El Racismo Peruano y su Instrumentalización en las Elecciones Generales 2021

A pesar de que la Constitución Política del Perú declara el carácter multiétnico y pluricultural de la nación peruana, un amplio sector de la población se encuentra, aun hoy, en una situación de desventaja y marginación debido a su identificación racial, apariencia física o pertenencia a un grupo étnico determinado.[1] A esta situación, que afecta de manera particular a las poblaciones indígenas, andinas y amazónicas, además de a las afrodescendientes, le sigue la herencia del sistema colonial que determinó un orden racial donde lo blanco europeo, y lo más cercano a ello, gozaba del mayor capital social, mientras que las poblaciones no blancas eran puestas en la base de la pirámide social. El día de hoy, aún es posible verificar los rezagos de la discriminación sistemática a los que han sido sometidos estos pueblos con efectos devastadores para esta y las futuras generaciones. La escasa posibilidad de movilidad social, las altas tasas de deserción escolar -que se reflejan luego en una  segmentación laboral informal o de baja influencia-, y la consecuente falta de acceso a más y mejores oportunidades forman parte del resultado de un esquema en donde el Estado peruano no ha logrado garantizar los derechos básicos de estas poblaciones en igualdad de condiciones, facilitando consecuentemente que se amplíe cada vez más las brechas de desigualdad entre los unos y los “otros”; brechas que se han hecho particularmente evidentes durante el último proceso de elecciones generales 2021.

En efecto, pocos aspectos afectan la realidad de la vida de las personas más que su origen étnico-racial. Como un elemento que escapa a nuestro control, éste determina nuestro posicionamiento y perspectiva del mundo. En este sentido, aun cuando es producto de la casualidad, nuestro origen étnico-racial suele ser determinante para nuestra posición social, las oportunidades y las limitaciones a las que se nos someterá. Esto basado en la manera en que la sociedad en donde vivimos ha considerado y considera a las personas que comparten nuestro mismo origen. Antes bien, las diferencias raciales o étnicas entre las personas, que son naturales, han sido llenas de diversos significados y lecturas a través del tiempo, en todas las sociedades.

El sistema o dinámica racial en el que las personas nacemos y del que hacemos parte, aprendiéndolo, suscribiéndolo y recreándolo, de manera consciente e inconsciente, implica que todas las personas con las que establecemos contacto, directo o indirecto, van a ser racializadas por nosotros. Dicho de otro modo, al verlas iniciaremos con el proceso cognitivo de dar significado a las características físicas que identifiquemos. Los significados a los que arribemos dependerán de las ideas colectivas o estereotipos que las sociedades han construido sobre diversos grupos étnico-raciales. Y, en consecuencia, las nociones preconcebidas que se tienen sobre los grupos étnico-raciales en las sociedades y sus significados se reproducen, sin mayor reflexión, de manera continua en todo tipo de interacciones, dinámicas de comunicación social y lenguaje cotidiano, entre otros.[2]

Así, la noción de las diferencias raciales o étnicas no son pervasivas per se; menos aún el concepto de raza/etnia como categorías de uso sociológico para el estudio diferenciado de diversos grupos humanos, o la noción de identidad racial como un elemento constitutivo del proceso identitario de la persona de manera particular. El problema, sin embargo, aparece cuando las diferencias étnico raciales son sometidas a un orden jerárquico de carácter cualitativo donde se considera que unos grupos son mejores o peores que otros.

En este contexto, el racismo es la ideología (el conjunto de ideas) que “racionaliza” que ciertos grupos étnico-raciales no gocen de una inclusión social plena, o puedan disfrutar de derechos u oportunidades en igualdad de condiciones. Este conjunto de ideas da por sentado que “no todas las personas somos iguales,” o tenemos el mismo valor en la sociedad, presuponiendo además que nuestra raza u origen étnico racial es una de las razones principales de estas diferencias.

Antes bien, es importante saber que, como conjunto de ideas o ideología, el racismo no se mide en términos de acciones concretas o actos específicos. Por ejemplo, hay una concepción errónea de que el racismo debe ser activamente agresivo, público y visible para ser real. No obstante, esto responde a la noción de racismo construida desde contextos nacionales distintos al peruano; concretamente, en países como Sudáfrica o Estados Unidos, donde el sistema del apartheid o Jim Crow nos mostró un sistema racial alimentado por la segregación legal de los distintos grupos raciales. En otras palabras, si bien podemos considerar al racismo como un fenómeno universal, este adopta características especificas en cada realidad social concreta en el que se inserta. Así, el racismo en el Perú no solo tiene características excluyentes hacia diversas poblaciones como la indígena (andina y amazónica), afrodescendiente y asiático-peruana, sino que se evidencia en todas las áreas de la vida de las personas de manera transversal, incluyendo nuestro lenguaje cotidiano, nuestro humor, y el discurso oficial del mestizaje. Una narrativa que invisibiliza a los pueblos originarios y no mestizos.

Una de las formas adicionales en la que el racismo se percibe en nuestra sociedad es precisamente en el imaginario colectivo respecto de cuáles son los puestos, lugares, roles y espacios que se espera que las personas habiten. Hagamos el ejercicio juntos: imaginen un Embajador, un profesor universitario, un oficial de nuestra fuerza aérea. Ahora pensemos en un taxista, una persona haciendo comercio ambulante, un policía. Lo mas probable es que las personas en ambos grupos sean además de grupos raciales diferentes, donde los primeros, en posiciones sociales además más valoradas, sean más claras que las personas en el segundo grupo.

Las elecciones generales 2021 nos dieron una lección respecto de lo mucho que nos falta avanzar en temas de igualdad racial en el Peru, lo violento del racismo en nuestro país, y cuanto tenemos por deconstruir y reconstruir como sociedad. Pedro Castillo Terrones se presentó como un maestro de escuela y líder sindicalista de Cajamarca -uno de los departamentos más pobres del Perú- y, en general, un extraño no solo a la política tradicional sino a la élite de poder del país, mayormente concentrada en Lima. Un ciudadano común de ascendencia indígena, profundamente comprometido con su comunidad, y que se encontraría trabajando en la parcela agrícola familiar en un día cualquiera. Altamente identificable para el ciudadano común de Perú, más allá del centro de la ciudad capital, no es de extrañar que Castillo ganara con más del 50% de los votos en Ayacucho y Huancavelica -dos de los departamentos más pobres del Perú- y, con más del 30% en otros 9 departamentos que no son Lima.[3] Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las ideologías racistas fueron la piedra angular de esta ronda de elecciones. En efecto, no es hasta la noche de las elecciones en primera vuelta que los grandes medios de comunicación se interesaron por este candidato “aparecido” desde el interior del país. Fue tan subestimado en Lima, y a menudo pasado por alto que cuando la encuesta a boca de urna lo anunció como el primer candidato finalista, los medios de comunicación no tenían una foto de su rostro.

Para el flash electoral de primera vuelta, el canal de noticias CNN no contaba con una foto del candidato Castillo.

 

A la vez, muchas plataformas de redes sociales se inundaron de comentarios racistas contra Castillo y sus votantes, sobre todo en base a su apariencia y supuesta identidad racial. Los mensajes destacaron su extravío en la alta esfera política clamando además una supuesta ignorancia en sus votantes, falta de educación, y, en general, aversión al desarrollo del país (donde desarrollo obviamente es una noción que construida desde Lima tiene características particulares). Es necesario subrayar que Pedro Castillo Terrones es un hombre de mediana edad y de tez indígena clara; características raciales que en el imaginario colectivo del país están asociadas a estereotipos respecto de que los pueblos racializados, indígenas o negros, por igual, están mal preparados o no son lo suficientemente brillantes para funcionar en la esfera pública, y mucho menos en espacios de decisión de alto nivel, como sería la presidencia de la republica. Por otro lado, Castillo ostenta un marcado acento quechua, lo que en otros contextos denotaría un celebrado bilingüismo. No obstante, en el contexto peruano, donde las lenguas originarias no son celebradas sino mas bien rechazadas como un símbolo de retraso; su forma de hablar se encuentra con burlas, correcciones condescendientes y el irrespeto que históricamente nuestro país a otorgado a los “otros”.

En la segunda vuelta electoral, redes sociales y medios de comunicación desbordaron comentarios racistas basadas en la identidad racial del candidato Pedro Castillo.

Finalmente, hay un factor adicional e interesante a considerar. Durante esta elección, ambos candidatos decidieron utilizar y movilizar el miedo y la ansiedad contra un enemigo común percibido: los venezolanos en Perú. Es sabido que la profunda crisis social y económica ocurrida en la República Bolivariana de Venezuela ha generado una enorme migración de ciudadanos venezolanos hacia países como Ecuador, Perú, y Colombia. Al día de hoy, el Perú ha recibido alrededor de 1.2 millones de ciudadanos venezolanos, quienes se han convertido en una parte activa de la economía nacional, pero aún experimentan condiciones laborales precarias, inseguridad social y alimentaria y, en general, se les paga significativamente menos que los ciudadanos peruanos.[4] Los conflictos emergentes sobre la seguridad ciudadana, y su percibida culpabilidad, viene facilitando la idea de que estos ciudadanos son sujetos abyectos. Eso es un problema en sí mismo, ya que los sentimientos xenófobos están en su punto más alto y se ha vuelto común relacionar a la figura de la persona venezolana con la noción de criminalidad y el peligro. Un elemento adicional, sin embargo, y que requiere mas estudio, es el impacto de esta tendencia en la esfera de la política racial nacional. De hecho, ya imaginados, ajenos y/o considerados fuera de lugar, los afroperuanos ahora son “acusados” aleatoriamente de ser venezolanos y, por lo tanto, comenzaron a ser sometidos a hipervigilancia en espacios públicos. Este cambio cognitivo se ha visto facilitado por la suposición general de que los venezolanos son de piel más oscura y el pensamiento general de que los ciudadanos peruanos no son negros. En efecto hace algunas semanas, el país vio (una vez más) un nuevo caso de discriminación racial en el que la policía nacional acosaba a una mujer peruana negra falsamente considerada una ladrona. Debido a los muchos videos publicados y a su propio testimonio, una de las acusaciones publicas que se hacia sobre esta mujer, aun antes de probar el delito (que no ocurrió) era que era venezolana y que debía “regresar a su país.”

El Perú sigue siendo un país profundamente desigual, de grandes brechas de acceso a derechos y oportunidades, de profundas brechas educativas, de grandes brechas salariales. Un país donde las oportunidades están mayoritariamente concentradas en Lima, y donde los procesos colonizadores se siguen ejerciendo sobre millones de ciudadanos y ciudadanas en el día a día. Un lugar que aloja la creación discursiva de una Lima moderna vs. una Lima rural, y otras tantas imágenes, reales y simbólicas que marcan distancias bastante certeras entre los unos y “los otros”. Quienes son personas decentes que deben salir de su casa, durante la pandemia y los ignorantes o desconsiderados que son criminalizados por estar en la calle durante la cuarentena, cuando la calle es precisamente su lugar de trabajo.

Es innegable que esta pandemia y las medidas de prevención y remedio que han tomado los Estados, correctas en muchos casos, han puesto también en evidencia algunas de sus más profundas falencias históricas. Para el caso que nos ocupa, ha evidenciado de manera palpable el estado de desconexión y relegación de los gobiernos nacional y regionales, y los grupos más vulnerables. En este contexto, entonces, se han profundizado aún más las brechas de desigualdad entre conciudadanos y se ha sobrevulnerabilizado a las personas que ya vivían en los márgenes de la sociedad. De la misma manera, el proceso politico de las elecciones generales ha agravado aún más estas diferencias por cuanto las ha explicitado y puesto sobre la mesa. Nos toca a nosotros como sociedad y al gobierno entrante el ampliar las bases ciudadanas y de acceso a las oportunidades de aquellos cuya ciudadanía parece estar cuestionada constantemente, aun hoy. ¿Estaremos todos listos para ese reto?

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[1] Defensoría del Pueblo. Actuación del Estado frente a la Discriminación. Casos conocidos por la Defensoría del Pueblo, 2010. Inf. 005-2009-DP/ADHPD
[2] Véase Hartigan, Jr. 2010; Hooker, 2009
[3] Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE (2021). Presentación de resultados: Elecciones Generales y Parlamento Andino 2021. Retrieved from: https://www.resultados.eleccionesgenerales2021.pe/EG2021/EleccionesPresidenciales/RePres/T.
[4] Banco Mundial (2021). Migrantes y Refugiados Venezolanos en el Perú: El Impacto De La Crisis De La Covid-19 (#Coronavirus). Retrieved from: https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2020/07/22/infografia-migrantes-y-refugiados-venezolanos-en-el-peru-el-impacto-de-la-crisis-de-la-covid-19-coronavirus.

Primavera 2021


Mariela Noles Cotito

Universidad del Pacífico




Castillo en Lima: entre la nueva individualidad y la experiencia populista

En uno de los ensayos más importantes publicados en los últimos años “Lima y sus arenas” se pone sobre la mesa una idea que sirve de punto de partida para estas líneas: Danilo Martuccelli, autor del texto, afirma, en contra de un sentido común muy extendido, que Lima es de alguna forma la síntesis del Perú. Para el sociólogo, si bien el proceso de migración interna permitió que millones de personas procedente de todo el Perú se asentaran en la ciudad hasta convertirse en sus habitantes mayoritarios; hay algo que establece una diferencia cualitativa que le resta veracidad a la popular afirmación. Una serie de procesos sociales ocurridos en la ciudad han producido un tipo de socialización y de individuación particular.

En el primer caso se trata de una socialización donde se ha producido una “horizontalidad operativa” de las relaciones sociales más inmediatas y prácticas de los ciudadanos. Esta “revolución de la sociabilidad” se ha producido sin que muten las estructuras fundamentales de desigualdad económica, política, social y racial que marcan el orden más permanente de la sociedad limeña.

En el segundo caso se trata de la aparición de un tipo de individualidad específica, denominada por Martuccelli “individualismo metonímico”. Un tipo específico de individualismo que no surge, al igual que el novedoso tipo de sociabilidad, desde las estructuras de la institucionalidad política; sino más bien como consecuencia de un proceso que emerge desde abajo, sin ningún tipo de organización desde arriba. Es una individualidad que parte desde la constatación práctica de los procesos de supervivencia que los limeños desarrollaron.

Esta individualidad ha surgido frente a la imposibilidad de realización de las sucesivas propuestas nacional-populares que experimentó nuestro país y nuestra ciudad.

En este marco, el resultado electoral del último junio ratificaría lo que señala Martuccelli respecto al comportamiento electoral diferenciado del capital frente al resto del país.

El profesor Castillo triunfó construyendo una coalición donde los puntales principales han sido el sur del país, la sierra centro y norte. En La costa norte y en la selva del país los resultados le fueron adversos al candidato de Perú Libre, pero a corta distancia de la candidata Fujimori. Fue Lima la región donde la tres veces derrotada candidata obtuvo su mejor resultado: 65.73% vs. 34.27%. Al igual que en los últimos procesos electorales, Lima votó a favor de la opción más conservadora en competencia en la segunda vuelta.

Si bien fue derrotado en Lima, Castillo obtuvo un tercio de los votos de la capital, apelando a un viejo conocido: al pueblo. Este último, como vehículo de incorporación de los sectores más postergados de la nación y enfrentado a sucesivos enemigos, quedó fuera de juego frente a los múltiples procesos descritos por Martuccelli en los párrafos previos. ¿Cómo así es que un candidato cuya apelación al pueblo termina cosechando un tercio de los votantes de la capital? Como señala el propio Martuccelli, es posible que nuevos líderes provinciales provistos de los “nuevos recursos de los gobiernos regionales” intenten reconstruir políticamente al pueblo organizando el vínculo entre sus protagonistas sociales y el sistema político institucional.

¿Hasta qué punto los efectos de la pandemia de la COVID-19 sobre Lima han sido suficientes para abrir un espacio -minoritario- para el regreso de las coordenadas populistas?

Si bien el resultado de Castillo en Lima se parece mucho a aquel que obtuvo Ollanta Humala en el 2006, en los quince años que median una y otra elección, se produjo un enorme proceso de expansión económica; así como un desarrollo de los procesos sociales y culturales que impactaron en las pautas de sociabilidad y el tipo de individualidad mencionadas por el sociólogo peruano.

Según datos del INEI[1], durante el primer trimestre del 2021 respecto al mismo periodo del año anterior se evidencia una contracción de la PEA de -14.7%. La población con empleo adecuado disminuyó un 32.1%, mientras que el subempleo aumentó en 12.5%. La pandemia y sus efectos rompe con la experiencia cotidiana que permitió la aparición de este individualismo metonímico que plantea Martuccelli. El proceso de movilización social, cuyo motor es el comportamiento de estos individuos, se ve fracturado por una experiencia cotidiana común: la pandemia.

Simultáneamente, es esta severa crisis la que ofrece la oportunidad de recrear los lazos para la movilización política de los actores colectivos de este pueblo. Un proceso de incorporación que tiene como pieza central al Estado y a sus liderazgos a través de la distribución de recursos y el fortalecimiento de los vehículos mediadores de estos sectores sociales; como por ejemplo, las ollas comunes y otras organizaciones de sobrevivencia. Los trabajadores informales, si bien carecen de vehículos que canalicen su participación política, fueron articulados en otros casos a través de programas de transferencia monetaria.

La pregunta que cabe es ¿Cómo convive el proyecto del individualismo metonímico de Martuccelli y una vuelta al proyecto nacional-popular? Una posibilidad es que estos intentos de rearticulación del pueblo como sujeto político privilegiado colisionen con estas nuevas formas de sociabilidad que marcan la experiencia de los limeños. La otra es que se produzca una articulación novedosa entre ambos elementos. La rearticulación del proyecto nacional-popular puede empatar y reafirmar la horizontalidad operativa existente en Lima, sumando a su existencia práctica elementos más estructurales ubicados en el mundo de política y la economía.

Más incierto es el potencial resultado del encuentro entre las lógicas nacional-populares y el individualismo metonímico de Martuccelli. A diferencia del caso anterior -donde la experiencia populista requiere siempre de una dosis de horizontalidad y cultura plebeya- el individualismo en clave limeña de Martucelli es poco dado a convivir con las colectividades y los mecanismos de bienestar que este tipo de experiencias generan. Ya no se trata de logros materiales vinculados únicamente al esfuerzo individual o al apoyo de determinados grupos secundarios próximos al individuo; sino más bien fundamentados en la pertenencia a un colectivo, hasta cierto punto anónimo, que posibilita el acceso a dicho bienestar.

Al tiempo de ser redactadas estas líneas, son pocas las semanas transcurridas desde el inicio del nuevo gobierno. Si bien sus primeras señales muestran el interés de este por buscar replicar algunos rasgos nacional-populares en su proceso de construcción política y de interpelación de los ciudadanos para su movilización colectiva; nada garantiza que dicho proceso quede trunco, como señala el propio Martucelli al reflexionar sobre la experiencia del gobierno de Ollanta Humala.

Lima es quizás el territorio más hostil para el nuevo gobierno, pero al mismo tiempo es clave para su sobrevivencia política. Sin su entusiasmo, o por lo menos su neutralidad, el futuro del gobierno puede plantearse muy cuesta arriba. Parece difícil ir contra las tendencias en los procesos de socialización que vienen germinando en Lima desde hace más de 25 años; pero es justamente el rol de la política encontrar formas creativas de encontrarse con estas y movilizarlas dentro del proyecto del actual gobierno.

Si bien las primeras acciones el actual gobierno muestran la reivindicación de procesos nacional-populares, nada garantiza que este proceso quede trunco.

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[1] https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-mercado-laboral-ene-feb-mar2021.pdf


Carlos Alberto Adrianzén García Bedoya

Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP




Las regiones mineras del país y los retos para el nuevo gobierno

Legado social

El tema de los conflictos sociales relacionados a la minería es de larga data. En la última década la Defensoría registró entre 180 a 210 conflictos en promedio en todo el Perú, activos y latentes, de los cuales un 45% están relacionados a la minería (entre 80 y 90 conflictos aproximadamente). Si uno hiciera una evaluación de desempeño de las políticas públicas a lo largo del tiempo, uno debería esperar (o desearía) que estos conflictos vayan disminuyendo. Es decir, ir encontrando soluciones para que estas estadísticas vayan en retroceso. Pero estos números no cambian, así pase un gobierno u otro.

 

Y hay que llamar la atención sobre esto, pues no sólo se trata de explotar más mineral como palanca para el crecimiento y un potencial desarrollo. La minería ha sido positiva para la economía del país, pero mientras un sector de la sociedad sigue pensando y focalizando su discurso en aumentar las cifras de explotación y exploración minera, paralelamente hay cierta indolencia respecto al tema de los conflictos sociales. No en vano esta parte de la realidad social del país permanece sin ninguna modificación, y sólo es interrumpida por ligeros sobresaltos de atención desde los gobiernos cuando suceden tomas de carreteras o los conflictos desembocan en muertos: hasta que nos confrontamos frente a una desgracia. Situación similar ha experimentado el sector salud. A los sucesivos gobiernos no les interesó que convivamos por décadas con una salud pública precaria, con bajos indicadores de éxito, hasta que en el 2020 nos confrontamos con la desgracia de la pandemia. Posiblemente, en un juego de prioridades, el Estado apostó previamente a que algún día en el futuro habría los recursos o condiciones para resolver la salud pública. Del mismo modo, quizás algún día los conflictos sociales mineros se resolverían por el devenir histórico de un mayor presupuesto público y presencia del Estado en las zonas rurales.

Políticas públicas en minería

No hay un sólo factor que explique los conflictos sociales en minería. Los conflictos son complejos, la realidad social y geográfica en el Perú es muy diversa: estamos hablando de 80 casos de conflictos mineros a lo largo de todo el territorio (2021, junio), estos a su vez representan a numerosos contextos en los que se desarrolla de la actividad minera.

Desde el lado de las políticas públicas, el sector minero en el Perú ha presentado diversos retos en las últimas décadas, aunque podemos hablar de dos pilares generales que requieren atención. Uno primero relacionado al impacto local, es decir, al impacto en términos de desarrollo y uno segundo tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones en el Estado y de las reglas de juego desde una perspectiva social. De hecho, no sólo se trata de generar certezas hacia la inversión, sino de generar estas mismas certezas o seguridad hacia la población con respecto a la actividad foránea que se va a instalar en sus territorios.

Con respecto al impacto al desarrollo, lo primero es mencionar que el principal impacto del sector minero a la economía nacional y local se canaliza a partir del pago de impuestos y, en menor medida, a través de la generación de empleo y concatenación con otros sectores económicos en donde su impacto es limitado.

En este marco, actualmente se viene evaluando la posibilidad una reforma tributaria al sector minero, y entre otros, crear un impuesto a las sobreganancias mineras. El Perú y América Latina, en general, vivió un boom de precios de los commodities, tanto minerales como hidrocaburos, en la década del 2000 que benefició a muchos países en la región. Luego esos precios empezaron a bajar a partir del 2014, pero desde el 2020 han vuelto a repuntar y han alcanzado precios históricos nunca antes visto. En el caso del cobre que comprende el 50% de nuestras exportaciones mineras, su precio ha superado los 4 dólares la libra, mientras hace en el 2019 su precio oscilaba alrededor de 2.5 dólares la libra.

Junto a la subida de precios, las empresas de cobre y oro en Perú presentan uno los costos de producción más bajos entre los principales países productores del mundo debido a una serie de ventajas como el bajo precio de la electricidad y el agua, el bajo costo de la mano de obra y a que nuestros yacimientos son relativamente jóvenes, lo que favorece una mayor ley del mineral. De hecho, el costo de producción de cobre en el Perú en mina es 19% más baja que Chile y 23% más baja que Australia. Ambas condiciones, precios altos y costos bajos, vienen generando altas sobreganancias no esperadas en las empresas mineras. Desde hace varias décadas en varias economías avanzadas y en desarrollo se han venido discutiendo y aplicando mecanismos de captación de renta de actividades extractivas mineras e hidrocarburíferas en contextos de precios altos. En el Perú esa discusión se inició en los períodos electorales que llevaron al gobierno a los expresidentes Alan García y, luego, a Ollanta Humala; pero finalmente no se implementó este impuesto a las sobreganancias y las medidas adoptadas para captar una mayor renta fueron limitadas.

Junto a esta mayor recaudación, aparece también el tema de reformar cómo se gasta este dinero, lo que conlleva a una reforma del uso del canon. El canon está orientado por ley, básicamente, a la inversión en infraestructura pública, lo que en un principio es algo positivo. Sin embargo, esta dinámica de inversión termina descuidando muchos otros aspectos que también son importantes para el desarrollo local. Por ejemplo, el canon no se puede invertir en diversificación productiva, ni en fortalecer a las instituciones locales, tampoco no se puede invertir en calidad educativa o calidad en salud. Bajo la lógica del “fierro y cemento” ya hemos observado cómo han proliferado la construcción de hospitales, pero que en la práctica no tienen la capacidad de asegurar una buena atención en salud. Además de la reforma del canon, se requiere fortalecer los sistemas anticorrupción a nivel de los gobiernos subnacionales, lo que favorecerá a zonas con y sin presencia minera.

En relación al fortalecimiento de las instituciones en el Estado y de las reglas de juego o seguridad jurídica para las poblaciones, se identifica una agenda bastante amplia y con varios temas delicados en derechos humanos, sociales, ambientales y culturales.

Uno de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la planificación estratégica del territorio. En la década del 2000 se inicia una política pública en la que cada región empieza a crear una Zonificación Económica Ecológica y cuyo siguiente paso sería pasar a una política de Ordenamiento Territorial, que entre otros permitiría identificar áreas de protección que sean relevantes para la ciudadanía. Esta política, sin embargo, se paraliza en el 2014 bajo el gobierno de Humala con la promulgación de la Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país (Ley 30230). Esta ley generó adicionalmente un debilitamiento del andamiaje de la fiscalización ambiental, motivo por el cual se la denominó como “paquetazo ambiental” por varios colectivos de sociedad civil.  De acuerdo a fuentes directas en el Ministerio de Economía y Finanzas, con el inicio de la caída de los precios de los minerales y la desaceleración de la economía el gobierno entró en un diálogo con varios sectores empresariales y les consultó sobre los impulsos que necesitaban para relanzar su crecimiento. De este diálogo nacería la ley en mención.

Además de la reforma del canon minero, es necesario fortalecer los sistemas anticorrupción a nivel de los gobiernos subnacionales, lo que favorecerá a zonas con y sin presencia minera.

Como política pública el Ordenamiento Territorial podría delimitar cuáles son las fuentes de agua que se quieren proteger, y sobre todo en un contexto de cambio climático. Por ejemplo, ahora tenemos en Lima un problema con un proyecto minero pequeño “Ariana” que se está ubicando en la cabecera de cuenca del río Rimac, junto al túnel transandino que trasporta el agua a la ciudad, y con alto riesgo al tratarse de una zona sísmica.

Relacionado a ello, uno de los ejes claves que deben mejorar en el Perú es la institucionalidad en relación al tema del agua y que explican muchos de los conflictos sociales alrededor de la minería. De hecho, la Autoridad Nacional del Agua es bastante débil. Asimismo, no contamos con estadísticas sobre recursos hídricos a nivel nacional y local, lo que, entre otros, obliga a las empresas mineras a construir sus balances hídricos a partir de aproximaciones.

En los últimos años también se ha disminuido de manera importante la participación ciudadana en materia ambiental. A partir de la creación de los Instrumentos Técnicos Sustentatorios para modificaciones de operaciones mineras se elimina la participación ciudadana. Asimismo, en los procesos en los que aún se mantiene este mecanismo, se trata de procedimientos meramente informativos, en el que las opiniones de la población no son vinculantes. Otro tema que debe ser regulado de mejor manera es la consulta previa que en el caso del sector minero se aplica cuando todas las principales autorizaciones ya han sido aprobadas.

Del mismo modo, se requiere revisar los mecanismos que buscan salvaguardar el orden público en contextos de zonas mineras ya que se ha identificado un uso desproporcionado y poco transparente de los contratos entre la policía y empresas mineras, declaratoria de estados de emergencia “preventivos” y numerosos casos de criminalización de líderes y lideresas sociales.

Simbolismo y cambio

En el contexto electoral reciente, los planes de gobierno de Pedro Castillo y Keiko Fujimori, candidatos que disputaron la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, tuvieron importantes vacíos en los temas ambientales y de derechos humanos.

Por su parte, en relación al papel de los recursos naturales no renovables, ambos partidos compartían una visión común: deben ser aprovechados para generar recursos económicos para el desarrollo. Sus diferencias tenían que ver básicamente con el modelo económico: Fujimori se inclinaba por generar inversiones desde el sector privado, mientras Castillo una mayor participación del Estado.

Mientras transcurría la segunda vuelta aparecieron dos propuestas clave de ambas candidaturas alrededor de la minería. Castillo planteaba la creación de un impuesto a las sobreganancias, es decir, una mayor captación del Estado de la renta minera. A ello Fujimori respondió con la propuesta de repartir el 40% del canon directamente a las familias en zonas mineras.

A pesar de esta propuesta audaz de Fujimori, Castillo tuvo una votación en muchos casos superior al 80% del electorado en zonas con actividades mineras. En estos territorios a Castillo lo apoyaba, por un lado, las bases sindicales del magisterio que venían promoviendo su candidatura y cierta unidad en el electorado especialmente rural.  Por otro lado, las relaciones de desgaste de la población con el modelo minero, aplicado en las últimas décadas, jugaba en contra de Fujimori, que precisamente era percibida como defensora de ese modelo. Este desgaste se basa, entre otros, en un Estado ausente en los ámbitos rurales y al que en situaciones de conflictividad se le percibe más cercano a las empresas mineras. Asimismo, el propio aporte al desarrollo de la minería a nivel local se encuentra bajo cuestión. Al respecto, a pesar de varios años de explotación minera, en muchos distritos se han profundizado las brechas sociales, muy pocas personas locales obtienen trabajo directo de la empresa y la gran mayoría de la población padece los efectos negativos de un incremento en el costo de vida. Por último, las experiencias en las mesas de diálogo han sido decepcionantes para la población. Desde el Estado, su rol de garante y mediador no han tenido resultados. Estos antecedentes han catapultado en estas poblaciones la exigencia de un cambio profundo frente a operaciones y proyectos mineros que no acreditan una convivencia satisfactoria.

