La Sociedad Civil frente a las Reuniones Anuales del BM y el FMI

En el mes de octubre se realizó en Lima la Reunión Anual de las Juntas de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), para las cuales, tanto el BM como el FMI se estuvieron preparando desde meses atrás. Su estrategia fue evidenciar su rol en la reciente historia del “crecimiento” del Perú. Vale la pena señalar que el BM y el FMI movilizaron, previo a las reuniones, a parlamentarios y funcionarios públicos para mostrar lo que el buen alumno peruano había aplicado en los últimos 25 años.

No obstante, es falaz señalar que el crecimiento del Perú se debe a la aplicación de las recetas del Consenso de Washington y al apoyo técnico de estas instituciones. No podemos negar la capacidad de influencia de estas instituciones en la región –más ahora en los países que se habían alejado, como los llamados países “progresistas”-. Lo cierto es que el ciclo o boom del precio de los metales hizo que los índices macroeconómicos del Perú crecieran, más que las condiciones estructurales de la economía peruana, en casi la última década.

En todo caso, es discutible afanarse en ello, porque este modelo también tiene problemas, como la acentuada desigualdad, el carácter asistencialista, el grado de corrupción, la baja calidad de la ciudadanía y los conflictos socioambientales en los proyectos extractivos del país.

Frente a un posible acto pomposo –que oscureciera los problemas sustanciales del modelo peruano–, la sociedad civil peruana articuló una agenda crítica y propositiva con el objetivo de mostrar hacia dónde debe orientarse la reforma del mercado internacional y las economías extractivistas como el Perú. De hecho, las acciones desarrolladas en el evento alternativo (realizado al mismo tiempo que las reuniones del BM y del FMI) tuvieron como finalidad hacer notar la visión crítica de la sociedad civil bajo el lema “Desmintiendo el Milagro Peruano”[1], frente a lo que el Gobierno peruano quería demostrar en este evento internacional. Es claro que la crisis económica internacional y la peruana –por la recesión y la reducción del crecimiento chino– deben hacernos reflexionar sobre los problemas de fondo.

Era de preverse que este encuentro internacional se convierta en una ceremonia pomposa, a pesar de haber sufrido hace 7 años la mayor crisis económica internacional de la historia, olvidándose de su responsabilidad y de las del sector privado, gobiernos. La agenda era clara: vender el caso peruano como si hubiera sido planeado por ellos. Pero la crítica y las contradicciones del modelo son tan evidentes que, en plena reunión, el FMI bajó la expectativa de crecimiento del Perú a 2,4% de su PBI (2015).

Algo que no gustó al Gobierno peruano, pero era claro que debía ser puesto sobre la mesa, fueron los conflictos socioambientales, como los casos mineros Tía María y Las Bambas; además de la campaña comunicacional desarrollada por la Plataforma Alternativa frente al BM y el FMI, que trató de balancear lo celebratorio del evento versus lo que ocurre en el modelo peruano.

El mayor logro de esta Plataforma fue organizar los mensajes críticos y las propuestas, alternativas a las recetas económicas imperantes: diversificación productiva, fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, respeto a los derechos indígenas y laborales de diversos sectores, y una mayor inversión en la gestión que garantice que la inversión pública o privada sea sostenible, equitativa. Todo ello se consolidó en un fórum alternativo que reunió a más de 2500 personas.

Con una asistencia aproximada de 50 personas, las mesas de trabajo del evento alternativo abordaron las temáticas relacionadas con derechos humanos, estándares ambientales y sociales, fiscalización y transparencia, cambio climático, derechos indígenas, industrias extractivas, etc. Mientras en el Civil Society Policy Forum de la reunión oficial del BM y FMI, el nivel de participación fue muy bajo. Sin duda, el BM y el FMI deben reformular cómo se relacionan con la sociedad civil.

Para el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI)[2], los eventos paralelos en Lima pueden ser hitos de inflexión con respecto a la incidencia hacia estas instituciones financieras internacionales[3]. Es claro que la sociedad civil global debe reflexionar sobre sus estrategias de incidencia porque estamos perdiendo la batalla frente a las reformas de estas instituciones.

