Una emergencia recurrente: el Perú postelectoral y cómo se llegó hasta aquí

Un proceso electoral con dieciocho candidatos a la presidencia no es, necesariamente, un hecho insólito en el Perú. Esa dispersión refleja la debilidad crónica del sistema político, cuya incapacidad para generar organizaciones políticas sólidas antecede, incluso, a la crisis de los partidos de la década de 1990. El problema no es, solamente, que no existan partidos organizados. La implicancia mayor de esto es que en el proceso político peruano no se aglutina intereses, demandas o ilusiones en torno de unas cuantas opciones electorales creíbles. El problema institucional es un problema de credibilidad, y este se traslada, a la larga, a un problema de desafección hacia la democracia.

Pero si la dispersión no es novedosa, el tipo de resultado obtenido en esta elección sí es llamativo. El hecho es que la ciudadanía tuvo que elegir presidente de la República entre dos candidatos que reunían juntos apenas el 26 por ciento del apoyo del electorado.[1] Dos candidaturas muy minoritarias llegaron, así, a una segunda vuelta en la que ambos casi empataron con el 50 por ciento de las preferencias. El resultado aritmético genera inevitablemente un ganador y un Presidente de la República: produce una hecho legal y político. La realidad social, sin embargo, no debería quedar opacada por la realidad política. Estamos ante una muy aguda crisis de representación y de confianza, apenas disimulada por las adhesiones militantes que fueron inevitables en la segunda vuelta. En los dos sectores se condena la corrupción, el autoritarismo, y la falta de preparación y de programas en campo opuesto, y se ignora o se niega los mismos problemas en el campo propio.

Es natural que muchos se pregunten cómo llegamos a esta situación. Pero esa pregunta no significa lo mismo para todos. Para el observador más o menos neutral, ella se refiere al estado de deterioro institucional y de debilidad del régimen representativo en que nos encontramos. Pero desde las opciones o sensibilidades ideológicas de izquierda y de derecha la misma interrogante adquiere distintos sentidos.

Desde la izquierda, el punto de llegada –el esto de la pregunta—no deja de tener alguna resonancia positiva. Es entendido como el triunfo de una opción popular, aunque esta sea a primera vista improvisada, caótica y con latencias autoritarias. Desde la derecha, se trata de entender cómo es que, presuntamente, nos hemos colocado a las puertas de una experiencia “comunista” que amenaza destruir el régimen democrático y la economía de mercado. En realidad, las respuestas que se dan desde ambos lados iluminan, cada una a su modo, el camino del deterioro institucional al que se refiere la pregunta originalmente.

El Perú y su emergencia crónica

El triunfo de Pedro Castillo ha sido saludado por los sectores políticos e intelectuales de izquierda como la emergencia de un Perú marginado, nunca escuchado ni atendido, que ha conseguido abatir las barreras puestas por el Perú oficial, urbano y criollo. Es una interpretación estimulante, pero también curiosa por recurrente. La misma lectura ha sido realizada desde el pase de Alberto Fujimori a segunda vuelta en las elecciones de 1990. El hecho de que entonces el derrotado fuera Mario Vargas Llosa le dio un vuelo especial a la interpretación simbólica. Fue ineludible el relato –no desacertado en ese momento—según el cual las masas ignoradas habían colocado en la presidencia a un oscuro profesor universitario dejando con los crespos hechos al intelectual más connotado del país, que además era apoyado por todo el aparato propagandístico y económico del Perú oficial. Desde entonces, ese relato ha reemergido, por ejemplo, cuando las dos candidaturas de Ollanta Humala. Sin contar las veces en que el mismo relato ha aparecido para explicar las derrotas de Keiko Fujimori en 2011 y 2016, se podría decir que el triunfo de Pedro Castillo sería la cuarta vez en treinta años en que el Perú real emerge y rebalsa los diques del Perú artificial.

Pero si esa historia está bien contada, haría falta explicar por qué esas sucesivas emergencias del Perú real no se han materializado en un cambio de estructuras o de programas, y la respuesta a eso solo puede ser hallada o en la solidez del establishment (lo cual incluiría su aceptación popular) o en la fragilidad, e inclusive la vaciedad, de los actores políticos que lo desafían. Y no se trata únicamente de la inconsistencia de los eventuales representantes de la opción de izquierda o popular. También estaría en cuestión la convicción de su electorado –esto es, el sentido real de ese voto– y la posibilidad de convertir sus diversos intereses en una opción política definida y sostenible al menos por cinco años.

La situación presente no se aleja mucho del esquema de interrogantes esbozado. La pregunta sobre “cómo llegamos a esto” se refiere a qué hizo posible la llegada al gobierno de una agrupación de izquierda que se presenta como no limeña, que reivindica lo indígena y la pluriculturalidad y, sobre todo, que siente que ha puesto en jaque de manera inédita a la estructura del poder constituida desde el origen de la República. Debería llamar más la atención esta perspectiva historicista, pues se trata a fin de cuentas de un tropo recurrente en la historia del país, bajo la forma de caudillismos regionales, estéticas indigenistas, revueltas contra los abusos y reformas de impacto significativo como la del gobierno de facto de Juan Velasco Alvarado. Hoy día eso reaparece expresando una “estructura de sentimiento”, para usar el concepto de Raymond Williams, que compila una variedad de símbolos y valores. (No es ocioso señalar, por lo pronto, que en las primeras semanas del nuevo gobierno los entusiasmos están centrados en lo simbólico. Los actos y gestos de los nuevos gobernantes no son valorados por su utilidad práctica y ni siquiera por su coherencia ideológica, sino en cuanto símbolos que sugieren un acto de redención y, correlativamente, un acto de revancha). Estamos en el plano de lo intuitivo, no en el de la política programática. Son entendibles, por ello, el recurso a las muletillas que remiten a la cultura de izquierda de los años 70 y la incapacidad de responder cómo se logrará la ejecución de las metas prometidas.

Para una sensibilidad de izquierda, ya sea intuitiva o intelectual, se presentan tres respuestas posibles a la pregunta sobre cómo llegamos aquí. Una, más complaciente, tiene visos históricos y estructurales: la efervescencia de la sociedad peruana llegó a su punto de hervor y terminó por derretir a ese país tercamente excluyente que era el Perú oficial. La segunda, quizá la menos sostenible, sería pensar en que la política de izquierda ha madurado y ahora cosecha los frutos. La tercera, quizá la más plausible, supondría reconocer el gigantesco peso de la contingencia, casi de lo accidental, en este resultado. Quizá esa respuesta no solamente sería más plausible, sino también más constructiva, pues convencería a la izquierda de la necesidad de edificar metódicamente sobre la base de este regalo inesperado, de conquistar retrospectivamente una razón de ser para este azar.

La victoria de Pedro Castillo en las elecciones generales 2021 ha sido recibido como una forma de reivindicación de un sector ampliamente marginado en el país.

El populismo de derecha     

Eso que la izquierda lee como promesa, la derecha lo lee como condena. “Cómo llegamos aquí” significa en ese campo “cómo llegamos a tener un gobierno abiertamente comunista, aliado tardío del proyecto del socialismo del siglo XXI”. Se suponía que, debido a la experiencia cercana de la dictadura de Chávez y Maduro en Venezuela, no eran necesarios más argumentos para que los electores descartasen una opción tan destructiva. No se ha ponderado lo suficiente, por ejemplo, el siguiente hecho: hacia junio de 2021 había en el Perú aproximadamente 1 millón 200 mil personas venezolanas; es decir que por cada 28 peruanos hay un migrante o refugiado dispuesto a dar un testimonio del desastre del que ha venido huyendo. Y, sin embargo, eso, y el apabullante apoyo mediático, apenas bastó para obtener un empate estadístico con la opción repudiada por la derecha.

Sin embargo, la respuesta a aquella pregunta –sin discutir sus premisas, que se basan a su vez en una exacerbación ideológica—parece estar en el hecho de que la derecha abandonó sus atributos y símbolos conservadores y se convirtió en un conjunto de agrupaciones dedicadas a corromper las instituciones para ponerlas al servicio de intereses ilegítimos e ilegales. Para distinguirse de la vieja derecha, de la partidocracia condenada por Alberto Fujimori desde 1990, la derecha hizo suyos los símbolos populares que trajeron consigo los sectores sociales que se suele denominar emergentes.

Se podría decir que en el aspecto simbólico los políticos de derecha buscaron una conexión con una versión particular del ethos popular: no aquella vinculada con la conquista de derechos o con ese proceso que algunos han llamado “modernización desde abajo”, sino aquella asociada al individualismo como forma de enfrentar la vida en sociedad. Esta identidad de la derecha, por lo demás, fue forjada al ritmo de un cambio social precipitado por la crisis económica de los años 80: la destrucción del mercado laboral en esos años condujo a que un sector de la población acudiera a la informalidad y después al autoempleo y, ya entrados los años 90, a aquello que terminó por ser llamado emprendedurismo. Las expectativas de ese sector ya no están puestas en la obtención de un puesto de trabajo estable sino en conquistar una pequeña parcela en el mercado. Y para esa gesta que es la conquista de un lugar en el mercado –el emprendimiento—las regulaciones, el control estatal y hasta la noción de lo público devinieron constricciones prescindibles y recusables. De ahí surge una compleja cultura política en la cual se alían un rechazo a toda idea de un proyecto colectivo con un rechazo de lo que es percibido como elitista, ya se trate de elites políticas o técnicas o intelectuales. De más está remarcar que la suma y cifra de ese elitismo para la nueva derecha y para su laxa base popular son la figura del caviar y todos los valores que sostiene: derechos humanos, igualitarismo, cierto intelectualismo, antirracismo, pruritos constitucionales, etcétera.

Debido a ese populismo, la derecha no tuvo mayor interés en articular un proyecto ideológico y en lugar de ello propuso dar voz a los sentimientos populares que demandaban mayor seguridad y, por tanto, mayor represión, así como instituir la prioridad de la acción sobre el pensamiento. No es cierto, pues, que la izquierda se haya apropiado de las agendas de los derechos humanos y de los espacios académicos. Simplemente, la derecha los abandonó porque los consideraba inútiles.

El rechazo explícito del pensamiento llevó a la derecha a aborrecer el debate público sobre propuestas de cambio y, especialmente, de inclusión. Eso solamente alimentó la deriva previa de la política peruana: una política sin horizonte institucional, una política ajena a programas. Desde la derecha, el único programa era el mantenimiento inercial del modelo económico, y la única forma de acción política era la satanización de todo aquel que criticara a ese modelo. Resulta irónico, en consecuencia, que sea bajo estas condiciones que los grupos de derecha reclamen la defensa de la institucionalidad, la transparencia y a la democracia que ellos mismos ayudaron a corroer.

El punto de llegada no está en ninguno de los extremos ni corresponde a ninguna de las dos leyendas: ni a la leyenda redentora de un país real que por fin se libera ni a la leyenda angustiada de un país capturado por el comunismo internacional. El punto de llegada es un país donde la política entendida como organización, programa, ideología, compromiso o proyecto quedó disuelta y su lugar fue tomado por el gesto, el símbolo, el lema. Los dos candidatos empatados en la estadística representan dos versiones opuestas, pero equiparables, de lo mismo.

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[1] El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, obtuvo casi el 19 por ciento de los votos válidos. La candidata de Fuerza Popular, recibió el 14,7 por ciento de votos válidos. La cifra de 26 por ciento citada arriba se refiere a los votos emitidos en el entendido de que eso refleja más fielmente el apoyo activo recibido.

Primavera 2021


Félix Reátegui Carrillo

Instituto de Democracia y Derechos Humanos – PUCP (IDEHPUCP)




JUNÍN: Necesidades y desafíos

La región Junín fue creado como departamento el 13 de setiembre de 1825. Está ubicado en los andes centrales del Perú, siendo su capital la ciudad de Huancayo.

Antes de entrar al tema, tres apuntes concretos. Primero, el 14 de junio de 1956 hubo una gesta ciudadana en Huancayo frente al intento de impedir la inscripción de las listas opositoras a la dictadura de Odría, por el Jurado Departamental de Elecciones. El episodio final fue la aceptación de las listas electorales independientes y el triunfo de una de ellas, siendo elegidas las primeras parlamentarias por Junín y del Perú: Alicia Blanco Montesinos de Salinas y María Eleonora Silva y Silva, para el período 1956-62.

Segundo, a fines de los años 50 y principios de los 60, las comunidades campesinas estaban nucleadas en la Federación de Huancayo y de Junín, bajo el liderazgo de Elías Tácunan. Éstas comunidades en cooperación con organizaciones sindicales, populares, municipales y pequeñas empresas, en torno a una Comisión Organizadora, presidida por Jesús Véliz, fundaron notarialmente la Universidad Comunal del Centro, creada oficialmente el 16 de diciembre de 1959, que luego fue la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), desde su estatización o nacionalización, el 20 de diciembre de 1961.

Tercero, durante la segunda vuelta del proceso electoral general 2021, Junín se convirtió en uno de los principales epicentros políticos. Debido, primero, a que en la ciudad de Huancayo, el año 2007, se fundó el movimiento político regional “Perú Libre”, que luego se convirtió en “Partido Político Nacional Perú Libre”; segundo, su principal dirigente, Vladimir Cerrón Rojas, Secretario General Nacional, estuvo vetado de participar en la plancha presidencial por estar sentenciado por negociación incompatible y aprovechamiento indebido de cargo; tercero, Perú Libre se encuentra en el gobierno de la región Junín; y, cuarto, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, nacido en Tacabamba, Cajamarca, pasó a disputar la segunda vuelta con Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

A continuación, se analizan puntualmente la situación de la pobreza, la producción y la población económicamente activa (PEA); educación, salud y la violencia de género; y, el medio ambiente.

Pobreza, producción y PEA:

En Junín, el año 2019, la pobreza alcanzó al 22% de la población. Mientras el año 2020, la pobreza monetaria afectó al 34,6%, debido a la paralización de las actividades económicas, el estado de emergencia y el aislamiento social. La pobreza monetaria alude al costo de la canasta básica de alimentos y no alimentos, por persona. El 2020, su valor era de S/ 360 mensual por habitante. Así, una persona con gasto mensual inferior a S/ 360 se considera pobre. Por lo tanto, en una familia con cuatro integrantes, el valor mensual de la canasta básica es S/. 1440. Además, los ingresos familiares disminuyeron por la pandemia y el desempleo que habría crecido en 50% (Paitán, 2021d).

En el ámbito de la actividad productiva, la minería y los hidrocarburos aportan el 29.4% de la producción regional, seguido de otros servicios (22.8%), comercio (11.4%), agropecuario (9.2%), transporte (6.4%), construcción (6.3%) y manufactura (6.2%). El 2020, el PBI regional cayó en 26% a causa del aislamiento social, a la disminución de la producción minera, la inmovilización de la construcción y la limitada actividad comercial. El 98% de empresas son pequeñas y medianas. Por el lado de la PEA, el año 2019, había 751 mil personas ocupadas, distribuidas según actividades: agropecuaria (38%), comercio (16%), otros servicios (15.6%), transporte (7.4%), hoteles y restaurantes (7.4%), manufactura (5.8%), construcción (4.5%), administración pública (4%) y minería (1.2%). Un denominador común fue la condición de informal: 99 % en el sector agropecuario, 80% en comercio, 93% en transportes, 88% en hoteles y restaurantes, 69% en manufactura, 90% en construcción y 11% en minería (Macera, 2021).

 

Educación, salud y violencia de género:

La COVID-19 y las políticas de aislamiento social, trajo consigo la educación virtual, que puso en tensión la capacidad de la infraestructura y el acceso a la conectividad a Internet, en las organizaciones educativas, y también a docentes y estudiantes, en todos los niveles formativos (inicial, primaria, secundaria y superior). Especialmente en las zonas rurales y urbano-populares en las ciudades.

En Junín, al inicio de la emergencia sanitaria del 2020, el programa “Aprendo en Casa” presentaba serias limitaciones, por el desigual y deficiente servicio de Internet que se agravaba en la zona rural. Solo el 40.1% de hogares tenía acceso a internet, que en el área rural se reducía al 5,9 %. Según habitantes, el 60,3 % accedía al internet (reduciéndose a 23.8% en el área rural). De este porcentaje, el 53,4 % utilizaba solo un celular. Además, solo el 42,1 % de la población mayor de 6 años utilizaba Internet. Si bien, el MINEDU destinó 47 mil 434 tablets, había 1252 localidades y 1569 colegios sin electricidad (Medina, 2021).

El deficiente internet de las zonas rurales y urbano-populares dificultan el desarrollo de las clases virtuales en la región.

Es más, a fines del 2020, según reportó la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huancayo, 2213 matriculados tuvieron problemas para estudiar por falta de recursos económicos.  En primaria, de 41 mil 833 alumnos, el 43% tuvo clases en la página web, el 27% por televisión, el 6% usó radio y el 3% (1083), no utilizó ningún medio. En secundaria, de 32 mil 678 alumnos, el 27% usó la página web, el 20% la televisión, el 19% la radio y el 3% (1130) no entró a clases a falta de un medio de acceso (Quispe, 2020b).

Durante el primer bimestre escolar 2021, el 75% de estudiantes tuvo clases a distancia. El 25% no lo hizo, principalmente en las zonas de Río Ene y Río Tambo, donde no hay fluido eléctrico, no hay señal telefónica o de internet (Paitán, 2021c). Es el caso de 38 escolares del nivel inicial y primaria de la comunidad nativa Alto San Pascual, a una hora del distrito y provincia de Satipo, que al tener señal de Internet y telefónica, deben que caminar hasta cierta distancia para comunicarse con sus docentes. Ante ello, el presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central: “pide el retorno de las clases presenciales, dado la complejidad de Aprendo en Casa. Muchos lugares no tienen señal de internet” (RPP, 2021). Una muestra de la desigualdad en el acceso a la conectividad.

En salud, hasta el 2 de julio, en Junín, había 117 mil 989 casos confirmados de COVID-19, el 51.2% femenino y el 48.8% masculino. Según provincias: el 49% corresponde a Huancayo, el 12.9% a Chanchamayo, el 12.8% a Satipo, el 5.5% a Jauja, el 5.2% a Tarma, el 4.7% a Chupaca, el 3.4% a Yauli, el 2.5% a Concepción y el 1.4% a Junín. Según ciclo de vida: el 3.5% fueron niños, el 3.6% adolescentes, el 21.5% jóvenes, el 55.2% adultos y el 16.2% adulto mayor. Hubo 4,905 defunciones (DIRESA Junín, 2021).

Así, para enfrentar a la pandemia y otras morbilidades, en todos los establecimientos estatales de salud, existen 230 médicos especialistas, más 600 médicos generales, para cubrir los requerimientos de 1.4 millones de habitantes. Existiendo una brecha de 480 médicos especialistas, a pesar de que, a partir del año 2011, 203 médicos especialistas se graduaron en los hospitales docentes Daniel Alcides Carrión y El Carmen de Huancayo y el IREN de Concepción (Quispe, 2020a).

Por otro lado, en Junín, la violencia de género no ha disminuido durante la pandemia. Entre enero a octubre del 2020, 3105 mujeres fueron víctimas de maltrato físico y psicológico. Los 12 Centros de Emergencia Mujer reportaron 1573 personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y otros integrantes del grupo familiar (Ramos, 2020).

Al respecto, a manera de ejemplo, Zeballos (2019), en un estudio realizado en el sector cafetalero de la selva central, concluye en que las personas que sufrieron violencia de género, como agredidas o agresores, han disminuido sus  capacidades y habilidades, y productividad laboral, evidenciadas en: la desconcentración en el trabajo, dejan de laborar por estar preocupada(o) ya que algo les afecta, tienden a trabajar más lento de lo usual, por preocupaciones personales o familiares ajenas al trabajo y se sienten enfermos(as) o con dolores mientras trabaja. Es más, la violencia de género habría influido en la calidad del café, pues, durante la recolección, las(os) cosechadoras(es) confunden los granos maduros con granos pintones, están distraídos, mezclan los granos maduros con granos verdes. afectando la calidad del trabajo y los granos de café (materia prima).

Medio ambiente:

La contaminación con aguas servidas, la deforestación de las partes altas de las cuencas y los fenómenos naturales son las principales amenazas para los ríos en la región de Junín.

El agua tiene un valor económico y social, del que depende el bienestar de la población y el sector productivo: agrícola, industrial y minero. Así, solo el 34% de los ríos o subcuencas son orientados al uso agrícola. En la región existen tres principales amenazas que sufren los ríos: la contaminación con aguas servidas, la deforestación de las partes altas de las cuencas y los fenómenos naturales que originan sequías en ciertas temporadas del año e inundaciones en otras. Lo que ponen en riesgo la seguridad alimentaria regional y nacional (Paitán, 2021b).

Asimismo, de cada 100 metros cúbicos entregada al sector agrario por el ANA[*] Mantaro, el 65% es agua desperdiciada, solo el 35% es utilizada correctamente, debido al escaso control del recurso hídrico. El sector poblacional también desperdicia agua, por falta de cultura del cuidado del recurso y las conexiones domiciliarias ilegales (Paitán, 2021a).

Finalmente, es importante que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconozca a los Bosques de Neblina – Selva Central como la sexta Reserva de Biosfera del país. Abarca 14 distritos de las provincias de Chanchamayo, Concepción, Jauja, Junín, Tarma y Satipo. Sobresalen el Santuario Nacional Pampa Hermosa y el Bosque de Protección Pui Pui, como núcleos -de biodiversidad y ecosistemas-, que conservan los bosques montanos tropicales, la cuenca hidrográfica de los ríos Tulumayo, Huatziroki, Pichanaki e Ipoki y abastecen de agua para uso agrícola y doméstico a los valles de Chanchamayo y Perené; donde están asentadas comunidades indígenas, quechuas y ashánincas, que viven de la agricultura, silvicultura, ganadería y pesca (Gestión, 2020).

Principales retos:

  • Resaltan la situación de pobreza -en que conviven-, e informalidad -como generación de ingresos- de muchos hogares. Y más allá de las competencias o responsabilidades -del Gobierno Central, Regional o Municipal-, la mejor política social sería la promoción del empleo, de calidad y con protección social.
  • La promoción de la pequeña y mediana agricultura y ganadería, con políticas de crédito y asistencia técnica, articuladas entre la Dirección de Agricultura, las municipalidades y otras vinculantes.
  • Una forma de articulación entre los proyectos mineros y el desarrollo local sería diseñando e implementado un solo plan de desarrollo, -a partir de los planes concertados y los planes de relaciones comunitarias-. Cuyo financiamiento estaría asegurado desde la empresa minera y las municipalidades.
  • Reducción de la desigualdad social de conectividad física y virtual que sufren las áreas rurales. No solamente para una educación (presencial y virtual) de calidad, sino también para el fortalecimiento de sus aparatos productivos y la generación de ingresos.
  • En el contexto actual, masificar la vacuna contra la COVID-19, urbano y rural, que posibilite construir una “nueva normalidad en las relaciones económicas, productivas y sociales”. Sin perder de vista el enfoque intercultural, para entender algunos “mitos en salud” que todavía está impregnada en la cultura de las poblaciones, especialmente amazónicas, para no vacunarse.
  • Asimismo, urge continuar con las políticas de especialización médica. Es más, se debe intensificar, post-vacuna, la implementación de programas de promoción y prevención como Médicos de Familia, Psicólogo por colegio, Odontólogo por colegio.
  • Respecto, a la violencia de género, se deben intensificar acciones de prevención, dirigido al principal actor de violencia que es el varón, bajo un enfoque de familia. Toda vez que el tema radica en gestionar y transformar relaciones sociales inequitativas al interior del hogar.
  • Por otro lado, las principales ciudades de la región, como Huancayo, viene padeciendo de déficit de agua para diversos tipos de uso. Urgen políticas agresivas de cultivo de agua en las partes altas del territorio regional.
  • Lo anterior supone traspasar la concepción y el plan de zonificación ecológica-económica hacia una más amplia como son los sistemas socio-ecológicos; dotándoles de roles específicos a los distintos actores presentes que actúan organizadamente en el territorio regional.
  • Lo que suponen también, preservar las Reservas de Biosfera, los parques nacionales ubicados en la región Junín. Estos últimos como potenciales recursos turísticos y de materias primas.
  • Pero también urge acabar con los rezagos del narcoterrorismo focalizado en el VRAEM. Que, si bien es cierto, ya no es un peligro político y militar nacional, trastoca los sistemas de seguridad económica y social de las poblaciones afectadas.
  • Otra tarea pendiente es la desactivación y penalización de los núcleos de corrupción latentes en los diversos sectores del aparato estatal y privado.
  • Finalmente, una tarea en el sector educativo regional, en todos sus niveles, y el sistema estatal, es el fomento de la ética y la integridad, como el soporte central de las relaciones sociales humanas, en el “nuevo contexto de la normalidad”.

Referencias bibliográficas:

DIRESA Junín (2021). Reporte oficial COVID 19. Actualizado al 2 de julio del 2021. URL: http://www.diresajunin.gob.pe/main.php/ver_documento/id/cvd12484273f058cc1e16839408fa0f0ddddd92fa.pdf

Gestión (28 de octubre de 2020). UNESCO reconoce los Bosques de Neblina-Selva Central como la sexta Reserva de Biosfera del Perú. Diario Gestión. URL https://gestion.pe/peru/unesco-reconoce-los-bosques-de-neblina-selva-central-como-la-sexta-reserva-de-biosfera-del-peru-noticia/

Macera, D. (2021). II Foro de desarrollo económico Junín 2021. Logros y retos del desarrollo económico y social. Marzo 2021. URL https://www.ipe.org.pe/portal/ii-foro-de-desarrollo-economico-regional-junin-2021/

Medina, O. (19 de mayo de 2021). Aprendo en Casa presenta serias deficiencias en la región Junín. Diario Correo. URL https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/aprendo-en-casa-presenta-serias-deficiencias-en-la-region-junin-noticia/

Paitán, S. (23 de marzo de 2021a). En Junín el 65% del agua destinada al sector agrícola se desperdicia por mal uso. Diario Correo. URL https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/en-junin-el-65-del-agua-destinada-al-sector-agricola-se-desperdicia-por-mal-uso-noticia/

Paitán, S. (23 de marzo de 2021b). Solo el 34% de ríos de Junín son empleados para uso agrícola. Diario Correo. URL https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/existen-tres-principales-amenazas-que-sufren-los-rios-como-la-contaminacion-mediante-aguas-servidas-deforestacion-de-las-partes-altas-de-las-cuencas-y-los-fenomenos-naturales-que-originan-sequias-noticia/

Paitán, S. (13 de mayo de 2021c). Junín: El 25% de escolares matriculados no ingresó a clases virtuales. Diario Correo. URL https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/el-25-de-escolares-matriculados-en-colegios-de-junin-no-ingresaron-a-clases-virtuales-noticia/

