Candidatos piuranos: muy poca luz al final del túnel

A pocas semanas de vencerse el plazo para que los partidos políticos que participarán en las elecciones generales del 10 de abril de 2016 elijan a sus candidatas y candidatos al Congreso de la República, el panorama electoral en la Región Piura aún no está definido. Siete congresistas le corresponden al distrito electoral de Piura, muchos nombres se vocean para tentar una curul, pero nada es oficial.

Una es la vicepresidenta Marisol Espinoza Cruz, ex integrante del Partido Nacionalista, quien dice definirá con sus bases de la Región Piura –productoras (res) agropecuarios que la apoyaron en sus anteriores campañas- con qué partido postulará al Congreso en el 2016. Sin embargo, ya se vocea que irá por Piura, con el número 01, en el partido Alianza Para el Progreso de César Acuña Peralta.

En el Fujimorismo, Juan José Díaz Dios ha presentado su carta de renuncia a la bancada de Fuerza Popular ante la denuncia de violencia familiar en la que se vio envuelto y está a la espera del dictamen de la Comisión de Ética del Congreso. Díaz era uno de los voceados para la reelección, ahora su futuro político es poco claro. Otro fujimorista que tentaría una curul es el comunicador y empresario Felix Chang Apuy, ex candidato a la alcaldía de Piura.

En los predios del Partido Aprista los precandidatos que empiezan a aparecer son  Adela Córdova Alcarazo, quien se desempeñó como jefa del PRONAA – Piura, y el ex presidente regional (2003 – 2010), César Trelles Lara. Ha sorprendido a propios y extraños que el militante aprista y actual presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Alto Piura, Teddy Ubillús Olemar (quien el 18 de octubre último fue elegido delegado para la Convención Nacional del APRA en representación de la provincia de Morropón) anunciara días después, a través de las redes sociales, su postulación al Congreso en las filas de Alianza Para el Progreso.

Por otro lado, el ex congresista y ex militante aprista, Jhonny Peralta Cruz, ha descartado a través de las redes sociales su postulación al Congreso, señalando que seguirá en el fortalecimiento de su movimiento regional Seguridad y Prosperidad, con miras a las elecciones regionales 2018.

Para las fuerzas sociales de izquierda, la elección de precandidatos se torna más complicada porque no se vislumbran fuerzas de izquierda en la Región. Tal vez le toque hacer alianza con movimientos regionales o líderes gremiales que apuesten por este pensamiento político.

En cuanto a los movimientos regionales, hasta la fecha ninguno plantea alianzas con algún partido político nacional para presentar candidatos congresales. Tampoco se vislumbra que vaya a cambiar el bajo nivel de concertación y coordinación que existe actualmente entre la representación parlamentaria nacional (Partido Nacionalista, Fuerza Popular y Perú Posible) y la representación regional (05 Consejeros de Unión Democrática del Norte, 01 de Fuerza Regional, 01 de Región para Todos y 01 de Fuerza Popular). Poco o nada son los logros alcanzados por las y los congresistas y el actual Gobierno Regional. En lugar de exhibir sinergias y articulación entre ambos niveles de gobierno, en estos días el gobernador Reynaldo Hilbck y los legisladores piuranos se lamentan porque el presupuesto para inversión pública en Piura sería recortado en 100 millones de soles.

Ante este panorama, las candidaturas están poco claras y mucho más el debate de ideas. Sin embargo, lo que debiera merecer la preocupación de los candidatos y candidatas piuranos al Congreso de la República es la legislación y gestión de los siguientes problemas: reducción de la pobreza en la serranía piurana, dotación de médicos para los hospitales ya instalados y los que construirán en las provincias Ayabaca, Huancabamba y en el asentamiento Los Algarrobos (ya con financiamiento aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas). También medidas para frenar las muertes maternas; para detener la amenaza de epidemias latentes como el dengue, que este año mató a 22 personas; gestión para remontar los problemas derivados del recorte del canon petrolero, producto de la caída de los precios internacionales; para erradicar la minería informal, de la que viven unas 12 mil personas; y el diseño de políticas agrarias que beneficien a los miles de agricultores dedicados a la pequeña agricultura.

Esperemos que la calidad de los candidatos y candidatas al Congreso de la República, nos dejen escuchar este tipo de propuestas y no los clásicos “caballitos de batalla”, como el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura, la inseguridad ciudadana o medidas populistas dirigidas a grupos electorales descontentos.