En espacios como el sur andino, además del anti-fujimorismo histórico, caló también la visita de Castillo a las provincias mineras de Cotabambas y Chumbivilcas durante la primera vuelta electoral en donde cuestionó a la gran empresa minera ya que extrae cuantiosos recursos (“mucho dinero que pasa por sus carreteras”), pero no se ve reflejado en mejores condiciones de vida. En esas presentaciones públicas, en plazas, ha prometido una mayor participación de la población en la organización de los recursos mineros, aunque sus propuestas no han estado fundamentadas cabalmente.

Si bien, todavía a dos semanas de asumidos los puestos ministeriales, no se observan medidas concretas del Estado respecto al sector minero, la propia designación del gabinete ministerial ha generado opiniones favorables desde el ámbito rural. De acuerdo a varios testimonios que he recogido en el sur andino se apoya la decisión de romper con la cultura de tener como altos funcionarios a académicos y técnicos, pero que se encuentran lejos de la realidad rural que esta población vive. Incluso, esta asunción de ministros con apellidos quechuas lo observan como una reivindicación después de 200 años de independencia. Si bien desde los medios de comunicación y opinión pública urbana se ha resaltado el tema de la meritocracia en los funcionarios estatales, en esta parte rural del país este gabinete a partir de algunos de sus representantes simboliza una demanda de cambio a fondo al que vienen aspirando desde hace mucho tiempo. De hecho, es la primera vez que el 70% de los ministros provienen de regiones distintas a Lima, cuando la proporción siempre había sido inversa.

Guido Bellido, Primer Ministro del actual gobierno, logró el desbloqueo temporal de una carretera en Chumbivilcas, Cusco, luego de negociar con la comunidad…¿Lo logrará de nuevo?

En relación a la problemática minera, la población rural en el sur andino tiene la expectativa que el nuevo gabinete se conduzca bajo un nuevo trato y resuelva sus problemas en tanto conoce su realidad y es parte de los “suyos”. De hecho, en la reciente visita de Guido Bellido a Chumbivilcas para negociar el desbloqueo de la carretera[1] generó gran simpatía, en primer lugar, que se conduzca como paisano; asimismo, fue bastante importante que se comunique en quechua y transmita otros mensajes simbólicos como su llegada en caballo o que la reunión se haya realizado en un espacio no urbano.  Finalmente, obtuvo una tregua de 60 días.

En los próximos meses podremos evaluar si los ministerios vinculados al quehacer minero han logrado plantear y concretar leyes y políticas públicas para otro tipo de convivencia con la minería. Lo cierto es que está bastante interiorizado, sobre todo en la población del sur andino, que un cambio importante sólo será posible si se produce una nueva Constitución política en el país. Por ejemplo, para la anhelada nacionalización de los recursos naturales estratégicos que escucharon de Castillo en plazas. Veremos si lo primero sustituye a lo segundo, o viceversa, o si nos encontramos con la continuidad de las políticas previas, o incluso nos acercamos a un inesperado devenir político como el desaforo del actual gobierno.

Desde mi punto de vista, lo primero que debe hacer cualquier gobierno es tratar y responder a la gente en igualdad de condiciones (reducir las asimetrías). Ha sido triste asistir personalmente a varias mesas de diálogo en las que la regla, con algunas excepciones, es que a la población se la “mece”, le arman toda una parafernalia o puesta en escena para que al final no le hagan caso a la mayor parte de sus demandas. Frente a la ausencia de soluciones la población sabe que le caerá la policía ante cualquier exabrupto o “medida de fuerza” y así se completa el círculo de la desgracia y del estatus quo descrito al inicio de este artículo. Es una pena porque ese es el espacio, el de los canales institucionales: el diálogo, que las leyes se cumplan de manera idónea y eficaz, que no haya trampas, eso es lo correcto.

Primavera 2021

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[1] Ruta que es usada para el transporte de minerales por la empresa Las Bambas.


César Flores Unzaga

CooperAcción




Coyuntura política en México y su implicancia para las democracias de América Latina

México es un país complejo, diverso y con retos, añejos y recientes. Por ello, no extraña que algunos de los aspectos más relevantes de la situación del país sean temas arrastrados de años y décadas anteriores. A continuación, abordamos algunos de los aspectos de la coyuntura mexicana actual.

  1. Las elecciones del 6 de junio

El 6 de junio pasado, México tuvo la elección más ambiciosa de su historia al elegir popularmente 20,415 cargos, incluidos diputados federales y locales, 15 gubernaturas y presidencias municipales[1].

Con 671 personas candidatas independientes, y un proceso cuidado para que la pandemia no fuera un impedimento, se superó el 52% en la participación ciudadana, comportamiento inusual en elecciones de medio término. Si bien existen decenas de impugnaciones pendientes, estas son mínimas y los mismos participantes en la contienda han aceptado, en lo global, los resultados.

El proceso electoral mostró varias de las problemáticas a las que el país se ha enfrentado en fechas recientes, entre las que se encuentran la violencia política (incluida la de género), el descrédito de los partidos políticos y sus candidatos y candidatas, así como los ataques hacia el árbitro de la contienda.

a. La violencia político-electoral

Desde hace años, las elecciones en México se han visto ensombrecidas por la violencia hacia candidatos y candidatas, especialmente de los cargos más cercanos como las municipalidades. Empero, en cada proceso electoral la violencia crece tanto en el número de víctimas como en la audacia e impunidad de sus victimarios.

El reciente proceso electoral ha sido calificado como el más violento en la historia de México y ameritó el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a prevenir y sancionar estos hechos. El saldo fue de 1,066 agresiones (incluidos 102 homicidios, 36 contra personas candidatas), 48 intentos de asesinatos, 339 amenazas, 89 ataques contra colaboradores, 71 daños a la propiedad y 65 robos, entre otros[2].

El 56% del total de las agresiones se produjo en lugares públicos, incluyendo la vía pública y los domicilios de las víctimas[3]. Los ataques provinieron de sujetos desconocidos, civiles armados, militantes de partidos políticos, extorsionadores, grupos de choque e integrantes de la delincuencia organizada[4].

