Conga, ¿va o no va?

Yanacocha, la mayor mina de oro de América Latina, considerada como una de las más rentables del mundo y ubicada en las cercanías de la ciudad de Cajamarca, entró en producción en 1993. Su presencia fue controversial prácticamente desde el inicio de sus operaciones. A pesar que Yanacocha afirma que tiene los más elevados estándares ambientales y sociales, ha sido confrontada en forma permanente con las más diversas denuncias -fundadas o no- sobre violaciones a los derechos humanos, sobre los impactos negativos de la presencia de la empresa, y sobre el agotamiento de las fuentes de agua en Cajamarca.

Una de las crisis de mayor magnitud fue, a partir de 2001, el movimiento de resistencia de las poblaciones locales en contra de los intentos de la empresa por ampliar sus operaciones sobre el cerro Quilish, lugar donde nacen el río Porcón y el río Grande, dos fuentes hídricas indispensables para las poblaciones de la región. En julio de 2004, el gobierno de Toledo aprueba la evaluación ambiental (EA) presentada por Yanacocha, autorizándola a explorar en el cerro Quilish. Las poblaciones locales multiplican las acciones de protesta que desembocan en un paro regional, el 15 de septiembre, en las 13 provincias del departamento. Al día siguiente, el MEM cancela la norma emitida en julio. Frente a la persistencia de los enfrentamientos, la empresa solicitó, el 4 de noviembre de 2004, la revocación de su autorización de exploración.

Si bien esta vez se trata también de una ampliación de las actividades de la empresa, el conflicto actual en torno al proyecto Conga operado por Yanacocha, con una inversión valorizada en 4.800 millones de dólares y parado desde noviembre a petición del Gobierno, se desarrolla en un contexto muy diferente. En primer lugar, es la prueba de fuego en el campo de la resolución de conflictos sociales para el gobierno de Ollanta Humala. Ya ha ocasionado que el 10 de diciembre el Premier Salomón Lerner Ghitis diera un paso al costado, a sólo cuatro meses de asumir el cargo, dando pie a su relevo por el Ministro del Interior Óscar Valdés.

En segundo lugar, el enfrentamiento directo entre el presidente Humala y el actual presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos –Goyo- pone en la agenda las relaciones de poder entre el gobierno central con los gobiernos regionales, en el presente marco de descentralización política.

En tercer lugar, no se trata esta vez de la fase de exploración, en la cual la empresa ya ha gastado 800 millones de dólares, sino del proceso de explotación en curso. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ha sido aprobado por el MEM en 2010, durante el régimen de García, después de las debidas audiencias públicas. La explotación durará por lo menos dos décadas. Dejará 3.000 millones de dólares al Perú solo en impuestos, 1.500 de ellos en Cajamarca. En lo inmediato, el punto crítico más controvertido es que el proyecto compromete el secado y la destrucción de las lagunas El Perol, Mala, Chica, y Azul, y su sustitución por 3 reservorios con mayor capacidad de almacenamiento. Lo que la movilización cajamarquina rechaza, con el grito de guerra “Conga no va”, por atentar contra el ecosistema que condiciona su forma de vida y sistema de producción. Percepción ratificada por el informe del Ministerio del Ambiente del 21 de noviembre 2011, que señala: “el referido proyecto transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios sistemas y fragmentando los restantes de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible”.

Desde 1990 predomina, en las altas esferas del Estado, de que brindar seguridad jurídica a inversiones como la de Conga es prioridad absoluta para el país. Difícilmente el Gobierno de Humala se puede permitir dar la imagen de que una inversión de 4.800 millones de dólares, ya firmada y en marcha, se va al traste por unas elecciones y una protesta local. A muchos sectores que apoyaron la elección de Ollanta Humala les cayó muy mal sus declaraciones sobre Conga: “Rechazamos posiciones extremas: el agua o el oro. Nosotros planteamos una posición sensata: el agua y el oro”. En otras palabras, “¡Conga va!”. Sienten que el presidente «capitula» ante los intereses de la gran empresa, la que no ha parado de presionar durante todo este periodo. Recordemos que es un gobierno que ingresa después de haber afirmado los derechos de la gente y la necesidad de proteger el medio ambiente y el agua.

Ha habido además un mal manejo del gobierno, que dio un conjunto de señales contradictorias, agravando el conflicto. Era una provocación innecesaria declarar el estado de emergencia en Cajamarca. Frente a la intransigencia de los líderes cajamarquinos, no buscó la mediación de personalidades o sectores que tengan legitimidad ante la población y pueden lograr su confianza, para alcanzar una solución integral y duradera. Así mismo, es contraproducente no concertar con las autoridades regionales y locales los Términos de Referencia del peritaje internacional sobre el balance hídrico del proyecto Conga.

Por cierto, no se puede pretender que el gobierno de Humala solucione de la noche a la mañana un conflicto heredado que se vino acumulando desde gobiernos anteriores y que responde a una política de promoción de inversiones mineras que no considera la opinión de las poblaciones locales y los impactos no solo ambientales sino sociales. Sin embargo, medidas concretas tienen que ser tomadas. Por ejemplo, es insostenible que sea el propio promotor de la inversión en el sector minero, el MEM, quien apruebe, en forma muchas veces superficial y sesgada a favor de la empresa, los EIA. Tal como ha sido propuesto desde hace mucho tiempo y desde varias instancias, esa competencia tendría que pasar al Ministerio del Ambiente. Es urgente establecer ese nuevo marco institucional; porque el existente ha demostrado ser uno de los factores que lleva a que los conflictos se transformen en actos de violencia cometidos por los distintos actores involucrados. Es importante también el establecimiento de normas y políticas nacionales de Ordenamiento Territorial (OT) que permitan, con la flexibilidad necesaria, tomar decisiones intergubernamentales sobre el uso del suelo, el aprovechamiento de las potencialidades presentes en el territorio y los riesgos a tomar en cuenta Si se avanza en esta dirección podremos aspirar a que el tratamiento de los conflictos pueda ser menos reactivo y más preventivo.

Desde el 29 de febrero corre la cuenta regresiva de 40 días para que los tres expertos contratados por el gobierno para llevar a cabo el peritaje internacional entreguen su informe que, dicho de paso, no tendrá carácter dirimente o vinculante. Mientras tanto Conga sigue a la espera.

Publicado en abril 2012


Bruno Revesz, SJ

Politólogo y director del Área de Investigación y Proyección Regional del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), cofundador del Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA), en Piura.




La responsabilidad social empresarial, realidad y desafíos

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde que a mediados de los setenta, en uno de sus artículos más influyentes, Milton Friedman sentenciara que “el negocio de los negocios son los negocios” y que la responsabilidad principal de las empresas era poner a disposición de los consumidores productos y servicios, maximizado las ganancias de sus accionistas. En esa concepción del mundo, la actuación corporativa no tenía porqué incluir consideración alguna sobre el bienestar de las comunidades. Bastaba la búsqueda unidimensional del beneficio personal (clave para el funcionamiento de cualquier economía de mercado) para alcanzar objetivos socialmente superiores.

Sin embargo, la globalización de las últimas décadas y la proliferación de grupos de interés cada vez más diversos y complejos, con demandas crecientes y muchas veces divergentes, han puesto en el ojo público a la empresa, la misma que es evaluada no solamente por la calidad de sus productos, sino por la naturaleza más amplia de su vinculación con las comunidades y el entorno en el que operan. No puede haber empresas pujantes en comunidades fracturadas y disfuncionales.

Vista así, la responsabilidad social empresarial (RSE) parte de una idea simple pero profundamente transformativa: que las empresas tienen obligaciones sociales que sobrepasan los límites impuestos por la maximización de utilidades. Hoy por hoy, el tema en discusión no es si las empresas deben abrazar la causa de la responsabilidad social, sino cómo deben hacerlo.

De hecho, estamos frente a una práctica cuyos adherentes se incrementan exponencialmente en todas las latitudes, tanto en el norte desarrollado como en el sur, entre consorcios multinacionales y locales, entre industrias tradicionales y sectores tecnológicamente sofisticados. Es difícil que una empresa aspire a proyectar su liderazgo en el mercado sin referirse a sus prácticas sociales como elemento diferenciador. Esto guarda especial relevancia para aquellos que deben persuadir a consumidores informados en el mercado de bienes y servicios; pero también para empresas afincadas en los sectores extractivos, para quienes las relaciones con la comunidad son de vital importancia operativa.

No en vano han proliferado las iniciativas globales, algunas auspiciadas por las Naciones Unidas, que buscan estandarizar prácticas e instituir mecanismos de reporte transparentes. Entre estas tenemos el Compacto Global, los Principios del Ecuador, la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, el ISO 26000, entre otras. El común denominador de estos emprendimientos es la preocupación por apuntalar y mejorar el involucramiento y desempeño social de las empresas.

Sería errado asumir que la vigencia de la RSE obedece a imperativos exclusiva o prioritariamente éticos. De hecho, hay muchas y sobradas razones prácticas para que las empresas hagan suyo el manto de la RSE. En primer término, la adopción de iniciativas de responsabilidad social contribuye sobremanera a generar corrientes de opinión favorables hacia la empresa, apuntalando su reputación pública y generando lealtades estables de prolongada vida, las mismas que se traducen en preferencias y decisiones de consumo menos volátiles.

Más aún, la buena reputación corporativa resultante establece una amplia reserva de buena voluntad pública en beneficio de la empresa, protegiéndola de los avatares asociados a las crisis que pudieran golpearlas en el espacio público. Frente a situaciones extremas que ponen en riesgo el prestigio de las empresas o de las marcas, esta reserva de buena voluntad entre ciudadanos y consumidores opera para darle a las empresas involucradas el beneficio de la duda, lo que difícilmente ocurre en ausencia de la buena reputación corporativa.

Así entendida, entonces, la RSE es generadora de un vasto capital invisible pero tangible en momentos de necesidad. Por ello el compromiso social corporativo tiene también sentido desde una óptica de mercado. Es decir, la visión tradicional de la empresa como maximizadora de beneficios resulta ampliamente compatible con el paradigma de la buena ciudadanía corporativa. Es necesario tener buenas prácticas sociales no solamente por razones éticas, sino también porque la lógica de acumulación así lo demanda.

En el extremo, la valoración bursátil puede reflejar un diferencial a favor de las empresas más apreciadas por sus compromisos con buenas prácticas de responsabilidad social y cuidado del ambiente. No en vano, vienen creciendo los fondos cuyos participantes concentran sus inversiones en aquellas empresas comprometidas con la RSE.

Otra dimensión igualmente relevante de la RSE es su capacidad de movilizar a los trabajadores de la empresa y constituirse en un elemento diferenciador que permite atraer y retener talento. Por lo general, los trabajadores de empresas con buenas prácticas de RSE se sienten más satisfechos y comprometidos con sus centros de trabajo. Esta última consideración resulta particularmente relevante en atención a la creciente competencia entre las empresas para reclutar y mantener en su entorno a trabajadores altamente calificados.

Un enfoque alternativo de la RSE es el que propone la focalización de dichas iniciativas en ámbitos de acción que, además de tener una dimensión social, contribuyan a apuntalar las condiciones competitivas de la empresa. Esto pasaría por mejorar el entorno a través de iniciativas que refuercen el acceso a infraestructura de uso público y privado (carreteras, conectividad, acceso a servicios). Otro de los elementos de dicha estrategia sería el reforzamiento de los factores de producción (proyectos que tengan incidencia sobre mejoras en la calidad del capital humano), así como iniciativas que tengan impacto sobre los otros componentes del diamante de la competitividad, identificado por Michael Porter.

Sin lugar a dudas, la responsabilidad social empresarial se ha transformado en un paradigma hegemónico en el discurso público. A diferencia de otras tendencias que periódicamente asaltan el mundo corporativo, ésta no es una moda pasajera. La persistencia y expansión de la RSE está asociada al encumbramiento de valores universales como la solidaridad, de profunda raigambre y vasta capacidad movilizadora. La interconexión creciente, la caída de barreras informativas y la reivindicación de la transparencia se conjugan para avalar estas tendencias y darle una especial condición de permanencia.

Publicado en abril 2012


Pablo de la Flor Belaúnde

Ex vicepresidente de la minera Antamina, Gerente de Asuntos Corporativos del Banco de Crédito del Perú (BCP).




“No podemos reglamentar una ley que atenta contra los pueblos indígenas”

Entrevista a Gladis Vila, presidenta de ONAMIAP

Por Diana Tantaleán
Apostolado Social

Gladis Vila Pihue es presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP). Ella expone la visión de los pueblos indígenas en torno a la reglamentación de la Ley de Consulta Previa.

Durante los meses de enero y febrero se desarrollaron los talleres de debate sobre la Consulta Previa y su reglamentación ¿Cómo se ha realizado este proceso?

Los pueblos indígenas, después de los sucesos de Bagua, se constituyen en una mesa de trabajo denominada la MESA 3; en este espacio se trabajó toda una propuesta que no fue recogida en la Ley de Consulta ni en un 50%, por lo que los pueblos indígenas tuvieron algunas observaciones.

A pesar de ello nosotros entendimos que el Convenio 169 de la OIT era ratificado por el Estado peruano, y como tal, la reglamentación podría subsanar algunos vacíos que quedaban en la Ley. Sin embargo, esto no se dio, y ha pedido de las organizaciones que integrábamos la Comisión Multisectorial se programan seis Talleres Macro Regionales. Esto era necesario porque el diálogo de los dirigentes nacionales con el Estado no era suficiente, hacía falta escuchar los aportes y comentarios de las organizaciones de base.

Los Talleres se realizaron en Chiclayo, Pucallpa, Iquitos, Cusco, Bagua y Huancayo, donde participaron más de mil delegados y delegadas. Como cierre tuvimos el Encuentro Nacional, donde participaron más de 700 delegados a nivel nacional.

Los Talleres Macro Regionales fueron una evaluación del borrador del reglamento presentado por el Ejecutivo, con el objetivo de presentar opiniones o aportes.

¿Cuál fue el resultado de los talleres y del Encuentro Nacional?

En todos los talleres se manifestó que era necesaria una modificatoria de la Ley por los vacíos que existen, y los artículos más observados fueron el 1, 2, 4, 7, 15, 19 y la disposición complementaria. Las organizaciones de base hicieron hincapié en el artículo 15, el cual dice que después de realizar un proceso de implementación de la Ley de Consulta, de no llegarse a un consenso, la última decisión la toma el Estado. Entonces, ¿qué sentido tiene la consulta? El Estado fácilmente puede mostrar en todo el proceso que no hay un acuerdo para luego tomar él solo la decisión. Desde las organizaciones estamos promoviendo para que ese artículo cambie y se exprese lo que sería el consentimiento de los pueblos indígenas, definir en qué casos necesariamente se requiere este consentimiento.

Otro artículo en discusión es el 7, el cual pone diversos criterios sobre quiénes van a ser consultados. Sin embargo, el Convenio 169 de la OIT, en su artículo 1 ya lo manifiesta: somos los pueblos indígenas quienes van a la Consulta. Entonces, ¿por qué se siguen creando criterios cuando en el marco normativo internacional ya se tiene aprobado quiénes somos los pueblos indígenas para ser sujetos de derecho a esta Ley de Consulta? Por ejemplo, nos ponen como criterio el tema del idioma, y en el caso de Cajamarca ya lo han perdido. Entonces, ¿ellos no serían sujeto de derecho?

El 05 de marzo se firmó el Acta Final sobre el Proyecto de reglamento consensuado de la Ley de Consulta Previa. Por parte de las Asociaciones indígenas sólo firmaron representantes de la Confederación de NAcionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la Conferederación Campesina del Perú (CCP).

También ha sido materia de discusión lo referente a que se realizará la Consulta Previa sólo a los pueblos afectados directamente; ¿esto quiere decir que si en una cabecera de cuenca se afecta o contamina el agua sólo se va a consultar a los que viven alrededor?, ¿qué pasa con el resto de comunidades que están en las micro cuencas y en toda la cuenca? Ellos también tienen derecho a la Consulta.

Otro tema muy objetado es la ausencia total de las mujeres en la redacción de la Ley y la reglamentación. ¿Acaso los pueblos indígenas están habitados solamente por varones? La forma cómo afectan las diversas situaciones es diferente en varones y mujeres. Por ejemplo, si en mi comunidad, por una actividad extractiva o política pública o legislativa, es afectada el agua, los varones se preocuparán por la agricultura o la ganadería; mientras que las mujeres vamos a pensar en la alimentación de nuestros hijos y de toda la familia. El pensar de una mujer sobre el mismo problema es diferente al de los varones.

¿Qué pedirían aplicar en la Ley de Consulta sobre las diferencias de género en las comunidades?

Lo que estamos exigiendo es que se garantice la participación plena y efectiva de las mujeres y los jóvenes en todo el proceso de aplicación de la Ley de Consulta, porque la forma cómo afecta a varones y mujeres es distinta, sobre todo en la juventud, pues ellos son los que van a heredar todas las decisiones que se están tomando hoy en día.

Existen leyes que reconocen y exigen la importancia de la participación equitativa, tanto de varones como de mujeres, en todos los aspectos de desarrollo y legislativos. Existe una incoherencia con el Plan Nacional de Igualdad de Género, ¿dónde queda este plan para las mujeres y jóvenes de los pueblos indígenas?

¿Cómo se ha dado el aporte de estos Talleres al Estado? ¿Van a seguir dialogando?

Un 90% ha manifestado que primero se dé la modificatoria de los artículos y posteriormente la reglamentación. No podemos reglamentar una ley cuando atenta contra los derechos de los pueblos indígenas. Más aún, para la aplicación del Convenio 169 no existe necesidad de una ley ni una reglamentación, se tendría que implementar directamente. Pero en nuestro caso, que ya no se está aplicando desde 1995, se exige una ley clara y una reglamentación que ayude.

Muchos de los dirigentes manifestaron su disconformidad de modificar la Ley luego de la reglamentación, pues existe una experiencia similar con la Ley Forestal, en la cual el Estado propuso primero la reglamentación y luego la modificatoria. Sin embargo, hasta hoy no existe ni siquiera una voz desde el Ejecutivo para continuar el proceso. Venimos de experiencias en las que no se cumplen los acuerdos.

Por otro lado, el Estado ha continuado con lo que denominan “diálogos interculturales”, convocando a otras organizaciones que no integraban la Comisión Multisectorial e invitando a lideres individuales que ya no están dentro de las Organizaciones. Esto también atenta contra nuestros derechos.

Frente a esto, las organizaciones hemos decidido presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mostrando cómo se han desarrollado los Talleres Macro Regionales y el Encuentro Nacional, y la relación del Estado con los pueblos indígenas. Queremos insistir en la modificatoria de esos artículos.

Hay que tener en cuenta que el caso peruano está en la mira de toda América latina, por ser el primer país que tiene la Ley de Consulta y está viendo su reglamentación.

Publicado en abril 2012


Gladis Vila Pihue

Quechua. Desde  muy joven se involucro en la organización  de  su  comunidad, pese a la tradición de participación masculina en las asambleas  comunales. Impulso la creación de la Organización de Mujeres  en la Provincia de Pampas Tayacaja, lo que le llevó a representar  a su región en varios  eventos  nacionales




Nuestra responsabilidad hacia el medioambiente, fundamentación teológica

Perú es uno de los seis países del mundo con mayor biodiversidad. Esta variedad es un don, una “herencia gratuita” que requiere nuestra “responsabilidad cuidadosa” (Documento Aparecida 471). Esta biodiversidad tiene una función muy importante para el equilibrio ecológico y el clima, tanto en Latinoamérica como en el mundo entero. A la vez, en nuestro país, se observa un alarmante daño hecho al medio ambiente y los crecientes impactos negativos del cambio climático. Por su gran biodiversidad Perú es, después de Honduras y Bangladesh, el tercer país del mundo más vulnerable al cambio climatico (Tyndall Centre for Climate Change).

Como lo recalcó reiteradas veces el Papa Benedicto XVI, la crisis ecológica y el cambio climático nos urgen a revisar nuestra relación con la naturaleza, la que en la perspectiva de fe es percibida como parte de la creación de Dios. Vale recordar aquí que el texto de Génesis 1, en su lenguaje poético y metafórico, comunica que Dios creó la vida en sus múltiples formas, posibilitando la evolución de esa vida a lo largo del tiempo. En Génesis 1 el ser humano tiene un lugar destacado en medio de la creación, pero depende del aire, del agua, de las plantas y de las demás criaturas para poder vivir.

El término “creación” no se refiere solamente a un acto, al comienzo del universo, sino también a la presencia permanente de Dios en sus criaturas. Cuando en nuestra fe hablamos de “creación”, reconocemos que la Tierra es el espacio de vida que nos fue confiado como don. Estamos llamados a cultivar y cuidar esta Tierra (Gen 2,15) con respeto y responsabilidad. A través de sus ricas imágenes el texto de Génesis 2 nos dice que el ser humano sólo puede existir en un conjunto de relaciones. Como criatura está llamado a vivir en una relación fundante con Dios, su creador. También necesita de un espacio en el cual pueda vivir y desarrollarse (“jardin”). Requiere de una relación con este espacio (trabajo cultivador), de medios de subsistencia (“frutos del arbol”), de la relación con los animales y de la comunidad con las demás personas (varón y mujer).

Como criatura, el ser humano se encuentra en una comunidad de destino con los otros seres vivientes. Con la imagen impactante del diluvio, los autores de Génesis 6 y 7 advierten sobre el peligro de que actitudes y acciones, impregnadas de violencia, destruyan el tejido de relaciones que generan y sostienen la vida en la tierra y la van llevando a la catástrofe (“la tierra estaba pervertida” Gen 6,11). Frente al peligro del ser humano de autodestruirse y de destruir la vida en la tierra, en Génesis 9, Dios sella una alianza con Noé, representante de la humanidad, y con todos los seres vivos. Este pasaje bíblico nos alienta a ser aliados y aliadas de Dios en la lucha por cuidar la creación.

Los otros seres vivientes son co-criaturas del ser humano, con su propio lugar en la “casa común” que es la Tierra. Tienen su valor propio, más allá de su utilidad para el ser humano. Reconocer este valor es una consecuencia necesaria de la fe bíblica en la creación. De ahí nuestra fe en Dios nos compromete a una relación responsable con las otras criaturas. Nos impulsa a reconocer y apreciar que nuestra civilización está sostenida por una gran red de relaciones muy complejas en la naturaleza que generan y mantienen la vida; relaciones de interdependencia y de un frágil equilibrio ecológico, donde intervenciones pequeñas pueden generar efectos grandes. Ello nos exige actuar con prudencia, previsión y cautela.

Los impactos del cambio climático en el mundo y en el Perú, como por ejemplo las inundaciones recurrentes o sequías prolongadas, las heladas u olas de calor, la intensa radiación solar tan dañina para la salud humana, y los cambios bruscos de temperatura afectan sobre todo a los pobres y a las personas más vulnerables en general, como son los niños y las personas de tercera edad. Nuestra fe en el Dios Creador y Redentor nos reta a no quedar indiferentes ante esta situación. El cambio climático es una cuestión de justicia para todos los cristianos. Nuestra fe nos impulsa a actuar coherentemente a favor del cuidado de la creación a nivel personal y comunitario. A la vez, en nuestras obras e instituciones, podemos dar testimonio de ello, contribuyendo a promover prácticas ecológicamente sostenibles, como el uso responsable del agua, recurso vital y escaso; la reducción del uso desmesurado del plástico; el reciclaje; el uso de energías limpias y renovables; etc. Con estas prácticas ayudamos eficazmente a generar una mayor conciencia y sensibilidad ecológica y un verdadero desarrollo sustentable en el Perú. Asumimos nuestra responsabilidad de contribuir a proteger el clima y mitigar los efectos del cambio climático.

Es una señal de esperanza que un creciente número de parroquias, instituciones y movimentos cristianos, en diferentes regiones del país, participan en campañas de concientización y sensibilización ecológica, de reforestación, reciclaje y limpieza de las cuencas de los ríos. Muchas veces realizan estas actividades conjuntamente con instituciones educativas, municipalidades, gobiernos regionales y ONGs, dando así testimonio de una Iglesia al servicio de la sociedad y colaborando en cuidar la naturaleza y la salud de las personas.

Perú no sólo tiene una gran riqueza de flora y fauna sino también de minerales, petróleo y gas. Son conocidos los cuestionamientos serios que la extracción minera y petrolera genera, por tratarse de intervenciones definitivas en la naturaleza. La Iglesia no es antiminera, pero desde su doctrina social exige la aplicación de una serie de criterios éticos para asegurar una actividad minera que sea social y ecológicamente responsable.

Nuestro compromiso por cuidar esta parte de la creación, que es la Tierra y sus recursos vitales, y por cuidar el clima en nuestro planeta, es un servicio urgente a los pobladores de este país y a la humanidad entera. En esto se juega nuestra credibilidad como Iglesia.

Publicado en abril 2012


Birgit Weiler, HMM

Teóloga.