Nuestros ausentes

El día 27 de octubre, en la ciudad de Huamanga (Ayacucho), se realizó una restitución de cuerpos; es decir, el Estado entregó a sus familiares a 67 víctimas del conflicto que murieron a manos de Sendero Luminoso o de agentes del Estado, y que fueron exhumados e identificados en los últimos años.

Por las calles de Ayacucho desfilaron 67 ataúdes blancos sobre los hombros de sus seres queridos, de algunos alumnos de colegio y de unas cuantas personas que acompañaron este acto. La mayoría seguía con su rutina diaria, como si 67 ataúdes no fueran razón para preguntarnos, para reaccionar. Tal vez, todavía no lo son. Ese día, el Fiscal de la Nación, quien participó por primera vez en un acto de esta naturaleza, reveló algunas cifras sobre el trabajo forense del Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, entidad del Estado encargada de las exhumaciones e identificaciones de las víctimas:

Desde el año 2006 hasta julio del 2014 se han exhumado 2,925 cuerpos; se han identificado 1,689 y se han entregado a sus familiares (restituido) 1,485.

El proceso de búsqueda de un desaparecido en nuestro país pasa por la decisión de los familiares de asumir un proceso judicial y poner una denuncia ante la fiscalía para buscar y exhumar a la víctima. Para ello, los familiares deben presentar testigos que narren lo ocurrido o que hagan referencia al lugar de entierro, señalar dónde está enterrada la víctima y quiénes son los posibles responsables.

Análisis forense para identificar a las víctimas del Conflicto Armado.

El año pasado, las Fiscalías Encargadas de Derechos Humanos en Ayacucho archivaron 1,335 casos[1] por falta de pruebas, por falta de información, cerrando así cualquier posibilidad de alcanzar justicia para los familiares.

El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presentado al país el 2003, nos informó de 8.558 desaparecidos. Diez años después, las cifras del Estado, a través del Ministerio Público, nos dicen que son 15,731[2]; sin embargo, esta cifra no ha sido depurada ni contrastada con otras listas. El Equipo Peruano de Antropología Forense- EPAF, en el 2007, presentó al Comité Internacional de la Cruz Roja una lista contrastada de 13,271 nombres. El Registro Único de Víctimas, a marzo del 2013, tiene registrados 7,399 desaparecidos.

Todas estas cifras distintas, a lo largo de los últimos 10 años, nos demuestran que no conocemos cuántos son los desaparecidos en nuestro país o a cuántos debemos buscar, y ese desconocimiento hace que no tengamos estrategias de búsqueda. Si nos basamos en esta última cifra, 15,000 desaparecidos, lo que se ha avanzado hasta la fecha es sólo el 10% de todo lo que se necesita hacer.

Nos preguntamos, entonces, si el problema de los desaparecidos solo es un problema de sus familiares o de sus comunidades. ¿No es acaso un problema de todos, del país, que nos falten 15 mil peruanos y que no nos preocupemos por saber dónde están? ¿Acaso el saber no es un derecho de la familia?, ¿los seres humanos no tenemos derecho a recuperar los restos de los seres queridos y a un entierro digno para terminar con esta tortura permanente? ¿Qué se ha hecho entonces para atender el problema de los desaparecidos?

Familiares del distrito de Huamanquiquia, provincia de Víctor Fajardo (Ayacucho) participando en el Día de la Memoria, realizado el 16 de agosto del 2013.

El Ministerio Público argumenta que no tiene los recursos suficientes para realizar una buena investigación preliminar: entrevistar a testigos en sus propias comunidades, reconstruir las historias del hecho, verificar la existencia de sitios de entierro, recoger la información Antemortem de los familiares para una posible identificación de la víctima. Ha mejorado sus procesos, sin duda, pero no son suficientes, porque exhumar no es buscar a los desaparecidos. De las cifras oficiales, tenemos 1,276 cuerpos que están sin identificar; que pasaron de ser NN en una tumba clandestina a ser un NN en algún almacén del Ministerio Público.

¿De qué sirve recuperar a estos NN de las fosas si los convertimos en NN en un almacén? ¿Acaso no tienen familia que los busca, acaso no tienen derecho a un entierro digno? ¿Acaso no vale la pena gastar dinero público para identificarlos? Ese es el problema cuando pensamos que exhumar es la respuesta a la búsqueda de los desaparecidos; y no lo es, hay que investigar, hay que buscar información, buscar a sus familiares; hacer campañas de recojo de muestras de ADN a los familiares pues muchos se están muriendo sin saber y con esa muerte se llevan una valiosa información genética que, a la larga, podría servir para identificar a esos 1000 NN. Los desaparecidos siguen siendo los invisibles, aquellas personas que no importan para el Estado, de quienes se puede prescindir porque la mayoría de ellos son campesinos, quechuahablantes, son “el otro”; no son como nosotros y por eso no generan empatía, por eso nadie se preocupa en implementar políticas de búsqueda.

El EPAF ha venido planteando, desde el 2009, la necesidad de búsquedas humanitarias que den respuestas a los familiares y que se desliguen, de alguna manera, de los procesos judiciales. No que se opongan a ellos, sino que se priorice la búsqueda y la identificación de las víctimas. Entendemos que las funciones principales del Ministerio Público, entre otras, son: la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio[3]; como también la investigación del delito[4], y no planteamos que se renuncie a ello. Los familiares y la sociedad tenemos derecho a identificar a los responsables de estos crímenes de violaciones a los derechos humanos, pero los familiares de los desaparecidos exigen saber, quieren respuestas, quieren cerrar su duelo, quieren recuperar el cuerpo de sus seres queridos para enterrarlos dignamente.

Está pendiente la creación de políticas públicas que articule esta búsqueda entre las instituciones del Estado, los organismos de la sociedad civil y las organizaciones de familiares, a través de una entidad específica para esta función que recoja información, la centralice, verifique e investigue; y que todo ese proceso cuente con el acompañamiento psicosocial y soporte emocional necesario para no re-victimizar a los familiares o testigos[5], así como apoyar con los gastos que este procesos ocasiona a los familiares.

Desaparecido: ¿Cómo darle significado a una palabra que sólo simboliza el no saber, el seguir buscando, la negación de lo ocurrido, la larga espera, la negación al duelo, al entierro digno, a la necesidad de la recuperación de la identidad? Hay que darle otro significado a esa palabra: persona con nombre y apellido, con historias, con familia, igual que yo, víctima de… Sólo así podremos entender este drama de los familiares y su urgencia en respuestas, solo así reconoceremos su condición de ciudadano, también de quienes no están: ni vivos ni muertos sino desaparecidos. Es urgente romper con la indiferencia, abrir los ojos y sumar voces para que el Estado brinde atención a este problema que debería ser de todos.

  • El Equipo Peruano de Antropología Forense –EPAF es una organización sin fines de lucro creada en el 2003. Trabaja en la búsqueda de personas desaparecidas, análisis de las víctimas e identificación; recojo de memorias individuales y colectivas y en capacitación en temas de antropología forense.
    Desde su fundación, EPAF ha recuperado 179 víctimas, analizado 486 individuos e identificado a 214 víctimas.
    Ha recogido cerca de 4,000 Fichas Antemortem, principalmente en Ayacucho; 924 muestras de referencias de los familiares y 534 muestras óseas de las víctimas.
    Todo este trabajo se realiza con fondos de la Cooperación Internacional, sin costo para el Estado, y que coadyuva en el derecho a saber de los familiares.

[1]   http://www.larepublica.pe/29-09-2013/fiscalias-de-ddhh-y-de-terrorismo-de-ayacucho-archivaron-1335-casos
[2]   Ver el Documento de Trabajo sobre las Medidas adoptadas por diferentes sectores en relación a la Resolución AG/RES (XLI-O/11) “Las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares”. Lima: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 2011. Como el Estado peruano no ha indicado las fuentes de información que usó, debemos considerar estas cifras como preliminares.
[3] http://www.peru.gob.pe/directorio/pep_directorio_detalle_institucion.asp?cod_institucion=10044
[4] http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_per_org.pdf Sub título III Funciones Generales.
[5] Consenso mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial en procesos de búsquedas e investigaciones forenses para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales.


Gisela Ortiz Perea

Directora de Operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense- EPAF




Reflexiones sobre las elecciones

Mirando la situación política actual y las recientes elecciones regionales y municipales, me pregunto: ¿en qué andan los ciudadanos?, ¿dónde andan los grupos de la sociedad civil? Tengo la sensación, muchas veces, que parece haber descontento en muchos asuntos, pero poca reacción o pocos liderazgos que se articulen a estas insatisfacciones. ¿Se vienen agotando estas formas de expresión de la ciudadanía?, ¿o hay poca comunicación o nexos entre los electores y grupos de la sociedad civil?

En Perú existen varias sociedades civiles o grupos de ciudadanos activos, quizá poco comunicados entre sí. Las organizaciones de mayor impacto público o político, o las más institucionalizadas, están en Lima;  pero en las regiones y localidades existen muchas otras, a veces vinculadas a grupos en Lima, a veces no. Líderes locales y regionales comparten banderas y membresías en distintas redes nacionales. Y también hay otras redes más especializadas en salud o educación, por ejemplo, que aglutinan a un número importante y diferenciado de organizaciones; unas donde priman los técnicos y en otras los actores del sector. En definitiva, el mapa es variado; sus actividades son educativas, de incidencia, y alertan a la población sobre la contaminación, corrupción de las autoridades, entre otras. Sabemos que muchas de estas actividades quedan solamente en el ámbito local o regional, sin trascender nacionalmente, no “son noticia” para los medios.

Según las prácticas ciudadanas constatamos que en las sociedades civiles hay grupos formales, es decir aquellos con un perfil público reconocido, con un soporte organizativo, manejo de recursos y con discursos usualmente muy estructurados y basados en paradigmas internacionales. Hay otros grupos en la sociedad civil que se les podría llamar informales, es decir, que actúan bajo formas organizativas no tan estructuradas o reconocidas legalmente, cuyo alcance es local y con pocos recursos; pero no por ello, dejan de tener a nivel local peso y reconocimiento de su liderazgo. Desconocemos el peso actual de estos grupos, pero sí vemos que se han debilitado su articulación y eco en sectores amplios de la sociedad.

Ética y convivencia

Entender la vida del ciudadano como una práctica ética supone asumir que esta tiene un sentido de lo concreto, de búsqueda de resultados, y a la par supone que el ser humano no solamente tiene necesidades materiales, sino que las vive y elabora bajo ciertos los valores. Esto implica que la ética no es externa a la persona, sino que se enlaza y expresa como parte de prácticas y contextos de vida. Igualmente, si hablamos de la sociedad como colectivo, podemos constatar que sus instituciones y las del Estado se identifican con los valores tanto en la ley como en las culturas institucionales. De allí que muchos de los descontentos ciudadanos se manifiesten no solamente frente a la carencia de algún bien material, sino sobre la calidad de servicios como la salud o educación, o por el maltrato recibido en las ventanillas de las instituciones del Estado.

Pese a que la ética representa un elemento clave del comportamiento y convivencia ciudadana, ella no puede convertirse en el parteaguas entre los grupos de ciudadanos, o entre ellos y el resto de la ciudadanía, como si hubiera ciudadanos superiores a otros porque comparten una ética ciudadana. El debate sobre las recientes elecciones regionales y locales, han mostrado justamente que los ciudadanos somos diversos y compartimos ideas y lógicas distintas. Destaco dos interpretaciones de la elección de autoridades con denuncias serias de corrupción: de un lado, los que se han escandalizado pensando que la mayoría de la población es corrupta y vota por candidatos corruptos; y, por el otro, los que señalan que la gente elabora sus criterios sobre lo correcto o justo en la convivencia, basada en su contexto de vida.

Ese contexto de vida implica distancia de la autoridad y del aparato del Estado, en el entendido que no son atendidos ni beneficiados por él; entonces, según su lógica, ellos no tienen por qué cuidar al Estado de un candidato corrupto, ni tampoco tienen mucho que perder al elegirlo, especialmente cuando piensan que de alguna manera serán beneficiados por él, por aquello de “roba pero hace obras”. Cierto es que, en términos generales, el voto a favor de este tipo de candidatos termina siendo cómplice con autoridades corruptas; pero eso no invalida que las motivaciones de la elección estén basadas, en primer lugar, en apostar por su beneficio individual, sin importar la consecuencia institucional de la corrupción, dado que se sienten fuera del mismo.

Otra lectura sostenida por miembros de grupos cívicos sostiene que los electores que votaron por autoridades acusadas de corrupción se fueron por caminos equivocados. Y aquí se plantea una división entre un supuesto discurso ético, ligado a los defensores de los derechos ciudadanos, versus los discursos de los corruptos. Es más, el discurso ciudadano aparece ligado a opciones políticas de las izquierdas y de hecho se le identificaría con los derechos ciudadanos, con lo cual se destierra la posibilidad de encontrar en otras candidaturas opciones ciudadanas; como si la ética ciudadana solo pudiera identificarse con el discurso de las izquierdas. Estas divisiones que no analizan la forma de razonamiento ciudadano tienden a adjudicar de antemano valores a ciertos discursos.

Un ejemplo interesante que buscó colocar las agendas cívicas locales en las elecciones regionales ha sido promovido por las Mesas de Concertación y Lucha Contra la Pobreza, con la construcción de las agendas de gobernabilidad. He leído algunas informaciones sobre la MCLCP de Ayacucho que justamente demuestran el gran esfuerzo sostenido a lo largo de 3 o 4 meses, que implica primero establecer un espacio de debate e intercambio para armar las agendas con tan diferentes puntos, promovidos por los grupos organizados, su articulación en una mirada amplia (que involucró el aporte de intelectuales y especialistas locales) y, por último, el encuentro con los candidatos al gobierno regional. Sería interesante saber qué resultados han producido estos procesos, tanto respecto de su influencia en los planes de los candidatos como en dar a conocer las agendas a amplios sectores de la sociedad, así como en términos de articulaciones entre las plataformas de los grupos cívicos organizados.

A propósito de las elecciones regionales, participé en un intercambio de personas que con sorpresa se han preguntado: ¿cómo es posible que la gente haya votado por estos líderes con denuncias de corrupción o haciendo promesas imposibles de cumplir? Ellos no solo han mostrado su sorpresa, sino esta inquietud personal: ¿qué impacto puede tener en el resto de la sociedad local el trabajo que estamos haciendo los  grupos organizados? Las elecciones locales y regionales han sido una experiencia que amerita mucho debate y análisis porque el escenario electoral visibiliza apuestas y lógicas distintas de los ciudadanos. Esto nos lleva a preguntarnos sobre las elecciones: ¿dónde están los candidatos salidos de las canteras de la ciudadanía organizada?; ¿tienen opciones o todo está definido por el dinero que se maneja?; ¿a dónde fueron a parar los votos de las ciudadanías organizadas? Siendo importantes estas interrogantes, el asunto de fondo tiene que ver con dónde y cómo nos ubicamos cotidianamente los que hacemos parte de las sociedades civiles: ¿tiene sentido sostener estas divisiones entre los ciudadanos éticos y el resto de ciudadanos?

Que estas elecciones nos sirvan no solo para dejarnos sorprender por esta compleja realidad política de nuestro país. Tendríamos también que preguntarnos por lo que estamos haciendo cotidianamente en nuestras organizaciones y por los nexos que construimos con otros ciudadanos y ciudadanas peruanos para formar agendas ciudadanas.


Rosa Alayza Mujica

Instituto Bartolomé de las Casa. Docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú.




Los mártires de la UCA: 25 años después

El Salvador, ese pequeño país centroamericano, equivalente en extensión al departamento de Ica, y al que el poeta Pablo Neruda llamaría el “Pulgarcito de América”, ha sido escenario de conflictos de larga data que estuvieron focalizados en el problema de la tierra y la situación de opresión del campesinado. Pero, como sucedió en otros países de América Latina, estos justos reclamos no encontraron otra solución que la de masacrar campesinos, por la voluntad de los gobiernos de turno bajo dominio de oligarquías y/o dictaduras militares. Los Acuerdos de Paz que se firmaron en enero de 1992 pusieron fin a ese largo proceso de conflictos sociales, cuya más alta expresión fue el conflicto armado (o “guerra interna”) que se iniciara en 1980.

