La corrupción y el grave daño a la gobernabilidad

Lista de presidentes investigados por corrupcionLa corrupción está causando un grave daño a la gobernabilidad del país. Ha paralizado grandes obras públicas y dejado sin puestos de trabajo a miles de peruanos. Ha detenido la economía y afectado la libre competencia. La corrupción está vulnerando los derechos de muchos peruanos que no pueden acceder a servicios básicos de calidad en educación, salud, saneamiento y transporte. En resumen, está socavando las bases mismas de la construcción de un país y su integridad.

La visita del Papa Francisco colocó a la corrupción como uno de sus temas centrales, junto con el respeto a los pueblos indígenas, el cuidado del medio ambiente, el rechazo a la minería ilegal y la trata de personas, la violencia contra la mujer, el feminicidio y la inseguridad ciudadana. Calificó a la corrupción como el “virus social” que lo infecta todo y que nos roba la esperanza. El Perú y “gran parte de Latinoamérica sufre en su política una gran decadencia debido en parte a la corrupción. El caso Odebrecht es simplemente una anécdota chiquita”.

La expresión más gráfica y contundente del Papa fue “¿qué le pasa a Perú que cuando uno deja de ser presidente lo meten preso? Humala preso, Toledo preso (con pedido de prisión), Fujimori estuvo preso hasta ahora y Alan García que entro y que no entro”. Estas palabras resumen la gravedad del problema pues involucra a los expresidentes, líderes políticos e, incluso, al actual presidente, afectando seriamente la gobernabilidad del país y la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.

El circulo de la corrupción y la impunidad

Los últimos gobiernos se han visto involucrados en el más grande caso de corrupción en América Latina: el caso Lava Jato. En su reciente declaración Marcelo Odebrecht señala: con seguridad sí apoyábamos a los principales candidatos en todas las elecciones”[1].

Lava Jato muestra la forma cómo operaba la corrupción en Brasil, Perú y otros países de América Latina. Este comprendía 1) el financiamiento sistemático de campañas políticas, lo que les permitía congraciarse con los futuros gobernantes; 2) adjudicarse grandes obras públicas a bajo precio y sin una competencia real; 3) la sobre valoración de las obras públicas adjudicadas mediante adendas y adicionales; 4) la manipulación de arbitrajes poco transparentes en perjuicio del Estado; 5) el pago de sobornos; y 6) la creación de empresas off shore a donde se desviaban los dineros robados al Estado.

Lava Jato también muestra la debilidad del Estado para detectar, prevenir y sancionar la corrupción. Durante estos años, no han funcionado los sistemas de contrataciones públicas, ni el control y las auditorias y, finalmente, no ha funcionado como se esperaba el sistema de justicia para sancionar estas prácticas corruptas. El resultado: la impunidad frente a la corrupción.

Es a partir de inicios del 2017, con las delaciones premiadas y los acuerdos con la justicia norteamericana, que las investigaciones fiscales han avanzado e involucrado a líderes políticos y se han dictado algunas medidas preliminares, como la orden de captura internacional y el proceso de extradición al expresidente Alejandro Toledo, la detención preventiva del expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia, por presunto lavado de activos; se ha detenido a altos exfuncionarios del gobierno del expresidente Alan García, contra quien se ha iniciado investigación, al igual que a la excandidata presidencial Keiko Fujimori por presunto lavado de activos. Estas investigaciones incluyen el financiamiento ilícito de campañas políticas de los últimos procesos electorales y negociaciones con la empresa brasileña que alcanzarían incluso al actual presidente de la República cuando fue ministro en gobiernos anteriores. Todo esto hace que el caso Lava Jato tenga consecuencias imprevisibles para la política, la economía y la justicia en el Perú.

Los riesgos que enfrenta las investigaciones del caso Lava Jato

Son dos principalmente: la interferencia política en el avance de sus investigaciones y las dificultades propias de depender, casi exclusivamente, de las delaciones premiadas que vienen de Brasil y que tendrían dificultades de ser corroboradas con otras pruebas.

Las acusaciones constitucionales en el Congreso de la República contra el Fiscal de la Nación y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional muestran el peligro que enfrenta la justicia al interferir en su imparcialidad buscando amedrentarla para impedir su actuación. Esta situación pone una vez más en cuestión la frágil institucionalidad democrática y cuestiona la autonomía que nuestra Constitución les confiere a estas instituciones. Es fundamental que el Congreso de la República garantice la autonomía institucional y la división de poderes que son condiciones básicas de la democracia.

El tribunal constitucional debe investigar los casos de corrupcion que se van presentando

La labor del Tribunal Constitucional no puede ser interferida por otro poder del Estado, esto afectaría su imparcialidad.

De otro lado, el caso Lava Jato coloca al sistema de justicia peruano ante el mayor reto de los próximos años: investigar y sancionar la gran corrupción, sistemática, compleja y global. La condena del empresario Marcelo Odebrecht, a 19 años de prisión, lo obligó a acogerse a la delación premiada, junto con otros 78 empresarios, para reducir su pena (a 10 años) a cambio de entregar información y pruebas sobre la forma cómo operaba la corrupción dentro y fuera de Brasil y los personajes involucrados en ella. Para juzgar este caso se ha puesto en marcha un sistema especializado de justicia anticorrupción (con no pocos problemas) y otras medidas para dotar de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios. Es importante que en el 2018 se observen los primeros resultados de este esfuerzo. La labor del Ministerio público es fundamental y protagónica en esta etapa de las investigaciones. Se requiere superar una buena estrategia de persecución de estos delitos y establecer una comunicación constante con la ciudadanía y los medios de comunicación sobre este caso.

