¿Qué es la COP 20?

¿En qué consiste la Conferencia de las Partes, llamadas COP?

Los tratados internacionales suelen ser cada vez más complejos y requieren que los Estados que los han suscrito se reúnan periódicamente a revisar los avances en el cumplimiento de las metas de estos tratados. Estas reuniones se llaman Conferencia de las Partes (COP). Muchos tratados tienen una COP que les da seguimiento como es el caso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que entró en vigor en 1994 con el objetivo de reducir las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera.

¿Qué se discute?

La COP 20 tiene que dar seguimiento a muchas de las acciones y mandatos aprobados en las 19 COPs que se dieron antes que ella, entre ellos:

  1. Recabar y compartir la información sobre las emisiones de GEI, las políticas nacionales y las prácticas óptimas.
  2. Poner en marcha estrategias nacionales para abordar el problema de las emisiones de GEI y adaptarse a los impactos del cambio climático previstos, así como determinar la prestación de apoyo ?nanciero y tecnológico a los países en desarrollo.
  3. Cooperar para prepararse y adaptarse a los efectos del cambio climático

Adicionalmente hay un mandato específico para que la CMNUCC en sus reuniones 19 (Varsovia), 20 (Lima) y 21 (Paris) establezcan los mecanismos financieros necesarios para lograr la transición hacia una económica baja en el consumo de carbono y que ayude a financiar el combate al cambio climático.

La COP 19 aprobó el mecanismo llamado Reducción de Emisiones derivadas de la Degradación y Deforestación (REDD) que busca ayudar a combatir estos factores de cambio de uso del bosque.  La COP 20 debe cerrar los acuerdos necesario para que se aprueben las características y detalles más específicos sobre cómo operaran estos esquemas REDD. Es decir, si serán con fondos dedicados específicos o con fondos que se cotizan en bolsa, o una combinación de ambos y otras nuevas propuestas.

La promoción de los esquemas REDD requiere la seguridad de la tierra, la lucha contra el cambio ilegal de uso de la tierra, la promoción de las actividades de conservación y manejo sostenible de los bosques con el fin de lograr sus objetivos[1].

¿Quiénes convocan y debaten los temas?

La COP la convocan los Estados miembros de la CMNUCC. Sin embargo, la COP agrupa a toda la sociedad y brinda un espacio formal de negociaciones y un espacio alternativo de expresión de la sociedad civil.

Para ello se realizan una serie de eventos previos como la Pre COP Social, así como eventos paralelos, como es el caso de la Cumbre de los Pueblos.

¿Existen especialistas en el proceso?

Existen especialistas agrupados en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) que agrupa a más de 2500 científicos del mundo que lideran la discusión científica en el tema y emiten sus reportes periódicos. Luego están los expertos de los Estados que inciden en los procesos de negociación. Los actores como las ONGs ambientales, las ONGs pro industria y los movimientos sociales también elaboran documentos y propuestas que se llevan al debate en estos procesos. Tal es el caso de la propuesta de REDD Indígena Amazónica que ha sido recogida por PNUD y BM.

¿Cómo es el proceso?

Todos los Estados son invitados a participar en las negociaciones de la Conferencia de las Partes. Sin embargo, solo los Estados que han rati?cado la CMNUCC o el Protocolo de Kioto pueden tomar decisiones.

Los Estados suelen organizarse en grupos regionales para elegir a los miembros de la presidencia que dirigen las negociaciones. Estos grupos son África, Asia, Europa central y oriental, Latinoamérica y el Caribe, y Europa occidental con Australia, Canadá, EEUU, Islandia, Noruega, Suiza y Nueva Zelandia. Sin embargo, con excepción del grupo africano, estos no funcionan como grupos de negociación.

En las negociaciones de la CMNUCC los Estados se agrupan a partir de la afinidad en temas específicos; como la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS); el Grupo de los 77 y China (G-77-China); la Unión Europea, o el Grupo de Integridad Ambiental.

¿Qué sigue luego de la COP convocada en Lima?

La COP 20 en Lima debe definir la arquitectura legal e institucional de los mecanismos financieros para reducción de GEI; por ejemplo, a través de REDD pero también de otros mecanismos que las partes aprueben durante el proceso de la COP 20. Los resultados y acuerdos de la COP 20 deben dar lugar a que en la COP 21, en Paris, se cuente ya con todos los mecanismos necesarios para financiar dicha reducción de GEI.

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[1] Perú promulgó una ley de Consulta Libre en 2011 y comenzó a implementarla en 2013. Este proceso es particularmente relevante en la redacción de los reglamentos de la ley forestal y la arquitectura jurídica e institucional de los servicios de los ecosistemas y los esquemas REDD. La ley y sus reglamentos introducen el principio de la interculturalidad, el conocimiento tradicional, entre otros, así como al respeto de los derechos de los pueblos indígenas.


Carlos A. Soria Dall’Orso

Miembro de WWF Perú. Docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP.




El compromiso climático del Perú y la COP 20

El cambio climático es un problema planetario causado por el hombre, cuyas consecuencias e impactos se hacen cada día más evidentes en la mayor parte del mundo, especialmente en países como el Perú.

La alta vulnerabilidad del Perú al cambio climático se debe a la diversidad de climas y ecosistemas que alberga, a la repercusión de eventos hidrometeorológicos como el Fenómeno del Niño, y al porcentaje de población pobre rural dedicada a actividades ligadas al sector agropecuario -fuertemente dependientes del clima-. Un estudio del BCR, publicado en julio de 2009, estima que en un escenario de largo plazo caracterizado por un aumento de 2°C en la temperatura promedio mundial y 20% en la variabilidad de las precipitaciones, se produciría una pérdida de 6% respecto al PBI potencial en el año 2030, mientras que en el año 2050 estas pérdidas superarían el 20%. En cambio, la adopción de medidas globales que estabilicen el clima al 2030 permitiría reducir estas pérdidas a menos de la tercera parte[1].

Los efectos del cambio climático en el Perú se hacen evidentes con el aumento de la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, tales como las lluvias torrenciales, los huaycos, heladas, sequías y el retroceso de glaciares. Estos eventos, que se han incrementado más de seis veces entre 1997 y 2006, afectan directamente la agricultura, la ganadería, la pesca, la salud, la infraestructura vial, la integridad de los ecosistemas y en consecuencia la subsistencia de los más pobres.

Si bien a nivel nacional y mundial el conocimiento sobre los impactos  del cambio climático se ha incrementado en los últimos años, la realidad es que los esfuerzos globales para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) -que son los causantes directos del calentamiento global y en consecuencia del cambio climático-, no son suficientes para asegurar un futuro seguro. Y es que reducir las emisiones de GEI, especialmente el CO2, implica hacer transformaciones tecnológicas, políticas, institucionales y conductuales que son complejas y difíciles de poner en práctica.

De acuerdo al Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), los efectos del cambio climático serán peores e irreversibles a medida que se incremente la temperatura global del planeta. Por ese motivo, la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático) propuso limitar las emisiones de GEI para no superar un incremento de temperatura promedio global en 2°C con respecto a los niveles de la era pre-industrial. Frente a este escenario, es fundamental proyectar e implementar acciones a corto, mediano y largo plazo ya que, de no hacerlo, la población mundial tendrá que recurrir a medidas más costosas para reducir sus emisiones significativamente en el futuro.

En ese sentido, el Perú y otros países latinoamericanos como Chile, Colombia, Brasil, México, Costa Rica, están demandando un esfuerzo conjunto global de mitigación. Es decir, para el Perú y para el bienestar presente y futuro de sus pobladores es fundamental que los países del mundo lleguen a un acuerdo vinculante para tomar medidas que reduzcan las emisiones de GEI. Este esfuerzo global ya se viene dando en el seno de la CMNUCC y por esa razón el Perú ha aceptado ser anfitrión de la Vigésima Reunión de la Conferencia de la Partes – COP20.

Aunque el cambio climático es un problema mundial, requiere también de acciones nacionales y locales como parte de la solución. Es necesario que todos los países sean capaces de planificar un desarrollo “compatible con el clima” que aproveche las oportunidades de un mundo bajo en emisiones de GEI y minimice los riesgos del cambio climático mundial. Por esta razón, hoy en día diversos gobernantes y decisores políticos en el mundo están analizando las opciones para promover “economías bajas en carbono” o “estrategias de desarrollo bajas en carbono”.

En este sentido, el gobierno peruano viene adelantando, desde el año 2012, el Proyecto Planificación ante el Cambio Climático (PlanCC) el cual  tiene como objetivo generar evidencia cuantitativa sobre los posibles escenarios de mitigación del cambio climático en el Perú. A través de este proyecto se están construyendo, mediante un proceso participativo, las bases técnicas y científicas para explorar la factibilidad de un desarrollo “limpio” o “bajo en carbono” e incorporar el enfoque de cambio climático en la planificación del desarrollo del país.

PlanCC ha identificado hasta la fecha cinco escenarios al 2050 y 77 opciones de mitigación en seis sectores: energía, transporte, industria, residuos, forestal y agricultura. Estos resultados constituyen un insumo para diseñar políticas públicas y futuras inversiones, permitiendo al país reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sin comprometer su crecimiento.

Si bien la contribución peruana a las emisiones de GEI es marginal (0.4% en el año 2000), el país ha manifestado su voluntad de participar, con el apoyo bilateral y multilateral requeridos, en el marco de un esfuerzo ambicioso de mitigación global bajo la CMNUCC. El Perú está apostando a que esta actitud proactiva de un país en desarrollo exitoso, aumente la voluntad política de actuar de los demás países del mundo.

En resumen, la COP20 es un espacio de negociación que busca lograr un acuerdo climático global vinculante. El Perú, como país anfitrión, jugará un papel crucial de facilitador de un proceso complejo, que se inició en Varsovia en el 2013 y terminará en París en el 2015, en el cual se deben establecer acuerdos entre 195 países con realidades, necesidades y expectativas distintas. Se espera entonces, que el borrador acordado en Lima se apruebe en París (2015) y reemplace al Protocolo de Kioto, con compromisos concretos, medibles y vinculantes a ser implementados desde el 2020, y que permita evitar un aumento de temperatura promedio del planeta de más de 2°, lo que se estima causaría impactos socioeconómicos y ambientales negativos e irreversibles de gran magnitud para todo el mundo y en particular para el Perú.

El compromiso climático que tenemos como país ante la COP20 es el de orientar y facilitar las negociaciones e inspirar contribuciones nacionales ambiciosas de reducción de emisiones. Además, debemos fortalecer las capacidades para que los países en desarrollo puedan adaptarse y ser menos vulnerables a los impactos del cambio climático y a la vez asegurar mayor financiamiento y transferencia tecnológica.

Para finalizar, recordemos que el cambio climático, sus consecuencias y posibles soluciones es una discusión que nos convoca a todos. Más allá del tema ambiental, es un reto que tiene que ver con la economía, la sostenibilidad del desarrollo y el futuro de la humanidad en el único planeta que tenemos.

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[1]VARGAS, P. Banco Central de Reserva del Perú. El Cambio Climático y sus Efectos en el Perú. Lima, 2009.


Luisa Elena (Lupe) Guinand Quintero

Proyecto Planificación ante el Cambio Climático.




La Pan-Amazonía en medio de los desafíos a nuestra sobrevivencia

La sociedad en que vivimos, denominada occidental, está asentada en diferentes fundamentos que se consolidaron de tal manera que nos parecen como algo natural. Esos cimientos orientan las visiones dominantes que tenemos sobre nosotros mismos y sobre aquellos que consideramos diferentes y/o exóticos, organizan nuestro cotidiano, estructuran el modelo económico hegemónico, constriñen nuestro pensamiento en cuanto al futuro, establecen los presupuestos de las investigaciones académicas, condicionan a las políticas gubernamentales y demarcan la relación que tenemos con la naturaleza. Queremos destacar tres de esos pilares: a) La idea positiva de progreso, b) la superioridad del pensamiento científico sobre el conocimiento ancestral y/o popular, c) la noción de que los seres humanos no hacen parte de la naturaleza. De ninguna manera estos pilares pueden ser comprendidos desconectados unos de otros.

Los fundamentos en cuestión surgieron y/o se consolidaron con el capitalismo, son parte constitutiva del sistema capitalista desde sus inicios. La idea positiva de progreso[1] significó una ruptura con el pensamiento dominante medieval de un futuro sin esperanza, sin mayores perspectivas. Con el capitalismo el progreso aparece como un fin en sí mismo, en un único sentido. Toda persona, sociedad, Estado nacional o institución lo deben anhelar y perseguir. Es una visión que atraviesa todo el tejido social. No hay individuo que no quiera progresar. De otro lado, el progreso se tornó un poderoso instrumento político-ideológico para justificar, por ejemplo, la instalación de grandes proyectos públicos y privados de infraestructura que alteran irremediablemente los modos de vida de los pueblos originarios, campesinos, ribereños y otros. Además, la noción positiva de progreso sirve para descalificar cualquier práctica y/o discurso que se contraponga a la lógica hegemónica de la globalización capitalista.

De otra parte, la noción de que el pensamiento científico es superior al conocimiento ancestral se ha transformado en un instrumento de dominación. El conocimiento de los pueblos indígenas y de otros segmentos sociales es concebido, grosso modo, como algo sin valor ya que es incapaz de llegar a la verdad[2]. Tales conocimientos, por encontrarse fundamentados en otras bases, como el Buen Vivir, son extremadamente peligrosos para el modelo civilizatorio predominante.

Las universidades públicas vienen siendo paulatinamente capturadas por las grandes corporaciones económicas interesadas en la producción de los “conocimientos científicos” que viabilicen su control tanto sobre las vastas extensiones de territorios ricos en recursos naturales, con gran valor en el mercado internacional, como para posibilitar influencias y/o determinar las políticas gubernamentales. Vale destacar, todavía, el papel desempeñado por instituciones como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Mundial de Comercio (OMC) y del Fondo Monetario Mundial (FMI) en ese proceso de construcción de conocimiento que promueve y fortalece a los mecanismos de mercado.

Hasta el inicio de lo que se llama edad moderna, la idea preponderante era que nosotros, seres humanos, hacíamos parte de la naturaleza. Con la ascensión y consolidación del capitalismo esa perspectiva fue completamente subvertida. Pasamos a concebirnos como algo aparte de la naturaleza. Esta es vista como algo que debe ser dominado, subyugado, controlado y cuya función es solo la de atender nuestros intereses individuales y colectivos. En base a este presupuesto, comenzaron a ser producidas las “soluciones de mercado” al grave problema de las crisis climáticas y ambientales, soluciones como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), mercado de carbono, Bolsas de Valores Verde. Economía de los Ecosistemas y de la Biodiversidad (TEEB) y la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD).

De un modo general, los gobiernos considerados progresistas de América del Sur profundizaron el modelo hegemónico de desarrollo fundado en la explotación intensiva de los recursos naturales. En la Pan-Amazonía países como Bolivia y Ecuador, cuyas constituciones nacionales incorporan la idea de Buen Vivir, el modelo neo-extractivista avanza a grandes pasos. En Brasil, la legislación ambiental viene siendo paulatinamente deconstruida en beneficio de la expansión de los agro-negocios, las industrias electro-intensivas, la minería, la explotación maderera y la construcción de hidroeléctricas. En Perú, las acciones ejecutadas por petroleras ponen en riesgo los modos de vida de los pueblos indígenas en situaciones de aislamiento voluntario. En Colombia y en Venezuela la situación no es muy diferente. La expansión del monocultivo de palma africana y la explotación de petróleo, respectivamente, demuestran esta situación. En fin, todos los países pan-amazónicos se encuentran cada vez más dependientes del mercado internacional, de la exportación de commodities, de la explotación intensiva y no renovable de sus recursos naturales.

La Pan-Amazonía es vista al mismo tiempo como obstáculo y como oportunidad de negocios. Obstáculo por causa de su dimensión territorial, su baja conectividad interna por la frágil infraestructura existente de transporte, energía y comunicación, y como por consecuencia de los grandes “obstáculos naturales”: el bosque amazónico y la Cordillera de los Andes. Es oportunidad por la enorme frontera que une a diversos países, posición estratégica que hace posible que las mercaderías aquí producidas puedan acceder a los mercados de todos los continentes.

En ese escenario, la cuestión ambiental se torna todavía más relevante dado que hemos llegado al punto de colocar en riesgo nuestra propia sobrevivencia en cuanto especie. La noción positiva de progreso, la creencia de amplios sectores de la sociedad en el poder de la ciencia para revertir la crisis climática y ambiental ignorando las perspectivas holísticas y las críticas lanzadas por los pueblo originarios a nuestro modelo civilizatorio que profundiza la brecha entre sociedad y ambiente, aumentan las oportunidades de vivir catástrofes de diferentes dimensiones.

El modelo neo-extractivista, que se profundiza en nuestros países pan-amazónicos, solo aumenta los problemas socio-ambientales a través de la contaminación del agua por empresas petroleras, la deforestación en gran escala, la polución del aire, la sustitución del bosque por especies exóticas, la concentración de las tierras, la expulsión de los habitantes de áreas rurales para los centros urbanos, el recrudecimiento de la violencia, la diseminación de los conflictos y las violaciones de los derechos humanos. El mantenimiento de este modelo será nefasto para todos nosotros.

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[1] “Las raíces de la idea de progreso pueden ser detectadas en tres corrientes del pensamiento europeo que asumen una visión optimista de la historia a partir del siglo XVIII. La primera de ellas se afilia al iluminismo, que concibe la historia como una marcha progresiva para lo racional. La segunda brota de la idea de acumulación de riqueza, en la cual está implícita la opción de un futuro que encierra una promesa de un mayor bienestar. La tercera, en fin, surge con la concepción de que la expansión geográfica de la influencia europea significa para los demás pueblos de la tierra, implícitamente considerados “retrasados”, el acceso a una forma superior de civilización”. FURTADO, Celso. Introdução ao desenvolvimento: enfoque histórico-estructural. 3.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000, p. 9.
[2] “[…] Esta nueva visión del mundo y de la vida conduce a dos distinciones fundamentales. De un lado, entre conocimiento científico y conocimiento del sentido común; y entre naturaleza y persona humana, por otro. Al contrario de la ciencia aristotélica, la ciencia moderna desconfía sistemáticamente de las evidencias de nuestra experiencia inmediata. Tales evidencias que están en la base del conocimiento vulgar, son ilusorias […]. SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2009.


Guilherme Carvalho

Coordinador de la ONG FASE Programa Amazonía (Brasil).




Derechos humanos: cuestiones de principio

Conceptos básicos y contextos

El lunes 27 de octubre, los familiares de ochenta víctimas de la violencia terrorista y de la represión estatal recuperaron los cuerpos de sus seres queridos en Ayacucho. El hecho fue prácticamente ignorado por los principales medios de comunicación, fue pasado por alto por amplios sectores de la “clase política”, y apenas fue recogido por una minoría de ciudadanos. Esta situación no sorprende, aunque resulta particularmente lamentable. Hace tiempo que los casos de derechos humanos no son noticia. Cabe preguntarse si el “Perú oficial” –el conformado por las élites políticas y empresariales que habita nuestras ciudades más prósperas– ha elegido la amnesia moral y política como proyecto.

Desde los años del conflicto armado interno, el discurso de defensa de los derechos humanos ha sido asociado incorrectamente con el imaginario social de la izquierda. Es cierto que en nuestro país los sectores progresistas –desde los movimientos políticos y sociales y desde las instituciones de la sociedad civil, incluidas las Iglesias– han contribuido decisivamente a la protección de los derechos básicos de los más débiles, pero la causa de los derechos humanos trasciende cualquier cantera intelectual o ideológica. Es un derrotero práctico de la democracia. La noción de “derechos naturales” –el ancestro de los derechos humanos– fue originalmente una categoría liberal, desarrollada por John Locke[1] en el Segundo tratado y por otros después de él, que se convirtió luego en un estandarte de batalla en la lucha por la independencia estadounidense y por la Revolución Francesa.

Immanuel Kant (1724 – 1804) planteó como un principio moral incondicional la exigencia de tratar a todo individuo racional siempre como fin y nunca exclusivamente como medio. Este principio estipula que los seres humanos no tienen un mero valor de utilidad -como los objetos-, sino un valor de dignidad, que los identifica como merecedores de respeto por el hecho de ser personas. Ello implica que no deben ser objeto de negociación o de sacrificio en nombre de ideales presuntamente “superiores” como lograr la salvación eterna, proteger la doctrina correcta o propiciar la Revolución. No existe propósito que pueda anteponerse al cuidado de la dignidad.

La tesis de la dignidad intrínseca de los seres humanos es perfectamente compatible con los argumentos de quienes impulsaron la abolición de la esclavitud, así como los movimientos sociales en favor de los derechos de las mujeres a participar en la vida pública y aquellos grupos de trabajadores que defendieron la jornada laboral de ocho horas. Hoy, de una manera similar, es invocado también en términos de la defensa de las minorías sexuales y culturales que demandan igualdad de derechos y el reconocimiento de sus formas de vida al interior de un Estado de derecho constitucional.

La historia de los derechos humanos, tal y como los conocemos, es indesligable de un terrible hecho: el Holocausto de judíos, gitanos, comunistas durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis condenaron a muerte a millones de personas sólo por el hecho de poseer un determinado origen étnico o por suscribir un credo o un sistema de creencias específico, o por llevar un estilo de vida diferente a los que predicaban los representantes de la supuesta “raza superior”, que heredaría el dominio sobre la tierra. Este proyecto de destrucción del Otro pasaba por el esfuerzo sistemático e institucionalizado de privar a sus víctimas del más leve signo de condición humana; ese era el propósito de los campos de concentración.

