“La ciudadanía tiene una acción importante dentro del sistema democrático”

Entrevista a Allan Wagner, presidente de la Asociación Civil Transparencia

Por Diana Tantaleán C.
Apostolado de Justicia Social y Ecología

A fines de abril fueron presentados al Congreso, por el Poder Ejecutivo y el Jurado Nacional de Elecciones, dos proyectos de Ley Electoral, buscando así aportar a la creación de un Código Electoral único. Posteriormente, el grupo de Trabajo de Reforma Electoral, de la Comisión de Constitución del Congreso, presentó el Informe trabajado desde agosto del año pasado, el cual apunta al mismo objetivo.

El Presidente de la Asociación Civil Transparencia, Allan Wagner Tizón, opina sobre las propuestas presentadas y aporta sobre la importancia de implementar una Ley que fiscalice efectivamente las campañas electorales.

¿Qué le han parecido las propuestas de ley de Reforma Electoral presentadas a la Comisión de Constitución del Congreso?

Me parece que tienen importantes elementos de coincidencia, lo cual permite avizorar la posibilidad de tener una legislación a tiempo para aquellos temas relacionados con las elecciones de gobernadores y alcaldes, que tendrá lugar el próximo año. Naturalmente, también existen discrepancias.

En cuanto al ámbito de cobertura de las propuestas, el Informe del Grupo de Trabajo, constituido por la Comisión de Constitución, plantea una Ley General de Elecciones, es decir, un Código Electoral, al igual que el proyecto del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); en el caso del proyecto que envió el Ejecutivo, abarca un ámbito más reducido de temas, pero todos ellos importantes.

También están las propuestas que la sociedad civil ha hecho llegar al Congreso, entre ellas las de la Asociación Civil Transparencia[1]. La nuestra está básicamente enfocada, en primer lugar, a asegurar la idoneidad de los candidatos y, en segundo lugar, a evitar que ingrese dinero ilícito en las campañas electorales. En estos dos aspectos hay algunas coincidencias importantes con los otros proyectos presentados, pero todo eso tendrá que ser discutido por la Comisión de Constitución.

¿Cree que la propuesta presentada por el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral tiene los mecanismos de control suficientes y efectivos contra el ingreso de dinero ilícito y los candidatos corruptos?

Tiene algunos importantes, pero a nuestro modo de ver habría que incluir otros y reforzar algunos.

Entre las cosas positivas está la prohibición de que se presenten como candidatos personas que hayan recibido condenas por delitos graves, como casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas, etc. En segundo lugar, en lo que se refiere al financiamiento de las campañas electorales, prohíbe las donaciones anónimas y establece la obligatoriedad de bancarización de todas las contribuciones superiores a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT); también establece un tope para el financiamiento a través de actos de proselitismo, como son rifas, polladas, etc.; esto para mencionar lo más resaltante.

Algo que también está en el proyecto presentado, y que ha sido una propuesta unánime, es elevar la cuota de género al 50%, además intercalada, de tal manera que las mujeres no estén al final sino a lo largo de la lista.

Una propuesta importante para la Reforma Electoral es la que plantea darle mayores facultades legales a la ONPE, pudiendo aplicar sanciones efectivas contra aquellos partidos políticos que incurran en faltas graves.

En lo que requeriría perfeccionamiento, a nuestro modo de ver, está la realización de las elecciones primarias de los partidos y asociaciones políticas. De acuerdo con nuestra propuesta, como también lo propone el JNE, esas elecciones deberían ser organizadas y conducidas por los organismos electorales; en el caso del Informe del Grupo de Trabajo, esto es opcional por parte de los partidos políticos.

Es muy importante que estas elecciones internas sean conducidas por los organismos electorales porque dará una gran confianza a sus militantes respecto del resultado de esas elecciones, y también fortalecerá los partidos políticos, incluyendo su democracia interna.

Hay otros aspectos que también deberían ser incluidos, como la disposición por la cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda reportar inmediatamente, tanto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como al JNE, cuando observe movimientos sospechosos de dinero por parte de algún candidato, y que esto permita a los órganos electorales verificar inmediatamente qué está sucediendo. Esto no está en ninguna propuesta.

La Comisión Presidencial de Integridad también propuso que los candidatos, al momento de inscribir sus candidaturas, hicieran una declaración tanto de bienes y rentas como de intereses, de tal manera que la ciudadanía pudiera conocer mejor de quiénes se trata. Esto también debiera ser incluido.

En lo concerniente a los gastos en publicidad: más o menos el 70% de los gastos en campañas electorales son de publicidad, de los cuales más del 50% son de publicidad televisiva, y esta suma va creciendo campaña a campaña. Esto es preocupante, pues en la medida en que las campañas se hagan más costosas va a demandar, de los partidos políticos, más recursos y, por esa misma necesidad, el que se abra la puerta a dinero no declarado.

Nosotros hemos propuesto que las empresas de televisión reporten inmediatamente a los organismos electorales (a la ONPE, en este caso), los contratos de publicidad que firmen con los diversos partidos o agrupaciones electorales, de tal manera que se pueda hacer un seguimiento de esos gastos.

También se ha propuesto que, en base a la observación que la ONPE haga de los gastos de cada uno de los partidos y agrupaciones, se realice un modelo de gasto para cada uno y lo contrasten con ellos, para ver si el gasto realizado corresponde al que la ONPE observa y de dónde proceden los recursos usados.

Todo esto es en lo referido a cuestiones electorales, naturalmente que los proyectos de Código Electoral, tanto del Grupo de Trabajo como del JNE, abarcan temas mucho más de detalle, el primero cuenta con más de 400 artículos y son más de 200 los temas que aborda.

Esto ha planteado una discusión, dentro de la Comisión de Constitución, sobre si se va a trabajar la ley en su conjunto o se va a dar prioridad a aquellos dispositivos que tienen relación con las elecciones de gobernadores y alcaldes del próximo año. Parece que el presidente de la Comisión de Constitución ha decidido por lo segundo, pero no cabe duda que, así como es importante tener a tiempo una legislación electoral perfeccionada para las elecciones del próximo año, es también muy importante tener una Ley General de Elecciones, un Código Electoral, y no la situación actual con dispositivos dispersos en muchas leyes, lo que genera confusión y dificultad a los partidos políticos para poder participar adecuadamente.

Patricia Donayre Pasquel, Coordinadora del Grupo de Trabajo de Estudio de la Reforma Electoral, el cual presentó la propuesta que debe debatirse con miras a las elecciones regionales y municipales del próximo año.

Hay quienes dicen que, para que la legislación pueda ser implementada adecuadamente por los organismos electorales, debiera quedar lista y aprobada por el Congreso a más tardar en octubre del presente año. Entonces, hay un problema de tiempo, pero ese problema no debe perjudicar el objetivo final, que es tener un Código Electoral completo.

Actualmente, con lo que hay vigente en ley electoral, ¿existe algún control en el gasto económico de los partidos?

Hay un control, pero no es eficaz porque es un control ex post[2]; y si se comprobase que un partido no ha cumplido con reportar algún tipo de gasto o ingreso, corresponde una multa, pero la ONPE no tiene facultades coercitivas para hacerla efectiva. Por eso se ha planteado en dotar a los organismos electorales de facultades legales necesarias para hacer efectivas las multas o sanciones de tipo político, como puede ser la exclusión de un partido del proceso electoral por no presentar a tiempo sus estados financieros.

¿Cómo ve el interés de la ciudadanía frente a todo lo que ocurre en el país?

Yo diría que es creciente. Han acontecido hechos realmente lamentables que ha remecido mucho las conciencias, como el caso de los sobornos cuantiosos a cargo de la empresa brasileña Odebrecht y otras más. Eso ha contribuido a hacer notar a las personas que la lucha contra la corrupción y el perfeccionamiento de las normas democráticas es algo que está directamente vinculado a su bienestar personal y tiene mucho que ver con su vida diaria, porque el dinero de la corrupción interfiere en la toma de decisiones en las instituciones del sistema democrático y atenta contra los derechos ciudadanos fundamentales, como es educación, salud, vivienda.

En la medida en que la ciudadanía continúe tomando conciencia de que todo ello está directamente relacionado con su bienestar, y que todo lo que se aparte de las normas de conducta y perjudique el sistema democrático, nos atañe directamente, esta participación ciudadana va a ir creciendo.

¿Cómo cree usted que se puede comprometer más a la ciudadanía para que ayude en este rol fiscalizador hacia los partidos y no sea solamente cuestión de leyes?

Eso es lo que pretendemos hacer las organizaciones no gubernamentales que trabajamos en el tema. En el caso de Transparencia, entre setiembre y diciembre del año pasado, hicimos una intensa movilización a nivel nacional, con foros, conferencias, mesas redondas, etc., para analizar y difundir las propuestas que estábamos presentando en el Plan 32. Eso fue muy útil porque la ciudadanía se empapó del tema y, al mismo tiempo, decidió mantenerse alerta del avance del proceso. Eso ha sido positivo.

Hay que continuar difundiendo y trabajando, hacer que la ciudadanía participe y pida cuentas a sus parlamentarios de cómo van avanzando, qué orientación van teniendo. Como sabemos, los parlamentarios visitan sus respectivas jurisdicciones electorales, y los electores pueden preguntarles. Eso es parte de la gobernabilidad, que haya un reporte del trabajo que vienen realizando.

La ciudadanía tiene un campo de acción importante dentro de las propias reglas del sistema democrático. No se trata de crear instancias paralelas, son trabajos convergentes porque, finalmente, lo que la sociedad civil busca es contribuir a que los procesos políticos tengan el mejor resultado en beneficio de la ciudadanía y, en el caso de Transparencia, de la calidad de nuestra democracia.

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[1] A fines del año pasado, la Asociación Civil Transparencia presentó al Congreso el Plan32, un proyecto con el que quiere contribuir al fortalecimiento de las instituciones en el Perú y mejorar la calidad democrática del país.
[2] Posterior al hecho [N. E]

Invierno 2017


Allan Wagner Tizón

Diplomático. Director de la Academia Diplomática del Perú. Presidente de la Asociación Civil Transparencia.




Sociedad Educadora: ciudadanos que se comprometen con su comunidad

El Estado Peruano ha manifestado su voluntad respecto a la promoción de una sociedad educadora, situación que se expresa en los principales documentos normativos de la política educativa, como la Ley General de Educación y el Proyecto Educativo Nacional.

En la Ley General de Educación Nº 28044 se afirma: “La sociedad tiene el derecho y deber de contribuir a la calidad y equidad de la educación…. y se convierte en sociedad educadora al desarrollar la cultura y los valores democráticos”. Asimismo, se menciona que “la calidad de la educación es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida”.

Consideraciones que se ratifican en el Proyecto Educativo Nacional al 2021, documento donde se precisa, como uno de los objetivos estratégicos, la responsabilidad de promover una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad; e insta a los gobiernos locales, familias, empresas, organizaciones, líderes y medios de comunicación a contribuir con este reto.

En esta perspectiva, el Estado Peruano viene realizando esfuerzos para promover una sociedad educadora; no obstante, la realidad actual nos interpela manifestándonos diversos escenarios que se contradicen a los lineamientos de la política educativa, identificándose crisis en las principales organizaciones e instituciones que educan a las personas.

Sociedad educadora, una gran aspiración

Cuando pensamos en el término “sociedad educadora”, nos imaginamos un espacio territorial donde todas las personas, en la etapa de vida en la que se encuentran (niñez, adolescencia, juventud, adultez, ancianidad) y desde el rol que desempeñan (autoridad, miembro de una familia, institución, vecino, etc.), acceden a oportunidades educativas de índole formal y no formal, interactúan democráticamente en diversos lugares que educan e intercambian aprendizajes, promoviendo su desarrollo a plenitud y el bienestar de la sociedad a la que pertenecen. Las personas valoran el potencial educativo de su sociedad y son conscientes del impacto de su trayectoria personal (conocimientos, habilidades destrezas y actitudes) en el proceso formativo de otras personas.

El escenario descrito anteriormente implica condiciones básicas, tales como:

  1. El reconocimiento de los principios de la ética: como el amor, la justicia, la veracidad, el respeto y la lealtad.
  2. El reconocimiento de la política como el poder para servir a los demás.
  3. El reconocimiento que toda persona, por su condición humana, es libre e igual.
  4. El reconocimiento que toda manifestación y conducta humana educa a los demás.
  5. El reconocimiento del equilibrio entre el desarrollo personal y el bienestar común.

Todas condiciones básicas promovidas desde la doctrina social de la iglesia y la ética pública, guardando estrecha relación con las enseñanzas de las sagradas escrituras: a) El amor sea sincero. Aborrezcan el mal y cuiden todo lo bueno. En el amor entre hermanos: demuéstrense cariño unos a otros. En el respeto: estimen a los otros como más dignos” (Rom. 12, 9-10); b) “Ustedes son la sal de la tierra; pero si la sal se vuelve desabrida, ¿con qué se le puede devolver el sabor? Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad edificada sobre un monte” (Mt. 5, 13-14); c) Que el más grande de ustedes se haga servidor de los demás. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido” (Mt. 23, 11-12).

Por consiguiente, los frutos de una sociedad educadora se revelan cuando los indicadores de violencia, corrupción, delincuencia, desempleo, estrés se minimizan y aumentan los indicadores relacionados al nivel de productividad, satisfacción, calidad de vida de las personas y familias.

Nuestra realidad

En este marco cabe preguntarnos si la sociedad peruana está educando en esta dirección; si los diversos espacios colectivos y sus respectivos actores sociales demuestran las condiciones básicas anteriormente señaladas.

La familia: Primer espacio donde la persona interactúa con otras personas y configura progresivamente su personalidad, carácter y aspiraciones, adquiriendo diversos aprendizajes.

Se aprecia que existen familias que se caracterizan por promover, en su entorno familiar, prácticas de respeto, amor, honestidad, justicia, lealtad y servicio a los demás, generando un ambiente saludable para el desarrollo personal y social de sus integrantes.

Cotidianamente reflexionan sobre su proyecto familiar e implementan mecanismos que regulan las interacciones y el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada uno de sus integrantes.

El respeto y la confianza entre todos los miembros de la familia facilitan la delegación de responsabilidades. Participan en actividades de voluntariado, involucrándose en proyectos sociales de diversa naturaleza.

Por el contrario, hay familias donde los padres están en constante disputa del poder, sin fe y esperanza, con frecuentes discusiones que conllevan violencia familiar, intolerancia, deshonestidad, soberbia; consecuentemente sus miembros reflejan limitaciones en su desarrollo personal, familiar y social, asumen comportamientos nefastos y autodestructivos siendo indiferentes frente a las circunstancias de los otros.

Conviven con las anomalías de las familias siendo insensibles y/o cómplices con las mismas. Su capacidad de indignación y compromiso para transformar la realidad se anulan por el egocentrismo que caracteriza su trayectoria de vida.

La institucionalidad pública y privada, espacios colectivos donde los miembros de la familia continúan su trayectoria de vida personal y social y vivencian todo tipo de situaciones adquiriendo una variedad de aprendizajes.

Encontramos instituciones, organizaciones y asociaciones con prácticas que favorecen el desarrollo de las personas y los objetivos institucionales, enfatizando en la actitud de servicio a los demás y en el enriquecimiento del proceso formativo de las personas.

Las personas tienden a manifestar satisfacción con lo que hacen y son más sensibles con los problemas sociales, estando dispuestas a comprometerse con la transformación de su realidad.

Pero también ubicamos a instituciones, organizaciones y asociaciones donde se aprecian prácticas de egocentrismo, deshonestidad, intolerancia, violencia, corrupción, desconfianza, situaciones que empobrecen el proceso formativo de las personas.

Espacios donde se ha institucionalizado la cultura del menor esfuerzo a costa del esfuerzo de muchos otros, así como la crítica destructiva, que desestabiliza al otro sin identificar las oportunidades de mejora.

Invierno 2017


Angela Reymer Morales

Asociada de Foro Educativo.




