Lima sin agua: Desigualdades sociales y amenazas ambientales en la capital

Alrededor de 1 millón 700 mil personas viven sin acceso a la red de agua potable en Lima, y casi 4 millones y medio en todo el Perú.

El Estado está invirtiendo importantes recursos a través del Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 para cerrar esta brecha de desarrollo humano. El compromiso oficial ha sido disminuir las diferencias de cobertura urbana para este año 2021. ¿Qué tanto se habrá logrado avanzar, en medio de las sucesivas crisis políticas, la pandemia y la crisis económica? Seguramente las cifras oficiales consolidadas para el cierre de año mostrarán que este objetivo aún estará pendiente. Por ejemplo, uno de los grandes proyectos de agua en Lima, el proyecto Nueva Rinconada que busca beneficiar a más de 200 mil habitantes de Lima Sur, recién ha obtenido su buena pro en abril de este año, al mismo tiempo que culmina el Plan Nacional de Saneamiento.

Sin embargo, además de la inversión en infraestructura necesaria, hay dos aspectos de los que no se habla tanto cuando se trata de agua potable: la desigualdad, y la sostenibilidad. El acceso a este recurso refleja las desigualdades sociales existentes y, al mismo tiempo, está amenazado por diversas actividades que ponen en riesgo el abastecimiento de agua limpia para la capital.

Veamos en primer lugar el tema de las desigualdades. Como es evidente, la brecha de acceso a conexiones de agua segura es sufrida por la población más pobre de la ciudad. Aquella que habita en condiciones precarias en los barrios más periféricos, en especial en las laderas de los cerros donde las condiciones físicas hacen que sea especialmente compleja y cara la infraestructura necesaria para extender la red de tuberías. Cualquiera que camine por las partes altas de los asentamientos humanos de Lima un día domingo por la mañana encontrará decenas de pueblos trabajando colectivamente en la construcción de muros de contención y otras habilitaciones necesarias para gestionar los expedientes de los proyectos de agua potable.

Pero el consumo de agua también es claramente desigual, incluso en los sectores que ya tienen instalada una conexión domiciliaria a la red de agua. Por ejemplo, en San Isidro, el distrito más acomodado de la capital, el consumo por persona al día es de casi 350 litros (con datos al 2017); mientras que en el otro extremo se encuentran Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo, con un consumo en torno a los 70 litros diarios per cápita. Cabe señalar que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo recomendado para un individuo es de unos 100 litros al día. Esto significa que, mientras en los sectores más pudientes se consume hasta tres veces más agua de lo necesario, en los distritos populares se consume en promedio menos agua de lo recomendado. Debe existir un conjunto de explicaciones para estas diferencias, pero es imposible no pensar que factores como las piscinas, un mayor tiempo dedicado a la ducha o una mayor cantidad de ropa por lavar (así como la posesión de lavadoras) influyen en ello. Así pues, las brechas en el consumo de agua reflejan las desigualdades sociales.

Una desigualdad que pocas veces se visibiliza es la relacionada al género. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en los hogares sin conexión de agua potable, la responsabilidad de salir del hogar para conseguir este recurso vital recae mayoritariamente en las mujeres. Así, la falta de agua potable en el domicilio implica -por la cultura patriarcal que hace recaer en las mujeres las labores domésticas asociadas al agua, como la cocina, el lavado de la ropa y la limpieza del hogar- un mayor tiempo y esfuerzo dedicado por las mujeres y niñas, en comparación a los varones y los niños. Así pues, el agua también refleja la inequidad de género.

Ahora bien, el otro aspecto clave es el de la sostenibilidad ambiental y la calidad del agua en Lima. Aproximadamente, las tres cuartas partes del agua que se consume en la capital provienen del río Rímac. En especial, de las obras de trasvase de las aguas de la vertiente oriental de los Andes que transportan agua hacia la cuenca del río hablador. Las aguas del Rímac están contaminadas por una serie de actividades y factores, incluyendo aguas residuales de los centros poblados, vertimientos de agrotóxicos provenientes de la agricultura, y los vertimientos de la minería, así como los pasivos mineros que se encuentran a lo largo de toda la cuenca. Sedapal se ve obligado a gastar importantes recursos en potabilizar un agua que viene cargada de elementos contaminantes.

