¡No soy corrupto!.. ¿y tú?

Corromper, según la RAE, significa “Alterar y trastrocar la forma de algo. Echar a perder, depravar, dañar, pudrir. Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. Pervertir o seducir a alguien. Estragar, viciar. Incomodar, fastidiar, irritar. Oler mal”. Entonces, la corrupción tiene una serie de acepciones que tocan las actividades más simples como las más complejas. No es correcto limitar el impacto de la corrupción únicamente a la actividad política o a la función pública, como solemos hacerlos. Este tiempo debe servir para sincerar los actos personales y grupales y ceñirlos al estricto uso de la moral y la ética.

Son corruptos los gobernantes que se enriquecen haciendo mal uso de presupuestos o dineros destinados para obras públicas. Los empresarios que ofrecen coimas de 10% para obtener ganancia. Los policías que se hacen de la vista gorda ante quien ostenta el poder y aplican el peso de su función solo a los más débiles de la sociedad. Los maestros que cobran a cambio de una nota aprobatoria o solicitan dinero por copias fotostáticas por encima de su costo real. Son corruptos los trabajadores que aceleran los trámites para sus conocidos y demoran más de lo debido para aquellos que no conocen o les resultan incómodos.

El corrupto se edifica un ficticio castillo amurallado, con ladrillos de dinero, cemento de inmoralidad y bases de sufrimiento ajeno; dentro del cual habita “el hombre fuerte” (realmente frágil) en un ambiente que le da “seguridad”, con la sensación de intocable, y un “selecto” grupo de ladronzuelos que corean en coro su nombre, asienten ante cualquier idea de su líder “Non Plus Ultra” y recogen las migas y las sobras que su jefe deja caer.

Son corruptos los pastores que hurtan los diezmos de sus fieles y los sacerdotes que hacen mal uso de las limosnas. Los comerciantes que cobran de más y dan menos peso del debido. Es corrupta la empleada del hogar que roba sistemáticamente los bienes de sus jefes. El médico que, para “dar un mejor servicio”, te sugiere lo visites en su consultorio particular y no en el hospital público. Es corrupto el periodista que vende su conciencia tergiversando la realidad y poniéndose al servicio de intereses deshonestos convirtiéndose en la voz o la palabra escrita de la maldad.

La corrupción se convierte en un mal endémico cuando invade nuestra conciencia y anula nuestra actitud ante ella. Pensamos, erróneamente, que es imposible hacer algo contra ella, creemos que es más la gente indecente que la honrada, seria, honesta y responsable. ¡Estamos equivocados! El bien siempre derrota al mal y para eso se hace preciso dar batalla. Creo que la nueva corrupción es la del silencio indiferente que termina tomando forma de permisividad cómplice que nos separa un espacio en aquel castillo del que hablé líneas arriba.

A cada uno le toca dar lucha en la pequeña parte de la sociedad que nos toca transformar. Sea el mercado, la escuela, la universidad, la iglesia, el hospital, la oficina, la fábrica, la empresa, los medios de comunicación… la labor dejó de ser de procuradores o contralores que también, sospecho, deben ser controlados. La labor es tuya y mía. Es urgente. Es la lucha de este tiempo.

Leí el poema “Corrupción” escrito por un estudiante español en medio de las protestas por la crisis europea en la ciudad de Madrid, les dejo este extracto:

“La corrupción aquí y allá se disfraza de legalidad
tiene nombre y se llama impunidad
me ha tocado la puerta, más no entrará
la corrupción me sonríe
más, a mi vida, no la dejo entrar”.

Habla o grita; cuando no hables escríbelo; di “no” cuando debas; construye un lugar seguro con la conciencia limpia. Destruyamos el “castillo” de los corruptos a fuerza de verdad, honradez, honestidad y caridad.


Martín Cabrejos Fernández

Facultad de Humanidades de la Universidad Católica “Santo Toribio de Mogrovejo” (Chiclayo).




Para entender la corrupción: repaso de enfoques y reflexión sobre el caso de México

Quizá uno de los términos con los que los latinoamericanos estamos ya muy familiarizados en nuestra vida pública es el de “corrupción”. Un término que, si bien el sentido común nos lleva a “reconocer” cuando conocemos o experimentamos una situación que implique corrupción, la literatura especializada no ha podido delimitar ni fijar sus límites de manera contundente y clara. Más aún, la corrupción, cuando es exitosa, es casi imposible de rastrear, pues además los propios actores involucrados tienen incentivos para mantener este tipo de transacciones en la mayor secrecía.

