La delincuencia que victimó a Humala. Inseguridad ciudadana y políticas públicas

El gobierno de Ollanta Humala termina con pena y sin gloria en materia de seguridad ciudadana. El dolor producido por la delincuencia durante estos cinco años es inconmensurable y sus estragos impactan en la vida y el cuerpo de miles de peruanas y peruanos y, a nivel macro, en nuestro desarrollo como país.

Una las principales víctimas de la delincuencia fue el propio Ollanta Humala. Él ganó las elecciones, posicionado en la figura del militar que puede derrotar a la delincuencia. Sin embargo, el paso del tiempo reconfirmó la falsedad de la hipótesis. A la par que la inseguridad era considerada como uno de los principales problemas del país, la ciudadanía se desencantó del presidente y aumentó su desaprobación. La primera o segunda razón del declive, según casi todas las encuestas de Ipsos (2012-2015) fue: porque no hay seguridad/hay delincuencia.

Más allá de esa constatación ¿cómo han evolucionado los principales indicadores de seguridad ciudadana? Y, ¿cuál es mi balance sobre la actuación del gobierno de turno? Esas dos preguntas trataré de responder someramente en este artículo.

¿En qué cambió nuestro monstruo?

Primero una advertencia: la data sobre la delincuencia es precaria en nuestro país. Por eso, salvo la información sobre percepción, victimización y ahora homicidios, los números son referenciales. Nos permiten aproximarnos a conocer al monstruo, pero no sirven para verlo en su verdadera dimensión.

Empecemos por las denuncias. Durante el actual gobierno, la tasa de denuncias de delitos ha crecido en alrededor del 30%. Según la propia policía, en el 2011 cerramos con 692 denuncias de delitos por cada 100 mil habitantes, y en el 2014 ya alcanzamos más de 900. El aumento es considerable, si tenemos en cuenta que solo aproximadamente el 15% de las víctimas denuncian el hecho, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De acuerdo con esa misma fuente, los delitos más recurrentes son el robo, el hurto, las lesiones y la violación de la libertad sexual. Por eso, un trabajo real a favor de la seguridad ciudadana debe priorizar esas cuatro vulneraciones de derechos. Esto evidentemente sin desmerecer otros delitos que, por su impacto mediático y social, son aterradores, como el sicariato, secuestro, extorsión, etc.

Lo que no se ha movido es el miedo. Se ha mantenido a tope. No podemos temer más. En el 2011 y en el 2015, 9 de cada 10 peruanos temían ser víctima de la delincuencia. Esta percepción tiene gran impacto en la realidad, pues el miedo moviliza: cambia nuestros patrones de conducta, de socialización, desincentiva ciertos negocios y promociona otros, etc.

Un dato interesante, que merece ser destacado, es que la victimización ha disminuido (data del INEI). Al terminar el quinquenio presidencial, menos personas afirman haber sido víctimas del delito. Mientras que en el 2011, 4 de cada 10 peruanos acusaba ser víctima, en el 2015 “solo” 3 lo hacían. Esta es una mejora sustancial, aunque nos mantenemos como uno de los países con mayor victimización en América Latina.

Nuestro continente es considerado como el más violento del mundo, si lo medimos desde los asesinados. Perú tiene la “suerte” de no estar entre los países top, aunque algunas ciudades como Tumbes o Cañete estén dando la pelea. El promedio nacional fue en el 2014 de 6.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, según la data depurada del Centro Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC). En el 2011 hubo un alza considerable y desde la fecha la tendencia al aumento de los homicidios es ligera.

¿Qué se hecho para aplacar a nuestro monstruo?

Las políticas públicas implementadas por el gobierno han estado marcadas por tres rasgos de inestabilidad: la falta de liderazgo presidencial, la ausencia de ideas firmes y la alta rotación de ministros del Interior.

La falta de liderazgo se percibió casi desde el inicio. Son pruebas de ello las idas y venidas para presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) o sus declaraciones públicas para atribuir responsabilidad a otras instituciones del Estado (alcaldes, Poder Judicial), sin asumir plenamente la suya.

La ausencia de ideas firmes fue otra constante. El problema no es que faltasen planes, sino que sobraban (La Gran Transformación, el Juramento por la democracia, Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, Pacto por la seguridad ciudadana, Política nacional frente a los delitos patrimoniales, Plan nacional de prevención y tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal, cada discurso de 28 de julio aparecía algo nuevo, a veces contradictorio). Algunos de estos documentos son técnicamente importantes y valiosos, otros son simplemente discurso soso. Con tantos planes no había claridad, no era posible identificar cuál fue la verdadera hoja de ruta que seguía el gobierno, cuál era su norte. En situaciones como esta, contar con demasiados planes equivale a tener ideas y compromisos endebles.

Desde el 2011 a la fecha se han sucedido siete ministros del Interior. Pero no fue solo alta rotación, sino que el gobierno reclutó personajes con perfiles disímiles, a veces contradictorios. Fue abismal el salto entre Walter Albán, un ex Defensor del Pueblo, y Daniel Urresti, un militar en retiro, acusado de violar derechos humanos. Parecía que el gobierno buscaba a ciegas al esquivo líder que necesitaba.

Estos tres rasgos marcaron las políticas públicas durante el quinquenio. Por eso fue difícil poner en marcha los cambios sustanciales que necesitaba el sector y que repercutirían en una mejora de la situación de inseguridad en el país.

Para no deprimirnos y para terminar, veamos algunas medidas positivas. La primera fueron los esfuerzos por generar más y mejor información. El CEIC centró sus esfuerzos por depurar la cifra de homicidios, el INEI produjo censos de comisarías, encuestas de victimización y temor, etc. La información es básica para saber cómo actuar.

Lo segundo fue la Ley de Uso de la Fuerza Policial, Decreto Legislativo 1186, que regula adecuadamente el tema y se adhirió a estándares internacionales, la violencia legítima utilizada por la policía. En este campo el gobierno avanzó a tumbos y el balance hubiera sido muy negativo si es que el antecedente aprobado por este gobierno no se hubiera derogado tácitamente: la ley 30151, ley de licencia para matar.

Lo tercero es la eliminación del sistema de trabajo policial a tiempo parcial, conocido como el 24×24. Con mucha improvisación y a contrapelo de los intereses de muchos policías, desde el 01 de enero de 2016 el gobierno recuperó la jornada policial a tiempo completo, sumando un aumento parcial de los ingresos de los efectivos.

Finalmente, la inversión en seguridad creció sustancialmente. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del sector Interior aumentó de 5 mil millones de soles en el 2011 a 9 mil millones de soles en el 2015. Este crecimiento constante fue acompañado por un nivel de ejecución aceptable, que mejoró al final del quinquenio.

Muchos temas quedan fuera de este balance: el desinflado discurso de la reforma policial y la lluvia de decretos legislativos, los avances institucionales para combatir la corrupción policial y su bajo impacto real, la larga crisis de la formación policial, el disminuido rol del Congreso por legislar y fiscalizar, el recurso al populismo punitivo y los estados de emergencia, los muertos en conflictos sociales, etc.

Han sido cinco años muy intensos, de expectativas defraudadas y variaciones en el panorama delictivo. Un quinquenio durante el cual, el sector Interior caminó con vaivenes, precisamente por su propia debilidad y la del presidente. Por momentos estuvo inmóvil o retrocedió, por momentos avanzó. Sin embargo, ante la magnitud del problema, los cambios promovidos no fueron sustanciales, ni permiten estar augustos ante un balance positivo.


César Bazán Seminario

Abogado y especialista en seguridad ciudadana. Miembro del Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal – IDL.




La economía que deja el gobierno saliente: un desafío crítico

El gobierno saliente de Ollanta Humala nos deja una economía con un pequeño crecimiento cercano al 3% anual, superior al incremento poblacional, pero inferior al aumento de la población que ingresa anualmente al mercado laboral. Los efectos de la crisis internacional y la caída de los precios de los minerales que exporta el país tienen una parte de la explicación de esta situación. La otra parte son los desaciertos de la política económica interna que no ha enfrentado eficazmente los embates de la crisis mundial. Esto se ha expresado en las dificultades para impulsar la inversión pública a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y en el alza de la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva, que han contribuido a la desaceleración del crecimiento.

Sin embargo, a pesar de haber realizado avances en el gasto social incrementando el presupuesto del sector educación hasta el 3,6% del Producto Bruto Interno (PBI), la promesa de la inclusión social no se siente que haya sido cumplida. El Acuerdo Nacional, cuando se instaló hace 15 años, aprobó como meta para el presupuesto educativo llegar al 6% del PBI. Es que falta mucho camino por recorrer en la tarea de incluir a las personas en relaciones sociales justas y equitativas. La exclusión tiene raíces antiguas y duras, no solo es económica, también es social, cultural y política. No han sido suficientes los avances en materia de derechos y programas sociales como Pensión 65, Beca 18, Seguro Integral de Salud, Cuna Más, Qali Warma y Juntos. La gente quiere más, pues la situación de los pobres y de quienes han progresado un poco, es todavía muy precaria; y al ver la enorme desigualdad que existe en la sociedad, buscan que las mejoras sean más amplias y sostenibles.

Las dificultades de la economía y los avances en reducir pobreza

Un terreno crítico es el laboral. La situación del empleo que deja el gobierno saliente es todavía muy propia del subdesarrollo. La mayor parte de los trabajadores no tienen los derechos del mundo civilizado, pues la mayor parte está mal remunerada y en la informalidad. Así tenemos que de cada 10 trabajadores, 7 son informales. Este será un desafío crítico para el nuevo gobierno que se instale en julio del 2016. Una economía que desarrolle en forma humana tiene que garantizar un avance de derechos a las personas que trabajan. Por ejemplo, el salario mínimo que ha perdido capacidad adquisitiva por la inflación tendrá que ser elevado por un criterio de justicia y de mecanismo de reactivación de la economía por medio de la demanda.

El gobierno de Ollanta Humala, como los dos anteriores gobiernos de Alan García y Alejandro Toledo, también consiguió reducir la pobreza monetaria o de ingreso. Esta disminuyó de un 54.7% que estaba en 2001 a un 22.7% en el año 2014, según datos de CEPAL[1]. El principal factor que explica este avance es el crecimiento económico realizado en este periodo; pero no se ha expresado en una mejora significativa de la institucionalidad laboral. Por eso, las familias peruanas, muchas veces de manera informal, han generado diversas iniciativas que les ha permitido mejorar sus ingresos. Se trabaja más tiempo, en varios empleos y en múltiples casos con ingresos de niños trabajadores o de familiares migrantes que envían remesas del exterior. Hay un avance en ingresos monetarios, pero es insuficiente para tener una sociedad justa.

La salud de la infancia peruana está en graves dificultades

Uno de los retos en desarrollo social que tendrá el próximo gobierno es el de la salud. La economía de los últimos años no ha contribuido significativamente con la salud de la  infancia. En el Perú tenemos uno de los índices más graves de anemia infantil de menores entre 6 meses y 36 meses. Llega al 43.5% a nivel nacional según datos del Ministerio de Salud para el año 2015; siendo el departamento de Puno el que alcanza la cifra más alta de anemia infantil, donde llega al 76%. Este es un problema de consecuencias lamentables, pues la anemia afecta la formación de capacidades intelectuales y psicológicas de los niños ya que se caracteriza por un déficit de hierro en la sangre que impide al oxígeno llegar adecuadamente a los tejidos del cuerpo de los niños y niñas.

Y la anemia se puede evitar y combatir con el cambio de hábitos de alimentación e higiene de la población; y también en forma complementaria entregando micronutrientes que contengan hierro. Pero se trata de una tarea permanente de prevención, vigilancia y control nutricional universal. Se trata de lograr que la infancia avance en su vida evitando discapacidades físicas y mentales. Así tendremos personas más capaces, pero también habrá menos gasto en remediar problemas que son evitables. Esta perspectiva será crucial para el próximo gobierno si busca ampliar el desarrollo de la gente.

La producción nacional y la pequeña agricultura merecen mayor atención del Estado

La agricultura, en particular la pequeña y la economía campesina, están abandonadas de la política pública, supuestamente por inviabilidad. Se ha dado prioridad a la agricultura de exportación. La diversificación productiva solo tiene avanzado, en términos concretos, la creación de nuevos centros de innovación tecnológica y un dispositivo de promoción de la acuicultura. El nuevo gobierno tendrá que escuchar a los pequeños productores del campo, que son fundamentales para la soberanía alimentaria del país; y apoyar decididamente las experiencias de desarrollo comunal y local en el mundo rural que han utilizado creativamente la tecnología y la cultura para progresar.

Por otro lado, el Fenómeno del Niño en el 2016 no ha sido muy fuerte y dramático para el país como se temía el año 2015. Si bien sus efectos han tenido consecuencias lamentables en varios departamentos en daños materiales y pérdida de vidas humanas, también ha permitido el incremento de reservas de agua debido a las mayores lluvias. Y el agua es hoy un elemento fundamental del desarrollo, tanto para la población como para la producción.

La decepción frente al “modelo económico” y la búsqueda de un cambio con justicia

Finalmente, cabe señalar que la decepción de la gente con respecto al estilo o tipo de desarrollo económico que ha tenido el país desde los años 90 es grande y creciente. Una de las principales insatisfacciones es la referida a los servicios públicos, sobre todo a los que brinda el Estado. Porque también existen otros servicios que ofrece el sector privado como el transporte, la educación privada o la salud privada, con los cuales la población también está mayormente insatisfecha. Este hecho puede ser corroborado si acudimos a la encuesta publicada en este primer trimestre de 2016 por Pulso Perú de la empresa Datum, donde se pregunta por la satisfacción con el llamado “modelo económico” imperante los últimos 25 años.

La decepción se halla presente hasta en los niveles socioeconómicos de más altos ingresos del país. El resultado es que “solo el 3% del segmento socio económico A/B cree que el actual modelo económico debe mantenerse igual, mientras que un contundente 95% considera que se le debe introducir alguna modificación y hasta un cambio radical… Los niveles observados en el segmento más alto no son muy diferentes del promedio nacional. El 91% de peruanos considera que se le debería introducir algún tipo de modificación al modelo económico o un cambio total, mientras que solo un 3% cree que se debe mantener como hasta ahora”[2].

Saber leer lo que quiere la población es un acto de racionalidad política, pero sobre todo se trata de realizar un acto de justicia con la población pobre para que supere su situación; y con la que ha salido de la pobreza, la cual ya no quiere regresar a la miseria y más bien quiere seguir progresando. La lucha por no retroceder en lo poco que se haya conquistado y que ha costado “sangre, sudor y lágrimas” a las familias peruanas; y por tener desarrollo y seguridad humana en el país, será el principal desafío que va a encontrar el nuevo gobierno.

[1] Comisión Económica para América Latina y el Caribe

[2] Diario Gestión, 22-03-2016


Ismael Muñoz Portugal

Investigador en temas de desarrollo, economía política, acción colectiva, recursos naturales, pobreza y políticas sociales. Profesor principal del Departamento de Economía; y miembro del Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.




Los primeros Cien Días de PPK

pag-04-06-aSe puede decir que el Ejecutivo tuvo éxito al conseguir el voto de confianza y la delegación de facultades del Congreso, pero aunque muchos esperábamos que los tuvieran listos, todavía no han salido los decretos, salvo el incremento a 4% del drawback[1], muy criticado por considerarse mercantilista, y la anunciada, pero todavía no materializada, rebaja de 1% del IGV, sobre la que muchos economistas han expresado dudas porque consideran improbable que esta vaya a dar al bolsillo del consumidor y creen que es más factible que se quede en el camino. La reactivación del Consejo Nacional del Trabajo tiene el problema de no incluir al sector informal, pero es un paso adelante.

La lista de logros que publicó el gobierno adelantándose a los cien días muestra la intención de rendir cuentas, lo que es de por sí loable. Algunos son más importantes que otros, pero causan la impresión de ser muy puntuales y no de obedecer a un proyecto mayor. Se enumeran, pero no se indica si corresponden al Plan de Gobierno y a las promesas electorales, aunque esto es obvio en las obras de agua y saneamiento y el destrabe de proyectos. Idealmente, lo que debería publicarse es la lista de objetivos con fechas (aunque sea aproximadas) y sus paulatinos logros que podrían ser trimestrales o semestrales, originalmente. Aunque es más difícil y complicado hacerlo a nivel nacional, el equipo de profesionales que tiene este gobierno permitiría una planificación de corte empresarial en que hubiera objetivos de corto, mediano y largo plazo.

En mi opinión, ha sido un acierto mantener a Saavedra como Ministro de Educación a pesar de las críticas del Apra y el fujimorismo que quieren vengarse del régimen anterior, porque el primero lo hace responsable de su pobre votación y el segundo de no haber ganado la elección. Para estos dos partidos este gobierno tendría que romper con el anterior y no dejar vivo a nadie que haya trabajado con él, lo que es por demás absurdo, porque si bien tuvo defectos y cometió muchos errores no ha sido lo malo que nos quieren hacer creer algunos sectores. El aprismo no tiene autoridad moral para decir que ha sido el peor gobierno de la historia si recordara el primero de García, y el fujimorismo tampoco está en buen pie después de los descalabros del suyo, aun cuando haya quienes quieran atribuirle méritos que no tiene.

Si bien todavía no podemos hablar de resultados, parece que Pedro Pablo Kucynski (PPK) y su equipo tiene claro que los esfuerzos hay que ponerlos en salud y educación, además de la disminución de la pobreza. Sobre esto último es de rescatar la prioridad que se ha puesto a la dotación de agua y saneamiento a las poblaciones más necesitadas. El obstáculo es que los dos ejes (salud y educación) son apuestas de largo plazo y las políticas que se apliquen tendrán resultados en varios años, quizá después de este gobierno e incluso del siguiente. Lo importante es dejar bien establecido, convenciendo a la población, que ese es el camino al desarrollo y tal cosa requiere que se fijen metas. Se trata de construir una escalera e ir informando a la sociedad civil de los resultados, incluyendo las dificultades y fracasos. La honestidad del mensaje es lo que llevará a que la gente les crea y que el nivel de aprobación sea alto. Esto pasa por un liderazgo que rompa con los estilos del pasado y sea capaz de comprometer a los peruanos con un proyecto en el que creamos, en vez de tratar de engañarlos como ha ocurrido hasta ahora con pocas excepciones. Esto es en especial válido en este gobierno que tiene en la oposición al fujimorismo con mayoría parlamentaria y que ya tuvo sus primeros tropiezos.

Otros dos aspectos primordiales son la seguridad y la corrupción. En el primero tenemos embarcado al ministro Basombrío, quien parece tener las mejores intenciones, pero está obligado a pasar primero por una reforma de la Policía, que no será fácil y tomará tiempo, además de estar vinculada a la corrupción que ha penetrado la institución policial como lo han mostrado los casos en que se ha encontrado a policías actuando como delincuentes y otros en que las adquisiciones institucionales, como los vehículos patrulleros, han sido seriamente cuestionadas. Algunos signos son las primeras capturas, la desactivación de bandas, el sistema de recompensas y la propuesta de la ‘muerte civil’. Sin duda, la modernización de las comisarías y de la policía en general puede ayudar en la lucha contra la delincuencia, pero eso no ocurrirá mañana. Hay que tener presente también que la delincuencia tiene una relación directa con la pobreza y la educación y que, así como avancemos en ambas, estaremos atacando a una de sus causas principales. Sin embargo, todo esto tomará tiempo y no poco.

Derrotar a la corrupción es un proceso muy complejo, porque la tenemos enquistada culturalmente. PPK ha propuesto con acierto incluir al sector privado en la sanción con la ‘muerte civil’ en los casos de corrupción. Como lo he sugerido en otro artículo[2] el sector privado, haciendo eco a la propuesta presidencial, debería hacer el compromiso de negarse a pagar coimas y a denunciar cuando se las piden, además de sancionar gremialmente a quienes incurran en prácticas corruptas, para lo que deberían crear equipos de investigación. Tanto que se predica la auto-regulación, esta sería una forma de practicarla. Será difícil, porque siempre habrá quien pague sobornos, pero si se hace causa común muchos de estos casos saldrán a la luz y poco a poco desanimaremos a los funcionarios públicos de pedirlas y al sector privado de pagarlas. Eso implica incrementar poco a poco los sueldos del sector, en especial de la Policía y del Poder Judicial. La dificultad está en que, como las anteriores, también son tareas de largo plazo. La Reforma Judicial es asimismo urgente, mas se viene postergando desde hace mucho tiempo.

En cuanto a problemas de este gobierno, ha tenido algunas metidas de pata como la declaración de ‘jalarse congresistas fujimoristas’, pero ha tenido especial resonancia el caso Moreno, porque ha salido a luz la punta del iceberg de la corrupción. Me cuento entre quienes creen que probablemente hay muchos Moreno en la administración pública y éste es el que han descubierto casi por casualidad. Lamentablemente, la mayor parte de personas que se involucran en política lo hacen para medrar. El otro hecho problemático ha sido el de la protesta en Las Bambas, del que ha resultado un muerto y que ha desnudado la necesidad de tener un equipo más eficiente, pero sobre todo preventivo, para enfrentar los conflictos sociales. No sé si ya se pueda hablar del fin de la ‘luna de miel’, pero la aprobación de PPK ha bajado y tal cosa es perjudicial, como ya he señalado.

El inconveniente que veo en esta administración es una cierta carga economicista; es decir, la sensación de que los problemas se solucionaran si logramos volver a crecer a las tasas de la década pasada, cuando los precios internacionales de los minerales eran altos. Y si bien es cierto que la economía es importante, hay otros factores que no deben descuidarse. La educación en valores, la prédica con el ejemplo de la honestidad y la sanción y persecución a las personas que infrinjan la ley, sin límites y preferencias, son algunos de ellos.

Es necesario que el gobierno no solo invierta en programas sociales, sino que logre que los sectores más pudientes se comprometan con obras y proyectos que busquen eliminar la pobreza extrema. Esa absurda separación que se pretende hacer, sosteniendo que el objetivo del empresario es exclusivamente hacer rentable su compañía y pagar sus impuestos, omite que a todos nos conviene que nuestro país sea desarrollado en el más breve plazo, y eso de repartir las responsabilidades por estancos olvida que el hombre es por definición un ser social y que su realización individual pasa por la de la sociedad en que vive. El verdadero liderazgo es del que predica la solidaridad con el ejemplo. La afirmación de que podemos tener por cumplidos nuestros deberes con solo pagar los tributos que nos corresponden es un proceder mínimo, que bien puede ser complementado con actividades y obras a las que ninguna ley nos obliga, salvo nuestra propia humanidad, que debería hacer imposible que veamos con pasividad la pobreza y frustración de muchos de nuestros compatriotas.

[1] Régimen Aduanero que permite la devolución, total o parcial, de los derechos arancelarios. [N.E]
[2] ‘Los corruptores’ publicado por la Revista Ideele N° 263 el 8 de septiembre de 2016. http://www.revistaideele.com/ideele/content/los-corruptores


Alonso Núñez del Prado Simons

Magíster en Derecho de la Integración y en Derecho Constitucional. Master of Business Administration (MBA), graduado en Lingüística y Literatura, Filosofía. Fundador y director ejecutivo del Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno. Profesor universitario, árbitro de la Cámara de Comercio y conferencista. Presidente y director de varias entidades del sistema asegurador




¿Un nuevo comienzo?

sin-titulo-1El primer mensaje a la nación del presidente Pedro Pablo Kuczynski ha sido bien recibido por diversos sectores del país. Según la última medición de la encuestadora CPI, de un 37.4% de ciudadanos que lo escucharon o leyeron, un 62% dijo estar muy conforme con lo expuesto. Esto se condice con lo expresado por diversos políticos, empresarios y actores de la sociedad. Sin embargo, ¿hay motivos para considerar que el nuevo gobierno marcará un nuevo comienzo en nuestra historia republicana?