María del Rocío Farfán Manrique

Integrante del Equipo de Género de Cutivalú (Piura)




Arequipa pre electoral

Tras haber vivido un conflicto de 4 meses, si se incluye el periodo que la provincia de Islay vivió bajo un régimen de excepción, por la oposición al proyecto Tía María, el proceso electoral de 2016 encuentra a la ciudad polarizada y con una agenda regional que los candidatos deberán tomar en cuenta.

El conflicto por Tía María marcó un antes y un después en la historia política de la ciudad. Prácticamente todos los sectores y agrupaciones acabaron tomando partido y enconadas discusiones -vía redes sociales- involucraron a cientos de personas.

El conflicto no ha tenido un desenlace claro, solo ha entrado en una etapa de silencio y expectativa, a la espera que un nuevo gobierno decida el destino final del proyecto minero, algo que el presente régimen no ha podido definir.

Otro factor que ha generado incertidumbre es la baja de las transferencias por canon minero que experimentaron los gobiernos locales y el gobierno regional en el presente año. Adicionalmente a la disminución del precio de los metales que exportan las empresas mineras locales, el gobierno nacional ha “recentralizado” diversas competencias y, con ello, recauda en Lima. El canon, en promedio, ha disminuido en cerca de 50% respecto a las transferencias del 2012.

Partidos nacionales y Movimientos regionales

La situación política en la región también tiene varios puntos a tomar en cuenta en el proceso electoral próximo. En las elecciones regionales y municipales de 2014 se impusieron en las urnas los movimientos locales, mientras los partidos de alcance nacional tuvieron una presencia insignificante.

La presidencia del gobierno regional, hace 8 años, estaba en manos del movimiento Arequipa, Tradición y Futuro que, con una nueva cabeza, volvió a ganar en 2014 por 4 años más, en la persona de la hoy gobernadora Yamila Osorio.

La alcaldía provincial de Arequipa está en manos del movimiento regional Arequipa Renace, cuyo cabeza, el alcalde Alfredo Zegarra ha sido reelegido para un periodo de 4 años más. Antes, el alcalde fue del Partido Nacionalista, pero esto fue una excepción en el panorama electoral municipal.

Arequipa Renace es el movimiento más fuerte a nivel provincial, pues lleva dos periodos prácticamente arrasando con las alcaldías distritales. En otros casos, son movimientos distritales los que, en su mayoría, han estado ganando las elecciones, atomizando la actividad política.

En elecciones nacionales, como las que se avecinan, estos movimientos suelen aceptar alianzas con los partidos nacionales que ofrecen grandes recompensas de llegar al gobierno. Este fue el caso del Partido Nacionalista que, en las dos elecciones anteriores, concretó una alianza con Arequipa Tradición y Futuro. El APRA también se presentó en alianza con un movimiento regional en los comicios regionales, sin suerte.

No es el caso del fujimorismo, pero sí es práctica común en otros partidos como Solidaridad Nacional, el PPC o Acción Popular, que buscan presencia en provincias convocando personalidades locales que no necesariamente son militantes de sus partidos.

Recientemente, el partido que más alianzas ha ofrecido y concretado con los movimientos regionales es Alianza para el Progreso, de César Acuña, que como en otras regiones del país ha asegurado sólidas coaliciones con los políticos de provincias, como es el caso de los líderes de Arequipa Tradición y Futuro, además de otros movimientos provinciales y distritales.

Otra alianza que está por sellarse es la del partido PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, con el movimiento Arequipa Renace, que tiene un sólido aparato partidario en la región.

La agenda regional

El sentido de la resolución del conflicto por el proyecto minero Tía María será central en el debate electoral que se aproxima. Representantes de la izquierda, como el Frente Amplio y UDP, que han visitado la región, ya han expresado sin ambages su apoyo a los agricultores que se oponen a la actividad minera.

De otro lado, las heridas que dejó el enfrentamiento durante la paralización en el valle de Tambo (entre marzo y mayo de este año) y la violencia que se desató después, han dejado huellas que se expresan, por ejemplo, en el rechazo al antes popular congresista Juan Carlos Eguren, identificado hasta hace poco con demandas locales a pesar de pertenecer a un partido centralizado como el PPC, pero cuya clara opción a favor de la empresa minera le ha generado ácidas críticas y rechazo popular.

En el mismo sentido está el nacionalismo y la “traición” que se atribuye al presidente Ollanta Humala y sus partidarios, al haber variado su posición respecto a sus ofrecimientos de campaña con relación a la minería. Tal sería la razón por la que ningún congresista nacionalista ha confirmado su postulación a la reelección que aparece muy difícil.

La candidata Keiko Fujimori, sorpresivamente, también se ha manifestado en favor de atender el pedido de los agricultores del valle de Tambo, lo que da cuenta que ningún candidato podrá evadir el tema durante la campaña, como tampoco podrá hacerlo el ganador a la hora de llegar a un definición en torno a este complejo problema socioambiental.


Mabel Cáceres Calderón

Periodista. Directora de “El Búho”, revista y diario digital de Arequipa que toca temas sobre política y cultura.




Cambios y oportunidades en Puno

Un año después de realizarse las elecciones regionales en todo el país, el gobierno peruano ha oficializado la convocatoria a las elecciones generales fijando el 10 de abril del 2016 como fecha para la votación presidencial y congresal[1], aunque ya desde meses atrás políticos y políticas de los distintos partidos han venido visitando Puno y sus diferentes provincias con el afán de darse a conocer y lograr el favor del casi millón y medio de habitantes de una región que, más allá del número de votantes[2], presenta una serie de particularidades sociales, económicas y políticas que son vistas desde la capital como si se tratara de la Última Frontera.

En efecto, se puede retratar a Puno a través del contrabando, que como bien se sabe es un elemento estructural en la economía del altiplano; de la minería ilegal, que ocupa amplios territorios de la zona norte y viene provocando un desastre ambiental; del narcotráfico, que impulsa el sembrío de la hoja de coca en los valles selváticos de San Gabán e Inambari; de los conflictos sociales y sus secuelas de violencia, que cada cierto tiempo ocupan las primeras planas de los medios de comunicación; o de los discursos políticos de carácter étnico que algunos dirigentes aymaristas enarbolan buscando protagonismo y liderazgo.

Sin embargo, una lectura que sólo tenga en cuenta dichos elementos deja de lado una serie de aspectos que dan cuenta de las grandes transformaciones que ha vivido la región durante los últimos años.

A nivel político es indudable la consolidación de un nuevo sector de políticos campesinos que, desde mediados de los años 90, ha ido ocupando la mayoría de altos cargos a nivel local y regional, tal como lo demuestra una rápida mirada a los últimos presidentes regionales: Hernán Fuentes, abogado nacido en el distrito de Asillo; Mauricio Rodríguez, abogado y periodista nacido en Macusani; y Juan Luque, contador nacido en una comunidad campesina de Azángaro. Y lo mismo puede decirse de los actuales alcaldes de Juliaca y Puno, también nacidos en el seno de familias campesinas de la zona rural.

Pero el origen campesino de estos nuevos políticos no lo es todo, sino que también representan a esa clase profesional puneña que desde la década de los años 70 tuvo acceso a la formación universitaria –en particular gracias al funcionamiento permanente de la Universidad Nacional del Altiplano y la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez– y ha logrado éxito electoral y prestigio, marcando el camino a cientos de jóvenes puneños que salen de las aulas escolares cada año e ingresan a los salones universitarios que acogieron tiempo atrás a las principales autoridades de la región.

Por otro lado, la dinámica económica, cuya mejor expresión es el movimiento comercial en Juliaca, no sólo se explica por la presencia de las economías ilegales, sino también es resultado del trabajo de las miles de pequeñas empresas que operan en esta ciudad, desde donde proveen los mercados del sur del país y parte de Bolivia. Al mismo tiempo, la migración puneña hacia Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna y Lima otorga nuevos espacios y oportunidades a las familias puneñas, que aprovechan la mejora sustantiva de las vías de comunicación para movilizarse y ampliar sus redes comerciales.

También resulta relevante la movilidad interna que ha ido configurando una sociedad que va más allá del campo, tal como lo evidencia el crecimiento demográfico de las ciudades capitales de provincia y distrito, pero sobre todo de los centros poblados, que bien podrían ser calificados como el rostro urbano de las comunidades campesinas. Este escenario exige respuestas que vayan más allá de las tradicionales soluciones agraristas, y más bien es necesario implementar medidas que permitan atender nuevas demandas vinculadas al acceso y mejora de los servicios públicos.

Como se ve, abordar la complejidad política y social puneña y enfrentar los problemas que trae consigo –cuya gravedad es retratada trágicamente por la injusta muerte de decenas de niños cada año a causa del friaje– requiere mucho más que promesas improvisadas o planes de gobierno que luego son dejados en el olvido. Lo peor que podrían hacer quienes aspiran a gobernarnos es dejar que persista la debilidad e indolencia estatal, ya que esta solo será aprovechada por quienes lucran con la informalidad y la economía ilegal.

[1] Decreto Supremo 080-2015-PCM
[2] Según Infogob, para las elecciones del 2014, la población electoral de Puno fue de 841046 electores.


Paulo Vilca y Paul Chata

Investigadores del Instituto de Estudios SUR.




La Sociedad Civil frente a las Reuniones Anuales del BM y el FMI

En el mes de octubre se realizó en Lima la Reunión Anual de las Juntas de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), para las cuales, tanto el BM como el FMI se estuvieron preparando desde meses atrás. Su estrategia fue evidenciar su rol en la reciente historia del “crecimiento” del Perú. Vale la pena señalar que el BM y el FMI movilizaron, previo a las reuniones, a parlamentarios y funcionarios públicos para mostrar lo que el buen alumno peruano había aplicado en los últimos 25 años.

No obstante, es falaz señalar que el crecimiento del Perú se debe a la aplicación de las recetas del Consenso de Washington y al apoyo técnico de estas instituciones. No podemos negar la capacidad de influencia de estas instituciones en la región –más ahora en los países que se habían alejado, como los llamados países “progresistas”-. Lo cierto es que el ciclo o boom del precio de los metales hizo que los índices macroeconómicos del Perú crecieran, más que las condiciones estructurales de la economía peruana, en casi la última década.

En todo caso, es discutible afanarse en ello, porque este modelo también tiene problemas, como la acentuada desigualdad, el carácter asistencialista, el grado de corrupción, la baja calidad de la ciudadanía y los conflictos socioambientales en los proyectos extractivos del país.

Frente a un posible acto pomposo –que oscureciera los problemas sustanciales del modelo peruano–, la sociedad civil peruana articuló una agenda crítica y propositiva con el objetivo de mostrar hacia dónde debe orientarse la reforma del mercado internacional y las economías extractivistas como el Perú. De hecho, las acciones desarrolladas en el evento alternativo (realizado al mismo tiempo que las reuniones del BM y del FMI) tuvieron como finalidad hacer notar la visión crítica de la sociedad civil bajo el lema “Desmintiendo el Milagro Peruano”[1], frente a lo que el Gobierno peruano quería demostrar en este evento internacional. Es claro que la crisis económica internacional y la peruana –por la recesión y la reducción del crecimiento chino– deben hacernos reflexionar sobre los problemas de fondo.

Era de preverse que este encuentro internacional se convierta en una ceremonia pomposa, a pesar de haber sufrido hace 7 años la mayor crisis económica internacional de la historia, olvidándose de su responsabilidad y de las del sector privado, gobiernos. La agenda era clara: vender el caso peruano como si hubiera sido planeado por ellos. Pero la crítica y las contradicciones del modelo son tan evidentes que, en plena reunión, el FMI bajó la expectativa de crecimiento del Perú a 2,4% de su PBI (2015).

Algo que no gustó al Gobierno peruano, pero era claro que debía ser puesto sobre la mesa, fueron los conflictos socioambientales, como los casos mineros Tía María y Las Bambas; además de la campaña comunicacional desarrollada por la Plataforma Alternativa frente al BM y el FMI, que trató de balancear lo celebratorio del evento versus lo que ocurre en el modelo peruano.

El mayor logro de esta Plataforma fue organizar los mensajes críticos y las propuestas, alternativas a las recetas económicas imperantes: diversificación productiva, fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, respeto a los derechos indígenas y laborales de diversos sectores, y una mayor inversión en la gestión que garantice que la inversión pública o privada sea sostenible, equitativa. Todo ello se consolidó en un fórum alternativo que reunió a más de 2500 personas.

Con una asistencia aproximada de 50 personas, las mesas de trabajo del evento alternativo abordaron las temáticas relacionadas con derechos humanos, estándares ambientales y sociales, fiscalización y transparencia, cambio climático, derechos indígenas, industrias extractivas, etc. Mientras en el Civil Society Policy Forum de la reunión oficial del BM y FMI, el nivel de participación fue muy bajo. Sin duda, el BM y el FMI deben reformular cómo se relacionan con la sociedad civil.

Para el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI)[2], los eventos paralelos en Lima pueden ser hitos de inflexión con respecto a la incidencia hacia estas instituciones financieras internacionales[3]. Es claro que la sociedad civil global debe reflexionar sobre sus estrategias de incidencia porque estamos perdiendo la batalla frente a las reformas de estas instituciones.

Primero, debemos acompañar el lobby de café con la movilización social, que alimente una crítica y legitime las propuestas que sabemos pero no escucha el BM ni el FMI. Segundo, debemos crear un marco integral de incidencia en la agenda de la sociedad civil, dividida ahora en batallas en puro lenguaje, como en LGTB, derechos humanos, medio ambiente, derechos de niños y derechos de las personas con discapacidad, etc. Tendremos victorias en el lenguaje de los futuros estándares para las inversiones, pero en asegurar el capital sostenible o equitativo hemos casi perdido la batalla. No podemos contentarnos con logros sectoriales, debemos ser solidarios pensando a futuro en todos los problemas que traerá el nuevo modelo de desarrollo.

La presentación del caso de Máxima Acuña[4] en la reunión con los directores ejecutivos del BM fue un mensaje que reclamaba cambios en estas instituciones financieras internacionales, pues si quieren ser parte de los cambios de América Latina, deben responder a un enfoque de derechos humanos y de sostenibilidad.

El evento alternativo contó con expositores internacionales que dejaron mensajes políticos sobre el rol y equívocos del BM y el FMI. Hugo Arias, Eric Toussaint y María Lucía Fatorrelli presentaron un diagnóstico del modelo de dependencia económica de nuestros países (endeudamiento frente al FMI). Fattorelli dejó una tarea para la sociedad civil de la región: cómo articular el financiamiento climático con el análisis más profundo de la Auditoria de la Deuda, que pasa de lo económico y se traslada al gasto público de diversos sectores (salud, educación, ambiental, etc.).

En su sesión de clausura, el evento contó con la presencia del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, los economistas Óscar Dancourt (Perú) y Martín Guzmán (Argentina). El Nobel terminó por sentenciar la fanfarria que pretendió realizarse en Perú: hubo un crecimiento económico en Perú en la última década, y el Gobierno peruano, elites políticas y grupos económicos no hicieron nada por invertir beneficio en el país, en su pueblo, en términos de su capital humano, sus jóvenes. Ahora nos toca llorar por los platos rotos. Seguiremos llorando si nuestra clase política no toma conciencia de ello y asume también los costos.

Finalmente, contamos con una nueva generación de actores sociales, de jóvenes que vienen participando en la construcción social y política del Perú. Fueron ellos quienes principalmente organizaron el Fórum Alternativo. A los mayores, los más experimentados, nos tocará como decía el intelectual peruano González Prada, dar un paso al costado y asumir un rol de acompañamiento al nuevo liderazgo de la juventud peruana que se viene expresando en diversos campos. Esperemos que esta juventud de la sociedad civil, honesta y coherente, pueda guiarnos a un mejor modelo de desarrollo.

[1] Organizado por la Plataforma Alternativa frente al BM y el FMI ( http://plataformalternativa.com), e integrada por diversas instituciones, entre ellas: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Comité Juvenil, el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, Latindadd, ANC, Foro Salud, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. [N. del E.]
[2] Integrado por cuatro organizaciones de la sociedad civil de la región de América Latina y el Caribe (ALC): Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), Colombia; Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, México; y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Argentina. [N. del E.]
[3] http://grefi.info/es/cual-es-el-futuro-de-las-politicas-sociales-y-ambientales-para-la-region-grefi-establece-desafios-tras-las-reuniones-anuales-del-bm/
[4] Máxima Acuña, una mujer campesina de Cajamarca, se ha enfrentado  legalmente a la minera Yanacocha por la defensa de sus tierras: https://lamula.pe/antologias/f6760a32afec4ddcad50561339052230 [N. del E.]


César Gamboa Balbín

Director Ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, organización civil que contribuye al desarrollo del país a partir del manejo y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y la gestión del medio ambiente en la Amazonía.