Entonces, ¿cómo podemos entender, para su estudio, este fenómeno tan complejo? Ofrecemos una aproximación general que permite al lector: tener una idea de los problemas que han surgido a la hora de conceptualizar este término; conocer cuatro de los principales enfoques metodológicos que han definido y estudiado la corrupción; y, como corolario, una breve exposición de algunos de estos enfoques trabajados para el caso de México y sus resultados.

El problema de definir la corrupción

Hasta la década de 1990, muchos de los estudios sobre corrupción tenían una naturaleza anecdótica con algunas excepciones que ya habían intentado teorizar el tema[1]. Los análisis con datos agregados, incluso los que buscaban comparar sectores económicos o países, con frecuencia utilizaban evidencia incidental[2]. En un trabajo sobre el tipo de problemas que no podían analizarse en términos estadísticos, Dogan y Kazancigil (1994) incluían el caso de la corrupción como uno en donde, si bien se podían observar ciertos fenómenos, su cuantificación no era cuantificable[3].

A pesar de ello, durante los últimos 20 años ha habido un incremento muy importante en los trabajos empíricos sobre corrupción, alentados por una creciente preocupación internacional sobre sus perjuicios y el interés en hallar formas más eficaces y efectivas de combatirla. Varios aspectos ayudan a comprender este interés, entre los que destacan la forma de operación de los mercados en los países de América Latina y de Europa del Este de forma posterior a las transiciones políticas y los ajustes económicos (de corte neoliberal). Otro aspecto es que, una vez concluida la Guerra Fría, las instituciones y organismos internacionales, que antes transferían dinero y recursos a países con base en la supuesta “contención al comunismo” y el “apoyo a la democracia”, ahora han decidido supervisar mejor el destino que han estado teniendo estas transferencias. Además, otro aspecto se refiere a la emergencia de mercados internacionales más fluidos y, en principio, orientados a competir por capitales, en donde la corrupción claramente supone costos mayores a empresas e inversionistas.

Así, ha surgido de forma evidente un reconocimiento de la corrupción como un problema, en principio –aunque no únicamente-, de tipo económico[4], que reduce el crecimiento y los flujos de inversión[5], limita el desarrollo[6], afecta la eficacia de la política pública[7], reduce la confianza en las instituciones públicas y daña al Estado de Derecho. Por todas estas razones –y más—, hay cada vez mayor interés en entender causas y consecuencias de la corrupción. De este modo, al contrario de lo que sostenía acerca de las dificultades de “medir el problema de la corrupción”, los investigadores han tomado aspectos muy concretos trabajando con datos en ámbitos diversos, desde lo público hasta lo corporativo[8]. Incluso, los avances han permitido hallazgos que son controversiales, como que en ciertas circunstancias la corrupción puede incluso incentivar el crecimiento de corto plazo, aunque termine por erosionar el de mediano y largo plazos[9], o que en entornos sobre-regulados o con normatividad tramposa, los actores terminan por orientar su conducta hacia corrupción como salidas más eficientes.

En el fondo, todas estas investigaciones parten de considerar a la corrupción como el uso y aprovechamiento de información y recursos públicos con fines privados. Por tanto, desde estas perspectivas la cuestión sobre la medición de la corrupción ha quedado superada y el tema se centra ahora en “cómo medir mejor”, es decir la discusión se ha trasladado de la conceptualización hacia la metodología.

Cuatro enfoques para estudiar la corrupción

En general sería posible sugerir que hay cuatro grandes enfoques para estudiar el fenómeno de la corrupción: legal, interés público, socio-cultural, y de mercado.

La última edición del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de 2010 estimó que los actos de soborno por parte de los ciudadanos representaron en México alrededor de $ 2.5 mil millones de dólares estadounidenses, equivalente en promedio al 14% del ingreso familiar y alrededor de 0.5% del PNB nacional.

Desde la perspectiva del interés público, la corrupción implica un desvío indebido y una conducta incompatible con la búsqueda del bien común[10]. Esta perspectiva ha sido criticada por su falta de especificidad, pues no está claro qué es o quién define el bien común[11]. Desde la perspectiva legal, otros autores, por tanto, sostienen que la corrupción es básicamente un desvío de las normas y regulaciones existentes[12]. Sin embargo, esta visión, a pesar de su popularidad, no carece de críticas, pues hay quienes señalan que no todo acto ilegal es corrupto o todo acto corrupto es ilegal[13]. Desde aquí un tercer grupo de autores proponen una definición más socio-cultural que tome en cuenta no sólo aquellas normas establecidas en códigos y reglamentos, sino también aquellas que valore la sociedad. El problema con esta perspectiva es que resulta claro que hay sociedades, como el caso de México, en donde hay una extrema tolerancia social a la corrupción y no necesariamente se ve como negativa una conducta guiada por ella[14]. Ante estas críticas, hay un cuarto grupo de autores que han propuesto concentrarse en una perspectiva de mercado para estudiar la corrupción pública, partiendo de considerar al servidor público corrupto como aquél que entiende su cargo como negocio privado[15]. El problema de esta visión es que se restringe al servidor público y descuida las interacciones con otros actores privados y el entorno. Por tanto, es posible ver que cada perspectiva responde a preguntas de investigación concretas, cada una con ventajas y limitaciones.

Una reflexión sobre el estudio de la corrupción en México

Sin ánimo de sustituir las perspectivas anteriores, sino más bien de complementarlas, desde hace tiempo algunos autores hemos trabajado desde una perspectiva que busca comprender y entender los contextos amplios en los que ocurren los actos de corrupción, así como las propias actitudes y explicaciones que ofrece la sociedad al respecto[16].

De acuerdo con el Índice de Percepciones sobre Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional de 2014, en donde cero es “muy alta percepción de corrupción” y 100 es “muy baja”, México obtuvo una puntuación de 35 sobre 100 y se ubicó en la posición 103 de 173 países junto con Bolivia, Moldavia y Níger. Por su parte, Transparencia Mexicana (TM), en su última edición del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) de 2010, que mide la corrupción en los servicios públicos que ofrece gobierno e iniciativa privada, estimó que los actos de soborno por parte de los ciudadanos representaron en México más de 32 mil millones de pesos mexicanos (alrededor de $2.5 mil millones de dólares estadounidenses), equivalente en promedio al 14% del ingreso familiar y alrededor de 0.5% del PNB nacional. En breve: la corrupción es un grave problema en México.

En este sentido, los estudios que hemos realizado[17] parten de considerar que, en un nivel institucional, una de las causas de la corrupción es la falta de eficacia y efectividad para sancionar los actos corruptos. En otro nivel vinculado con el anterior, otra causa tiene que ver con la débil legitimidad del entramado legal e institucional. Esto permite entender mejor porqué se conciben los cargos como espacios para negocios privados y, al mismo tiempo, porqué los propios actores privados -ciudadanos y empresas- entran en estos intercambios no sólo con actores públicos, sino entre sí. El estudio desde esta perspectiva implica una combinación metodológica: trabajar con datos agregados permite establecer correlaciones y proponer conclusiones generalizables; trabajar con métodos cualitativos permite, en cambio, profundizar en la comprensión de un fenómeno complejo.

En suma, hoy en día ya existen diferentes enfoques desde los cuales trabajar el tema de la corrupción, cada uno con fortalezas y debilidades que, en última instancia, depende del investigador seleccionar y definir con base en la pregunta que desee responderse y el enfoque metodológico que prefiera.