Paitán, S. (16 de mayo de 2021d). Pobreza monetaria afectó entre 31,3% a 34,6% de los habitantes de Junín en 2020. Diario Correo. URL https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/pobreza-monetaria-afecto-entre-313-a-346-de-los-habitantes-de-junin-en-2020-noticia/

Quispe, L. (14 de octubre de 2020a). Junín entre las regiones con mayor capacidad de formar médicos especializados. Diario Correo. URL https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/junin-entre-las-regiones-con-mayor-capacidad-de-formar-medicos-especializados-noticia/

Quispe, L. (25 de marzo de 2021b). 12 mil alumnos de Junín no acuden a clases virtuales en la segunda semana del año escolar. Diario Correo. URL https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/doce-mil-alumnos-de-junin-no-acuden-a-clases-virtuales-en-la-segunda-semana-del-ano-escolar-noticia/

Ramos, C. (26 de noviembre de 2020). Centros emergencia mujer atienden a 3 mil mujeres víctimas de la violencia en región Junín. Diario Correo. URL https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/centros-emergencia-mujer-atienden-a-3-mil-mujeres-victimas-de-la-violencia-en-region-junin-noticia/

RPP (7 de mayo de 2021). Aprendo en Casa: Escolares de la comunidad nativa Alto San Pascual, en Satipo, no tienen señal de internet. URL https://rpp.pe/peru/junin/aprendo-en-casa-escolares-de-la-comunidad-nativa-alto-san-pascual-en-satipo-no-tienen-senal-de-internet-noticia-1335678

Zevallos, R. (2019). La violencia contra las mujeres en la productividad laboral y en los errores de calidad de cosecha de café para exportación de la selva central de Junín: 2016.  En: I. Santi y Z. Asencios (Editoras) (2019). La violencia contra las mujeres en las empresas peruanas. Un enfoque regional. Fondo editorial: USMP. Pp. 25-64.

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[*] Autoridad Nacional del Agua

Primavera 2021


Teódulo Gerardo Lázaro Aquino

Universidad Nacional del Centro del Perú




PIURA: Una región a la espera de liderazgo

Uno de los desafíos permanentes de la región norteña es articular al Estado con la Sociedad Civil; proceso que estaba mejorado paulatinamente debido a la existencia de un Colectivo por la Gobernabilidad que, a partir del Plan de Desarrollo, elaboró el Pacto por la Gobernabilidad, en el que se establecen las acciones que la administración regional debe atender con urgencia.

Sabemos que en muchas partes del Perú se hace este esfuerzo; pero en el caso de Piura el trabajo continuo de diez años se perfeccionó y, hasta la administración del 2018, se realizaban mesas técnicas de trabajo con los funcionarios regionales, donde el propio presidente regional asistió a las reuniones de evaluación de avances.

Pero todo se detuvo en enero del 2019 al ingresar el actual gobernador: Servando García Correa, quien, cuando era candidato, se comprometió a cumplir con el contenido de dicho documento. Sin embargo, ganada la elección, demoró casi un año en ratificar su compromiso y, después, simplemente abandonó la tradición que estaba ayudando a la región Piura en este esfuerzo por el bien común.

Ahora el Gobierno Regional está sumido en una inoperancia técnica seria y con varios casos de corrupción que involucran a autoridades de confianza del gobernador García, a quien su Consejo Regional (conformado por once representantes de las ocho provincias) ha decidido denunciarlo penalmente.

A continuación, se presentarán datos en algunos sectores y se dará cuenta de los documentos y posibilidades de diálogo que el gobierno regional tiene, pero no aprovecha.

Pobreza

La población de la región Piura es de dos millones 47 mil habitantes según el INEI (1) y cuenta con ocho provincias: tres tienen litoral marino y dos -las más pobres- son provincias de la sierra. Es curioso observar que, desde el año 2013 hasta la actualidad, la región norteña se ubica permanentemente en el grupo tres de pobreza extrema (2). Sin embargo, ese mismo año, la pobreza extrema estaba entre 5.7 y 7.5% y en el 2020 se calcula entre 2.4 y 3.7. (3)

Lo que no varía es que, de los 65 distritos que tiene la región, los diez distritos más pobres pertenecen a las provincias serranas de Ayavaca y Huancabamba. Asimismo, estos lugares poseen cifras deprimentes: el distrito de Lagunas (Ayavaca) registra que el 68 % de su población es pobre, y le sigue el distrito de Pacaipampa con 67,2% de pobreza. El final de la lista lo cierra Carmen de la Frontera de Huancabamba con 52,7 %. (4)

Sin duda la COVID-19 ha impactado en el bolsillo de la gente, de tal manera que la incidencia de pobreza monetaria a nivel regional al año 2020 es de 35 %. (5)

Salud

Las cifras en salud no son muy alentadoras. Al 2019, el 43.8% de niños y niñas entre 6 y 35 meses de edad tenían anemia, valor por encima del promedio nacional (40.1%).

Al mismo año, el número de bebés menores de seis meses con lactancia exclusiva disminuyó y también bajó el número de niños/as de 36 meses con sus vacunas completas. Asimismo, aumentó el número de infantes con bajo peso al nacer.

Educación

En educación, al año 2020, la asistencia escolar desde los tres hasta los 17 años, o sea hasta el 5to de secundaria, ha disminuido en todos sus niveles. La caída en la asistencia de hasta 10 % se da entre los tres a cinco años de edad.

Otro dato importante es que, de cien personas mayores de 15 años, casi ocho no saben leer y escribir; siete son mujeres y de estas, seis viven en la zona rural.

Violencia

El pasado 2020, se atendieron 4760 casos de violencia contra la mujer en los Centro de Emergencia Mujer y, desgraciadamente, seis mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas.

La brecha salarial indica que en todos los niveles de instrucción (primaria, secundaria y universitaria) los hombres ganan más. Por ejemplo, con la misma instrucción y capacidad, las mujeres profesionales ganan en promedio 690 soles menos que los varones.

Participación política

En cuanto a la participación política de las mujeres, tenemos que en Piura hay 65 distritos y sólo hay cinco alcaldesas; pero dos de ellas llegaron porque se presentaron problemas con el candidato varón. Un caso que llama la atención es el distrito de Salitral de la provincia de Morropón, donde la alcaldesa Ysmenia Monja Zapata “reina, pero no gobierna”; pues no es ninguna novedad que es el gerente Alan Gabriel Marcelo Jaime quien hace y deshace. Aunque su intromisión y aprovechamiento le puede costar la cárcel según una investigación fiscal en curso.

Lógicamente, la corrupción no es una forma de actuar sólo de los hombres; pues ahí tenemos como ejemplo emblemático que una de las postulantes a la presidencia de la república del Perú ha sido la jefa de una organización criminal según la fiscalía; la cual, además añade, entre otros delitos, el lavado de dinero.

Otro detalle en este rubro es que la exigencia técnica para gobernar políticamente debe ser tanto para los hombres como para las mujeres; dado que lo normal es que se critique la poca preparación de algunas mujeres al asumir un cargo, pero se calla cuando el hombre tiene debilidades tenebrosas como sucede normalmente en muchas municipalidades.

El Plan de Desarrollo

Frente a este panorama, existen documentos de gestión que proponen líneas de acción que permitan mejorar en educación, salud y en otros sectores. Una de las principales herramientas es el “documento guía”: el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021. Dicho documento plantea la siguiente visión: “Piura, departamento seguro e inclusivo, desarrolla una economía competitiva, diversificada e innovadora, gracias al aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos naturales, potencialidades y diversidad de su territorio. Su población goza de servicios públicos de calidad y sus productores y productoras han fortalecido sus capacidades para la innovación y transformación productiva” (7)

Para lograr dicho objetivo, propone trabajar sobre seis ejes: Derechos Humanos e inclusión social; oportunidades y acceso a los servicios; Estado y gobernabilidad; economía diversificada, competitiva y empleo; cohesión territorial e infraestructura productiva y ambiente; y, finalmente, diversidad biológica y gestión del riesgo de desastres.

En el primer eje de desarrollo humano e inclusión social se considera la variable equidad social y de género. Esta toma particular importancia porque en la región Piura se han determinado nueve brechas de género en tanto va avanzando la teoría que no es posible hablar de desarrollo humano mientras sigan las estructurales distancias entre hombres y mujeres.

Las brechas de género identificadas son: mortalidad materna; embarazo adolescente; violencia contra la mujer; acceso a la educación básica; limitada inserción laboral; analfabetismo; limitada participación de las mujeres en el acceso a la propiedad y manejo de los recursos; limitada participación ciudadana y política de las mujeres en el desarrollo local-regional; limitada institucionalización del enfoque de género en la gestión gubernamental; a las cuales se les presta atención a través de diversas acciones de articulación entre el Estado y la Sociedad Civil.

Desde el año 2011, el Colectivo por la Gobernabilidad, conformado por más de una veintena de ONGs, viene elaborando el Pacto por la Gobernabilidad Regional de Piura.

El Pacto por la Gobernabilidad

Desde el año 2011, existe en Piura el Colectivo por la Gobernabilidad, conformado por más de una veintena de ONGs lideradas por la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza. El principal trabajo de esta organización ha sido elaborar el Pacto por la Gobernabilidad, que es un documento derivado del Plan de Desarrollo Regional Concertado. “El Pacto” es un documento que firman los postulantes al gobierno regional, quienes se comprometen a ejecutarlo si salen elegidos, dado que contiene aquellas acciones que desde el gobierno regional se deben impulsar urgentemente.

Durante estos últimos diez años, el trabajo se ha perfeccionado al punto que el elegido gobernador regional acudía, con sus gerentes o subgerentes, a las reuniones técnicas y evaluaciones periódicas para ver los avances de “El Pacto”; de tal manera que se ha convertido en una vigilancia técnica en la que los sucesivos gobiernos han respondido paulatinamente mejor. Sin embargo, esto sucedió hasta el 2018, pues el actual gobernador, Servando García Correa, echó por la borda todo el proceso de articulación Estado Sociedad Civil. Pudo aprovechar la asistencia técnica que desde las ONGs se genera en dicho espacio, pero prefirió la terquedad y el ensimismamiento pese a la debilidad técnica de su administración, hoy sumida en diversos e impactantes actos de corrupción. El gobernador ratificó el 4 de setiembre del 2019 su firma al pacto 2019 – 2022; y aunque la firma de ratificación fue muy tardía, se pensó que el proceso se iba a recomenzar, pero no fue así.

Sobre la corrupción, el último caso ha traído como consecuencia que el miércoles 30 de junio, el Consejo Regional, compuesto por 11 representantes de las 8 provincias, decidió denunciar penalmente al gobernador por no asistir a la asamblea donde debía dar cuenta de una carta fianza falsa que su gerente avaló para pagar 4 millones de soles al Consorcio MNDC Constructores y Logística S.A.C. por la construcción de un centro de salud en el distrito de Máncora, provincia de Talara. Por este caso, el poder judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para el exgerente general Jesús Torres Saravia.

El Pacto por la Gobernabilidad, respetando los ejes del Plan Regional Concertado, prioriza acciones para promover la igualdad de género con énfasis en enfrentar y erradicar la violencia contra la mujer; garantizar e implementar las políticas regionales existentes; mejorar los servicios básicos priorizando a las familias rurales; priorizar la atención a la primera infancia; mejorar la calidad de la educación básica regular desde el enfoque de derechos humanos, género y ambiente.

También considera garantizar la transparencia en la función pública; garantizar y ampliar mecanismos de participación ciudadana; implementar políticas que impulsen el emprendedurismo juvenil sostenible; impulsar el desarrollo económico involucrando al Estado, empresa privada y la academia; fomentar la investigación que beneficie a los pequeños productores; fortalecer la atención a la gestión de recursos hídricos; protección y manejo de ecosistemas frágiles; reducción de la vulnerabilidad frente a los cambios climáticos; etc. (8) Todas estas, y otras, prioridades cuentan con resultados e indicadores que el mismo documento contempla.

Acuerdo Nacional

Estos son los principales desafíos de la región Piura; pero las autoridades prefieren seguir sus propios afanes que no siempre están articulados a las líneas matrices. Es decir, en la región sucede algo parecido a lo que padecemos a nivel nacional: tenemos herramientas que marcan el camino, pero cada partido o agrupación muchas veces improvisa desde su particular visión e intereses de grupo.

Tal vez en algún momento sea necesario que a partir de puntos comunes como los planteados en el Acuerdo Nacional (firmado el 2002 y actualizado hasta al 2017), que contiene cuatro grandes objetivos y 35 políticas de Estado (9), se exija que los planes de gobierno de los partidos que postulan a la presidencia de la república se ajusten a dicho acuerdo.

Condiciones

Regresando al Pacto por la Gobernabilidad de la región Piura, vale aclarar que para sacar adelante este documento de gestión, como otros planes regionales, se requiere de algunas condiciones que se impulsen desde el gobierno central y/o regional, tal como lo plantea el mismo Pacto por la Gobernabilidad, como por ejemplo: promoción del proceso de descentralización; afianzamiento del proceso de modernización de la gestión pública regional; fortalecimiento de la participación ciudadana y la concertación Estado Sociedad Civil; articulación eficiente entre niveles de gobierno y fortalecimiento de la ética y transparencia en la gestión pública.

Los retos del Pacto por la Gobernabilidad siguen vigentes a la espera que los sucesivos y constantes llamados del Colectivo por la Gobernabilidad hacia el Gobierno Regional sean escuchados. Mientras tanto la región no es que se haya paralizado por completo; pero se avanza tal vez por inercia y por esfuerzos focalizados; pero no por la existencia de un liderazgo regional.

Las metas y desafíos del Pacto por la Gobernabilidad, a la mano del Colectivo por la Gobernabilidad, siguen a la espera de la respuesta del Gobierno Regional de Piura.

BIBLIOGRAFIA

1.- INEI POBLACION
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1758/cap03/ind03.htm
2.- INEI pobreza monetaria 2020
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/pobreza-monetaria-alcanzo-al-301-de-la-poblacion-del-pais-durante-el-ano-2020-12875/
3.-INEI Informe Técnico Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2020
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/pobreza2020/Pobreza2020.pdf
4.- Reporte regional de indicadores sociales del departamento de Piura 2020
https://sdv.midis.gob.pe/redinforma/Upload/regional/Piura.pdf
5.- IDEM
6.- IDEM
https://www.regionpiura.gob.pe/documentos/planes/pdrc_piura_2021_vf2.pdf
7.- Gobierno Regional de Piura (2016) Plan de Desarrollo Regional Concertado Piura 2016 -2021. Recuperado en https://www.regionpiura.gob.pe/documentos/planes/pdrc_piura_2021_vf2.pdf
8.- Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza. Pacto por la Gobernabilidad (2018). Recuperado en https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2018-12-14/pacto-firma-13-candidatos.pdf
9.- Acuerdo Nacional (2002-2017). Recuperado en https://www.acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/definicion/

Primavera 2021


Luis Lozada Gallardo

Radio Cutivalú




PUNO: Agua, gas y hospitales en la agenda

Al término de las elecciones presidenciales y congresales del año 2021, los electos congresistas puneños Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) y Oscar Zea Choquechambi (Perú Libre), convocaron insulsamente a las autoridades regionales y provinciales, con el objetivo de diseñar la Agenda Puno al 2030.

Decimos insulso porque la actividad no logró más asistencia que la del gobernador Agustín Luque, el alcalde de Puno, Martín Ticona, el rector de la Universidad Nacional del Altiplano, Paulino Machaca y otras autoridades, pero no del total. Ni siquiera una mayoría simple.

La Agenda Puno al 2030 quedó en generalidades como atender la salud, educación, el medio ambiente, infraestructura vial, entre otras; asuntos que son de perogrullo en una región tan olvidada como Puno.

La última agenda medianamente consensuada se dio tras las elecciones de 2016, en aquella ocasión se priorizaron ocho proyectos que apuntaban a concretarse en el año del Bicentenario. Nada de eso ha ocurrido aún.

La agenda de 2016 contemplaba los siguientes proyectos: 1) La construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales para las 13 provincias, 2) La implementación de Instituto Especializado Oncológico, 3) Proyectos de instituciones de educación técnica alternativa, 4)  Impulsar el proyecto hidroenergético de la región con fases complementarias de la hidroeléctrica de San Gabán, el gasoducto sur andino, la planta petroquímica y una planta petronuclear, 5) La modificación de la ZeedePuno (Zona Económica Especial de Puno), 6) La red vial de interconectividad nacional que incluye las vías de penetración a la selva y la autopista Puno – Desaguadero, 7) El proyecto integral corredor turístico lago Titicaca – Cusco – Machupicchu –Colca y 8) La autoridad autónoma del desarrollo rural y agroindustrial con la instalación de plantas procesadoras de carnes, lácteos, fibra de alpaca y frutales.

De los mencionados, apenas hay avances en la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales en algunas ciudades circunlacustres del Titicaca. La pandemia de la COVID-19 atrasó el cronograma de ejecución y este año se inició el primer componente (colectores principales), estimándose que en 2022 se complemente con la construcción de las plantas propiamente dichas. Si no hay mayores problemas, las obras estarían en funcionamiento en 2023 o 2024.

Sin embargo, la sola construcción y operación de las plantas de tratamiento no garantiza la remediación de las cuencas, asunto que es motivo de reclamo permanente por parte de las organizaciones sociales y gremiales del altiplano.

CASO COATA.
La cuenca Coata es una de las más urgentes a atender, porque la contaminación es notoria a simple vista en la desembocadura del río Coata y a lo largo del afluente, pasando por localidades como Juliaca, Caracoto, Huata, Coata y Capachica.

El presidente del Frente Unificado de Defensa Contra la Contaminación de la Cuenca Coata, Félix Suasaca Suasaca, denunció, en base a muestras tomadas por el MINSA, que varias personas tienen minerales pesados en la sangre, además que la flora y fauna están peligrosamente afectadas en toda la cuenca.

El mismo Gobierno decretó un estado de emergencia ambiental en cinco distritos puneños desde el año 2019, aunque los presupuestos son escasos y los proyectos avanzan lentos para dotar de agua potable a los seres humanos, animales y garantizar las actividades agropecuarias.

Está pendiente una mesa técnica entre la Presidencia del Consejo de Ministros y las autoridades y dirigentes de la cuenca Coata, después de que los pobladores asumieran una huelga pidiendo garantizar obras de saneamiento, agua y un proyecto de desarrollo ganadero en los distritos afectados por la contaminación.

Preliminarmente, se conoce que la cuenca está contaminada a consecuencia de la falta de tratamiento de aguas residuales en Juliaca, una ciudad que supera el medio millón de habitantes (fijos y flotantes) sin servicios básicos.

CASO RAMIS.
De otro lado, la contaminación en la cuenca Ramis también ha desencadenado una serie de conflictos, especialmente en las provincias de Azángaro, Melgar y Huancané, donde agricultores y ganaderos denuncian que la cuenca arrastra lodos con metales pesados, producto de la minería ilegal practicada en la zona alta, en distritos como Ananea (San Antonio de Putina) y Cuyocuyo (Sandia).

El Gobierno del expresidente Ollanta Humala Tasso intentó poner coto a la ilegalidad minera con una estrategia de interdicción aplicada desde el año 2011, sin embargo, el conflicto es más complejo que solo el tema ambiental.

Varios mineros huyeron con su maquinaria pesada hacia las cuencas de Tambopata e Inambari, contaminando la selva puneña que pronto podría asemejarse a las zonas mineras de Madre de Dios.

También se produjo el contrabando de oro y corrupción en organismos del Estado, como la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), donde mineros ilegales intentan obtener licencias sin cumplir con los requisitos establecidos por ley.

El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT), por medio de su director Julver Vilca Espinoza, comunicó que este año se culminará el expediente técnico de la presa Huajchani, con la que se pretende disminuir la contaminación nacida en la cabecera de cuenca, sin embargo, los dirigentes sociales de Azángaro desconfían del gobierno.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) declaró viable esta presa con un presupuesto de 107 millones de soles, pero falta solucionar la licencia social y el expediente técnico en los futuros meses, para iniciar trabajos en 2022.

CASO LLALLIMAYO.
Es otro foco de contaminación a causa de la minería, aunque en este caso no se trata de mineros ilegales como en Ananea y Cuyocuyo, sino de la empresa Aruntani SAC, la cual es formal y tuvo que cerrar sus operaciones en 2019, cuando la contaminación fue innegable.

