Desafíos de la juventud retornante en Piura

 

Los desastres naturales y una pandemia, como la que seguimos viviendo, ponen en evidencia las más profundas desigualdades en un país como el nuestro, no solo vinculadas al alicaído y ya conocido sistema de salud pública, también en los más de 165 mil peruanos y peruanas que, según cifras oficiales, una vez declarada la Emergencia Sanitaria Nacional, intentaron emprender un viaje de retorno a sus lugares de origen: sus regiones, ciudades, caseríos.

“Si no hay pandemia no regresan, la gente se ha ido por necesidad de trabajo. Pero algunos se fueron, ‘ya no quieren pertenecer acá’, pero ya cuando hubo la pandemia volvieron a regresar a su tierra, como sea”. Este es el relato de una de las autoridades de los distritos del Alto Piura que expone la difícil situación que pasan (y pasaron) jóvenes y adultos durante el 2020. El relato anterior se complementa con el siguiente: “en la costa tienes que tener tu plata para comprar, si no, ¿qué cosa se echa a la olla?”. Afirmación de Aída, una joven a la que la etapa del confinamiento la tomó por sorpresa en la caleta La Tortuga (Paita), y que hizo denodados esfuerzos por regresar a su natal Olleros (Ayabaca).

Precisamente, la investigación Migración de retorno en el Alto Piura en el contexto de la pandemia por la Covid-19[1], elaborada por María Luisa Burneo y Abdul Trelles junto al CIPCA y St. Andrews University, pone a discusión un conjunto de aspectos alrededor de una población seriamente vulnerable y a la que poco o nada (salvo el mediático inicio del desplazamiento) se le puso atención: retornantes de ciudades importantes del país en un contexto adverso y difícil.

La investigación ofrece una detallada caracterización de los y las retornantes, determinando que el porcentaje mayoritario son familias jóvenes, entre 18 y 29 años, seguido de menores de edad, un tercer grupo conformado por personas de 30 a 40 años y un último grupo de mayores de 44 años.

Un aspecto clave es que, según la citada investigación, las dinámicas migratorias en el Alto Piura suelen ser temporales o permanentes, y a ciudades “receptoras” consolidadas. De ahí que un considerable porcentaje de jóvenes viajen temporalmente a regiones cercanas -como Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca- o a Lima en búsqueda de trabajos temporales que les permitan complementar sus ingresos con los de la actividad agrícola. Sin embargo, otro importante grupo migra permanentemente porque “las posibilidades de trabajo bien remunerado son más y mejores fuera de su lugar de origen”.

“La experiencia fue fea y desesperante y preocupante también (…) estábamos con la preocupación que la policía nos vea, incluso nos vio y nos llevaron a una comisaría y estuvimos tres horas ahí. No estaba permitido, pero era de la zona y al final se compadeció y dejó pasar el carro”, detalla Estalin y su esposa, una pareja joven que regresó al distrito de San Juan de Bigote viajando por más de 12 horas encerrados en un camión de mudanza junto a otras familias. Esto denota una travesía dura y complicada que vivieron muchas personas.

Las razones y condiciones de la migración interna de los y las retornantes responde, por donde se le mire, a problemas estructurales. Por un lado, se trata de personas de distritos pobres y rurales, con mínimas condiciones para generar motivaciones a quedarse y que no ven otra opción que la de mudarse a otros espacios (sea la capital del país u otras ciudades emergentes como Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima), lo que justifica que en los últimos 10 años, entre los Censos 2007 y 2017, por ejemplo, algunos distritos del Corredor Alto Piura (Buenos Aires, Salitral, San Juan de Bigote, Lalaquiz, Canchaque y San Miguel de El Faique) hayan experimentado una disminución de su población, mayormente joven, en 7%, siendo Lalaquiz el que ha perdido al 24%, seguido de Canchaque con 18.3%.

Por otro lado, lo difícil que representa dejar el lugar de origen, ya sea para vivir temporal (en general, por trabajo estacionario) o permanentemente (opción extendida entre hombres y mujeres jóvenes), se ve trastocado por una pandemia que genera un problema claramente económico, tan igual o peor como el vivido al salir de sus distritos, por la pérdida de empleo (o subempleo, en el que la mayoría estaba inmersa).

Durante el segundo trimestre del 2020 la población con empleo cayó en 39,6% y con mayor consideración, como señala Jaramillo, en áreas urbanas con 49%. Situación más difícil en el lado de los independientes, donde el empleo cayó en un 42%. En el sector informal, el empleo cayó en 65% a fines de junio y 45% a fines de julio. Los más vulnerables fueron los jóvenes menores de 25 años, ya que el 53% de ellos perdió sus empleos desde que se inició el confinamiento hasta fines del mes de julio.

¿Y el empleo en las mujeres? Según Ñopo y Pajita, en el segundo trimestre del 2020, se registró una caída del 45% de la PEA femenina con respecto al primer trimestre del año, frente a un 35% de la masculina.

A estos factores condicionantes se suma la sensación de desprotección, soledad y vulnerabilidad que genera, similarmente, la incertidumbre y el hambre en la población que ni los tardíos bonos del Estado pudieron paliar. De ahí se sustenta el pago que tuvieron que hacer, en plena cuarentena 2020, de entre 390 y 900 soles para trasladarse desde Lima, Virú o Chimbote a distritos como Ayabaca o San Juan de Bigote, sorteando el miedo, largas horas de camino en condiciones no tan seguras y con alta probabilidad de contagio del COVID-19.

Un aspecto no menos importante es la situación de las mujeres, en general jóvenes, que revela la investigación: el cambio ha sido abrupto, duro y con menos posibilidades de inserción económica. La independencia económica de la que gozaban antes de la pandemia ha sido sustituida por labores (más) domésticas y destinadas a la crianza de hijos e hijas, sin posibilidad de elegir el destino que les parezca y siguiendo (más bien) las decisiones de la pareja o esposo. Ni qué decir de aquellas mujeres que no son originarias de los distritos materia de estudio y pertenecen a otros departamentos del país, lo que no les permite contar con redes amicales o familiares cercanas. Adicionalmente, se suman emociones ligadas a la decepción, la tristeza y la incomodidad que representa la dependencia. En definitiva, como señala contundentemente la investigación, existe un retroceso en sus planes de vida.

Y, entonces, ¿qué hacer? ¿qué políticas públicas deberían impulsarse? Entre otras cosas, están: (1) gestionar el acondicionamiento territorial a las necesidades de conectividad y mejora en los servicios públicos y de planificación del espacio (sobre todo de expansión urbana para la construcción de casas) que requieren las y los retornantes, sobre todo jóvenes; (2) promover la agricultura familiar como una política regional, indispensable para la seguridad alimentaria de los hogares rurales, que han visto aumentada su composición al acoger a sus familiares retornantes; (3) coordinar permanente con las organizaciones locales y comunales, como las rondas campesinas y los comités distritales de seguridad ciudadana que jugaron un papel muy importante en la gestión de la llegada de los y las retornantes; y, (4) un elemento no menos importante y que es transversal es considerar en todos los aspectos las necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres a través de la gestión de la información sobre cantidades, expectativas y planes a futuro, que considere la opinión de las mujeres y que favorezca su atención.

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[1] La investigación se llevó a cabo como parte del proyecto de investigación: Going back to my rural roots’: Covid 19 and return migration in northern Peru, (Regresando a mis raíces rurales: Covid 19 y migración de retorno en el norte de Perú), financiado por el Fondo de Investigación de Desafíos Globales del Scottish Funding Council (SFC GCRF) otorgado a la Universidad de St. Andrews a cargo de las investigadoras Dras. Ana Gutiérrez Garza y Nina Laurie, y el asistente Oliver Calle (número de registro SGS0-XFC090, 2019-20).

Otoño 2021


Mario A. Rufino Trelles

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA)




Quispicanchi y su nueva realidad poblacional

En casi un año de estar conviviendo en condición de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, progresivamente se fueron haciendo evidentes muchos de nuestros problemas que parecían medianamente resueltos (como el desempleo, que en noviembre 2019 estaba en 3.5%) o que incluso era tipificado como uno de los motores del crecimiento económico que experimentaba nuestro país en las últimas décadas (por ejemplo, la ocupación del 75% de la población en emprendimientos familiares e informalidad).

La pandemia ha afectado, y continúa afectando, de manera diferenciada, como en anteriores periodos de crisis (la actual no podía ser la excepción). Las más azotadas son las familias que viven en medio precariedades e inseguridades y, entre ellas, aquellas personas que migraron a las ciudades intermedias, metropolitanas (y otras) en busca de oportunidades (fundamentalmente trabajo e ingresos económicos) que su medio o zona no le brindaba, y que a raíz de las políticas sanitarias implementadas tuvieron que retornar a sus entornos familiares, comunidades y centros poblados.

Este fenómeno social es conocido como la “migración de retorno”. A las personas que forman parte de este hecho complejo, en el lenguaje cotidiano, se les denomina como “retornantes”.

En ese marco, las provincias de Cusco fueron receptoras de retornantes. En este tiempo, vimos que la respuesta en la recepción por las familias campesinas, organizaciones comunales e instituciones locales fueron diversas, pero no podemos dejar de resaltar que la vena articuladora y común fue la solidaridad. Otro aspecto fundamental y evidente es que las personas que retornaron eran esperadas por las capacidades, experiencias y conocimientos que aportarían a las familias y sus territorios concretos. Con los retornantes llegó, a muchos hogares, la innovación tecnológica, el uso de tecnologías de información y comunicación, la ampliación de infraestructura, la instalación de servicios básicos; por tanto, los predios rurales se capitalizaron, el paisaje comunal se redibujó y aceleró en su cambio.

Sin embargo, un problema frecuente que experimentan los retornantes es la reinserción al mercado laboral y a las dinámicas sociales. Desde los “Comandos COVID-19” se elaboraron instrumentos que orientan las acciones e inversiones para afrontar la emergencia sanitaria y la “reactivación económica”. En ese sentido, en algunos municipios rurales, los jóvenes retornantes se constituyeron en actores estratégicos, tanto así que los diseños de ampliación de la frontera agrícola, con tecnología de riego, conectividad vial, insumos y asistencia técnica fueron priorizados para que esas capacidades tengan la oportunidad de expandirse.

La provincia de Quispicanchi fue receptora de ciudades como Cusco, Arequipa, Puerto Maldonado, Puno, Ayacucho y Lima. Esta afirmación se sustenta en un estudio específico realizado entre octubre y diciembre del 2020, en el que se entrevistó a retornantes, dirigentes de comunidades campesinas, profesionales y funcionarios de municipalidades, además de evidencias cotidianas recogidas en las comunidades del territorio.

Resumo el perfil de la población que retornó a la provincia de Quispicanchi: en la mayoría las edades oscilan entre 20 y 39 años, el 61% tenía residencia no mayor a 10 años, el 74% vivía en una habitación o casa alquilada, el 49% cuenta con estudios superiores completos o en curso, el 92% tenía un ingreso económico menor a 2 mil soles mensuales, y en su mayoría ocupaban empleos en los rubros de alimentación, servicios y minería artesanal.

El estudio también permitió los siguientes hallazgos (ya en la comunidad): el 55% accedió a las canastas familiares otorgadas por las municipalidades, los bonos de subsidio llegaron al 67% de los retornantes (los que fueron invertidos en alimentos, pago de internet y mensualidades de educación o inversión en algún pequeño negocio), otros desarrollaron labores no remuneradas en los hogares receptores (actividades agropecuarias, labores domésticas, apoyo escolar).

También hemos encontrado que el 26% de los retornantes realizaron algún trabajo remunerado o negocio en la comunidad, el 75% de estas familias vieron disminuir sus ingresos debido a una menor remuneración o porque la pareja no encontró empleo. Los más jóvenes se han reinventado para mantener su nivel de ingresos, por ejemplo, algunos que trabajaban atendiendo cabinas de internet, estando en la comunidad, se dedicaron a la venta de cuyes; otros se han ocupado en la construcción de casas; lamentablemente, algunos dejaron de estudiar y se dedicaron a trabajar a tiempo completo, con el objetivo de ahorrar dinero para retomar sus estudios más adelante.

En relación a sus proyectos y/o perspectivas de futuro se ha identificado dos narrativas. Por un lado, la mayoría tiene planes de volver a la ciudad. Estos manifiestan su deseo de retomar la relación con sus trabajos y realizar sus aspiraciones de estudio, estando a la espera de que termine la cuarentena o que las condiciones en las ciudades mejoren (disminuyan los contagios, se generen mayores oportunidades de trabajo y se normalice el costo del transporte). Por otro lado, se encuentran aquellos que, incluso antes de la pandemia, ya tenían pensado volver a sus comunidades. Ellos definían la ciudad como el espacio con oportunidades de trabajo que permite juntar dinero para realizar una inversión en sus comunidades al momento de volver, y consideran que los negocios pueden prosperar en las comunidades. Para ellos, el retorno producido por la emergencia sanitaria, significó el adelanto en sus planes de regreso a su entorno familiar y su comunidad.

Tras este fenómeno de migración de retorno, y los hallazgos del estudio específico, constatamos que no sólo se incrementaron las poblaciones de las comunidades receptoras, sino que nos dejan una agenda desafiante para el desarrollo rural – urbano y los actores públicos, académicos, privados y de la sociedad civil. En ese sentido, una primera tarea debe ser la construcción e implementación de las estrategias adaptativas que respondan a la problemática y aspiraciones de la población afectada, esa sola acción significará cambios y reformas en la cultura institucional, porque habrá que poner a la persona en el centro de las políticas e inversiones.

Otoño 2021


Eberth Molina Romero

Asociación Jesús Obrero – CCAIJO




2021: año complejo para las comunidades amazónicas

Diversos acontecimientos que tienen lugar en 2021 presentan para los pueblos indígenas de la Amazonía una coyuntura importante. En primer lugar, el año ha comenzado con un recrudecimiento de la pandemia de la COVID-19. Segundo, se elegirán nuevas autoridades nacionales y comenzará un nuevo gobierno. Finalmente, este año se conmemoran los doscientos años de la declaración de la independencia del Perú de España. En los próximos párrafos presentaremos algunos elementos claves para entender qué significan estos tres hechos para las comunidades indígenas de la Amazonía peruana.

El Bicentenario de la República

Si retomamos la idea de “promesa” a la que Basadre se refería, podríamos afirmar sin duda que, para el caso de los pueblos amazónicos, esta no se ha cumplido. Asimismo, habría que añadir que la República no les ha traído nada bueno hasta la fecha; por el contrario, solo les ha brindado marginación, violencia, destrucción y muerte.

Esto podría sonar como algo muy fuerte, pero como veremos a continuación, es efectivamente lo que ha ocurrido en estos últimos doscientos años: sus territorios han sido invadidos, los han obligado a no utilizar sus propios idiomas, se les ha brindado pésimos servicios de salud y educación, y han destruido y contaminado sus fuentes de alimento.

En nuestro imaginario nacional asumimos casi de manera natural que la época colonial fue el período de mayor maltrato y muerte para los pueblos originarios. En el caso del Caribe o de los Andes podría ser cierto. En el caso de la Amazonía, por otra parte, no lo es. El número de muertos por epidemias o violencia asociada a la explotación de recursos ha sido mucho mayor y ha afectado a un número mayor de pueblos indígenas en la época republicana que en la colonial.

Los testimonios respecto a esta violencia son innumerables y no solo se reducen a la algo más conocida época del caucho, se repiten desde el inicio de la República hasta la actualidad. Entre ellos podemos destacar los testimonios de dos extranjeros vinculados a gobiernos peruanos de mediados del siglo XIX. El primero es del almirante estadounidense Herndon, amigo de militares y de importantes funcionarios de la época; quien realizó un importante viaje por la Amazonía peruana. El otro, del ingeniero sueco Nystrom, contratado por el Estado peruano para estudiar, entre otras cosas, el trazo de una vía que uniera a Lima con el río Ucayali.

Herndon señaló lo siguiente: “no faltan hombres inteligentes, buenos conocedores de su carácter [del indígena], que no tienen escrúpulos en decir que el mejor uso para un indio es colgarlo. que se convierte en un mal ciudadano y en un pésimo esclavo… No pueden soportar las restricciones de la ley o el peso del trabajo continuo, y se alejan del hombre blanco con sus mejoras, hasta que desaparecen. Este parece ser su destino. La civilización debe avanzar, aunque pise el cuello del salvaje o incluso aplaste su existencia”.

Por su parte, el ingeniero Nystrom señaló que “siempre nos hemos metido [el gobierno] entre ellos con fuerza armada y demostrando hostilidad, robando e incendiando sus hogares”. Luego de haber visto la destrucción y quema de comunidades nativas en la Selva Central, concluyó horrorizado: “¿Qué criatura viviente, desde el animal más bajo hasta el hombre más civilizado, soportaría tropelías semejantes a las que se han cometido con los indios chunchos, sin intentar venganza y la defensa de sus hogares donde han nacido y crecido?”

Esta actitud de violencia no se limitó al siglo XIX, sino que se continuó perpetuando a lo largo del tiempo, hasta nuestra época actual. En la época del caucho, se calcula que solamente en una década murieron más de 40 mil indígenas en la zona del río Putumayo y sus afluentes. En el caso de la selva sur de Madre de Dios, hay testimonios que cuentan cómo los ríos se teñían de rojo por la sangre derramada de indígenas asesinados por caucheros, entre ellos el famoso Fitzcarrald; quien luego inspiró la película “Fitzcarraldo”, del cineasta alemán Werner Herzog.

La violencia continuó en el contexto de promoción de la colonización a través de la cual se les arrebató a los pueblos indígenas buena parte de su territorio. Entre los muchos episodios de terror que acompañaron este proceso destaca el que se produjo en 1964, cuando el entonces presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, solicitó a la Fuerza Aérea Peruana y a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos -con la cual existía un convenio de colaboración- que bombardee las aldeas matsés de Loreto con Napalm, la misma sustancia incendiaria que usó Estados Unidos en la guerra de Vietnam.

Acercándonos más a la actualidad, podemos recordar la actitud de Alan García en el contexto de las protestas de los años 2008 y 2009 que terminaron con los sangrientos sucesos que conocemos como “Baguazo”, y que se puede resumir en su infame frase en la que señalaba que los indígenas no eran ciudadanos de primera clase.

La pandemia de la COVID-19

La situación actual de la pandemia ha vuelto a poner sobre el tapete el lugar marginal que ocupan las comunidades amazónicas para el Estado peruano. En el 2020, el gobierno peruano recién comenzó a atender a esta población tan vulnerable luego de dos meses de haberse declarado la situación de emergencia.

La pandemia, además, puso en evidencia la situación precaria de salud en muchas partes del país y, por supuesto, en la Amazonía, una de las regiones más golpeadas por el COVID-19. En el caso de las comunidades nativas, la mayoría de estas pudo hacer frente a la pandemia recurriendo a prácticas tradicionales de aislamiento en el monte y al uso de la medicina tradicional. El Estado debe asumir la necesidad de ampliar su cobertura y su presencia en las comunidades y en las zonas rurales amazónicas; pero, además, la de avanzar en el reconocimiento de los conocimientos indígenas y promover políticas de salud intercultural de una manera seria.

La otra dimensión que ha aparecido en la pandemia, con toda su precariedad, es la de la educación. La respuesta relativamente rápida del Ministerio de Educación, para plantear el programa “Aprendo en casa”, no fue la mejor ni la más adecuada para los pueblos indígenas de la Amazonía. La mayoría de comunidades no cuentan con señal de televisión, telefonía celular, conexión a internet, o incluso con energía eléctrica. En el mejor de los casos cuentan con algún pequeño motor electrógeno que consume mucho combustible y que apenas es utilizado para alguna reunión o fiesta comunal, y para cargar celulares que, sin conectividad, muchas veces son utilizados como cámaras de fotos o para escuchar música. Igualmente, fuera de estos problemas de conectividad, los contenidos de los programas no son apropiados para los contextos rurales o para comunidades bilingües.

Durante la pandemia, las comunidades amazónicas han sufrido la falta de atención médica y personal capacitado, y el retraso en la ayuda del Estado. ¿Cómo garantizar que este año sea distinto?

Las deudas históricas que tiene que enfrentar el nuevo gobierno

En el 2021, el Estado y la sociedad peruana tienen una deuda importante con los pueblos amazónicos, no solamente a partir de la pandemia, sino también por lo que ha hecho y ha dejado de hacer en los últimos doscientos años de República. De ahí la responsabilidad que debe asumir el nuevo gobierno en tratar de reducir esta histórica deuda.

Entre estas deudas, una de las más importantes tiene que ver con los derechos humanos de los pueblos indígenas, ya que, hasta la fecha, queda pendiente adecuar y actualizar la legislación peruana a los tratados y convenios internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Resulta urgente que las nuevas autoridades que sean elegidas este año respondan de manera adecuada a esta demanda que incluye, entre otras cosas, reconocer formalmente la existencia de pueblos o naciones indígenas, así como sus territorios desde una perspectiva integral y las diferentes propuestas que se han formulado en las últimas décadas para el ejercicio de su autonomía.

Próximos a cumplir los 50 años de la primera ley de comunidades nativas, se tiene que revisar también la legislación sobre las comunidades. El Estado no puede seguir considerándolas como “unidades de producción” y a depender del Ministerio de Agricultura. Son comunidades que se definen, no por el trabajo agropecuario, sino por sus costumbres y su identidad étnica.

Asimismo, urge reconocer, tal como lo hacen otros países de la región, la existencia legal de comunidades indígenas urbanas. Estos grupos, aunque se encuentren en las ciudades, siguen definiéndose por su identidad étnica, y reclaman su derecho a mantener sus idiomas y sus costumbres en el contexto urbano. El caso de los shipibo-konibo de Cantagallo no es único, pero es bastante representativo de lo que estas comunidades tienen que luchar para ser reconocidas como tales.

El nuevo gobierno también debería responder de manera integral a la situación precaria de nutrición y salud de la población indígena. En las últimas décadas se ha logrado reducir la anemia y la desnutrición en diversos sectores del país, pero no en la Amazonía. Este fracaso se debe, en buena parte, a no combatir la anemia y desnutrición desde una perspectiva integral, que incluya también políticas ambientales que eviten la deforestación y la contaminación de los ríos. Esta última problemática es particularmente grave, debido a que no solo afecta a los peces, sino que incrementa la presencia de mercurio y de metales pesados en la sangre de niños y niñas, siendo uno de sus efectos la dificultad que genera para la absorción de nutrientes.

En relación a la educación, resulta urgente mejorar la calidad de la educación intercultural bilingüe. Es importante señalar los esfuerzos hechos durante la última década por parte del Ministerio de Educación, sin embargo, la deuda pendiente es muy grande, y los resultados muchas veces son pequeños. La mayoría de jóvenes que terminan la secundaria, a diferencia de los y las alumnas que estudian en colegios privados bilingües en sectores pudientes de Lima, no llegan a ser bilingües competentes; es decir, no llegan a dominar ni su lengua materna ni el castellano, convirtiéndose en lo que podríamos llamar “ni-lingües”. Y a los problemas en la formación lingüística se suman los de los contenidos interculturales y los relacionados con la infraestructura escolar, incluyendo el acceso a agua potable.

Finalmente, la mejora de la calidad educativa también tiene que darse a nivel superior. En el Perú existen 4 universidades interculturales, todas licenciadas por la SUNEDU, y se cuenta, además, con unos lineamientos para la implementación del enfoque intercultural. Sin embargo, estos son bastante generales y no siempre se implementan en la realidad, de tal manera que muchas veces son consideradas como instituciones que ofrecen una educación de menor calidad al comparárseles con otras que hay en sus mismas regiones o en otras partes del país, y manteniendo en el mediano y largo plazo situaciones de desigualdad y marginación.

Las comunidades indígenas amazónicas han sufrido de constante explotación a causa de intereses privados. En la imagen: recreación de la época del caucho para el film Fitzcarraldo (1982)

Mirando al futuro

El panorama aquí presentado es bastante sombrío. Venimos de doscientos años en los que ha predominado una relación que ha oscilado entre la ignorancia y la indiferencia, por un lado, y el maltrato y la violencia, por el otro. La experiencia de la República, para los pueblos indígenas amazónicos, ha sido una experiencia fundamentalmente negativa. Ni el Estado, ni la sociedad nacional, les han traído nada positivo.

Y si la historia pasada es negativa, el presente no es mejor. En este último año, esta situación de marginación y maltrato se ha vuelto a visibilizar en el contexto de la pandemia.

¿Qué queda entonces para el futuro? Si el Estado mantiene la forma en que ha ido relacionándose con los pueblos indígenas amazónicos y no actúa con rapidez, decisión, y en permanente diálogo con las comunidades y sus organizaciones, la promesa de la independencia se seguirá postergando para estos y estas compatriotas. Esta responsabilidad también es nuestra, aunque no ocupemos cargos en el Estado ni en el nuevo gobierno, pues como sociedad civil tenemos la obligación también de convertir nuestro país en un lugar en que todos y todas, en medio de nuestras diferencias, podamos vivir y convivir de la mejor manera posible.

Otoño 2021


Oscar Espinosa de Rivero

Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP




Reactiva Perú solo alcanzará a 20% de las Mypes

mypesLos estragos que viene ocasionando el virus denominado Covid-19 han revelado la precariedad de nuestro sistema sanitario, económico y de generación de empleo. La existencia de incongruencia del crecimiento económico es que 30 años de bonanza pareciera que no ha garantizado sentar las bases para que este desarrollo económico sea más inclusivo y sostenible. mypes

Los resultados que se van mostrando en este contexto son:

  • Cerca de 35 mil fallecidos por Covid-19
  • Caída del PBI que se proyecta cerrará -14%
  • Pérdida de puestos de trabajo que ha afectado a más de 6 millones de trabajadores
  • Retroceso en 10 años en la disminución de la pobreza

El presente artículo abordará la incongruencia del modelo económico, la realidad de las Mypes en este contexto y afectación en el marco de la pandemia, y se esbozarán algunos lineamientos que vienen planteando especialistas para mitigar sus efectos e iniciar un proceso de inclusión a partir de promover su formalización y el desarrollo de mayor competitividad.

Paradoja del modelo económico peruano

Los índices de resiliencia macroeconómica, al comienzo de la pandemia, eran los más fuertes de la región. La base de ello es un sistema financiero fuerte, con Reservas Internacionales Netas (RIN) de US$ 74,667 MM, Deuda Externa equivalente a US$ 22,440 MM (26% PBI), Inflación inferior al 5% desde el 2000. Es por ello que nuestro país es reconocido por tener en el sol una “moneda dura”, con una calificación de riesgo país BBB+[1], además de estar ubicados en los últimos 20 años en el 10° puesto de países con mayor crecimiento en el mundo.

Sin embargo, cuando a esta resiliencia macroeconómica se le adicionan Indicadores estructurales, como:  precariedad del empleo, elevada presencia de la informalidad en la PEA, bajos niveles de ahorro e intermediación financiera y baja efectividad gubernamental, relacionado a la capacidad de implementación y ejecución de políticas, ello nos ubica en los últimos lugares del ranking según el Índice de resiliencia macro + estructural, que elabora el BM y FMI.

Sobre efectividad gubernamental habría que recordar las dificultades que viene enfrentando el gobierno para distribuir los bonos que se dispuso entregar a un 75% de familias en el Perú y que está tomando más tiempo de los planeado.

Mypes y el rostro de la informalidad y la baja competitividad

La Población Económicamente Activa (PEA) en el Perú está conformada por 17 millones de personas, según Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO 2019; de las cuales 5 millones se desenvuelven en el marco de actividades económicas formales y 12 millones en condiciones de informalidad.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el número de empresas activas en el 2019 ascendió a 2’734,619, con una tasa de bajas de 4.7%. A nivel de actividades la misma está distribuida en el sector Agropecuario (1.6%), Minería e Hidrocarburos (0.6%), Manufactura (7.7%), Construcción (3.2%), Comercio (43.5%) y Servicios (43.4%).

Fernando Villarán, especialista en el tema Mypes, destaca que según la investigación realizada en el Perú sobre Producción y Empleo Informal, a cargo del INEI con el apoyo del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia (publicada por el INEI en el 2014), se comprobó que el Empleo Informal en el Perú alcanzaba el 79% de la PEA, y que la producción informal alcanzaba el 19% del PBI. Esta investigación, desde su perspectiva, difiere de todas las investigaciones previas sobre el sector informal, que sobrevaloraban el aporte de este sector al PBI hasta por el 60%. Con los ajustes en la metodología permitió establecer que el problema central de las Mypes era la baja productividad.En esta estructura, la participación de las Mypes representa un 95%, principalmente vinculadas a actividades de comercio, servicios y manufactura, que se caracterizan por el uso intensivo en mano de obra, con bajos requerimientos de capital y con mínimas barreras de entrada.

Los programas de apoyo del gobierno

Desde el inicio de la pandemia el gobierno de Vizcarra, con el fin de mitigar los impactos en la economía, desarrolló dos estrategias de intervención de apoyo con medidas focalizadas y transversales. En la primera, para dar alivio tributario, se prorrogó el pago de impuestos para empresas con ventas menores a 5000 UIT, y creó un Fondo de Apoyo Empresarial Mype (FAE Mype). En la segunda, para apoyar en el proceso de recuperación empresarial, se dio la suspensión de sanciones tributarias, otorgó un subsidio del 35% de planilla por única vez (para sueldos menores a 2,400 soles), realizó una flexibilización laboral al activar la figura de la suspensión perfecta de labores y creó el Programa REACTIVA PERU, entre otras. Lo que conllevó a que el país implementara un plan económico de 19,69% del PBI, que equivale a S/ 136,536 millones[2].

¿De qué se trata cada programa de apoyo a las Empresas?

FAE-Mype[3]. Es un Fondo estatal creado para garantizar créditos de capital de trabajo para las micro y pequeñas empresas (Mype) de todos los sectores productivos (formales e informales), con plazos de 3 años y un período de gracia de hasta 12 meses, canalizados a través de las entidades del sistema financiero y las cooperativas de ahorro y crédito. Dicho programa cuenta con un patrimonio de S/. 800 millones. Una particularidad de este programa es la figura de apalancamiento, que consiste en la combinación de recursos propios (el fondo) y ajenos (recursos de las entidades financieras como resultado de sus operaciones) y a través de la cual, el fondo puede incrementar hasta en cinco veces su valor (S/. 4 mil millones en créditos garantizados).

Reactiva Perú[4]. Es un préstamo otorgado por las entidades financieras a las empresas (micro, pequeña, mediana y gran empresa) con la finalidad de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con sus trabajadores y proveedores. El programa cuenta con un fondo de S/. 60 mil millones. Además, de acuerdo con el Banco Central de Reserva, los créditos serán otorgados con tasas por debajo de un 2% anual.

Paralelamente a ello, en el mes de mayo se presentó un plan para la reactivación de actividades económicas, estructurado en 4 fases, el mismo que se viene implementando y que preveía que hasta fines de agosto se retomarían todas las actividades. La amenaza de una segunda ola de contagio ha obligado al gobierno a retroceder y mantener algunas actividades en suspensión (espectáculos deportivos masivos, reuniones sociales en discotecas y bares, asistencia a cines y gimnasios, etc.)

Acceso de las Mypes a los fondos de apoyo

El portal periodístico independiente Ojo Público difundió en agosto, tomando datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que durante la pandemia la entrega de créditos en soles aumentó de 9,7% a 19%, debido al impulso de programas como Reactiva Perú y FAE Mype. A la fecha, los préstamos totales colocados a grandes empresas y clientes corporativos (compañías con ventas anuales que superan los S/200 millones) alcanzan cerca de S/127 mil millones. Un monto muy superior al segmento de medianas empresas, que captaron S/54 mil millones del sistema financiero; y las Mypes, que alcanzaron casi S/. 51 mil millones en créditos.

Por su parte, el titular del BCR informó, al 12 de octubre, que más de 480 mil empresas de todos los sectores económicos recibieron créditos de Reactiva Perú, de las cuales el 98%, son micro y pequeñas empresas. Estos negocios se beneficiaron con tasas de interés históricamente bajas. Dicho monto acumulado a la fecha representa el 84% de los recursos del programa, y se asignó a una tasa de interés promedio de 1,72%, para los clientes de las entidades financieras.

El Estado benefició a un gran número de microempresas con créditos especiales en este tiempo de pandemia, pero el monto invertido en ellas es muchísimo menor a los préstamos otorgados a las grandes empresas, siendo estas últimas poco más de la tercera parte de las primeras.

Sin embargo, esta cifra revela la poca incidencia de apoyo de este programa en el sector micro y pequeña empresa, pues apenas refleja una cobertura aproximada del 18% según número de beneficiarios. Sin embargo, la distribución de los fondos no se proyecta muy auspicioso si tomamos como referencia el reporte emitido en junio por Experian, empresa consultora en información y análisis con filial en el país, que señala que el tipo de crédito microempresa registraba una participación de deuda apenas del 4.4%, en contraste con la corporativa que alcanzó 31.3%.

Estas deficiencias advertidas, según Ojo Público y Propuesta Ciudadana, están relacionadas con la metodología para garantizar la llegada de estos fondos a las Mypes: si esta no registra historial crediticio, no puede acceder; la periodicidad de las subastas y exigencia de presentación de los expedientes a COFIDE para dar conformidad en el acceso a los fondos; la disyuntiva que han enfrentado las Cajas Municipales de Crédito por otorgar préstamos con tasas promedio de 2.65%, cuando por sus saldos pasivos paga entre 6% y 7%.

Cambios o adaptaciones realizadas por las Mypes para adecuarse a esta “nueva realidad”

El Perú es uno de los países con mayor intención para emprender según Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en la publicación de su ranking 2019; quizás ello explica que, tras las medidas de confinamiento y el aislamiento social, a las pocas semanas cientos de miles de informales y desempleados tomaron avenidas y calles colindantes a centros de abasto y mercados para vender “lo que sea” y procurar ingresos con qué mantener sus hogares. Tal situación ocasionó que estos centros duplicaran en número su capacidad, terminando por constituirse en los principales focos de infección.

Con la ampliación de las medidas, y reconociendo la capacidad resiliente en el sector, no extraña que más del 30% de microempresarios hayan cambiado de giro de negocio, no sabemos aún si será definitivo, pero hemos visto cómo salones de belleza y discotecas fueron transformados en tiendas de abarrotes o minimarkets, hemos vistos cómo jóvenes han tomado las redes sociales para ofrecer la venta de artículos diversos o empresas adecuarse para ofrecer y realizar ventas on line, servicio de delivery, entre otros. Se estima que más del 80% de actividades ya se encuentran operando en el marco del plan de reactivación económica y, según coinciden la mayoría de analistas, tomará más de 1 año recuperarse.

Agenda para superar la crisis del empleo y elevar la productividad

Según el documento “Perú: Impacto de la COVID-19 en el empleo y los ingresos laborales”[5], elaborado por Julio Gamero y publicado por la OIT, refieren que las coordinaciones y los acuerdos entre gobierno, empleadores y trabajadores será clave para iniciar un proceso positivo; a ello debiera sumarse temas estructurales, entre ellos, la poca diversificación de la economía, la baja productividad y heterogeneidad productiva, la elevada informalidad. Los ejes propuestos son:

  1. Reactivación del empleo a través de la diversificación productiva y la creación de un entorno de promoción de empleos formales.
  2. Impulso del empleo decente a través de la inversión en políticas activas del mercado de trabajo.
  3. Fomentar el empleo mediante la formación, la digitalización de una parte de la economía y el impulso de nuevos sectores productivos.

Por su parte, Fernando Villarán, para lo mismo, propone implementar dos estrategias que ha denominado “de abajo hacia arriba” y de “arriba hacia abajo”, que consiste en: 

1. Elevar la Productividad de las Mypes:

    • Implementación de servicios de desarrollo empresarial (capacitación, transferencia de tecnología, acceso a mercados y consultorías)
    • Desarrollo de proveedores
    • Clústers competitivos
    • Asociatividad
    • Mediante la digitalización de trámites y regulaciones

2. Creando empleos bien remunerados en el sector formal:

    • Diversificación productiva
    • Obras de infraestructura (empleo en el sector construcción)
    • Empleo temporal

A estas iniciativas debieran alinearse los gobiernos locales para asumir una mayor eficiencia en el gasto, promover el desarrollo económico de sus territorios con énfasis en las Mypes, destinando recursos en el marco de la Ley que las promueve, abordar como prioridad el ordenamiento del comercio ambulatorio y evitar el uso de la violencia (porque la pandemia ha agudizado el desempleo); asimismo, priorizar el dialogo, la comunicación y llegar a acuerdos de intereses.

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[1] https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados/6418-fitch-ratings-ratifica-la-calificacion-crediticia-de-peru-en-moneda-extranjera-en-bbb-con-perspectiva-estable-y-ajusta-de-a-a-bbb-la-calificacion-crediticia-en-moneda-nacional
[2] https://www.mef.gob.pe/planeconomicocovid19
[3] D.U. 029-2020, 049-2020 y Resolución Ministerial N° 150-2020-EF/15
[4] D.L. 1455, 1485 y Resolución Ministerial N° 165-2020-EF/15
[5] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/documents/publication/wcms_756474.pdf

Verano 2020 / 2021


Jorge Lamas Velásquez

Coordinador del Programa de Apoyo a Estrategias de Autoempleo del CEOP Ilo.