Entre la participación y el populismo

El proceso de descentralización se inicia en el país hace más de una década portando varias promesas, entre ellas, la de afianzar la democracia. Así, un componente central de la propuesta descentralista fue el de la participación ciudadana, bajo el supuesto que esta contribuiría a fortalecer la institucionalidad social y a promover una cultura de diálogo. Luego del tiempo transcurrido, es pertinente preguntarnos si se va concretando esta promesa.

A propósito de un estudio en el que participamos[1], tuvimos ocasión de conversar al respecto con algunos dirigentes sociales y constatamos que la participación es un término al cual acuden la mayoría de las personas entrevistadas para definir la democracia; esta es considerada, además, como un derecho, algo que particularmente destacamos de manera positiva. Sin embargo, son muy diferentes las percepciones de los dirigentes acerca de lo que significa e implica la participación ciudadana. Hay quienes la definen como el involucramiento de la población en las decisiones de gobierno, otros (que son la mayoría) conciben la participación como un mecanismo a través del cual la población tiene la oportunidad de encontrarse con sus autoridades para plantear sus demandas y obtener de ello algún beneficio inmediato.

Los y las dirigentes que entrevistamos se refieren fundamentalmente al Presupuesto Participativo, proceso frente al cual expresan un sentimiento de desencanto, principalmente por el comportamiento de las autoridades. Si bien no proponen dejar de lado esta experiencia, algunos consideran que debido a que “Los canales de intervención tanto en el gobierno regional o local, no han sido eficientes, (se debe retornar) a las “formas naturales de protestas como son las huelgas y los paros que no son ilegales, que son constitucionalmente reconocidos” y otros proponen retomar las audiencias públicas donde “la autoridad está más cerca a la gente, atendiendo directamente sus necesidades, pues para un simple ciudadano –dice la entrevistada- es imposible hablar con el presidente regional, verlo en un presupuesto participativo, por lo que hay frustración”.

Esta percepción de la participación como el encuentro “cara a cara”, con la autoridad, coincide con los eventos denominados “De Presidente a Presidente”, que se vienen promoviendo desde la presidencia regional de Cusco. En el mes de mayo se reunieron por segunda vez con el presidente más de mil representantes de comunidades campesinas, en él se informó sobre la situación de alrededor de 170 pequeños proyectos, con los que la autoridad se comprometió en el anterior encuentro, y se recibieron nuevas demandas. El evento concluyó con la entrega de mil computadoras a los presidentes comunales. Cabe señalar que unos días antes, se informaba al Consejo de Coordinación Regional (CCR) que todo el presupuesto estaba ya comprometido y que por lo tanto no sería viable el Presupuesto Participativo. Un detalle importante es que el actual presidente regional nunca participó en estos procesos durante su gestión.

¿Qué explica este comportamiento ambivalente?; una respuesta es que un auditorio amplio, en un contexto donde además existen recursos que ofertar, posiciona al gobernante, quien es la figura central y parece sintonizar mejor con lo que la población espera. Mientras que transitar por mecanismos institucionales, fortalecer representatividad, organicidad y proyecto de largo plazo, es un camino mucho más árido y otorga por lo general poco rédito político.

Ante estas dificultades se recrean, bajo nuevos términos (como el de la participación), viejas formas de gobierno, y la tentación de retornar a lo “ya conocido” es muy grande. Avizoramos, sino un comportamiento, por lo menos una tentación populista en el Gobierno Regional de Cusco. “El Populismo se presenta… copiando un modelo amplio de participación e infiltrándose dentro del juego político mediante ofrecimientos de reivindicaciones para quienes quieren ser tomados en cuenta por el Estado. El líder populista y su movimiento tratarán de subsanar estas insuficiencias… pero lo hará más en sentido de fortalecer la imagen del líder o el movimiento que en aras del sistema democrático mismo.”[2]

No podemos responder a nuestra preocupación inicial acerca de si la participación ciudadana está, efectivamente, fortaleciendo la democracia; pero nos quedamos con una advertencia: los mecanismos o las normas por si solos no hacen los cambios, estos provienen de las personas. Un cambio significativo se dará seguramente cuando más personas nos reconozcamos ante el Estado, no como demandantes de asistencia, sino como portadores de derechos.

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[1] El Estudio sobre Percepciones sobre Descentralización y Democracia se realizó en los departamentos de Ica, Ayacucho, Huancavelica y Cusco y fue promovido por la Plataforma de Descentralización y Democracia integrado por las instituciones de Diakonia, Codehica, Ser, Coincide, Sisay y Cedep Ayllu.
[2] El Populismo: Una aproximación a un problema de las democracias de todos los tiempos. Ivo Hernández y Héctor Hurtado. Sede Académica, Costa Rica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Setiembre 2010.


Inés Fernández

Coordinación Intercentros de Investigación, Desarrollo y Educación – COINCIDE




Seguridad ciudadana en Piura

La seguridad ciudadana, además de ser una de las principales demandas de la población peruana y piurana; es un fenómeno complejo, multidimensional y multicausal, que debe ser abordado desde diversos aspectos en forma simultánea. Exige tomar medidas oportunas y eficaces que permitan remover los obstáculos de carácter estructural y cultural profundamente arraigados en los sistemas de administración del Estado y en la sociedad. En ese sentido, no solo la tarea es compleja, sino que en nuestra región y en el conjunto del país, su tratamiento ha tenido escaso éxito hasta hoy.

Uno de los grandes obstáculos, es la carencia de un sistema integrado de gestión de la información delictiva para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Lo que dificulta en extremo el análisis del problema y la toma de decisiones por parte del Estado. Para el efecto, el esfuerzo poco articulado de los Ministerios (Público e interior), de algunas municipalidades, gobiernos regionales y ONGs, resultan poco exitosos.

Lo concreto es que la inseguridad ciudadana se ha acentuado en las zonas de mayor crecimiento económico del Perú, como Piura.

Según la encuesta de victimización de “Ciudad Nuestra” del 2012, el 91% de piuranos se siente potencial víctima de un asalto, 80% de los delitos son robos al paso y de viviendas. Piura está considerada como la tercera ciudad del Perú, con mayor índice delictivo, detrás del Callao y Arequipa; solo son judicializados el 20% de denuncias por delitos de asalto y robo, es decir que el 80% de casos quedan impunes; y el delito de extorsión se ha incrementado de 2011 al 2012 en 60%, (de 158 a 218), las infracciones cometidas por menores de edad (con 824 casos) son el 40%, superior a La Liberad y Lambayeque.

En la región hay un policía por cada 850 habitantes, uno de los más bajos del Perú; y la percepción ciudadana de inseguridad en ciudades como Piura, ha crecido entre 2011 y 2012, bordeando el 90%.

Acciones

En el 2012, el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) aprobó el Plan Regional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social, que pretende dirigir el accionar de las instituciones involucradas en abordar las causas de la inseguridad, incluyendo reforzar valores en la sociedad, desde la familia, y no centrarse únicamente en la captura de delincuentes. Y en el 2013 se ha culminado la actualización del diagnóstico de inseguridad en Piura y Castilla, con la participación de diversos actores civiles (rondas y juntas vecinales).

Su implementación aun adolece, pese a los esfuerzos, de un adecuado nivel de articulación y avanza lentamente; pero hay aspectos saltantes que el Gobierno Regional de Piura viene impulsando y debería mejorar la situación:

  • Cesión en uso al Ministerio del Interior de la infraestructura de 55 módulos en el campamento Chira-Piura, para la Nueva Escuela de la Policía Nacional del Perú (PNP) donde estudiarán más de mil policías por año, de los cuales, al egresar, el 70% permanecerá en la región hasta el 2018.
  • Fortalecimiento de capacidades en Seguridad Ciudadana a:

  • 480 Serenos de los gobiernos locales de la región: se han implementado 2 de los 4 módulos.

  • 339 juntas vecinales: 4,124 vecinos vigilantes de 07 distritos de la región.

  • Rondas campesinas de las provincias: formalización, capacitación e implementación.

  • Equipamiento a PNP-Piura con motocicletas, camionetas y equipos de comunicación (antenas de retransmisión, radios bases, radios móviles y portátiles), equipos de identificación dactilar, y otros accesorios; pero aún son insuficientes.
  • Está en proceso la implementación de un Sistema de Video Vigilancia y Telecomunicaciones, cofinanciado por el Gobierno Regional (GORE) Piura y el Ministerio del Interior, a través de un convenio específico, con una inversión mayor a 20 Millones. Sus componentes centrales: Sistema integral de radiocomunicaciones troncalizado digital IP; Sistema de Video Vigilancia; Central de Emergencias; equipamiento logístico de la PNP y Capacitación. También municipalidades como Piura, Castilla y Sullana implementan video vigilancia.
  • El GORE Piura, viene contribuyendo a  la resocialización de los internos en el penal de Piura; en ese marco se ha instalado una planta para la fabricación de pintura. Además se está elaborando el proyecto para la compra de equipos bloqueadores telefónicos en penal Río Seco.

Sin embargo, queda mucho por hacer principalmente lograr articular la intervención de los actores gubernamentales y no gubernamentales; aprovechar la oportunidad de acceder a través de proyectos de inversión a recursos para implementar líneas de acción de los planes.


Maximiliano Ruiz Rosales

Economista. Vicepresidente Regional de Piura.




A propósito del reciente aprobado Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

El país ha pasado de una preocupación por la violencia política y pesimismo por las expectativas de crecimiento económico en la década de los 80’s, a una preocupación por la integridad física de la ciudadanía al percibirse víctima potencial del accionar de la delincuencia. Nuestro camino pasó del desgobierno de los 80’s a una situación de convivencia con la violencia política, a la par que un proceso de crecimiento económico en los 90’s con la implementación de las políticas impulsadas desde el FMI y la lucha contra la violencia.

El país fue viviendo una transformación social y económica que culminó con un reclamo ciudadano por democracia y órdenes sociales y estatales más estables y formales. Esto configuró el ánimo de la primera década del 2000; la continuidad del exitoso modelo en lo económico promovió también nuevas demandas ciudadanas: descentralización, inclusión, mayor democratización, ejercicio de la ciudadanía con libertad y seguridad de estas demandas. Hoy, la más importante para la opinión pública, es la de seguridad ciudadana.

Al consultar a la población en general por lo que implica el problema de la inseguridad ciudadana, esta señala la violencia callejera, la exposición al delito, al robo y a los asaltos violentos, así como el ver crecer esas formas de delito y el agobio por el temor de que las familias y seres queridos sean víctimas del accionar delincuencial.

Dicho temor es alentado además por la poca credibilidad que generan las instituciones encargadas de la seguridad pública en el país: la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el Congreso de la República; estos dos últimos ocupan el peor lugar en la opinión pública en cuanto a credibilidad, percepción de corrupción e incapacidad para combatirla internamente[1].

La seguridad ciudadana comprende mucho más que las acciones persecutorias y sancionadoras ante la violencia y hechos delictivos, va más allá de las reacciones inmediatas y emocionales cuando se incurre en un pensamiento victimizado; requiere de una auto reflexión como sociedad, ciudadanos, vecinos y miembros de una misma comunidad que aspira a convivir cívicamente con respeto mutuo y armonía.

Desde esta entrada se comprende mejor que la seguridad ciudadana, como política pública, supone una serie de servicios en muchos de los cuales podemos (debemos, entiéndase mejor) ser agentes mucho más activos de lo que somos hasta ahora, estos servicios son esencialmente: (a) la prevención de la violencia y el delito; (b) el control y la persecución del delito; (c) la rehabilitación y reinserción social; y (d) la atención a las víctimas[2]

En este punto es necesaria una digresión para pasar por las estadísticas a nivel latinoamericano. El Perú está bastante lejos de los primeros lugares y de tener tasas tan alarmantes como en los paises más violentos; sin embargo, ocupa uno de los peores lugares posibles en cuanto a victimización (penúltimo). La víctimización es el indicador estadístico, elaborado de forma muestral, que señala porcentualmente la población que en el último año ha sido víctima de un delito.

Observamos que, si bien estamos bastante lejos de los niveles de violencia delictiva más grave como en países de Centro y Sudamérica, si existe una alarmante y creciente sensación de inseguridad derivada de crímenes menos violentos, como el hurto y vandalismo, que si bien no ponen en riesgo necesariamente la integridad física de las víctimas, si culminan con el despojo o agresión.

Volviendo la mirada hacia nuestro país, muchos de los requerimientos de seguridad ciudadana están pendientes por ausencia del Estado, pero también está ausente de la atención ciudadana las actitudes necesarias para construir una sociedad solidaria, estable y segura.

Tal es el caso de la prevención, que si bien parte del Sector Educación (primordial para la formación de valores ciudadanos, tolerancia, respeto y condena de toda forma de violencia) haciendo de la escuela la principal contribuyente en este proceso formativo, es imposible pensar en tener grandes logros si en el esquema está ausente la institución familiar y la formación espiritual.

El control y la persecución del delito es el encargo principal de la Policía Nacional, el Ministerio Púbico y el Poder Judicial; sin embargo, es importante el soporte ciudadano mediante actitudes y conductas cívicas que eviten la pasividad ante la corrupción y se procure una convivencia en base al diálogo y la tolerancia.

La rehabilitación y reinserción social tienen que ver con la calidad del servicio del Poder Judicial, el cumplimiento de una condena en condiciones que permitan una adecuada recuperación del sentenciado; más importante aún, su reinserción plena y la posibilidad de recomponer el daño causado para resarcir a la víctima; más allá de toda culpa, recomponer y reinsertar productivamente al victimario. También tiene que ver con la implementación de mecanismos alternativos de justicia más humanos e ir progresando en la implementación de procesos de justicia restaurativa, sobre todo para los infractores menores de edad, con el cumplimiento de servicios comunitarios, conducentes a una relación de perdón y convivencia saludables.

La atención oportuna y adecuada a la víctima es un componente que requiere especialización, pues también debe ser rehabilitada. Esta inicia con el contacto adecuado de la Policía y las autoridades encargadas de la justicia, y de quienes se ocupan de su salud física y psicológica; invitando en todo momento a ser parte del proceso de justicia restaurativa con el fin de perdón y rehabilitación saludable de la víctima[3].

En este marco, desde el Estado se ha propuesto, el último 28 de julio, el “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018”, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-IN como Política Nacional del Estado Peruano. Este es el primer esfuerzo estatal en los casi 10 años de existencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) por proponer un plan multianual de mediano plazo, para tratar de desarrollar políticas y planes multianuales con el respaldo y participación de todos los sectores involucrados.

Este plan requiere, para su implementación, del seguimiento y la intervención de la ciudadanía para el cumplimiento de sus objetivos.

Lo positivo de una apuesta multianual de mediano y corto plazo es que permite el planeamiento de procesos de gran alcance territorial y temporal, así como implementar presupuestos para inversiones, alejadas del criterio cortoplacista y enfocándose en los requerimientos específicos de acuerdo a las distintas realidades sociales y geográficas del país.

Las líneas estratégicas[4] propuestas en el plan son:

  1. Disponer de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana articulado y fortalecido, consolidando la atención transectorial del problema.
  2. Implementar espacios públicos seguros como lugares de encuentro ciudadano. Este es uno de los objetivos fundamentales del plan. Entendemos como espacios públicos todos aquellos en que la ciudadanía se reune y encuentra para interrelacionarse y ejercer sus derechos en libertad y respeto, esto comprende desde los parques y veredas hasta los centros de recreo, deporte y las vías públicas. En esta línea es donde mejor se entiende la necesidad de la intervención transectorial de los distintos niveles de gobierno nacional, local y de la ciudadanía.
  3. Reducir los factores de riesgo social que propician comportamientos delictivos, en los que intervienen las instituciones preventivas y la organización local, además de los sectores de justicia y educación.
  4. Promover la participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación para lograr una convivencia cívica, armoniosa y socialmente saludable.
  5. Fortalecer a la Policía Nacional del Perú como lo requiere una institución moderna, con una gestión eficaz, eficiente y con altos niveles de confianza ciudadana.
  6. Mejorar el sistema de administración de justicia para la reducción de la delincuencia, involucrándose desde los procesos de administración hasta los procesos restaurativos y de reinserción.

Ciertamente, las intenciones de este documento deben ser difundidos y compartidos por la sociedad para promover el debate entre la ciudadanía. Será la decisión del gobierno por proponer un gran debate sobre el tema lo que puede ayudar al pais a formularse un objetivo común y compartido sobre seguridad ciudadana y reconocer hasta dónde llega el compromiso del Estado para respaldar su propia propuesta; por lo pronto el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana ha pasado de ser presidido por el Ministro del Interior a ser presidido por el propio Primer Ministro. Todos necesitamos que el gobierno tenga éxito por el bien del país.

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[1] “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018” aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana- CONASEC en sesión del 12 de julio de 2013 y por Decreto Supremo N° 012-2013-IN como Política Nacional del Estado Peruano el 28 de julio de 2013, p. 52 Nota 2, p. 51-ss.
[2] Mauricio García (2010). Metodología para el diagnóstico, prevención y control de la corrupción en programas de seguridad ciudadana. Washington, D. C. Banco Interamericano de Desarrollo BID.
[3] Ib. Id.
[4] Ib. Id. Nota 3. “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018” aprobado Decreto Supremo N° 012-2013-IN; del 28 de julio de 2013.


Mirko Carrillo Bronchú

Sociologo. Asesor y Consultor. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana




“Existe una gran cantidad de jóvenes con conciencia de sus derechos y posibilidades”

Entrevista a Rocio Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Por Diana Tantaleán
(Apostolado Social SJ)

La tarde del martes 16 de julio un medio de comunicación reveló, a través de unos audios, la negociación “bajo la mesa” de las diferentes bancadas del Congreso de la República en la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, los directores del Banco Central de Reserva y el titular de la Defensoría del Pueblo. A pesar de la denuncia, el Congreso realizó los cuestionados nombramientos al día siguiente. La población se indignó ante la denominada “repartija” y se volcó a las calles para expresarla en diferentes movilizaciones, obligando a las autoridades a dar marcha atrás y anular dichas designaciones.

Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, nos habla de las movilizaciones y comenta el papel de los jóvenes en la escena política.

¿Qué lectura hace de estas movilizaciones que se han dado? ¿Qué opinión le merece esta reacción de la ciudadanía?

Hay que diferenciar entre las tres movilizaciones que se realizaron pues han tenido contrastes. La primera, la del 17 de julio, no fue tan masiva pero pudo ser convocada en tres horas, eso es algo que las personas con experiencia en movilizaciones políticas no podían concebir. Algunos decían: “esto es una locura, no va a ir nadie”. Sin embargo, fue sumamente efectiva, pero no porque se haya convocado a través de las redes sociales, sino porque hay un colectivo de jóvenes de diferentes tendencias y grupos políticos, de universidades como la Católica, San Marcos o la Villarreal, que están organizados y sentían un gran malestar en relación con lo que estaba sucediendo en el Congreso.

La marcha del 22 de julio tuvo una convocatoria más amplia, fue convocada y respaldada desde la Coordinadora pero quienes la lideraban eran nuevamente los colectivos de jóvenes que provenían de diferentes grupos bastante organizados; ellos se han estado reuniendo mucho antes por diferentes temas, al igual que una serie de personalidades indignadas por lo que estaba sucediendo, como Claudia Cisneros, Jason Day, Francesca Brivio. También participaron otros jóvenes que forman parte de partidos políticos, de Patria Roja, etc.

Ambas movilizaciones, las del 17 y la del 22, tuvieron como objetivo específico parar “la repartija”.

La marcha del 27 de julio fue bastante organizada, y su objetivo era solidarizarse con los reclamos gremiales de los sectores de trabajadores de nuestro país. Esta fue convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE), así como una serie de centrales sindicales como construcción civil, la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y también por los colectivos de jóvenes y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

¿Cómo se desarrollaron las marchas? Se comentó que la violencia en una de ellas surgió porque la barra de Universitario estuvo presente.

En la marcha del 22 un grupo de jóvenes quería ir al Congreso y otro grupo planteaba una marcha más de visibilización. Yo estaba un poco preocupada porque el Ministro del Interior había dicho que la marcha no tenía permiso y se había dispuesto que estuviera la policía presente; también se dispuso que no se saliera de la Plaza San Martin, lo cual era muy difícil porque era una movilización. En un momento determinado se redirigió la marcha y decidieron ir al Congreso. Sin embargo, solo se llegó hasta el Ministerio Publico; allí se dispersaron algunos jóvenes por las bombas lacrimógenas pero otro grupo se quedó en la Avenida Abancay porque estaban tocando los sikuris y bailando. En ese momento escuché que un oficial le dijo a la tropa: “se acabó este asunto, comenzamos con las detenciones” y comenzaron a tirar bombas lacrimógenas y gas pimienta de manera exagerada. A mí también me han golpeado y no había ningún motivo para justificar ese tipo de represión, eso nos parece un abuso de autoridad.

La movilización del 27 fue multitudinaria y muy festiva. Eran cuadras de cuadras, deben haber sido como 25 cuadras. Yo después he conversado con los dirigentes del Colectivo Lolo Fernández, que no forman parte de la barra de la trinchera norte. Muchos de ellos son hijos de los socios del club. Ellos nos habían dicho para participar el 27 porque tienen un reclamo, una solicitud de privatización del equipo por sus deudas, y los dirigentes del colectivo sabían que estaban estigmatizados como violentos, así que buscaron portarse mejor que todos los demás.

Habría que preguntarse quienes iniciaron las acciones en la marcha del 27, si es que las hubo. Mi primera hipótesis es que sí hubo algunas acciones pero que no justificaban la represión final. Hubo algunas acciones aisladas de parte de un grupo que estuvo en el Campo de Marte y que trató de entrar a la movilización, pero la dirigencia de la CGTP decidió que vaya adelante, eran militantes del partido Aprista. Estos militantes tienen en algún momento un choque con la policía, pero se disipa.

Todo esto lo estoy revisando en los incontables videos que hay pues, a diferencia de situaciones políticas anteriores, hoy en día cada quien puede ser reportero de sus propias acciones y puedes encontrar una increíble cantidad de información sobre el tema. Eso me parece bastante sano porque si los medios te dicen una versión, tú puedes encontrar otras fuentes a través de internet.

También contrasta mucho la cobertura periodística de estas marchas con la marcha más grande que tuvimos hace 2 años en contra de que Keiko Fujimori subiera al poder como presidenta del Perú, previa a la segunda vuelta. Ahí también hubo una multitud de gente y los medios dijeron que había 300 personas. Claro, los medios tienen su propia agenda, la cual a veces coincide y a veces no coincide. Cuando no coincide van a tratar de aminorar el impacto de una movilización de tal magnitud. Hay que tener en consideración que no todos los medios son iguales, hay diferentes propuestas, pero los canales de televisión que pasan estos programas embrutecedores no tienen ningún interés en mostrar que la juventud no es bruta sino pensante, dialogante y de acción.

¿Por qué cree que se da una reacción tan violenta por parte de la policía para reprimir el avance?

No entiendo cuál es la explicación, creo que es un modus operandi. Esto sucedió en las tres marchas, la represión ha sido similar en las 3 ocasiones.

En la Coordinadora estamos preparando un informe detallado sobre el abuso de autoridad. Porque, verdaderamente, no podemos quedarnos callados; protestar es un derecho y para movilizarnos no necesitamos ninguna autorización, está permitido. Incluso hay sentencia del Tribunal Constitucional en ese sentido.

Lo que demostró la marcha del 22 fue que no era solamente una marcha de limeños, porque también hubo réplicas en Tacna, Arequipa, Cajamarca, Cusco, en todos lados. Entonces sí creo que hay una indignación ciudadana en relación con una serie de errores que está cometiendo la clase política.

Al juntarse diferentes agrupaciones, sobre todo en las últimas marchas, también se podía correr el riesgo de que algunos grupos la usaran para su propio beneficio para visualizarse ellos.

Siempre hay alguien que quiere hacer eso, pero ya depende de la organización de la movilización. Por ejemplo, en la última sabíamos que se podía infiltrar el MOVADEF[1] o alguno de estos grupos, pero nosotros dejamos bien claro que esta era una marcha democrática e institucional, y nosotros no somos violentistas ni estamos pretendiendo iniciar otra guerra popular, todo lo contrario, queremos que se fortalezcan las instituciones y se respeten los derechos humanos.

Se ha visto muchos jóvenes de diferentes colectivos y agrupaciones en las movilizaciones. ¿Cree que esta generación está despertando a la participación política a diferencia de otras generaciones?

Todos estos jóvenes estaban articulados y forman parte de diferentes grupos y colectivos, son muy movidos y creativos, como la rata gigante que hicieron para la marcha del  27, y en el último plantón hicieron una bomba lacrimógena gigante. Son acciones irreverentes y simbólicas, al mismo tiempo que le dan una increíble fuerza. Eso también estuvo en la marcha de Fujimori Nunca Más, como ese grupo de chicas de la Universidad de San Marcos que se colocaron dibujos de úteros ensangrentados, fue verdaderamente un icono extraordinario para poder representar algo muy difícil como las esterilizaciones forzadas. Hay una gran cantidad de jóvenes que se han politizado, en el mejor sentido del término, que tienen conciencia de sus derechos y de sus posibilidades. ¿Qué es lo que quieren? una democracia representativa, efectiva y verdadera. En este punto se vinculan tanto los jóvenes de espacios políticos de izquierda como algunos jóvenes apristas, PPKausas, etc. Pero en el cuestionamiento al modelo neoliberal y al modelo activista sí se pondrían ciertas diferencias; pero en general ha habido una plataforma ya existente de jóvenes articulados a través de colectivos.

Aquí existe una diferencia, por ejemplo, con mis alumnos de los años 90 en San Marcos que no salían a marchar ni a rastras, ¿por qué? porque venían de la experiencia terrible de los 80 en la que nosotros mismos que salimos a marchar tuvimos que atravesar una politización de la universidad, que fue muy desfavorable y causó una crisis interna y muertos universitarios. En ese sentido lo que sucede hoy en día es un replanteamiento de la política dentro de paradigmas democráticos que son sumamente sanos y saludables.

¿Cree que esta manera de expresar la disconformidad con el gobierno es pasajera?, ¿cómo asegurar que no decaiga este interés por decir “tengo voz y tengo el derecho a protestar y a manifestarme”?

Yo creo que hay que confiar en la juventud, creo que no es un tema simplemente de una mañana o de una noche o de un momento espontaneo de indignación. Si tú escuchas los discursos de los jóvenes verás que son muy inteligentes, con una pasión política interesante. Han asumido también varias luchas; por ejemplo, casi todos han asumido las luchas del movimiento feminista. Ahí hay una pedagogía por entender también la lucha del otro y eso me parece fundamental, lo dicen en sus arengas: “luchando y marchando también nos educamos”, eso es importantísimo, vital. A mí, vieja profesora universitaria, me da lecciones de cómo los propios colectivos de jóvenes piensan la alteridad, eso es fundamental.

Yo creo que en futuras movilizaciones, dependiendo del origen y si es justa o no, lo que se tiene que dar es una movilización de todos los sectores de la ciudadanía, pero no para que cierren el Congreso ni nada de eso, por el contrario, para que se fortalezcan las instituciones y evitar la corrupción, para visibilizar toda una serie de problemas que solo son visibles cuando se pone el dedo en la llaga. La movilización del 17 fue una marcha pedagógica para la clase política. Los jóvenes le enseñaron a la clase política lo que significa una “repartija” y lo que significa un acuerdo serio, fue una sanción moral y ética fuertísima.

Movilizarse colectivamente bajo consignas sociales y políticas, en un contexto donde la represión policial y militar se torna en un hecho innegable, es un asunto, por lo menos, delicado. Sin embargo, la adrenalina causada por la indignación y la vergüenza de tener un presidente sin liderazgo, por las descaradas repartijas que se pretendieron en el Congreso de la República, por leyes que, tímidamente, buscan una suerte de consenso con los grupos vulnerables, como lo son los trabajadores sindicalizados, los estudiantes, las mujeres, los niños y las personas cuyas realidades son abrumadoramente precarias, y solamente son pateadas a un lado, hace que la pulsión interna llame a la conciencia cívica. Avisar a los compañeros; quedar una hora antes, ‘compa’, para organizarnos bien en la plaza y cuidarnos de los infiltrados; revisar la hora para no llegar tarde; suave con encontrarnos con las calles cerradas, compañera, no vayamos a cruzarnos con la gente asustada corriendo sin saber qué sucede con estos jóvenes y los tombos que los persiguen; llevar los documentos y los números de emergencia por si hay ‘levante’, compañera, tú sabes, para (aunque sea) evitar pasar peores ratos y, cualquier cosa, hacer las denuncias al toque; ya está el vinagre y los guantes para las lacrimógenas; las zapatillas que ya han corrido huyendo de la policía montada; pañuelos que puedan cubrir la cara para proteger la nariz y los ojos de los gases y, sobre todo, coraje y valentía compañeras y compañeros, porque sí habrá represión y será desmedida.

Y sí la hubo, y fue brutal e injusta. Sin embargo, no se retrocedió. Desde mi perspectiva vi cómo, desde el 4 de julio, las personas, los colectivos y comités, las organizaciones de una precaria sociedad civil, se organizan para, a su manera, (re)generar aquellas memorias que pocos están dispuestos a revivir, evidenciar ausencias de libertades, mostrar fuertes descontentos con la estructura nacional; generar, en otras palabras, la necesidad de levantamientos masivos para nutrirlos, como dice Johann Baptist Metz, con la fuerza subversiva de los sufrimientos evocados.

Durante las últimas marchas hubo desorganización y hubo miedo, pero también hubo fe y esperanza. Y estas son las razones por las cuales las personas seguiremos insistiendo en marcar la línea por donde el actual gobierno, y la estructura estatal, debe andar; una línea de solidaridad, comprensión, humanidad, reconocimiento de la otra persona y, por supuesto, de amor.

Carla Toche Casalino
Estudiante de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

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[1] Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales


Rocío Silva Santisteban

Periodista y poeta. Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.