A esta reforma electoral le falta una mirada regional

Entrevista realizada por Diana Tantaleán
(Apostolado Social)

Las elecciones 2016 cada vez están más cerca, y la labor de TRANSPARENCIA va en aumento. Gerardo Távara, su Secretario General, nos da su opinión sobre las últimas reformas electorales aprobadas y los puntos clave que aún faltan debatir en este tema.

Hasta hace algunas semanas se han estado debatiendo en el Congreso las Reformas a la Ley Electoral, ¿los cambios aprobados podrán ser aplicables en el proceso electoral que estamos iniciando?

Algunos de los cambios aprobados sí son aplicables para las elecciones del 2016, como el nuevo formato de la Hoja de Vida, que es la Declaración Jurada que los candidatos deben presentar al momento de inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ahora es obligatorio que ellos informen cuáles son sus ingresos, propiedades, bienes y deudas. Así sabremos de dónde procede el dinero o las propiedades y luego comparar cuánto variaron los ingresos de, por ejemplo, un congresista en los 5 años que ejerció el cargo.

A esto añadimos que el JNE, acogiendo una propuesta de TRANSPARENCIA, ha incluido en la Hoja de Vida una sección para que los candidatos declaren los procesos judiciales que tengan en curso. El Congreso se negó a aprobar eso como obligatorio, pero el JNE está facultado a ponerlo como opcional. Ahora toca estar vigilantes por si los candidatos colocan u ocultan información sobre juicios que tengan en marcha.

Otra norma es la Ventanilla Única de Antecedentes. Este es un servicio del JNE a los partidos políticos para que conozcan los antecedentes judiciales, policiales, tributarios, de propiedades u otro tipo, de sus precandidatos antes de inscribirlos formalmente, y así verificar si la información dada es cierta o no y, al mismo tiempo, para que no tenga la justificación de decir “yo no sabía que mi candidato tenía una condena por narcotráfico”.

Luego se han aprobado normas pendientes de promulgación referidas al financiamiento de los partidos políticos. Si se promulgan, serán efectivas a partir del 2017. Se han aprobado algunas medidas para un mayor control sobre el dinero que ingresa a los partidos, tanto en periodos electorales como no electorales, desde fuentes privadas, sean personas o empresas.

Desde nuestro punto de vista, lo que se ha aprobado no es suficiente, se han dejado algunas grietas por las que se podría filtrar dinero ilícito hacia las campañas electorales. El debate tiene que continuar pero pensando en el 2018, que serán las elecciones municipales y regionales; y en el 2021, que serán las siguientes elecciones generales.

También se tiene que ver la discusión sobre la eliminación del Voto Preferencial, el cual tiene, desde nuestro punto de vista, dos requisitos previos: las elecciones internas en los partidos políticos, donde puedan votar todos los militantes y no solamente un grupo de delegados; y el establecer Mecanismos de Alternancia de Género.

La modalidad de elección a través de una Asamblea de Delegados debe desaparecer de la ley y mantenerse solo dos posibles: que voten todos los militantes inscritos o que voten los militantes y cualquier persona que quiera decidir quiénes serán los candidatos a la presidencia y al parlamento.

Los candidatos para ser congresistas por Piura, del partido X, tienen que ser elegidos por los militantes de ese partido en Piura. Actualmente una Asamblea de Delegados, mayoritariamente limeños, deciden la lista de los 130 a nivel nacional. Por eso se genera tanta desafección o disgusto de algún simpatizante o militante de una región, pues siente que le impusieron al candidato desde Lima; o que tal vez una persona compró su sitio como candidato por esa región, lo cual es mucho peor.

Los partidos políticos no tienen Comités Provinciales, ni siquiera en un tercio de las regiones del país, o los tienen solo en época electoral y después no tienen ninguna presencia activa.

Sobre establecer Mecanismos de Alternancia de Género: en las elecciones municipales, donde no hay voto preferencial, en la mayor cantidad de listas, las mujeres son ubicadas en el tercio inferior de ellas, con lo cual no ocupan el cargo de regidores aunque el partido gane la elección. Si se traslada esto a la elección parlamentaria lo que va ocurrir es que se reducirá el porcentaje de congresistas mujeres, que hoy es 22%.

Muchas mujeres han accedido al cargo de congresistas por el Voto Preferencial, hay que reconocerlo, no basta con la “cuota”[1]. El Voto Preferencial permite que alguien vote por una mujer aunque esté ubicada al final de la lista. Lo que el Mecanismo de Alternancia de Género propone es que el partido coloque en su lista a un hombre y una mujer, alternadamente, para que tengan las mismas posibilidades de resultar elegidos.

Eso implicaría que haya tantas candidatas mujeres como hombres…

Esa es una modalidad, la paridad, que haya 50 – 50; pero aunque no se aprobara la paridad y se mantuviera el 30%, se aplicaría la alternancia hasta cubrir ese 30%. Además, por el sistema de elección en el Perú, ningún partido logra colocar más de 1/3 de los congresistas de una circunscripción porque hay una representación proporcional.

Actualmente, los líderes políticos que dicen estar de acuerdo con eliminar el Voto Preferencial no están de acuerdo con que todos los militantes tengan derecho a votar en sus elecciones internas, ni que sean dirigidas por la ONPE y el JNE.

El elector siente una ventaja al elegir un candidato específico, ¿cómo crear conciencia en las dificultades que trae el Voto Preferencial y no ver su eliminación como una pérdida?

Hay que darle la posibilidad a la población de votar en las elecciones internas del partido; por ejemplo, darle la posibilidad al poblador o pobladora de Iquitos de votar en Iquitos por los que considera deben ser los candidatos del partido aprista, fujimorista, izquierdista o toledista, y que tenga la garantía que esa decisión va a ser respetada en Lima y no será cambiada a la hora de inscribir la lista ante el JNE.

Otro tema importante es que la población debe ver cómo el Voto Preferencial afecta el funcionamiento del Congreso. Los congresistas cambian de bancada con mucha facilidad, en gran medida porque no se sienten vinculados con el partido. Muchos de ellos son invitados, el 20%, y ahora se aprobó que suba a 25%. No tienen ningún vínculo con el partido, o se inscribieron a última hora para poder ser candidatos, incluso candidato presidencial. Hay quienes se lanzan de candidatos y después anuncian por cuál partido va. Hay partidos que se prestan como vientres de alquiler, o candidatos que un día van por un partido y dos semanas después van por otro.

Como los partidos no tienen presencia en todo el país buscan alianzas informales con líderes o movimientos regionales para que les hagan la campaña; pero como no hay una alianza programática, estratégica, política sino espontánea o surgida porque “tengo que llenar la lista”, no genera ningún vínculo.

En los últimos años el Congreso ha tomado decisiones que, lamentablemente, en la mayoría de casos, han afectado los derechos de la población. Esto se debe, en gran medida, a que el congresista se desvincula del partido y de la población que votó por él, anda en el Congreso solo, cambiando de bancada o comisión, no rinde cuentas ni mantiene el vínculo, y la gente no tiene a quién reclamarle; en el partido dicen que el señor era invitado; y cuando le preguntan al congresista por qué no votó con su bancada, responde: “yo soy hijo del Voto Preferencial, no le debo nada al partido”.

Volviendo a las Reformas Electorales, habría que ver algún tipo de sanción para su cumplimiento, ¿cuáles serían necesarias?

Lo que tenemos hasta ahora son sanciones básicamente pecuniarias, multas, que no se pagan. Estas no sirven si no van acompañadas de sanciones de carácter político.

Nosotros hemos propuesto que al partido político que arrastra multas con la ONPE, o con el JNE, no le den la franja electoral, o que sea colocado en los últimos lugares en la cédula de votación, lo cual normalmente se define a través de un sorteo. ¿Por qué va al sorteo, en las mismas condiciones, el partido que nunca infringió la norma con el partido que tiene multas que no paga? En casos extremos también se le puede suspender la participación en procesos electorales. En casos más extremos aún, decirle que ha dejado de ser un partido político, que vuelva a hacer su proceso de inscripción, si desea. No queremos en el sistema político un partido que no cumple con reportar quién le financió la campaña. Somos un país que tiene serios problemas con el narcotráfico, por lo tanto, tenemos sobradas razones para proteger nuestra democracia de la penetración del narcotráfico en la política.

¿Cree que las reformas aprobadas contemplan la realidad que hay en las regiones?

Las reformas aprobadas por este Congreso, que son pocas, ignoran la realidad regional. Por ejemplo, se ha aprobado incrementar el porcentaje de invitados, eso significa darle más poder a las dirigencias nacionales y quitarle poder a los militantes o dirigentes regionales o de base.

También está la resistencia a la alternancia de género. Si tú miras los congresistas por Lima encuentras que hay un número significativo de mujeres, pero hay doce regiones que no tienen ninguna congresista mujer. Loreto no la tiene desde el año 2000, y no es el único. Si uno le preguntara a la población femenina del interior del país tendría otra valoración sobre el tema de la alternancia de género.

A esta reforma le falta una mirada regional, sin duda; por eso es que no se pone a discusión qué vamos hacer con los movimientos regionales. Los partidos políticos que están representados en el Congreso no gobiernan las regiones. Las regiones están en manos de 20 movimientos regionales y, en la mayoría de casos, diferentes a los de hace 4 años. Estos no tienen, salvo de manera informal, representación en el Congreso.

Hay un círculo del cual no se logra salir. Los partidos abandonan la competencia regional, la política local, y esa es ocupada por organizaciones o movimientos de nivel local o regional; al mismo tiempo, en muchos casos, esos movimientos regionales reproducen los mismos vicios del partido político nacional.

¿Cuántos movimientos regionales han logrado trascender más allá de una gestión?, ¿cuántos han logrado ganar dos o tres veces un gobierno regional?, creo que uno o dos solamente. ¿Cuántos de ellos logran tener presencia más allá de una región?, ninguno.

Estos movimientos no tienen coordinación entre sí, y tampoco la buscan, se quedan aislados en su visión pequeña de territorio y no avanzan en los esfuerzos de integración regional.

La ONPE tiene un arduo trabajo para estas elecciones en verificación de datos, fiscalización y en la implementación de las nuevas normas. ¿Cree que tiene la capacidad de asumirlo?

Somos testigos de cómo los organismos electorales (ONPE, JNE y RENIEC) han ido ganando autonomía. Han superado problemas de coordinación; por lo general están abiertos a las opiniones de la sociedad civil y han desarrollado mucho profesionalismo, independencia y objetividad. Incluso han dejado de ser simplemente buenos organizadores de procesos electorales; ahora proponen normas que modifican la legislación electoral, realizan acciones de educación ciudadana y de debate.

ONPE puede asumir nuevos retos, como el de ir acercando la mesa de votación al centro poblado, a la comunidad nativa indígena más lejana del país; tiene el reto de avanzar en el voto electrónico, donde sea posible; eso es más complejo pero tienen la voluntad de hacerlo y hacia eso tenemos que avanzar.

Todo esto supone que el gobierno respete la autonomía que han adquirido los organismos electorales, que sigan coordinando entre sí, que mantengan la disposición a recibir opiniones desde la sociedad civil y que cuenten con el presupuesto necesario para seguir desarrollando sus actividades.

Hay que fortalecer los mecanismos de fiscalización, como el JNE, para vigilar y sancionar cuando los partidos incumplen normas sobre propaganda electoral, entrega de regalos (que está prohibido en campaña pero lo hacen), o el uso de las redes sociales. Ahí tenemos un déficit, debo decirlo, a nivel del Jurado Electoral.

El Jurado Electoral, responsable de fiscalizar la propaganda electoral, no ha incorporado una estrategia para vigilar la propaganda que se realiza a través del Twitter, Facebook y Youtube. Las redes sociales son cada vez más utilizadas para propaganda electoral, sobre todo en áreas urbanas. Eso genera un costo que debe ser reportado. Ahí también se deben respetar las normas de no agresión, de neutralidad; de cuándo se contrata publicidad y cuándo no se contrata, o de no utilizar expresiones homofóbicas, racistas, machistas o discriminatorias en general.

¿Cómo percibe la participación de la ciudadanía de cara a los próximos comicios?

La veo más interesada, aunque no lo suficiente. Si algo de reforma se ha conseguido, y si los congresistas se han visto obligados a poner el tema en discusión, es porque hay una presión desde fuera del parlamento. Están los organismos electorales, TRANSPARENCIA, la Defensoría del Pueblo, alguna prensa importante nacional y regional (tradicional y digital), en los últimos tiempos también están grupos de universitarios.

Nosotros estamos permanentemente dando charlas, organizando congresos, conferencias en Lima y fuera de Lima, pero no ha sido suficiente. Quisiéramos que esto genere una reacción más fuerte en la población para exigirle al Congreso que avance con la reforma en mejor ritmo y dirección, para que no tome decisiones equivocadas o no abandone la responsabilidad de decidir.

La tarea de crear cultura ciudadana, cultura democrática, es de mediano y largo plazo, eso no se cambia con una ley. Pero vamos dando pasos.

[1] Las “cuotas electorales” son porcentajes que la ley impone a las listas de candidatos para asegurar la participación de representantes de sectores sociales generalmente excluidos de los procesos electorales. La Constitución Política y las leyes electorales establecen tres tipos de cuotas electorales: de género, de jóvenes y de comunidades nativas y pueblos originarios. La ley electoral obliga la inclusión mínima de 30% de ciudadanas mujeres. [N. del E.]


Gerado Távara Castillo

Secretario General de la Asociación Civil TRANSPARENCIA Perú.




Candidatos piuranos: muy poca luz al final del túnel

A pocas semanas de vencerse el plazo para que los partidos políticos que participarán en las elecciones generales del 10 de abril de 2016 elijan a sus candidatas y candidatos al Congreso de la República, el panorama electoral en la Región Piura aún no está definido. Siete congresistas le corresponden al distrito electoral de Piura, muchos nombres se vocean para tentar una curul, pero nada es oficial.

Una es la vicepresidenta Marisol Espinoza Cruz, ex integrante del Partido Nacionalista, quien dice definirá con sus bases de la Región Piura –productoras (res) agropecuarios que la apoyaron en sus anteriores campañas- con qué partido postulará al Congreso en el 2016. Sin embargo, ya se vocea que irá por Piura, con el número 01, en el partido Alianza Para el Progreso de César Acuña Peralta.

En el Fujimorismo, Juan José Díaz Dios ha presentado su carta de renuncia a la bancada de Fuerza Popular ante la denuncia de violencia familiar en la que se vio envuelto y está a la espera del dictamen de la Comisión de Ética del Congreso. Díaz era uno de los voceados para la reelección, ahora su futuro político es poco claro. Otro fujimorista que tentaría una curul es el comunicador y empresario Felix Chang Apuy, ex candidato a la alcaldía de Piura.

En los predios del Partido Aprista los precandidatos que empiezan a aparecer son  Adela Córdova Alcarazo, quien se desempeñó como jefa del PRONAA – Piura, y el ex presidente regional (2003 – 2010), César Trelles Lara. Ha sorprendido a propios y extraños que el militante aprista y actual presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Alto Piura, Teddy Ubillús Olemar (quien el 18 de octubre último fue elegido delegado para la Convención Nacional del APRA en representación de la provincia de Morropón) anunciara días después, a través de las redes sociales, su postulación al Congreso en las filas de Alianza Para el Progreso.

Por otro lado, el ex congresista y ex militante aprista, Jhonny Peralta Cruz, ha descartado a través de las redes sociales su postulación al Congreso, señalando que seguirá en el fortalecimiento de su movimiento regional Seguridad y Prosperidad, con miras a las elecciones regionales 2018.

Para las fuerzas sociales de izquierda, la elección de precandidatos se torna más complicada porque no se vislumbran fuerzas de izquierda en la Región. Tal vez le toque hacer alianza con movimientos regionales o líderes gremiales que apuesten por este pensamiento político.

En cuanto a los movimientos regionales, hasta la fecha ninguno plantea alianzas con algún partido político nacional para presentar candidatos congresales. Tampoco se vislumbra que vaya a cambiar el bajo nivel de concertación y coordinación que existe actualmente entre la representación parlamentaria nacional (Partido Nacionalista, Fuerza Popular y Perú Posible) y la representación regional (05 Consejeros de Unión Democrática del Norte, 01 de Fuerza Regional, 01 de Región para Todos y 01 de Fuerza Popular). Poco o nada son los logros alcanzados por las y los congresistas y el actual Gobierno Regional. En lugar de exhibir sinergias y articulación entre ambos niveles de gobierno, en estos días el gobernador Reynaldo Hilbck y los legisladores piuranos se lamentan porque el presupuesto para inversión pública en Piura sería recortado en 100 millones de soles.

Ante este panorama, las candidaturas están poco claras y mucho más el debate de ideas. Sin embargo, lo que debiera merecer la preocupación de los candidatos y candidatas piuranos al Congreso de la República es la legislación y gestión de los siguientes problemas: reducción de la pobreza en la serranía piurana, dotación de médicos para los hospitales ya instalados y los que construirán en las provincias Ayabaca, Huancabamba y en el asentamiento Los Algarrobos (ya con financiamiento aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas). También medidas para frenar las muertes maternas; para detener la amenaza de epidemias latentes como el dengue, que este año mató a 22 personas; gestión para remontar los problemas derivados del recorte del canon petrolero, producto de la caída de los precios internacionales; para erradicar la minería informal, de la que viven unas 12 mil personas; y el diseño de políticas agrarias que beneficien a los miles de agricultores dedicados a la pequeña agricultura.

Esperemos que la calidad de los candidatos y candidatas al Congreso de la República, nos dejen escuchar este tipo de propuestas y no los clásicos “caballitos de batalla”, como el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura, la inseguridad ciudadana o medidas populistas dirigidas a grupos electorales descontentos.


María del Rocío Farfán Manrique

Integrante del Equipo de Género de Cutivalú (Piura)




Arequipa pre electoral

Tras haber vivido un conflicto de 4 meses, si se incluye el periodo que la provincia de Islay vivió bajo un régimen de excepción, por la oposición al proyecto Tía María, el proceso electoral de 2016 encuentra a la ciudad polarizada y con una agenda regional que los candidatos deberán tomar en cuenta.

El conflicto por Tía María marcó un antes y un después en la historia política de la ciudad. Prácticamente todos los sectores y agrupaciones acabaron tomando partido y enconadas discusiones -vía redes sociales- involucraron a cientos de personas.

El conflicto no ha tenido un desenlace claro, solo ha entrado en una etapa de silencio y expectativa, a la espera que un nuevo gobierno decida el destino final del proyecto minero, algo que el presente régimen no ha podido definir.

Otro factor que ha generado incertidumbre es la baja de las transferencias por canon minero que experimentaron los gobiernos locales y el gobierno regional en el presente año. Adicionalmente a la disminución del precio de los metales que exportan las empresas mineras locales, el gobierno nacional ha “recentralizado” diversas competencias y, con ello, recauda en Lima. El canon, en promedio, ha disminuido en cerca de 50% respecto a las transferencias del 2012.

Partidos nacionales y Movimientos regionales

La situación política en la región también tiene varios puntos a tomar en cuenta en el proceso electoral próximo. En las elecciones regionales y municipales de 2014 se impusieron en las urnas los movimientos locales, mientras los partidos de alcance nacional tuvieron una presencia insignificante.

La presidencia del gobierno regional, hace 8 años, estaba en manos del movimiento Arequipa, Tradición y Futuro que, con una nueva cabeza, volvió a ganar en 2014 por 4 años más, en la persona de la hoy gobernadora Yamila Osorio.

La alcaldía provincial de Arequipa está en manos del movimiento regional Arequipa Renace, cuyo cabeza, el alcalde Alfredo Zegarra ha sido reelegido para un periodo de 4 años más. Antes, el alcalde fue del Partido Nacionalista, pero esto fue una excepción en el panorama electoral municipal.

Arequipa Renace es el movimiento más fuerte a nivel provincial, pues lleva dos periodos prácticamente arrasando con las alcaldías distritales. En otros casos, son movimientos distritales los que, en su mayoría, han estado ganando las elecciones, atomizando la actividad política.

En elecciones nacionales, como las que se avecinan, estos movimientos suelen aceptar alianzas con los partidos nacionales que ofrecen grandes recompensas de llegar al gobierno. Este fue el caso del Partido Nacionalista que, en las dos elecciones anteriores, concretó una alianza con Arequipa Tradición y Futuro. El APRA también se presentó en alianza con un movimiento regional en los comicios regionales, sin suerte.

No es el caso del fujimorismo, pero sí es práctica común en otros partidos como Solidaridad Nacional, el PPC o Acción Popular, que buscan presencia en provincias convocando personalidades locales que no necesariamente son militantes de sus partidos.

Recientemente, el partido que más alianzas ha ofrecido y concretado con los movimientos regionales es Alianza para el Progreso, de César Acuña, que como en otras regiones del país ha asegurado sólidas coaliciones con los políticos de provincias, como es el caso de los líderes de Arequipa Tradición y Futuro, además de otros movimientos provinciales y distritales.

Otra alianza que está por sellarse es la del partido PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, con el movimiento Arequipa Renace, que tiene un sólido aparato partidario en la región.

La agenda regional

El sentido de la resolución del conflicto por el proyecto minero Tía María será central en el debate electoral que se aproxima. Representantes de la izquierda, como el Frente Amplio y UDP, que han visitado la región, ya han expresado sin ambages su apoyo a los agricultores que se oponen a la actividad minera.

De otro lado, las heridas que dejó el enfrentamiento durante la paralización en el valle de Tambo (entre marzo y mayo de este año) y la violencia que se desató después, han dejado huellas que se expresan, por ejemplo, en el rechazo al antes popular congresista Juan Carlos Eguren, identificado hasta hace poco con demandas locales a pesar de pertenecer a un partido centralizado como el PPC, pero cuya clara opción a favor de la empresa minera le ha generado ácidas críticas y rechazo popular.

En el mismo sentido está el nacionalismo y la “traición” que se atribuye al presidente Ollanta Humala y sus partidarios, al haber variado su posición respecto a sus ofrecimientos de campaña con relación a la minería. Tal sería la razón por la que ningún congresista nacionalista ha confirmado su postulación a la reelección que aparece muy difícil.

La candidata Keiko Fujimori, sorpresivamente, también se ha manifestado en favor de atender el pedido de los agricultores del valle de Tambo, lo que da cuenta que ningún candidato podrá evadir el tema durante la campaña, como tampoco podrá hacerlo el ganador a la hora de llegar a un definición en torno a este complejo problema socioambiental.


Mabel Cáceres Calderón

Periodista. Directora de “El Búho”, revista y diario digital de Arequipa que toca temas sobre política y cultura.




Cambios y oportunidades en Puno

Un año después de realizarse las elecciones regionales en todo el país, el gobierno peruano ha oficializado la convocatoria a las elecciones generales fijando el 10 de abril del 2016 como fecha para la votación presidencial y congresal[1], aunque ya desde meses atrás políticos y políticas de los distintos partidos han venido visitando Puno y sus diferentes provincias con el afán de darse a conocer y lograr el favor del casi millón y medio de habitantes de una región que, más allá del número de votantes[2], presenta una serie de particularidades sociales, económicas y políticas que son vistas desde la capital como si se tratara de la Última Frontera.

En efecto, se puede retratar a Puno a través del contrabando, que como bien se sabe es un elemento estructural en la economía del altiplano; de la minería ilegal, que ocupa amplios territorios de la zona norte y viene provocando un desastre ambiental; del narcotráfico, que impulsa el sembrío de la hoja de coca en los valles selváticos de San Gabán e Inambari; de los conflictos sociales y sus secuelas de violencia, que cada cierto tiempo ocupan las primeras planas de los medios de comunicación; o de los discursos políticos de carácter étnico que algunos dirigentes aymaristas enarbolan buscando protagonismo y liderazgo.

Sin embargo, una lectura que sólo tenga en cuenta dichos elementos deja de lado una serie de aspectos que dan cuenta de las grandes transformaciones que ha vivido la región durante los últimos años.

A nivel político es indudable la consolidación de un nuevo sector de políticos campesinos que, desde mediados de los años 90, ha ido ocupando la mayoría de altos cargos a nivel local y regional, tal como lo demuestra una rápida mirada a los últimos presidentes regionales: Hernán Fuentes, abogado nacido en el distrito de Asillo; Mauricio Rodríguez, abogado y periodista nacido en Macusani; y Juan Luque, contador nacido en una comunidad campesina de Azángaro. Y lo mismo puede decirse de los actuales alcaldes de Juliaca y Puno, también nacidos en el seno de familias campesinas de la zona rural.

Pero el origen campesino de estos nuevos políticos no lo es todo, sino que también representan a esa clase profesional puneña que desde la década de los años 70 tuvo acceso a la formación universitaria –en particular gracias al funcionamiento permanente de la Universidad Nacional del Altiplano y la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez– y ha logrado éxito electoral y prestigio, marcando el camino a cientos de jóvenes puneños que salen de las aulas escolares cada año e ingresan a los salones universitarios que acogieron tiempo atrás a las principales autoridades de la región.

Por otro lado, la dinámica económica, cuya mejor expresión es el movimiento comercial en Juliaca, no sólo se explica por la presencia de las economías ilegales, sino también es resultado del trabajo de las miles de pequeñas empresas que operan en esta ciudad, desde donde proveen los mercados del sur del país y parte de Bolivia. Al mismo tiempo, la migración puneña hacia Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna y Lima otorga nuevos espacios y oportunidades a las familias puneñas, que aprovechan la mejora sustantiva de las vías de comunicación para movilizarse y ampliar sus redes comerciales.

También resulta relevante la movilidad interna que ha ido configurando una sociedad que va más allá del campo, tal como lo evidencia el crecimiento demográfico de las ciudades capitales de provincia y distrito, pero sobre todo de los centros poblados, que bien podrían ser calificados como el rostro urbano de las comunidades campesinas. Este escenario exige respuestas que vayan más allá de las tradicionales soluciones agraristas, y más bien es necesario implementar medidas que permitan atender nuevas demandas vinculadas al acceso y mejora de los servicios públicos.

Como se ve, abordar la complejidad política y social puneña y enfrentar los problemas que trae consigo –cuya gravedad es retratada trágicamente por la injusta muerte de decenas de niños cada año a causa del friaje– requiere mucho más que promesas improvisadas o planes de gobierno que luego son dejados en el olvido. Lo peor que podrían hacer quienes aspiran a gobernarnos es dejar que persista la debilidad e indolencia estatal, ya que esta solo será aprovechada por quienes lucran con la informalidad y la economía ilegal.

[1] Decreto Supremo 080-2015-PCM
[2] Según Infogob, para las elecciones del 2014, la población electoral de Puno fue de 841046 electores.


Paulo Vilca y Paul Chata

Investigadores del Instituto de Estudios SUR.