[1] ROSE-ACKERMAN, S. The Political Economy of Corruption, New York, Academic Press. 1978.
[2] GRAF-LAMBSDORFF, J. Causes and consequences of corruption: What do we know from cross section of countries? en Susan Rose-Ackerman (ed.), The International Handbook on the Economics of Corruption, Northampton, Mass.: Edward Elgar Publishing. 2006.
[3] DOGAN, M. y A. KAZANCIGIL. What Cannot be Analyzed in Statistical Terms, en M. Dogan y A. Kazancigil, Comparing Nations: Concepts, Strategies, Substance, Oxford, Blackwell. 1994.
[4] BARDHAN, P. y D. MOOKHERJEE. Descentralization, Corruption and Government Accountability, en Susan Rose-Ackerman (ed.), The International Handbook on the Economics of Corruption, Northampton, Mass.: Edward Elgar Publishing. 2006.
[5] MAURO, P. Corruption and Growth, Quarterly Journal of Economics, CX(3). 1995, pp.681-712.
[6] KAUFMAN, D., A. KRAAY y M. MASTRUZZI. Measuring governance using cross-country perceptions data, en  Susan Rose-Ackerman (ed.), The International Handbook on the Economics of Corruption, Northampton, Mass.: Edward Elgar Publishing. 2006
[7] BAI C., y S. WEI. Quality of Bureaucracy and Open Economy Macro Policies NBER Working Paper 7766. NBER, Cambridge. 2000
[8] Ver Nota 5.
[9] AIDT, T. S. Corruption and sustainable development, en Susan Rose-Ackerman and Tina Soreide (eds.), The International Handbook on the Economics of Corruption, Vol. II, Northampton, Mass.: Edward Elgar Publishing. 2011
[10] MORRIS, S. Corruption and Politics in Contemporary Mexico, Tuscaloosa, University of Alabama Press. 1991
[11] THEOBALD, R. Corruption, Development and Underdevelopment, Durham, Duke University Press. 1990
[12] KLITGAARD, R. Controlling Corruption, Berkeley, University of California Press. 1988
[13] DELEON, P. Thinking About Political Corruption, New York, M.E. Sharpe Inc. 1993
[14] GUERRERO, M.A. y E. RODRÍGUEZ-OREGGIA. On the individual decisions to commit corruption: a methodological complement, Journal of Economic Behavior and Organization, 2008, Vol.65, pp.357-372
[15] RENO, W. Corruption and State Politics in Sierra Leone, New York, Cambridge University Press. 1995
[16] GUERRERO, M.A. Percepciones y Representaciones de la corrupción en la Ciudad de México, en Varios, Los retos de la democracia: Estado de Derecho, corrupción y sociedad civil, Vol.III, México: IBERGOP/Porrúa. 2004
Ver Nota 14.
GUERRERO, M.A. y E. RODRÍGUEZ-OREGGIA. Transparency, Access to Information and Welfare, Comparative Media Law Journal, 2009, No.11, Dic-Ene, pp. 25-69
[17] Ver Nota 14.
Ver Nota 16 c.
GUERRERO, M.A. Para entender las prácticas de corrupción y sus contextos: la legitimidad del marco legal, en Transparencia y Privacidad. Revista Mexicana de Acceso a la Información y Protección de Datos. Núm. 3, México: Instituto Federal de Acceso a la Información.  2014


Manuel Alejandro Guerrero

Doctor en Ciencia Política con especialidad en Comunicación Política por el Instituto Europeo Universitario, en Florencia, Italia. Profesor-Investigador de la Universidad Iberoamericana de México, en el Departamento de Comunicación




Luces y sombras de la lucha contra la corrupción

“Lo mínimo que deberíamos reservarnos es nuestro derecho a disentir cuando las cosas van por el camino inverso al del interés colectivo”.
Julio Arbizú

La corrupción en el Perú es un fenómeno histórico y que se ha convertido en parte de la propia institucionalidad, generando los mayores perjuicios económicos y morales en los momentos de mayor crecimiento económico, tal como lo ha detallado de modo profuso el historiador Alfonso Quiroz.

La transición democrática ¿ya fue?

El presente está lleno del pasado y preñado del futuro. Si bien el presente que tenemos tiene raíces de carácter estructural, los hechos sucedidos en los últimos años han tenido una influencia decisiva en lo que sucede hoy en día, en especial la transición democrática que atravesamos tras la caída del Fujimorato, la cual significó un importante avance en términos de buscar recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones con la creación de espacios como el Acuerdo Nacional, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la Iniciativa Nacional Anticorrupción o la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza.

Sin embargo, la transición democrática comenzó a ralentizarse a partir del año 2005 y empieza para algunos a ser desmontada en el año 2006. Una evidencia de esto es el progresivo debilitamiento de la Procuraduría Anticorrupción, que para los últimos años del gobierno de Alan García ya estaba reducida a su mínima expresión y los montos de recuperación del dinero mal habidos pasan prácticamente a cero.