Fueron 12 años de enfrentamiento abierto entre las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), en representación del Estado salvadoreño, y el Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMLN), que asumía la defensa de la población en respuesta a la creciente represión contra ella y sus organizaciones. Aunque varían las cifras, hay coincidencias en estimar en más de 75,000 las víctimas entre muertos y desaparecidos. Fue un período de dictaduras militares que llegaría a su fin con la convocatoria a elecciones generales, siendo así que, en 1984, tomaría la conducción del gobierno la Democracia Cristiana.  El 1º de junio de 1989, se haría cargo del gobierno el partido de extrema derecha Acción Republicana Nacionalista (ARENA), fundado por un ex-militar a quien se le atribuye la conducción de los llamados “escuadrones de la muerte”; señalado, además, en el Informe de la Comisión de la Verdad como autor intelectual del asesinato de Monseñor Oscar A. Romero. La matanza de los padres jesuitas y la empleada e hija, el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), ocurrió apenas cinco meses de haber asumido el mandato ARENA.

El período de guerra interna fue un tiempo de masacres de donde emergieron mártires, víctimas y héroes silenciosos que entregaron sus vidas en defensa de los derechos humanos. Pero de ese dolor surgieron también opciones y respuestas concretas para defender la dignidad de las personas, destacando entre otras instituciones, la Oficina de “Socorro Jurídico” (conocida también como “Tutela Legal”) del Arzobispado de San Salvador, creado por Monseñor Romero, que en sus 31 años de funcionamiento llegó a reunir más de 50,000 denuncias. En 1985 se fundó el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), con la misma línea de compromiso.

Desde años previos al inicio de la guerra interna, hasta los Acuerdos de Paz, se sucedieron un conjunto de hechos de gran significado con respecto al compromiso cristiano por la justicia. Fue una época marcada por el martirio de un número importante de religiosos(as) y laicos (as) que se inicia con el asesinato del P. Rutilio Grande SJ, ocurrido en febrero de 1977, y se prolonga hasta los hechos de la UCA del 16 de noviembre de 1989, pasando por el homicidio de Monseñor Romero. Él, a través de sus homilías transmitidas por radio, denunciaba los actos violatorios ocurridos, muchas de los cuales terminaban en muertes y desapariciones que quedaban impunes. Estas denuncias llegaron a su punto culminante en su última homilía, un día antes de su asesinato, cuando dirigiéndose a las fuerzas “del orden”, exclamó: En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión…!. Esa exclamación significó su sentencia de muerte.

La UCA se constituyó en la institución desde donde los jesuitas, liderados por Ignacio Ellacuría como Rector, forjaron lo que podría llamarse la conciencia ética de la sociedad salvadoreña, actuando no sólo a través de la denuncia profética, sino también con el anuncio de un nuevo amanecer para El Salvador. En otras palabras, la UCA no se limitó a mantener activa la denuncia de violaciones a los derechos humanos cometidos desde el gobierno bajo la llamada “doctrina de la seguridad nacional”, o de las acciones llevadas a cabo por grupos paramilitares e, incluso de los excesos cometidos por la guerrilla; sino que, además, asumió el compromiso de contribuir a procurar la paz para el país. En este aspecto, desde ella se alentó el diálogo entre el FMLN y el gobierno, a fin de buscar una salida negociada al conflicto.

Sin embargo, pese a esa clara opción que adoptó la UCA para que las fuerzas en conflicto respeten los derechos de las personas, no faltaron posiciones intransigentes provenientes de alguno de los grupos políticos integrantes del FMLN para poner en duda la transparencia de las denuncias hacia algunas de sus acciones. Más dura fue la actitud del gobierno ya que no cesó en su hostigamiento hacia la UCA, incluso con atentados contra sus instalaciones. Esta postura de la UCA ante el conflicto respondió a un compromiso con la sociedad salvadoreña, principalmente con los pobres que eran los que vivían con mayor dolor las injusticias cometidas. Una de esas líneas de compromiso fue la llamada “Cátedra de la Realidad Nacional” en la que se dialogaba sobre la situación real del país desde diferentes enfoques (económico, social, político).

En Barcelona, con ocasión de recibir en nombre de la UCA el premio Fundación Comín, el 6 de noviembre de 1989 -diez días antes de su martirio-, Ignacio Ellacuría destacaba que cuando solía decirse que la universidad debería ser imparcial, ellos (los de la UCA) creían que no. Que la objetividad y la libertad que se reclaman para la universidad pueden exigir parcialidad, y en ese sentido, en su discurso, afirmaba que ellos eran “libremente parciales a favor de las mayorías populares, porque son injustamente oprimidas y porque en ellas, negativa y positivamente, está la verdad de la realidad”.

No había duda que el compromiso que asumía la UCA en favor de la pacificación del país, cuya vía de solución debía pasar necesariamente por una paz negociada, basada en la plena vigencia de los derechos humanos, no fue del agrado de los sectores más duros de la derecha salvadoreña en colusión con las fuerzas armadas. Esto condujo a que los sacerdotes jesuitas estuvieran en la mira de esos grupos, resultando así que en la madrugada de ese 16 de noviembre de 1989, un comando militar de élite ingresara a las instalaciones y asesinara a los seis jesuitas que se encontraban en sus dormitorios, así como a la empleada doméstica y su hija, ya que la orden dada era que no quedaran testigos. En juicio posterior, se pudo comprobar, entre otras evidencias, que fueron militares quienes cometieron la masacre y no la guerrilla, a la que se quería culpar aprovechando el hecho de que en esos días el FMLN había iniciado una ofensiva sobre San Salvador.

A 25 años de esos acontecimientos y al margen de la violencia que aún subsiste por la presencia de las ‘maras’ (pandillas) y del crimen organizado, hay un hecho que emerge de todo ese dolor: la paz que se pudo alcanzar en 1992. Quizá este sea el mejor homenaje que se puede rendir, como se escribía más arriba, a mártires, víctimas y héroes silenciosos que entregaron sus vidas por la causa de la justicia. Y como signos de esperanza cristiana están presentes, además de las figuras de Rutilio Grande y Monseñor Romero, la de estos mártires de la UCA: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y López; y, por cierto, también las de Elba Ramos y su hija Celina. Su presencia como signos de esperanza sigue ahí, porque la promesa de un nuevo El Salvador no es plena, ya que la pobreza y la desigualdad que aún persisten siguen siendo la expresión de la injusticia, sin dejar de reconocer que el conflicto vivido en los ‘80s políticamente se haya superado y existan ahora amplios espacios de libertad. Pero, como escribe Ellacuría en Utopía y profetismo, “no se puede ser libre injustamente”, porque la justicia, agrega, “no solo posibilita la libertad, sino que la moraliza y la justifica”.


Carlos Lecaros Zavala

Docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.




El Sínodo sobre la familia: aires nuevos en la Iglesia

El Sínodo sobre la Familia, llevado a cabo en Roma entre el 4 y 19 de octubre, ha sido una muestra más del estilo del Papa Francisco. En las semanas previas al Sínodo, el Papa expresó repetidas veces su deseo que los obispos convocados a este evento eclesial hablasen abiertamente y sin temor. ¿Por qué insistir en que todos deberían hablar con libertad?, ¿es acaso un gesto populista de un Papa que ciertamente maneja bien su imagen? No lo creo.

En primer lugar, Francisco es un hombre institucional que respeta las formas establecidas y cree en su eficacia. Se ha referido a la colegialidad y sinodalidad como formas de llevar a la práctica su ministerio eclesial; es decir, todos los obispos participantes en el Sínodo, y no solamente el Papa, comparten la responsabilidad de buscar juntos la voluntad de Dios. Y por lo tanto hay que escuchar todas las voces.

En segundo lugar, como buen líder, Francisco alienta la participación de todos porque sabe que el esfuerzo de muchos ayudará mejor a encontrar soluciones a los acuciantes problemas que la familia hoy plantea a la Iglesia. Claramente el Papa no cree que él solo tenga la respuesta a tales problemas. Pero, más importante aún, esta invitación a hablar con libertad y sin temor refleja una actitud de confianza en la acción del Espíritu. Como lo dijo en la clausura, el objetivo del Sínodo es “encontrar soluciones concretas a las tantas dificultades e innumerables desafíos que las familias deben afrontar”. Para poder hacer esto es necesario, por un lado, estudiar, con ayuda de las ciencias sociales y la teología, la realidad de la familia hoy y, por otro, abrirse a la acción del Espíritu de Dios que viene “a hacer nuevas todas las cosas”.

El discernimiento espiritual supone poner atención a las mociones que se suscitan en la persona para captar, a través de ellas, las insinuaciones del Espíritu, la voluntad de Dios. Como buen jesuita, el Papa Francisco quiere discernir los espíritus, acoger lo que viene de Dios, aquello que humaniza a las personas, y rechazar lo que no viene de Dios, aquello que afecta la dignidad humana.

Francisco no ha querido imponer su agenda personal sobre los miembros del Sínodo. Ha querido, en cambio, escuchar todas las voces, y que todos en el Sínodo se escuchen, en libertad, unos a otros. Su preocupación es pastoral. Recuerdo su primer gesto de pastor a los pocos días de su elección: luego de celebrar Misa para los trabajadores del Vaticano en una capilla doméstica, salió a la puerta a saludar a todos y todas, preguntando sus nombres e interesándose por sus vidas, como lo haría un buen párroco. Se ha hecho famosa su frase: pastores con olor a oveja. Francisco quiere gente entregada al servicio del pueblo de Dios, no desafectados administradores de los misterios sagrados. Lo dijo en la clausura del Sínodo: la suprema ley es la salud de las almas, el bien de las personas. Para eso se es pastor. Y esta misma dinámica ha proyectado en el Sínodo. Él se ha dispuesto diligentemente a escuchar todas las voces, y no únicamente las que le agradan. Una actitud así exige acoger, sin temor, las tensiones y discrepancias producto de puntos de vista distintos. Es más, únicamente la escucha atenta de unos y otros permitirá hallar la voluntad de Dios.

Algunos creen que al insinuar la posibilidad de cambio en doctrinas tradicionales, el Papa está llevando a la Iglesia al borde del precipicio. Temen que se pierda algo esencial de la vivencia católica. Francisco ha salido al paso de estas voces alarmantes para decir que no está en discusión la indisolubilidad del matrimonio, ni tampoco la unidad, fidelidad y procreatividad de este sacramento. Pero, como lo recuerda el gran historiador de la Iglesia John O´Malley, algunas veces se necesita cambiar para permanecer fiel a la tradición. Por ejemplo, la libertad religiosa y la usura, para mencionar solo dos casos. Se trata de actualizar el seguimiento de Cristo. Lo dice el mismo Papa Francisco: “cuando la Iglesia, en la variedad de sus carismas, se expresa en comunión, no puede equivocarse: es la belleza y la fuerza del ´sensus fidei´, de aquel sentido sobrenatural de la fe, que viene dado por el Espíritu Santo para que, juntos, podamos todos entrar en el corazón del Evangelio y aprender a seguir a Jesús en nuestra vida, y esto no debe ser visto como motivo de confusión y malestar”. ¿Cambiará algo? No lo sabemos. Se trata de discernir lo que más conviene, lo que humaniza más, lo que más resuena con el Evangelio de Cristo.

Al Papa le preocupa la transmisión de la fe en el siglo XXI, cómo el Evangelio puede seguir siendo buena noticia para el mundo de hoy. Este es el contexto en el que se ubica el Sínodo sobre la familia. Quizá, como afirma Enrique Rodríguez SJ, el Papa está colocando las bases para una nueva teología del laicado, un laicado fortalecido desde la familia. La apertura al diálogo en libertad propiciada por el Papa Francisco es, sin lugar a dudas, una buena manera de caminar en esa dirección. Y este es el aire fresco que la Iglesia respira hoy.


Edwin Vásquez Ghersi, SJ

Director de Medio Universitario y docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).