Aún, el día de la elección se reportaron diversos incidentes que obligaron a la suspensión de la elección, del escrutinio y/o cómputo en más del 50% (17 de las 32) de entidades del país[5].

Finalmente, tratándose de la violencia política contra las mujeres en razón de género (figura incorporada a la legislación electoral en abril de 2020), el Instituto Nacional Electoral (INE) informó sobre la sanción de 56 personas durante este proceso[6].

b. El descrédito de partidos políticos y de personas candidatas

Las críticas sobre la nula credibilidad en los partidos políticos y una notoria polarización social caracterizaron el proceso electoral, evidenciando la división que mantiene a la población mexicana entre quienes están a favor y en contra del presidente Manuel López Obrador.

La renuencia de los partidos de garantizar una efectiva paridad de género en sus candidaturas (relegando, por ejemplo, a las candidatas a puestos menos atractivos) y la postulación de candidatos con acusaciones graves de violación o trata, evidenciaron las persistentes brechas de género en el país.

Fueron una constante la falta de transparencia y desesperación de los partidos políticos, y el refrito de candidatos y candidatas que fueron reutilizados para la contienda o cambiaron a otras fuerzas políticas. El proceso electoral mostró la lejanía que había entre las personas candidatas y el electorado al hacer propuestas poco novedosas, sin sustento o simples ocurrencias que no respondían a las realidades y necesidades de las personas.

c. Los ataques al árbitro de la contienda

En México, el diseño y construcción de órganos autónomos en diferentes materias (incluida la electoral) ha sido un logro. En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), en 1996 se constitucionalizó su autonomía y en 2014 se suprimió al IFE para crear al INE, que concentraría el proceso electoral con el fin de homologar criterios y prácticas.

El INE ha recibido críticas por el sesgo en algunas decisiones y el salario que reciben sus 11 consejeros/as electorales, a lo que se añade el desmedido presupuesto asignado por ley a los partidos políticos, el alto costo de las elecciones, la calidad y cantidad de partidos políticos que han encontrado una cómoda y fácil forma de vida.

Quienes presentan argumentos a favor del INE rescatan la complejidad, seriedad, periodicidad y certeza en los procesos electorales, así como la autonomía institucional y presupuestaria del órgano.

En esta elección, existió una fuerte tensión entre el INE y el presidente de la República, quien -al igual que otros gobernantes- aprovechó sus conferencias de prensa para hablar de los logros de su gobierno e incriminar a candidatos y políticos de otros partidos políticos en delitos.

Ello, sumada a la inconformidad presidencial por no haber aprovechado las elecciones para realizar una consulta popular promovida por el mismo ejecutivo federal como parte de una promesa de campaña y la actual crisis en que se encuentra la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por fuertes pugnas y destituciones internas, ha significado que el presidente y legisladores de Morena hayan iniciado una campaña de desprestigio contra el INE, anunciando una reforma que implicaría despojarle de su autonomía.

 

Las conferencias de prensa diarias del presidente López Obrador, las cuales suponían lograr cercanía e inmediatez en la información presentada por el Ejecutivo, fueron utilizadas para difundir fake news y ataques a opositores.

 

  1. Otros elementos del contexto mexicano

El panorama electoral se concatena con un contexto más amplio compuesto, al menos, de siete factores.

El primero es el colapso del sistema de salud. Desde que se anunció en 2020 la sustitución del seguro popular por el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), no ha habido condiciones, presupuesto ni coordinaciones necesarias para su implementación. Además, la decisión de suspender inmediatamente la compra de medicamentos con la justificación de que ello propiciaba la corrupción con farmacéuticas, ha deteriorado la salud de miles de personas con cáncer, problemas renales, diabetes y otras enfermedades.

La actuación ante la pandemia del COVID-19 ha sido severamente criticada al no contarse con estrategias claras y coordinadas entre la federación y las 32 entidades (que han usado indicadores distintos para la toma de decisiones), lo cual ha significado que México (que ha sido acusado de un subregistro en las cifras) sea de los países con mayor número de decesos a nivel mundial, junto con Estados Unidos, Brasil y la India. Esta situación ha contribuido a la desaceleración de la economía y al aumento de la pobreza, en un gobierno que mantiene una visión asistencialista en sus programas sociales.

El segundo elemento son los contrapesos y el equilibrio de poderes. En los dos últimos años, algunas instituciones autónomas (como las de derechos humanos, acceso a la información o energía) han sido socavadas con intentos de reformas legales, con la complicidad del Poder Legislativo. Grandes iniciativas de reformas poco claras (como la energética) o ambiciosos megaproyectos públicos han sido frenados por una cantidad mínima de jueces federales.

A ello se suma una reforma regresiva a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que pondría en peligro la autonomía de los fiscales, posibilitaría la concentración de facultades en el fiscal general, dificultaría la rendición de cuentas y desatendería una serie de obligaciones relacionadas con la atención a víctimas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y la búsqueda de personas desaparecidas.

En este año se dio una ambiciosa reforma al Poder Judicial de la Federación que busca modernizar y hacer más accesible la justicia, evitar el nepotismo y la corrupción y contar con una defensoría pública más eficiente. No obstante, la atención se ha centrado en la controversial propuesta para extender el período del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación junto con reformas a la carrera judicial que pondrían en riesgo la independencia judicial.

El tercer elemento es la intolerancia a la crítica. Este gobierno ha centrado su estrategia en la comunicación en conferencias de prensa diarias donde el presidente y las personas de su gabinete informan y contestan a preguntas de los diferentes medios de comunicación.

Este espacio buscaba lograr mayor cercanía e inmediatez en la información presentada por el Ejecutivo federal y los medios de comunicación. No obstante, ha sido utilizado para difundir información falsa (fake news), atacar a “adversarios”, “conservadores”, “neoliberales” o “desestabilizadores”, términos que incluyen indistintamente a políticos, empresarios, diplomáticos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y periodistas. Más preocupante aún: el 30 de junio el presidente López Obrador añadió una sección semanal titulada “Quién es quién en las mentiras” iniciada como justificación para usar su derecho de réplica, lo cual ha generado interminables reacciones que denuncian los ataques a la prensa y la violación a la libertad de expresión.