Los 100 años de la PUCP y su compromiso con los desafíos sociales del Perú

Los problemas sociales atávicos y persistentes en el Perú han sido la pobreza (que, aunque disminuyó en los últimos años, no desapareció), la distribución inequitativa de la riqueza y el excesivo centralismo que perjudica a todo lo que no es Lima, la capital, en las más diversas dimensiones de la vida.

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ha trabajado permanentemente en relación a la pobreza. “La opción preferente por los pobres” de la Iglesia Católica está encarnada en su quehacer educativo que, como se sabe, es una de las formas más eficientes de superar la pobreza en la vida social.

Hoy, de aproximadamente 22 mil estudiantes de licenciatura, cerca de 1400 tienen acceso a becas totales que la universidad financia o gestiona de terceros y, también, cuenta con un sistema de pensiones escalonadas en las que no menos de tres cuartos de los alumnos matriculados tienen un componente de beca porque la pensión que pagan no cubre los costos de la enseñanza. De entre todos estos becados, hay que destacar que tenemos un convenio con Fe y Alegría del Perú por el cual hasta veinte de sus egresados ingresan a la universidad con beca completa para seguir una carrera profesional.

La PUCP es una universidad privada para la ley peruana y no recibe financiamiento del Estado. Pero se ha organizado a lo largo de decenios, de manera tal que el 52% de sus ingresos lo conforman los derechos educativos que pagan los alumnos, y el otro 48% es obtenido mediante otros mecanismos de obtención de recursos.

En su quehacer educativo, éstas son las formas que la PUCP ha desarrollado para, en la medida de sus posibilidades, convocar a quienes tienen talento y carecen de los medios para pagar sus estudios.

En relación a la distribución inequitativa de la riqueza, la universidad trabaja interdisciplinariamente para esclarecer los conceptos, elaborar marcos de interpretación del problema y, sobre todo, encontrar soluciones operativas que colaboren a la solución del problema. Como todo problema político, éste requiere de argumentos y de acción.

Desde principios de la segunda mitad del siglo XX, la PUCP tiene una especialidad de economía que ha brindado al país profesionales que han intervenido activamente en la vida empresarial y en la conducción política del Estado. También hemos trabajado interdisciplinariamente en los temas de pobreza, discriminación y violencia estructural. Hemos abordado todo ello desde perspectivas sociológicas, jurídicas, humanísticas, económicas y teológicas. En esto último, el Padre Felipe Mac Gregor SJ, rector entre 1963 y 1977, hizo importantes aportes en los estudios de cultura de paz; y siempre nos ha alegrado que el padre Gustavo Gutiérrez, que desarrolló la teología de la liberación, fuera profesor de nuestras aulas y, actualmente, profesor emérito en constante actividad.

El Fondo Editorial de la PUCP ha trabajado constantemente en la publicación de libros y revistas, uno de cuyos ejes es la justicia en la distribución de la riqueza.

En cuanto a la inequidad territorial que produce el centralismo del país, la PUCP ha preferido localizarse también en las provincias que no sean Lima, la capital, sino construir una red nacional que se llama la Red Peruana de Universidades – RPU. Opera desde el año 2007 de manera ininterrumpida y congrega a 22 universidades del Perú: dos de Lima, tres universidades católicas y diecisiete estatales de las diversas regiones del Perú.

Los rectores nos reunimos semestralmente a evaluar el trabajo hecho y a planificar el futuro. Una secretaría ubicada en la PUCP da continuidad y cumplimiento a las tareas establecidas.

Los compromisos de la universidad en esta red son varios:

  • Recibimos en promedio cien alumnos al semestre, de las universidades asociadas, en un proceso de intercambio. Más de dos mil alumnos han venido y regresado a sus universidades en el período.
  • Recibimos alrededor de cuarenta profesores al año para diversas actividades: desde estudiar becados en la escuela de posgrado, hasta participar en labores de laboratorio, dictado compartido de clases, o en la visita intensa a la Biblioteca.
  • Compartimos recursos de investigación y de docencia. Especial importancia tiene el IDU de la PUC (Instituto de Docencia Universitaria), que hace constantes cursos en todas las universidades de la red.
  • Tenemos reuniones periódicas de vicerrectores académicos, administrativos y de investigación para coordinar labores en las respectivas áreas.
  • La reunión de los rectores es, a la vez, un grupo de reflexión y propuesta sobre la vida universitaria peruana.

Estamos de centenario y lo hemos tomado como un gozne entre el presente y el futuro para evaluar lo que hicimos y proyectar creativamente nuestro trabajo al futuro. Somos una comunidad universitaria de maestros, alumnos y trabajadores no docentes que haremos lo mejor de nosotros para seguir colaborando al desarrollo del Perú con justicia.

Invierno 2017


Marcial Rubio Correa

Abogado. Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP.




Desafíos del Perú ante el Cambio Climático

El Cambio Climático pone al Perú, junto con todas las naciones del planeta, ante un grave dilema. La civilización contemporánea, sostenida por implacables impulsos económicos, con un poder tecnológico y científico sin precedentes, tiene devastadoras consecuencias ecológicas que ponen ahora en riesgo el bienestar y la prosperidad soñadas por la humanidad entera, ¿cómo llegamos a esto?

Sucede que la radiación solar que golpea la Tierra no rebota y vuelve al espacio simplemente. Un manojo de gases naturales, principalmente vapor de agua y anhidrido carbónico (CO2), absorben una parte de la energía del sol y la liberan en forma de calor. También los océanos y otros cuerpos de agua capturan energía solar en grandes cantidades. Así, la temperatura superficial del planeta se mantiene dentro de valores propicios para el desarrollo de la vida. Nuestro planeta es tibio y acogedor para los seres vivos gracias a esos “gases de efecto invernadero” (GEI). Otros gases con ese efecto son el metano, el óxido nitroso y varios aerosoles industriales.

El clima de la Tierra es muy variable, como bien sabemos; y en una escala temporal de milenios ha fluctuado mucho, con épocas de frío generalizado (glaciaciones) y épocas de calentamiento. Durante la Revolución Industrial, iniciada hacia fines del siglo XVIII y adquiriendo fuerza imparable en el siglo XIX, se utilizó de la energía concentrada en un conjunto de sustancias con alto contenido de carbono, proveniente de organismos vivos que existieron hace mucho tiempo: carbón mineral, turba[1], petróleo y gas natural, que llamamos genéricamente combustibles fósiles. Estos contienen millones de años de energía solar acumulada, que ahora estamos liberando en un parpadeo. Es como si una familia acumulase riquezas durante veinte generaciones y, luego, un heredero botarate expoliase el patrimonio familiar en cinco años de exceso.

Los combustibles fósiles contienen energía concentrada en formas muy portátiles, lo que nos ha permitido transportar bienes y personas cada vez más lejos y a mayores velocidades. Cuando quemamos combustibles fósiles, el residuo (CO2) se dispersa en el aire y no hay que ocuparse de ningún desecho.

Una de las revoluciones impulsadas por los combustibles fósiles es la producción intensiva e industrial de carne. Nos hemos habituado a comerla en cantidades mucho mayores que nuestros ancestros. Hoy tenemos tres veces más tierra de pastoreo que de cultivo, y 70% de las cosechas se destinan a engordar animales: más de veinte mil millones de pollos, mil millones de cerdos, dos mil millones de cabezas de ganado vacuno. Estos últimos, mientras rumian su comida, emiten gas metano; mientras que los residuos animales y los fertilizantes aplicados masivamente a los cultivos producen óxido nitroso. Estos dos últimos gases son decenas de veces más activos que el CO2, como gases de efecto invernadero.

En suma, a partir de la Revolución Industrial, estamos bombeando volúmenes nunca vistos de GEI en la atmósfera, aceleradamente, con impaciencia muy contemporánea. Y esos gases, al irse acumulando, están absorbiendo mucha más energía solar que en el pasado, provocando un calentamiento generalizado en la delgada capa superficial que contiene toda la vida en la Tierra. Las diferencias de temperatura atmosférica detectadas, con respecto al siglo XIX, ya se acercan peligrosamente a los dos grados centígrados. Parece una minucia, pero se trata de un volumen gigantesco de aire. Calentar eso, una fracción de grado, implica cantidades de energía inimaginables.

Las consecuencias de ese pequeño aumento de temperatura, en el Perú, nos exponen a crecientes peligros. Se empiezan a derretir los casquetes polares, elevando el nivel del mar. Y el Perú tiene una extensa costa, donde se concentra la mayoría de la población humana. En Lima, podrían quedar bajo el agua la Costa Verde y La Punta. En el norte, podrían inundarse o contaminarse de agua salada los valles arroceros. En Tumbes, desaparecería nuestra única muestra de manglares. También nuestros glaciares y nevados se están derritiendo. Es decir, cada día perdemos la capacidad natural de almacenar agua dulce, imprescindible para prácticamente toda actividad humana, comercial o de subsistencia. Climas más tibios durante una mayor parte del año y a mayores altitudes ya están causando que insectos vectores de enfermedades, como el dengue y la malaria, se extiendan sobre nuevos espacios geográficos y proliferen con mayor éxito. En nuestras mayores ciudades, pobres en áreas verdes y generosas en cemento, cualquier pequeño aumento de la temperatura se multiplica, y la contaminación vehicular, activada por el calor, produce efectos dañinos cardiovasculares y respiratorios. Los gastos y la energía empleados en enfriar los domicilios y ambientes de trabajo aumentan, como ocurrió en el último verano.

En la Amazonía, un millón y medio de hectáreas de bosque es destruido cada año. Esa vegetación derribada y las quemas forestales son el principal aporte del Perú en emisiones de GEI. A su vez, en un círculo vicioso, las sequías asociadas al cambio del clima hacen a los bosques más vulnerables al fuego. La siguiente actividad más contaminante es la producción agropecuaria. En el Perú, dos tercios de nuestras emisiones de GEI vienen de actividades que corresponden al sector Agrario (agricultura, ganadería y manejo de bosques). En tercer lugar, entran el transporte y la producción de energía –doméstica e industrial— con combustibles fósiles. Quemamos combustibles sucios como el diesel; y preferimos autos de uso individual, muy viejos o demasiado voluminosos e ineficientes.

La gran energía acumulada en la atmósfera y los océanos por el exceso de GEI está trastornando el régimen climático: los ciclos estacionales, las temperaturas máximas y mínimas, el régimen de lluvias, los fenómenos extremos como huracanes y Niños, se harán probablemente más frecuentes e intensos. La agricultura enfrenta esa incertidumbre climática con mayor riesgo. Cultivos importantes cuya calidad o viabilidad depende de microclimas, como el café orgánico o la maca, podrían desaparecer del campo.

Tal como lo demostró hace algunos años el terremoto en Pisco, hace unos meses el Niño Costero, y como lo demuestran todos los años los niños muertos en los Andes durante el invierno, la sociedad peruana y el Estado estamos muy mal preparados para prevernos de eventos naturales, hasta de los completamente predecibles. Tampoco tenemos costumbre de obedecer reglas diseñadas para protegernos, cuidarnos a nosotros mismos ni unos a otros, como es fácil comprobar con solo intentar cruzar una calle, a cualquier hora.

En suma, el riesgo peruano ante los peligros de la variabilidad ambiental milenaria (como el Niño) y del Cambio Climático contemporáneo, es muy alto; porque la mayoría de nuestra población está expuesta a ellos y porque tanto la cultura nacional como la civilización global nos incentivan a actuar con negligencia. Reducir ese nivel de riesgo es completamente posible porque tenemos la información actual e histórica para guiarnos, el cariño por nuestras propias familias para impulsarnos, y una gran inventiva para encontrar soluciones dentro de nuestros propios términos. Para catalizar y canalizar responsablemente esas capacidades, de modo que logremos mitigar los peores efectos del Cambio Climático y transitar hacia una nueva civilización, amiga de la Tierra, requeriremos, sin embargo, nuevos liderazgos; de los cuales quizá, todavía, no hemos visto el primero.

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[1] Carbón fósil formado de residuos vegetales, de color pardo oscuro, aspecto terroso y poco peso.

Invierno 2017


Ernesto Ráez Luna

Ambientalista. Docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya – UARM.