La madre de todas las crisis y sus oportunidades

Probando que siguen siendo dos de las universidades más científicas y creativas del planeta, la Universidad de Cambridge y el Massachussets Institute of Technology (MIT) acaban de realizar un crucial estudio[1] sobre la crisis climática que vivimos todos. Tiene varios aportes: 1) explorar de manera sistemática los peores escenarios futuros que podría producir el cambio climático, 2) explicar por qué no se le hace tanto caso a este peligro y, el más importante, 3) involucrar en el análisis a las variables económicas, sociales, políticas e institucionales, no vinculadas en forma directa con esta crisis.

Estos científicos, y muchos otros más,  nos proponen nuevos conceptos y “estados mentales” a los que tendremos que ir acostumbrándonos: límites naturales del planeta[2], puntos de no retorno, eventos catastróficos, advertencias tempranas, cascada de eventos, fallas sincrónicas, cambios cualitativos, riesgo sistémico, amenaza catastrófica global, colapso societal, interrelaciones inexploradas, incertidumbre profunda, variables y procesos que desconocemos, entre otros. Todos, conceptos y variables, se encuentran muy alejados del discurso lineal y cuantitativo al que nos tienen acostumbrados los macroeconomistas convencionales; invitados privilegiados de los medios masivos, que se despachan cotidianamente con sus “proyecciones al futuro” y, a estas alturas, ya no prevén nada.

El primer llamado de atención es que las extinciones masivas de especies no son nuevas, han ocurrido cinco de ellas en la historia de la tierra. Lo segundo es tener en cuenta que estas extinciones masivas no ocurren en el mismo momento. Todos los habitantes del planeta no nos vamos a morir el mismo día. Las regiones y países más vulnerables (en muchas dimensiones) van a ser los primeros y los más fuertemente golpeados. Por ejemplo, en el año 2070 dos mil millones de personas van a vivir en las zonas de “extremo calor”. Antes de morir por sofocación o hambre van a intentar migrar; los actuales procesos migratorios parecerán un juego de niños. No hay que estirar mucho la imaginación para considerar las posibilidades de conflictos armados, locales, regionales y mundiales que ello implica. Con el incremento de las temperaturas, la productividad de la tierra cae dramáticamente, produciendo hambrunas en diversas partes del planeta. Y no sigo, para no deprimir a los lectores.

Hay varias razones para que la gente de a pie, y los políticos de turno, no le den importancia al cambio climático: 1) los estudios científicos son ininteligibles para ellos y, además, generalmente estos se orientan a cambiar las cosas para el bien, y por lo tanto desestiman los peores escenarios; 2) las interrelaciones entre los diversos campos del conocimiento son complejas y difíciles de medir (y más de comprobar), lo que ahuyenta a muchos científicos e investigadores; 3) la ideología dominante que pregona que cada uno debe buscar su propio interés, que la mano invisible del mercado resolverá todos los problemas, y que preocuparse por el bien común y la comunidad es una pérdida de tiempo; y 4) la explosión de fake-news que han posibilitado las redes sociales, muchas de ellas promovidas por los intereses afectados por las regulaciones y medidas ambientales de los gobiernos, que generan mucha incertidumbre, y lo que me atrevería a llamar “caos mental” en mucha gente[3].

Pero, como dije, el principal aporte del artículo es la visión integradora, comprensiva, holística sobre la crisis climática; relacionándola con esferas consideradas lejanas a la naturaleza, como la economía, la salud, la sociedad, las instituciones, la política, las guerras. Como dice el propio artículo: “El cambio climático se va a desenvolver en un mundo con ecosistemas, geopolítica y tecnologías en permanente cambio. Vamos a ver ‘guerras calientes’.”

De acuerdo al gráfico presentado, los actuales jinetes del apocalipsis son el cambio climático, las enfermedades contagiosas, la desigualdad económica, las hambrunas, la escasez de recursos (principalmente agua y energía), la fragilidad estatal y los conflictos armados. Todos, juntos, separados, mezclados y/o potenciados, van a terminar, más temprano que tarde, con la humanidad entera.

El artículo junta varias de las crisis que estamos viviendo en estos momentos: empezando por los climas extremos en diversas partes del mundo; siguiendo con la pandemia de la COVID-19 que no termina, y que ahora se agrava con la viruela del mono; las migraciones de Medio Oriente y el África hacia Europa, y de Centro América a Estados Unidos; la guerra en Ucrania; la inflación mundial que tiene sus raíces en la crisis financiero del 2008; la disrupción de las cadenas de suministro mundiales; el conflicto de China con Estados Unidos sobre la isla de Taiwán; el resquebrajamiento de la globalización, entre otros. Todos estos fenómenos están relacionados, y este artículo abre trocha en lo que debería ser una mirada amplia y comprensiva de la economía y la política[4].

¿Se pueden evitar estos escenarios catastróficos? Sí, se puede. La principal condición es que actuemos todos juntos, comenzando por los políticos a cargo de sus respectivos países. Como ha quedado claro, estamos ante una crisis sistémica, global, compleja. No va a ser fácil salir de ella. Sólo la resolveremos si es que actuamos desde varios frentes, a diversos niveles y de forma concertada. Nadie puede quedar fuera de la solución.

Lo que vemos es que, prácticamente, todos los países declaran orientarse y tener como objetivo de largo plazo el desarrollo sostenible[5]. Es cierto que, como en el caso del Perú, para muchos países, esta intención es puramente retórica. Pero los países líderes como Alemania, Noruega, Finlandia, Corea del Sur y Nueva Zelandia están diseñando y aplicando políticas, y tomando medidas concretas para convertir a sus sociedades y economías en sostenibles. El caso de China es muy notorio, pues hasta hace poco ha sido considerado el país más contaminante del planeta, y hoy pugna por ser el líder en el desarrollo sostenible[6].

Para el Perú y América Latina, no sólo representa una cuestión de sobrevivencia, como para todo el mundo, sino que es también una oportunidad de aventajar a los países desarrollados. Parece imposible, pero no lo es.

Como ya se sabe, el Desarrollo Sostenible (DS) va mucho más allá del limitado pero muy popular Crecimiento Económico (CE), que ha sido el objetivo principal, y casi único, de nuestro país durante las últimas décadas. El DS implica cuatro dimensiones: 1) la económica (en donde se ubica el PBI, las variables macroeconómicas, la creación de la riqueza, entre otras); 2) la social (que implica la distribución más justa de la riqueza, los servicios sociales como la educación y la salud, el pleno empleo, entre otras); 3) la ambiental (la naturaleza, la biodiversidad, el calentamiento global, las energías renovables, entre otras); y 4) la político-institucional (el poder ejecutivo, legislativo, sociedad civil, la corrupción, entre otras).

La dimensión que ha estado totalmente ausente en los objetivos y las políticas de los países ha sido la ambiental. Esto viene ocurriendo desde la revolución industrial inglesa de fines del siglo XVIII. Es decir, hace dos siglos y medio que los países, sobre todo los más desarrollados, han tomado decisiones económicas y sociales sin considerar a la naturaleza; o, más propiamente, considerando que la naturaleza era una fuente inagotable de recursos y que podría ser contaminada sin costo y sin límite. El calentamiento global, la pérdida de aire y agua limpia, la acidificación de los océanos, la lluvia ácida, el incremento de las enfermedades degenerativas, los virus de origen zoonótico, entre muchos otros fenómenos, han creado los escenarios catastróficos que nos presenta el artículo de la U. de Cambridge y el MIT.

Los países desarrollados no sólo son los que más contaminan y más contribuyen al cambio climático, sino que en estos dos siglos y medio han destruido la naturaleza propia y la que los rodea. Esta afirmación puede comprobarse en el hecho de que China está activamente “recuperando su naturaleza”; habiendo sembrado anualmente 50,000 kilómetros cuadrados de cubierta forestal desde el año 2000[7] y movilizando a una buena parte de su ejército en esta tarea.

Un estudio reciente, nos muestra que la naturaleza, representada por la biodiversidad, se encuentra principalmente en América del Sur, en el sur de África y parte del sudeste asiático[8]. En el resto del planeta, en donde se ubican los países más desarrollados y los países en desarrollo más contaminados (China y la India), queda muy poca naturaleza. Lo mismo ocurre con los ríos[9] y la riqueza marina: el Pacífico sur es la mayor reserva de peces en el mundo, a donde vienen a pescar las flotas de los países desarrollados sencillamente porque ya han depredado sus propios océanos[10].

Si tomamos como referencia las recientes teorías asumidas por el Banco Mundial sobre la riqueza de las naciones[11], que dividen el capital en tres grandes grupos: 1) capital productivo y financiero, 2) capital humano y social y 3) capital natural; tendremos que concluir que el mayor capital natural está en nuestros países, y probablemente la mayor riqueza (a secas) mundial también (porque a medida que pasan los años tanto el capital natural como el capital humano irán adquiriendo mayor importancia que el capital productivo y el financiero).

El calentamiento global, la escasez de agua, el incremento de enfermedades, entre otros fenómenos, han sido los creadores del catastrófico escenario que vivimos hoy en día.

De hecho, los países desarrollados tendrán que “decrecer”. Es decir, tienen que achicar su dimensión puramente económica y financiera para llegar al Desarrollo Sostenible, mientras que nuestros países tienen todavía un amplio margen para el crecimiento económico y financiero. Estas constataciones, nuestro abundante capital natural y humano, y nuestro margen de crecimiento económico, abren la posibilidad (por primera vez en la historia) que el Perú y América Latina puedan alcanzar y superar a los países desarrollados en el camino hacia el Desarrollo Sostenible. A esta oportunidad yo le llamo el “atajo” hacia el desarrollo sostenible, porque lo primero que tenemos que hacer es dejar de seguir e imitar a los países desarrollados (sobre todo a los más contaminantes), ganarles en iniciativa, creatividad y determinación, abriendo un camino propio e inédito.

Pero claro, estamos hablando de oportunidad, de posibilidad, y estas hay que aprovecharlas, hay que capturarlas; no están garantizadas. ¿Seremos capaces de aprovechar esta oportunidad, de capturar esta posibilidad? ¿Antes de ello, seremos capaces de darnos cuenta que existen? ¿Tendremos la suficiente autonomía de pensamiento y valentía para intentarlo? ¿Podremos librarnos de la ideología dominante que nos dice que basta reactivar la economía, concentrarnos sólo en el crecimiento, dejar que actúe la mano invisible del mercado y regresar al exitoso statu quo anterior a la pandemia?

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[1]. Climate Endgame: Exploring catastyrophic climate change scenarios (2022); Luke Kemp et al., PNAS, U. de Cambridge, MIT, Cambridge, USA.
[2]. Rockstrom, Johan, et al (2009); Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity, Ecology and Society.
[3]. Los últimas dos argumentos son míos, no atribuibles al artículo de la U. de Cambridge y el MIT.
[4]. Para una ampliación de esta idea buscar el Curso Economía Política Contemporánea (EPC) en Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.
[5]. Ver los diversos artículos de la Revista Intercambio No. 57, Otoño 2022.
[6]. Ver el artículo “La transición energética de China y sus implicancias para el Perú”, Rebecca Ray, Revista Intercambio No. 57, 2022.
[7]. La gran reforestación China, El País, 9 Oct 2018.
[8]. The economics of Biodiversity, The Dasgupta Review, 2021.
[9]. Two-thirds for Earth’s longest rivers no longer free-flow, Gaworecki, Mongabay, 2019.
[10]. Los mapas que muestran cómo 5 países acaparan el 85% de la pesca mundial, BBC, 2018.
[11]. World Bank Group (2021), The Changing Wealth of Nations-Managing Assets for the Future.

 

Primavera 2022


Fernando Villarán

Universidad Antonio Ruiz de Montoya




Pedro Barreto: “La auténtica democracia tiene que ser cauce de fraternidad y de justicia para todos los peruanos”

Habiendo participado y mediado diversas iniciativas de diálogo entre el gobierno y distintos sectores sociales, el Arzobispo de Huancayo sigue firme en sus convicciones de que el país aun esta a tiempo de reconciliarse, sanar, y unirse a favor del bien común.

El Monseñor Pedro Barreto, cardenal jesuita, nos comparte sus reflexiones sobre la coyuntura política actual y los escenarios para una propuesta ciudadana de construir un mejor Perú.

 

 

 

Ante la coyuntura política actual que estamos viviendo ¿Cómo visualiza la posibilidad que los peruanos y peruanas podamos reactivar el país a favor del bien común?

En estos últimos dos años se han visto afectadas diversas esferas de la vida social, económica y política. Por ello, podemos afirmar que la pandemia es integral y es necesario tratarla desde el punto de vista de curar al país de la enfermedad de la desconfianza. Por otro lado, yo quiero afirmar que la grave crisis que estamos viviendo en este momento de la historia del Perú está indicando la necesidad de un proyecto de fraternidad y amistad social en nuestro país hoy. La carencia de un proyecto país hace que la política y la economía vayan respondiendo a las cuestiones inmediatas, y no tengamos un motivo que nos movilice a buscar juntos aquello que nos beneficia a todos, al bien común. Por lo tanto, pienso que ante la situación de desconfianza y corrupción generalizada que vivimos en el país, tenemos que ser todos muy conscientes de que somos llamados a vivir en unidad como familia y promover una esperanza activa. Esto implica decir “sí” a lo que es verdadero y justo para realizar juntos el bien común, y “no” a la mentira que nos estamos acostumbrando.

¿Qué definiría usted por esta esperanza activa?

Considero la esperanza activa como no cruzarse de brazos. Este país nuestro necesita brazos abiertos a la acción solidaria, la cual exige una tarea inmediata y conjunta de ponernos de acuerdo para escuchar los gritos y clamores populares. La informalidad ha crecido y, por tanto, tenemos que escuchar esta voz de la población a lo largo de la costa, sierra y selva que nos pide buscar juntos una salida pacífica, democrática, solidaria e inclusiva a la grave problemática que vivimos en el país.

¿En qué medida siente usted que esta situación que vivimos actualmente podría afectar a futuros proyectos de unidad y confianza con las autoridades?

 Lo que nos está pasando en estos días es que no acabamos esta grave telenovela que vivimos en el país. Esta es una larga historia en que los peruanos y peruanas nos sentimos defraudados en nuestras expectativas de un Perú más justo, así como de reconciliarnos al celebrar el Bicentenario de la Independencia Nacional. Sin embargo, yo creo que todavía estamos a tiempo para trabajar juntos como sociedad peruana, aprendiendo de nuestros graves errores. De unas autoridades políticas que no responden a la visión que la misma sociedad les ha confiado; que no están sirviendo a la sociedad, sino se están sirviendo de ella. Por eso digo que de esta grave crisis debe surgir, y está surgiendo, una propuesta para trabajar juntos en un proyecto de un Perú fraterno, donde todos participemos en un objetivo común: la amistad social y el bienestar de todos los peruanos. Es parte, también, de lo que considero una esperanza activa.

En este caso ¿Qué es lo que debe hacer el ejecutivo para poder generar acciones a favor del bien común?

Lamentablemente, debo afirmar que, ya habiendo pasado más de un año de gobierno, la cronología de hechos hace inviable en este momento un diálogo en un nivel que convoque a todos los actores sociales en nuestro país. Con decir que son más de 60 ministros de Estado en menos de 13 meses, y algunos con signos graves de corrupción. Sin embargo, yo estoy convencido de que esta propuesta no debe salir del poder ejecutivo ni legislativo; sino de una sociedad civil que busque a través del diálogo y la verdad las mejores vías de hacer posible este proyecto país del que estamos hablando. Por eso, este tiempo de crisis es propicio también para unir a toda la familia peruana. Aquí, quiero recordar la Encíclica Social Fratelli Tutti del Papa Francisco; que, en el capítulo V, reflexiona sobre la mejor política: “ante estas formas mezquinas e inmediatistas de política, recuerdo que la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo”.

Al poder político, dice Francisco, le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación y más aún en una propuesta en común para la humanidad presente y futura. En consecuencia, es la hora de tomar decisiones valientes, eficaces y pacíficas para tener pronto un Perú que nos una como familia peruana y pueda orientar los procesos a seguir en el corto y mediano plazo. No podemos seguir sin un rumbo claro y definido.

Desde esa perspectiva, ¿Qué mecanismos podríamos gestionar entre nosotros mismos, desde los diversos sectores y grupos sociales, para empezar a tender puentes y generar canales de diálogo?

De hecho, ya la sociedad civil está moviéndose. Hay diversos grupos que están viendo que el Perú necesita una comunión entre todos, que exija transparencia y honestidad en todos aquellos que realmente quieran decir una palabra con respecto a la realidad que vivimos. En ese sentido, creo que es el momento de invocar a la sociedad civil a que ejerza su derecho para hacer una propuesta ciudadana para exigir a los poderes del Estado a que cumplan la misión para la cual la misma sociedad los ha elegido. La auténtica democracia tiene que ser el cauce de fraternidad y de justicia que todos los peruanos y peruanas deseamos.

Dentro de esta coyuntura que nos pone a prueba como ciudadanos ¿Qué significaría en este contexto ser un buen cristiano?

Bueno, para los cristianos, para aquel que profesa la fe en Jesús, deben darse cuenta de que tienen un deber de cumplir con su ser ciudadano. La ciudadanía nos hace ser conscientes que conformamos una sociedad. Y, si hay algo que Jesús nos enseña, es pensar y actuar en términos de comunidad. Este es un principio fundamental: somos comunidad, tenemos que aceptarnos, unos a otros, para poder realmente poner como prioridad la vida de todos aquellos que la conforman. Por tanto, desde nuestra fe, sabemos que hay que luchar por una sociedad más justa y fraterna. Tenemos que sentir de verdad que la política es la búsqueda del bien común. En este sentido, tenemos que ser muy conscientes que es verdad que los obispos y los sacerdotes no podemos entrar en una vida política partidaria; pero, como dice la doctrina social de la iglesia y el Papa Francisco, esto no nos exime a una responsabilidad social de buscar el bien común de todos los peruanos y peruanas.

¿Usted cree que estos mensajes de justicia, paz y fraternidad trascienden lo religioso?

Sí, como ya citaba al Papa Francisco, decíamos que, en la política, es mejor que durante tiempos difíciles todos asumamos principios fundamentales para la vida social: la defensa de la vida, el respeto a las personas, la protección de sus derechos, pero también los deberes que eso conlleva. Estas convicciones y valores van mucho más allá de la misión evangelizadora de la iglesia. Aquí está, yo diría, la clave de cómo unir una población con ideales que todos podamos asumir como compromisos fundamentales por el bien del país.

Como ciudadanos de a pie que buscan y desean un proyecto de país más unificador y solidario ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día para contribuir a construirlo?

En primer lugar, yo daría un mensaje fundamental a los jóvenes que tienen sueños por un Perú cada vez mejor. Los jóvenes son los signos de esperanza y lo han demostrado con las diversas movilizaciones que promueven unión, no desde una perspectiva partidaria. En segundo lugar, las instituciones, sean políticas, privadas, incluso eclesiales, tenemos que ser capaces de escuchar al pueblo y sus clamores. La informalidad está expresando un país que no se resigna a morir ante esta consecuencia de corrupción, y de todas las pandemias sociales que todavía percibimos y que afectan gravemente a los pobres. Yo reafirmo mi esperanza de un Perú cada vez más unido. Como dice el Papa Francisco, de todas las crisis no salimos igual, resurgimos mejores o peores; y yo estoy convencido que el Perú tiene esos recursos morales, éticos y, sobre todo, de fe en Dios, para poder construir juntos ese camino nuevo que todos deseamos.

 

Primavera 2022


Álvaro Fabián Suárez León

Apostolado Social de Justicia y Ecología




Financiamiento y acceso a recursos pro-Mypes

Vivimos tiempos inciertos en nuestra economía interna. A esta situación se le ha sumado el ruido político que representa la deficiente gestión del presidente Castillo; debido a los indicios de corrupción y el enfrentamiento con un congreso que, junto a un sector empresarial, incluido medios de comunicación, lo ha resistido. Primero, invocando un supuesto fraude electoral; luego, vinculándolo con posiciones extremistas. Ahora, sumándose a iniciativas para buscar su inhabilitación y/o vacancia.

En ese contexto, destacan los esfuerzos individuales que realizan los microempresarios por recuperarse. Sin embargo, también se constata que cada día la desesperanza va ganando a una mayor parte de este sector. Así lo han expresado sus dirigentes en los foros públicos y de diálogo en los que han tenido oportunidad de participar. Ellos demandan apoyo para su recuperación con financiamiento y recursos, pues indican que apenas han logrado recuperar un 70% de su performance, mientras que otros señalan haber perdido un 40% de su capital de trabajo. Ante ellos, nos preguntamos: ¿En qué medida, las iniciativas de financiamiento y recursos puestos a disposición en este proceso de reactivación están contribuyendo a la recuperación de este importante sector?

 

La crisis internacional y las colocaciones del sistema financiero.

En el último trimestre del 2021, la economía del país mostraba una importante recuperación, que generaba entusiasmo en el sector empresarial. Sin embargo, la crisis internacional desatada a fines de febrero por el conflicto Rusia-Ucrania ha puesto todo cuesta arriba. La escasez, especulación e incremento de los precios del combustible y fertilizantes ha generado el incremento de los principales productos de la canasta básica de alimentos. Se dice que la capacidad adquisitiva de los sueldos por efecto de esta crisis se ha devaluado entre un 12% y 15%.

Según reporte de estabilidad financiera del Banco Central de Reserva (BCR), a marzo del 2022, el número de Mypes que registran deuda en el sistema financiero es de 2 millones 945 mil, que representa el 41% del total de la cartera estimada en 7 millones 155 mil prestatarias/os; mientras, que a nivel de colocaciones registra saldo por un importe de 55 mil millones 349 mil soles que representa apenas un 14% del total de saldos de las colocaciones que reporta 395 mil millones 442 mil soles. (ver cuadro 1).

Cifras que evidencian una recuperación de la cartera a niveles similares a antes de la pandemia. De otro lado, según el 5to informe de Morosidad, elaborado por Equifax y la Universidad de Pacifico, a diciembre del 2021 un 34% de prestatarios ha reprogramados sus deudas, por un importe estimado en 263 mil millones 204 mil soles. (Ver cuadro 2)

Otro aspecto que ha impactado en el sector está relacionado con la Ley que Protege de la Usura a los Consumidores de los Servicios Financieros, vigente desde mayo del 2021, que ha generado que 226,000 personas dejen de tener acceso al sistema financiero, tal como lo ha señalado Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú. Esta ley establece el 83.4% como tasa anual máxima, lo cual ha originado que prestatarias/os, principalmente emprendedores y del segmento de más bajos ingresos, sean retirados; pues las entidades crediticias no están dispuestos a otorgar créditos con tasas por debajo del tope fijado por la norma, ya que afecta sus expectativas de utilidades. Ello obligará a este segmento a que recurran a fuentes de financiamientos informales que cobran muy por encima del 100%.

 Los Fondos de Apoyo Empresarial

Ha sido un acierto la creación de fondos de Apoyo Empresarial para contener los impactos de la COVID-19 y, actualmente, para promover la reactivación económica. En tal sentido, estos fondos están focalizados hacia sectores como Turismo, Agro y las Pymes, permitiéndoles acceder a créditos con tasas por debajo del 13.78%. Sobre sus alcances y cuestionamiento compartimos lo siguiente:

  • FAE Turismo, en el año 2021 otorgó garantías a 1,832 Mypes por un monto de 132.1 millones de soles. Además, con el respaldo de las garantías otorgadas, asignaron 79.8 millones de soles a cinco intermediarios financieros por los financiamientos otorgados a 1,214 Mypes del sector.
  • FAE Agro, en el 2021 otorgo garantías a 13,467 pequeños productores agropecuarios por un monto de 139.4 millones de soles a través de 8 intermediarios financieros. Además, con el respaldo de las garantías otorgadas, trasladaron 26.0 millones de soles a cuatro intermediarios financieros por financiar a 2,656 pequeños productores agropecuarios.
  • PAE PYME, En el año 2021 otorgó garantías a 15,399 Mypes por un monto de 275.1 millones de soles, a través de nueve intermediarios financieros. Además, con el respaldo de las garantías otorgadas, trasladó 62.3 millones de soles a ocho intermediarios financieros para subvencionar a 3,021 Mypes del sector.
  • Programa Especial de Apoyo Financiero a la Micro y Pequeña Empresa (Promype), El Banco de la Nación funge como banca de segundo piso para brindar recursos financieros a las instituciones de intermediación financiera (IFIS). El saldo de la cartera IFIS ascendió a 337 millones de soles para diciembre de 2021.
  • Con relación a fondos similares creados para paliar el impacto de la pandemia en el primer año, el gobierno ha autorizado la reprogramación de los préstamos del FAE MYPE y REACTIVA Perú, lo cual ha significado que se reprogramen 14,576 operaciones por 166 millones de soles y 158,203 operaciones por 17 mil millones de soles, respectivamente.

En contraste a estos resultados, el Presidente del Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) de la CCL, Rodolfo Ojeda, señaló que el programa de Reactiva Perú, en el cual el Estado destinó cerca de 60 mil millones de soles para ayudar financieramente a las empresas del país, no tuvo un efecto favorable para las micro y pequeñas empresas. Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), más de 2,5 millones de Mypes no lograron acceder a dicho programa durante la pandemia, pues a la fecha solo se beneficiaron el 16,6% de estas empresas (500.000), es decir la sexta parte de las Mypes.

Es notable el proceso de recuperación de las PYMES, pero, actualmente, apenas han logrado recuperar un 70% de la capacidad y performance que tenían pre-pandemia.

 

 

Reflexiones finales

Se evidencia un proceso de recuperación, pero aún dista mucho de alcanzar el estándar de antes de la pandemia. Apenas han logrado recuperar un 70% de su capacidad y performance. La iniciativa del Congreso que busca evitar la usura en los créditos, en definitiva, ha tenido un efecto inverso; pues ha relegado del servicio a más de un cuarto de millón de prestatarios en su mayoría emprendedores y poblaciones vulnerables.

Las iniciativas de reactiva y los FAE son una buena iniciativa, pero que tiene como operadores a instituciones del sistema financiero que se rigen por sus propios intereses y expectativas de utilidades aun en tiempos de crisis.  El llamado Libre Mercado.

Según opinión de los dirigentes de los gremios Mypes, estos recursos no les han llegado en calidad y cantidad esperada. La decepción está relacionada con situaciones de discriminación en el acceso, procedimientos engorrosos dada su condición de informalidad y que las entidades financieras han priorizado la atención de sus propias carteras.

Desde abril del 2021, un colectivo de instituciones vinculadas a la promoción y desarrollo de las Mypes y emprendimientos -integrado por CIPCA Piura, SEA Lima y el CEOP ILO Moquegua, el Consorcio COPEME, Alternativa, la Cooperativa Fortalecer, la Red de Comercio Justo, entre otros- en dialogo con distintos gremios nacionales y regionales, han consensuado iniciativas legislativas urgentes orientados a ampliar fondos para seguir en el proceso de reactivación, simplificar el acceso y alinear mejor los recursos públicos que hemos puesto a consideración de la Comisión Mypes del Congreso y de los equipos técnicos del Ministerio de la Producción.

En el mes de junio, el Congreso logró aprobar la Ley que propone la formalización, desarrollo y competitividad de los microempresarios y pequeños emprendimientos, y espera que el gobierno la promulgue. Esta nueva medida pone su énfasis en el micro o pequeño emprendedor: prioriza su formalización, considera necesario su profesionalización y asistencia técnica, fomenta su participación en oficinas comerciales en el exterior, impulsa la marca Perú Emprendedor y plantea mejorar su participación en las Compras Estatales.

Concluyo esta reflexión señalando la importancia de esta iniciativa de Ley, y que esperamos el ejecutivo lo promulgue. Asimismo, queda expresa nuestra tarea como colectivo de vigilar para que así suceda y poner a disposición para colaborar en la reglamentación que permita iniciar un proceso de democratización en el acceso a estos recursos en favor del desarrollo de los emprendedores del Perú.

 

 

Primavera 2022


Jorge Lamas

CEOP Ilo




Amazonía: actividades económicas ilícitas y su incremento durante los años de la pandemia

La Amazonía peruana es, probablemente, el único territorio del país en el que coexisten casi todas las formas de economías ilegales controladas por mafias que operan en medio de la violencia y de la impunidad: narcotráfico, trata de personas, contrabando, tala ilegal de la madera, minería ilegal, tráfico de especies silvestres, etc. Estas actividades ilícitas se imponen a las comunidades indígenas trayendo maltrato, enfermedad y muerte. Durante estos años de pandemia, estas actividades no se interrumpieron, sino que por el contrario han incrementado su presencia y su violencia.

Desde hace 50 años, aproximadamente, el tráfico vinculado a la producción de hoja de coca y sus derivados constituyen uno de los peores flagelos que ha enfrentado la Amazonía en su historia. En estas décadas, la producción ilegal de coca, en lugar de reducirse, se ha ido expandiendo a cada vez más regiones.

En estas décadas, las comunidades indígenas han tratado de evitar el ingreso del narcotráfico a sus comunidades, pero esta tarea se está haciendo cada vez más difícil. Pese a estos esfuerzos, hoy en día el narcotráfico se encuentra en prácticamente toda la Amazonía peruana. En el sur, se ha expandido del Cusco y de las zonas selváticas de Puno hacia Madre de Dios. En Loreto se ha expandido por todas sus provincias, en especial las que colindan con Colombia y Brasil. En la selva central, ha pasado del Alto Huallaga a la provincia de Aguaytía, afectando a comunidades kakataibo y causando la muerte de varios de sus líderes, entre ellos, Herasmo García y Yenes Ríos. Y del VRAEM se ha expandido por el Ucayali y sus afluentes, impactando sobre todo a las comunidades ubicadas en los valles de los ríos Pachitea, Palcazu y Pichis, donde en los últimos tres años han sido asesinados varios líderes y lideresas yánesha y asháninka, como Arbildo Meléndez, Lucio Pascual, Cornelio Sharisho, Jesús Antaihua, Nusat Parisada o Gemerson Pizango, entre otros.

Este incremento en la violencia preocupa cada vez más a las comunidades nativas que no tienen los recursos necesarios para defenderse y que tampoco cuentan con una acción decidida por parte del Estado para protegerles. En general, los esfuerzos prioritarios del Estado han estado dirigidas a la erradicación de cocales y a programas de sustitución de cultivos. Sin embargo, estos programas no han tenido el impacto esperado. En el año 2021, el Perú continuaba siendo el segundo productor de hoja de coca. Y el director de Devida, Ricardo Soberón ha reconocido que “llevamos más de 50 años cumpliendo nuestros compromisos, y la sociedad internacional, principalmente Europa y América del Norte, no logran reducir la demanda de cocaína por parte de 20 millones de usuarios…” (Diario La República, 25 de mayo 2022).

Algo similar ocurre en los casos de la tala ilegal de la madera y de la minería ilegal del oro. Estas dos actividades no solo contribuyen a la destrucción de los bosques y la contaminación de los ríos; sino que, al igual que el narcotráfico, también generan violencia y corrupción, en tanto involucran a grupos de poder convertidos en verdaderas mafias ya sean locales, regionales, o incluso internacionales.

Un importante estudio publicado hace diez años por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en coordinación con la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), advertía precisamente sobre este nefasto vínculo entre la tala ilegal y la corrupción en los países que cuentan con bosques tropicales, entre ellos el Perú (Nellemann, 2012). Un regidor shipibo del Municipio de Coronel Portillo me expresaba su frustración e impotencia, ya que no se podían implementar medidas para el control de la tala ilegal en la región ya que varias de las autoridades de la región estaban involucradas directamente con empresas dedicadas a esta actividad.

La tala ilegal, además, genera relaciones de trabajo injustas. Diversos informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han denunciado el injusto sistema de enganche y endeudamiento, utilizado por los madereros ilegales que afectan a la libertad de muchas personas indígenas, y también no indígenas, en la región amazónica. Las mafias dedicadas a la tala ilegal, cuentan en muchos casos con armamento de guerra, y existen numerosos testimonios sobre personas asesinadas que han intentado huir del trabajo forzoso, así como de indígenas en situación de aislamiento voluntario que han sido exterminados para poder extraer madera de su territorio.

Algo similar ocurre con la minería ilegal del oro, donde predomina la violencia en diferentes formas. El impacto de esta actividad no se reduce a la destrucción ambiental, como se puede apreciar en diversas zonas de Madre de Dios, como Huepetuhe o La Pampa, sino sobre todo por la violencia y criminalidad asociada a esta actividad.

En Madre de Dios, son las comunidades arakmbut las más afectadas por esta actividad, no solo por la destrucción de sus bosques y la contaminación de sus ríos, sino que también viene afectando las relaciones sociales y familiares al interior de sus comunidades. La minería ilegal del oro también se ha expandido a otras regiones de Amazonía, como, por ejemplo, en la región norte del país, afectando a las comunidades awajún y wampis en las provincias de Condorcanqui y Datém del Marañón. En el año 2017 el Gobierno Territorial de la Nación Wampis logró expulsar a un grupo importante de mineros ilegales, pero el 2022, muchos de sus líderes han recibido amenazas contra su vida.

Uno de los efectos más perniciosos de la minería aurífera es la contaminación de los ríos con el mercurio utilizado para separar el oro de otros minerales con los que está mezclado. Según estudios realizados al respecto, se calcula que la minería ilegal vierte un promedio de 24 kilos de mercurio por kilómetro cuadrado. Y un estudio de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) publicado en 2018, estima que solo en el caso de la Amazonía brasileña, se han vertido unas 2.300 toneladas de mercurio hasta 1994, incrementándose esta suma desde entonces al ritmo de unas 150 toneladas por año.

El mercurio arrojado a los ríos es consumido por los peces y también por seres humanos, teniendo efectos devastadores sobre la salud. La presencia de mercurio afecta de manera más crítica a niños y niñas, teniendo efectos de largo plazo sobre su desarrollo cognitivo y sobre su metabolismo, sobre todo debido al impacto que esta sustancia tiene para el desarrollo del cerebro. Esta contaminación afecta no solo a las comunidades o lugares cercanos a los lavaderos de oro, sino que impacta a territorios más extensos debido al flujo de las aguas y de los peces por los distintos ríos y quebradas de la Amazonía.

Frente a este grave problema de salud, el Estado peruano no ha generado políticas ni procedimientos claros. El personal de salud que trabaja en los centros de salud ubicados en la Amazonía no cuenta con conocimientos ni protocolos para diagnosticar la presencia de mercurio, a diferencia de otro tipo de enfermedades, como pueden ser la malaria, o la COVID-19 hoy en día.

Finalmente, las mafias que actúan en torno a la minería del oro no solo controlan buena parte del comercio de este producto, sino que además promueven la explotación sexual y la trata de mujeres. En estas últimas décadas la trata de personas ha venido adquiriendo dimensiones cada vez más dramáticas y está, sin duda, asociada también a las otras actividades delictivas como el narcotráfico, y la explotación ilegal del oro y de la madera.

A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado peruano y por distintas iniciativas de la Iglesia y de diversas instituciones de la sociedad civil, el número de mujeres y adolescentes víctimas de la trata y de la explotación sexual sigue aumentando. Se calcula más de 5 mil víctimas entre los años 2016 y 2020 en el Perú. Según un informe de la Fiscalía publicado en octubre de 2021, en menos de 10 meses ya se habían registrado 1,188 víctimas; la mayoría de ellas mujeres, y casi la mitad de estas, menores de edad.

En Madre de Dios, diversas comunidades se ven afectadas no solo por la destrucción de bosques y contaminación de ríos, sino por como estas actividades afectan a sus relaciones sociales y familiares.

En el caso de la Amazonía peruana, las dos regiones más afectadas por este flagelo son Madre de Dios y Loreto. En el caso de Madre de Dios la mayoría de víctimas son traídas de otras regiones del país, mientras que, en el caso de Loreto, se trata principalmente de víctimas provenientes de las comunidades indígenas y de centros poblados rurales y de las diversas ciudades de la región, incluyendo Iquitos. En la mayoría de casos, se trata de mafias que engañan a niñas, adolescentes y mujeres indígenas jóvenes, ofreciéndoles trabajos en casas, tiendas o restaurantes, pero en realidad forzándolas a la prostitución. También hay casos en que se explota sexualmente a niños y adolescentes varones.

El crecimiento de estas actividades y de la violencia que conlleva son, pues, cada vez más preocupantes, y exigen respuestas más contundentes por parte de la sociedad civil, pero, sobre todo, por parte del Estado. Si no se actúa con rapidez y decisión, el número de víctimas seguirá incrementándose.

 

Primavera 2022


Oscar Espinosa

Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP