¿Tienen posibilidades de realización personal los y las jóvenes rurales? ¿Cómo se vislumbra la ruralidad peruana en el futuro? ¿Es posible el progreso en el mundo rural peruano?

A la luz de interrogantes de esta naturaleza, se hace necesario reflexionar sobre la educación secundaria rural.

Una de las apuestas que está en juego en el Perú desde hace poco más de una década es la educación Secundaria rural en Alternancia, la que puede definirse como una nueva forma de atención que altera los tiempos y espacios educativos convencionales. En esta práctica el quehacer educativo se lleva a cabo no solamente en el espacio escolar, y la organización del tiempo queda abierta a múltiples posibilidades. El hogar y la comunidad se convierten en espacios educativos. El chico y la chica en Alternancia quedan libres de los desplazamientos cotidianos, como ocurre frecuentemente en sus zonas.

Es ésta la novedad. Una parte del tiempo educativo transcurre en el local escolar, en los CRFA (Centro Rural de Formación en Alternancia) del Perú. Se trata de quince días al mes; es decir, esta es la cantidad de tiempo de “escolarización”. La práctica de la Alternancia es la negación de la práctica del internado, donde la continuidad es ilimitada. El chico y la chica del internado regresan “de visita” a su hogar cada cierto tiempo.

Hace 43 años, en la Declaración de Barbados, los antropólogos allí reunidos fueron muy duros con los internados, llamando a las iglesias a “suprimir las prácticas seculares de ruptura de la familia indígena por internamiento de los niños en orfanatos donde son imbuidos de valores opuestos a los suyos, convirtiéndolos en seres marginados incapaces de vivir tanto en la sociedad nacional como en sus propias comunidades de origen”. En la práctica de la Alternancia, el/la adolescente no va a su casa de visita, sino que se incorpora en la vida de su hogar un tiempo similar al que permanece en el local escolar.

Hoy por hoy, en muchas zonas rurales, un/una adolescente que quiera satisfacer su derecho a estudiar la Secundaria debe someterse a uno de dos sufrimientos: o tiene que desplazarse diariamente largas distancias, o debe desarraigarse de su hogar para ir a vivir a la capital de distrito o al lugar más cercano donde haya Secundaria y alojarse en la casa de un pariente, donde contará con un techo y un plato de comida, pero carecerá del cuidado y afecto de sus padres.

Está pendiente de discusión si, en la práctica de la Alternancia, el tiempo de permanencia en el local escolar y en el hogar deba ser igual. Hay zonas en la Amazonía en que las distancias de una localidad a otra son grandes. Por ejemplo, en el Río Chambita, afluente del Marañón, territorio ancestral del Pueblo Indígena Urarina, estamos pensando en una alternancia que no sea de 15 días por 15 días, sino de mayor número de días.

Parece que se está abriendo paso una manera en que las adolescentes de las localidades rurales apartadas y dispersas, principalmente indígenas, puedan satisfacer su derecho a una muy buena educación Secundaria, disminuyendo así el riesgo de que sean madres adolescentes.

El asunto de fondo es cómo se lleva a cabo la práctica de la Alternancia. Ello va a depender de dónde tienen puesta la mirada quienes la impulsan. Parece que ha quedado fuera de discusión que “NO HAY UNA PEDAGOGÍA DE LA ALTERNANCIA”. Hoy el Perú es un terreno de experiencias de educación en Alternancia y se requiere espacios adecuados para el intercambio de experiencias. Por lo tanto, no ha ayudado hasta ahora que los decisores de política hayan estado buscando desde un inicio el “modelo único de Alternancia”.

En la práctica de la Alternancia desde la acción directa del Estado, en la que venimos participando, hay tres asuntos que orientan el accionar. Primero: un chico/una chica que egrese del CRFA debe haber aprendido a ser muy buena persona. Las condiciones para lograrlo son óptimas; por un lado, los 15 días continuos de hiper-convivencia permiten que cada chico y chica aprendan día a día, mes a mes, año a año, a tratar bien a los demás. Por otro lado, cada profesor o profesora acrecienta el conocimiento de las características personales y del contexto familiar de cada estudiante, en la lógica de que “para enseñar latín a John hay que saber latín, pero más importante es conocer a John”, como decía Chésterton. Esto permite una tutoría personalizada en un ambiente muy agradable, aprendiendo juntos a ser felices.

Un segundo asunto está relacionado con el trabajo académico. Si se dispone de todo el día y de varios días, ¿por qué tiene que replicarse la práctica urbana del profesor/a que corretea de un salón a otro haciendo “clases” para cumplir sus 24 (ahora 26) horas? Nuestra práctica de Alternancia desde el Estado gira en torno a la “pedagogía de la pregunta”. Los chicos y las chicas, organizados en equipos de estudio, desarrollan los “temarios” que les entrega cada profesor/a, a través de los cuales el currículo está muy amarrado a la vida, parte de la vida. El profesor/a, a su vez, atiende a los equipos de estudio cuando lo requieren. Lo que se logra es que, al terminar la Secundaria, les gusta estudiar y sabe cómo estudiar. Por eso, quienes luego continúan estudios superiores tienen buen desempeño académico.

El tercer asunto está referido a la formación para el trabajo. Aprender a producir utilizando las tecnologías existentes fruto de la investigación científica. Durante el tiempo de permanencia en el hogar, cada chico/a ayuda a sus padres en los trabajos, pero también pone en práctica con ellos los proyectos productivos que aprende en el CRFA.

Un reto muy difícil de encarar en el llano amazónico es el acompañamiento a cada chico y a cada chica por parte de sus profesores en la etapa en que están en sus hogares.

El arraigo de los egresados y egresadas de la Secundaria en su comunidad continuará siendo la gran preocupación en la práctica de la Alternancia. La propuesta educativa hacia allá está orientada, pero está pendiente el diseño y puesta en ejecución de políticas públicas que garanticen el progreso en el mundo de la ruralidad y hagan que sea atractivo para el joven y la joven permanecer en él.

José Barletti Pascuale

Maestro, historiador, investigador. LUPUNA, Coordinadora de Educación para el Desarrollo Amazónico.

La educación superior en los países latinoamericanos experimenta un notable crecimiento desde la segunda mitad del siglo pasado; los sistemas nacionales mantienen una tendencia expansiva con una cada vez mayor presencia de universidades e institutos tecnológicos de gestión privada. No obstante este crecimiento, a inicios del siglo veintiuno, 74% de jóvenes entre 20 y 24 años de edad se encontraba fuera del sistema de educación superior. Las posibilidades de que un joven prosiga estudios superiores son mucho menores si proviene de una familia pobre, si habita en una zona rural, si es de origen indígena o afro descendiente, si su lengua materna no es el castellano. El crecimiento del sistema no trajo la ampliación de oportunidades para todos; dio lugar más bien a sistemas nacionales fuertemente inequitativos. El Perú no es ajeno a estas tendencias: el sistema de educación superior se caracteriza por marcadas desigualdades en el acceso, en donde resultan determinantes el nivel socio económico, el área de residencia y la lengua materna.

El sistema peruano de educación superior tuvo un impulso importante en los años 90 a raíz de la política de incentivos a la inversión privada en la educación. Lo conforman más de 130 universidades y más de 1,100 institutos y escuelas superiores[1]; más del 60% de las universidades es de gestión privada, e igual proporción refleja la matrícula[2]. Si bien la tasa de matrícula en educación superior continúa incrementándose, existen grandes desigualdades en el acceso: la tasa de matrícula es tres veces mayor para quienes residen en zonas urbanas frente a quienes residen en zonas rurales; para quienes tienen el castellano como lengua materna; y es diez veces mayor en el caso del quintil más rico frente al quintil más pobre. La creación de más universidades e institutos superiores no ha significado el mayor cumplimiento del derecho ciudadano a la educación.

Esta situación de inequidad dio lugar, a finales de los años 90 en varios países de la región, a la creación de políticas compensatorias a través de becas y préstamos para estudios. En el Perú estas políticas son muy recientes; desde el año 2012 se pusieron en marcha un conjunto de programas de becas para estudios de pregrado y de post grado, tanto en el país como en el exterior. Al 2014 se han otorgado 30,565 becas, la mayor cantidad a cargo de BECA18, responsable del 68% del total[3]. Este programa financia los estudios de una carrera en universidades o institutos en el país[4], de jóvenes en situación de pobreza y pobreza extrema, egresados de instituciones educativas públicas con un buen desempeño académico.

Según la información oficial de BECA18, sobre el total de becarios el 73% se encuentra en situación de pobreza extrema, y el resto en situación de pobreza; la gran mayoría son jóvenes residentes en diferentes regiones del país que migra a Lima para estudiar; 41% son mujeres. El número de becarias se ha ido incrementando, de 27% en el 2012 a 46% en el 2014; sin embargo, se observa que la mayoría de los becarios (64%) proviene de zonas rurales a diferencia de las becarias (36%), lo que podría estar indicando la presencia de algunos obstáculos que estarían limitando oportunidades para las jóvenes. De otro lado la mayoría de las becarias (61% frente a 48% de los varones) postula a una universidad, mientras que los hombres prefieren un instituto superior tecnológico (52% frente a 39%). Sobre el  nivel educativo de los padres de los becarios, se observa que 47% de jefes de hogar tiene educación secundaria; 39% primaria; y 9% educación superior, en donde 3% realizó estudios universitarios y 6% estudios técnicos. Una aproximación cualitativa a los estudiantes becarios[5] nos permite destacar las siguientes dimensiones:

Proyectos educativos familiares

Los estudiantes provienen de entornos familiares instruidos, que otorgan una alta valoración a la educación. La trayectoria educativa de la familia expresa una movilidad. Los padres han hecho elecciones guiadas por la búsqueda de las mejores opciones para la educación de todos sus hijos; han priorizado el tiempo para el estudio frente a tareas de apoyo a la economía familiar, lo cual es particularmente relevante en los casos, frecuentes, de  madres solas jefes de hogar; y han sido cercanos y partícipes del proceso escolar de sus hijos (participación en asambleas, delegados de aula, relación con profesores); en la familia nuclear no hay casos de abandono o interrupción de la educación básica.

Es posible afirmar que se trata de proyectos educativos familiares, en donde la continuación de la educación básica es naturalmente la universidad; los hermanos mayores del becario realizan o realizaron estudios superiores en una universidad estatal en la región; y en la familia ampliada hay quienes están estudiando una carrera técnica o profesional. La decisión de iniciar estudios universitarios es tanto de la familia como del estudiante, y es anterior al conocimiento del programa gubernamental. En ese marco, los estudiantes al término de la secundaria tienen una idea bastante clara de la carrera que desean seguir, y una estrategia para alcanzar su meta: estudiar en una universidad estatal siguiendo los pasos de los hermanos mayores. Quienes tienen mayores recursos económicos se preparan en una academia en Lima para tentar una universidad pública prestigiosa cuyo ingreso saben que es muy competitivo; otros, han evaluado la posibilidad de estudiar una carrera corta en una academia, trabajar y posteriormente sustentarse los estudios universitarios. El efecto de la beca claramente es el de eliminar el tiempo de espera para iniciar estudios universitarios; posibilita que el proyecto no se postergue, lo viabiliza inmediatamente luego de finalizada la secundaria; y elimina los costos indirectos tales como academia pre universitaria y examen de ingreso.

Autonomía

Los jóvenes muestran ser autónomos en sus decisiones con respecto a su educación. Las carreras elegibles no siempre se ajustan a las preferencias de los becarios, evalúan alternativas y la posibilidad de participar en un proyecto diferente que les permite contribuir solidariamente con la economía familiar, y pueden concretar rápidamente su proyecto. Tienen claro que Lima representa mayores oportunidades educativas y mayores opciones de trabajo después; alejarse de la familia es un costo muy alto que deciden asumir para vivir solos por primera vez en un medio extraño para ellos.

Para estos jóvenes el acceso a la beca es una lucha por el reconocimiento de un derecho merecido. Debido al procedimiento de postulación a la beca, una vez lograda la admisión en la universidad se abre un periodo lleno de incertidumbre sobre la asignación de la beca hasta tener el resultado definitivo; gran parte de esta incertidumbre está ocasionada por errores en el sistema que los debe acreditar como beneficiarios del programa (ser reconocidos como “pobres”); han tenido que lidiar solos, sin el apoyo de sus padres y sin redes de referencia más que los otros postulantes en la misma situación de incertidumbre; han persistido hasta conseguir que el sistema repare el error. Esta lucha les permite elaborar una imagen de sí mismos como luchadores triunfadores. Tienen referentes en la historia personal y familiar de lucha por el derecho a educarse, en situaciones anteriormente vividas que traen al presente y sirven como referentes de actuación para remontar dificultades; se puede afirmar que hay una memoria transmitida de padres a hijos sobre sus propias luchas por educarse.

Alta motivación intrínseca

Los reportes de desempeño académico emitidos por los centros de estudios  muestran que los estudiantes becarios mantienen un rendimiento académico destacado: entre 48% y 37% se ubica en el tercio superior. El rendimiento académico podría explicarse por un conjunto de razones, siendo la principal, una alta motivación intrínseca; la fuerza y presencia del proyecto educativo familiar ya mencionado; el temor a bajar las notas y a perder la beca.

Las dificultades académicas que enfrentan los estudiantes no parecen ser particulares de su condición de becarios (provenir de un colegio estatal, y de una zona rural). Se tiende a olvidar que fueron los mejores estudiantes de sus colegios y, no obstante la amplia circulación de la idea acerca de la “mala calidad de la escuela pública”, los jóvenes tienen una auto percepción de ser estudiantes aplicados, y esta es su fortaleza personal; desde ella enfrentan los nuevos desafíos, inclusive el relativizar que fueron los mejores en el colegio cuando descubren las exigencias de la vida universitaria. Parecen ser básicamente las mismas dificultades que enfrenta cualquier otro estudiante (lectura y escritura académicas); frente a ellas los becarios despliegan una serie de recursos para remontarlas (refuerzan el autoestudio, solicitan apoyo de sus pares). Más bien las principales dificultades están estrechamente relacionadas con el reto de administrar los recursos limitados de la beca, adaptarse al nuevo medio y sobre todo vivir solos lejos de su familia y de su comunidad. No obstante, observamos a los estudiantes becarios “apropiándose” del medio de diferentes formas: participan en las elecciones estudiantiles, hacen deportes, llevan cursos extracurriculares, forman parte de grupos de investigación o de proyección social universitaria.

Reflexión final

El panorama que emerge tanto de la data estadística como de la información cualitativa, sugiere que, lejos de cualquier actitud paternalista cuyo correlato es una visión deficitaria de los estudiantes becarios, lo que estos aspiran es a su efectivo reconocimiento como ciudadanos que están realizando su derecho a la educación. Este reconocimiento tiene implicancias tanto para los encargados de implementar el programa como para las universidades receptoras de estudiantes becarios. Toda forma de diferenciación o segmentación al interior de la universidad en función de una supuesta particularidad del estudiante becario, no se condice con esta aspiración; al contrario, puede resultar en formas de segregación o de discriminación.

[1] YAMADA, G.; J. CASTRO y RIVERA, M. (2012). Educación Superior en el Perú: Retos para el Aseguramiento de la Calidad. Lima: SINEACE.
[2] Ministerio de Educación del Perú. Dirección de Coordinación Universitaria. Recuperado de http://digesutp.minedu.gob.pe/wp_dcu/infografia/01_Especiales_evolucion_de_las_universidades.pdf
[3] Ministerio de Educación (2014). Memoria Institucional 2012 al 2014. PRONABEC. Lima: Ministerio de Educación.
[4] La beca cubre los costos académicos, alimentación, transporte, materiales de estudio, nivelación, tutoría, seguro de salud y un segundo idioma; está condicionada a la obtención del promedio aprobatorio. Todos los programas están a cargo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, PRONABEC.
[5] La información presentada es parte de los  resultados de un estudio realizado en 2014 aplicado  a una muestra cualitativa de becarios de la cohorte 2013 de diferentes regiones del país que se encuentran en Lima estudiando en diferentes universidades. Se realizaron entrevistas semi estructuradas con los estudiantes y con sus padres para reconstruir la trayectoria educativa familiar. La investigación fue realizada gracias al apoyo de la Dirección General de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Yolanda Rodríguez G.

Socióloga, Doctora en Educación, Maestra en Ciencias Políticas, con estudios de post graduación en Políticas Educativas. Profesora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la PUCP.

Ollanta Humala podría “romper un record” en la designación de presidentes del Consejo de Ministros. A tres años de gobierno, Humala cumplió con la “cuota” máxima (6) que han dejado sus predecesores al estrenar a Ana Jara como presidenta del Consejo de Ministros. Esta “desfiguración” de lo que representan los primeros ministros –motes con los que se conoce a esta figura aunque formalmente no lo sean dentro del sistema peruano- es un fenómeno que alcanza a los periodos de gobierno anterior, aunque claramente con Humala ha cobrado una forma exagerada. ¿En qué consiste esta desfiguración? Hoy por hoy la figura del premier se ha trivializado.

El cambio del presidente del Consejo de Ministros podría significar la posibilidad de negociar, dándole al nuevo hombre o mujer de confianza el incentivo de poder reconfigurar al gabinete, especialmente cuando se buscan tender puentes entre los fragmentos del partido de gobierno o la oposición. Sin embargo, esto ha ido diluyéndose progresivamente. Como señalamos junto a Rodrigo Barrenechea en un artículo del año pasado, refiriéndonos a la designación de Villanueva, en la actualidad la característica fundamental de este tipo de cambios es la total ausencia de cambios importantes. Esta imagen queda representada con fuerza en el cambio de René Cornejo por Ana Jara. Y no es para menos que esta situación preocupe particularmente en el gobierno de Humala.

Desde la caída del gobierno de Alberto Fujimori hemos tenido 16 presidentes del Consejo de Ministros, de los cuales solo 9 han formado parte de un grupo político -por lo general el de gobierno-, los demás son “independientes”. Si vamos más allá y hacemos una especie de Top 5 de primeros ministros con menor duración en los tres últimos gobiernos (Toledo, García y Humala), encontramos a Salomón Lerner, César Villanueva y René Cornejo. Tres de cinco son de la gestión nacionalista. Vale la pena resaltar que Ana Jara es la tercera mujer en el cargo, paradójicamente precedida por las dos primeras ministras de ese top 5, Beatriz Merino y Rosario Fernández. Sin embargo, no todo son malas noticias.

Concentrémonos por un momento en la participación de mujeres en los gabinetes. En el primer gobierno aprista, la designación de mujeres en cargos ministeriales (4 veces) fue visto como un hecho anecdótico, pero que marcaba el ingreso de la mujer a estos cargos ejecutivos. Un hecho, vale decirlo, tardío para el resto de América Latina donde las mujeres empezaron a ocupar este tipo de funciones algunas décadas atrás. Durante el fujimorato, esta “cuota” de mujeres se incrementó hasta llegar a 6 nombramientos, mientras que en el gobierno de Alejandro Toledo se llego a duplicar esta cifra. Durante los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala esta cifra se encuentra por encima de la quincena de nombramientos.

Este optimismo debe ser relativamente matizado. Esto debido a que la mayor parte de estos nombramientos concentran a mujeres en despachos que son vistos como “femenino” (Mujer y Poblaciones Vulnerables, por ejemplo). Sin embargo, resalta que desde el retorno a la democracia se hayan nombrado a mujeres como jefas del gabinete, o que en el gobierno de Alan García una mujer, Mercedes Aráoz, haya sido nombrada como ministra de Economía y Finanzas. Más recientemente, resalta el último nombramiento de Ollanta Humala a una mujer, Rosa María Soledad Ortiz Ríos, como ministra de Energía y Minas por primera vez en la historia.

Por primera vez en la historia del país el cargo principal del Ministerio de Energía y Minas lo ocupa una mujer, la Dra. Rosa María Soledad Ortiz Ríos.

Volvamos a la mirada de los gabinetes. Queda claro que el gobierno de Ollanta Humala ha ido perdiendo oxígeno. El rápido desgaste en sus gabinetes ha sido significativo y ha tenido efectos observables en la dinámica política del gobierno. Humala se deshizo rápidamente de un primer gabinete ecléctico que representaba a las fuerzas políticas que lo habían ayudado a llegar al poder, para dar un bandazo hacia un cuadrante más conservador del espectro político con la designación de Valdez ante la crisis de Conga en Cajamarca. Posteriormente, la gestión logró estabilizarse y reacomodarse en el centro con el nombramiento de Juan Jiménez Mayor, frente a un gabinete de independientes, quién ha sido el primer ministro que más tiempo ha durado en el cargo. Esta situación promovió un clima de negociación y acercamiento con algunas fuerzas políticas y su salida significó el inicio del desgaste político del gobierno nacionalista.

A partir de este momento, el gobierno ha ido de tumbo en tumbo, inmolando ministros ante espacios de tensión y echando mano de viceministros o de profesionales independientes para mitigar la falta de cuadros políticos de su propio grupo para llenar estos espacios vacíos. En menos de un año, luego de la salida de Jiménez, tres primeros ministros juramentaron en palacio, entre ellos un líder regional que fue sacrificado sin ningún reparo. Pero no es solo una dinámica interna; luego del descalabro de la bancada nacionalista, al gobierno le ha costado cada vez más lograr un mínimo consenso en el parlamento respecto a sus gabinetes. Lo que ha generado este constante recambio y precariedad es, como han señalado algunos analistas, que el gobierno tenga ministros políticamente inexpertos en áreas clave, lo cual ha favorecido a que la oposición pueda cuestionar y asediar las políticas propuestas por el gobierno. Las frases y estrategias inoportunas de algunos ministros en la defensa de la Ley Pulpín es un claro ejemplo de este escenario.

Ante esta situación, el último cambio –tan pragmático como los anteriores- ha sido importante para solucionar los impasses que han tensionado la política peruana en los últimos meses. Sin embargo, algunos mensajes parecen clave. En primer lugar, la continuidad de Ana Jara parece confirmar que no será parte de la campaña presidencial del 2016 -que algunos veían posible- puesto que arriesgaría mucho Ollanta Humala en hacer un cambio de último minuto en el gabinete para permitir esta postulación. En segundo lugar, parece que el general Daniel Urresti se ha convertido en la ficha clave para la estrategia futura del nacionalismo. No hablemos de ganar una elección, pero sí de lograr posicionar a un grupo de congresistas significativo en el próximo parlamento. Esto es clave para un gobierno que, hasta hoy, parece que dejará el poder en manos de sus opositores.

Paolo Sosa V.

Instituto de Estudios Peruanos

Hablar de Apurímac desde Lima o cualquier parte del país, puede fácilmente llevarnos a la mente imágenes de carencias, necesidades insatisfechas y pobreza. Sus muy débiles logros en el campo de la salud y educación, el aún fuerte analfabetismo existente, así como el bajo lugar que ocupa su economía en el PBI nacional, alimentan legítimamente esta percepción. Y claro, es cierto que Apurímac es una de las regiones históricamente más maltratadas y sufridas. Basta recordar los abusos de las haciendas en estas tierras, tan magistralmente narrados por el escritor apurimeño José María Arguedas, o la dureza del conflicto armado interno, que dejó miles de víctimas y afectados por la violencia irracional de los bandos enfrentados.

Otra mirada sobre la misma realidad

Sin embargo, esa manera de ver nuestra región, puede ser insuficiente, e incluso una “trampa”, que puede llevarnos a la falsa compasión o al tan nocivo asistencialismo. Y es que hay también otra manera de ver nuestra región: desde sus fortalezas y potencialidades.

Pensando así, quizá podamos encontrar en Apurímac ideas, saberes y vivencias que pueden ayudarnos en estos tiempos de crisis de valores y de modelos de sociedad. Podremos entonces notar que Apurímac es la región quechua con mayor lealtad lingüística y cultural. Ver que en sus tierras todavía se practica la acción colectiva, el ayni y una relación de respeto a la naturaleza. Apreciar la riqueza de su biodiversidad, pisos y climas como formidable territorio para la producción orgánica, tan valorada en estos tiempos.

Región en peligro

Sin embargo, a pesar de enfocarnos en sus potencialidades es necesario anotar que hoy Apurímac está en peligro. Y es que los últimos años ha dejado de ser la región pensada desde Lima sólo como destinataria de programas sociales, para estar en la mira de una de las actividades más rentables como discutibles hoy en el Perú: la minería.

Lejos del olvido del poder central en el que siempre hemos vivido, hoy somos un territorio apetecible por la cantidad de minerales que tiene nuestro sub suelo. Nacen entonces los planes de inversión y los presupuestos para “negociar” con dirigentes y autoridades en busca de la llamada licencia social.

Sin embargo, no nos muestran todas las cartas. Desde los medios de comunicación, nacionales y locales, así como desde el discurso del gobierno central, nos quieren “vender” a los apurimeños la imagen de que la minería nos dará el bienestar y la felicidad, como si el desarrollo se expresara en edificios, camionetas 4 x 4 o la apertura de grandes centros comerciales, al margen de la educación o de las condiciones de vida de las personas y comunidades.

Además, con ese tipo de campañas, pretenden ocultar lo que muchas veces ya sabemos: que en la mayoría de casos la minería brinda esos beneficios solo a los dueños de las empresas, olvidando a comunidades y pueblos y, lo más grave, destruyendo el medio ambiente que todavía es una promesa para el bienestar de nuestros hijos e hijas.

Lamentablemente, la antigua y penosa historia de la minería en el Perú nos muestra muy duros ejemplos de este tipo de situaciones.

Con la minería nos enfrentamos a un riesgo que va más allá de la corrupción o los conflictos sociales. Pues viene además junto a un modelo de valores y un estilo de vida que niega la identidad e historia regional, ofreciendo lo mismo en Piura, Puno o cualquier lugar del mundo: dinero para “progresar” y “parecerse a los ricos”. Llega asociada a una ideología que pretende “blanquearnos” y que dejemos de ser un pueblo originario. Un sistema que quiere que abandonemos el campo para apretujarnos en las ciudades, que dejemos nuestra relación de respeto a la naturaleza, que dejemos de cuidar nuestra agua, nuestros animales, nuestra sabia y antigua apuesta por la tierra y el trabajo comunitario.

Según su discurso, ser desarrollado, ser “moderno”, es asumir un modo de vida, e incluso, ser o parecer occidental. Lo rural, lo andino, lo tradicional, es parte del pasado que hay que superar o, en el peor de los casos, disimular.

Retos y exigencias

Frente a esta situación, apurimeños y apurimeñas tenemos un enorme desafío: ver cómo aprovechar cierta minería para nuestro provecho. Aquella que puede comportarse de forma responsable, la que está dispuesta a cumplir con las exigencias sociales y ambientales, pero defendiendo nuestro territorio, nuestra cultura, y los valores que hoy todavía superviven en nuestros pueblos.

Y es que, en un mundo como el de hoy, en el que gobiernan las grandes corporaciones multinacionales y no los gobernantes elegidos; en el que niños, niñas y adultos son asesinados en Gaza o en Nigeria, ante la mirada indiferente o impotente de las Naciones Unidas, en un planeta que está siendo destruido por la extracción de minerales; quizá una región como la nuestra puede ser la base de saberes y sentimientos para fundar un nuevo modelo de vida, que articule tecnología con sabiduría ancestral, uso moderado de los recursos naturales con respeto a la Madre Tierra, modernidad y solidaridad en la vida cotidiana, entre otros rasgos de ese Buen Vivir que anhelamos, de esa otra nueva humanidad deseable.

¡Ese es nuestro reto! Que apurimeños y apurimeñas podamos no solo recuperar nuestra fuerza y bienestar, sino incluso aportar para lograr otro país y mundo posibles.

Javier Malpartida A.

Director Ejecutivo de la Asociación Tarpurisunchis (Apurímac).