Otro elemento nuevo que puede afectar las investigaciones del caso Lava Jato es la situación producida después del proceso de vacancia al presidente de la República y el posterior indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, que fue entendido como una negociación a cambio de no apoyar la vacancia. No olvidemos que la vacancia tenía como elemento principal el caso Odebrecht y la reiterada negativa del presidente Kuczynski de señalar que no había sostenido negocios con esta empresa mientras era ministro de Estado.

¿Qué hacer ante este panorama difícil para fortalecer la gobernabilidad y no seguir debilitándola?

Sin duda no hay una respuesta sencilla en medio del permanente enfrentamiento político entre poderes públicos y los propios grupos políticos. Sin embargo, la respuesta nos debe llevar a los temas centrales para enfrentar la corrupción.

Necesitamos recuperar la confianza ciudadana con verdadero liderazgo y acciones efectivas. Tenemos que cambiar la forma en que hemos venido enfrentando la corrupción y su círculo vicioso de tolerancia, indiferencia, complicidad o impunidad frente a ella. Se requiere un liderazgo y ejemplo directo al más alto nivel y, por supuesto, resolver la situación del propio presidente de la República. También es necesario advertir que no sólo es un tema de autoridades sino también del sector privado, de las empresas y de la ciudadanía en general. Necesitamos revertir la alta tolerancia social que hay frente a la corrupción. Es decir, tener una lucha integral y permanente contra la corrupción con la participación de la ciudadanía.

Debemos fortalecer la institucionalidad democrática en tres áreas importantes: La reforma del sistema político, el fortalecimiento de la institucionalidad con verdaderos sistemas de integridad en el sector público y privado y un sistema de justicia especializado con mayores recursos para luchar contra la impunidad. La política se ha visto inundada de dineros ilícitos, que no tienen mayor control en las campañas electorales, a cambio de favores políticos, adjudicación de contratos públicos y tráfico de influencias. La corrupción en el sistema político tiene un gran impacto en la vida de las personas y en el descrédito de la política y los políticos. La Comisión Presidencial de Integridad, el Jurado Nacional de Elecciones y diversos congresistas han propuesto cambios urgentes para impedir que dinero ilícito ingrese a financiar campañas electorales, como las próximas elecciones regionales y municipales de noviembre del 2018.

Asimismo, se requiere promover la máxima transparencia en la actuación de los funcionarios, la eficiencia en la gestión pública y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Se necesita una ley que regule mejor los conflictos de intereses y haga obligatoria la presentación de la declaración jurada de intereses para todos los altos funcionarios del Estado, así como dictar una nueva ley de lobbies que evite de manera efectiva el tráfico de influencias. Es necesario fortalecer la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública creada por el actual gobierno. Finalmente se requiere que el Poder Judicial y el Ministerio Público trabajen fuertemente para desterrar la impunidad frente a los graves casos de corrupción y para implementar medidas concretas que permitan darles mayor celeridad y transparencia a los casos de corrupción emblemáticos.

Pero el esfuerzo mayor tiene que estar en fomentar una cultura de honestidad e integridad y ética entre los peruanos. Las múltiples iniciativas contra la corrupción que se observan en la sociedad peruana constituyen signos de esperanza de que esta lucha puede ganarse. La promoción de la ética y la prevención de la corrupción tienen que ser esfuerzos sostenidos y permanentes que motiven el compromiso y la construcción de redes ciudadanas contra este delito. Denunciar la cultura de corrupción, de deshonestidad, es importante y eso solo se puede hacer fomentando una cultura de honestidad, integridad, ética y de valores. Es necesario que la política, la justicia y la sociedad civil trabajen juntos. La sociedad civil, las autoridades y las empresas deben ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de construir un país honesto.

————————-

[1] https://elcomercio.pe/politica/caso-odebrecht-confesiones-marcelo-odebrecht-brasil-437354?foto=2

Otoño 2018


Eduardo Vega Luna

Director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ex Defensor del Pueblo.




La Reconstrucción con Cambios: a un año de El Niño Costero

El trabajo de reconstruccion a un año de El Niño Costero, aún es pocoEn el primer trimestre del 2017 el Perú fue escenario, luego de 19 años, de severos daños ocasionados por efectos del Fenómeno El Niño Costero (FENC), manifestados en desbordes de ríos y quebradas, que produjeron inundaciones sobre tierras de cultivo, asentamientos humanos y ciudades. Entre los daños se tuvieron 107 fallecidos, más de un millón de personas afectadas, carreteras y puentes destruidos. Según el MINAGRI, unos 5,600 pequeños productores/as fueron perjudicados y más de 60,000 has de cultivos afectadas. Para la atención inmediata, a pesar de no llegar a toda la población, se evidenció un trabajo concertado de los gobiernos subnacionales, el gobierno nacional y organizaciones de la sociedad civil, quienes organizaron programas de atención inmediata de emergencia.

Ante este escenario, el gobierno crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), la cual es una entidad de carácter excepcional y temporal, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de liderar la estrategia y el Plan de Reconstrucción con Cambios, donde el objetivo fundamental es rehabilitar y reconstruir la infraestructura física dañada y destruida, contando con un presupuesto de 25,655 millones de soles, a ejecutarse en un periodo de tres a cuatros años por los gobiernos regionales y locales que cumplen con el indicador de ejecución presupuestal (superior al 75%).

A pesar de las buenas intenciones, no se han podido concretar con celeridad las inversiones, generando incertidumbre, descontentos y hasta movilizaciones de protesta en la población. Lo poco que se ha iniciado como inversión se viene realizando sin la participación de la sociedad local, y mucho menos desde la población afectada, que hasta la fecha no ve cambios reales a su situación y tampoco propuestas concretas que brinden seguridad a sus familias.

Avances de la Reconstrucción

Presupuesto total y el monto utilizado por el gobierno en las obras de reconstrucciónComo avance se puede mencionar que existen 443 proyectos identificados a la fecha a nivel nacional, en el marco del Plan de RCC, que suman en total más de 1,900 millones de soles (7.7% del presupuesto para la RCC); de los cuales sólo el 60% han sido adjudicados[1].

A la fecha, del presupuesto asignado a las regiones en el 2017 para la atención de los desastres naturales, sólo Cajamarca y Tumbes usaron más del 90%; en cambio Piura y Huancavelica solo ejecutaron el 27.6% y 31.5%, respectivamente, pese a que Piura contó con la mayor asignación presupuestal como consecuencia de los fuertes daños ocurridos en la región.

Si nos basamos en los resultados de ejecución del presupuesto para atención de desastres en el 2017, nos crea un panorama poco alentador con relación a la celeridad y eficiencia para la ejecución de proyectos, principalmente en regiones como Piura que, siendo la zona con mayor número de damnificados y daños, solo ejecutó el 27% de su presupuesto.

La falta de apoyo político y técnico son variables que deben ser consideradas en el marco de la reconstrucción. En algunos gobiernos locales y regionales un factor clave es la capacidad del equipo técnico de funcionarios y profesionales que lideran este proceso. Sumado a esto, los diversos intereses, por ser este 2018 un año electoral, pueden propiciar la no objetividad con respecto a los proyectos a priorizar y la transparencia en la ejecución de los mismos.

El cambio de la autoridad para la RCC no generó cambios en el proceso de avance, aumentando el descontento de la población afectada por el retraso en las acciones para la reconstrucción, y por basar a esta solo en la recuperación de la infraestructura y no en mejorar las condiciones de vida de los damnificados.

Supervisión Ciudadana

Es importante mencionar que en seis de las regiones donde se viene implementando el Plan de Reconstrucción con Cambios (Ancash, La Libertad, Lima, Lambayeque, Piura y Tumbes), la Asociación Civil Transparencia acompaña la supervisión del gasto. Esto a partir de que la Contraloría General de la República implementara el “Plan de Acción de Control para la RCC”, el cual promueve la participación ciudadana en la ejecución presupuestal y capacitará a los ciudadanos que quieran sumarse a la fiscalización como veedores. La vigilancia es la única vía para poder exigir y garantizar la transparencia.

A tomar en cuenta

La última experiencia nos ha recordado que carecemos de propuestas claras y, sobre todo, planificadas que puedan hacer frente al proceso complejo de reconstrucción con la oportunidad, calidad y transparencia requeridas. En este marco se proponen algunos aspectos de análisis y cambio:

  • La conectividad de los territorios afectados, desde una mirada de mejora de accesos, a poner en operación en sistemas de salud y educación, recuperando los centros urbanos que permitan a las familias recobrar sus actividades económicas. Para esto se requiere un diagnóstico completo de los daños causados, que muestre además las zonas de riesgo y los posibles accesos y lugares seguros; ello facilitaría una rehabilitación significativa de las ciudades afectadas.
  • La reconstrucción financiera y productiva de las familias rurales y urbanas, facilitando sistemas de mediano plazo en función a la evolución de los negocios, con tiempos de gracia considerables que permita a las familias apalancarse y recuperar la fuente de sus ingresos. No solo desde una mirada de mano de obra para infraestructura, que funciona bien en corto plazo, pero no es sostenible.
  • Aplicación de inversiones desde una mirada del territorio y sus potencialidades, dejando de lado la mirada sectorial, que retrasan acciones de desarrollo sostenible. Ello significa responsabilizar también a los actores locales como partícipes de la reconstrucción social y económica, dejar de ver a las ciudades solo como espacios. Impulsar mayor relación social, productiva, política y cultural, definiendo las mejores estructuras y marco institucional, que impulse acciones colectivas y no individuales dadas por el gobierno central.
  • Otra línea de trabajo a poner en agenda es la descentralización. Los diferentes poderes del Estado, y las políticas que se han impulsado como respuesta al desastre, ponen en evidencia la concentración del poder y decisiones en el Gobierno Central, limitando al rol de solo ejecutores (en el mejor de los casos) a los gobiernos regionales y locales. Ello, basado en el discurso de que no se ha mostrado eficiencia desde los gobiernos subnacionales; no obstante, no se evidencia la oportunidad para diseñar e implementar acciones que permitan realmente la articulación intergubernamental que potencie los impactos de la inversión pública. Para esto, se puede redefinir o clarificar las responsabilidades de cada instancia de gobierno.

    Reuniones de coordinación para el trabajo de reconstruccion en las diferentes regiones

    Las acciones necesarias para la Reconstrucción con Cambios, tras el Fenómeno de El Niño Costero, se coordinan desde el gobierno central, dejando a los gobiernos regionales a un lado.

  • La precariedad en la gestión de riesgos nos ha generado, como país, un alto costo por los desastres, desde la pérdida de vidas hasta la de patrimonio público y privado; esto ha acentuado los niveles de pobreza de la población. Poniendo en agenda la necesidad de fortalecer la institucionalidad, asumiendo responsabilidades y roles operativos -complementado con un sistema de prevención y de respuesta rápida a los desastres-, permitiría actuar con mayor rapidez y focalizar mejor los recursos.
  • Los altos niveles de corrupción, en lugar de generar una política y mecanismos de supervisión en los diferentes niveles de gobierno -que permita dar respuesta a las necesidades de la población-, han centralizado más las decisiones, limitando la participación de la población organizada y de las instituciones en la vigilancia e involucramiento con sistemas de respuesta ante desastres.
  • A nivel de políticas ambientales, el FENC nos da la oportunidad de analizar todas las estrategias que se han puesto en marcha para facilitar las inversiones, sin tomar en cuenta el cuidado de los recursos y la sostenibilidad de los mismos. Esto se evidencia en el aplazamiento que se ha hecho a un marco normativo claro, que permita contar con planes de ordenamiento territorial viables, que consideren estrategias de gestión del agua, bosques y actividades económicas de diferentes sectores.

En esta línea de análisis, el plan y las acciones de reconstrucción deben involucrar a los actores de los territorios en las diferentes dimensiones sociales, económicas y políticas como garantía de una implementación eficiente, responsable y transparente. Esto fortalecería, además, las instituciones y el compromiso de la población, así como una estrategia para generar sinergias y sistemas de respuesta que nacen de las bases, siendo una oportunidad de fortalecer nuevos liderazgos y mayor conciencia ciudadana.

Es necesario evaluar el desempeño de las regiones frente a los desastres naturales e identificar el por qué unas tienen una mejor gestión y ejecución que otras, de manera que se puedan corregir y mejorar los procedimientos y replicar las buenas prácticas.

Se debe fomentar una mayor participación de la ciudadanía, informada y preparada para realizar una adecuada labor como veedores y fiscalizadores de la RCC, aprovechar los programas como el de la Contraloría General de la Republica y el apoyo de instituciones no gubernamentales, como la Asociación Civil Transparencia, en las regiones donde aún no se cuenta con estas ayudas.

“Solo con el apoyo de los sectores, los gobiernos regionales, locales y la participación ciudadana, podremos reconstruir de manera transparente aquello que el fenómeno del Niño costero se llevó” (RCC).

———————————

[1] Fuente: Mapa RCC: www.rcc.gob.pe/maparcc/ (visto el 15/02/2018)

Otoño 2018


Federico Tenorio Calderón

Director General del Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte – CEDEPAS NORTE




Hijas del tiempo y de la tierra: las mujeres indígenas en el Perú

La situación de las mujeres amazónicas se ve afectada por las actividades extractivasDesde una perspectiva de derechos y justicia social, las mujeres indígenas venimos construyendo alianzas e incidiendo en el plano internacional para ser visibilizadas, plantear nuestra problemática, poner de manifiesto nuestros aportes y rol en la continuidad cultural y el sostenimiento medioambiental. A partir de este proceso, hemos logrado marcos normativos y planes de acción que, de retorno a nuestra realidad nacional, se encuentran con muchas brechas e impedimentos para su implementación.

Desde una perspectiva cultural y de articulación social, las mujeres indígenas representamos la continuidad cultural de nuestros pueblos y, por esta razón, muchas veces nos han identificado como retardatarias del progreso. Nuestra imagen y representación sirven por igual para mostrar la diversidad cultural, así como para cosificar a los pueblos indígenas en general y ser objetos de burla y discriminación.

La diversidad de mujeres indígenas

Un primer punto: pese a ser muchas no somos bastantes. La noción de indígena es reciente en nuestro país como identificación cultural, propuesta política y acceso a un marco jurídico para el ejercicio de derechos. En este sentido, conceptos como mujer campesina, mujer rural o mujer comunera, generan diferentes procesos de autoidentificación y de fragmentación que dificultan la construcción de una identificación como pueblos y mujeres indígenas.

Desde el Estado, esta fragmentación es más notoria y se traduce en una limitada aplicación de normas y leyes que protejan los derechos colectivos y específicos de las mujeres indígenas. El debate sobre a quiénes aplicar la Consulta Previa[1] es una muestra de ello, y la salida -que sea la misma población quienes demanden esta consulta- lo corrobora, pues en la práctica no todos pueden demandar este derecho a la consulta previa libre e informada, como lo grafican los casos que involucra a la minería en la zona andina.

Un segundo punto es el referido a la construcción de datos étnico-demográficos. Pese a ser una prioridad, no hay comprensión sobre su construcción, e instancias como la CEPAL[2] han venido formulando recomendaciones y asesorías que no han sido del todo atendidas ni implementadas, en especial el papel estratégico del Estado en el posicionamiento y sensibilización sobre la pregunta de autoidentificación étnica, como lo demuestran las dudas, desinformación y banalización de la misma durante los censos nacionales 2017.

Un mundo violento

Las mujeres andinas participan activamente en la economía de sus comunidades

El desarrollo de negocios a pequeña escala es una de las actividades económicas muy poco reconocidas en las mujeres del área rural.

Según diferentes reportes, nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en grado de violencia contra las mujeres, siendo la ciudad de Lima en donde se verifica un mayor número de feminicidios. Sin embargo, cuando analizamos los datos, el término “mujeres” engloba muchas realidades y no permite identificar causales, ni contextos educativos, socioeconómicos ni étnicos. De ahí la necesidad de datos desagregados por identidad o pertenencia étnica.

Si examinamos en detalle los diferentes casos de violencia y feminicidio encontramos un patrón común que se focaliza en las zonas periféricas de la ciudad -correspondientes a los distritos más grandes y  con población migrante, indígena o de ascendencia indígena- y sobre quienes se centran una serie de estereotipos, especialmente sobre las mujeres, a las que cosifican frente al poder masculino, que también corresponde a varones indígenas o de ascendencia indígena, confluyendo factores como desarraigo y exclusión, lo cual genera una frustración que se traduce en violencia.

Si la situación de las mujeres indígenas en las ciudades está marcada por la violencia física, a lo cual hay que agregar la precariedad económica, tanto en el uso de recursos como el acceso a espacios laborales, en el área andina también confluyen otros factores.

En primer lugar, la invisibilidad y exclusión de espacios de poder. El aporte no remunerado de las mujeres indígenas en el área rural contribuye a la viabilidad económica en las diferentes comunidades y, en algunos casos, este trabajo “invisible” incluye el cuidado del hogar, de la familia, el apoyo en las faenas agrícolas y comunitarias, la gestión de actividades como el cultivo de biohuertos, la crianza de animales para el autoconsumo y la venta y el desarrollo de negocios a pequeña escala, cuyos ingresos se invierten en salud y educación de los hijos. Toda esta serie de actividades, si se valoriza monetariamente, el monto económico que involucra es, en algunos casos, muy superior a la inversión municipal en programas sociales y de desarrollo[3].

Sin embargo, esta importancia económica para la viabilidad social de las economías locales y comunales no se traduce en participación y poder de decisión y de representación en sus localidades, pues aún priman normativas comunales que les impiden ejercer cargos de representación y de acceso a la propiedad de la tierra, en el entendido de que esta es para los hombres, ya que ellos “mantienen” la economía familiar.

En cuanto a la violencia física y el feminicidio, es común la naturalización y justificación de la violencia ejercida por el varón, de ahí que se configura un patrón de silenciamiento de los golpes y maltratos físicos, ocasionados por esposos y parejas; en cuanto a la violencia psicológica, esta no es identificada y no se tiene consciencia de ello.

En segundo lugar, los efectos del cambio climático inciden en la producción de alimentos y su gestión, lo que afecta directamente a las mujeres indígenas.

Mujeres amazonicas a cargo de sus familias

El cuidado del hogar y de los hijos es una labor “invisible” que influye en la economía de las familias.

En el área amazónica la situación es más dramática, sobre todo en torno a las zonas de extracción de petróleo o las zonas de comercio y de abastecimiento de estas empresas. Lo que verificamos es una dramática transformación en los patrones culturales de las localidades involucradas; por ejemplo, el acceso a la economía monetaria y de comercio -por parte de los varones que se involucran como mano de obra directa o indirecta en torno a la extracción de hidrocarburos-, genera la compra de cerveza, que adquiere el rango de prestigio en las comunidades, así como el consumo de productos industriales que desplazan a productos locales o nativos. Esto fortalece la dependencia y control de parte de los varones, a lo cual se suma la creciente taza de alcoholismo y violencia contra las mujeres.

De igual manera, la trata de mujeres sigue siendo un creciente problema para el cual tampoco contamos con datos estadísticos, sobre todo, que estos se vienen focalizando en torno a la minería ilegal del oro y la proliferación de poblados en los que no hay presencia del Estado.

La incidencia internacional

Cuatro son las instancias de la ONU donde se vienen formulando recomendaciones sobre las mujeres indígenas: el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, la Comisión de Estatus sobre la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y la Relatoría Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, que ha realizado un exhaustivo informe sobre la situación de las mujeres indígenas.

De todas ellas, el Foro Permanente es la instancia que más recomendaciones ha formulado, bordeando el centenar en temas como la violencia, el acceso a recursos, la educación y la salud. Sin embargo, un reciente balance realizado desde nuestra asociación establece que, salvo casos aislados de algunos países, los niveles de implementación de las recomendaciones son casi nulos.

Este panorama desalentador nos pone frente a diferentes desafíos: por un lado, la comprensión de quiénes somos las mujeres y los pueblos indígenas, pues mientras haya discrepancias sobre quiénes somos los sujetos de derechos, no habrá políticas orientadas y formuladas sobre un grupo social específico. Por el otro, que los derechos de los pueblos y mujeres indígenas no son un impedimento para el desarrollo del país, y que su aplicación contribuye sustantivamente a la reducción de los conflictos sociales y el aprovechamiento de saberes y conocimientos, no solo en beneficio de los pueblos y mujeres indígenas, sino también de toda la sociedad.

A fines del año pasado se realizó el I Encuentro de mujeres Awajún y Wampis del Alto Marañón en Santa María de Nieva (Amazonas), gestionado por el Servicio Agropecuario para Investigación y Promoción Económica (SAIPE), obra social de la Compañía de Jesús. En el evento, las lideresas resaltaron las diferentes violencias que sufren las niñas, jóvenes y mujeres indígenas, desde la marginación en cuanto a la formación educativa, el embarazo adolescente, la violencia sexual, hasta el abandono por parte de los padres de sus hijos. Ellas elaboraron un pronunciamiento que insta a las autoridades locales, regionales y nacionales, así como a otros actores de la sociedad civil, para que trabajen de forma urgente sobre los problemas identificados. Aquí parte del documento:

Hemos identificado dos tipos de problemáticas que afectan a las mujeres: la vulneración de nuestros derechos humanos fundamentales (I) y la carga económica familiar (II), siendo la artesanía la actividad económica complementaria de la mayoría de nosotras las mujeres awajún y wampis.

Por un lado, el ámbito económico pensamos que es un espacio que debe ser reforzado, para ello proponemos:

  • Que se reconozca el aporte económico de las mujeres tanto a la economía familiar como a la economía del territorio. Por medio de proyectos cuya finalidad sea el fortalecimiento de la actividad productiva de las mujeres, para ello vemos necesario que se generen espacios de capacitación y la promoción económica.
  • Demandamos a su vez la creación de un espacio de exposición y de venta al por menor y al por mayor de la artesanía producidas por las mujeres de la zona, en el que se de valor al trabajo de la mujer Awajún y Wampis.

Por otro lado, en referencia al ámbito sociocultural en el que nos vemos envueltas demandamos:

  • Que se valorice nuestro conocimiento ancestral que abarca todos los ámbitos de nuestra vida diaria. (Salud, embarazo, parto, postparto y maternidad; alimentación, producción y cuidado).
  • Que tengamos la libertad de decidir sobre nuestra forma de parir, siendo así respetadas y reconocidas nuestras prácticas culturales ancestrales.
  • Que se promueva el apoyo y la defensa de la educación de las mujeres para combatir los altos niveles de analfabetismo de la población femenina de los pueblos Awajún y Wampis. Lo cual creemos tendrá un impacto en las distintas problemáticas que las mujeres vivimos.
  • Que en los espacios públicos se reconozca y se respete nuestra participación como una parte activa del diálogo y la representación social y política. Y que la cuota de género no sea utilizada para cumplir la norma, sino que se incorpore la alternancia de participación en las contiendas electorales, en los espacios Públicos y en las organizaciones indígenas.
  • Que se promuevan programas sociales y políticas públicas enfocadas a la prevención del embarazo adolescente no deseado.
  • Que se elabore un Plan de Prevención de la violencia física, psicológica y sexual (violaciones, actos contra el pudor) desde un enfoque intercultural que sufren tanto niños, niñas, adolescentes y mujeres; a través de la aplicación de formación en educación sexual y reproductiva dentro de la currícula escolar y la sensibilización en los espacios Públicos.
  • Que las y los operadores de justicia (Policía, Ministerio Público, y Poder Judicial) cumplan con sus funciones, cuando haya denuncias por el delito de violación, a fin de que estos no queden impunes.
  • Que se elabore una ruta de atención inmediata a víctimas de violencia física, psicológica y sexual a nivel Provincial, distrital y comunal.
  • Que se incorpore programas de formación que informen y prevengan sobre el V.I.H-SIDA, en las escuelas, Institutos y comunidades nativas. A través de una estrategia comunicacional con pertinencia intercultural.
  • Que se promueva la sensibilización de la población sobre la importancia del cambio necesario para la adecuada convivencia social y familiar desde las instituciones y organizaciones que actúan en la zona.

Instamos al Gobierno Local, Regional, Central y todos los Ministerios competentes, así como todas las instituciones públicas y privadas u organizaciones de la sociedad civil, que incorporen nuestras demandas a su intervención dentro de nuestro territorio. A fin de atender las verdaderas y urgentes necesidades de las mujeres Awajún y Wampis.

Por nuestra parte, las mujeres representadas por el Consejo de Mujeres elegido en este I Encuentro de Mujeres Awajún y Wampis del Alto Marañón, nos comprometemos a seguir luchando por el respeto de nuestra dignidad y la defensa de nuestros derechos individuales y colectivos.

“Ijunja takainaku emkatnaitji nuwatik / tuakar takaiñakur emkatñeitji nuwatika”
(“Trabajando juntas las mujeres avanzaremos”)

—————————-

[1] La Consulta Previa, libre e informada es un mecanismo establecido por el Convenio N° 169 de la OIT y ha sido reconocida por nuestro Estado y se encuentra implementando.
[2] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
[3] Este punto ha sido analizado por Raquel García Pinar en LAS MUJERES INDÍGENAS Y LA ECONOMÍA. Contribución no remunerada de las mujeres indígenas a la economía familiar y comunitaria en el Perú y en Guatemala. Editada por CHIRAPAQ. Disponible en: http://chirapaq.org.pe/es/las-mujeres-indigenas-y-la-economia

Otoño 2018


Tarcila Rivera Zea

Vicepresidenta de CHIRAPAQ. Experta Independiente del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas.




Entremos todas y todos

Las mujeres empleadas trabajan con esfuerzo para que muchas familias salgan adelanteCuando pienso en la economía del cuidado[1] -y en especial, en las mujeres que tradicionalmente han llevado a cabo estas labores- se me vienen a la mente las citas de dos personas muy diferentes. De hecho, uno es una figura histórica, la otra es una estudiosa del mundo moderno.

En el primer caso, según el Evangelio de Mateo (Mt. 25, 31-46), Jesús de Nazaret dijo alguna vez: “lo que hagas por el menor de mis hermanos, lo haces por mí”. Muchos años después, en el siglo XXI, en Estados Unidos de América, Kimberlé Crenshaw, abogada especializada en derechos civiles y académica reconocida de Stanford University, dijo: “When one goes in, we all go in” (“Cuando entra uno, entramos todos”)[2]. ¿A qué se refiere Crenshaw con esta frase críptica y qué relación tiene con la cita de Jesús hace más de 2,000 años? ¿Cómo se relacionan estas ideas con la economía del cuidado y con las mujeres que se desempeñan en las tareas asociadas a ella?

Si bien Jesús se refería a uno de los conceptos fundacionales de la ética cristiana –la idea de “hacer el bien, sin mirar a quien” por el sólo valor humano del acto-, Crenshaw comenta particularmente sobre las barreras y discriminaciones a las cuales se han enfrentado mujeres históricamente. Pero, como ella destaca, las discriminaciones para nosotras no son experimentadas de igual manera, y la cantidad y agresividad de las mismas seguramente están formadas por una combinación de factores que incluyen no sólo nuestra condición de mujer, sino nuestro color de piel, etnia, procedencia, nivel educativo, estatus socioeconómico o edad, por ejemplo. Así que, si en teoría somos todos y todas iguales, en la práctica no es así y entre nosotras hay algunas que experimentan mayores grados de desigualdad que otras. Es por ello que Crenshaw nota que si la más marginada entre nosotras “entra” -es decir, experimenta sus derechos de igualdad en la misma medida que otros- entonces, todos ganamos, todos podemos contar con los mismos derechos. Pero, tanto la frase histórica de Jesús como la observación de Crenshaw, de hace solo unos pocos años atrás, siguen siendo metas que estamos muy lejos de alcanzar.

Mi investigación sobre trabajadoras del hogar en el Perú pone de manifiesto la veracidad de la anterior afirmación. En mis casi cuatro años investigando y conversando, tanto con mujeres como adolescentes y niñas que hacen este trabajo, así como con empleadores de las mismas, lo que he encontrado con mayor frecuencia es una situación de derechos laborales recortados. De hecho, de acuerdo a la ley vigente –y es igual el caso de otros sectores laborales sometidos a regímenes especiales– esta fuerza laboral predominantemente femenina carece de plenos derechos.

El trabajo silencioso de las empleadas del hogar es muy poco reconocido y valorado

Muchas trabajadoras del hogar son víctimas de rechazo y discriminación, siendo su trabajo mal remunerado a pesar de la importancia que cobra para muchas familias el contar con su apoyo.

En un país en el cual más del 70% de la población económicamente activa (PEA) ocupada es informal (¡en 2014 el INEI reportaba 79%!), y donde la mayoría de las y los trabajadores no pueden reclamar derecho alguno, el caso de estas trabajadoras es particularmente preocupante por, al menos, dos razones. En primer lugar, su espacio de trabajo es en una residencia privada, en la cual el Estado no entra. Si bien hay esfuerzos, a través del Ministerio de Trabajo, de abrir canales de comunicación para que estas trabajadoras puedan denunciar abusos contra ellas por sus empleadores, realmente falta mucho por hacer para que ellas sean un sector laboral propiamente protegido por el Estado. En segundo lugar, pese a que se supone que estas trabajadoras sean registradas, sabemos que hay una buena proporción que no lo está, sobre todo adolescentes y niñas. Por ende, buena parte de esta fuerza laboral permanece en la penumbra. Es cierto que, a veces, ellas encuentran trabajos en hogares donde les pagan decentemente y/o se les trata con el respeto que merecen. Pero demasiadas veces trabajan en hogares donde las maltratan tanto económica como moralmente, aun teniendo los recursos para darles un mejor trato, o porque sus empleadores son casi tan pobres como ellas y no pueden pagarles más que una propina, un plato de comida, o proporcionarle un sitio donde dormir[3].

Así como en el resto del mundo, en el Perú cada vez más las mujeres salen a trabajar fuera de sus casas (por encima del 50% según datos del INEI 2016). Pero la combinación de trabajos precarios y/o mal remunerados, y la alta tasa de informalidad, tiene un fuerte -e importantísimo- impacto sobre ellas. El resultado, para la mayor parte, es una suerte de “doble” o “triple jornada”, donde se trabaja fuera del hogar, se atienden los quehaceres de la casa, el cuidado de niñas y niños y/o adultos en condición de dependencia. Sin embargo, hay una diferenciación entre mujeres. Las de más alto nivel educativo y mejor situación socioeconómica contratan esta labor en su casa, independientemente de si ellas mismas trabajen o no. Y la que toma este trabajo es otra mujer, menos afortunada, de bajo nivel educativo, con gran posibilidad de ser migrante, madre soltera y de alta pobreza.