Otro aspecto importante es que la participación ciudadana, impulsada mediante la reforma descentralista y un marco normativo que propiciaba la presencia ciudadana en lo público, empezó a ser vaciada de contenido de manera progresiva. Esa tendencia iniciada en la gestión de García continua dándose hasta el día de hoy y, probablemente, esto sirva en parte para explicar el clima de conflictividad social existente.

Se puede constatar que las instituciones que quedan de la transición democrática apenas sobreviven y han perdido el peso político y social que antes tenían. Esto no es gratuito, sino que es parte de una apuesta por alejar a la ciudadanía de los asuntos públicos como tradicional e históricamente ha sido en el Perú, donde hemos tenido y seguimos teniendo democracias de baja intensidad y ciudadanías formales más que reales.

Es así que se puede concluir que la ventana de oportunidades generada por la transición democrática tras la caída del autoritarismo en la práctica se ha cerrado totalmente, es decir que de ella no queda prácticamente nada y esa es una responsabilidad compartida de las élites políticas y económicas del país.

De lo estructural a lo coyuntural

Esta situación de casi finalización de la transición democrática es el marco de la realidad que tenemos hoy en día; debido a esto, planteamos una revisión breve de los últimos casos de corrupción con mayor repercusión mediática.

  • La Megacomisión del Congreso recomendó denunciar a Pastor por presuntamente integrar la red de ‘narcoindultos’, la cual incurrió en la infracción a la Constitución al haber reducido la pena de 400 sentenciados por narcotráfico. Asimismo, el exministro habría registrado, entre el 2006 y el 2011, un desbalance patrimonial mayor a S/.450 mil.

    Recientemente, Pastor fue sentenciado a cuatro años por el delito de tráfico de influencias por haber pedido a la alcaldesa de Tocache, Corina De La Cruz, la suma de s/.50 mil a cambio de evitar el proceso de revocatoria en su contra.

  • Fue destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) del cargo de Fiscal de la Nación luego de que unos informes determinaran que favoreció al entonces gobernador regional de Áncash, César Álvarez, en las investigaciones al haber solicitado denunciar penalmente por presunto abuso de autoridad a los cuatro fiscales anticorrupción del Santa (Chimbote) que allanaron las instalaciones de la ‘La Centralita’. Otras incoherencias de Ramos han sido el encuentro sostenido con Rodolfo Orellana; no investigar a Dante Farro, expresidente de la Junta de Fiscales del Santa quien supuestamente bloqueó las investigaciones a Álvarez; el archivamiento a la investigación preliminar abierta al congresista Julio Gagó por el caso Copy Depot y el respaldo a la fiscal superior María Maguiña, quien dictaminó el retiro de la acusación de lavado de activos del narcotráfico al clan Sánchez Paredes.
  • Jorge Velásquez Portocarrero, presidente del Gobierno Regional de Ucayali, tiene once demandas vigentes por presuntos actos de corrupción y sus funcionarios 106. Del total, sólo cuatro han sido judicializadas. El más grave quizá es el caso del empresario que afirma que pagó soborno de S/. 1 millón a Velásquez a cambio de ganar la buena pro de una obra de S/. 17 millones. Por su parte, la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, solicitó investigar a Velásquez y a trece personas de su entorno por supuestamente haber adquirido con dinero ilícito dieciséis propiedades. Uno de estos lotes situados en Pucallpa está valorizado en 200 mil dólares.
  • Rodolfo Orellana fue detenido por ser el operador del entonces presidente regional de Ancash, César Álvarez, quien lideraba una red criminal. A Orellana se le imputa varios delitos como sobornar a jueces y fiscales (empleando S/. 45 millones) para apropiarse ilícitamente de bienes inmuebles, el uso de cooperativas y emisión de cartas-fianza para obras o servicios del Estado, interceptaciones telefónicas a opositores de Álvarez, tala y minería ilegal e inclusive narcotráfico.

