Nicaragua: las raíces de una crisis de difícil solución

Protestas en NicaraguaLa insurrección popular de 1979, liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), derrocó a la dictadura de la familia Somoza que había gobernado durante cuarenta años en Nicaragua, provocando un amplio movimiento de solidaridad de los pueblos de América Latina y del mundo; incluso algunos gobiernos de la región proporcionaron ayuda a la junta de gobierno revolucionaria para la reconstrucción del país.

Una Revolución con más luces que sombras, seguida de una guerra civil

El proceso revolucionario tuvo características novedosas en el contexto latinoamericano de aquellos tiempos. El nuevo gobierno realizó elecciones en 1984 y mantuvo el pluralismo político, mientras promovía la construcción de espacios alternativos de participación popular.

El gobierno sandinista, con Daniel Ortega como presidente, emprendió un ambicioso programa de transformaciones económicas y sociales que incluía la nacionalización del territorio y de los recursos naturales, la reforma agraria, una campaña de alfabetización masiva (premiada por la UNESCO) y la reestructuración y expansión de los servicios de educación y salud públicos con una amplia participación popular.

Sin embargo, estos avances sociales fueron frenados y debilitados por el impacto de la guerra contrarrevolucionaria (con grupos armados antisandinistas), organizada y promovida por el gobierno de los Estados Unidos.

El fin de la guerra y las medidas económicas

La crisis económica fue agravada por la caída de los precios de las principales exportaciones de Nicaragua y por los errores de la política económica del gobierno sandinista, incluyendo la puesta en marcha de ambiciosos proyectos de inversión agroindustriales y de infraestructura militar, incompatibles con la realidad económica del país.  A finales de la década, el país padecía de una hiperinflación que superaba el 10,000% anual.

Las negociaciones entre el gobierno Sandinista y la Resistencia Nicaragüense, en 1988, dieron como resultado el cese de las hostilidades, una amnistía, dialogo nacional y elecciones anticipadas. En 1990 el pueblo, cansado de la guerra y de la crisis económica, le otorgó el triunfo electoral a la coalición liderada por Violeta Chamorro, quien suscribió el acuerdo de paz definitivo con la Resistencia Nicaragüense, logrando terminar con el conflicto armado y estabilizar la economía.

Para obtener financiamiento del FMI, BID y BM, y el apoyo de los países donantes de Europa y Norteamérica, el gobierno de Chamorro, y los dos gobiernos liberales que le siguieron (Alemán 1997-2001 y Bolaños 2002-2006) siguieron las recomendaciones del Consenso de Washington, adoptando políticas económicas excepcionalmente austeras, y con un alto costo social. Sin embargo, no lograron los resultados esperados. La recuperación económica fue lenta y débil a pesar de la abundante ayuda externa. Tampoco hubo una reducción significativa de la pobreza (45% en 2005).

El regreso de Ortega

El sandinismo también atravesó una profunda crisis interna, por la insatisfacción de algunos militantes con el liderazgo autoritario de Ortega y la falta de democracia interna. Posteriormente, Ortega fortaleció su control del partido mediante reformas internas que eliminaron la dirección colectiva y limitaron significativamente el poder de otros órganos partidarios.

En 1999 Ortega negocia un pacto político con el entonces presidente liberal Arnoldo Alemán, buscando reformar la constitución y establecer un régimen de gobierno bipartidista. El pacto le permitió al FSLN acceder a cargos en diferentes poderes del Estado y reducir el porcentaje mínimo para ganar las elecciones presidenciales (35%). A cambio, Ortega garantizó “gobernabilidad”: se terminaron las huelgas y luchas reivindicativas, así como la oposición radical del FSLN a las políticas neoliberales.

La división interna del Partido Liberal abrió el espacio para que el FSLN ganara las elecciones del 2006 con un 38%. En su segunda presidencia, Ortega logró el control total del sistema judicial y del poder electoral a través del nombramiento de jueces y magistrados de su partido y la cooptación de otros. Posteriormente, fueron la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral quienes le autorizaron presentarse a la reelección en las elecciones de 2011, a pesar de la prohibición constitucional de reelegirse por períodos consecutivos.

Reelección, fraude y alianza con los empresarios

Presidente de Nicaragua con su esposa y Nicolás Maduro

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo junto al presidente venezolano Nicolás Maduro a quien tienen como su mejor aliado.

En las elecciones de 2011 el FSLN logró una victoria fraudulenta con un amplio margen, obteniendo la mayoría necesaria en el parlamento para reformar la constitución, lo que se consiguió en 2013, incluyendo la reelección presidencial indefinida, la eliminación de la segunda vuelta electoral y ganar las elecciones presidenciales por mayoría relativa.

Con ese escenario, Ortega se reeligió nuevamente en 2016, llevando a la vicepresidencia a su esposa, Rosario Murillo, lo que se interpretó como una dinastía en ciernes. Las elecciones nuevamente se caracterizaron por numerosas irregularidades, y con un alto nivel de abstención en las urnas. Previo a las elecciones, el gobierno prohibió la observación electoral nacional e internacional independiente y la Corte Suprema de Justicia impidió, a través de una sentencia judicial, que el principal partido de oposición pudiera competir en las elecciones.

Los gobiernos de EEUU, Canadá y de la Unión Europea criticaron severamente el proceso electoral. Un grupo de miembros del Congreso estadounidense lanzó una iniciativa llamada “Nicaragua Investment Conditionality Act”, conocida como NICA ACT, con el propósito de requerir a los representantes de EEUU en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, votar en contra de la aprobación de cualquier préstamo para Nicaragua. Y en diciembre de 2017 el gobierno norteamericano aplicó la Ley Magnitsky[1] al presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua.

Las reformas constitucionales de 2013 también eliminaron la prohibición de que militares activos opten a puestos de gobierno, y se legitimó el modelo de co-gobierno con los grandes empresarios. Estos cambios pretendían consolidar las alianzas de Ortega con el ejército y la elite empresarial, a cambio de su lealtad política.

La presencia de militares activos y retirados aumentó considerablemente en los ministerios y entes estatales, mientras que la alianza con la elite empresarial se construyó sobre la base de mantener las políticas económicas de los gobiernos liberales, y de renovar los convenios con la banca multilateral.

El pacto con el sector empresarial se profundizó con la creación de nuevos espacios de participación de la empresa privada en el diseño y monitoreo de políticas económicas. Asimismo, se incorporaron representantes de los empresarios a las juntas directivas de instituciones y entes estatales y en la Comisión Nacional del Salario Mínimo.

Los Obispos de Nicaragua marchan contra la represión violenta en el país

La iglesia católica nicaragüense se ha unido con la población en busca de un diálogo que logre el término del conflicto en el país, por ello, ha sido duramente atacada por el gobierno.

Una prosperidad no tan real

El pacto con la elite empresarial promovió un clima de negocios favorable que dinamizó la inversión nacional y atrajo (por los bajos niveles salariales y la relativa seguridad de Nicaragua) la inversión extranjera. La economía creció fuertemente en los últimos años. La tasa de crecimiento económico anual estuvo cerca del 5% durante el periodo 2010-2017, y fue la tercera más alta en América Latina después de Panamá y República Dominicana.

Otro factor clave fue el convenio con Venezuela para abastecimiento de petróleo, el cual establecía que Nicaragua sólo pagaría la mitad del costo del petróleo importado, mientras que la otra mitad se convertía en préstamos de largo plazo y bajos intereses para financiar proyectos económicos y sociales. Sin embargo, cuando la economía venezolana se fue deteriorando, el abastecimiento fue bajando, hasta cesar por completo en 2017.

La mayor parte de esos recursos fueron orientados a la formación de un grupo empresarial del partido de gobierno, con inversiones en diversos sectores de la economía (energía, construcción, turismo, agroindustria, etc.) y con capacidad para competir con los grupos económicos nacionales. El fondo también fue empleado para financiar programas de combate a la pobreza, subsidios para el transporte colectivo y electricidad para las familias de bajos ingresos. Al colapsar la ayuda venezolana, los programas fueron recortados y pasaron a ser financiados con recursos del presupuesto nacional.

El dinamismo económico de los últimos años, y los programas de lucha contra la pobreza, contribuyeron a una modesta reducción de los índices de pobreza (de 44% en 2009 a 39% en 2015); sin embargo, según la CEPAL, Nicaragua fue el único país de América Latina donde la desigualdad económica se incrementó entre 2008 y 2014.

Por otro lado, la mayoría de la población urbana trabaja en el sector informal (42% en 2017), mientras que la pequeña agricultura juega un rol clave en el empleo rural. Según cifras oficiales, solamente el 24% de los trabajadores está afiliado al Sistema del Seguro Social.

La falta de empleo provocó, en las últimas décadas, un éxodo de miles de nicaragüenses hacia Costa Rica, EEUU y otros países. Se estima que más de un millón de nicaragüenses viven en el exterior (20% de su población). La falta de acceso a la tierra ha empujado a muchas familias rurales a migrar hacia la región de bosques tropicales del Caribe, creando un fuerte conflicto con los pueblos indígenas de esa región.

Ortega frente a su mayor desafío

El gobierno de Ortega enfrentaba ya un panorama económico difícil para 2018 -debía tomar medidas para adaptarse al colapso de la ayuda venezolana y prepararse para la eventual aprobación del Nica Act, limitando su acceso a las instituciones financieras internacionales-, cuando en abril se enfrentó al mayor desafío político desde que retornó al poder en 2007.

 

Las protestas iniciales fueron protagonizadas por universitarios indignados por la negligencia gubernamental ante la catástrofe ecológica de la Reserva de la Biosfera Indio-Maíz. Unos días después, el gobierno decretó, unilateralmente, las reformas para aliviar la insostenible situación financiera del Seguro Social. Estas incluían la reducción del 5% en las pensiones y un incremento en las contribuciones de empleados y empleadores. Los estudiantes salieron nuevamente a protestar acompañados por organizaciones de la sociedad civil.

La desproporcionada respuesta del gobierno, contra jóvenes y ciudadanos que protestaban en distintos puntos de Managua, y la brutal escalada represiva de los días siguientes, prendió la chispa de una insurrección cívica nacional contra el régimen. El gobierno dio un paso atrás y retiró las reformas, pero era demasiado tarde para contener la indignación popular.

En una segunda fase de la protesta, ciudadanos de todas las clases sociales se movilizaron masivamente, los campesinos bloquearon centenares de carreteras y caminos, mientras que en ciudades y pueblos se levantaron barricadas.

Ortega solicitó la mediación de la Conferencia Episcopal en el conflicto, la que aceptó, convocando al Diálogo Nacional a mediados de mayo. También participaron organizaciones civiles (movimientos estudiantiles, de mujeres y campesinos, y organizaciones de la sociedad civil y de empresarios privados) quienes se organizaron en una coalición llamada Alianza Cívica.

El Diálogo Nacional no logró avanzar en las negociaciones. La Alianza Cívica y los obispos demandaron que se negociara una agenda para la democratización del país, lo que el gobierno rechazó, acusando a los primeros de querer ejecutar un golpe de Estado.

Semejanzas entre Venezuela y NicaraguaEn lugar de negociar, el gobierno lanzó las llamadas “operaciones limpieza”: policías y paramilitares ingresando a pueblos y ciudades, disparando a quien defendiera los bloqueos o barricadas. Este operativo incrementó la cifra de muertos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) registró 306, siendo 52 de ellos policías y paramilitares. También estima al menos 2,200 personas heridas, muchas de gravedad o con discapacidad de por vida.

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la represión ha entrado a una tercera fase, la criminalización de los manifestantes, utilizando las instituciones y el sistema de justicia para detener y promover acciones y procesos judiciales en su contra.

Según el CENIDH, al menos 2,500 personas han sido detenidas y encarceladas algunos días. También estima en, aproximadamente, 300 prisioneros políticos a principios de agosto, 148 de ellos en procesos judiciales. Los familiares de la gran mayoría de los prisioneros han denunciado torturas.

La represión y la crisis económica provoca que la migración sea aún mayor. El ministro de Hacienda ha reconocido la pérdida de alrededor de 250 mil empleos desde que empezó la crisis.

El alto costo en vidas de la rebelión cívica ha conseguido una acelerada presión internacional. El Consejo Permanente de la OEA ha conformado un “grupo de trabajo” (compuesto por doce países, entre ellos Perú) para visitar Nicaragua y mediar en la crisis. Sin embargo, el gobierno nicaragüense lo calificó de “injerencista” y advirtió que no será recibido.

¿Será la estrategia de Ortega, para sobrevivir en el poder, la misma de Maduro en Venezuela?, ¿la crisis humanitaria en Nicaragua llegará a convertirse en una guerra civil?, ¿o será finalmente aceptada la mediación de la OEA y Nicaragua tendrá la oportunidad de resolver la crisis por la vía electoral?

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[1] La Ley Global Magnitsky permite a EEUU imponer sanciones económicas a ciudadanos extranjeros que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus países de origen.

Primavera 2018


Arturo Grigsby Vado

Economista. Miembro de la Dirección de Investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.




Monseñor Romero y su canonización para América Latina

Canonización RomeroNo cabe duda que muchas personas salvadoreñas, latinoamericanas y aún europeas, desde hace varios años, reconocen y veneran a Monseñor Oscar Romero como un santo, pero ¿qué significado tiene para ellos su canonización? Trataré de responder esta pregunta desde mi experiencia de haber convivido y trabajado con Mons. Romero, como su secretario de Asuntos Sociales, mientras fue Arzobispo de San Salvador.

Su canonización como reivindicación oficial de la Iglesia a él y a tantas otras víctimas promotoras de justicia

Me parece muy importante que el Papa Francisco reconozca oficialmente, ante el mundo, la santidad del Arzobispo Mártir, testimoniando que su vida fue una “imitación ejemplar de Cristo y es digna de la admiración de los fieles”. Esta reivindicación ha de ser también una oportunidad para dignificar a tantas personas que, como él, en cualquier lugar del mundo, han dado su vida promoviendo la justicia.

Este reconocimiento eclesial es necesario en su caso porque, lamentablemente, como lo declaró el mismo Papa, antes y después de su martirio Romero “fue difamado, calumniado y su nombre fue mancillado, incluso por sus hermanos en el sacerdocio y el episcopado”.

Estas calumnias provocaron que el Vaticano, a través de la Congregación para los Obispos, enviara en dos ocasiones (1978 y 1979) visitadores apostólicos a revisar el comportamiento de Mons. Romero como Arzobispo de San Salvador. El Papa nunca le pidió formalmente que se retractara de lo que hacía o decía, rechazó la solicitud de removerlo, pero sí le nombró un Obispo auxiliar con potestad plena y no cuestionó ni investigó a los Obispos que le acusaron. Gran mérito del cuestionado fue que, a pesar de todo ello, se haya mantenido unido al Papa y fiel a su lema episcopal “Sentir con la Iglesia”.

Las mismas calumnias lograron, después del Martirio de Monseñor, congelar en el Vaticano su proceso de beatificación, hasta que llegó al Pontificado Jorge Bergoglio.

Su canonización como motivación para que Obispos y presbíteros seamos auténticos Pastores, Profetas y Promotores del Reino de Dios

El Papa Francisco, en la carta de Beatificación del Obispo Mártir, nos da pie para que promovamos esta triple P como parte de la devoción a San Romero, al caracterizarlo como:

Pastor según el corazón de Cristo: Mons. Romero merece este calificativo no sólo porque dio la vida por sus ovejas, sino porque se entregó de lleno a conocerlas hasta llegar realmente a oler a oveja. Fue el primer Arzobispo que visitó todos los caseríos, aún los más remotos y pequeños de su Arquidiócesis. Celebró sus fiestas patronales, conviviendo con sus habitantes. Amó a sus ovejas y sus ovejas se sintieron amadas, escuchadas, comprendidas, protegidas, guiadas por su Pastor. Prueba de ello eran los cientos de cartas que recibía semanalmente, en las que le contaban sus penas, preocupaciones, aspiraciones, consultándoles sus dudas. Cartas que Monseñor se empeñó en contestar de forma personalizada. Para ello encargó a dos religiosas que le subrayaran los aspectos más importantes de cada una de ellas y ampliaran el breve comentario que él mismo escribía al margen.

Evangelizador y padre de los pobres: no cabe duda que Mons. Romero se ganó la conciencia y el corazón del pueblo salvadoreño mediante su predicación. Sus homilías dominicales, transmitidas por la Radio del Arzobispado (YSAX), fueron el programa radial de mayor audiencia en El Salvador. Su impacto tan determinante se debió, en parte, porque fue un excelente orador, pero sobre todo porque supo encarnar la Palabra en el aquí y ahora de su época y comunicarla en un lenguaje popular. Sus homilías dominicales constaban de tres partes: la explicación de las lecturas, el informe sobre su actividad pastoral semanal y el juicio profético sobre los principales sucesos de la semana a la luz del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Cada una de estas partes las preparaba responsablemente: para la primera leía varios comentarios de exégetas y teólogos sobre los textos bíblicos, los meditaba para descubrir cómo podrían ser Buena Nueva en el presente; para la segunda, recogía las mociones experimentadas o los resultados obtenidos en las principales actividades pastorales que había tenido; para la tercera, el Arzobispo escuchaba atentamente los comentarios -no siempre coincidentes- de un grupo plural, acerca de las principales violaciones a los Derechos Humanos, rigurosamente verificadas por el Equipo de Tutela Legal del Arzobispado, y sobre los hechos de mayor relevancia acaecidos esa semana. Posteriormente, a solas y en oración, formulaba su propia opinión, desde las víctimas, pero con una actitud misericordiosa con los victimarios.

Por esta última parte, Mons. Romero realmente fue “la voz de los sin voz”, o la única voz que en aquella época podía denunciar lo que estaba sucediendo y anunciar algún motivo de esperanza.

Testigo heroico del Reino de Dios, Reino de justicia, fraternidad y paz: mucho se habla de la transformación progresiva que Mons. Romero tuvo después del asesinato del sacerdote jesuita Rutilio Grande. Desde mi punto de vista esta se debió a la forma cómo concibió y fue testigo del Reino de Dios. Dejó de contemplarlo abstractamente en el cielo para buscar instaurarlo concretamente en la tierra. Dejó de ser un mero espectador de la realidad social para ser un protagonista de la misma “desde y con” los empobrecidos.

Esta historización del Reino la promovió el Arzobispo mártir no sólo con su predicación profética, también lo hizo solicitando al Presidente de EEUU que dejara de apoyar militarmente al gobierno salvadoreño, mediando conflictos laborales, sociales y políticos, haciendo gestiones para liberar a los secuestrados, promoviendo la reconciliación nacional, dando asistencia humanitaria a personas necesitadas.

Canonización Monseñor RomeroSu devoción como inspiración para el seguimiento a Jesús

El Papa Francisco, en su Exhortación Apostólica sobre el llamado a la Santidad en el Mundo Actual (Gaudete et exsultate), habla de “los santos de la puerta de al lado”, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios.

Si consideramos el ejemplo de Mons. Romero en el momento de su entrega total y definitiva, muy probablemente nos parecerá un modelo de santidad inalcanzable; pero si lo contemplamos en el proceso gradual de su gestación como testigo del Reino de Dios, fácilmente podremos sentirnos invitados a aprender mucho de él. Nos encontraremos con una persona que tiene sus limitaciones, como cualquiera de nosotros, sencilla, sensible a las necesidades de los demás, psicológica y fisiológicamente frágil, tímida, indecisa, temerosa, siempre en búsqueda de la voluntad divina, con una teología y piedad más bien tradicional. Hasta antes de ser Arzobispo fue un Pastor distante de su clero, poco apreciado por sus sacerdotes.

Lo que nos enseña Mons. Romero es que se dejó llevar, transformar, renovar por Dios; puso su confianza en Él; optó por seguir a Jesús dando lo mejor de sí, desinstalándose, encarnando la cercanía a los últimos, la pobreza, la entrega amorosa incondicional del Nazareno; se empeñó por construir, con Él, ese reino de amor, justicia y paz para todos; aprendió a irse superando, junto con su clero y su pueblo, para poder afrontar los desafíos, cada vez mayores, que la creciente crisis política salvadoreña le iba planteando. Todo ello posibilitó que la fortaleza y la misericordia divina se manifestarán en él, no obstante sus limitaciones personales. 

Por todo ello, el Papa Francisco en su carta del día de la Beatificación concluye:

“Quienes tengan a Monseñor Romero como amigo en la fe, quienes lo invoquen como protector e intercesor, quienes admiren su figura, encuentren en él fuerza y ánimo para construir el Reino de Dios, para comprometerse por un orden social más equitativo y digno”.

Primavera 2018


Rafael Moreno, SJ

Delegado para la Misión de la Conferencia de Provinciales jesuitas en Amércia Latina y el Caribe.




Arte y memoria: “Piedras para tropezar”

Arte y memoria CVRTomo el título de la intervención artística que Gunter Demning[1] (Alemania, 1947) inició en Berlín para referirme a los distintos sentidos que el arte provoca en nuestras vidas: conmoción, ternura, dolor, dulzura, angustia y muchas otras sensaciones. Esto es más cierto aún cuando se trata de una actividad tan sensible como la de hacer memoria de un paso violento. Demning colocó en distintas calles de Berlín placas de metal que llevaban inscritos los nombres y datos básicos de personas que fueron detenidas y asesinadas por el régimen nazi. Estos memoriales fueron colocados en las veredas o a la entrada de la casa donde vivieron aquellas personas, tratando de que el metal sobresaliera lo suficiente para que el transeúnte “tropiece” con el memorial y conozca o recuerde a las personas y la barbarie de la que fueron víctimas.

Traigo a colación esta estrategia de intervención para llamar la atención sobre los diversos sentidos que el arte ha provocado en nuestro país en torno al conflicto armado interno. De un lado ha sido un espacio para la representación y expresión del terror y el dolor vividos durante los años de violencia; de otro lado, también ha suscitado una resignificación de ese periodo en las nuevas generaciones.

No es casual que se haya dado una copiosa producción artística en el país durante los últimos 30 años. Esta abarca desde el arte popular en las comunidades que vivieron directamente la violencia, como las Tablas de Sarhua, las arpilleras de Pamplona Alta o los dibujos de Edilberto Jiménez sobre Chungui, hasta la producción de artes plásticas, literatura, teatro, cine, música, danza, a lo cual se suman las recientes intervenciones de arte realizadas por nuevas generaciones. Entre estas se cuentan artivistas, artistas que asumen un compromiso político y buscan producir cambios en la sociedad. Se trata de artistas de nuevas generaciones que no vivieron directamente el periodo de violencia, sino que supieron de ella a través de quienes se las transmitieron, y cuyo trabajo hoy guarda una enorme significación para las generaciones venideras. Puedo recordar, como ejemplo de esta tendencia, la obra “Proyecto 1980/2000, el tiempo que heredé”[2], dirigida por Sebastián Rubio y Claudia Tangoa, que desde el teatro vivencial explora, a partir del testimonio de cinco jóvenes “hijos” portadores de una memoria heredada[3], cómo es que sus vidas han sido impactadas y transformadas por las vivencias de sus padres o familiares que vivieron el conflicto de forma directa.

También se debe tener en cuenta la producción de cortos y largometrajes sobre ese periodo que descubren otros aspectos del impacto de la violencia. La ultima tarde, largometraje de Joel Calero, pone en debate los sentidos de una pareja de ex subversivos que se encuentra 20 años después y reflexionan acerca de sus vidas con una visión crítica. Este es un tema poco abordado y sobre el que se guarda discreto silencio en mérito a su complejidad. Se podría decir que existe en el espacio público una suerte de “sanción social” que impide siquiera dialogar sobre esta temática. Pero en el cine, o en cualquier otra expresión artística, ello es posible.

Así, el arte se ha convertido en una fuente de expresiones que buscan incomodar y cuestionar a una sociedad que prefiere “mirar el futuro”, olvidando que tenemos casi 70 mil víctimas y más de 15 mil personas desaparecidas que aún no han sido atendidas de forma integral por el Estado en su búsqueda de justicia y verdad. Y es que hablar sobre el periodo de violencia implica producir un discurso sobre el país, sobre las fracturas que enfrentamos y los retos que tenemos por delante. El debate sobre el conflicto armado interno lleva a preguntarnos sobre la sociedad que fuimos, cómo enfrentamos hoy ese pasado, es decir qué interpretación elaboramos y qué tipo de sociedad queremos construir.

Sin embargo, hoy también ese espacio se ve amenazado por una fuerte corriente de negacionismo que busca silenciar las producciones artísticas que hacen memoria. Así, desde esta tendencia se afirma falazmente que una representación del periodo de violencia como las Tablas de Sarhua[4], el museo de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP)[5] o el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), al rememorar el pasado de violencia se puede interpretar que podrían estar atacando a las Fuerzas Armadas y favoreciendo al terrorismo. Este discurso es enarbolado de forma permanente por actores políticos que hoy tienen mayoría en el Congreso de la República y que buscan resonancia en los medios de comunicación mediante denuncias de una supuesta apología de terrorismo[6].

Memoria CVR

Arriba: afiche de la película de Joel Calero “La última tarde”. Abajo: parte de la muestra de El Museo de la Memoria del ANFASEP (Ayacucho).

De este modo, se apela a una amenaza permanente, como si hablar del pasado y pronunciarse acerca de ese periodo fuera una acción (u omisión) capaz de invocar nuevamente el terror y la muerte. Se olvida que los procesos sociales tienen siempre una dimensión cultural y que su tratamiento en la esfera educativa puede transformar las sociedades —en sentido positivo o negativo—. En este escenario, generaciones más jóvenes que quieren conocer acerca del pasado o se plantean nuevas interrogantes, se ven expuestas a amenazas o a peligros de estigmatización y hasta de incriminación por el delito de apología del terrorismo. Esto nos lleva a plantear el  desafío de cómo transmitir a las nuevas generaciones el pasado reciente: la escuela debe incorporar una memoria reflexiva sobre el periodo de la violencia armada, pues es en ella donde se forman a los futuros ciudadanos y actores políticos del país. Junto a esto será necesario hacer viable tal incorporación mediante propuestas solventes desde el punto de vista pedagógico y metodológico, tomando en cuenta un enfoque intercultural y de género. Todo esto, sin dejar de lado a los docentes, los cuales deben encontrar en su trabajo una forma de empoderarse y legitimarse a fin de que puedan actuar con capacidad crítica frente a un tema que sigue estando en disputa desde varios frentes[7].

La esfera política está lejos de procesar y entender la complejidad de lo que vivimos y de adoptar valores ciudadanos. Es en el mundo de la cultura donde surgen nuevas miradas sobre la necesidad de diálogo, la defensa de derechos, la equidad o la justicia, y también donde se visibilizan problemas viejos como la discriminación, la exclusión o el odio a las diferencias. Dejemos que el arte nos ayude a tropezar, a interpelar y sensibilizar nuestra memoria; dejemos que nos ayude a pensarnos como ciudadanos pues solo así tendremos posibilidades de derrotar esos discursos de violencia y odio que se impusieron durante el conflicto armado interno.

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[1] Stolpersteine (2018), en alemán. Ver: www.stolpersteine-berlin.de/en/project/artproject 
[2] Ministerio de Cultura (2014),  extracto de obra teatral: https://youtu.be/3QOa1ZLv1TY
[3] JELIN, Elizabeth. (2002). Los trabajos de la memoria. Lima: IEP
[4] El Comercio (2018), sobre la investigación por apología al terrorismo en cuadros para muestra en el MALI: https://elcomercio.pe/politica/investigan-apologia-terrorismo-cuadros-iban-mali-noticia-491719
[5] La República (2017), sobre la cita del Ministerio Público a representantes de ANFASEP por apología al terrorismo: https://larepublica.pe/politica/1136379-fiscalia-cita-a-representante-de-desaparecidos-por-supuesta-apologia-al-terrorismo
[6] El 2017 se aprobó una norma que modifica el Código Penal -a pedido del Congreso de la República- que genera más agravantes y aumenta las penas para el delito de apología del terrorismo, con sanciones de entre 4 y 12 años de prisión. Si la apología de terrorismo se hace mediante objetos, libros, escritos, imágenes visuales o audios y otros medios de comunicación, la pena no será menor de 10 años ni mayor de 12 años. Ver El Peruano (2017), Ley N° 30609: www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/img_bol08/LEY-N-30610.pdf
[7] JAVE, Iris. (2018). Memorias negadas: el proceso político de la justicia transicional en Perú. En: L. De Vivanco y M. Johansson (Eds.), Pasados Contemporáneos. Aproximaciones críticas a los derechos humanos y las memorias en Perú y América Latina: un enfoque interdisciplinario. Publicación inédita.

Primavera 2018


Iris Jave Pinedo

Investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos – IDEHPUCP.