El último 15 de enero del presente año, no solo recibimos la terrible noticia del derrame petrolero en las costas del norte de Lima -afectando la vida en más de 112 kilómetros cuadrados del mar y litoral, incluidas los varios miles de familias que dependen de sus recursos marítimos- sino que fuimos testigos de la falta de respuesta de la compañía operadora y de las entidades responsables del Estado. 12 mil barriles de petróleo vertidos que se suman a otras decenas de miles producto de derrames en diferentes partes del país.

Según el informe de una misión de expertos de Naciones Unidas, las consecuencias de los impactos a la biodiversidad y ecosistema producto del derrame de Repsol podrían extenderse hasta 10 años; además dicho informe identifica serias deficiencias tanto en el manejo del derrame de parte de la compañía, como en la falta de respuesta de las 34 instituciones públicas responsables de implementar estrategias de respuesta ante los impactos y riesgos producidos por la emergencia ambiental. El mismo relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marco Orellana, quien recientemente realizó una visita académica al Perú, tuvo la oportunidad de expresar en la Comisión de investigación multipartidaria sobre el derrame de Ventanilla del Congreso de la República que “falta una evaluación de daños y un registro de las personas afectadas por el vertido del crudo”[1].

Como un déjà vu, reconocimos la situación como si la hubiéramos vivido previamente y así lo era. En el informe “La sombra de los hidrocarburos en el Perú”[2], elaborado por el Subgrupo sobre Derrames Petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se identifica que desde el año 1997 hasta el primer trimestre del año 2021, se habían producido 1002 derrames, que implicaron el vertimiento de 87,370 barriles de productos asociados a la extracción de hidrocarburos, y hoy alcanzan cerca de cien mil con el derrame de Repsol.

El informe también añade que, de todos estos sucesos, la mayor incidencia de estos derrames sucede en la Amazonía (56%), seguido de la costa (40%) y 5 derrames en la sierra, pero además hay 27 del Oleoducto Nor peruano (ONP) en zonas que no se han podido precisar en Piura, Lambayeque y Cajamarca. Siendo los lotes con un mayor número de derrames: 192 (antes 1AB, en Loreto), 8 (Loreto), X (Piura), el ONP (que recorre varias regiones) y el Z-2B (Piura).

Conclusiones similares al estudio publicado en el 2020, La sombra del petróleo[3], que concentró su análisis en la Amazonía peruana, muestra que las causas predominantes de estos derrames fueron las fallas operativas y la corrosión, es decir, vinculados con la responsabilidad de las empresas operadoras, privadas y públicas, tanto de transporte como de explotación y exploración. Cabe destacar que los derrames por corrosión y fallas operativas suman más del 70% del total de barriles derramados en tierra peruana.

Mirando su evaluación, estos derrames no solo se incrementaron en los últimos 15 años, sino que mantuvieron la relevancia de la causa por falla operativa y un incremento de casos por corrosión, relacionados directamente con la falta de mantenimiento de sus instalaciones. También llama la atención el incremento de casos donde se registra “terceros” como responsables o causa, pero no se aprecia procesos de investigación fiscal que conllevaran a la identificación de responsables, más bien los procesos judicializados se encuentran en las medidas jurídicas tomadas por las empresas para evitar el pago por las sanciones ambientales aplicados por los organismos fiscalizadores.

Según las entidades de fiscalización, la mayor cantidad de emergencias registradas corresponden a las operaciones de Pluspetrol Norte, que representan el 30,5% de los derrames ocurridos, luego a las operaciones de Frontera Energy (11%), y los que sucedieron bajo las operaciones de transporte de Petroperú (11%).

Pero, lamentablemente, los impactos no se reducen a los derrames, existen otros factores como los pasivos ambientales que son identificados por el OEFA y publicados en el registro de pasivos por la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) del Ministerio de Energía y Minas. Según este registro existen en el Perú 3231 pasivos ambientales por hidrocarburos, 151 de ellos son considerados de alto riesgo para la salud, la seguridad y el ambiente, 1997 son de riesgo medio, y 1083 de riesgo bajo, de acuerdo a la metodología del OEFA.

Sumando los derrames, pasivos ambientales, emergencias y sitios impactados, contamos con un universo oficial de 4362 impactos por actividades hidrocarburíferas. Basados en ese total, el departamento de Piura concentra el 80.2% de ellos, seguido de Loreto (9.9%), Tumbes (2.4%) y otros. Estos no expresan la dimensión de los impactos generados, solo datos que muestran la complejidad de esta problemática.

Aportes al debate

El derrame ocasionado en enero en el distrito de Ventanilla, en Lima, ha puesto a la vista no solo las cifras y problemática que son consecuencias de este desastre, sino la situación que enfrentamos hace más de 20 años con los derrames petroleros e impactos ambientales que ocasiona esta actividad sin respuestas de los responsables privados o estatales en el litoral y la Amazonía. Ha descubierto la necesidad de reformas institucionales profundas en materia ambiental, articulando el marco normativo; fortaleciendo la institucionalidad ambiental para una actuación más oportuna, efectiva y transparente; complementando dicho marco con la creación de un fondo que permita responder a emergencias o desastres ambientales remediando y reparando. Por otro lado, la necesidad de reformas en materia de responsabilidad corporativa (debida diligencia) y especialmente para garantizar la respuesta frente a impactos ambientales. Pero además para mirar en serio la agenda climática que esta crisis expresa, seguir dependiendo de una fuente no solo perecible sino altamente contaminante requiere de poner plazos finales a la transición esperada.

Estas no son tareas sencillas, los cerca de cien mil barriles de petróleo derramados en el mar y en la selva amazónica, los más de mil derrames, los 3231 pasivos ambientales, entre otros, deben darnos suficientes razones para tomarlas en serio y ver esta situación como una oportunidad de cambio y justicia.

_______________________________________________

[1] Declaraciones del relator especial en desechos tóxicos y derechos humanos, Marcos Orellana, en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología encargado por el Congreso de la República para investigar los hechos del derrame de Ventanilla, el viernes 25 de febrero 2022, ver: https://fb.watch/bp9wADvvn8/
[2] Ver “La sombra de hidrocarburos en el Perú, Actualización de la información sobre sitios con daño hidrocarburífero en el Perú: 1997-2021”, febrero 2022
[3] La sombra del petróleo, Informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019, Oxfam y CNDDHH, 2020. https://peru.oxfam.org/latest/policy-paper/la-sombra-del-petroleo

Otoño 2022

Miguel Lévano Muñoz

Oxfam Perú

Quiero presentarles a Milagros. Milagros es habitante de un lugar en la costa peruana, donde su familia, como otras de la zona, se ocupan en empresas de agroexportación. Además, su familia también siembra en su chacra algunos productos para el autoconsumo. A pesar del aparente desarrollo en la zona, la vivienda de Milagros no tiene agua corriente ni servicios de saneamiento. Ella, junto con su madre, se encargan de abastecer a la familia del agua de consumo. Eso quiere decir que deben ir al punto de toma de agua donde se acercan otras mujeres, niñas y niños de la comunidad. Como Milagros, las otras niñas de la comunidad invierten al menos una hora al día para acarrear agua para sus hogares, lo que repercute en el tiempo que pueden dedicar a sus estudios o a jugar. Además, aunque no lo sabe, tiene anemia. Sus hermanos, al igual que ella, pasan por varios episodios de diarrea a lo largo del año. Sin embargo, en el último presupuesto participativo, la comunidad (o los hombres de la comunidad) apostaron por que la inversión del gobierno local fuera destinada a un estadio en vez de asegurar el agua de calidad en los hogares de la comunidad. Finalmente, como a veces demoran en la tarea de traer agua, su padre se molesta con su madre y le grita. A veces, hasta la golpea. Milagros y sus hermanos y hermanas (cinco en total) son testigos de ello y a veces, su padre o su madre también dirigen esa violencia hacia ellos.

Esta viñeta breve sobre Milagros refleja una serie de problemas de salud que se viven en muchas comunidades en el país. Los factores que afectan estos desenlaces son múltiples, pero el origen del problema se centra en la escasez del recurso hídrico en los hogares. En comunidades de la sierra y la selva también se manifiesta la insuficiencia de agua para consumo, a pesar que en apariencia ésta sea abundante y cuente a veces con períodos de copiosidad. La presión o carestía del recurso básico como el agua surge a raíz del efecto del cambio climático y por la contaminación del recurso. Pero es importante destacar la relevancia y el impacto que tiene el precario acceso al agua sobre diversos aspectos de salud en la vida de las familias: enfermedades infecciosas por consumo de agua insegura, violencia de género y violencia hacia los más vulnerables, retrasos en el crecimiento y malnutrición. Zonas rurales o de los quintiles más bajos de pobreza donde viven niñas como Milagros todavía registran más de 30% de la población infantil con menor talla para la edad, a pesar de notables avances para disminuir las brechas. En las zonas rurales, también se registra las mayores tasas de anemia (más del 50%) en niños entre los seis meses y los tres años de edad. Estas son algunas de las consecuencias más inmediatas de la crisis climática y un entorno tóxico que se verán traducidos en otras secuelas a lo largo de su vida, como retrasos en los aprendizajes y menos capacidades para el entorno laboral y en el desarrollo familiar. Si tenemos en cuenta, además, que el impacto en el aprendizaje de Milagros tiene efectos a futuro sobre su propia salud y sobre la descendencia que podría tener ella, estamos enfrentándonos a un círculo difícil de romper.

La situación actual del cambio climático nos ha mostrado ya los impactos que éste tiene sobre la mortalidad. En un estudio reciente se midió el exceso de mortalidad por eventos de calor atribuibles a el cambio climático generado por la actividad humana en 37% en un período de 17 años. Asimismo, las enfermedades infecciosas asociadas al clima cambiante muestran patrones distintos. Es determinante que enfrentemos este flagelo como la crisis que se constituye y que seguirá siéndolo, especialmente para poblaciones vulnerables como niños pequeños, adultos mayores y los grupos poblacionales cuyos medios de vida dependen directamente de los recursos naturales. Teniendo en cuenta este escenario, es fundamental dirigir las soluciones y estrategias para enfrentar la crisis climática con un enfoque centrado en los más vulnerables, es decir, la niñez.

Esta visión al pensar en las respuestas más adecuadas a la adaptación al cambio climático nace de la gran vulnerabilidad de los niños y niñas frente a los eventos de desastre o a las situaciones de crisis crónica a las que se enfrentan las distintas regiones. En el caso del Perú, por ejemplo, podemos referirnos a eventos de El Niño que se ha mostrado que tienen un impacto directo facilitando la incidencia de diarrea en los más pequeños y a mediano plazo impactos en su desarrollo. En otros entornos, también se ha visto que las sequías y los incendios en la cuenca amazónica impactan los medios de vida de las comunidades, mediado y exacerbado por la deforestación. Estas situaciones reportan impactos en la salud de las comunidades y la seguridad alimentaria de los grupos más vulnerables. Asimismo, las niñas, niños y adolescentes todavía representan una gran proporción de la población. Reportes de mortalidad y morbilidad realizados a nivel global estiman que casi la mitad de la carga de enfermedad se debe a enfermedades transmisibles y aquellas que tienen mayor impacto en la niñez y que se prevé que aumentarán con el cambio climático que ocurren en países en vías de desarrollo. En el Perú, se ha reportado que el incremento de temperatura por efecto de las actividades humanas ha tenido un impacto aumentando la tasa de mortalidad, utilizando información del 2008 al 2014. Del mismo modo, en el país, la población infantil (0-5 años) alcanza el 10% y los niños, niñas y adolescentes componen un 30% de la población en el año 2021. La proporción es mayor en zonas rurales cuyos medios de vida dependen de su entorno inmediato.

El hecho que los niños sean física y psicológicamente más vulnerables a los efectos del cambio climático, tiene consecuencias al orientar las respuestas enfocadas en la niñez.

El hecho que los niños sean física y psicológicamente más vulnerables a los efectos del cambio climático en su bienestar, salud y educación, también tiene consecuencias al orientar las respuestas enfocadas en la niñez, ya sea por programas dirigidos hacia estos grupos o por su participación en éstos. Los aspectos de vulnerabilidad y la gran proporción de población infantil hacen que los beneficios percibidos de este enfoque deriven en mayor impacto sobre la carga de enfermedad a largo plazo, pensando en aspectos de salud. Del mismo modo, la evidencia muestra que las condiciones que generen seguridad y bienestar para las niñas, niñas y adolescentes tendrán réditos en diversos aspectos, como mayor enrolamiento escolar y desempeño.

Al referirnos a los programas dirigidos a las niñas y niños podemos pensar en aquellos que tradicionalmente están orientados a la población infantil y que deben tener mayor cobertura en poblaciones más vulnerables y alejadas con un enfoque de equidad. Pero ello no debe menospreciar la importancia de las iniciativas dirigidas por las niñas, niños y adolescentes. Recientemente, en un estudio desarrollado en Piura, Loreto y Cusco sobre la percepción de los y las adolescentes sobre el cambio climático, los participantes expresaron identificar los alcances del entorno cambiante y poco predecible en su vida diaria, así como en sus planes a futuro. Quizás lo más valioso es que demandaron poder ser parte e involucrarse de las iniciativas locales para adaptación y mitigación del cambio climático. Propusieron estrategias que se han mencionado anteriormente, pero que no han sido incorporadas completamente como el incluir actividades de prevención de los impactos del cambio climático en el currículo escolar. También mostraron interés en participar en los espacios de diálogo y planificación, lo cual tiene un impacto relevante a largo plazo, considerando su involucramiento en la prevención de los impactos y de situaciones de riesgo. Esto se ha evidenciado en otras experiencias donde niños, niñas y adolescentes a través de sus escuelas han desarrollado un programa de monitoreo de calidad de agua en Tajikistán o en la promoción y sembrado de hectáreas de manglares en zonas costeras de Filipinas para prevenir desastres. Del mismo modo, en el Perú, en ciudades como Iquitos existen colectivos de jóvenes que buscan mejorar las áreas verdes en los entornos urbanos para crear un ambiente más saludable frente al cambio climático y fomentar ecosistemas más amigables para el desarrollo de iniciativas turísticas locales.

En Perú se cuenta con normativa y planes de adaptación y mitigación al cambio climático. En paralelo, existen diversas iniciativas y ejemplos en otros entornos y varias propuestas generadas por las comunidades locales que involucran a los niños, niñas y adolescentes, principales afectados y actores del cambio para enfrentar al cambio climático. Nos queda la tarea pendiente de encontrar los mecanismos más eficientes para articular mejor las propuestas de la niñez y aquellas estrategias dirigidas a su bienestar para asegurar las mejores condiciones frente a la crisis climática actual. El enfoque centrado en la niñez nos brinda una hoja de ruta clara para dirigir los esfuerzos estas estrategias que ponen en el centro a los niños, niñas y adolescentes.

Otoño 2022

Gabriela Salmón Mulanovich

Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP

Existe una injusticia profunda, global, entre aquellos que generan el cambio climático y aquellos que están en mayor riesgo o vulnerabilidad ante sus impactos. Decenas de millones de personas de nuestra región en América Latina, una región con mayor índice de desigualdad del planeta, tienen sus viviendas, medios de vida e infraestructuras amenazados y, sin embargo, su contribución al calentamiento global ha sido y sigue siendo mínima. El Perú no es exento a ello.

El cambio climático tiene estrecha relación con la alteración de ciclos de lluvias, olas de temperatura (de calor o frío), desertificación y erosión de suelos, mayor escasez de agua, subida del nivel del mar, entre otros fenómenos (IPCC, 2021), que impactan en forma de desastres. Perú es uno de los países con mayor vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático (Brooks, N. y Adger N., 2003) por lo que es necesario articular, desde todas las instancias de gobierno, acciones de adaptación articuladas con la prevención, preparación, reducción de riesgos, respuesta y reconstrucción ante los desastres atribuidos al cambio climático.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (IPCC 2014).

El cambio climático representa uno de los grandes desafíos de la humanidad en este siglo. Los principales impactos esperados, y que algunos ya los sufrimos en Perú, se expresan con inundaciones, sequías, degradación del suelo y reducción de la producción agrícola; sea por el aumento (o reducción drástica) de la temperatura, como por aumento o disminución de las precipitaciones. La deglaciación de nuestros nevados, ya evidente en nuestra cordillera andina, ponen en riesgo nuestra seguridad física y alimentaria, agravando o favoreciendo la aparición de enfermedades (IPCC 2021). Nuestra débil gobernanza del agua y saneamiento con desigual acceso, además de la insuficiente infraestructura y financiamiento, juntos configuran un cocktail peligroso que reduce nuestra capacidad de adaptación, que a su vez incrementa y crea nuevas vulnerabilidades. En el Perú, se definen múltiples vulnerabilidades climáticas alrededor del agua, sea por lluvias intensas o por sequía; donde, en ambos casos, afectaría nuestra fuente principal de energía (hidroenergía) y alimentaria.

Se requieren profundos cambios, con un enfoque integral, multidimensional, de justicia climática, de transición justa, de respeto a los derechos humanos, y que detenga la devastación de nuestros ecosistemas; los cuales representan una fuente de vida y dependen nuestras economías nacionales y locales.

El cambio climático es un amplificador de las desigualdades económicas, sociales y étnicas, de la pérdida de biodiversidad y vulneración de nuestros derechos. Asimismo, impacta de manera desigual a las poblaciones más vulnerables y pobres.

Compromisos internacionales y nacionales ante el cambio climático ¿Quo Vadis?

El Acuerdo de París^[1], suscrito por el Gobierno Peruano en la Conferencia de las Partes (CoP) el 2015, propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para evitar que la temperatura media global del planeta aumente 2°C al 2100, respecto de los niveles preindustriales, aunque las emisiones siguen aumentando y ya están un 50% arriba del nivel de 1990). Por ello, Greta Thunberg, joven activista climática, reclamó que se detuviera el “Blah, blah, blah”[2] e insistió, a las afueras de la COP26 en Glasgow (noviembre 2021), que el cambio no vendrá de allí. Que el verdadero cambio vendrá del liderazgo de los jóvenes y la población organizada y movilizada. A la COP26 asistieron una serie de organizaciones interreligiosas, interactuando con jóvenes, niños, organizaciones indígenas y acompañando a activistas ambientales y climáticos.

El 2015 los países presentaron sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), con compromisos para reducir sus emisiones de GEI, pero aún con su segunda versión, no evitan que el planeta supere los 2°C de incremento de temperatura global. Se requiere aumentar la ambición y esto, desgraciadamente, tampoco ocurrió en Glasgow.

En Perú, contamos con la Ley N° 30754, Ley sobre Cambio Climático 2018, que otorga competencias a los gobiernos locales para elaborar, aprobar, implementar, monitorear, evaluar y actualizar sus respectivos Planes Locales de Cambio Climático (PLCC), en concordancia y conformidad con las respectivas Estrategias Regionales de Cambio Climático (ERCC) y nuestras Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).

Allí se insiste en la gestión integral del cambio climático definida como una planificación participativa, transparente e inclusiva para diseñar, ejecutar, monitorear, evaluar, reportar y difundir políticas, estrategias, planes, programas y proyectos orientados a reducir nuestra vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, reducir las emisiones e incrementar las remociones de GEI; considerando los enfoques de interculturalidad, género e intergeneracional, construida bajo un proceso de concertación multisectorial, multiactor y multinivel. En el capítulo II de la Ley, define también las competencias y funciones, bajo un proceso participativo, transparente e inclusivo de los actores públicos y privados, incorporando por primera vez a gobiernos locales y actores no estatales.

Recientemente, el presidente firmó el DS N° 003-2022-MINAM que declara de interés nacional la Emergencia Climática. Reconociéndola como una amenaza a la supervivencia humana, al ambiente y al disfrute de nuestros derechos humanos, de generaciones presentes y futuras, es un gran paso reconocer formalmente la urgencia de actuar.

Esta declaración busca “ejecutar con carácter de urgencia medidas para implementar la acción climática de acuerdo con lo establecido en las NDC al 2030, …la reducción de las brechas socioeconómicas y la reducción de los riesgos y la vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático” priorizando medidas de adaptación y mitigación.

Menciona que “los actores no estatales, academia, colegios profesionales, mujeres, pueblos indígenas u originarios, pueblo afroperuano, jóvenes, representantes de la Mesa de concertación de lucha contra la pobreza, organizaciones no gubernamentales ambientales, sindicatos de trabajadores, y sector privado promueven la acción climática concertada, en el marco de la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático”, aunque no menciona explícitamente a las organizaciones interreligiosas. Tampoco asigna medidas de prioridad al Ministerio de Vivienda, al SINAGERD, al CEPLAN[3] ni a los Gobiernos Regionales ni Locales (ni su respectivo presupuesto).

Siendo el cambio climático transversal al desarrollo se requiere clarificar su rol en un marco institucional peruano centralista, fragmentado y sectorializado. Tendremos que respondernos a la pregunta: ¿cómo integrar capacidades de anticipación, adaptación, aprovechamiento de oportunidades y manejar de pérdidas y daños ante escenarios de cambio climático, articulados desde la gestión ambiental, la reducción de desastre^[4], del riesgo climático^[5], el riesgo cotidiano^[6] y (ahora también) el riesgo sanitario por la pandemia?

Nuestra principal vulnerabilidad sigue siendo nuestra débil institucionalidad para manejar estos desafíos. Rehabilitar, reconstruir e invertir sin tener que volver a la situación anterior, requiere anticipar las proyecciones de los impactos del cambio climático. Asimismo, se debe de reducir nuestros riesgos de desastre y tratarlos como fenómenos cíclicos, reiterativos, que ya constituían antes de la pandemia, para evitar que estos desastres sigan afectando en forma sistemática y recurrente, incluso a las mismas poblaciones ya empobrecidas y afectadas.

Parafraseando a Greta, la acción climática y con justicia, será local, participativa y con movilización social o no será.

Referencias

• Brooks, N. y Adger N. (2003). Risk level indicators. Reino Unido: Tyndall Centre.
• IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
• IPCC (2014). Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad – Resumen para responsables de políticas. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea y L.L. White (eds.)]. Organización Meteorológica Mundial, Ginebra, Suiza, 34 págs. (en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso).

________________________________________________________

[1] https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris Visitado el 24/01/2022 (Organización de las Naciones Unidas, 2015) https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es,  http://newsroom.unfccc.int/es/acuerdo-de-paris/el-acuerdo-de-paris-entra-en-vigor-tiempo-de-celebracion-y-de-realismo/, https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Par%C3%ADs_(2015)
[2] https://www.youtube.com/watch?v=8B8lil-JOns
[3] Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
[4] Entendidos como los riesgos de desastres estructurales (ej. Terremotos, tsunami, avalanchas, erupciones volcánicas, inundaciones)
[5] Riesgos asociados a los impactos de los escenarios de cambio climático (ej. lluvia intensa, sequía, incendios forestales, olas de temperatura, subida del nivel del mar, epidemias, entre otros)
[6] También conocido como riesgo crónico, diversos riesgos ambientales y desastres episódicos, repetitivos y, a menudo no registrados, de pequeña escala, se acumulan en determinadas localidades, generalmente las más pobres, a través de procesos a menudo invisibles e ignorados (ej. Incendios urbanos, caídas, pequeños derrumbes, caídas de rocas, deslizamientos, inundaciones, entre otros).

Otoño 2022

Liliana Miranda

Foro Ciudades para la Vida

Por más de una década, China ha sido uno de los socios económicos más importante para Perú; pero, como cualquiera relación, tiene su propia dinámica y cambia a través del tiempo. Así pasa con China, ya que el gigantesco asiático ha volteado de manera dramática hacia la energía renovable para mitigar el cambio climático. Con la creciente importancia de estos nuevos sectores, ¿qué implicancia tiene para Perú, que ha llegado a depender tanto de ese mercado para exportaciones e inversiones?

Según la Agencia Internacional de Energía[1]  la capacidad instalada de producir energía renovable aumentará por una taza impresionante de 85% dentro de solamente los próximos cinco años. Esas proyecciones estiman que la energía solar y eólica dentro de China se duplicará. En el ámbito internacional, China ha comprometido a aumentar el desarrollo de la energía renovable y dejar de impulsar la energía basada en el carbón[2] . Hay dos caminos importantes por las cuales estos cambios en el país asiático pueden afectar al Perú: el potencial para una nueva inversión china en la generación de energía renovable en el Perú y el interés continuo de los inversionistas orientales en los sectores de minería necesarias para alimentar ese sector, como el cobre y el litio. En cada uno de eses áreas, el tipo y nivel del impacto dependerá de la ambición y capacidad del mismo gobierno peruano y el trabajo de la sociedad civil para avanzar sus metas para la economía, la ecología, y la sociedad peruana.

La energía verde china y las ambiciones verdes peruanas

Primero, la transición energética china en sus inversiones internacionales abre nuevas fuentes poderosas de impulsar la energía renovable en Perú. Según la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050, Perú avanza hacia una meta ambiciosa de la carbono neutralidad[3]. Las empresas chinas de energía – entre los más grandes del mundo – podrían ser socios importantes en el camino hacia esa meta.

Aunque la Estrategia Nacional no da detalles precisos sobre cómo planea cumplir con la meta del carbono neutralidad, Perú tiene opciones amplias en su potencial (todavía no muy desarrollado) para la energía solar. De hecho, el Banco Mundial[4] ha calificado la región andina -donde Perú se encuentra con sus vecinos Argentina, Bolivia, y Chile- como el área con más potencial solar del mundo. Incluso califica a dicha región entre las 15 y 20 regiones áridas más poderosas, como la Península Arábica o el norte de la África. Las empresas chinas de energía ya han mostrado su interés en invertir en esa capacidad, a través de la planta solar Cauchari, la más grande de Argentina, en su provincia de Jujuy en el noroeste del país. Si el Ministerio de Finanzas del gobierno peruano diera prioridad a desarrollar este potencial, la transformación energética de la China le presentaría un momento oportuno para avanzar en dicha dirección.

Minerales claves para la energía verde: cobre y litio

En segundo lugar, aunque las empresas energéticas chinas construyan sus proyectos de energía renovable en Perú, en su mismo país, o en otros partes del mundo, la transformación igualmente creará una demanda importante para los minerales necesarios para el sector. China ya lidera el mundo en la manufactura de paneles solares y turbinas eólicas, por ejemplo, siendo responsable por más que la mitad de estos productos al nivel mundial. El crecimiento esperado en ese sector significa una demanda también creciente para los bienes primarias como el cobre y el litio.

La historia de la inversión china en el sector minero peruano ya tiene más que una década y ha tenido varias alzas y bajas. El megaproyecto de cobre de Las Bambas, dirigido por la empresa china MMG, cuenta entre los más importantes al nivel mundial y es de conocimiento público la saga de conflictos entre la empresa y la comunidad al su alrededor. Dada los pronósticos para la demanda china para el cobre peruano, es poco probable que las empresas chinas se den de alto y abandonen el país.

Otro producto cuya importancia se espera disparar en la transición energética es el litio, elemento clave para el almacenamiento de poder en sistemas de generación intermitentes como el poder solar y eólico. Al momento de escribir este artículo, son inversionistas canadienses los que más planes tienen para los depósitos peruanos del litio, más notablemente el American Lithium en el proyecto Falchani en Puno. Pero aún sin la presencia directa china, dado la dominancia oriental en el mercado mundial de la manufactura de baterías, es probable que el producto se destine hacia dicho país y que la demanda china aumente el precio de él.

La creciente demanda china de los minerales claves en energía renovable beneficia al Perú más allá de la cantidad de ganancias e impuestos que alimentan la economía nacional. Adicionalmente, da espacio político para las metas que pueda tener Perú para esos sectores. Ya que se prevé que la demanda siga creciendo, es poco probable que los inversionistas – sean chinas, canadienses, u otros – puedan espantarse por las regulaciones socio-ambientales nacionales. De hecho, un marco regulatorio bien hecho y consistentemente implementado es una de las herramientas más confiables para asegurar que las inversiones mineras sean exitosas y duraderas, en vez de caer en conflictos perpetuos con comunidades por quejas de salud o de contaminación del agua necesaria para los modos tradicionales de ganarse la vida. En este contexto, no hay porqué ser tímido en insistir en las condiciones del desarrollo sostenible de estos sectores.

Otra manera que el Perú puede aprovechar de su poder de mercado para la industria china es con impulsar la inversión en el valor agregado dentro del sector minero. Si le interesa al Ministerio de Economía Finanzas y a ProInversión buscar inversionistas chinas en la refinación y la manufactura de productos de cobre, esa meta debe de ser más posible ahora que en el pasado. China ya ha mostrado que tiene intenciones para importar no solamente el mineral crudo sino también productos de cobre. Por ejemplo, mientras apenas el 15% de las exportaciones del cobre peruano a China es en forma de metal refinado y productos manufacturado, forman el 43% de las exportaciones de cobre chilenas hacia el mismo mercado chino[5].

La transición energética que se esta llevando a cabo en China presenta una gran oportunidad para que el Perú ponga en practica sus compromisso de sostenibilidad.

Ambición y capacidad peruana para realizar sus metas sostenibles

 Ya sea en minería o generación, la transición energética china le da al Perú una oportunidad de poner en práctica sus compromisos para el desarrollo económico sostenible e inclusivo. Tal vez más que nunca, el contexto es favorable para que el Perú construya e implemente un fuerte marco regulatorio socio-ambiental para la minería y una estrategia de descarbonización para la matriz energética.

Desafortunadamente, hay obstáculos institucionales significativos en el camino hacia esas metas. Por ejemplo, hasta ahora, el Perú todavía no se une al Acuerdo de Escazú, lo cual garantiza la transparencia, la participación pública, y la protección legal para la sociedad civil en temas ambientales, particularmente en el uso de recursos naturales[6]. El antes canciller peruano Héctor Béjar anunció su apoyo para unirse al pacto regional, pero apenas duró unas semanas en el cargo[7]. En caso de que el gobierno peruano logre la estabilidad necesaria para impulsar el proyecto, todavía le falta apoyo en el congreso, el cual rechazó la idea en el 2020. El Ministerio del Ambiente ha sufrido de la misma inestabilidad, lo que dificulta la implementación de su estrategia climática y el desarrollo de fuentes renovables en su matriz energética. Sin embargo, si Perú logra articular sus ambiciones verdes y avanzarlas en sus políticas económicas y socio-ambientales, China puede seguir siendo un socio muy importante para realizarlas.

______________________________________________

[1] International Energy Agency. 2021. “Renewables 2021.” https://www.iea.org/reports/renewables-2021.
[2] Xi Jinping. 2021. “Bolstering Confidence and Jointly Overcoming Difficulties to Build a Better World.” Discurso dado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, 21 septiembre. https://estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20210921/AT2JoAvm71nq/KaLk3d9ECB53_en.pdf
[3] Ministerio del Ambiente. 2021. “Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050.” https://www.gob.pe/institucion/minam/campañas/3453-estrategia-nacional-ante-el-cambio-climatico-al-2050
[4] Banco Mundial. 2020. “Global Photovoltaic Power Potential by Country.” https://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/solar-photovoltaic-power-potential-by-country
[5] Cálculos propios del base de datos UN-Comtrade, https://www.comtrade.un.org
[6] https://repositorio.ce
pal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf[7] SPDA. 2021. “Canciller Héctor Béjar: ‘Impulsaremos el Acuerdo de Escazú.’” https://www.actualidadambiental.pe/canciller-hector-bejar-impulsaremos-el-acuerdo-de-escazu/

Otoño 2022

Rebecca Ray

Boston University