Un hallazgo clave de las entrevistas realizadas desde el año 2015 es el nivel de desprecio experimentado por las trabajadoras del hogar, que tan esenciales son para la reproducción social de tantas familias peruanas. Pese a que ellas son las que hacen posible que los y las jefes de familia salgan a trabajar, que los niños vayan al colegio limpios y alimentados, que la casa marche, la ropa se lave, la comida se cocine y se consuma; en fin, que la cotidianidad sea resuelta y que sus empleadores puedan mejorar sus vidas, ellas siguen siendo altamente explotadas. Cuando comparamos a estas trabajadoras con otros de poco nivel educativo de la PEA ocupada, ellas permanecen al “fondo del escalafón”[4]. Entre las muchas preguntas que surgen, está ¿por qué?  En Pérez & Llanos 2017 argüimos que la razón por la cual mujeres en este empleo son tan marginadas sigue vinculada a una discriminación múltiple y simultánea, por la interseccionalidad[5] de varias condiciones que se reúnen al mismo tiempo incluyendo su etnia, procedencia, nivel educativo, estatus migratorio y, claro, su condición de mujer. En otras palabras, no es por casualidad que son mujeres altamente vulnerables las que hacen este trabajo, es porque así se ha diseñado. Todos los trabajos altamente poblados por mujeres suelen ser descalificados, desvalorados y, por ende, mal pagados en algún grado[6]. Eso mismo sucede con el trabajo del hogar. El incentivo perverso es mantener una fuerza laboral de bajo nivel educativo, migrante y vulnerable que sea fácilmente explotable y discriminada.

Obligaciones de empleadores y derechos de empleadas

¿Qué soluciones existen frente a esta descarada discriminación? En primer lugar, concientizar sobre la importancia de la labor de la economía del cuidado, y lo que significa para el día a día de millones de personas. Entender esto significaría darle mayor valor social y económico a las personas que hacen el trabajo que posibilita la reproducción social de las familias. Segundo, reconocer que, en general, los trabajos ocupados por mujeres han sido descalificados por estereotipos de género. Si bien podemos señalar puestos y/o salarios inferiores hasta en carreras de mujeres universitarias, donde ellas suelen ser de un grado educativo alto y de una experiencia de vida generalmente más privilegiada que otras,[7] es evidente que la situación empeora a medida que la mujer cuente con menos recursos educativos y se reúnan en ella la interseccionalidad de condiciones mencionadas líneas arriba. Tercero, entender que los sectores laborales en los cuales buena parte de las mujeres nos concentramos son tan valiosos como los trabajos históricamente poblados por hombres, como la ingeniería, la economía y las ciencias. Por último, reconocer que el trabajo del cuidado –en todas sus formas, sea limpieza, cocina y/o cuidado de niños y personas en dependencia– necesita ser apreciado, protegido y remunerado dignamente. No es aceptable que las personas que se emplean para asegurar el bien de la sociedad sean entre las más discriminadas y menos remuneradas.

Al final, no es un tema que nos debería preocupar sólo por su indiscutible tendencia discriminatoria hacia otras ciudadanas, sino porque representa el epítome de la descalificación de algunos de los aportes más importantes que hacen mujeres en nuestras sociedades. En el mejor de los casos, llegaríamos a tener tantos hombres como mujeres que hicieran este trabajo, que se considerase importante y, por ende, valioso y valorado por lo que ello hace posible: que las personas y/o familia apoyadas puedan salir adelante.

Insisto, entonces. Jesús y Kimberlé tienen mucho en común. “Lo que haces a uno de mis hermanos me lo haces a mi” – “si entra una, entramos todos”. En el presente siglo, aquí en América del Sur, uno de nuestros retos de desarrollo más urgente es seguir estas palabras del primer cristiano y de una abogada de derechos civiles.

——————–

[1] Definimos “economía del cuidado” como las labores asociadas a la limpieza de la casa, la cocina, la lavandería, el cuidado de niños y/o adultos en condición de dependencia. En England, P. (2005). “Emerging Theories of Care Work”. Annual Review of Sociology 3, 381-399, se da un trato más amplio, incluyendo la labor de maestras de educación inicial o enfermeras, entre otros. Para este texto me limito a la primera definición.
[2] https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality/transcript.
[3] Los maltratos descritos oscilan entre gritos y/o humillaciones por ser “servidumbre”; comida inferior y/o platos y vasos destinados sólo para ellas (asegurando que vajilla y cubiertos de la familia no sean utilizados). También he escuchado casos de agresión sexual y violaciones. En las más jóvenes, que llegaron a trabajar con la expectativa de terminar sus estudios, varios relatos indican que finalmente no les alcanzaba el tiempo para estudiar, o que los estudios fueron frenados en cierto momento y no se les permitió continuar.
[4] PÉREZ, Leda y Pedro LLANOS (2015). “¿Al fondo del escalafón? Un estado de la cuestión sobre el trabajo doméstico remunerado en el Perú”. Documento de Discusión (DD1501). Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
PÉREZ, Leda y Pedro LLANOS (2017). “Vulnerable Women in a Thriving Country: An Analysis of Twenty-First Century Domestic Workers in Peru and Recommendations for Future Research”. Latin American Research Review.
[5] Id.
CRENSHAW, K. (1989). “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics”. University of Chicago Legal Forum 140: 139–167.
[6] International Labor Organization (ILO). (2016). Women at Work: Trends 2016: Geneva: ILO
[7] BALARIN, M. (2014). “Las mujeres en las Ciencias Sociales: reflexiones sobre el contexto peruano a partir de una revisión de la literatura internacional” in VARGAS, S., (ed.). Bajo el radar de Sofía: Oportunidades y barreras de las profesionales en el Perú. Lima, Peru: IEP
BUQUET, A., COOPER, J.A., MINGO, A., y MORENO, H. (2013). Intrusas en la Universidad. Mexico, DF: Universidad Autónoma de México (UNAM).

Otoño 2018


Leda M. Pérez

Profesora-Investigadora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticos de la Universidad del Pacífico.