Agenda de los Pueblos Indígenas post-derrame de petróleo

Es importante ir más allá de la indignación ética ante los recurrentes derrames de petróleo en el territorio de las comunidades nativas y articular los esfuerzos y los escasos recursos con la finalidad de construir una agenda post derrame de petróleo, a efectos de exigir se adopten una serie de medidas que garanticen que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

¿Qué denuncias se han hecho hasta la fecha?

Sin lugar a dudas, el punto de inflexión fue el derrame de cerca de 2,600 barriles de petróleo en la Quebrada de Cuninico en junio del año 2014, en el distrito de Urarinas, provincia y región de Loreto. Hasta esa fecha, para Petroperú los derrames de petróleo eran actos aislados de sabotaje.

a. Cuninico

Luego de ocurrido el derrame las comunidades nativas de Cuninico, Nueva Esperanza, Nueva Santa Rosa y San Francisco decidieron iniciar dos acciones legales, con el apoyo del Vicariato de Iquitos, la Parroquia Santa Rita de Castilla y del Instituto de Defensa Legal (IDL). Primero se inició un proceso administrativo sancionador contra Petroperú, para lo cual se presentó una denuncia ambiental ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Este proceso concluyó en setiembre del 2015 y se encontró responsabilidad administrativa en Petroperú por la comisión de 4 graves infracciones: no darle mantenimiento al Oleoducto Nor Peruano (ONP), demorar más de una semana en controlar el derrame, y por generar daño real a la flora y fauna, y daño potencial a la vida y salud.

La resolución de OEFA no impone sanciones. Lo que sí hizo fue establecer medidas correctivas contra Petroperú, dándole 6 meses para rehabilitar la zona impactada a su estado anterior.

Paralelamente a este proceso, se construyó con las comunidades afectadas una demanda constitucional de cumplimiento ante el Juez Mixto de Nauta, contra diversos organismos del Estado. En tal sentido, se exigía que Petroperú dé mantenimiento al ONP, que OSINERGMIN[1] fiscalice y sancione por no hacerlo, a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) que haga monitoreo del agua, al Ministerio de Salud (MINSA) y al Ministerio del Ambiente (MINAM) que declaren emergencia sanitaria y ambiental, etc.

Es patente la falta de atención del sector salud a las víctimas de Cuninico, basta ver la comunicación enviada por el MINSA para advertir que este y DIGESA no cumplieron con proteger la salud de los pobladores de las comunidades nativas afectadas por el derrame de petróleo en esta Quebrada[2].

De otro lado, a pesar que el D.S. No 081-2007-EM -que regula el mantenimiento del oleoducto- fue publicado el 11 de noviembre del 2007, recién en diciembre del 2014 OSINERGMIN descubrió que Petroperú no adecúo el ONP a dicha norma[3].

Ha sido fundamental en este proceso oír las declaraciones del Ministro Pulgar Vidal, reconocer que el ONP está obsoleto y que no se le da mantenimiento por los altos costos; sin embargo, ha causado sorpresa escuchar al ministro señalar que Petroperú ha sido sancionado, lo cual es absolutamente falso[4].

b. El derrame nunca investigado: San Pedro

Con fecha 16 de noviembre de 2014, PETROPERÚ emitió un comunicado informando de un nuevo derrame ocurrido en la comunidad San Pedro, en la cuenca del Marañón, a pocas horas de la comunidad San José de Saramuro. El impacto del derrame fue de grandes proporciones, abarcando desde el kilómetro 17 del ONP hasta el kilómetro 22. A diferencia de Cuninico, este derrame no está siendo investigado por OEFA.

c. Morona y Chiriaco

En el caso del derrame de petróleo ocurrido el 25 de enero de este año en Inaya, distrito de Imaza (Bagua, Amazonas), Edwin Montenegro, Presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Norte del Perú (ORPIAN-P), presentó los primeros días de febrero una denuncia ambiental ante OEFA contra Petroperú por no darle mantenimiento al ONP, por no controlar el derrame a tiempo, y por el daño real a la flora y fauna, y a la vida y salud. En el derrame de Morona, provincia de Datem del Marañón (Loreto), Wrays Pérez, Presidente del Gobierno Autónomo Territorial de la Nación Wampis, ha presentado una denuncia ambiental ante OEFA. Ambas tienen por objetivo que se inicie un proceso administrador sancionar contra Petroperú.

d. La respuesta de OEFA y OSINERGMIN

Una noticia sin precedentes fue la resolución de OEFA que ordena mantenimiento y adecuación[5]. Se trata de una medida acertada pero insuficiente por dos razones: primero porque lo que correspondía era parar el bombeo hasta que Petroperu haya cumplido con lo ordenado por OEFA: dar mantenimiento integral y renovar las partes obsoletas del ducto, pues en el estado actual constituye un grave peligro para el medio ambiente y para las comunidades nativas por cuyo territorio atraviesa. Y segundo, porque esa medida debió ser adoptada hace tiempo, apenas ocurrió el derrame de Cuninico.

Una segunda medida ha sido la reciente multa de 12 millones que OSNERMING impuso a Petroperú por falta de mantenimiento.

Finalmente, el MINSA declaró Emergencia Sanitaria en el distrito Imaza, provincia de Bagua, Región de Amazonas.

¿Cuál es la agenda post derrame de petróleo 2016?

Petroperú debe entregar agua y alimentos[6]. Debe realizar acciones de rehabilitación y descontaminación de la zona afectada, y acreditar con análisis biológicos y químicos del agua, sedimentos, peces y suelos, elaborado por instituciones técnicamente capaces e independientes, que ha rehabilitado la zona. Debe darle mantenimiento al ONP y actualizar los instrumentos de gestión ambiental, tal como lo ha ordenado OEFA.

El MINAM debe decretar Emergencia Ambiental en todas las zonas afectadas[7].

El MINSA debe decretar Emergencia sanitaria en zonas afectadas, debiendo priorizar la atención médica especializada de niños y mujeres gestantes, a efectos de su inmediata recuperación, en cumplimiento de la Ley General de Salud (Ley No 26842)[8].

DIGESA debe realizar monitoreo de los cuerpos de agua afectados[9].

DIGESA y la Dirección General de Epidemiología, deben implementar un Programa de atención y vigilancia epidemiológica durante el tiempo que dure la declaratoria de emergencia sanitaria.

PETROPERÚ debe compensar a las comunidades nativas afectadas en cumplimiento del “Procedimiento para control de emergencias”[10]. Según esta norma, a la brevedad se debe hacer un inventario de todos los daños ocurridos, incluso al medio ambiente y valorizar todos los daños; además, puede pedirse la intervención de la Defensoría del Pueblo.

OSINERGMIN debe cumplir con sus facultades de supervisión y fiscalización del ONP[11], toda vez que el oleoducto todavía no se ha adecuado al referido reglamento.

OEFA debe darle seguimiento a su decisión impuesta contra Petroperú, en especial a las medidas correctivas. Asimismo, debe iniciar un proceso administrativo sancionador por los derrames ocurridos en Morona y Chiriaco. También debe cumplir con establecer medidas cautelares contra la empresa Petroperú, en favor de las comunidades nativas afectadas por el derrame de petróleo en la Quebrada de Cuninico, en Morona y Chiriaco[12].

Los Gobiernos Regionales de Loreto y Amazonas deben adoptar medidas de emergencia en cumplimiento de la Ley Nº 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y del Reglamento de dicha Ley, que establece una serie de obligaciones de los Gobiernos Regionales en caso de emergencias.

El Instituto Nacional de Defensa Civil debe cumplir con sus obligaciones en casos de desastres.

El Servicio Nacional de Sanidad Pesquera del Ministerio PRODUCE debe emitir opinión sobre los peces en los ríos afectados.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) y las autoridades locales de agua (ALA) deben emitir pronunciamiento sobre el estado de los ríos afectados, y deben sancionar a Petroperú por la violación del artículo 120 de la Ley de Recursos Hídricos y por la violación del artículo 277 del Reglamento de esta misma Ley.

El Poder Judicial y, en concreto, el Juez de Nauta debe emitir sentencia en primera instancia en el proceso constitucional de cumplimiento interpuesto por la comunidad nativa de Cuninico contra Petroperú, por no darle mantenimiento al ONP y por el incumplimiento de las funciones de los organismos del Estado.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), organismo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, debe sancionar a Petroperú por hacer trabajar a menores de edad en la descontaminación.

OEFA y MINEM deben realizar procesos de consulta previa con las comunidades nativas afectadas, sobre la actualización y adecuación de las herramientas de gestión ambiental, toda vez que afectan a los pueblos indígenas.

Defensoría del Pueblo, debe fiscalizar que todos los órganos del Estado cumplan con sus funciones y obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico, y debe velar por que las comunidades nativas afectadas sean realmente atendidas.

[1] Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

[2] Véase en: www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1564

[3] Véase carta de OSINERGMIN a Galo Vasquez, en: www.justiciaviva.org.pe/userfiles/Osinermig-completo.pdf

[4] Entrevista en RPP a Ministro Pulgar Vidal: www.youtube.com/watch?v=nCnItDuEH1Y

[5] www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=16917

[6] “Procedimiento para control de emergencias”, contenido en “Reglamento de transporte de hidrocarburos por ductos” (Decreto Supremo N° 081-2007-EM)

[7] Decreto Supremo N° 024-2008-PCM .- Reglamento de la Ley Nº 28804 de la Declaratoria de Emergencia Ambiental

[8] El 15 de febrero se declaró la emergencia sanitaria a la calidad del agua para consumo humano por 90 días calendario (N.E)

[9] Idem a la nota 6

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] Ley N° 29352 del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental


Juan Carlos Ruíz Molleda

Abogado del Instituto de Defensa Legal – IDL. Especialista en temas constitucionales vinculados con pueblos indígenas.




Condiciones para una buena Descentralización

Es un hecho que la descentralización gubernamental se frenó desde el gobierno de Alan García, y aún más en el de Ollanta Humala, hasta el punto de generar un consenso sobre la “recentralización” del proceso; es decir, que las principales decisiones de asignación de recursos públicos se toman en el Ministerio de Economía antes que en las regiones o en las municipalidades. Lo cierto es que casi todos los ministros de economía han desconfiado en la descentralización como mecanismo institucional de política económica y de desarrollo, pues temen que las cuentas macroeconómicas se desequilibren; además, han recibido una gran ayuda de las variadas experiencias de corrupción observadas en varias regiones para pensar así.

Hoy, pasadas las elecciones y dadas las conversaciones que han tenido los gobernadores regionales con el presidente electo -tomando en cuenta su propuesta de crear un Ministerio de la Descentralización-, el tema ha vuelto a la agenda. Todo parece indicar que hay voluntad política para retomar el proceso, con la esperanza que pueda ayudar a mejorar la asignación del gasto corriente y de inversión en función de las necesidades regionales y locales.

Lo que hasta ahora no tenemos es una evaluación de los efectos de la descentralización en tres campos: (1) La asignación del gasto corriente, ¿es más eficiente y redistributivo que antes? (2) La ejecución de las inversiones ¿ha sido más eficaz y ha mejorado las condiciones para el crecimiento de las regiones? (3) ¿La descentralización puede ser una palanca para el desarrollo territorial o sólo es una reforma institucional? Al no contar con estas evaluaciones es normal pensar que la descentralización sea un proceso que se ha hecho a tientas por falta de información y planificación, y relanzarlo con esta información limitada y un pobre balance de lo avanzado, no asegura el alcanzar sus objetivos.

La idea de fondo de la descentralización era que, al cambiar los sistemas de identificación de prioridades de desarrollo, el sistema de decisiones de asignación, ejecución y supervisión -en los gobiernos locales y regionales- tendría un efecto en inversiones en infraestructura más eficaces para el desarrollo de las actividades económicas territoriales, en una mejora de la educación para la producción en cada región, en una mayor actividad tecnológica y de innovación en las universidades de las diferentes ciudades. No sabemos cuánto se ha avanzado en las distintas regiones sobre estos temas.

La otra cara de la medalla, en el proceso de descentralización, ha sido el proceso político y social desencadenado por la aplicación de la ley de la descentralización. Por un lado, ha obligado a generar organizaciones políticas para participar en las elecciones de los distintos gobiernos municipales y regionales; es decir, ha generado una dinámica socio-política en todo el territorio nacional, con el gran defecto de la atomización de estas organizaciones, que ha generado una competencia descarnada por controlar el gobierno local o regional y, sobre todo sus recursos presupuestales. Esto ha conducido a una perversión de la participación política, cuyo peor resultado han sido las centenas de problemas de corrupción y de malversación de fondos públicos. Todo esto en ausencia de una ética política y de una moral pública, debido a la ausencia de verdaderos partidos políticos.

Por otro lado, la descentralización ha generado un proceso de aprendizaje para gobernar que no ha sido acompañado de una efectiva descentralización administrativa para apoyar a los gobiernos electos en los procesos de gestión, de gestación de proyectos de inversión y en las ejecuciones presupuestales. Además, en cada cambio de gobierno ha habido una rotación del personal administrativo que ha incidido en la eficiencia y eficacia de los gobiernos. Esto es debido básicamente a dos factores: la falta de una ley sobre la carrera pública y a la tendencia de los gobernantes a colocar a sus partidarios y parientes en los puestos públicos, lo que no favorece el desempeño de los gobiernos descentralizados.

Frente a este panorama, al mismo tiempo poco claro y tan enmarañado, la cuestión es cómo se vuelve a la senda de la descentralización y cómo se hace para que una reforma tan prometedora para transformar los estilos de gobierno y para construir una plataforma pública, sea capaz de convocar al empresariado y a la sociedad civil para conjuntamente promover procesos de desarrollo y democratización local y regional. Este es el gran desafío del gobierno de Peruanos Por el Kambio.

Nos parece que la principal vía para retornar a la senda descentralista es a partir de ciertas políticas públicas, tanto económicas como institucionales. En nuestro criterio hay dos vías, o quizás tres, de relanzamiento. La primera es a través de políticas de gasto y sectoriales, la segunda es a través de reajustes institucionales y, la tercera, a través de una combinación de ambas.

La primera es la vía fiscal –mejora de los mecanismos de asignación del gasto corriente y de inversión y mejora de su calidad– que debe ir acompañada de políticas sectoriales que orienten el esfuerzo fiscal hacia los sectores o factores productivos que promoverían el desarrollo regional o local. Aquí el problema es ¿qué modelo de desarrollo regional se quiere promover? Hasta ahora el modelo que ha generado el neoliberalismo a la peruana (mucho mercado y poco Estado) es el primario exportador y de servicios (PESER) que se replica en la mayor parte de regiones, a excepción de algunas que son más de transformación productiva. En estas últimas, el crecimiento es mayor y más redistributivo, por ejemplo Lima, La Libertad o Arequipa son regiones que de alguna manera han promovido políticas de diversificación sectorial. Estoy convencido que la fórmula para generar “desarrollo territorial con equidad social” es cuando la descentralización estatal genera desconcentración económica, y ello sólo se puede generar si las políticas del gasto e inversión pública se concentran en apoyar aquellos sectores con mayores potencialidades productivas en cada región y/o aquellos que generen un proceso de innovación y cambios tecnológicos para promover nuevos sectores productivos.

La segunda vía es la institucional. La creación de un ministerio es la alternativa propuesta por el gobierno de PPK como medio para asignar mejor y más rápido los recursos públicos. Se trata de una propuesta de ajuste institucional, que parte de la idea que la descentralización no está funcionando porque hay demasiada traba a los procesos de inversión, demasiados trámites o demasiada burocracia; adicionalmente, hay una falta de coordinación entre los cuatro niveles de gobierno existentes. Sin embargo, crear un ministerio en el gobierno central para descentralizar, no sólo es una contradicción, si no que puede ser interpretada como una reconcentración para descentralizar, lo que llevaría a una conducción centralista del proceso desde de Lima. En nuestro criterio, bastaría con hacer dos cosas: reactivar el Consejo Nacional de la Descentralización (CND) quizás incorporando algunos mecanismos de coordinación con el MEF e incorporar la Asamblea Nacional de Regiones y de Municipalidades como un organismo colegiado con representación en el Consejo de Ministros. Obviamente, la esencia de esta vía es que el problema de la actual descentralización es la falta de coordinación, la asimetría de la información entre niveles de gobierno y las trabas burocráticas para la inversión pública.

Creo que lo adecuado es la combinación de ambas vías, lo cual se debería plasmar en una “política de descentralización para la desconcentración económica”, que debería integrar una política fiscal, una política sectorial-regional y un sistema de coordinación institucional de estas políticas entre los cuatro niveles de gobierno existentes.


Efraín Gonzales de Olarte

Economista. Vicerretor Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú.




Que todo niño aprenda en su lengua y en el marco de su cultura

El reciente Informe Defensorial 174, sobre el estado de la implementación de la política de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en el Perú, resulta alentador. Sus conclusiones reconocen avances sustantivos por parte del Ministerio de Educación en una política postergada por casi cuatro décadas.

Si bien las brechas por cerrar son amplias todavía, se han dado pasos de gran importancia en la identificación de la población beneficiaria, en la producción de materiales educativos, en la acreditación de docentes bilingües, en el acompañamiento a docentes EIB y en la construcción de instrumentos normativos clave -como una política sectorial, un plan nacional, un modelo de servicio y una propuesta pedagógica-, entre otros elementos.

Hay una ruta de trabajo y esperemos que se siga avanzando hasta que la EIB sea una genuina política de Estado. Entramos, pues, a una nueva etapa en la EIB en el Perú, que trae consigo retos diversos. Por eso es necesario preguntarnos qué hacer para consolidar lo avanzado y seguir adelante a un ritmo mayor hasta lograr una educación de calidad, y con pertinencia cultural y lingüística, para todos los peruanos y peruanas.

Propongo tres elementos al respecto, sin afán de exhaustividad. Uno de ellos es la calidad técnica. Una de las razones del progreso reconocido por el Informe Defensorial tiene que ver con este punto. Del 2011 en adelante no solo se ha defendido la importancia del derecho a la EIB, sino que se ha buscado aterrizar aquel derecho en procesos concretos que permitan asegurar las condiciones mínimas para su implementación.

Aquello debe continuarse, contar con mayor presupuesto, y a la vez ser fortalecido con sistemas eficientes de información y de monitoreo, así como de generación, gestión y uso de evidencia científica, que permitan un conocimiento cada vez más adecuado de la problemática a enfrentar y ayuden a asegurar que las intervenciones y las políticas sean las mejores y den resultados medibles.

Pero junto a la consolidación técnica de la EIB, que es fundamental, es necesario también que la población beneficiaria demande esta política. Este es quizás el reto más grande y el que debe ser abordado con mayor urgencia. Si bien es cada vez mayor la comprensión, por parte de los padres y madres indígenas, de la importancia de que sus hijos aprendan en su idioma originario como primera lengua y en el castellano como segunda, no se cuenta aún con una fuerte demanda que asegure la sostenibilidad de la EIB.

La demanda explícita es más alta entre pueblos amazónicos y menor entre pueblos andinos, pero es baja de todos modos en términos globales. Al parecer tiene mucho que ver con el grado de organización alrededor de la identidad étnica y del territorio. A diferencia de países como Bolivia y Ecuador, en el Perú no existe un movimiento indígena de alcance nacional que movilice políticamente a los pueblos originarios, teniendo como centro de la identidad su condición de pueblos anteriores a la existencia del Estado.

Este es quizá una de los principales puntos débiles de la EIB: la ausencia de un actor indígena no solo que demande el servicio, sino que sea consciente de la necesidad política de organizarse y de disputar poder en un proceso de descolonización de la sociedad peruana. La EIB es, pues, un elemento central en la descolonización del Estado y solo podrá desarrollar su máximo potencial si el impulso viene, antes que del Estado mismo -lo cual resulta muy difícil por la misma naturaleza del aparato público-, de la movilización activa de los pueblos indígenas.

Y ese es precisamente el tercer elemento que hay que tener presente y que quisiera resaltar: la necesidad de un cambio mayor en el Perú. Por supuesto, más que estatal, este es un reto político que apunta a transformar el Estado desde su dirección y que supera largamente al sector educación. Esta transformación es una tarea que la EIB no puede enfrentar como política educativa, pero a cuyo logro puede aportar vía la vitalización de la identidad indígena, paso necesario para la conformación de un actor social y político originario.

La EIB no podrá avanzar si el estudiante indígena sale de la escuela y es discriminado por su cultura o su aspecto físico en la ciudad, donde se incluirá muy probablemente como mano de obra marginal, en medio de una gran precariedad laboral.

Tampoco podrá avanzarse si los territorios de los pueblos originarios siguen siendo asediados por grandes capitales interesados en actividades extractivas, que en la mayoría de los casos no respetan ni el medioambiente ni el derecho a la consulta, y que son protegidos por el Estado, con pérdidas de vidas de por medio.

Será muy difícil, finalmente, que la EIB tenga grandes resultados si entre los medios de comunicación y las elites políticas se sigue pensando que la cultura occidental es más valiosa que la de los pueblos indígenas, cuyo valor suele ser reducido a una discriminatoria figura folklórica, atractiva para el turismo, pero símbolo de atraso o de inferioridad en la vida cotidiana, en el trabajo, en las universidades.

Pronto llegará el día en que sea una cuestión de sentido común que todo niño peruano aprenda en su lengua y en el marco de su cultura y pueda integrarse a la vida nacional como hablante bilingüe, sin tener que sacrificar su identidad. Pronto llegará el día en que incluso ni será necesaria la existencia de una política especial de EIB, pues seremos un país descolonizado, verdaderamente intercultural y plurinacional.

Los retos son enormes y el camino será largo, pero hemos dado ya los primeros pasos desde el Estado. Los pasos más importantes y definitivos, sin embargo, tendrán que ser dados por los pueblos mismos, que deberán poner el Estado a su servicio, como debe ser.


Omar Cavero Cornejo

Licenciado en sociología y Magister en economía por la PUCP. Docente en la UNMSM y la PUCP. Investigador en la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA), del MINEDU. Coordinador general de EMANCIPACIÓN (espacio de formación política y de fortalecimiento de organizaciones sindicales y barriales).



Lo que nos falta trabajar en la Inclusión de nuestra Diversidad Cultural

El 5 de junio del 2009 se produjeron dos graves sucesos de violencia, uno en el marco del operativo del desalojo de los indígenas, en la llamada Curva del Diablo, y un segundo hecho que ocurrió en la Estación 6 de Petroperú.

Actualmente existen tres procesos judiciales sobre el llamado Baguazo, el primero es el caso “Curva del Diablo”, sobre el cual el 22 de setiembre se ha emitido la sentencia desde la Sala Penal de Apelaciones Transitoria y Liquidadora de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, en el que se han absuelto a los 53 procesados de todos los cargos.

El segundo proceso judicial, sobre la Estación 6 de Petroperú, está en etapa de investigación, así como el tercer proceso judicial, que busca hacer justicia sobre la desaparición del mayor Felipe Bazán.

Es necesario tener claridad en el análisis sobre los procesos judiciales del llamado Baguazo, dado que se confunde que la sentencia en la que absuelven a las 53 personas inocentes en el caso Curva del Diablo resuelve los otros procesos que todavía están pendientes.

La sentencia marca un paso importante en la forma de resolver los procesos judiciales donde están involucrados indígenas, al hacer un análisis antropológico e histórico sobre el pueblo awajún–wampis. Es importante señalar que no se acreditó la responsabilidad penal de los acusados, conforme a los medios probatorios señalados, lo cual consta en la propia sentencia.

Las diversas visiones sobre territorio y desarrollo en el país

Para los pueblos indígenas (PPII) en el país, lo que está en juego desde hace varios siglos es la defensa de sus vidas, sus culturas y sus territorios. En diferentes zonas del país, ante la invasión de sus tierras, se han visto obligados a defenderse y, frente a la violencia de los agentes externos, muchos indígenas se han levantado en armas y respondido también con violencia. Sin embargo, no se trataba de una violencia «salvaje» e irracional, sino de la lucha por sus vidas, su libertad, su habitat.

En este contexto histórico se necesitan nuevos mecanismos y procedimientos para defender las tierras y las tradiciones culturales. El espíritu guerrero de los indígenas amazónicos se ha canalizado a través de formas diferentes de lucha política, como ha sido la creación de federaciones y organizaciones representativas. Las movilizaciones de 2008 y 2009 forman parte de esta lucha de las comunidades indígenas y de sus organizaciones, como AIDESEP[1], contra medidas del gobierno que vulneran sus derechos colectivos como pueblos: identidad, cultura, territorios y recursos naturales, y participación entre otros.

Lo ocurrido en la Amazonia hace siete años puso de manifiesto la exclusión de amplias poblaciones rurales de parte del Estado peruano. Ellos identifican que sus derechos no son respetados sino más bien vulnerados permanentemente.

Los discursos oficiales -de la esfera política y medios de comunicación? tienden a minimizar la capacidad de estas poblaciones de tener autonomía en sus decisiones y de incidir en el poder político, más aún en asuntos centrales que les competen. Esto se repite una y otra vez en nuestra historia y pareciera que, como sociedad, no consideramos a todos las y los ciudadanos como iguales, y que aún no estamos en la capacidad de reconocerlos en roles distintos a los tradicionalmente asignados. El racismo y la discriminación solapada son parte del discurso y la práctica cotidiana. No contamos con mecanismos eficientes de vigilancia y defensa de los derechos y, para una parte de la población, pareciera que estos tienen que ser arrancados al poder político centralizado.

Estos desencuentros, que se han dado a lo largo de la historia del país, nos plantean grandes desafíos e interrogantes que ya señalaba el GTSM[2] en un artículo en el año 2009 y que a pesar de los años transcurridos son muy actuales. Estos planteamientos están en relación a que el proyecto de desarrollo compartido que requiere el país solo puede construirse con un tejido social cohesionado, y para ello se requieren propuestas que partan del reconocimiento de la diversidad y la acción política de actores diversos. Para establecer y sostener el diálogo intercultural se requiere fortalecer relaciones de confianza entre los diversos actores; lo cual supone acercarnos al otro, reconociendo las diferencias y encontrando puntos en común. Proceso que no estará exento de permanentes enfrentamientos y desencuentros.

A la base de este desencuentro están los diferentes discursos de país, de lo que somos y queremos ser. Éstos reflejan las diferentes representaciones sobre la realidad, dependiendo de las condiciones geográficas, culturales, sociales, de género, económicas e históricas, desde las cuales estas se construyen. Estas representaciones no dialogan entre sí, o están en permanente confrontación, teniendo a la base relaciones de poder desiguales. No nos damos cuenta que, en la medida que negamos parte de nuestra diversidad como país, estamos empobreciendo nuestra identidad pluricultural.

Por su parte, el discurso oficial solo reconoce las representaciones que están al servicio del sistema que propone y discrimina propuestas diversas de desarrollo, que entran en conflicto con su modelo hegemónico.

Las heridas del Baguazo siguen abiertas, tanto de los indígenas y sus familias como de los familiares de los policías muertos durante este suceso. Para poder cerrarlas e iniciar acciones de reparación es importante tener procesos de justicia y verdad para todas las víctimas de este conflicto, indígenas y no indígenas.

El conflicto por la disputa del territorio está actualmente presente, dado que en territorios indígenas siguen presentes las empresas extractivas, afectando los derechos fundamentales de las poblaciones que viven en estas zonas de la Amazonía.

El rol que juegan los medios de comunicación, en la información que brindan sobre los conflictos sociales, es importante. En algunos casos esta información refuerza los imaginarios sobre los “indígenas salvajes” y el ser “un obstáculo para el desarrollo del país”. También existen medios de comunicación que tuvieron un papel fundamental para informar adecuadamente durante los sucesos de Bagua, la lucha de los indígenas sobre sus territorios, que veían amenazados, y su búsqueda por encontrar la forma de no llegar a los sucesos que acontecieron el 05 de junio.

En el caso de la sentencia de la Curva del Diablo, ha habido también diversas posiciones e interpretaciones en los medios y, en algunas ocasiones, pueden confundir por no presentar la información completa. Creemos que el papel de los medios es crucial para ir avanzando en la construcción de un país diverso.

El significado del proceso de Bagua en la historia judicial del país

Este proceso ha sido largo y doloroso para los procesados indígenas, teniendo ellos que desplazarse desde sus comunidades (en distancias muy alejadas) para participar de las audiencias. El poder judicial no tomó en cuenta estas condiciones, a pesar de que en reiteradas oportunidades la defensa legal planteaba las características específicas de la vida de este pueblo.

A pesar de estas condiciones, los procesados indígenas estuvieron presentes en las audiencias porque estaban convencidos de su inocencia, “confiaban en la justicia de su país”, contaban con el apoyo de diversas instituciones, especialmente de la Iglesia católica, a nivel nacional e internacional.

El proceso ha tratado en lo posible de dar un enfoque intercultural, de acuerdo a los protocolos emitidos por el Poder Judicial. Es de destacar que en el resultado del proceso se señala que “…no son los indígenas que requieren de lo intercultural sino el enfoque debe partir por los operadores de justicia y por las instancias decisoras de políticas a favor de los PPII. La interculturalidad en el poder judicial no es solo una actitud sino un procedimiento que va desarrollando pautas de respeto y de equidad”[3].

Con esta sentencia se demuestra que el Poder Judicial ha dado los primeros pasos en la implementación de la justicia intercultural. Por ejemplo, se han desarrollado cursos con el Ministerio de Cultura para la formación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas que puedan ingresar al Registro Nacional del Poder Judicial. En el proceso de Bagua participaron dos traductores e intérpretes de la lengua awajún y wampis, reconocidos oficialmente por el Viceministerio de Interculturalidad. Además, se ha contado con una pericia antropológica e investigaciones de diversos especialistas, que han aportado para que los magistrados puedan conocer y comprender la cultura de los pueblos awajún y wampis.

  • • El caso de Bagua ha marcado un antes y un después en la historia del país en el conocimiento y reconocimiento de los PPII como ciudadanos, buscando disminuir la exclusión y discriminación que históricamente han sufrido y que ha costado vidas humanas, como son los casos de la época del caucho, la violencia contra los Ashaninka durante el Conflicto armado interno, entre otros.
    • A partir de este conflicto se comienza a conocer la obligación del Estado a consultar conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT. Este conocimiento se amplía a nivel de las instancias públicas y privadas, medios de comunicación y sector académico.
    • Los PPII han demostrado su disposición al diálogo y el respeto al Estado peruano por considerarse ellos también ciudadanos peruanos, y tienen muy claro sus derechos colectivos como pueblos amparados en los instrumentos nacionales e internacionales.
    • El proceso de Bagua ha supuesto para los PPII un largo y difícil camino para comprender y entender el sistema judicial occidental que no tomaba en cuenta las condiciones y características de estos pueblos.
    • Para el Poder Judicial también ha significado un reto para conocer y comprender las diversas culturas implicadas y establecer mecanismos para asegurar las garantías del debido proceso, como la pericia antropológica y la participación de intérpretes y traductores. Sin embargo, como lo reconoce el sistema, quedan muchas tareas pendientes para asegurar una verdadera justicia intercultural en nuestro país.
    • Es necesario que se encuentre justicia para las víctimas de este proceso: policías e indígenas. Es fundamental que se procese a los responsables políticos conforme lo determina el Informe en Minoría del Congreso.
    • Se debe buscar cerrar las heridas individuales y colectivas generadas por este proceso y por las condiciones históricas de exclusión y discriminación con los PPII de la Amazonía. Consideramos que la Justicia y la Verdad son las bases para construir un proceso de reparación y paz en el país.
    • Estos hechos violentos, además de promover nuestra indignación como peruanos, debe permitirnos aprender a dialogar y definir acuerdos posibles entre ciudadanos diversos y el Estado peruano. Eso será posible en la medida que todos los actores involucrados estemos convencidos y se cuente con la voluntad política para hacer realidad el dialogo intercultural en el país.

____________________________

[1] Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
[2] Grupo de Trabajo de Salud Mental
[3] Ver sentencia Corte Superior de Justicia de Amazonas: Fallo judicial Caso; Curva del Diablo.


Adda Chuecas Cabrera

Abogada y consultora en derechos de pueblos Indígenas. Ex directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP.

Norma Vásquez Rubiños

Psicóloga, consultora en temas amazónicos.