El cuarto factor es la persistente violencia y el rol de las fuerzas armadas. Ha sido ampliamente documentado que, a partir del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) aumentaron estrepitosamente los delitos y la violencia. Desde entonces, y salvo excepciones, la tendencia ha ido como se muestra en la siguiente tabla (Anexo 1).

A lo anterior se suman las agresiones a personas defensoras de derechos humanos (PDDH) y periodistas. De acuerdo con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, durante 2019 se admitió a 97 PDDH y a 87 periodistas; en 2020 fueron 60 y 67 ingresos, respectivamente. De enero a abril de 2021, se había admitido a 34 PDDH y 30 periodistas. A esa fecha, el total de personas beneficiarias era de 1,455 y los principales agresores eran funcionarios públicos[7], ante un mecanismo incapaz y precario para garantizar la protección que necesitan.

Según registro de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en 2020 fueron asesinados siete periodistas; en 2021 se han registrado cinco asesinatos y dos desaparecidos. En 2020 documentó al menos siete asesinatos de PDDH y en lo que va de 2021 ha registrado ocho[8].

Ante este continuum de violencia, especialmente en las tres últimas administraciones, se ha confiado infructuosamente en las Fuerzas Armadas para realizar las labores de seguridad pública y pacificar al país. En la actual administración se ha fortalecido de manera desproporcionada el liderazgo y protagonismo militar al legalizar la Guardia Nacional (que, si bien inicialmente se mencionó que su mando sería civil y su intervención en labores de seguridad sería extraordinaria, en la actualidad no es así), darle facultades no sólo de prevención sino de investigación, asignarle cuantiosos proyectos de infraestructura pública, dotarle de importantes recursos, facultarle a realizar labores migratorias y darle el control de los puertos a la Marina, entre otros. La militarización, lejos de reducirla, sigue incidiendo en la continuidad de la violencia[9].

El quinto aspecto es un desinterés por los derechos humanos. Si bien existen funcionarios federales comprometidos, y salvo lo relacionado con la justa atención en las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la llamada “Guerra Sucia” y en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, es palpable la desatención en el tema al no adoptar medidas serias ante las reiteradas protestas por el incremento de las violencias de género (ante fuertísimas e históricas manifestaciones), el aumento de las desapariciones, las constantes violaciones de derechos humanos a las personas en contextos de movilidad humana (especialmente migrantes, solicitantes de asilo y personas desplazadas), indígenas, personas con discapacidad y niños, niñas y adolescentes, el despojo de territorios, la contaminación ambiental y del agua, entre otros.

A lo anterior se añade la disminución de presupuesto a instituciones vinculadas con estos temas, la ausencia en el nombramiento de titulares de algunas instituciones y el incumplimiento de decisiones internacionales que podrían lograr importantes transformaciones en el país.

Un sexto elemento es el tímido avance en el combate a la corrupción y la impunidad (que alcanzó el 92.4% según el World Justice Proyect), así como la ineficacia del Sistema Nacional Anticorrupción creado como una apuesta decisiva en la prevención, sanción y erradicación de este mal que ha posicionado al país en el último lugar de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al encontrarse en el lugar 124 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)[10].

El último aspecto es el viraje en parte de la política exterior, liderada por el canciller Marcelo Ebrard, puesto que el presidente López Obrador privilegia la política interna del país. México, país que tiene una importante presencia y credibilidad internacional, ha apelado a la “doctrina Estrada” para mantener una preocupante neutralidad ante la mayoría de los quebrantos a la democracia o infracciones al derecho internacional.

Breve conclusión

México ha vivido por décadas diferentes problemáticas, algunas de las cuales se comparten con otros países de América Latina. Lamentablemente, las soluciones no han estado a la altura de los retos. Ante un marcado protagonismo del Ejecutivo federal que minimiza a otros poderes (incluidos los gobiernos de las 32 entidades), las políticas públicas, populistas y ocurrentes, siguen incrementando la polarización social, la pobreza, la violencia, la intolerancia, la corrupción, la impunidad y la precariedad.

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[1] INE. Elecciones 2021: Numeralia 2020-2021, pp. 15 y 117. Disponible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118602/numeralia-final05082021.pdf?sequence=3&isAllowed=y.
[2] Etellekt Consultores. Séptimo informe de violencia política en México. Proceso electoral 2020-2021. 21 de junio de 2021. Gráfico 1, pág. 13. Disponible en: https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-J21-etellekt.html.
[3] Ídem. Gráfico 6, pág. 17.
[4] Ídem. Gráfico 9, pág. 18.
[5] INE. Elecciones 2021: Numeralia 2020-2021. Op. Cit., pp. 110-111.
[6] Ídem., pág. 8.
[7] Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Informes Estadísticos Mensuales. Disponible en: https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/documentos/informe-estadistico-enero-2020?idiom=es.
[8] ONU-DH. La ONU-DH condena los asesinatos de los periodistas Ricardo López Domínguez y Abraham Mendoza Mendoza. Comunicado de 27 de julio de 2021. Disponible en: https://hchr.org.mx/comunicados/la-onu-dh-condena-los-asesinatos-de-los-periodistas-ricardo-lopez-dominguez-y-abraham-mendoza-mendoza/ y ONU-DH. ONU-DH condena el asesinato de Aranza Ramos en Sonora. Comunicado de 19 de julio de 2021. Disponible en: https://hchr.org.mx/comunicados/la-onu-dh-condena-los-asesinatos-de-los-periodistas-ricardo-lopez-dominguez-y-abraham-mendoza-mendoza/; y ONU-DH México condena el asesinato de la defensora Mireya Rodríguez Lemus en Chihuahua. Comunicado de 10 de septiembre de 2020. Disponible en: https://hchr.org.mx/comunicados/onu-dh-mexico-condena-el-asesinato-de-la-defensora-mireya-rodriguez-lemus-en-chihuahua/.
[9] Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Poder militar: la Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense. México. 2021. Disponible en:  https://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2021/06/Informe_Poder_Militar.pdf.
[10] Animal Político. México mejora calificación en índice de corrupción pero sigue como el peor de la OCDE. Nota de 28 de enero de 2021. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2021/01/mexico-mejora-indice-corrupcion-peor-ocde/.

Primavera 2021


María Alejandra Nuño Ruiz Velasco

ITESO – Universidad Jesuita de Guadalajara