A diferencia de anteriores mensajes a la nación, el presidente Kuczynski buscó marcar en principio una diferencia de forma, alejándose del anuncio de medidas puntuales para centrarse en los principios que guiarían su gestión. Su estrategia de diferenciación en este punto sorprendió a muchos que, por la formación profesional del primer mandatario, pensaron que se trataría de otro mensaje más plagado de cifras y lugares inconexos. Las acciones emprendidas a lo largo de la primera semana del gobierno, tales como la rutina de ejercicios antes de empezar las sesiones del gabinete, la orden a los ministros de viajar permanentemente al interior del país, e incluso algo tan singular como no permitir el uso de celulares en los consejos de ministros, buscarían afianzar en los hechos esa diferenciación con el pasado, la cual está íntimamente conectada con el tono esperanzador que tuvo su alocución. Pero, aún más sorprendentes que las diferencias de forma fueron las diferencias de fondo.

Sobre los detalles puntuales que se mencionaron en el mensaje, destacaron la toma de posición a favor de la igualdad, equidad y fraternidad, valores predominantemente olvidados en anteriores alocuciones de inauguración de mandato. Especialmente, el presidente resaltó su compromiso con el acceso a oportunidades y servicios esenciales a través de un crecimiento no solo económico sino también humano, lo que sintetizó con el término “revolución social”. De hecho, resultó significativo su compromiso con los ciudadanos que viven en zonas rurales y en zonas de frontera. En esa línea, también llamó la atención la mención de problemáticas como la desigualdad entre hombres y mujeres, el racismo y la homofobia, contra las que se comprometió a luchar. Su mención a las artes, al deporte y la apuesta por la recuperación de los espacios públicos también resultó novedosa. Sin embargo, pese al intento de diferenciarse del pasado poniendo en agenda un ideario republicano, con énfasis en los sectores y las materias más olvidadas en el accionar político, en el mensaje a la nación también fue posible identificar algunos rasgos que podrían resultar ir contra todas las buenas intenciones manifestadas.

Según una encuesta de GfK previa a la asunción de mando, un 75% de ciudadanos opinó que el presidente debía mencionar en su discurso inaugural cómo abordaría la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, más allá de mencionar que buscaría un país más seguro al final de su mandato, no esbozó ninguna medida concreta en esta materia. Pese a que el mensaje a la nación haya sido aprobado por la mayoría de quienes lo oyeron o leyeron (lo cual probablemente está relacionado con la luna de miel de la que gozan la mayor parte de presidentes y con el espíritu diferenciador que, como se ha mencionado, fue su eje ordenador), la ausencia de sustancia en sus anuncios en esta importante materia podría estar hablándonos de un presidente con dificultades para establecer las prioridades de su agenda. Tener como referente al ex presidente Fernando Belaúnde, a quien los caricaturistas de los años ochenta retrataban con un par de cejas espesas que le tapaban los ojos y encima de una nube, ¿acaso podrían resultar una premonición?  Un presidente que no prioriza las demandas ciudadanas más importantes se hace rápidamente impopular y difícilmente puede llegar a plasmar ideales de corte republicano, tan necesarios en nuestra sociedad.

Otra disonancia inquietante, dentro del primer mensaje a la nación del presidente Kuczynski, estuvo en relación con la dimensión política. A partir de la segunda vuelta ha sido común escuchar que el mayor problema del gobierno estará en el ámbito parlamentario. Sin embargo, se le ha prestado poca atención al ámbito subnacional, en el cual existen una serie de demandas diseminadas por todo el territorio que aún esperan solucionarse. Pese a esta problemática latente y al afán innovador de la nueva gestión, el presidente no ha configurado una propuesta sostenible en el tiempo para relacionarse con la sociedad fuera de la capital, que es donde probablemente se encuentre la verdadera oposición a su gobierno. En su alocución del 28 de julio expresó que buscará impulsar la inversión privada para generar un mayor crecimiento económico que le permita combatir la desigualdad y que, en caso esta se vea rechazada, irá a las zonas en conflicto para convencer a las comunidades que acepten. Pese a esa intención, lo cierto es que sin una fórmula institucionalizada para enfrentar las legítimas demandas ciudadanas difícilmente se podrán financiar los proyectos de infraestructura y los aumentos de sueldos que anunció. Un escenario de permanente conflictividad social también podría diezmar la confianza en su administración y, con ello, el propósito republicano que la anima.

Los problemas en la definición de los asuntos prioritarios del país no serían un problema exclusivo del actual presidente. Las anteriores gestiones enfocaron gran parte de sus esfuerzos en el crecimiento económico y la promoción de la inversión privada frente a otras problemáticas que afectaban severamente a los peruanos en su día a día, como la creciente inseguridad ciudadana. Asimismo, todas se manejaron bajo la premisa que la política se reduce al ámbito parlamentario y que a los ciudadanos que viven fuera de Lima había que convencerlos hablándoles bonito y ofreciéndoles un paquete de obras pese al permanente descontento social que tuvieron que enfrentar. A partir de ahí es posible pensar que la actual gestión, más allá de las formas, no representaría una ruptura significativa y, con ello, un nuevo comienzo, sino una continuidad con los anteriores gobiernos. Esta continuidad también se evidenció con algunas menciones explícitas que se hicieron a lo largo del mensaje presidencial.

Aunque el presidente fue muy enfático en que buscaría la unión de todos los peruanos y que respetaba las distintas posiciones políticas, en un momento invocó a ponerle fin a lo que llamó “discusiones ideológicas”. La referencia a las ideologías permite conocer que Kuczynski piensa que los actores políticos no están guiados por demandas legítimas sino por ideas que no se condicen con la realidad. Este razonamiento, además de demostrar un conocimiento incompleto, por decir lo menos, de la complejidad del país, podría devenir en antidemocrático, dado que desconoce la legitimidad de los oponentes. De hecho, en base a ese razonamiento se sustentaron acciones de fuerza como las sucedidas en el llamado “Baguazo” durante el gobierno de Alan García, o en las jornadas de protesta contra la minería en Cajamarca durante el gobierno de Ollanta Humala.

En su primera alocución, el presidente también hizo mención a la eliminación de las “trabas burocráticas”. A lo largo del último quinquenio, iniciativas como la consulta previa o la imposición de estándares ambientales más rigurosos fueron consideradas por una serie de comentaristas y economistas como un desincentivo a la inversión privada, pese a que muchas de ellas fueron, en realidad, versiones más laxas de las que originalmente se habían proyectado con el fin de no espantar a las inversiones. Así, aunque dejó en claro que respetaría en último término las decisiones de las poblaciones y las normas ambientales vigentes, al considerar que medidas que empoderan al Estado para que proteja el interés general frente a intereses particulares son algo negativo, el mandatario queda alineado a lo que ha sido el sentido común dentro de los últimos gobiernos, en los que el interés de los inversionistas ha pesado más que, o se ha forzado mimetizar con, el interés general.

Difícilmente el sentido de un gobierno puede deducirse por completo a través de un mensaje inaugural. Normalmente, los gobernantes enfrentan situaciones que los llevan a variar su discurso inicial como una manera de sobrevivir políticamente. Asimismo, a diferencia de los años anteriores hoy parecen existir sectores de la sociedad mucho más comprometidos con sacar al país del continuismo inercial en el que se ha movido en los últimos 15 años. Así, aunque hay indicios para pensar que los próximos años serán más de lo mismo, la pregunta por si el periodo presidencial que ha empezado constituye un nuevo comienzo, aún queda abierta.


Félix Puémape

Politólogo. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)