Primero, debemos acompañar el lobby de café con la movilización social, que alimente una crítica y legitime las propuestas que sabemos pero no escucha el BM ni el FMI. Segundo, debemos crear un marco integral de incidencia en la agenda de la sociedad civil, dividida ahora en batallas en puro lenguaje, como en LGTB, derechos humanos, medio ambiente, derechos de niños y derechos de las personas con discapacidad, etc. Tendremos victorias en el lenguaje de los futuros estándares para las inversiones, pero en asegurar el capital sostenible o equitativo hemos casi perdido la batalla. No podemos contentarnos con logros sectoriales, debemos ser solidarios pensando a futuro en todos los problemas que traerá el nuevo modelo de desarrollo.

La presentación del caso de Máxima Acuña[4] en la reunión con los directores ejecutivos del BM fue un mensaje que reclamaba cambios en estas instituciones financieras internacionales, pues si quieren ser parte de los cambios de América Latina, deben responder a un enfoque de derechos humanos y de sostenibilidad.

El evento alternativo contó con expositores internacionales que dejaron mensajes políticos sobre el rol y equívocos del BM y el FMI. Hugo Arias, Eric Toussaint y María Lucía Fatorrelli presentaron un diagnóstico del modelo de dependencia económica de nuestros países (endeudamiento frente al FMI). Fattorelli dejó una tarea para la sociedad civil de la región: cómo articular el financiamiento climático con el análisis más profundo de la Auditoria de la Deuda, que pasa de lo económico y se traslada al gasto público de diversos sectores (salud, educación, ambiental, etc.).

En su sesión de clausura, el evento contó con la presencia del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, los economistas Óscar Dancourt (Perú) y Martín Guzmán (Argentina). El Nobel terminó por sentenciar la fanfarria que pretendió realizarse en Perú: hubo un crecimiento económico en Perú en la última década, y el Gobierno peruano, elites políticas y grupos económicos no hicieron nada por invertir beneficio en el país, en su pueblo, en términos de su capital humano, sus jóvenes. Ahora nos toca llorar por los platos rotos. Seguiremos llorando si nuestra clase política no toma conciencia de ello y asume también los costos.

Finalmente, contamos con una nueva generación de actores sociales, de jóvenes que vienen participando en la construcción social y política del Perú. Fueron ellos quienes principalmente organizaron el Fórum Alternativo. A los mayores, los más experimentados, nos tocará como decía el intelectual peruano González Prada, dar un paso al costado y asumir un rol de acompañamiento al nuevo liderazgo de la juventud peruana que se viene expresando en diversos campos. Esperemos que esta juventud de la sociedad civil, honesta y coherente, pueda guiarnos a un mejor modelo de desarrollo.

[1] Organizado por la Plataforma Alternativa frente al BM y el FMI ( http://plataformalternativa.com), e integrada por diversas instituciones, entre ellas: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Comité Juvenil, el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, Latindadd, ANC, Foro Salud, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. [N. del E.]
[2] Integrado por cuatro organizaciones de la sociedad civil de la región de América Latina y el Caribe (ALC): Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), Colombia; Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, México; y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Argentina. [N. del E.]
[3] http://grefi.info/es/cual-es-el-futuro-de-las-politicas-sociales-y-ambientales-para-la-region-grefi-establece-desafios-tras-las-reuniones-anuales-del-bm/
[4] Máxima Acuña, una mujer campesina de Cajamarca, se ha enfrentado  legalmente a la minera Yanacocha por la defensa de sus tierras: https://lamula.pe/antologias/f6760a32afec4ddcad50561339052230 [N. del E.]


César Gamboa Balbín

Director Ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, organización civil que contribuye al desarrollo del país a partir del manejo y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y la gestión del medio ambiente en la Amazonía.




La delincuencia que victimó a Humala. Inseguridad ciudadana y políticas públicas

El gobierno de Ollanta Humala termina con pena y sin gloria en materia de seguridad ciudadana. El dolor producido por la delincuencia durante estos cinco años es inconmensurable y sus estragos impactan en la vida y el cuerpo de miles de peruanas y peruanos y, a nivel macro, en nuestro desarrollo como país.

Una las principales víctimas de la delincuencia fue el propio Ollanta Humala. Él ganó las elecciones, posicionado en la figura del militar que puede derrotar a la delincuencia. Sin embargo, el paso del tiempo reconfirmó la falsedad de la hipótesis. A la par que la inseguridad era considerada como uno de los principales problemas del país, la ciudadanía se desencantó del presidente y aumentó su desaprobación. La primera o segunda razón del declive, según casi todas las encuestas de Ipsos (2012-2015) fue: porque no hay seguridad/hay delincuencia.

Más allá de esa constatación ¿cómo han evolucionado los principales indicadores de seguridad ciudadana? Y, ¿cuál es mi balance sobre la actuación del gobierno de turno? Esas dos preguntas trataré de responder someramente en este artículo.

¿En qué cambió nuestro monstruo?

Primero una advertencia: la data sobre la delincuencia es precaria en nuestro país. Por eso, salvo la información sobre percepción, victimización y ahora homicidios, los números son referenciales. Nos permiten aproximarnos a conocer al monstruo, pero no sirven para verlo en su verdadera dimensión.

Empecemos por las denuncias. Durante el actual gobierno, la tasa de denuncias de delitos ha crecido en alrededor del 30%. Según la propia policía, en el 2011 cerramos con 692 denuncias de delitos por cada 100 mil habitantes, y en el 2014 ya alcanzamos más de 900. El aumento es considerable, si tenemos en cuenta que solo aproximadamente el 15% de las víctimas denuncian el hecho, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De acuerdo con esa misma fuente, los delitos más recurrentes son el robo, el hurto, las lesiones y la violación de la libertad sexual. Por eso, un trabajo real a favor de la seguridad ciudadana debe priorizar esas cuatro vulneraciones de derechos. Esto evidentemente sin desmerecer otros delitos que, por su impacto mediático y social, son aterradores, como el sicariato, secuestro, extorsión, etc.

Lo que no se ha movido es el miedo. Se ha mantenido a tope. No podemos temer más. En el 2011 y en el 2015, 9 de cada 10 peruanos temían ser víctima de la delincuencia. Esta percepción tiene gran impacto en la realidad, pues el miedo moviliza: cambia nuestros patrones de conducta, de socialización, desincentiva ciertos negocios y promociona otros, etc.

Un dato interesante, que merece ser destacado, es que la victimización ha disminuido (data del INEI). Al terminar el quinquenio presidencial, menos personas afirman haber sido víctimas del delito. Mientras que en el 2011, 4 de cada 10 peruanos acusaba ser víctima, en el 2015 “solo” 3 lo hacían. Esta es una mejora sustancial, aunque nos mantenemos como uno de los países con mayor victimización en América Latina.

Nuestro continente es considerado como el más violento del mundo, si lo medimos desde los asesinados. Perú tiene la “suerte” de no estar entre los países top, aunque algunas ciudades como Tumbes o Cañete estén dando la pelea. El promedio nacional fue en el 2014 de 6.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, según la data depurada del Centro Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC). En el 2011 hubo un alza considerable y desde la fecha la tendencia al aumento de los homicidios es ligera.

¿Qué se hecho para aplacar a nuestro monstruo?

Las políticas públicas implementadas por el gobierno han estado marcadas por tres rasgos de inestabilidad: la falta de liderazgo presidencial, la ausencia de ideas firmes y la alta rotación de ministros del Interior.

La falta de liderazgo se percibió casi desde el inicio. Son pruebas de ello las idas y venidas para presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) o sus declaraciones públicas para atribuir responsabilidad a otras instituciones del Estado (alcaldes, Poder Judicial), sin asumir plenamente la suya.

La ausencia de ideas firmes fue otra constante. El problema no es que faltasen planes, sino que sobraban (La Gran Transformación, el Juramento por la democracia, Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, Pacto por la seguridad ciudadana, Política nacional frente a los delitos patrimoniales, Plan nacional de prevención y tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal, cada discurso de 28 de julio aparecía algo nuevo, a veces contradictorio). Algunos de estos documentos son técnicamente importantes y valiosos, otros son simplemente discurso soso. Con tantos planes no había claridad, no era posible identificar cuál fue la verdadera hoja de ruta que seguía el gobierno, cuál era su norte. En situaciones como esta, contar con demasiados planes equivale a tener ideas y compromisos endebles.

Desde el 2011 a la fecha se han sucedido siete ministros del Interior. Pero no fue solo alta rotación, sino que el gobierno reclutó personajes con perfiles disímiles, a veces contradictorios. Fue abismal el salto entre Walter Albán, un ex Defensor del Pueblo, y Daniel Urresti, un militar en retiro, acusado de violar derechos humanos. Parecía que el gobierno buscaba a ciegas al esquivo líder que necesitaba.

Estos tres rasgos marcaron las políticas públicas durante el quinquenio. Por eso fue difícil poner en marcha los cambios sustanciales que necesitaba el sector y que repercutirían en una mejora de la situación de inseguridad en el país.

Para no deprimirnos y para terminar, veamos algunas medidas positivas. La primera fueron los esfuerzos por generar más y mejor información. El CEIC centró sus esfuerzos por depurar la cifra de homicidios, el INEI produjo censos de comisarías, encuestas de victimización y temor, etc. La información es básica para saber cómo actuar.

Lo segundo fue la Ley de Uso de la Fuerza Policial, Decreto Legislativo 1186, que regula adecuadamente el tema y se adhirió a estándares internacionales, la violencia legítima utilizada por la policía. En este campo el gobierno avanzó a tumbos y el balance hubiera sido muy negativo si es que el antecedente aprobado por este gobierno no se hubiera derogado tácitamente: la ley 30151, ley de licencia para matar.

Lo tercero es la eliminación del sistema de trabajo policial a tiempo parcial, conocido como el 24×24. Con mucha improvisación y a contrapelo de los intereses de muchos policías, desde el 01 de enero de 2016 el gobierno recuperó la jornada policial a tiempo completo, sumando un aumento parcial de los ingresos de los efectivos.

Finalmente, la inversión en seguridad creció sustancialmente. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del sector Interior aumentó de 5 mil millones de soles en el 2011 a 9 mil millones de soles en el 2015. Este crecimiento constante fue acompañado por un nivel de ejecución aceptable, que mejoró al final del quinquenio.

Muchos temas quedan fuera de este balance: el desinflado discurso de la reforma policial y la lluvia de decretos legislativos, los avances institucionales para combatir la corrupción policial y su bajo impacto real, la larga crisis de la formación policial, el disminuido rol del Congreso por legislar y fiscalizar, el recurso al populismo punitivo y los estados de emergencia, los muertos en conflictos sociales, etc.

Han sido cinco años muy intensos, de expectativas defraudadas y variaciones en el panorama delictivo. Un quinquenio durante el cual, el sector Interior caminó con vaivenes, precisamente por su propia debilidad y la del presidente. Por momentos estuvo inmóvil o retrocedió, por momentos avanzó. Sin embargo, ante la magnitud del problema, los cambios promovidos no fueron sustanciales, ni permiten estar augustos ante un balance positivo.


César Bazán Seminario

Abogado y especialista en seguridad ciudadana. Miembro del Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal – IDL.




La economía que deja el gobierno saliente: un desafío crítico

El gobierno saliente de Ollanta Humala nos deja una economía con un pequeño crecimiento cercano al 3% anual, superior al incremento poblacional, pero inferior al aumento de la población que ingresa anualmente al mercado laboral. Los efectos de la crisis internacional y la caída de los precios de los minerales que exporta el país tienen una parte de la explicación de esta situación. La otra parte son los desaciertos de la política económica interna que no ha enfrentado eficazmente los embates de la crisis mundial. Esto se ha expresado en las dificultades para impulsar la inversión pública a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y en el alza de la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva, que han contribuido a la desaceleración del crecimiento.

Sin embargo, a pesar de haber realizado avances en el gasto social incrementando el presupuesto del sector educación hasta el 3,6% del Producto Bruto Interno (PBI), la promesa de la inclusión social no se siente que haya sido cumplida. El Acuerdo Nacional, cuando se instaló hace 15 años, aprobó como meta para el presupuesto educativo llegar al 6% del PBI. Es que falta mucho camino por recorrer en la tarea de incluir a las personas en relaciones sociales justas y equitativas. La exclusión tiene raíces antiguas y duras, no solo es económica, también es social, cultural y política. No han sido suficientes los avances en materia de derechos y programas sociales como Pensión 65, Beca 18, Seguro Integral de Salud, Cuna Más, Qali Warma y Juntos. La gente quiere más, pues la situación de los pobres y de quienes han progresado un poco, es todavía muy precaria; y al ver la enorme desigualdad que existe en la sociedad, buscan que las mejoras sean más amplias y sostenibles.

Las dificultades de la economía y los avances en reducir pobreza

Un terreno crítico es el laboral. La situación del empleo que deja el gobierno saliente es todavía muy propia del subdesarrollo. La mayor parte de los trabajadores no tienen los derechos del mundo civilizado, pues la mayor parte está mal remunerada y en la informalidad. Así tenemos que de cada 10 trabajadores, 7 son informales. Este será un desafío crítico para el nuevo gobierno que se instale en julio del 2016. Una economía que desarrolle en forma humana tiene que garantizar un avance de derechos a las personas que trabajan. Por ejemplo, el salario mínimo que ha perdido capacidad adquisitiva por la inflación tendrá que ser elevado por un criterio de justicia y de mecanismo de reactivación de la economía por medio de la demanda.

El gobierno de Ollanta Humala, como los dos anteriores gobiernos de Alan García y Alejandro Toledo, también consiguió reducir la pobreza monetaria o de ingreso. Esta disminuyó de un 54.7% que estaba en 2001 a un 22.7% en el año 2014, según datos de CEPAL[1]. El principal factor que explica este avance es el crecimiento económico realizado en este periodo; pero no se ha expresado en una mejora significativa de la institucionalidad laboral. Por eso, las familias peruanas, muchas veces de manera informal, han generado diversas iniciativas que les ha permitido mejorar sus ingresos. Se trabaja más tiempo, en varios empleos y en múltiples casos con ingresos de niños trabajadores o de familiares migrantes que envían remesas del exterior. Hay un avance en ingresos monetarios, pero es insuficiente para tener una sociedad justa.

La salud de la infancia peruana está en graves dificultades

Uno de los retos en desarrollo social que tendrá el próximo gobierno es el de la salud. La economía de los últimos años no ha contribuido significativamente con la salud de la  infancia. En el Perú tenemos uno de los índices más graves de anemia infantil de menores entre 6 meses y 36 meses. Llega al 43.5% a nivel nacional según datos del Ministerio de Salud para el año 2015; siendo el departamento de Puno el que alcanza la cifra más alta de anemia infantil, donde llega al 76%. Este es un problema de consecuencias lamentables, pues la anemia afecta la formación de capacidades intelectuales y psicológicas de los niños ya que se caracteriza por un déficit de hierro en la sangre que impide al oxígeno llegar adecuadamente a los tejidos del cuerpo de los niños y niñas.

Y la anemia se puede evitar y combatir con el cambio de hábitos de alimentación e higiene de la población; y también en forma complementaria entregando micronutrientes que contengan hierro. Pero se trata de una tarea permanente de prevención, vigilancia y control nutricional universal. Se trata de lograr que la infancia avance en su vida evitando discapacidades físicas y mentales. Así tendremos personas más capaces, pero también habrá menos gasto en remediar problemas que son evitables. Esta perspectiva será crucial para el próximo gobierno si busca ampliar el desarrollo de la gente.

La producción nacional y la pequeña agricultura merecen mayor atención del Estado

La agricultura, en particular la pequeña y la economía campesina, están abandonadas de la política pública, supuestamente por inviabilidad. Se ha dado prioridad a la agricultura de exportación. La diversificación productiva solo tiene avanzado, en términos concretos, la creación de nuevos centros de innovación tecnológica y un dispositivo de promoción de la acuicultura. El nuevo gobierno tendrá que escuchar a los pequeños productores del campo, que son fundamentales para la soberanía alimentaria del país; y apoyar decididamente las experiencias de desarrollo comunal y local en el mundo rural que han utilizado creativamente la tecnología y la cultura para progresar.

Por otro lado, el Fenómeno del Niño en el 2016 no ha sido muy fuerte y dramático para el país como se temía el año 2015. Si bien sus efectos han tenido consecuencias lamentables en varios departamentos en daños materiales y pérdida de vidas humanas, también ha permitido el incremento de reservas de agua debido a las mayores lluvias. Y el agua es hoy un elemento fundamental del desarrollo, tanto para la población como para la producción.

La decepción frente al “modelo económico” y la búsqueda de un cambio con justicia

Finalmente, cabe señalar que la decepción de la gente con respecto al estilo o tipo de desarrollo económico que ha tenido el país desde los años 90 es grande y creciente. Una de las principales insatisfacciones es la referida a los servicios públicos, sobre todo a los que brinda el Estado. Porque también existen otros servicios que ofrece el sector privado como el transporte, la educación privada o la salud privada, con los cuales la población también está mayormente insatisfecha. Este hecho puede ser corroborado si acudimos a la encuesta publicada en este primer trimestre de 2016 por Pulso Perú de la empresa Datum, donde se pregunta por la satisfacción con el llamado “modelo económico” imperante los últimos 25 años.

La decepción se halla presente hasta en los niveles socioeconómicos de más altos ingresos del país. El resultado es que “solo el 3% del segmento socio económico A/B cree que el actual modelo económico debe mantenerse igual, mientras que un contundente 95% considera que se le debe introducir alguna modificación y hasta un cambio radical… Los niveles observados en el segmento más alto no son muy diferentes del promedio nacional. El 91% de peruanos considera que se le debería introducir algún tipo de modificación al modelo económico o un cambio total, mientras que solo un 3% cree que se debe mantener como hasta ahora”[2].

Saber leer lo que quiere la población es un acto de racionalidad política, pero sobre todo se trata de realizar un acto de justicia con la población pobre para que supere su situación; y con la que ha salido de la pobreza, la cual ya no quiere regresar a la miseria y más bien quiere seguir progresando. La lucha por no retroceder en lo poco que se haya conquistado y que ha costado “sangre, sudor y lágrimas” a las familias peruanas; y por tener desarrollo y seguridad humana en el país, será el principal desafío que va a encontrar el nuevo gobierno.

[1] Comisión Económica para América Latina y el Caribe

[2] Diario Gestión, 22-03-2016


Ismael Muñoz Portugal

Investigador en temas de desarrollo, economía política, acción colectiva, recursos naturales, pobreza y políticas sociales. Profesor principal del Departamento de Economía; y miembro del Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.




Los primeros Cien Días de PPK

pag-04-06-aSe puede decir que el Ejecutivo tuvo éxito al conseguir el voto de confianza y la delegación de facultades del Congreso, pero aunque muchos esperábamos que los tuvieran listos, todavía no han salido los decretos, salvo el incremento a 4% del drawback[1], muy criticado por considerarse mercantilista, y la anunciada, pero todavía no materializada, rebaja de 1% del IGV, sobre la que muchos economistas han expresado dudas porque consideran improbable que esta vaya a dar al bolsillo del consumidor y creen que es más factible que se quede en el camino. La reactivación del Consejo Nacional del Trabajo tiene el problema de no incluir al sector informal, pero es un paso adelante.

La lista de logros que publicó el gobierno adelantándose a los cien días muestra la intención de rendir cuentas, lo que es de por sí loable. Algunos son más importantes que otros, pero causan la impresión de ser muy puntuales y no de obedecer a un proyecto mayor. Se enumeran, pero no se indica si corresponden al Plan de Gobierno y a las promesas electorales, aunque esto es obvio en las obras de agua y saneamiento y el destrabe de proyectos. Idealmente, lo que debería publicarse es la lista de objetivos con fechas (aunque sea aproximadas) y sus paulatinos logros que podrían ser trimestrales o semestrales, originalmente. Aunque es más difícil y complicado hacerlo a nivel nacional, el equipo de profesionales que tiene este gobierno permitiría una planificación de corte empresarial en que hubiera objetivos de corto, mediano y largo plazo.

En mi opinión, ha sido un acierto mantener a Saavedra como Ministro de Educación a pesar de las críticas del Apra y el fujimorismo que quieren vengarse del régimen anterior, porque el primero lo hace responsable de su pobre votación y el segundo de no haber ganado la elección. Para estos dos partidos este gobierno tendría que romper con el anterior y no dejar vivo a nadie que haya trabajado con él, lo que es por demás absurdo, porque si bien tuvo defectos y cometió muchos errores no ha sido lo malo que nos quieren hacer creer algunos sectores. El aprismo no tiene autoridad moral para decir que ha sido el peor gobierno de la historia si recordara el primero de García, y el fujimorismo tampoco está en buen pie después de los descalabros del suyo, aun cuando haya quienes quieran atribuirle méritos que no tiene.

Si bien todavía no podemos hablar de resultados, parece que Pedro Pablo Kucynski (PPK) y su equipo tiene claro que los esfuerzos hay que ponerlos en salud y educación, además de la disminución de la pobreza. Sobre esto último es de rescatar la prioridad que se ha puesto a la dotación de agua y saneamiento a las poblaciones más necesitadas. El obstáculo es que los dos ejes (salud y educación) son apuestas de largo plazo y las políticas que se apliquen tendrán resultados en varios años, quizá después de este gobierno e incluso del siguiente. Lo importante es dejar bien establecido, convenciendo a la población, que ese es el camino al desarrollo y tal cosa requiere que se fijen metas. Se trata de construir una escalera e ir informando a la sociedad civil de los resultados, incluyendo las dificultades y fracasos. La honestidad del mensaje es lo que llevará a que la gente les crea y que el nivel de aprobación sea alto. Esto pasa por un liderazgo que rompa con los estilos del pasado y sea capaz de comprometer a los peruanos con un proyecto en el que creamos, en vez de tratar de engañarlos como ha ocurrido hasta ahora con pocas excepciones. Esto es en especial válido en este gobierno que tiene en la oposición al fujimorismo con mayoría parlamentaria y que ya tuvo sus primeros tropiezos.

Otros dos aspectos primordiales son la seguridad y la corrupción. En el primero tenemos embarcado al ministro Basombrío, quien parece tener las mejores intenciones, pero está obligado a pasar primero por una reforma de la Policía, que no será fácil y tomará tiempo, además de estar vinculada a la corrupción que ha penetrado la institución policial como lo han mostrado los casos en que se ha encontrado a policías actuando como delincuentes y otros en que las adquisiciones institucionales, como los vehículos patrulleros, han sido seriamente cuestionadas. Algunos signos son las primeras capturas, la desactivación de bandas, el sistema de recompensas y la propuesta de la ‘muerte civil’. Sin duda, la modernización de las comisarías y de la policía en general puede ayudar en la lucha contra la delincuencia, pero eso no ocurrirá mañana. Hay que tener presente también que la delincuencia tiene una relación directa con la pobreza y la educación y que, así como avancemos en ambas, estaremos atacando a una de sus causas principales. Sin embargo, todo esto tomará tiempo y no poco.

Derrotar a la corrupción es un proceso muy complejo, porque la tenemos enquistada culturalmente. PPK ha propuesto con acierto incluir al sector privado en la sanción con la ‘muerte civil’ en los casos de corrupción. Como lo he sugerido en otro artículo[2] el sector privado, haciendo eco a la propuesta presidencial, debería hacer el compromiso de negarse a pagar coimas y a denunciar cuando se las piden, además de sancionar gremialmente a quienes incurran en prácticas corruptas, para lo que deberían crear equipos de investigación. Tanto que se predica la auto-regulación, esta sería una forma de practicarla. Será difícil, porque siempre habrá quien pague sobornos, pero si se hace causa común muchos de estos casos saldrán a la luz y poco a poco desanimaremos a los funcionarios públicos de pedirlas y al sector privado de pagarlas. Eso implica incrementar poco a poco los sueldos del sector, en especial de la Policía y del Poder Judicial. La dificultad está en que, como las anteriores, también son tareas de largo plazo. La Reforma Judicial es asimismo urgente, mas se viene postergando desde hace mucho tiempo.

En cuanto a problemas de este gobierno, ha tenido algunas metidas de pata como la declaración de ‘jalarse congresistas fujimoristas’, pero ha tenido especial resonancia el caso Moreno, porque ha salido a luz la punta del iceberg de la corrupción. Me cuento entre quienes creen que probablemente hay muchos Moreno en la administración pública y éste es el que han descubierto casi por casualidad. Lamentablemente, la mayor parte de personas que se involucran en política lo hacen para medrar. El otro hecho problemático ha sido el de la protesta en Las Bambas, del que ha resultado un muerto y que ha desnudado la necesidad de tener un equipo más eficiente, pero sobre todo preventivo, para enfrentar los conflictos sociales. No sé si ya se pueda hablar del fin de la ‘luna de miel’, pero la aprobación de PPK ha bajado y tal cosa es perjudicial, como ya he señalado.

El inconveniente que veo en esta administración es una cierta carga economicista; es decir, la sensación de que los problemas se solucionaran si logramos volver a crecer a las tasas de la década pasada, cuando los precios internacionales de los minerales eran altos. Y si bien es cierto que la economía es importante, hay otros factores que no deben descuidarse. La educación en valores, la prédica con el ejemplo de la honestidad y la sanción y persecución a las personas que infrinjan la ley, sin límites y preferencias, son algunos de ellos.

Es necesario que el gobierno no solo invierta en programas sociales, sino que logre que los sectores más pudientes se comprometan con obras y proyectos que busquen eliminar la pobreza extrema. Esa absurda separación que se pretende hacer, sosteniendo que el objetivo del empresario es exclusivamente hacer rentable su compañía y pagar sus impuestos, omite que a todos nos conviene que nuestro país sea desarrollado en el más breve plazo, y eso de repartir las responsabilidades por estancos olvida que el hombre es por definición un ser social y que su realización individual pasa por la de la sociedad en que vive. El verdadero liderazgo es del que predica la solidaridad con el ejemplo. La afirmación de que podemos tener por cumplidos nuestros deberes con solo pagar los tributos que nos corresponden es un proceder mínimo, que bien puede ser complementado con actividades y obras a las que ninguna ley nos obliga, salvo nuestra propia humanidad, que debería hacer imposible que veamos con pasividad la pobreza y frustración de muchos de nuestros compatriotas.

[1] Régimen Aduanero que permite la devolución, total o parcial, de los derechos arancelarios. [N.E]
[2] ‘Los corruptores’ publicado por la Revista Ideele N° 263 el 8 de septiembre de 2016. http://www.revistaideele.com/ideele/content/los-corruptores


Alonso Núñez del Prado Simons

Magíster en Derecho de la Integración y en Derecho Constitucional. Master of Business Administration (MBA), graduado en Lingüística y Literatura, Filosofía. Fundador y director ejecutivo del Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno. Profesor universitario, árbitro de la Cámara de Comercio y conferencista. Presidente y director de varias entidades del sistema asegurador