Por si fuera poco, la propia infraestructura hídrica construida por el Estado peruano a lo largo de décadas está en riesgo por un proyecto minero que se ubica precisamente en la zona de Marcapomacocha, donde se encuentra el túnel trasandino Cuevas Milloc. Este túnel es una pieza clave del sistema de abastecimiento de agua potable para Lima, y el Estado ha invertido sucesivamente en su ampliación para garantizar el cierre de las brechas de acceso al agua. Pese a ello, el propio Estado -en una muestra más de su disfuncionalidad e incapacidad de planificación- ha autorizado la construcción del proyecto Minero Ariana, cuyos componentes se superponen al área de bofedales y lagunas que generan el agua que se trasvasa hacia Lima. Más aún, el depósito de relaves de esta mina se encontraría a menos de 200 metros del túnel trasandino. Ante ello, las condiciones geológicas podrían ocasionar que, ante un eventual movimiento sísmico, la presa colapse y los residuos tóxicos se filtren y contaminen el agua. Así lo sugieren informes técnicos de la propia Sedapal, la empresa Enel y del perito internacional Steven Emerman en un informe elaborado a solicitud de las instituciones CooperAcción y EarthWorks.

¿Cómo es posible que el propio Estado autorice un proyecto de esta naturaleza, en la misma cabecera de cuenca que abastece de agua a 10 millones de personas en la ciudad capital del país? La ausencia de planificación y ordenamiento territorial, la inexistencia de políticas públicas para la protección de las cabeceras de cuenca y ecosistemas generadores de agua, y las debilidades del sistema de evaluación de impactos ambientales son factores que explican esta situación, a todas luces, absurda. Cabe señalar que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no se pronunció -en su opinión técnica durante la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)- sobre los eventuales impactos del proyecto en el túnel trasandino, y que la empresa de agua de Lima, Sedapal, se pronunció en contra. Asimismo, como la empresa consultora que elaboró el EIA no incluyó a la población de Lima dentro del área de influencia del proyecto, esta no ha podido participar en los mecanismos de participación ciudadana dando su opinión sobre el mismo.

Actualmente, el proyecto Ariana se encuentra detenido gracias a una acción de amparo presentada por un grupo de ciudadanos de Lima con el apoyo legal de CooperAcción y el Instituto de Defensa Legal. Se espera que la jueza Rocío Rabines, del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte de Justicia de Lima, se pronuncie en cualquier momento; pues ya han tenido lugar tres audiencias donde la empresa, el Estado y los demandantes han presentado sus argumentos.

El túnel transandino Cuevas Milloc, ubicado en la zona de Marcapomapocha en Junín, se encuentra en riesgo debido a la construcción del proyecto minero Ariana

Hemos querido mostrar en este artículo que las brechas de acceso al agua en Lima, harto conocidas, no pueden ser miradas únicamente como brechas de infraestructura o de inversión; sino que deben ser vistas también a la luz de las desigualdades sociales y de una planificación territorial que garantice la sostenibilidad en el abastecimiento del recurso. La perspectiva social y ambiental no pueden estar ausentes de los esfuerzos del país por lograr el cierre de estas brechas.

 

 

Invierno 2021


Paul Maquet

CooperAcción




Selva, salud y medio ambiente

Es indudable que existe una relación directa entre el medio ambiente y la salud; así como que el concepto de salud y ambiente que propone el modelo económico-político imperante a nivel mundial difiere sustancialmente del que sustentan los pueblos indígenas. En la mayoría de las lenguas que hablan estos pueblos aparecen los términos de enfermedad, malestar, padecimientos, pero no específicamente el de salud.

Cuando pensamos en la selva, la imagen que aparece frecuentemente ante nuestra mente es la exuberancia de la naturaleza, la abundancia de sus ecosistemas, la diversidad y riqueza de sus culturas; pero también aquellas causas que la destruyen: la extracción de oro y petróleo, la tala indiscriminada de árboles para la obtención de madera, o la plantación de monocultivos. Estos factores provocan contaminación y deterioro de los ecosistemas, desplazamientos y conflictos socioambientales que, en muchas ocasiones, no son atendidos de forma eficiente por los estados nacionales. Para los pueblos indígenas, estos elementos contaminantes afectan no solo al bienestar de las personas, sino también al del territorio y a todos los seres que habitan en este.

Los pueblos originarios poseen una visión mucho más amplia y emancipadora del concepto de salud del que propone la biomedicina, la disciplina médica hegemónica que representa a la sociedad occidental. Si tomamos el ejemplo de las culturas awajún y wampís, que habitan en la Amazonía peruana, el concepto de “territorio” es inseparable del de “salud”, término que implica bienestar en un sentido amplio. Una de las grandes luchas en la que están inmersos estos pueblos se dirige a la defensa de su territorio y, en consecuencia, a la salud; ya que esta no se concibe sin territorio y, a su vez, éste no es entendido sin autonomía.

Esta autonomía implica el reconocimiento de su cultura, pero también el derecho a la consulta previa que deben efectuar las empresas extractivas antes de instalarse en territorios, considerados ancestrales. Es necesario recordar que, en el caso peruano, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es, en pocas ocasiones, respetado. Tanto es así que, actualmente, existen 125 conflictos socio ambientales vigentes en el país (77 corresponden a la minería y 24 a hidrocarburos)[1].

Para estos pueblos la salud del territorio no implica únicamente lo que el sector salud llama los “determinantes de la salud”; sino que el concepto de territorio incluye la convivencia y el respeto hacia todo tipo de seres vivos: plantas, animales, personas; pero también hacia seres espirituales que están presentes en la naturaleza y con los que se convive en el día a día. De esta manera, el aspecto espiritual forma parte indisoluble del concepto de salud que mantienen estos pueblos.

Mientras que para los pueblos selváticos los conocimientos sobre salud y medio ambiente son inseparables, la sociedad nacional tiende a separarlos. Una segregación que se observa claramente en las políticas nacionales y, en concreto, en las sanitarias. Esta separación se da a través de lo que registra el sector salud como enfermedades prevalentes de la Amazonía peruana. Entre estas patologías las más recurrentes son las dermatitis infecciosas y parasitarias, seguidas de las dermatitis, las enfermedades zoonoticas como el dengue, la fiebre amarilla, la malaria, la leptospirosis, la rabia humana y animal, el ofidismo, la leishmaniosis, la toxoplasmosis, el loxoscelismo y el hantavirus (Contreras-pulache, et al. 2014, Sanabria, s/f). Todas, enfermedades relacionadas con el medio ambiente.

La contaminación minera y petrolera, el uso indiscriminado de
pesticidas en monocultivos y otras prácticas ilegales, son causantes de diversas enfermedades para los pueblos allegados a las zonas. Aún así, no cuentan con ningún apartado en los registros epidemiológicos.

Sin embargo, existen otras patologías que no están presentes en los registros epidemiológicos. Es el caso de las enfermedades referidas a la toxicidad provocada por los residuos que deja la extracción minera y petrolera, así como de las originadas por el uso indiscriminado de pesticidas que se usan en los monocultivos de palma aceitera, arroz, cacao, café, papaya, etc. O las relacionadas con los monocultivos ilegales de coca y los tóxicos que emanan del procesamiento de la cocaína[2]. A pesar de que todas estas condiciones repercuten en la salud de las poblaciones que habitan alrededor de los espacios de cultivo afectados, no cuentan con apartado en los registros epidemiológicos.

Estos componentes van dañando la selva y contaminando las aguas y el suelo, de donde se extraen los alimentos que consume la población local. A pesar de la gran incidencia que presentan estas actividades extractivas en el territorio selvático peruano, el sistema de salud nacional sigue sin relacionarlas con patologías tan comunes como la anemia o actualmente tan recurrentes como el cáncer.

Es necesario, por tanto, analizar en profundidad las relaciones entre la naturaleza dañada y la salud de las personas, animales y plantas en los contextos específicos culturales y territoriales. Esta ausencia de análisis y de registro de datos tiene consecuencias no tan solo en las políticas sanitarias dirigidas de manera específica a los pueblos indígenas sino también en las destinadas al conjunto de la población peruana.

Estas situaciones evidencian una intencionalidad presente, en las investigaciones sanitarias y en concreto en las epidemiológicas, de evadir la relación entre contaminación y enfermedades prevalentes. La epidemiología dominante, y la que aplica el Estado peruano, es la epidemiología clásica, alejada de la epidemiología crítica y de la apuesta por la salud colectiva, que implicaría el especial cuidado del medio ambiente y la consecuente necesidad de denunciar el extractivismo como causa de múltiples enfermedades.

Una consecuencia clara derivada de la posición oficial es la ausencia de atención y tratamiento adecuado a las personas contaminadas con metales pesados u otro tipo de tóxicos, así como la falta de políticas multisectoriales que sitúen la salud de las personas y de los pueblos, pero también de los territorios, como aspecto central para la preservación de la vida. El sector salud debería ser claro y explícito en el rechazo al modelo extractivista y sus datos de morbimortalidad deberían de respaldarlo.

El campo sanitario, entendido en un sentido amplio, convendría que fuera el área central desde donde proponer un modelo económico-político que sitúe en el centro a la naturaleza, entendida como la contendedora de todos los seres que habitan en este planeta. La gestión de la salud necesita vincularse a la comunidad y construir desde el territorio, a partir de las necesidades locales, generando argumentos que incidan en un cambio, no tan solo epistemológico, sino político y aplicado a la realidad.

Actualmente, Perú sigue usando pesticidas que por su alta toxicidad están prohibidos en otros países del mundo. En el año 2001 subscribió el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) y lo ratifico en el 2005. Los COP son compuestos químicos con propiedades tóxicas, entre los que se encuentran plaguicidas[3], productos de uso industrial, dioxinas y furanos (Chung, 2008). El manejo inadecuado de los plaguicidas puede desencadenar desequilibrios ecológicos, ya que afectan al suelo empobreciendo y alterando su composición natural (García, 2012).

Diversas investigaciones realizadas en varias regiones del Perú demostraron que los pesticidas de uso más frecuentes son los organofosforados, mientras que lo común entre los agricultores es utilizar la mezcla de varios pesticidas, una combinación que repercute en un aumento de los niveles de toxicidad en las plantas, animales, fuentes de agua y en el ser humano (Yucra et al, 2006, Palm et al, 2007, Guerrero, 2013, Ruiz, 2015).

En el año 2015 el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) prohibió la utilización de paraquat, metamidofos, dicloruro de etilenotileno, óxido de etileno, hexaclorobenceno, compuestos de mercurio, lindano, fosfamidon y el clordano. Sin embargo, en Perú existe contrabando de plaguicidas prohibidos, especialmente en zonas de frontera. En el Departamento de San Martin se calcula que el 50% de los comisados por SENASA ingresaron de contrabando desde Ecuador. Entre el año 2010 al 2016 la demanda de herbicidas se incrementó en un 60% y la de los fungicidas en un 41.51%, mientras que la de los insecticidas aumentó un 20.23% (Cruz, 2017, Ramírez Hita, 2020).

Los fertilizantes y plaguicidas químicos aumentan el rendimiento de las tierras, pero al mismo tiempo provocan contaminación de los suelos y las aguas afectando al ambiente, a los animales y al ser humano. Los contaminantes químicos más peligrosos pueden causar enfermedades crónicas de larga duración, como enfermedades cardíacas, neurológicas, cáncer, diabetes y, entre otras, enfermedades crónico respiratorias (Wogan et al, 2004, Anderson et al 2006, Rushton, 2007, Petersen et al, 2008, Carpenter, 2008, Chung, 2008). Sin embargo, todas estas patologías no son registradas ni analizadas por el sector salud a la luz del problema ambiental; ni su repercusión, a mediano y largo plazo, en la salud de las poblaciones que habitan los territorios convertidos, tras una extracción intensiva durante siglos, en lugares altamente contaminados.

La tala de árboles y el uso indiscriminado de pesticidas provoca no solo la contaminación de ríos, suelos y aire, sino también la toxicidad consecuente de los productos cultivados en estos territorios. Las políticas sanitarias, agrarias y educativas dirigidas a pueblos selváticos deberían contemplar seriamente el problema de la contaminación y su repercusión en las patologías más preocupantes, como el caso de la anemia o los problemas de contaminación que afectan a muchos pueblos originarios. Tan solo a partir de este reconocimiento se podrá incidir adecuadamente en el bienestar de los territorios selváticos y de manera específica en la salud de las poblaciones indígenas.

El uso de fertilizantes y plaguicidas químicos aumentan el rendimiento de las tierras, pero también son causantes de contaminación en los suelos y aguas, afectando al ambiente, a los animales y al ser humano.

Bibliografía

  • Anderson, L.M. (2006). Environmental genotoxicants/carcinogens and childhood cancer: bridgeable gaps in scientific knowledge. Mutat Res. 608(2): 136-56.
  • Carpenter, D.O.(2008).  Environmental contaminants as risk factors for developing diabetes. Rev Environ Health. 23(1): 59-74. 35.
  • Chung, B. Control de los contaminantes químicos en el Perú. (2008) Rev Peru Med Exp Salud Publica. 25 (4): 413-18 http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v25n4/a12v25n4.pdf (Acesso, 2/1/2020)
  • Cruz,  A. (2017) Situación actual del consumo de pesticidas en el Perú. Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Lima-Perú http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/2976/E71-C7-T.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Acesso, 2/1/2020)
  • García, J. (2012). Agroquímicos genera severos daños ambientales. Colombia: Uteha.
  • Guerrero, A. (2013). Uso de fertilizantes y plaguicidas en el distrito de Poroto, Trujillo-La Libertad. Trujillo: Libertad.
  • Palm B. (2007) Pesticide use in rice cultivation in Tarapoto, Peru. Usage patterns and pesticide residues in water sources. Master`s thesis. Department of Environmental Assessment. Swedish University of Agricultural Scieces. https://stud.epsilon.slu.se/12968/1/palm_b_171117.pdf (Acceso 2/3/2019)
  • Petersen MS, Halling J, Bech S, Wermuth L, Weihe P, Nielsen F, et al. (2008) Impact of dietary exposure to food contaminats on the risk on Parkinson´s disease. Neurotoxicology. 29(4): 584-90.
  • Ramírez Hita, S. (2020) Territorio y salud entre los pueblos awajún y wampis del departamento de Amazonas-Perú. Ciencia Digna. Revista de la UCCSNAL. América Latina. Vol.1 Nº 1. Pp 18-82. Link: http://uccsnal.org/wp-content/uploads/2020/04/CIENCIA-DIGNA-UCCSNAL.pdf
  • Ruiz, A. (2015). Situación del uso de pesticidas en la producción agrícola en el distrito de Fernando Lores: Centro poblado de Panguana primera zona, Tamshiyacu y Santa Ana primera zona- Loreto 2015. Escuela profesional de ingeniería en gestión ambiental. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Facultad de Agronomía. http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/UNAP/3266 (Acceso 8/9/2019)
  • Rushton L. (2007) Occupational causes of chronic obstructive pulmonary disease. Rev Environ Health. 22(3): 195-212. 36
  • Sanabria, H. (s/f). Enfermedades infecciosas, tropicales y otros daños de salud pública en el Perú.  Simposio enfermedades transmisibles y tropicales. Facultad de Medicina de San Fernando. Universidad Nacional de San Marcos. http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v3s1/0124-0064-rsap-3-s1-00049.pdf
  • Servicio Nacional de Sanidad Agraria peruano (SENASA) (2015). Plaguicidas Agrícolas restringidos y prohibidos en el Perú. Lima. https://www.senasa.gob.pe/senasa/normas-nacionales-sobre-plaguicidas/ (Acceso 6/4/2021)
  • Servicio Nacional de Sanidad Agraria (2013). Informe del Monitoreo de Contaminantes Químicos en Alimentos Agropecuarios Primarios, Año 2013. Lima: SENASA. Disponible en: http://www.senasa. gob.pe/senasa/wp-content/uploads/ 2016/12/Informe-del-Monitoreo-de-Residuos-Qu%C3%ADmicos-y-otros-Contaminantes-en-Alimentos-AgropecuariosPrimarios-a%C3%B1o-2013.pdf (Acceso el 21/9/ 2020)
  • Wogan GN, Hecht SS, Felton JS, Conney AH, Loeb LA. (2004) Environmental and chemical carcinogenesis. Semin Cancer Biol. 14(6): 473-86.
  • Yucra S, Steenland K, Chung, A, Chique F, Gonzalez G. (2006) Dialkyl phosphate metabolites of organophosphorus in applicators of agricultural pesticides in Majes-Arequipa (Perú). Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 1:27.

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[1] Defensoría del Pueblo, 2021 https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-registro-197-conflictos-sociales-al-mes-de-febrero-2021/
[2] Como son el uso de ácidos corrosivos, oxidantes, solventes y la utilización de grandes cantidades del herbicida glifosato en los cultivos de coca.
[3]El Servicio Nacional de Sanidad Agraria peruano (SENASA, 2015) considera plaguicida cualquier sustancia o mezcla destinada a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera. La prohibición incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, y las aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha o para proteger el producto contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte.

Invierno 2021


Susana Rámirez Hita

Universidad Rovira i Virgili (España)




Desafíos de la juventud retornante en Piura

 

Los desastres naturales y una pandemia, como la que seguimos viviendo, ponen en evidencia las más profundas desigualdades en un país como el nuestro, no solo vinculadas al alicaído y ya conocido sistema de salud pública, también en los más de 165 mil peruanos y peruanas que, según cifras oficiales, una vez declarada la Emergencia Sanitaria Nacional, intentaron emprender un viaje de retorno a sus lugares de origen: sus regiones, ciudades, caseríos.

“Si no hay pandemia no regresan, la gente se ha ido por necesidad de trabajo. Pero algunos se fueron, ‘ya no quieren pertenecer acá’, pero ya cuando hubo la pandemia volvieron a regresar a su tierra, como sea”. Este es el relato de una de las autoridades de los distritos del Alto Piura que expone la difícil situación que pasan (y pasaron) jóvenes y adultos durante el 2020. El relato anterior se complementa con el siguiente: “en la costa tienes que tener tu plata para comprar, si no, ¿qué cosa se echa a la olla?”. Afirmación de Aída, una joven a la que la etapa del confinamiento la tomó por sorpresa en la caleta La Tortuga (Paita), y que hizo denodados esfuerzos por regresar a su natal Olleros (Ayabaca).

Precisamente, la investigación Migración de retorno en el Alto Piura en el contexto de la pandemia por la Covid-19[1], elaborada por María Luisa Burneo y Abdul Trelles junto al CIPCA y St. Andrews University, pone a discusión un conjunto de aspectos alrededor de una población seriamente vulnerable y a la que poco o nada (salvo el mediático inicio del desplazamiento) se le puso atención: retornantes de ciudades importantes del país en un contexto adverso y difícil.

La investigación ofrece una detallada caracterización de los y las retornantes, determinando que el porcentaje mayoritario son familias jóvenes, entre 18 y 29 años, seguido de menores de edad, un tercer grupo conformado por personas de 30 a 40 años y un último grupo de mayores de 44 años.

Un aspecto clave es que, según la citada investigación, las dinámicas migratorias en el Alto Piura suelen ser temporales o permanentes, y a ciudades “receptoras” consolidadas. De ahí que un considerable porcentaje de jóvenes viajen temporalmente a regiones cercanas -como Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca- o a Lima en búsqueda de trabajos temporales que les permitan complementar sus ingresos con los de la actividad agrícola. Sin embargo, otro importante grupo migra permanentemente porque “las posibilidades de trabajo bien remunerado son más y mejores fuera de su lugar de origen”.

“La experiencia fue fea y desesperante y preocupante también (…) estábamos con la preocupación que la policía nos vea, incluso nos vio y nos llevaron a una comisaría y estuvimos tres horas ahí. No estaba permitido, pero era de la zona y al final se compadeció y dejó pasar el carro”, detalla Estalin y su esposa, una pareja joven que regresó al distrito de San Juan de Bigote viajando por más de 12 horas encerrados en un camión de mudanza junto a otras familias. Esto denota una travesía dura y complicada que vivieron muchas personas.

Las razones y condiciones de la migración interna de los y las retornantes responde, por donde se le mire, a problemas estructurales. Por un lado, se trata de personas de distritos pobres y rurales, con mínimas condiciones para generar motivaciones a quedarse y que no ven otra opción que la de mudarse a otros espacios (sea la capital del país u otras ciudades emergentes como Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima), lo que justifica que en los últimos 10 años, entre los Censos 2007 y 2017, por ejemplo, algunos distritos del Corredor Alto Piura (Buenos Aires, Salitral, San Juan de Bigote, Lalaquiz, Canchaque y San Miguel de El Faique) hayan experimentado una disminución de su población, mayormente joven, en 7%, siendo Lalaquiz el que ha perdido al 24%, seguido de Canchaque con 18.3%.

Por otro lado, lo difícil que representa dejar el lugar de origen, ya sea para vivir temporal (en general, por trabajo estacionario) o permanentemente (opción extendida entre hombres y mujeres jóvenes), se ve trastocado por una pandemia que genera un problema claramente económico, tan igual o peor como el vivido al salir de sus distritos, por la pérdida de empleo (o subempleo, en el que la mayoría estaba inmersa).

Durante el segundo trimestre del 2020 la población con empleo cayó en 39,6% y con mayor consideración, como señala Jaramillo, en áreas urbanas con 49%. Situación más difícil en el lado de los independientes, donde el empleo cayó en un 42%. En el sector informal, el empleo cayó en 65% a fines de junio y 45% a fines de julio. Los más vulnerables fueron los jóvenes menores de 25 años, ya que el 53% de ellos perdió sus empleos desde que se inició el confinamiento hasta fines del mes de julio.

¿Y el empleo en las mujeres? Según Ñopo y Pajita, en el segundo trimestre del 2020, se registró una caída del 45% de la PEA femenina con respecto al primer trimestre del año, frente a un 35% de la masculina.

A estos factores condicionantes se suma la sensación de desprotección, soledad y vulnerabilidad que genera, similarmente, la incertidumbre y el hambre en la población que ni los tardíos bonos del Estado pudieron paliar. De ahí se sustenta el pago que tuvieron que hacer, en plena cuarentena 2020, de entre 390 y 900 soles para trasladarse desde Lima, Virú o Chimbote a distritos como Ayabaca o San Juan de Bigote, sorteando el miedo, largas horas de camino en condiciones no tan seguras y con alta probabilidad de contagio del COVID-19.

Un aspecto no menos importante es la situación de las mujeres, en general jóvenes, que revela la investigación: el cambio ha sido abrupto, duro y con menos posibilidades de inserción económica. La independencia económica de la que gozaban antes de la pandemia ha sido sustituida por labores (más) domésticas y destinadas a la crianza de hijos e hijas, sin posibilidad de elegir el destino que les parezca y siguiendo (más bien) las decisiones de la pareja o esposo. Ni qué decir de aquellas mujeres que no son originarias de los distritos materia de estudio y pertenecen a otros departamentos del país, lo que no les permite contar con redes amicales o familiares cercanas. Adicionalmente, se suman emociones ligadas a la decepción, la tristeza y la incomodidad que representa la dependencia. En definitiva, como señala contundentemente la investigación, existe un retroceso en sus planes de vida.

Y, entonces, ¿qué hacer? ¿qué políticas públicas deberían impulsarse? Entre otras cosas, están: (1) gestionar el acondicionamiento territorial a las necesidades de conectividad y mejora en los servicios públicos y de planificación del espacio (sobre todo de expansión urbana para la construcción de casas) que requieren las y los retornantes, sobre todo jóvenes; (2) promover la agricultura familiar como una política regional, indispensable para la seguridad alimentaria de los hogares rurales, que han visto aumentada su composición al acoger a sus familiares retornantes; (3) coordinar permanente con las organizaciones locales y comunales, como las rondas campesinas y los comités distritales de seguridad ciudadana que jugaron un papel muy importante en la gestión de la llegada de los y las retornantes; y, (4) un elemento no menos importante y que es transversal es considerar en todos los aspectos las necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres a través de la gestión de la información sobre cantidades, expectativas y planes a futuro, que considere la opinión de las mujeres y que favorezca su atención.

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[1] La investigación se llevó a cabo como parte del proyecto de investigación: Going back to my rural roots’: Covid 19 and return migration in northern Peru, (Regresando a mis raíces rurales: Covid 19 y migración de retorno en el norte de Perú), financiado por el Fondo de Investigación de Desafíos Globales del Scottish Funding Council (SFC GCRF) otorgado a la Universidad de St. Andrews a cargo de las investigadoras Dras. Ana Gutiérrez Garza y Nina Laurie, y el asistente Oliver Calle (número de registro SGS0-XFC090, 2019-20).

Otoño 2021


Mario A. Rufino Trelles

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA)




Quispicanchi y su nueva realidad poblacional

En casi un año de estar conviviendo en condición de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, progresivamente se fueron haciendo evidentes muchos de nuestros problemas que parecían medianamente resueltos (como el desempleo, que en noviembre 2019 estaba en 3.5%) o que incluso era tipificado como uno de los motores del crecimiento económico que experimentaba nuestro país en las últimas décadas (por ejemplo, la ocupación del 75% de la población en emprendimientos familiares e informalidad).

La pandemia ha afectado, y continúa afectando, de manera diferenciada, como en anteriores periodos de crisis (la actual no podía ser la excepción). Las más azotadas son las familias que viven en medio precariedades e inseguridades y, entre ellas, aquellas personas que migraron a las ciudades intermedias, metropolitanas (y otras) en busca de oportunidades (fundamentalmente trabajo e ingresos económicos) que su medio o zona no le brindaba, y que a raíz de las políticas sanitarias implementadas tuvieron que retornar a sus entornos familiares, comunidades y centros poblados.

Este fenómeno social es conocido como la “migración de retorno”. A las personas que forman parte de este hecho complejo, en el lenguaje cotidiano, se les denomina como “retornantes”.

En ese marco, las provincias de Cusco fueron receptoras de retornantes. En este tiempo, vimos que la respuesta en la recepción por las familias campesinas, organizaciones comunales e instituciones locales fueron diversas, pero no podemos dejar de resaltar que la vena articuladora y común fue la solidaridad. Otro aspecto fundamental y evidente es que las personas que retornaron eran esperadas por las capacidades, experiencias y conocimientos que aportarían a las familias y sus territorios concretos. Con los retornantes llegó, a muchos hogares, la innovación tecnológica, el uso de tecnologías de información y comunicación, la ampliación de infraestructura, la instalación de servicios básicos; por tanto, los predios rurales se capitalizaron, el paisaje comunal se redibujó y aceleró en su cambio.

Sin embargo, un problema frecuente que experimentan los retornantes es la reinserción al mercado laboral y a las dinámicas sociales. Desde los “Comandos COVID-19” se elaboraron instrumentos que orientan las acciones e inversiones para afrontar la emergencia sanitaria y la “reactivación económica”. En ese sentido, en algunos municipios rurales, los jóvenes retornantes se constituyeron en actores estratégicos, tanto así que los diseños de ampliación de la frontera agrícola, con tecnología de riego, conectividad vial, insumos y asistencia técnica fueron priorizados para que esas capacidades tengan la oportunidad de expandirse.

La provincia de Quispicanchi fue receptora de ciudades como Cusco, Arequipa, Puerto Maldonado, Puno, Ayacucho y Lima. Esta afirmación se sustenta en un estudio específico realizado entre octubre y diciembre del 2020, en el que se entrevistó a retornantes, dirigentes de comunidades campesinas, profesionales y funcionarios de municipalidades, además de evidencias cotidianas recogidas en las comunidades del territorio.

Resumo el perfil de la población que retornó a la provincia de Quispicanchi: en la mayoría las edades oscilan entre 20 y 39 años, el 61% tenía residencia no mayor a 10 años, el 74% vivía en una habitación o casa alquilada, el 49% cuenta con estudios superiores completos o en curso, el 92% tenía un ingreso económico menor a 2 mil soles mensuales, y en su mayoría ocupaban empleos en los rubros de alimentación, servicios y minería artesanal.

El estudio también permitió los siguientes hallazgos (ya en la comunidad): el 55% accedió a las canastas familiares otorgadas por las municipalidades, los bonos de subsidio llegaron al 67% de los retornantes (los que fueron invertidos en alimentos, pago de internet y mensualidades de educación o inversión en algún pequeño negocio), otros desarrollaron labores no remuneradas en los hogares receptores (actividades agropecuarias, labores domésticas, apoyo escolar).

También hemos encontrado que el 26% de los retornantes realizaron algún trabajo remunerado o negocio en la comunidad, el 75% de estas familias vieron disminuir sus ingresos debido a una menor remuneración o porque la pareja no encontró empleo. Los más jóvenes se han reinventado para mantener su nivel de ingresos, por ejemplo, algunos que trabajaban atendiendo cabinas de internet, estando en la comunidad, se dedicaron a la venta de cuyes; otros se han ocupado en la construcción de casas; lamentablemente, algunos dejaron de estudiar y se dedicaron a trabajar a tiempo completo, con el objetivo de ahorrar dinero para retomar sus estudios más adelante.

En relación a sus proyectos y/o perspectivas de futuro se ha identificado dos narrativas. Por un lado, la mayoría tiene planes de volver a la ciudad. Estos manifiestan su deseo de retomar la relación con sus trabajos y realizar sus aspiraciones de estudio, estando a la espera de que termine la cuarentena o que las condiciones en las ciudades mejoren (disminuyan los contagios, se generen mayores oportunidades de trabajo y se normalice el costo del transporte). Por otro lado, se encuentran aquellos que, incluso antes de la pandemia, ya tenían pensado volver a sus comunidades. Ellos definían la ciudad como el espacio con oportunidades de trabajo que permite juntar dinero para realizar una inversión en sus comunidades al momento de volver, y consideran que los negocios pueden prosperar en las comunidades. Para ellos, el retorno producido por la emergencia sanitaria, significó el adelanto en sus planes de regreso a su entorno familiar y su comunidad.

Tras este fenómeno de migración de retorno, y los hallazgos del estudio específico, constatamos que no sólo se incrementaron las poblaciones de las comunidades receptoras, sino que nos dejan una agenda desafiante para el desarrollo rural – urbano y los actores públicos, académicos, privados y de la sociedad civil. En ese sentido, una primera tarea debe ser la construcción e implementación de las estrategias adaptativas que respondan a la problemática y aspiraciones de la población afectada, esa sola acción significará cambios y reformas en la cultura institucional, porque habrá que poner a la persona en el centro de las políticas e inversiones.

Otoño 2021


Eberth Molina Romero

Asociación Jesús Obrero – CCAIJO