Empero, el problema del agua es persistente, los pobladores de la ciudad de Ayaviri (Melgar) sospechan que el cierre de minas es antitécnico y denuncian complicidad de organismos gubernamentales como OEFA y ANA.

Melgar es conocida como la Capital Ganadera del Perú, sus actividades económicas están estrechamente vinculadas con la ganadería, pero esta depende de agua limpia, según sostiene el ganadero melgarino Roy Ticona.

El conflicto socioambiental viene siendo monitoreado por la Defensoría del Pueblo y existen constantes advertencias de la dirigencia para reanudar huelgas en esta zona de la región.

La cuenca Llallimayo junta a las provincias de Lampa y Melgar, las cuales reclaman obras de recuperación ambiental.

CASO SUCHES.
En la frontera con Bolivia nace similar problema de contaminación, también generado por mineros ilegales, quienes en la mayoría de casos trabajan en el lado boliviano, pero las aguas discurren hacia el Perú.

En el distrito de Cojata (Huancané) se conformó un Frente de Defensa de la Cuenca Suches, la cual pide intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores para que intermedie ante el Estado Boliviano y así se frene las ilegales explotaciones en ese país.

El problema se mantiene por más de una década y ningún gobierno pareciera escuchar a los criadores de alpaca en esta zona. En temporada de lluvias, es común reportar el desembalse de relaves mineros que inundan los pastos y dejan sin comida a los camélidos que sostienen a las familias huancaneñas.

Desde el Frente de Defensa también se denuncia la inutilidad del Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), cuyo personal simplemente no fiscaliza el destino de decenas de camiones cisterna con combustible que pasan por el distrito de Cojata y que, según testimonio de los tenientes gobernadores, irían con destino al sector Perlas, para abastecer a la maquinaria de los mineros bolivianos.

Osinergmin y el Ministerio Público están ausentes en este problema, mientras que otras entidades como el Gobierno Regional de Puno se hacen de la vista gorda, porque afirman no tener competencias.

CASO VILAVILANI.
Hablando del agua, la Hoya Hidrográfica del Titicaca es ambicionada por los vecinos departamentos y el caso más notorio es el proyecto Vilavilani que plantea ejecutarse mediante el Proyecto Especial Tacna (PET) con una inversión de US$ 98 millones, aunque antes deberá superar el conflicto social abierto en la zona sur de Puno y parte alta de Tacna.

A la fecha, el Poder Judicial ha paralizado la ejecución de obras a pedido de la región Puno, porque el proyecto haría peligrar los humedales de las zonas altas, donde la ganadería de camélidos sudamericanos sería la más afectada con futuras sequías.

Los dirigentes de la provincia de El Collao (Puno), incluso piden la intervención del gobierno boliviano en este problema, tomando en cuenta que la cuenca es tributante del lago Titicaca y no del océano Pacífico, por lo que se requiere una opinión técnica del proyecto.

La descontaminación de las cuencas y la correcta administración de las mismas, permitiría un gran avance en seguridad hídrica, sosteniendo la dotación de agua potable en la ciudad y el campo, expansión de terrenos cultivables, ganadería, industria, turismo, minería, generación de energía y desarrollar otras potencialidades.

La descontaminación y correcta administración de las cuencas permitiría un gran avance en seguridad hídrica de la región de Puno.

GAS PARA PUNO.
La seguridad energética es otro objetivo perseguido por el altiplano hace varias décadas. Desde la lucha por la hidroeléctrica de San Gabán hasta el gas de Camisea, pasando por la posibilidad de importación de GLN desde Bolivia, la aspiración por acceder a energía barata parece ser perenne en estas tierras.

La primera vez que se anunció la llegada del gas natural fue en el año 2012, cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) licitó un proyecto para instalación de grifos en las ciudades del sur peruano, con la idea de que desde esas distribuidoras se pueda abastecer a los hogares y vehículos.

Casi una década después, no hay ni un metro de tubería instalada y el sueño del gas barato se mantiene entre los puneños.

En el presente año debió licitarse el “Proyecto 7 Regiones”, con el cual se pretendía abastecer de gas natural a Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Ucayali y Junín.

No obstante, en junio pasado, Proinversión declaró desierto el concurso a falta de propuestas para el proyecto de masificación de gas.

Y eso que, en mayo pasado, la misma entidad modificó el cronograma abriendo la posibilidad para que más postores, además de los ya calificados hasta ese momento, puedan presentarse al concurso, sin embargo, distintas variables habrían influido para que esto no se concrete.

Por ahora, las regiones beneficiarias se mantienen en incertidumbre respecto a este proyecto gasífero.

La otra alternativa era Bolivia, a partir de un convenio bilateral firmado entre los expresidentes Martín Vizcarra y Evo Morales, con el cual se preveía extender una tubería desde Desaguadero (Bolivia) para abastecer de gas natural a varias localidades puneñas.

Dicho convenio no logró avanzar por las crisis políticas ocurridas tanto en Bolivia como en Perú, venciéndose indefectiblemente el pasado 25 de junio.

Las recientes visitas de Evo Morales al Perú, haciendo su pase por Puno, revivieron las ansias por la importación del combustible.

El gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña, acaba de comprometerse a agendar con el presidente Pedro Castillo Terrones, la ampliación del convenio bilateral para el asunto gasífero, pero solo son compromisos.

EN CARTERA.
En cuanto a infraestructura, el Gobierno Regional de Puno tiene tres expedientes técnicos para la construcción de hospitales provinciales, tales son de Chucuito, Azángaro y Huancané.

Asimismo, están en proceso de construcción el Materno Infantil de Juliaca, el Hospital de Apoyo Ilave y el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno; todos paralizados a consecuencia de líos entre el GORE y las empresas ejecutoras o la incapacidad de la misma entidad regional.

Añadido a ello, el hospital de alta complejidad de Alto Puno (EsSalud) debe empezar este año con una inversión de 366 millones de soles, lo que reduciría la brecha en infraestructura hospitalaria, tan necesaria en tiempos de emergencia como la presente pandemia.

En Puno, precisamente la COVID-19 ha matado, hasta la mitad de agosto del 2021, a 2563 personas, según datos oficiales de la Dirección Regional de Salud. Los infectados se acercan a los 60 mil y la vacunación avanza lenta.

La salud no puede ser la última rueda del coche y conforme lo anunciara el Presidente de la República el pasado 28 de julio, se espera la rápida construcción de los nosocomios regionales en territorio altiplánico. Y solo es el inicio de un largo listado de necesidades de este pueblo que volcó sus expectativas en el profesor Pedro Castillo, otorgándole el 89% de su votación en las elecciones del 6 de junio de 2021.

Primavera 2021


Hugo Supo Tipula

Universidad Nacional del Altiplano de Puno