de comunidades no cuentan con señal de televisión, telefonía celular, conexión a internet, o incluso con energía eléctrica. En el mejor de los casos cuentan con algún pequeño motor electrógeno que consume mucho combustible y que apenas es utilizado para alguna reunión o fiesta comunal, y para cargar celulares que, sin conectividad, muchas veces son utilizados como cámaras de fotos o para escuchar música. Igualmente, fuera de estos problemas de conectividad, los contenidos de los programas no son apropiados para los contextos rurales o para comunidades bilingües.

Durante la pandemia, las comunidades amazónicas han sufrido la falta de atención médica y personal capacitado, y el retraso en la ayuda del Estado. ¿Cómo garantizar que este año sea distinto?

Las deudas históricas que tiene que enfrentar el nuevo gobierno

En el 2021, el Estado y la sociedad peruana tienen una deuda importante con los pueblos amazónicos, no solamente a partir de la pandemia, sino también por lo que ha hecho y ha dejado de hacer en los últimos doscientos años de República. De ahí la responsabilidad que debe asumir el nuevo gobierno en tratar de reducir esta histórica deuda.

Entre estas deudas, una de las más importantes tiene que ver con los derechos humanos de los pueblos indígenas, ya que, hasta la fecha, queda pendiente adecuar y actualizar la legislación peruana a los tratados y convenios internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Resulta urgente que las nuevas autoridades que sean elegidas este año respondan de manera adecuada a esta demanda que incluye, entre otras cosas, reconocer formalmente la existencia de pueblos o naciones indígenas, así como sus territorios desde una perspectiva integral y las diferentes propuestas que se han formulado en las últimas décadas para el ejercicio de su autonomía.

Próximos a cumplir los 50 años de la primera ley de comunidades nativas, se tiene que revisar también la legislación sobre las comunidades. El Estado no puede seguir considerándolas como “unidades de producción” y a depender del Ministerio de Agricultura. Son comunidades que se definen, no por el trabajo agropecuario, sino por sus costumbres y su identidad étnica.

Asimismo, urge reconocer, tal como lo hacen otros países de la región, la existencia legal de comunidades indígenas urbanas. Estos grupos, aunque se encuentren en las ciudades, siguen definiéndose por su identidad étnica, y reclaman su derecho a mantener sus idiomas y sus costumbres en el contexto urbano. El caso de los shipibo-konibo de Cantagallo no es único, pero es bastante representativo de lo que estas comunidades tienen que luchar para ser reconocidas como tales.

El nuevo gobierno también debería responder de manera integral a la situación precaria de nutrición y salud de la población indígena. En las últimas décadas se ha logrado reducir la anemia y la desnutrición en diversos sectores del país, pero no en la Amazonía. Este fracaso se debe, en buena parte, a no combatir la anemia y desnutrición desde una perspectiva integral, que incluya también políticas ambientales que eviten la deforestación y la contaminación de los ríos. Esta última problemática es particularmente grave, debido a que no solo afecta a los peces, sino que incrementa la presencia de mercurio y de metales pesados en la sangre de niños y niñas, siendo uno de sus efectos la dificultad que genera para la absorción de nutrientes.

En relación a la educación, resulta urgente mejorar la calidad de la educación intercultural bilingüe. Es importante señalar los esfuerzos hechos durante la última década por parte del Ministerio de Educación, sin embargo, la deuda pendiente es muy grande, y los resultados muchas veces son pequeños. La mayoría de jóvenes que terminan la secundaria, a diferencia de los y las alumnas que estudian en colegios privados bilingües en sectores pudientes de Lima, no llegan a ser bilingües competentes; es decir, no llegan a dominar ni su lengua materna ni el castellano, convirtiéndose en lo que podríamos llamar “ni-lingües”. Y a los problemas en la formación lingüística se suman los de los contenidos interculturales y los relacionados con la infraestructura escolar, incluyendo el acceso a agua potable.

Finalmente, la mejora de la calidad educativa también tiene que darse a nivel superior. En el Perú existen 4 universidades interculturales, todas licenciadas por la SUNEDU, y se cuenta, además, con unos lineamientos para la implementación del enfoque intercultural. Sin embargo, estos son bastante generales y no siempre se implementan en la realidad, de tal manera que muchas veces son consideradas como instituciones que ofrecen una educación de menor calidad al comparárseles con otras que hay en sus mismas regiones o en otras partes del país, y manteniendo en el mediano y largo plazo situaciones de desigualdad y marginación.

Las comunidades indígenas amazónicas han sufrido de constante explotación a causa de intereses privados. En la imagen: recreación de la época del caucho para el film Fitzcarraldo (1982)

Mirando al futuro

El panorama aquí presentado es bastante sombrío. Venimos de doscientos años en los que ha predominado una relación que ha oscilado entre la ignorancia y la indiferencia, por un lado, y el maltrato y la violencia, por el otro. La experiencia de la República, para los pueblos indígenas amazónicos, ha sido una experiencia fundamentalmente negativa. Ni el Estado, ni la sociedad nacional, les han traído nada positivo.

Y si la historia pasada es negativa, el presente no es mejor. En este último año, esta situación de marginación y maltrato se ha vuelto a visibilizar en el contexto de la pandemia.

¿Qué queda entonces para el futuro? Si el Estado mantiene la forma en que ha ido relacionándose con los pueblos indígenas amazónicos y no actúa con rapidez, decisión, y en permanente diálogo con las comunidades y sus organizaciones, la promesa de la independencia se seguirá postergando para estos y estas compatriotas. Esta responsabilidad también es nuestra, aunque no ocupemos cargos en el Estado ni en el nuevo gobierno, pues como sociedad civil tenemos la obligación también de convertir nuestro país en un lugar en que todos y todas, en medio de nuestras diferencias, podamos vivir y convivir de la mejor manera posible.

Otoño 2021


Oscar Espinosa de Rivero

Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP