Crecimiento económico de Piura: ¿beneficios para quién?

En los últimos dos años Piura ha recibido el impacto de un nuevo y extraordinario fenómeno como parte del boom económico en esta zona del norte del país, este es la instalación de grandes malls o tiendas por departamentos: Open Plaza, que se extiende sobre un área de 52,000 m2 y que trajo a su marca estrella Tottus; Plaza Vea y Ripley (dentro de Plaza del Sol), inaugurados a fines del año pasado, se sumaron a Saga Falabella, Topy Top, Maestro Home Center y a las cadenas de farmacias Fasa, Inkafarma y BTL; y en los próximos meses se abrirá Plaza de la Luna, con el que se completa un interesante circuito que ha cambiado el rostro de Piura y su dinámica comercial.

Estas iniciativas de comercialización masiva de bienes y servicios no han sido fortuitas; las empresas han realizado concienzudos estudios que han revelado el incremento de la capacidad de consumo de un amplio sector de la población piurana, producto de una mejora en los ingresos, proveniente de un mayor nivel de empleo en sectores como la agroindustria y la construcción.

Sin embargo, si bien estos centros comerciales ofrecen una imagen de urbanismo y modernidad a la capital norteña, atrayendo el turismo e incluso mejorando el ornato público, la otra cara de la moneda se refleja en la reducción de las ventas de los comerciantes del mercado central, el cierre de pequeños negocios y comercios, y el progresivo incremento de la delincuencia común. Además, nada demuestra que los beneficios económicos de este emporio comercial lleguen realmente a los sectores más necesitados de la Región; tan es así que gran parte de los productos agrícolas que se expenden en estos hipermercados no provienen de los pequeños productores piuranos. La precariedad del empleo no ha variado, y las utilidades que se producen simplemente se remesan a las matrices de las empresas en Lima y no se ahorran ni se gastan en la Región.

El crecimiento económico de Piura es incuestionable. En abril de 2011 Piura exportó US$ 170,8 millones. Esto es 21,2% más que en el mismo mes del año pasado. En general, el crecimiento piurano está alrededor del 7 u 8%, e incluso hay sectores que están creciendo muy por encima del promedio nacional. No obstante, debe tenerse en cuenta que, en medio de la aparente bonanza económica, entre 2009 y 2011 la pobreza (aunque bajó en el resto del país) en Piura aumentó 3 puntos. Asimismo, 7 de cada 10 pequeños agricultores piuranos son pobres, y de estos al menos 4 son pobres extremos. Entonces, es factible colegir que el fenómeno nacional –crecimiento con exclusión- se repite en Piura con intensidad.

Piura tiene productos emblemáticos de exportación (mango, café, banano, productos hidrobiológicos) que es necesario impulsar, implementando mecanismos que faciliten el fortalecimiento de las cadenas productivas y promuevan la competitividad de la micro y pequeña empresa agrícola y comercial, carente de recursos y medios logísticos para enfrentar la sobreoferta proveniente de otras regiones del país, e incluso del exterior, que influyen en precios por debajo del mínimo de equilibrio productivo, lo que afecta a los productores locales.

Si bien es cierto que entidades de promoción del desarrollo productivo como CEPIBO, CEPICAFÉ, PROGRESO, IDEAS y CIPCA, entre otras, han tenido logros significativos en la última década, su esfuerzo institucional, con apoyo de la cooperación internacional, beneficia a un grupo minoritario de los pequeños productores, favorecidos principalmente por la demanda externa antes que por la regional y local. Y las grandes empresas comerciales llegadas a esta calurosa capital del norte peruano, no han contribuido lo suficiente para potenciar el desarrollo integral, sostenible e inclusivo de la Región.

La economía de Piura, y la del país en general, no puede sustentarse permanentemente en la explotación minera, en una agroindustria de exportación (que reduce las tierras agrícolas para beneficiar la producción de biocombustibles), en el turismo de playa, o en el funcionamiento de grandes emporios comerciales lesivos para los comerciantes del mercado, bodegas y pequeños negocios.

Nos queda la esperanza que el nuevo gobierno nacional, no sólo por el simple cumplimiento de sus ofertas electorales sino por una auténtica convicción a favor de la inclusión social, instituya políticas públicas que promuevan una agricultura diversificada, que reduzcan la vulnerabilidad ante cambios adversos en el clima o en el mercado de productos, que permitan un uso más eficiente de la mano de obra, maquinaria y otros recursos locales, que brinden asistencia técnica especializada, que favorezcan un flujo financiero flexible y oportuno hacia los pequeños agricultores y comerciantes, y que promuevan una cultura de protección del ambiente en los agentes económicos y en la población en general. Estas medidas garantizarán, de alguna manera, que los beneficios económicos alcancen efectivamente a los más pobres y excluidos de Piura y del país.

Publicado en setiembre 2011


Francisco Córdova S.

Abogado, asesor en el Área de Gobernabilidad Democrática del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA (PIURA).




El Sur también existe

…y así entre todos logran
lo que era un imposible
que todo el mundo sepa
que el sur también existe.

Hacemos alusión a este fragmento de un poema de Benedetti, para iniciar estas breves reflexiones en torno a los desafíos que plantea el resultado de las elecciones presidenciales. El sur del Perú, donde se concentran los mayores índices de pobreza y exclusión, sentó presencia, la mayoría de sus habitantes optaron por un candidato y esta vez sí ganaron.

“Ahora son gobierno -decía en una entrevista un dirigente empresarial cusqueño- ya no tienen a quien echarle la culpa, ni pretexto para fracasar”, refiriéndose al Movimiento Gana Perú, que tiene la conducción del gobierno regional y al que pertenecen los cinco congresistas que representarán al Cusco en el parlamento.

Pero “estar en el gobierno” no significa necesariamente “ser gobierno”. Los jaloneos al que ha estado sometido el presidente electo, antes de haber siquiera pisado el palacio presidencial, son una muestra de los límites del poder político y de la gran influencia que ejerce el poder económico y mediático en la conducción del país. El mensaje que a diario los empresarios le dirigen al presidente Humala es el siguiente: “Ocúpese usted de los programas sociales, el narcotráfico y la lucha contra la corrupción, que nosotros nos encargaremos de la política económica”.

Los cambios que fueron ofertados y demandados por un sector importante de la población sureña durante la campaña, tienen que ver con la orientación general del desarrollo y no sólo con una mejor redistribución de los recursos del Estado. Se requieren cambios en la política agropecuaria, actividad que constituye la base productiva mas importante en la región sur, para pasar de una política que apostó exclusivamente por la gran inversión en la costa a otra que favorezca el desarrollo de los pequeños agricultores y comunidades campesinas de la sierra y la amazonía. Se requieren cambios en la política minera que dé mayor garantía sobre la protección de nuestros recursos y respete el derecho de la población a ser consultada y beneficiada (y no agredida) con su explotación. Se requieren cambios en la política energética para lograr la provisión del servicio a precios accesibles, y sentar las bases de la promoción industrial. Necesitamos contar con una estrategia nacional de integración del sur hacia el interior y con sus países fronterizos, que aproveche las oportunidades que se abren con la carretera Interoceánica. Necesitamos una política de promoción turística articulada de la macro región sur, que se oriente a favor del desarrollo de las iniciativas locales, comunales, de la micro y pequeña empresa.

La lista es larga, pero si nos quedamos solamente con estos temas prioritarios, podemos reconocer que no serán atendidos con programas sociales, pero tampoco con la ejecución de proyectos regionales o municipales. En ocho años, el gobierno regional de Cusco ha ejecutado 888 proyectos e invertido una importante cantidad de dinero (mas de mil millones de soles); sin embargo, es uno de los departamentos donde se han mantenido prácticamente constantes los indicadores de pobreza. Seguramente es necesario mejorar la gestión y evaluación de proyectos, pero fundamentalmente hacen falta políticas de gobierno regional y nacional que les dé orientación.

Los gobiernos sub nacionales, en este nuevo escenario que parece abrir oportunidades de cambio, tienen el desafío no sólo de ejecutar bien sus presupuestos, que han sido su preocupación mayor estos últimos años, sino de ejercer gobierno, formulando políticas dentro de sus competencias para sus respectivos ámbitos, y de incidir en las decisiones de política nacional. El presidente Humala ha reiterado que implementará un gobierno de concertación, entendemos que esta voluntad de diálogo y búsqueda de consensos no se restringe a las fuerzas políticas, sino que considera a los gobiernos regionales y municipales, que tienen incluso una mayor representación.

Mantener la voz del sur en el concierto nacional requiere de una acción colectiva de sus gobiernos. A estas alturas, y con varios conflictos de por medio, es difícil pensar en la conformación de macro regiones, pero si es posible aspirar a construir opinión y propuesta en aquellos temas que nos son comunes y que conciernen a nuestro desarrollo. Hasta el momento no hay muchas señales positivas al respecto, pero tenemos todavía un camino a construir.

Publicado en setiembre 2011


Inés Fernández

Antropóloga




La Gran y Gradual Transformación

Un primer mensaje presidencial suele generar gran curiosidad y muchas expectativas. En el caso del mensaje presidencial pronunciado por el presidente Ollanta Humala el último 28 de julio, la situación era todavía algo más intensa porque durante la campaña electoral la posibilidad de un triunfo de Gana Perú había generado desconfianza y temor en una parte importante del electorado y porque los principales líderes de esta organización política habían, en más de una ocasión, hecho modificaciones importantes a sus planes y propuestas de gobierno. También porque no termina de quedar claro cuál es la composición y la dinámica de quienes conforman los círculos más cercanos e influyentes en torno al presidente electo.

Dada esta situación, lo primero que se puede destacar en relación con el mensaje pronunciado es su alto grado de continuidad con lo planteado por Gana Perú después de la primera vuelta electoral: la conformación de un gobierno de concertación nacional orientado a una transformación gradual y persistente del Perú en el marco del Estado de Derecho vigente, con respeto a la división de poderes del Estado, y honrando los compromisos previamente asumidos por el Estado peruano. Dicho sea de paso, el vínculo que se observa entre estas propuestas electorales, y el discurso en sí mismo, pasó también por la conformación del primer gabinete ministerial, bastante diverso en relación con los desempeños políticos y profesionales de sus integrantes.

En segundo lugar, y dejando de lado las preferencias de lo que debe ser un mensaje presidencial, lo planteado por el presidente Humala ha sido particularmente efectivo para generar una buena recepción que se extiende a casi todos los sectores y grupos sociales del país; incluso de algunos que hasta hace poco eran sus más feroces críticos y opositores. Dicho de otro modo, los disconformes con el contenido del último mensaje presidencial han quedado siendo una clara minoría. En relación con lo logrado por este mensaje presidencial, habría que reconocer que en principio es muy difícil oponerse a lo que ha sido propuesto como las líneas maestras y los principales objetivos para los próximos cinco años: inclusión, redistribución, crecimiento, paz con justicia, seguridad, descentralización, transparencia, soberanía y concertación.

Entonces, en general, el mensaje presidencial y varios de los primeros anuncios han logrado dar la sensación de que estamos frente a un gobierno que, hasta nuevo aviso, se reafirma en su voluntad de tratar de marcar una real diferencia en relación con lo que han sido los últimos gobiernos—en particular, los que vinieron después de la transición democrática del 2001—; pero con un alto nivel de pragmatismo y moderación política. Si todavía quedaban dudas, lo visto hasta ahora confirma la posibilidad de que se consolide en el Perú un gobierno de centro izquierda durante los próximos cinco años. Gobierno que tendría como referente a las actuales administraciones en Brasil y Uruguay.

Dada esta situación, lo que se abre para los próximos años (esperando que sean años y no meses) es la discusión sobre los principales desafíos que un gobierno de este tipo puede tener en nuestro país. Para comenzar, dentro de muy pronto la voluntad del nuevo gobierno tendrá que transformarse en políticas públicas, y cuando esto suceda, será inevitable el surgimiento de tensiones y conflictos entre potenciales perdedores y ganadores. En este sentido, aún la más moderada de las versiones de un gobierno que pretenda reorientar y fortalecer los programas sociales, y busque de algún modo promover o defender el bienestar social y económico de la mayor parte de su población, va a requerir de alguna modificación importante en los actuales patrones de distribución de los recursos públicos, de acceso a los recursos y oportunidades económicas, y de redistribución de los beneficios generados por el crecimiento económico. Ya sea porque se perciba que estos cambios son demasiado o son muy poco, el gobierno se verá forzado a confrontar una oposición política considerable y que, en muchos casos, contará con recursos efectivos para bloquear sus decisiones.  Finalmente, no solo la dinámica de las voluntades políticas durante los próximos años va a jugar a favor o en contra del nuevo gobierno. Con todas sus particularidades, los gobiernos anteriores han mostrado también que las debilidades de nuestro Estado tienen un impacto negativo sobre las posibilidades de éxito de las mejor intencionadas y diseñadas políticas públicas.

Publicado en setiembre 2011


Jorge Aragón Trelles

Politólogo. Docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Pontificia Universidad Católica del Perú.




Alan García: ¿del perro del hortelano a la caja de Pandora?

El segundo periodo presidencial de Alan García será recordado por dos resultados contradictorios. Por una parte, el Gobierno saliente ha sido capaz de sostener un fuerte crecimiento económico y reducir la pobreza en el conjunto del país. Pero, por otro lado, el aumento de los conflictos sociales ha deslucido y relativizado el alcance de esos éxitos. En julio de 2006 la Defensoría del Pueblo reportó la existencia de 84 conflictos sociales de los cuales 14 eran considerados “socioambientales”. En junio de 2011, al terminar el Gobierno de García, el número de conflictos totales había escalado a 217, de los cuales 118 eran socioambientales. Más allá de los números, las dramáticas consecuencias de algunos de esos conflictos permanecerán por largo tiempo asociadas a García. Majaz, Moquegua, Islay, Puno y, sobre todo, Bagua constituyen una geografía del horror. El elevado número de víctimas de estos conflictos representan un borrón importante en las credenciales democráticas del Gobierno y, más generalmente, del conjunto de las instituciones políticas del país.

¿A qué se ha debido esta escalada de conflictos? ¿Por qué los llamados conflictos socioambientales han crecido mucho más que otro tipo de conflictos? ¿Qué puede aprender el nuevo Gobierno de la experiencia pasada? En los siguientes párrafos propongo algunas respuestas a estas preguntas.

El aumento de conflictos se puede explicar como la reacción de la población rural a la estrategia de desarrollo promovida por el Gobierno, en un contexto de fuertes desigualdades geográficas y ausencia de mecanismos efectivos de participación popular en la toma de decisiones sobre las industrias extractivas.

En su famoso artículo “El perro del hortelano[1]”, García reveló que su estrategia para el país pasaba por una explotación intensiva de los recursos naturales (minerales, petróleo, gas, madera, energía hidroeléctrica y pesca). Además, reafirmó su fe en el mercado y confió a los grandes inversionistas la ejecución de la estrategia, para lo cual propuso “liberalizar” el mercado de tierra, agua y otros recursos. O, dicho de manera más directa, se comprometió a facilitar el control y la acumulación privada de esos recursos. No cabe duda de que García se empeñó en llevar adelante su plan.

Lo que García no tuvo en cuenta es que esos recursos pertenecen, están gestionados o son usados por peruanos que viven en las zonas rurales del país y que están frustrados por promesas de un desarrollo que nunca les alcanza. Más aún, durante los últimos años de vigoroso crecimiento económico, la brecha de pobreza entre las zonas urbanas y rurales se ha ampliado. Lima y las regiones costeras han mejorado sus indicadores de manera consistente en los últimos años, reduciendo la pobreza del 39% en 2001 al 18% en 2010. En el extremo opuesto del espectro, la zona rural de la sierra mantiene todavía niveles de pobreza del 61%. Estas diferencias entre zonas geográficas son mucho más marcadas en el Perú que en cualquier otro país latinoamericano.

En este contexto, la presencia de industrias extractivas en la sierra y la selva genera dos tipos de reacciones que explican el incremento de conflictos medioambientales. En algunos lugares hay una genuina resistencia a la expansión de este tipo de actividades porque la población siente que ponen en peligro sus medios de subsistencia y el entorno natural y social que les proporciona seguridad. La pretensión de los tecnócratas neoliberales y de la mayoría de la élite económica del país de reducir los recursos naturales a mercancía, cuyo valor fija el mercado, no encaja con la experiencia vital de muchas personas para las que la tierra cultivable, el agua limpia y los bosques son fuentes irremplazables de sustento y seguridad. Para ellos no tiene sentido renunciar al control de esos recursos y pasar a depender de un potencial “desarrollo”, subordinado a los intereses de las empresas y a la volátil voluntad política del Gobierno de turno.

En otros casos, sobre todo cuando la población no tiene mejores alternativas económicas, los conflictos no son signo de resistencia a la actividad extractiva, sino una afirmación de la soberanía local sobre los recursos. En esos lugares, muchas personas pueden percibir que la minería es una alternativa atractiva. Sin embargo, tras décadas de olvido por parte del Estado, la importancia concedida por el Gobierno de García al sector extractivo y su negativa a reconocer el derecho de la población a participar de manera significativa en las decisiones sobre la extracción, han dado a la población un poder que antes no tenía: decir no a la extracción. Una aparente oposición a la actividad extractiva aumenta su poder de negociación con las empresas y el Estado. En la medida en que el Gobierno no institucionaliza mecanismos efectivos de participación y negociación, la población juega lo mejor que puede las cartas que le han dejado. Paradójicamente, el discurso del “perro del hortelano”, con su apoyo incondicional a las empresas extractivas y su desprecio del legítimo derecho de la población a decidir sobre las actividades que les afectan, ha abierto la caja de Pandora, generando un nivel de conflictividad que dificulta la expansión de la industria.

El nuevo Gobierno debe tomar en serio a las personas. El reconocimiento del derecho a la consulta previa e informada puede mejorar la situación de dos maneras. En primer lugar: si la población acepta la presencia de una operación, los sectores más radicales no podrán ya utilizar el discurso de la oposición mayoritaria a la minería. Por supuesto la minería seguirá generando tensiones, pero es esperable que de menor intensidad. En segundo lugar: la población expresará sus deseos de forma más responsable si sabe que las autoridades toman en serio sus opiniones e intereses. Actualmente, como todo el mundo presume que el Gobierno apoya sin reservas a las empresas mineras y petroleras, oponerse es la actuación más lógica de la población, sea cual sea su opinión real. Sabedores que su opinión no va a tener consecuencias reales, una clara oposición a la actividad extractiva tiene ventajas en la negociación de las compensaciones y sirve para mantener una constante amenaza sobre las compañías.

Por supuesto, la implementación efectiva del derecho a la consulta supondrá que algunos proyectos empresariales no irán adelante. En la mayoría de los casos la población habrá hecho bien sus cálculos y tendrá buenas razones para oponerse. Sin embargo, el Gobierno y las propias empresas mineras deben sopesar la “pérdida” de algunos proyectos con las ventajas que les ofrecerá un clima de mayor estabilidad social.

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[1] “El Síndrome del Perro del Hortelano”, Alan García Pérez, diario “El Comercio”, octubre 2007.

Publicado en setiembre 2011


Javier Arellano Yanguas

Investigador. Doctor en Estudios de Desarrollo, Máster en Gobernanza y Desarrollo.