El hallazgo de los campos de concentración reveló una realidad dolorosa e insoportable: que en plena época de la ciencia, los seres humanos se dañaran y destruyeran con una desencarnada crueldad a causa del odio racial y la más vesánica represión de la diversidad. La creación de la ONU y la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos –encargada a un Comité intercultural y multidisciplinario– han de ser entendidos desde los esfuerzos coordinados por las naciones por establecer garantías de no repetición, un diseño e implementación de reformas institucionales y legales de alcance internacional conducentes a impedir que una catástrofe humana de similar gravedad vuelva a producirse en el mundo. Con el tiempo, alrededor de estas iniciativas se ha ido construyendo una verdadera cultura ética, un complejo entramado de prácticas sociales, mentalidades, preceptos e instituciones que ha contribuido a que la idea de los derechos humanos se arraigue sólidamente en el mundo social y político contemporáneo.

Universalismo moral y compromiso práctico

Las democracias vigentes han adoptado los principios de los derechos humanos como un componente básico de su ordenamiento jurídico. Se ha constituido asimismo un sistema internacional de justicia que hace posible que los propios individuos puedan denunciar a los Estados si es que consideran que éstos vulneran sus derechos o restringen ilegalmente sus libertades. De este modo, las personas pueden verse protegidas frente a potenciales abusos estatales. Estos mecanismos no siempre son comprendidos adecuadamente, y es común que sean rechazados por los sectores más conservadores y recalcitrantes de la sociedad. Sin embargo, constituyen un avance crucial en la historia de la defensa de los derechos humanos. Con todo, estos mecanismos y procedimientos no son autosuficientes; requieren de una ética de la memoria que se comprometa con la escucha de las víctimas y con el ejercicio de su derecho a la verdad y a la justicia. En el caso del Perú, el fortalecimiento de esa ética sigue siendo una tarea pendiente, a once años de publicado el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Los derechos humanos constituyen poderosas e iluminadoras herramientas sociales para el cuidado de la vida, la dignidad y las libertades de todos los seres humanos sin excepción. La promoción de estos derechos constituye un ‘signo de civilización’ que trasciende las ideas políticas y los enfoques intelectuales. Algunas personas perciben una matriz teológica que sostienen los derechos humanos, otras prefieren asociarlos a una fundamentación metafísica densa –una imagen de la condición humana o de la naturaleza de la razón-, un tercer enfoque plantea interpretar los derechos humanos en una clave pragmatista y contextualista, como una conquista histórica de una cultura humanitaria. La mayoría de los ciudadanos de las democracias concentran su atención en la expresión práctica de la cultura de los derechos humanos antes que en los debates sobre su cimentación teórica. En realidad, los derechos son susceptibles de una justificación filosófica plural en cuanto a sus fuentes. Se trata de vindicar en el terreno específico de la praxis nuestra potestad de elegir el modo de vivir y contar con las condiciones sociales para llevar esa vida sin violencia ni arbitrariedad.

“No podemos decir que la noción de derechos humanos esté metafísicamente desnuda; sin embargo, en cuanto a lo conceptual debe –o debería llevar– pocas ropas. No cabe duda de que no necesitamos concordar en que se nos haya creado a imagen y semejanza de Dios, o en que tengamos derechos naturales que emanan de nuestra esencia humana, para concordar en que no queremos ser torturados por los funcionarios del gobierno, ni estar expuestos a arrestos arbitrarios, ni que se nos quite la vida, la familia o la propiedad[2].

Esta vocación universalista requiere de un intenso compromiso ético que implica el cultivo de la empatía -la capacidad de ponerse en el lugar de las víctimas-, así como el cuidado de un estricto sentido de justicia. Creer que toda persona es un titular de derechos inalienables supone estar convencido de que nadie está fuera de nuestra comunidad moral, que nadie escapa a nuestro círculo de lealtades y obligaciones. Ello significa que denunciar el sufrimiento inocente constituye una prioridad para nosotros. Se trata de una nueva manera de considerar a todo ser humano como un compañero de ruta cuya existencia y destino realmente nos interesa.

[1] John Locke (1632 – 1704). Pensador inglés, postuló que todo hombre nace dotado de unos derechos naturales que el Estado tiene como misión proteger.
[2] APPIAH, Kwame. “La ética de la identidad” Buenos Aires, Katz 2007 p. 369.


Gonzalo Gamio Gehri

Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde coordina la Maestría en filosofía con mención en ética y política. Es autor de los libros Tiempo de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional (2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica (2007). Es autor de diversos ensayos sobre filosofía práctica y temas de justicia y ciudadanía publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas del Perú y de España.