Entrevista a Ignazio De Ferrari, politólogo del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico país

Por Diana Tantaleán C.
Apostolado de Justicia Social y Ecología

La crisis sanitaria mundial que estamos viviendo este año ha ocasionado que todos los gobiernos se vean enfrentados ante una realidad inesperada tanto política, social como económica, y el Perú no ha estado exento de esta situación. Por ello, entrevistamos al investigador Ignazio De Ferrari para que nos comparta su opinión sobre nuestra situación política en estos últimos años y cómo percibe nuestro futuro “post pandemia” como país.

¿Qué cree que ha caracterizado a la política peruana en los últimos 10 años?

Sobre esto escribí un artículo hace unos meses, previo a la pandemia, y lo que los últimos 10 años reflejan es que hemos avanzado mucho y es, a la vez, todo tan poco. Esto va más allá de la política, es un tema general de nuestra vida nacional, y es que estos avances que hemos tenido en diferentes frentes han hecho más visibles todo lo que nos falta por hacer y cuán contradictorio es el desarrollo.

Creo que en el Perú ha imperado una mirada -que viene de la teoría de la modernización de los años 50s y 60s- según la cual, cuando un país empieza a tener crecimiento económico, todo lo demás se va solucionando; la idea de que, si la economía va bien, y crece, entonces mejora la calidad de la democracia, mejoran las instituciones, etc. Sin embargo, lo que hemos visto en el Perú es que esto no es así, no entramos a la carretera del desarrollo económico sin parar hasta llegar al desarrollo.

A menudo, estos equilibrios se establecen alrededor de los grises, no es blanco o negro. Por ejemplo, en el terreno político hemos tenido un avance importante: ser capaces de tener un acuerdo mínimo sobre una economía de mercado; sin embargo, tenemos niveles de desigualdad que son intolerables; en el terreno de la justicia, en el extranjero, nos ven como un país al que se admira por tener a casi todos nuestros expresidentes presos o haberlos podido procesar, pero esto ha sido a costa de utilizar estas prisiones preventivas de manera excesiva, y ahora vemos nuestro sistema penal totalmente desbordado por la crisis del COVID. Y así, a medida que entramos en cada ámbito de la vida nacional, vemos cómo aparecen todas estas contradicciones alrededor de un modelo de desarrollo que, creo, ha sido limitado.

¿Cuáles cree que han sido las mayores dificultades de la última década en ámbito político?

Creo que nuestro mayor fracaso ha sido la incapacidad de construir un relato sobre qué país queremos ser, construir un relato que incluya a las grandes mayorías. Durante el segundo gobierno de Alan García, lo que mejor define su presidencia es este discurso del “perro del hortelano”.

Entonces, por un lado, teníamos esa idea de que lo único que importa es hacer negocios y el desarrollo económico a como dé lugar, y que cualquiera que se oponga a esa visión es como “el perro del hortelano”, que no come ni deja comer. Por otro lado, tenemos una izquierda que está obsesionada con reescribir el capítulo económico de la Constitución.

Reconozco que es muy difícil construir una visión más o menos unificada de qué queremos ser como país, y es incluso difícil en países menos desiguales que el Perú. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, la polarización política ha llegado a niveles tóxicos. Pero, en el Perú, en los últimos 10 años, hemos desaprovechado una oportunidad de oro, histórica, que quizá no se vuelva a presentar en varias generaciones: tener un consenso alrededor de políticas económicas liberales, si queremos llamarlo de alguna forma, con un discurso y una práctica de construir instituciones e invertir en potenciar las funciones más básicas que debe cumplir un Estado, como la salud y la educación. Alrededor de eso podríamos haber armado un combo interesante.

Esa incapacidad de encumbrar al país en este discurso y práctica verdaderamente liberal, tanto en lo político como en lo económico, creo que ha sido nuestro mayor fracaso; y lo triste es que han existido recursos para hacerlo, pero nuestra clase política no estaba interesada en construir estos acuerdos y podemos profundizar por qué, el punto es que decidieron que era una batalla en la que no se querían meter, y creo que ese ha sido nuestro mayor fracaso en los últimos 10 años.

Mucho se ha dicho que esta situación se debe a que ha faltado un liderazgo político en el país o que la ciudadanía carece de formación ciudadana, ¿qué cree que ha sido lo más necesario?

La última década ha reflejado una clara crisis de liderazgo e incapacidad de llegar a esos acuerdos mínimos de los que hablaba, sobre los lineamientos básicos que necesitamos para consolidarnos como un país viable, que pueda seguir siendo viable en el tiempo. Entonces, en buena medida, la ausencia de partidos políticos medianamente institucionalizados nos ha privado de una lógica de largo plazo en nuestra vida política; porque los partidos políticos, cuando tienen que cuidar una marca -porque saben que del cuidado de esa marca política depende su éxito futuro- se comportan de manera coherente, protegiendo los valores y principios que esa marca representa. Pero, en el Perú, esos partidos desaparecieron y nunca llegaron a institucionalizarse del todo. En ese contexto, tenemos líderes de partido que tenían una cierta vida orgánica, como el APRA, que iban a emprender un camino personal dentro de este partido.

Lo de Alan García ha sido muy evidente, él tuvo una carrera individual dentro del partido. Y también surgieron líderes con intereses muy cortoplacistas que se apropiaron de sus diferentes membretes electorales para avanzar su agenda personal, que a menudo estaba vinculada con la corrupción.

El resumen es que hemos tenido una crisis de liderazgo y una incapacidad de forjar instituciones medianamente coherentes.

Por el lado de la formación política creo que, efectivamente, existe la carencia de una mirada sobre qué significa ser un ciudadano en el Perú. La ministra de economía, cuando tomó el cargo, dijo algo que generó mucho revuelo, pero que es muy obvio, que la vida de los peruanos no vale siempre lo mismo. No hemos tenido una mirada de qué significa ser ciudadano en un país como el Perú, y eso también ha sido un factor importante de por qué, en los últimos años, no hemos podido hacer más. Por qué no ha habido una mayor demanda por cambios más estructurales. Creo que la crisis de ciudadanía se refleja en eso.

Nuestra incapacidad de crear un consenso sobre el país que necesitamos y podemos construir ha sido la mayor dificultad en los últimos años, a pesar de haber contado con las herramientas pra poder empezar a construirlo.

El problema es que, en los últimos 30 años, para las grandes mayorías la confianza en la capacidad de lo que pueda hacer el Estado es tan mínima, que la gente ha preferido hacer las cosas por su cuenta; y eso también genera el que ni siquiera se demanden cambios que se tienen que hacer. Esa es la otra parte de nuestra tragedia nacional: ciudadanos totalmente desafectados del sistema e incapaces de comprometerse, por una descreencia absoluta en lo que puede hacer el Estado y sus instituciones.

El Perú es, desde hace mucho tiempo, uno de los países con mayor desconfianza entre las personas y las instituciones, y esto en una región como América latina, la cual de por sí tiene niveles bajísimos de confianza en las instituciones. Entonces, lo que tenemos, es una falta absoluta de creencia en lo que puede dar un gobierno, o un Estado, y eso tiene que ver con esta crisis de ciudadanía de la que hablamos.

Ante la falta de liderazgo político, la ciudadanía busca con ansias algún rostro conocido, alguna figura que resalte, para hacerlo el representante de todos, alguien con quien pueda empatizar, ¿cómo evalúa ese comportamiento de la población?

Efectivamente. En un mundo ideal, los partidos políticos, en el fondo, son un conjunto de grandes ideas que se defienden desde la vía pública; pero, como en el Perú no existen los partidos políticos, nos aferramos a las figuras. Hace varias décadas los ciudadanos no se pueden aferrar a una serie de valores o de principios, que los partidos políticos deberían representar. Esto tiene un riesgo enorme porque estos personajes no son el resultado de haber crecido dentro de una vida orgánica, política y partidaria, entonces pueden cambiar muchísimo, pues no están sujetos a controles internos en sus organizaciones.

Una expresión de esta crisis de liderazgo en el país es que, justamente, estemos detrás de un salvador, cuando lo que deberíamos estar discutiendo es qué ideas necesitamos para hacer de este país un país más fuerte, sólido y viable, y quién puede representar mejor estas ideas.

Si algo caracteriza a nuestro país es la ausencia de un debate ideológico y programático sobre hacia dónde tenemos ir, y esto se da en un contexto de mucha polarización. A mí cada vez me quedan menos dudas de que la elección del 2021 va a ser una elección muy polarizada, y esta búsqueda del salvador probablemente nos lleve a buscar figuras que vengan desde el mundo populista. Van a ser unas elecciones muy complejas.

En este contexto de crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿cómo evalúa el manejo de esta situación por parte del gobierno?

Creo que en una primera etapa el gobierno logró hacer una comunicación efectiva de los avances en la lucha contra el virus; y creo que la alta aprobación, sobre todo del Presidente de la República, se da por tres factores: el primero es esta comunicación fluida en la que el presidente ha generado la impresión de estar en control de la situación, sobre todo en las primeras semanas donde las comunicaciones eran prácticamente diarias; segundo: han logrado establecer la idea de que están trabajando de manera incansable, y todo indica que hay algo de verdad detrás de esto; lo que muchos ciudadanos valoran es ver a un presidente “chambeando”; y tercero es esta idea de que se toma una decisión radical, que en tiempos de crisis suelen ser bienvenidas porque, ante las incertidumbres, la gente, cuando ve que hay una decisión radical como cerrar el país o la inmovilización obligatoria, dice: “ok, están haciendo algo”. Y es en crisis que los gobiernos suelen tener carta blanca para tomar decisiones.

Pero creo que, a medida que han pasado las semanas, se ha hecho cada vez más evidente que la estrategia del gobierno, en mi opinión, parece haber subestimado el enorme poder de la informalidad en el Perú, la precariedad económica en la que vive la gente en nuestro país.

Lo otro que esta crisis nos muestra es que tenemos problemas de capacidades de Estado que van mucho más allá de lo que pueda hacer un gobierno en poco tiempo; o sea, con todo lo que el gobierno podría haber hecho mejor, era evidente que tendríamos un desborde del sistema sanitario si al inicio de la pandemia teníamos menos de 200 camas UCI. Entonces, lo que esta crisis evidencia son las enormes dificultades de un Estado que no ha hecho su trabajo durante décadas. Eso desborda a lo que el presidente pueda hacer.

A esto se suma que la estrategia en la parte económica, si bien ha tenido algunos puntos muy interesantes como el Plan Reactiva Perú, se podría haber hecho más ágil y se le podría haber dado más rápido el dinero a las empresas. La entrega de bonos refleja la enorme informalidad y las carencias en las que vive tanta gente que está excluida financieramente; pero estamos llegando a un punto en el que, si no hay una apertura de la economía un poco más rápida en las próximas semanas, nos vamos a enfrentar a la posibilidad de una crisis social bien fuerte porque estamos llegando al límite.

Hace un momento mencionó que habíamos perdido una oportunidad de oro en un tiempo de relativa estabilidad, ¿cree que a partir de este momento exista una posibilidad de cambio?

Definitivamente hay mucho por hacer. Creo que lo más necesario es ponernos de acuerdo, de una buena vez, sobre qué entendemos por desarrollo en el Perú, qué significa ser un país desarrollado. Llegar a un acuerdo mínimo sobre esto sería lo ideal.

En otras palabras, lo que hemos hecho en los últimos 28 años, desde el viraje económico que tuvo el primer gobierno de Fujimori, es un trabajo excepcional en el terreno macroeconómico, con niveles de deuda que son la envidia de casi todos nuestros vecinos en la región, pero seguimos teniendo un sistema de salud y un sistema educativo desastrosos, y no hemos hecho el esfuerzo realmente serio como país de atacar la informalidad. Entonces, creo que la pregunta es ¿por qué no hemos sido capaces de invertir mejor en educación y salud para no llegar a una situación como ésta?, ¿por qué no hemos sido capaces de invertir mejor en las capacidades que debe tener un Estado funcional?

Esto parte de una visión equivocada del desarrollo, porque los recursos existían y podíamos haber mantenido un balance en temas macroeconómicos gastando más y mejor, existía ese espacio. Entonces, esta idea de que hemos sido un país pobre con plata, que en las últimas semanas he escuchado bastante, creo que es una buena síntesis de lo que nos ha pasado. Por ejemplo, pensemos en nuestra obsesión de medir la pobreza en términos monetarios, en cuánto dinero disponible tienen las familias, cuando la pobreza es mucho más compleja que eso. Uno puede tener dinero para llegar a fin de mes, pero si vives en una zona donde no hay servicios básicos (como agua o desagüe), si vives en una construcción precaria; entonces, ¿qué noción del desarrollo es esta?, ¿qué nos está diciendo realmente este 20% de pobres que supuestamente teníamos a fines del año pasado?

Si bien el gobierno demostró rapidez de reacción al inicio de la crisis sanitaria, conforme han pasado las semanas se ha visto desbordado por las profundas fragilidades de nuestro país: un sistema de salud deficiente, una enorme informalidad, y la precariedad económica de muchas personas.

Mientras no cambiemos la mirada de qué entendemos por ser un país desarrollado, y hacia dónde tenemos que ir, va a ser muy difícil porque no estamos entendiendo y no estamos llegando a consensos mínimos sobre lo que eso significa. Seguimos siendo un país demasiado precario en todo sentido: instituciones precarias, ingresos económicos precarios para millones de peruanos, infraestructura precaria; y el problema que subyace a todo esto es la incapacidad de forjar acuerdos políticos profundos.

Si vemos el comportamiento que está teniendo el nuevo Congreso, pues no da señales para mucho optimismo; y la elección del año que viene, me temo, va a estar extremadamente polarizada. De esa elección no van a surgir fuerzas políticas realmente capaces de sentarse a la mesa y llegar a acuerdos de fondo; y lo más triste es que, esta oportunidad del COVID, la vamos a desperdiciar.

Invierno 2020

Ignazio De Ferrari

Investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

La crisis mundial del coronavirus no es producto de un accidente, ni del azar, ni del destino misterioso, sino consecuencia de haber perdido la sociedad su verdadero propósito. La humanidad, sus gobernantes, sus empresarios y sus ciudadanos nos olvidamos que los seres humanos somos parte de este planeta, no somos los únicos seres vivos en él, ni somos los dueños del planeta Tierra y menos del universo.

Los hombres hemos pretendido someter a la naturaleza a nuestros propios caprichos, a nuestros intereses egoístas, al servicio de nuestra riqueza. Hemos violentado su natural equilibrio, hemos cambiado sus condiciones de vida y no hemos podido controlar sus consecuencias. Los virus, las bacterias y los hongos han estado en la naturaleza por millones de años, estaban en el lugar que debían y cumpliendo la función que les corresponde en la naturaleza, pero hoy se expanden de manera descontrolada por la manipulación y alteración de las condiciones de vida provocada por lo que denominamos desarrollo y tecnología.

Nos referimos a la manipulación genética irresponsable y descontrolada, a la producción de alimentos ultraprocesados, altos en azúcares libres, sodio, grasas saturadas y con grasas trans, que está sometiendo a la población a una malnutrición que la predispone y la hace más vulnerable frente a estas pandemias. Nos referimos a la alteración de las condiciones de producción agrícola, pasando de la biodiversidad y manejo orgánico de plagas, a una agricultura intensiva y de monocultivos, con aplicación irresponsable de agroquímicos que pone en riesgo la salud de los consumidores; al abandono y falta de apoyo a la pequeña agricultura familiar para dar paso a la industria de la agroexportación.

La mayoría de tierras agrícolas y bosques los hemos depredado y puesto al servicio de la producción de maíz, soya, caña de azúcar, aceite de palma y otros productos para la agroexportación. Incluso grandes desiertos de la costa los hemos convertido en proyectos para la agroindustria. Aunque esta actividad aporte divisas y mano de obra, no contribuye en nada con la alimentación de los peruanos, pues esa no es la preocupación de este sector. Son los pequeños agricultores los que nos hacen llegar todos los días papa, frejol, cebolla, zanahorias, verduras y frutas que necesitamos para nuestra alimentación cotidiana. Pero precisamente es el sector más abandonado por el Estado y, si las cosas siguen así, corremos el riesgo de que esos agricultores o sus hijos abandones sus tierras, las vendan para ir a las ciudades en búsqueda de mejores oportunidades. ¿Entonces quien se ocupará de producir los alimentos que necesitamos?

Por otro lado, el desarrollo industrial ha venido aparejado del uso indiscriminado de combustibles fósiles, que no solo ha contaminado nuestro planeta y a sus habitantes, sino que ha provocado alteraciones climáticas que ponen en riesgo la vida de los seres humanos y de miles de especies. Y ni qué decir del plástico, que invadió todos los rincones del planeta y causa tanto daño.

Todo esto tiene que cambiar, y con ello no decimos que debemos volver a los tiempos primitivos, no, de ninguna manera. Tenemos que redescubrir nuestro propósito como humanidad, tenemos que entender de una vez por todas que no somos dueños del planeta, somos parte de él y tenemos que respetarlo. Debemos entender que no podemos cambiar las reglas de la naturaleza, podemos conocerla, descubrirla y respetarla. Nuestro propósito no es solo individual, es colectivo. Nunca el interés de una persona o corporación se puede sobreponer al de la humanidad, nadie tiene derecho a hacerlo, por más dinero e influencia política o mediática que tenga.

La iniciativa privada es buena y necesaria, siempre que esté al servicio y respetando los intereses sociales. Nadie puede imponer sus intereses económicos y comerciales exponiendo al riesgo los intereses, la salud, la seguridad o la vida de los seres humanos y la naturaleza. Si es posible ese equilibrio entre el interés privado e individual con el interés colectivo, bienvenida esa nueva generación de empresarios.

Esta crisis nos deja como lección que, si bien el propósito de vida de las personas es su felicidad y su realización como seres humanos, ese propósito tiene que ser colectivo también. No hay posibilidad de ser felices y estar seguros si solo yo soy feliz, si solo yo estoy seguro, no. La mejor prueba de ello es que un problema que surgió en la China, pero luego en España y Estados Unidos, se extendió por todo el planeta en poco tiempo. No basta que yo esté protegido, que viva en lugar seguro, que tenga un buen seguro médico; si alguien está expuesto, todos estamos expuestos. Entonces, es momento de cambiar todo, no es posible que los bienes y servicios públicos (el transporte, la salud, la educación, la seguridad, las condiciones sanitarias, entre otros) sean diferenciados para pobres y ricos.

Son muchas las reformas que debemos iniciar ya, de una vez, y sin interferencias de quienes piensan solo en intereses individuales. Solo a modo de enunciado, deberíamos comenzar con algunos temas sensibles, veamos:

Cambio de las fuentes de energía: Hoy ya nadie tiene dudas sobre la necesidad de entrar a un proceso acelerado de sustitución de energías fósiles por energías renovables. El Perú tiene un enorme potencial en energía hidroeléctrica, energía eólica, energía solar y energía geotérmica, pero intereses de grupos vinculados a los recursos fósiles han obstaculizado su desarrollo más acelerado. Por ejemplo, es absurdo que teniendo una de las reservas de energía geotérmica (calor bajo tierra en el cinturón de fuego – volcánico) más importantes de la región, no se haya explotado absolutamente nada, mientras países vecinos como Bolivia y Chile ya lo están haciendo.

Proteger y apoyar al pequeño agricultor también beneficia la alimentación saludable de la población, y nuestro país tiene una amplia variedad de cultivos que ofrecer.

Transporte masivo sostenible: Se requiere poner orden de una vez al caótico transporte de pasajeros de nuestro país. Y aquí no hay nada que inventar, las soluciones ya están planteadas, pero no estamos avanzando a la velocidad que el país necesita. Se requiere priorizar el transporte público masivo digno y de calidad para todos, desincentivando el uso de pequeñas unidades y autos particulares. Fomentar otras formas de transporte sostenible como la bicicleta, para lo cual se requiere un reordenamiento de las ciudades. También tenemos que fijarnos una meta y plazos concretos para la sustitución del parque automotor con energía fósil por vehículos eléctricos.

Sistemas alimentarios sostenibles: La agricultura es la principal fuente de alimentos que todos necesitamos, por ello hay que dotarla de todas las condiciones para asegurar alimentos saludables e inocuos. Debemos dotar de todas las facilidades (semillas mejoradas, abonos, insumos, asistencia técnica, métodos de producción, certificaciones, financiamiento, etc.) a los pequeños agricultores, a fin de asegurarnos una producción de calidad, libre de agroquímicos, aflatoxinas y otros contaminantes peligrosos. Así mismo, mejorar los mecanismos de comercialización que permita precios justos tanto para los agricultores como para los consumidores finales.

Promoción de la Alimentación Saludable: Sin una alimentación saludable no es posible garantizar salud plena para las personas, por ello necesitamos asegurar la máxima disponibilidad de alimentos saludables, frescos, sin procesar o mínimamente procesados en favor de toda la población. Pero, al mismo tiempo, necesitamos restringir la oferta y comercialización de productos ultraprocesados que tanto daño están causando a la población mundial, y para comenzar se debería prohibir toda forma de publicidad y marketing de productos ultraprocesados, pues no tiene sentido que los productos que causan daño sean publicitados para incentivar, exacerbar o fomentar su consumo. Eso es un absurdo en términos sanitarios.

Reforma integral del sistema de salud: La salud es un derecho humano, no una mercancía que está disponible solo para quienes cuentan con recursos económicos. Sin salud universal no hay posibilidad de que una población esté debidamente protegida, y la prueba la ha dado esta pandemia. El Estado, como sociedad jurídicamente organizada, tiene el deber de garantizar el bien común, para ello establece mecanismos de financiamiento a través de impuestos y otros que permitan redistribuir la riqueza, especialmente garantizar servicios básicos de calidad para todos, absolutamente todos los ciudadanos, independientemente de su condición social o económica. Esta crisis puede ser el inicio de esa gran reforma. Pero no olvidemos que salud no es igual a atender enfermedades. Salud es esencialmente garantizar que todos mantengan su buena salud, sin enfermarse, para lo cual se tiene que cambiar la visión de las cosas, se tiene que invertir más en promoción y prevención que en solo curación. Si evitamos que la gente se enferme, gastaremos mucho menos en el sistema de salud y garantizaremos un mayor bienestar social, laboral y familiar.

Pensión digna y sostenible para todos: No es posible que sigamos con un sistema pensionario que solo está dando cobertura al 25% de la población económicamente activa, eso es injusto e inmoral. Los sistemas de pensiones en el mundo, tanto el sistema de reparto como el de cuentas individuales de capitalización, han sido concebidos sobre la base de un aporte obligatorio vinculado a su relación laboral, es decir a un trabajo dependiente formal, que cumpla sus obligaciones tributarias y sociales. Los sistemas están basados en la planilla o nómina. Esto probablemente resulta atinado o pertinente en países con altos niveles de formalidad, en el que toda o casi toda la población económicamente activa tiene una relación laboral formal y está en planilla. El problema es cuando estos modelos pensionarios se copian o replican en países con altos niveles de informalidad, donde gran parte de la población económicamente activa no tiene empleo formal, donde más bien son campesinos o agricultores, mineros, comerciantes, amas de casa, profesionales independientes, etc. Bajo estas condiciones, obviamente la cobertura de los sistemas pensionarios tradicionales ha fracasado y, por ende, han condenado a millones de personas a una vejez precaria y sin pensión. El problema es tan grande que muchos países se han visto presionados u obligados a otorgar subsidios a las personas adultas mayores no cubiertas por los sistemas previsionales.

Bajo estas premisas proponemos un nuevo sistema pensionario denominado “Pension Card”, que consiste en lo siguiente:

1. Hacer que todos los habitantes del país cuenten con una cuenta de ahorro previsional “Pension Card” que les permita adscribirla a una entidad financiera, de seguros o administradora de fondos de pensiones, para que ahí se depositen sus aportes previsionales a lo largo de su vida.
2. Cada afiliado tendría derecho a que, por cada compra que realice, un porcentaje (1%) del impuesto a las ventas/consumo IGV que se imponga en cada operación, le sea acreditado/depositado en su cuenta “pension card”.
3. El Estado daría un aporte inicial (en préstamo) a la cuenta de ahorro previsional de cada nuevo niño recién nacido (cuenta hijo feliz), con la condición de que sus padres y/o tutores pongan en su cuenta una suma igual. Este capital inicial, más su correspondiente rentabilidad hasta la edad de jubilación, serían devueltos al Estado al fallecimiento de cada afiliado, de tal modo que se cree un fondo revolvente.
4. Los afiliados tendrían derecho a destinar hasta el 10% de lo que correspondería pagar a la administración tributaria como impuesto anual a la renta/ganancia, a su cuenta de ahorro previsional para su futura pensión.

Protección de la naturaleza: Es momento de iniciar una nueva era de respeto absoluto a la naturaleza y nuestro ambiente, no más contaminación de las fuentes de agua, ríos, lagos y mares, no más contaminación del aire y suelos con gases y contaminantes químicos, no más uso de sustancias tóxicas que no tengan un fin absolutamente seguro y con todos los protocolos del caso. En especial nuestra Amazonía tiene que ser protegida, no como un recurso y reserva nacional, sino como un patrimonio de la humanidad.

Restricción absoluta al uso de drogas: Especialmente aquellas consideradas “socialmente” aceptadas, como el alcohol y el tabaco, que tanto daño están causando a la sociedad. Para comenzar debería prohibirse toda forma de publicidad y marketing de bebidas alcohólicas, tabaco y cigarrillos electrónicos, incluida la que se hace intensamente en los puntos de venta.

Promoción del consumo sostenible: Los ciudadanos, como consumidores, tenemos la obligación de cambiar nuestros hábitos de compra para favorecer a quienes producen con responsabilidad bienes y servicios que no impactan sobre el ambiente. Con el poder de compra los consumidores podemos estimular la producción limpia y desincentivar la producción contaminante e irresponsable. Tenemos que pasar de un consumismo irracional hacia un consumo sostenible y responsable.

Finalmente, hay un mal endémico en nuestro país, en nuestra población: la falta del respeto a las normas, la falta de respeto a la institucionalidad, a la autoridad. Eso tiene que cambiar definitivamente.

Nada de esto será fácil, son cambios profundos, pero necesarios y lamentablemente no tenemos mucho tiempo para hacerlos, pues estas pandemias, así como van las cosas, se van a repetir con más frecuencia; y, si no estamos preparados, si no cambiamos las condiciones de vida y las cosas que están provocando estas crisis de salud, entonces ¿qué planeta y qué futuro estaremos heredando a nuestros hijos y nietos?

Hay responsabilidades que no se pueden eludir y esta es una de ellas. Ya no se trata de solo mi derecho, mi propiedad, mi dinero, mi interés, se trata de ver a la sociedad y a la humanidad como una sola colectividad, somos parte de un solo organismo y lo que no hagamos bien en un lado, nos repercutirá por otro.

Tenemos que cambiar, no hay alternativa.

Invierno 2020

Jaime Delgado Zegarra

Director del Instituto de Consumo de la Universidad San Martín de Porres (USMP).

El programa “Aprendo en casa” nos trajo alegrías y emociones al ver a los niños, niñas y adolescentes de los diferentes puntos del país llevando las clases a distancia, coloridas y dinámicas, frente al televisor, computadora, laptop o escuchando la radio. No era para menos. Por fin la televisión nacional estaba al servicio educativo del país. Sin embargo, era inevitable no trasladarme a la realidad de mi pueblo y las comunidades amazónicas que conozco, y saber que no accederían a las clases por ninguno de esos medios, al no contar en algunos casos con electricidad, internet o la antena de transmisión de radio y televisión.

En un país diverso y desigual a la vez, no todos tenemos las mismas condiciones y oportunidades. Pero, el ímpetu de no quedarse atrás, ha motivado a alcaldes de los distritos rurales como Cayara y Sarhua (en Ayacucho) a agilizar inmediatamente la instalación de las antenas televisoras y radiales, que estaban inoperativas hace varios años, a fin de atender la demanda de los educandos.

En la Amazonía, los maestros se trasladaron a la comunidad de Tayakome (Parque Nacional del Manu) para desarrollar las clases visitando las casas de los alumnos[1]. En Puno, los niños junto a sus padres subían hasta lo más alto del cerro Occopampa para lograr obtener la señal de internet y recibir las clases[2]. Estos grandes esfuerzos hechos por los niños y niñas, las familias, autoridades, maestros, demuestran el valor que tiene la educación en nuestras vidas, aún en las adversidades.

La pandemia del COVID-19 ha radiografiado y exacerbado las brechas, las desigualdades y las múltiples dimensiones de la pobreza de manera notoria y específica en comunidades rurales andinas y amazónicas. Sabemos de los esfuerzos redoblados que el Gobierno ha emprendido para dar respuesta a esta crisis sanitaria, que se efectúa en medio de la precariedad de nuestro sistema de salud y de otros sectores.

El sistema educativo, desde hace décadas y pese a los esfuerzos y voluntades políticas de los gobiernos de turno, arrastra un conjunto de brechas en los pueblos indígenas. Lo que ha develado este contexto es la brecha digital y de conectividad, pero no es la única. Desde diversas voces, hemos venido diciendo que la variable cultural, étnica, lingüística, geográfica y económica deberían tomarse en cuenta e implementarse, como lo precisa la Política de Educación Intercultural Bilingüe, pero esto implica un conjunto de decisiones, acciones, partidas presupuestales, equipo humano especializado y, sobre todo, claridad en la visión sobre los pueblos indígenas y sus derechos.

No pretendo proponer cómo debe ser la educación a distancia para los pueblos indígenas, puesto que ello corresponde a un trabajo de múltiples actores, entre ellos, los maestros de campo, los padres y las madres de familia, organizaciones indígenas y los propios niños, niñas y adolescentes de las comunidades, entre otros. El propósito de este artículo es motivar a un balance concienzudo sobre las cosas buenas que se han desarrollado desde la existencia de la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (2016); pero, sobre todo, de lo que hace falta, como decisiones serias desde el Estado, sin titubeos ni más trabas.

Este escenario de emergencia sanitaria es una grandiosa oportunidad que no debemos ignorar, por el contrario, es la ocasión para encaminar el rol constitutivo de la Educación Intercultural Bilingüe, nutriendo las políticas públicas con las lecciones generadas por la pandemia y considerando que estamos a pocos meses de la culminación de la vigencia del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (2016 – 2021) y próximos a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Urge proyectar cambios en la política educativa y nuevos compromisos para efectivizar el derecho de los pueblos originarios a la educación intercultural bilingüe de calidad.

En ese sentido, compartiré reflexiones sobre algunos avances y retrocesos en el reconocimiento de derechos indígenas, que se articulan con la implementación de la Política de Educación Intercultural Bilingüe, promovida por el Estado peruano en la última década.

Tras los sucesos del “Baguazo”[3] el año 2009, la exigencia de los pueblos indígenas de la Amazonía y del Ande, y un arduo trabajo de incidencia interinstitucional ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, se logró aprobar la Ley Nº 29785 de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Originarios, promulgada en setiembre del año 2011, creándose el procedimiento de consulta previa respecto a las medidas legislativas y administrativas que afecten a los pueblos indígenas. El mismo año 2011, el Congreso aprobó la Ley Nº 29735 que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú.

A nueve años de la consulta previa en el Perú, su implementación tiene vastos cuestionamientos, falencias y desafíos en lo que respecta a la buena fe, transparencia, participación efectiva de los pueblos, entre otros. Sin embargo, a partir de su vigencia se han generado procesos de consultas previas a los pueblos indígenas sobre Reglamentaciones de Leyes y Políticas Públicas, como la del Reglamento de la propia Ley de Consulta (2012), la Política Sectorial de Salud Intercultural desarrollada el año 2014 y aprobada por el ejecutivo el 2016, el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (2015), Reglamento de la Ley de Lenguas Originarias (2016), la Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe, el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (2016), y la última actualización de la Política Sectorial de EI y EIB (2019). Precedentes que debieran dar lugar a la consulta legislativa por el Congreso de la República, cada vez que los proyectos de Ley afecten los derechos de los pueblos indígenas.

Según el Censo Nacional 2017, el 25.6% de la población se autoidentifica como parte de un pueblo indígena. Este dato demográfico relevante demuestra que no somos minorías étnicas, sino ciudadanos en igualdad de derechos que deberían estar reflejados en las políticas públicas en materia política, social, económica y cultural.

Después del 2011, el Parlamento no aprobó mayores leyes específicas para los pueblos indígenas, excepto la modificación a la Ley de Comunidades Campesinas para incluir el 30% de participación de mujeres en las directivas comunales, promulgada el año 2019; iniciativa que impulsamos desde nuestro despacho congresal y la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP). La falta de voluntad política del Congreso dejó relegados proyectos de ley como el que propone declarar de interés nacional la creación del Instituto Peruano de Lenguas Indígenas (IPELI), propuesta de un ente rector en la recuperación, investigación, promoción y revitalización de las lenguas originarias, con autonomía funcional, administrativa y presupuestal. Esta iniciativa permitiría diseñar mecanismos institucionales para la enseñanza, certificación y formación de profesionales bilingües, así como garantizar las pervivencias de las lenguas originarias.

Desde la Comisión de la Mujer y Familia (2018) impulsamos la mesa de trabajo sobre la “situación de violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas”, y lo que hemos constatado en la Institución Educativa de Secundaria Residencial, en comunidades indígenas del distrito de Santa María de Nieva (provincia de Condorcanqui), además de las 200 denuncias que involucran a docentes, comuneros y terceras personas por acoso, tocamientos indebidos y violación sexual, es el problema de alimentación en los estudiantes, ya que “Qali Warma” cubría solo la merienda de mañana, pero los estudiantes vivían en la residencia, por tanto, necesitaban tres meriendas en el día. Otro problema es el hacinamiento en una infraestructura precaria que hacía de escuela, cocina y dormitorio; así como el destiempo en la entrega de textos, cuadernos de trabajo y el inicio de clases.

El reconocimiento de la Educación Intercultural Bilingüe no basta por sí sola, es necesario grantizar derechos básicos como el acceso al agua potable, infraestructura educativa, vivienda digna, electricidad, acceso a las tecnologías de comunicación, accesos viales y medios de transportes.

Una estudiante indígena que debe recibir clases diarias teniendo al frente a su agresor, con una nutrición deficiente, en un ambiente inadecuado para estudiar y hacer las tareas, asumiendo roles de cocina por ser mujer, esperando la voluntad política de los funcionarios para tener sus materiales de estudio e iniciar sus clases en la fecha indicada, ¿es solo un problema de interculturalidad, de servicios básicos, gestión educativa/municipal?

Aspectos como el de la alimentación se lograron revertir a través de las coordinaciones con el Ministerio de Inclusión Social, pero las solicitudes reiteradas por las autoridades educativas llevaban tiempo esperando respuesta.

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, en el periodo del 2016 al 2019, no desarrolló una sola sesión específica para recibir información o fiscalizar la implementación de la Política Sectorial de la Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe. Por el contrario, la agenda estaba centrada en la eliminación del enfoque de género del currículo educativo y los cuestionamientos a los contenidos de los textos en el rubro de la enseñanza de la salud sexual reproductiva de los estudiantes.

Si hacemos una revisión minuciosa del presupuesto nacional destinado para la implementación de la Política Sectorial de la EI y EIB, el Plan Nacional de EIB y sus componentes, en los últimos cinco años, se ha recortado significativamente en hasta el 50%. El 2019, cuando se discutía acerca de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2020 en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso, alertamos del recorte al presupuesto del año 2018 a la Educación Intercultural Bilingüe, para el acompañamiento pedagógico a instituciones educativas (de S/. 73 millones asignados el 2017 a S/. 12 millones y medio el 2018) y formación docente EIB inicial (de S/. 4 millones y medio a S/. 2 millones)[4], y pedimos la revisión y no repetición de estas decisiones lesivas para los pueblos indígenas. En enero de este año, la ex viceministra de Interculturalidad y exdirectora general de Educación Intercultural Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación, Elena Burga, escribía en su artículo: “hasta la fecha, dos de las tres formas de atención –la EIB de Revitalización Cultural y Lingüística y la EIB en Ámbitos Urbanos– no cuentan con presupuesto para su implementación y se considera que éstas se deben brindar solo cuando exista una “demanda explícita” de las comunidades y escuelas”[5]. En febrero, la Central Ashaninka del Río Ene (CARE) alertó, a través de un comunicado público, el recorte de sueldo a los maestros de EIB de las comunidades de Potsoteni, Quempiri y otras de la cuenca del Ene, el mismo que derivaría de una reclasificación de las instituciones educativas.

La política sectorial de EIB y el Plan EIB sin presupuesto suficiente es letra muerta, y esto a su vez ocasiona una vulneración del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, en tanto son ciudadanos que pertenecen a una colectividad, a una cultura, y serán la continuidad histórica de sus pueblos. Pero, también es indispensable la inversión social en los diferentes servicios básicos en los territorios indígenas.

Solo por poner un ejemplo: la política de salud intercultural, al no contar con el plan nacional -y menos con el presupuesto requerido-, se hace lejana; no es posible una campaña intercultural de nutrición para combatir la anemia, la desnutrición, tener las vacunas contras las enfermedades comunes como el dengue, tifoidea, hepatitis, el acceso a las medicinas para las personas viviendo con VIH, entre otros.

La eficiencia y calidad de la Educación Intercultural Bilingüe también dependerán de la garantía de otros derechos básicos elementales, como el acceso al agua potable, infraestructura educativa, vivienda digna, electricidad, acceso a las tecnologías de comunicación, accesos viales y medios de transportes. Por tanto, urge una intervención integral con permanente diálogo y articulación con otras políticas de Estado.

La interculturalidad, como el diálogo e intercambio entre culturas y el respeto a las diversidades culturales, resulta ser un discurso teórico y meramente culturalista si no se reconocen y se garantizan los derechos políticos, sociales y económicos de los actores y, sobre todo, el cambio en las relaciones de poder y el ejercicio de la igualdad sustantiva de las diferencias.

Las 48 lenguas indígenas que están reconocidas en el mapa etnolingüístico son de reivindicación política-cultural. La sabiduría ancestral en medicina, la relación armónica-recíproca con la naturaleza, los conocimientos de literatura, entre otros, están en las lenguas originarias; su supervivencia y continuidad están ligadas con la soberanía y la autodeterminación de los pueblos indígenas. La afirmación del propio ser, la autoestima y la dignidad tienen una íntima relación con la lengua y la identidad; es así, por ejemplo, que las violencias que se ejercen contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas implican un abordaje holístico e integral, desde la visibilidad, prevención, atención, protección, acceso a la justicia, sanción, reparación a la víctima y la sanación. Hoy existen experiencias de trabajo en la sanación desde la terapéutica maya (en Guatemala) que se convierten en referencias replicables para el tratamiento de casos de violencias en contextos indígenas.

Mi hermana, quien fue a trabajar como docente a la comunidad de Quempiri (en la selva central) con estudiantes de nivel secundario, me comentaba que ella hizo una pregunta rápida a sus estudiantes de 5to año sobre qué harían al terminar el colegio. Después de un largo silencio, una estudiante respondió: “Ser madre”. Al ver que nadie más hablaba, volvió a repetir la pregunta directamente a un estudiante; él, temerosamente, le respondió: “Cazar y sembrar yuca en mi chacra”. La construcción de proyectos de vida personal, si bien dependen de nuestra capacidad de hacer elecciones futuras, en la medida en que nos apropiamos de esa realidad que nos rodea y nos proponemos cambiarla, también dependen de las posibilidades, oportunidades que nos rodean.

Estas condiciones estructurales, institucionales y oportunidades a las que hemos hecho referencia son las barreras que históricamente hemos enfrentado los pueblos indígenas andinos y amazónicos, desde la negación de existencia, el reconocimiento de derechos, hasta la categorización como ciudadanos de segunda clase, así como la discriminación y racismo sistemáticos. Por tanto, necesitamos trascender la interculturalidad funcional para la convivencia hacia una interculturalidad de tipo transformativa, como aquella que reconoce a los ciudadanos indígenas como sujetos de derechos sociales, políticos, culturales y económicos.

No será un año perdido, no si se aprende de las lecciones que ha develado esta crisis sanitaria para reestructurar y rediseñar estrategias de intervención; pero, sobre todo, para tomar decisiones correctas que no menoscaben las grandes posibilidades que promueve la educación, y así formar ciudadanos interculturales, bilingües, trilingües, capaces de encaminar sus sueños, los de sus pueblos y su patria.

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[1] https://www.servindi.org/actualidad-noticias/27/04/2020/docentes-caminan-para-ensenar-sus-alumnos-matsiguenkas-del-manu
[2] https://larepublica.pe/sociedad/2020/05/05/puno-escolares-suben-a-la-cima-de-un-cerro-para-captar-internet-y-cumplir-con-sus-clases-virtuales-lrsd/
[3] Protesta amazónica liderada por organizaciones indígenas en contra de los Decretos Legislativos, aprobados por el gobierno peruano, con el fin de implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que afectaban su derecho a la tierra. El conflicto de Bagua estalló el 5 de junio del 2009 con resultados lamentables. De acuerdo al Informe Defensorial sobre los acontecimientos de Bagua y Utcubamba, son 33 personas muertas: 23 policías, 5 indígenas y cinco pobladores de Bagua, un desaparecido y 200 personas heridas.
[4] https://ojo-publico.com/1353/afirmacion-de-la-congresista-pariona-sobre-que-idel-vexler-redujo-50-la-inversion-de-la-eib-es
[5] https://www.servindi.org/actualidad-opinion/24/01/2020/el-castellano-destruye-las-lenguas-indigenas

Invierno 2020

Tania Pariona Tarqui

Quechua ayacuchana, excongresista de la República, activista indígena, integrante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas.

Cuando nos aprestábamos a iniciar el año académico 2020, una pandemia alteró todo. Improvisamos soluciones y han surgido dudas e incertidumbre. Por ello, es necesario tomar un poco de distancia para, con responsabilidad, aprender de este momento.

Para ello, resulta oportuno plantear lo siguiente: (i) recordar dónde estamos con relación a nuestra educación; (ii) postular una explicación de esa situación, y (iii) sugerir aprendizajes que, finalmente, nos permitan pensar que luego de esta crisis podremos enmendar lo que haya que enmendar y fortalecer lo que sea el caso fortalecer.

¿Dónde estamos?

De modo sumario, la situación actual de nuestra educación puede ser descrita considerando que:

1. Nuestra educación básica sigue en expansión y aproximándose a la universalidad. Sin embargo, falta asegurar tres años de educación inicial (vamos en aproximadamente 2,6 años en promedio), elevar la retención en educación secundaria (donde la conclusión se encuentra alrededor del 85%) y reducir los niveles de atraso escolar. Hemos progresado mucho en estos frentes, pero falta un trecho importante que afecta de modo marcado a ciertos segmentos desfavorecidos de la población.
2. Al mismo tiempo y salvo casos destacados, las condiciones en las que se experimenta la educación obligatoria son muy deficientes, tanto en lo relativo a infraestructura física, equipamiento, materiales, docentes (solvencia profesional), otro personal necesario (para gestión, apoyo pedagógico, psicológico, atención de necesidades especiales, etc.); y esta situación acontece de igual forma en los servicios educativos brindados por el Estado como por particulares, ya que ambos sectores son muy heterogéneos.
3. Lo anterior se traduce en que los aprendizajes establecidos en el currículo nacional se logran en una fracción muy pequeña; nótese, sin embargo, que tenemos muy poca evidencia sistemática sobre esto (algo sobre lectura y uso de números, y un poco menos sobre ciudadanía). Debemos reconocer que estos aprendizajes mejoran de modo constante desde hace, al menos, 20 años; aunque de forma lenta y muy dispar.
4. La conexión entre la educación básica y la educación superior es frágil o distorsionada, tanto por el anquilosamiento de la educación superior, como cuando la educación básica renuncia al currículo para adaptarse a exámenes de admisión que, por cierto, tampoco están alineados a los aprendizajes de la propia educación superior.
5. La educación superior y técnicoproductiva, salvo excepciones, requiere de mayúsculos esfuerzos de mejora (o reconstrucción) que hoy sólo existen como iniciativas aisladas de algunas instituciones. El logro reciente más saltante es que, tras un largo y difícil proceso, el Estado ha asumido su responsabilidad de garante del derecho a la educación universitaria y ha tenido éxito en depurarla lo que, sin embargo, no ha sucedido en otros ámbitos de la educación superior y técnico-productiva respecto de los cuales el rol estatal nunca estuvo en cuestión.

Sin embargo, lo más complicado de nuestra situación es que muchas personas, incluyendo hacedores de política, se quedarían en los puntos previos y obviarían algunos problemas mayúsculos. Estos problemas incluyen:

A esta lista de elementos podríamos añadir algunas otras cosas (como, por ejemplo, tener un sistema de acreditación en “reorganización” desde hace seis años sin que nadie proceda con dicha reorganización; o el desdén e incluso estigma que ha marcado las visiones sobre la educación a distancia). Sin embargo, ir a mayores detalles no cambiaría lo fundamental: tenemos un sistema que progresa lentamente en algunas cosas y que arrastra de modo secular otras que, justamente, impiden que el progreso sea más marcado y ajustado a las finalidades públicas de la educación.

¿Por qué estamos así?

Debido al aislamiento obligatorio, el Ministerio de Educación se vio en la necesidad de implementar, de manera inmediata, la educación a distancia a nivel nacional, con no pocas dificultades tanto para docentes como estudiantes y padres de familia.

Para responder a esta pregunta, planteo que debemos considerar:

La preponderancia de una visión instrumental de la educación asociada a una concepción del aprendizaje como un hecho individual (lo que contribuye a pensar en los puntajes en pruebas como lo clave) abstraído de los contextos específicos en los que este sucede, en un Estado centralista que, además, carece de contenido y reflexión política (es decir, de intencionalidades) y, por tanto, donde la lógica de la eficacia y la eficiencia sustituyen a las finalidades públicas y los valores democráticos; y donde la complejidad de lo social (incluyendo la inequidad) son invisibles o desdeñables.

Esta visión de la educación, como muchas otras cosas en el país, se instaló en la política educativa a mediados de los años 90 y, a pesar de los cambios de gobierno y de los cambios de gestiones ministeriales, se ha mantenido básicamente incólume.

Esto nos lleva a preguntarnos por qué ninguna gestión ha modificado sustancialmente la visión y los pilares sobre los que se ha estructurado la política educativa y, de hecho, en algunos casos (como en el período 2013-2016) éstos fueron explícitamente reforzados al tiempo que se robustecía el carácter centralista y tecnocrático de la gestión. Sólo dos gestiones recientes (Martens y Pablo) han planteado ideas que podrían verse como distintas de esta matriz; sin embargo, el clima en el que se dieron y su brevedad no hizo que lo que postulaban se cristalizara en políticas establecidas que atiendan a los problemas de equidad, centralismo, atomización y dinámica poblacional en el territorio, financiamiento con criterios de equidad, etc.

Probablemente, deba tomarse en cuenta que la profunda crisis vivida por el país entre 1975 y 1990 ha marcado a generaciones y, por lo mismo, es posible que el país no cuente con un bagaje profesional suficiente para desafiar y alterar de modo sustantivo las cosas.

Asimismo, las dinámicas institucionales establecidas en años recientes dan poco margen de maniobra a las propias autoridades. El grueso de los recursos públicos está atado a los llamados Programas Presupuestales que se encuentran sujetos a decisiones de quien controla la caja y a mecanismos de gestión absurdos (como fijar casi cualquier meta en función de una evaluación estandarizada de aprendizajes en dos áreas en un solo grado), lo que deriva en que un titular del sector (y no se diga de las autoridades subnacionales) tenga muy poco margen a menos que pertenezca a la panaka que maneja la caja que se impone ante un servicio civil inexistente y la ausencia de política. Estas rigideces son uno de los elementos que hoy pasan la factura en medio de la crisis.

¿Qué aprender?

La pandemia torna manifiestas nuestras falencias y, por ello, nos permite revisar varios supuestos de lo que hemos hecho estos años y, si queremos mejorar, introducir cambios importantes en cómo manejamos la política educativa. A continuación, presento algunos temas que me parecen cruciales.

El sistema educativo no es una maquinaria, es un sistema dinámico complejo en el que sus propiedades emergen de la acción autónoma de muchas personas en una multiplicidad de contextos y condiciones. Así, el centralismo no sólo tiene un carácter poco democrático sino también es profundamente inoperante. Este carácter ha recrudecido en el pasado reciente y ha ido acompañado del desdén por la reflexión estratégica y política que han sido sustituidas por un extraviado activismo; de esta forma, el Ministerio se ha convertido en una maquinaria pesada que entorpece y desvirtúa el desempeño del sistema. Por ello, es clave profesionalizar todas las instancias de gestión (que sean parte de un servicio civil), así como asegurar que se enfoquen en sus dos tareas principales: fijar rumbos (es decir, hacer política basada en un análisis estratégico) y favorecer la acción de las personas e instituciones, dejando de lado la profunda lógica prescriptiva, hoy manifiesta de múltiples formas (estas semanas hemos visto memos que exigen reprogramación de horas que luego serán reprogramadas pensando en una siguiente reprogramación). Necesitamos construir un sistema capaz de adaptarse e innovar para responder a la diversidad. Esto sólo es posible contando con la acción autónoma de todos, la que es hoy ahogada por la maraña de “ocurrencias” (ilustrativamente llamadas “intervenciones”) muchas veces sobrepuestas y contradictorias y profusamente aderezadas por un elán burocrático y controlista.

Lo anterior supone pensar el sistema educativo desde las personas y sus experiencias educativas y poner el aparato estatal al servicio de estas. Sin embargo, esto no es fácil. En primer lugar, tenemos un sistema atomizado y poco integrado en el que la mayoría de las unidades (lo que llamamos “servicios educativos”) no cuenta con una escala suficiente para operar autónomamente, por lo que necesitamos organizarlos según una lógica territorial que, además, permita integrar los servicios que corresponden a la trayectoria escolar. En segundo lugar, la operación autónoma también tiene riesgos que deben ser manejados con instrumentos de contrapeso, como una supervisión estatal efectiva que necesariamente tiene que ser independiente de los supervisados.

Décadas atrás el Perú contaba con una educación a distancia que era ejemplo para muchos. Hasta hace pocas semanas, la educación a distancia era inexistente para la política educativa, cuando no estigmatizada (como lo hace la Ley Universitaria). Así, en un contexto en el que hay que apelar a esta, no debe sorprendernos que contemos con pocos recursos para ello y que gran parte de la población sospeche de su eficacia. La actual crisis nos muestra que necesitamos una educación no presencial que sea una parte fundamental de nuestro sistema educativo, como soporte de la educación regular y como espacio propio que pueda atender necesidades educativas de la población joven y adulta, así como llegar a los hogares como sujeto colectivo. En este terreno, los esfuerzos por brindar una educación apoyada en medios digitales son absolutamente encomiables, pero no debe traducirse en desdeñar otros medios (como la radio, la TV y la telefonía móvil) que tienen una mayor penetración, a efectos de evitar ahondar inequidades. Asimismo, el uso masivo de tecnologías digitales supone resolver un conjunto complejo de aristas que van desde cobertura, calidad y capacidad de nuestra infraestructura de comunicaciones, hasta problemas evidentes de seguridad de las personas, pasando por lo problemas usuales de mantenimiento y reposición, para no hablar del fondo del asunto: cómo se integra el uso de dispositivos electrónicos a la búsqueda por lograr los aprendizajes a los que aspiramos.

En este marco, debemos entender que el aprendizaje no es únicamente un proceso individual, sino que descansa o puede estar completamente organizado desde espacios y sujetos colectivos. La emergencia, y la cuarentena asociada a esta, sugería que la acción educativa del Estado debía tomar al hogar como unidad: tener a todos sus miembros reunidos muchas veces en espacios reducidos, donde sólo hay un aparato de TV, etc., no sólo es un potencial riesgo de estrés y mayor violencia familiar, sino también una oportunidad para trabajar lo educativo de modo conjunto con todo el grupo familiar, lo que justamente es clave, no sólo para el desarrollo socio-emocional de los menores, sino para atender a los riesgos mencionados. Lo mismo sucede cuando uno piensa en oportunidades de formación para el trabajo ya que, en general, los trabajos suponen cooperación y coordinación que se aprenden ejerciéndolas en grupos de personas. Ver la educación solo como habilidades de individuos es profundamente limitante.

La crisis que estamos viviendo deriva en muchas manifestaciones complejas, incluyendo su impacto sobre la educación privada pagada. Esta, como la educación estatal, es muy heterogénea y por ello no cabe hacer generalizaciones simples. En cierta forma, es posible identificar tres segmentos relevantes para esta reflexión: un primer segmento de élite, solvente tanto en lo profesional como en lo económico, que responde a la crisis de modo eficaz aunque no exento de dificultades; un segundo segmento que atiende a sectores medios, también solvente profesionalmente, pero mucho más frágil frente a las limitaciones económicas que enfrentan las familias y que, por ello, está pasando por una situación complicada que demanda atención pública; un tercer segmento de menores costos y en muchos casos de muy baja calidad, que probablemente sucumba ante la imposibilidad de las familias de pagar las pensiones. Que la educación de pésima calidad zozobre podría no ser una mala noticia, siempre y cuando las personas puedan trasladarse a otros servicios educativos (estatales o no), y esto no es tan evidente. Asimismo, no todos los niveles educativos experimentan la crisis de igual forma, es probable que en la educación superior las familias suspendan los estudios por un período académico o dos (lo que afecta, básicamente, a las instituciones), mientras que en la educación inicial es posible que haya mayores niveles de abandono por todo el año escolar, lo que afecta, principalmente, a los estudiantes; y puede mermar los progresos que habíamos logrado en este ámbito crucial del desarrollo de las personas.

El sistema educativo actual necesita de cambios profundos y estructurales, que tal vez la actual situación ayude a promover. Debemos adecuarnos a un sistema educativo más dinámico, acorde a la realidad del país.

Pero, más allá de lo puramente educativo, la pandemia ha puesto sobre el tapete la tremenda precariedad del país en muchos frentes. Con ello, alguna dosis de realismo debe permitir superar la ilusión según la cual para el 2021 seríamos un país desarrollado[2]. Seguramente, una buena parte de la reducción de la pobreza lograda en veinte años se ha esfumado en dos meses, desnudando la fragilidad de lo logrado, mientras algunos patrimonios personales no se han visto mayormente afectados y, gracias a la especulación, crecerán en los próximos años de una forma que nadie anticipaba.

El crecimiento económico y la disciplina fiscal son elementos muy importantes para alcanzar una vida digna para todos, pero no bastan. Ha sido bueno tener reservas fiscales para enfrentar la crisis, pero hubiese sido mejor que esas reservas no sean tan grandes debido a que construimos un sistema de salud pública, una buena educación y un sistema de protección social. Todo ello renunciando a la práctica de un Estado paternalista que “da cosas”, y entendiendo que existe el ejercicio del derecho de las personas a la salud, a la educación y a la protección frente a situaciones como la presente que descansan, a su vez, en la capacidad del propio Estado para asegurar comportamientos ciudadanos responsables (empezando por el pago de tributos). El crecimiento y la disciplina fiscal nos pueden proporcionar recursos, pero si estos no son invertidos en construir institucionalidad, capacidad estatal para garantizar el imperio de la ley y derechos para todos, entonces vivimos lo que hoy estamos viviendo.

Es suicida creer que el Estado es una carga que mientras más frágil, mejor. Tampoco es un dador de servicios. El Estado es el espacio institucional que nos permite tener una mejor vida siempre y cuando cuente con los recursos para asegurar libertades y justicia. La condición ciudadana de las personas (el ejercicio responsable de derechos y obligaciones) es la razón de ser del Estado democrático.

Para avanzar no sólo necesitamos “soluciones”, sino también principios y valores democráticos que la escuela, pero no sólo esta, debe ayudar a construir. Por ello, debemos afirmar que el Estado es política, que la política es dirección, intención, sueños y proyectos y no lo que hemos vivido las últimas cuatro décadas. Para lograrlo, nuestra responsabilidad ciudadana nos impele a participar en la vida pública, y a construir una clase política y una burocracia que encarne principios y valores democráticos. Necesitamos gobierno y no sólo gestión, y eso sólo lo podemos asegurar los ciudadanos.

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[1] Los resultados pueden consultarse en: OECD. (2019). Skills Matter. Additional Results from the Survey of Adult Skills. Paris: OECD
[2] Al respecto podemos recordar el mensaje presidencial de 2009 http://portal.andina.com.pe/EDPEspeciales/especiales/2009/julio/fiestaspatrias/mensajepresidencial2009.pdf), o las declaraciones del ministro de Economía en agosto de 2014 (https://rpp.pe/economia/economia/castilla-el-peru-se-convertira-en-un-pais-desarrollado-en-el-2021-noticia-716970).

Invierno 2020

César Guadalupe Mendizábal

Jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas, docente y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.