Como hemos visto la corrupción se ha colado en el Estado en sus distintos niveles y poderes. Pese a esta sombra, también se avizoran luces, como que un Fiscal de la Nación sea defenestrado y un exministro de Justicia con serias acusaciones sea condenado a una pena efectiva. Sin embargo, estos dos importantes hitos en la lucha contra la impunidad se opacan al dejar en libertad a varios implicados de la red Orellana, organización criminal con fuertes nexos con el Partido Aprista y la red de corrupción montada por Álvarez.

Nuevos escenarios y retos

La corrupción tradicional viene entrelazándose con nuevos tipos de corrupción que en algunos casos responde a una lógica más territorial, fruto de una descentralización incompleta y precaria, así como una relación creciente entre las economías ilegales que buscan capturar el poder político para sus negocios ilícitos.

Se empieza a generar un clima de opacidad en los nuevos mecanismos que promueve el gobierno para salir de la desaceleración económica, como las Asociaciones Público-Privadas, Obras por Impuestos e Iniciativas Privadas Cofinanciadas, en donde existe el riesgo de captura del Estado (de los cuales ya se han visto casos). Los montos de inversión en estos mecanismos son de miles de millones de dólares y de escasa regulación.

De otro lado, cabe recordar que en nuestra coyuntura se han abordado algunos temas que han generado movilizaciones ciudadanas haciendo retroceder polémicas decisiones de las autoridades, como el caso de la “repartija” en la designación del Defensor del Pueblo, el aporte obligatorio a las AFP por parte de los independientes y ley laboral juvenil (ley “Pulpín”). Temas que han indignado a la ciudadanía impulsándola a salir a las calles. Posiblemente el tema de corrupción tiene que llegar a sentirse así, más a flor de piel, entendiendo que si roban al Estado, te roban a ti.

¿Es poco lo que hemos logrado?

Definitivamente no somos uno de los pocos países en el mundo que ha encarcelado generales, exministros e incluso un expresidente por acusaciones de violaciones de derechos humanos y casos de corrupción.

Ante ello, es necesario avivar y fortalecer el impulso democrático y ciudadano que prácticamente se ha perdido. Probablemente el inicio sea liberarnos del escepticismo y tolerancia a la corrupción para luego asumir un rol de vigilancia que nos lleve a denunciar estos actos, los cuales finalmente vulneran el derecho de todos y todas a alcanzar calidad en salud, educación, vivienda, etc.

A pesar de que las preferencias electorales ponen una vez más entre los favoritos a fuerzas políticas con serios cuestionamientos por casos de corrupción, es cierto también que hay sectores de la ciudadanía que están dispuestos a movilizarse. En este sentido suscribimos plenamente lo que el ex fiscal Avelino Guillén plantea, mantener vivo el clima de indignación ciudadana.


Katherine Morales / Giancarlo Castiglione

Grupo de Trabajo Contra la Corrupción – Forum Solidaridad Perú.




Un conflicto más… sí importa

Han transcurrido casi dos meses de iniciado el conflicto minero de Tía María, y si bien los medios de comunicación han cubierto la noticia, en algunos casos total o parcialmente, intentando ser objetivos o dejando en claro un marcado sesgo (tanto pro empresarial como antiminero), el ciudadano también se ha expresado (a través de sondeos de opinión, encuestas radiales, etc.). Este artículo intenta hacer un primer balance con algunas ideas fuerza que parecen quedar a partir de la pausa de 60 días propuesta por Southern Perú el pasado 15 de mayo.

Una primera idea tiene que ver con la visión marcadamente simplificada que amplios sectores poseen en torno a la conflictividad social en el país. Esta parece resumirse a estar a favor o en contra, declararse prominero o antiminero, a estar del lado de los buenos o malos. Finalmente, calificar el juicio propio como racional y el ajeno como irracional. La opinión pública, en los últimos 40 días, parece haber trazado una imaginaria línea que divide nuestra realidad en dos y nos obliga, de alguna manera, a ubicarnos en alguno de los lados, asumiendo que este ejercicio no solo es posible, sino incluso reviste un carácter moral, ya que están en juego más cosas de las que podemos imaginar.

Una segunda idea está relacionada a una discusión que solo parece actualizarse cuando el Estado parece una vez más desbordado: la propiedad de los recursos naturales y el futuro del modelo extractivista. Desde las posturas liberales se insiste en que la conflictividad se acabará una vez que las comunidades sean propietarias no solo del suelo, sino también del subsuelo (que legalmente le pertenece al Estado) e incluso puedan negociar directamente con la empresa. Desde sectores progresistas (o de izquierda, si prefieren), de manera especial este conflicto pone sobre la mesa la necesidad de cuestionar un modelo económico basado en la extracción de recursos naturales (rentista lo llaman algunos), que ha otorgado beneficios, pero que es especialmente dependiente de los vaivenes de la economía mundial. La pregunta que se hace con insistencia, desde esta postura ideológica, es ¿qué pasará cuando nuestros minerales dejen de venderse en la cantidad y al precio que se venden actualmente?

Si Granja Porcón es un modelo a replicar, ¿por qué no se hace?; y si es más bien una excepción, ¿no habría que pensar nuevos modelos que pueden contribuir en una adecuada convivencia?

Una tercera idea presenta un conjunto de preguntas no respondidas plenamente ¿es posible la convivencia entre minería y agricultura?, ¿es la minería contaminante per se?, ¿hay experiencias exitosas de convivencia armoniosa entre ambas? Y si las hay, ¿por qué no se comunican? Hace algunos días, en una entrevista[1], Carlos Gálvez de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, mencionaba uno de los casos emblemáticos de relación exitosa mina-agro: Granja Porcón en Cajamarca. El periodista que lo entrevistaba insistía en la necesidad de presentar desde su institución los activos ambientales de otras experiencias mineras. Si Granja Porcón (asumiendo con cautela su éxito) es un modelo a replicar, ¿por qué no se hace?; y si es más bien una excepción, ¿no habría que pensar nuevos modelos que pueden contribuir en una adecuada convivencia?

Una cuarta idea tiene que ver con una marcada insistencia en que el problema de fondo es técnico. Existe un segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa y aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, que ha subsanado las 138 observaciones al primer EIA (observaciones realizadas por la UNOPS[2]). De manera en que, por un lado, se preguntan algunos sectores: si se han levantado todas las observaciones, ¿qué reclama la población del valle de Tambo?; mientras otros evalúan que fue principalmente un tema de comunicación. Sin embargo, pocos análisis se han detenido en reflexionar en un intangible que es determinante para empezar a construir una relación de largo plazo: la confianza. De allí que el problema no es exclusivamente técnico (observaciones levantadas o no comunicadas oportunamente), es también un problema político, de credibilidad, de legitimidad. Los sectores contrarios al proyecto han insistido en el pasado oscuro de la empresa, de pasivos ambientales y cierta renuencia a asumirlos. ¿Es posible construir una relación cuando hay un pasado dudoso, se carece de gestión para ganarse a la población y, encima de ello, se percibe al Estado como un aliado de la empresa, antes que como un garante de la salvaguarda de derechos fundamentales? Este conjunto de factores son el terreno fértil para que sectores radicales, poco o nada dialogantes, que utilizan la violencia y el miedo para imponerse, terminen presentándose como representantes de un sector de agricultores cuya desconfianza es tan razonable como nunca escuchada.

Para concluir, el panorama es muy incierto e incluso la pausa no ha tenido el efecto esperado, ya que si bien en Arequipa provincia las actividades han vuelto a la normalidad, en el Valle de Tambo el paro continua, con escolares que han perdido ya dos meses de clase, pérdidas económicas, sectores liberados y desprotegidos de la violencia de uno y otro lado, pero sobretodo, con pérdidas humanas, un tejido social sumamente deteriorado y una experiencia traumática que ahora forma parte de la memoria colectiva de un pueblo cuya ‘fortuna’ fue tener un proyecto minero cerca.

* Posteriormente a la redacción de este artículo el conflicto por el proyecto minero Tía María se intensificó, realizándose un paro macro-regional en las ciudades de Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno y Cusco, los días 27 y 28 de mayo. [N. del E.]

[1] Entrevista en: http://canaln.pe/actualidad/sociedad-mineria-plantea-tiempo-informar-mejor-sobre-tia-maria-ii-n181461
[2] La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) es un organismo operacional de las Naciones Unidas que apoya a sus asociados en la ejecución de sus proyectos humanitarios, de desarrollo y de consolidación de la paz en todo el mundo.


Jorge A. Zegarra López

Antropólogo. Docente en la Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa)