Estrategia de los Pueblos Wampis y Awajún para defender sus derechos

Buscando una estrategia pacífica para defender su derecho a existir y proyectarse como Pueblo Wampis como parte del Perú, buena parte de los sabios, Jefes de Comunidades y dirigencias de las organizaciones de las sub-cuencas de los ríos Santiago (Amazonas) y Morona (Loreto) han iniciado un proceso organizado y sostenido hacia el reconocimiento jurídico del territorio ancestral integral, como se da en otros países amparados en el Convenio 169-OIT. Un proceso que desde el año pasado está re-organizando la representación y la toma de decisiones del Pueblo Wampis, motivando la reactivación de una iniciativa semejante por parte de un sector importante del Pueblo Awajún, que a mediados de enero del presente año empezaron a debatir los Estatutos que regirán al futuro gobierno territorial indígena.

Este proceso, sostenido desde el año pasado, avanzó en la Cumbre realizada en Soledad (cuenca del río Santiago), del 13 al 19 de marzo de este año, con la conformación del gobierno territorial de la Nación Wampis y la instalación de su Parlamento -el “UUN IRÚNTRAMU”- compuesto por Irunin (congresistas), provenientes de 28 comunidades (IRUTKAMU) de las cuencas del Kanus (Santiago en Amazonas) y Kankaim (Morona en Loreto).

Todo se inició con los Talleres de Validación del territorio integral, coordinados por la organización indígena CORPI-San Lorenzo[1], en el 2012, pero que logró vitalidad participativa el año 2013: reunidos en Puerto Galilea (capital del distrito Río Santiago) en el mes de julio, sabios y jefes de comunidades wampis trabajaron la historia de ocupación del territorio ancestral, verificándose y haciéndose ajustes a los mapas de delimitación del Pueblo Wampis.

Pero, ¿qué ha pasado para que ese proceso se vuelva a activar vigorosamente hasta la instalación del gobierno territorial de la Nación Wampis?

Nuestra hipótesis es que llegaron a la conclusión que mientras se limiten a organizarse en base a la fragmentación del territorio ancestral –comunidades tituladas y organizaciones por zonas en cada sub-cuenca– avanzará la ocupación y contaminación del bosque, de las Áreas Naturales y de la red de ríos a consecuencia de las actividades y de las futuras ejecuciones de los mega-proyectos respaldados por el marco jurídico.

Respalda esa hipótesis numerosos hechos que les han puesto ante la evidencia de un mayor riesgo de perder el territorio indígena, tanto por el aumento de amenazas como por la debilidad de representación organizada actual.

(1) El desgaste de las gestiones ante las autoridades para la erradicación de la minería informal. Desde el año 2012, las comunidades wampis y sus líderes -miembros del Consejo Permanente de los Pueblos Awajún y Wampis (CPPAW)- lideraron la defensa del río Kanus (Santiago) ante la expansión de la minería ilegal (extracción de oro operando con dragas, mercurio y otros tóxicos, sin control estatal alguno): primero denunciaron esa situación[2]; luego respaldaron la interdicción que se realizó después de un año para volver a solicitar la intervención oficial mediante oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros (recibida el 08.05.2015) ante la reactivación de la minería ilegal en la quebrada Pastazillo. Esta se implementó en junio 2015, extendiéndose a zonas de comunidades awajún, pero se constató que este año nuevamente está operando la minería ilegal. Es más, el nuevo gobierno regional ha acordado la formalización de esa minería sin que se haya consultado la norma, con la que están en oposición.

(2) La constatación de su débil capacidad para contrarrestar el poder del Plan Binacional, en su persistencia para la ejecución del Eje Vial 5. Este consiste en una carretera longitudinal en paralelo al río Kanus, que afectaría la alta biodiversidad del bosque (soporte material y espiritual de su cultura) así como haría viable zonas de colonos ávidos de extracción de madera y oro, riesgo que no están dispuestos a correr, más aún cuando el propio Estado sigue incumpliendo el Derecho de Consulta Previa, libre e informada. El Eje Vial 5 se pretendería imponer a pesar de que el Informe Técnico de SERNANP[3]-Amazonas no habría dado opinión técnica favorable.

(3) La persistencia estatal en basar la expansión de la generación de energía eléctrica mediante represas en el río Marañón. Se continúa con el desarrollo de estudios para la inversión en mega centrales hidroeléctricas inconsultas en el río Marañón (Rentema, Escurrebraga y Manseriche). El 22 de mayo del 2015, el diario oficial El Peruano informó de la concesión temporal que el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado para el desarrollo de estudios a nivel de factibilidad para la Central Hidroeléctrica Lorena, aguas abajo del Pongo de Rentema.

(4) La advertencia de penalización de las movilizaciones de protesta indígena por la defensa de sus derechos, que representa el Juicio Oral del caso de la Curva del Diablo, iniciado el 14 de mayo del 2014 contra 22 awajún y wampis (de un total de 53 civiles acusados), a pesar de que fue negativa la prueba de disparo con arma de fuego.

Esa hipótesis concuerda con los alcances dados recientemente por Wráys Pérez Ramírez (cuyo apellido materno indígena es Chamik), máximo representante del poder ejecutivo del gobierno territorial del Pueblo Wampis:

“Nos hemos constituido en noviembre del 2015 antes de la COP 21 de diciembre. Hemos dicho que nosotros no tenemos dinero pero tenemos este bosque, que hemos cuidado alrededor de 7 mil años, que nuestros antepasados sin haber ido a la universidad han sabido conservar; tal vez si hubieran ido esto no estuviera. Con ese conocimiento milenario se ha sabido conservar, esto es lo que estamos poniendo para la mitigación del cambio climático, no ponemos dinero, ponemos bosque, eso ha sido una Resolución (…). El 2008, viniendo trabajando así, el Tratado de Libre Comercio hace que se emitan Decretos Legislativos inconsultos que afectaban derechos de comunidades indígenas. Hoy hay mucho más: hay Lote 116 en el territorio awajún wampis, hay el 5to. Eje Vial se mantiene como propuesta…; los megaproyectos de represas esa es otra amenaza. Todo esto ha hecho que nosotros […] el único camino para poder defender nuestro territorio es uniéndonos y planteando como territorio integral, no queda otro camino para defender nuestros derechos territoriales” (Entrevista del 22.03.2015)

Problemática semejante se presenta en el territorio ancestral del Pueblo Awajún: minería ilegal y pretensión de explotación de oro por la minera Afrodita, contaminación de afluentes, proyectos viales, además de las represas mencionadas y del Lote 116, por ahora suspendido por la caída del precio del petróleo. Pero, ¿qué explica este avance sostenido del Pueblo Wampis en su determinación de gobernar su territorio, en contraste al débil y fragmentado avance del Pueblo Awajún, en la región Amazonas?

Nuestra hipótesis es que, en el caso del Pueblo Wampis, la determinación de la estrategia de Territorio Integral Indígena ha logrado ser consensuada desde las Asambleas Comunales, con la labor protagónica de sabios/as y dirigentes que gozan de reconocimiento cultural, favorecida por una mayor cohesión y representación territorial y cultural como Pueblo indígena, y que busca una doble afirmación frente al Estado y sectores del Pueblo Awajún que están favoreciendo el ingreso de minería ilegal y megaproyectos, incluso en la parte baja del río Kanus. En contraste, en el caso del Pueblo Awajún, están menos cohesionados y más dispersos; a su interior se sigue dando, después del “Baguazo”, una disputa activa de representación indígena entre los defensores del territorio y los indígenas que promueven el ingreso de actividades extractivas en cada uno de los Sectores de Río (Ver Mapa adjunto), y aún no han iniciado un proceso desde las Asambleas Comunales por Sectores, dirigido a lograr lo más cercano al consenso sobre la estrategia territorial.

Nos referimos a la actual disputa entre los que recientemente han formalizado su personería jurídica como “Nación Awajún y Wampis del Perú-NAWP[4]” (iniciativa creada en el marco de eventos oficiales del Plan Binacional) y el grupo de organizaciones (CPPAW, ODECOFROC[5], FISH[6], CIAP[7], OCCAAM[8], FEMAAN[9]) que persisten en liderar la movilización por la defensa del territorio ancestral, coordinando actividades entre sí y con la que ha recuperado recientemente su personería jurídica “Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú-ORPIAN-P” (base de AIDESEP).

Lo definimos como disputa de representación indígena ante el Estado porque mientras la NAWP es convocada para los procesos participativos del Plan de Desarrollo Concertado de Condorcanqui, a los eventos oficiales del Plan Binacional y del Gobierno regional, sucede lo contrario con el grupo de organizaciones que están demandando diálogo intercultural con el Estado, a razón de que no son escuchados ni convocados por las autoridades nacionales de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a pesar de la vigencia constitucional de sus derechos colectivos, amparados por el Convenio 169 de la OIT. Precisamente, la marginalidad de esta representación indígena en la interlocución con el Estado es parte de la configuración del conflicto y su tránsito de conflicto latente a conflicto activo.

[1] Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas
[2] La República, 12.09.2013
[3] Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
[4] A diferencia de la Nación Wampis, en NAWP la mayoría de sus miembros son awajún, por lo que no compromete a los wampis.
[5] Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa.
[6] Federación Indígena Shawit.
[7] Consejo Indígena Amazónico del Perú.
[8] Organización Central de Comunidades Aguarunas del Alto Marañon.
[9] Federación de Mujeres Aguarunas del Alto Marañón


Marlene Castillo Fernández

Consultora. Autora de la publicación “Disputa de representación de los Pueblos Awajún y Wampis en la Región Amazonas-Perú” (2016). Cooperacción. Lima, Perú.




Impactos “acumulados” en el bajo Marañón

Betty se enfermó de los riñones después de uno de tantos derrames de petróleo en el bajo Marañón. Le daba miedo tomar agua del río y no llovía. En Santa Rita de Castilla, distrito de Parinari -provincia de Loreto-, como en el resto de comunidades, no hay agua potable. Desde el derrame del 2010[1], muchas familias decidieron recoger agua de lluvia para beber, a pesar de los graves inconvenientes que le genera al pueblo kukama[2]: bocio, reumatismo y sarpullido, sin olvidar la ausencia de sabor del agua del río. Sin embargo, su caso -como el del resto de pacientes- no está registrado. Después del derrame en cuestión, Pluspetrol contrató personal sanitario que atendió en el Centro de Salud de Santa Rita de Castilla pero no dejó ninguna constancia de los casos atendidos. Igual sucedió en Cuninico con Petroperú. Todo ello en connivencia con el Ministerio de Salud. De esta manera consiguieron no dejar rastro. Sin olvidar el miedo y el deterioro de la salud mental que conlleva.

El derrame de Cuninico en junio 2014[3] ha sido un punto quiebre. Con harto sufrimiento y cooperación del Instituto de Defensa Legal, la Iglesia y gente anónima, se avanzó en la exigencia de derechos. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y otros organismos activaron sus mecanismos.

A nuestro parecer, hay un ‘post-Cuninico’. El derrame en San José de Saramuro[4], simultáneo al de Cuninico, quedó en el olvido. De igual manera duerme el sueño de los justos el derrame en San Pedro[5], los tres en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto. Siendo este último derrame más grave ?7500 barriles? que el de Cuninico ?2500 barriles? no ha tenido la repercusión necesaria. En ello intervienen muchos factores, entre otros, la misma organización indígena. El afán de protagonismo de uno de sus dirigentes ha entorpecido el caso.

A fin de cuentas, ahora sabemos “oficialmente” lo que antes no se atrevían a decir, que al Oleoducto Nor-Peruano le faltó mantenimiento adecuado por muchos años. La solución no es parcharlo, como hicieron en Cuninico. Si hubieran hecho caso, nos hubiéramos ahorrado los derrames en Chiriaco y Morona. Necesitamos un nuevo Oleoducto adecuado a las leyes: no debe tocar el agua, esto es muy importante en selva baja. A la luz de los hechos conviene repensar los criterios de responsabilidad social. No se pueden otorgar certificados de buenas prácticas a quien comete este tipo de aberraciones.

Se niega el derecho al agua potable cuando baja el crudo por el río, esto es intolerable. Administrar agua potable tampoco debe hacernos olvidar que en la zona no hay servicios básicos, y problematizar el agua del río es complejo cuando no hay otra fuente de captación de agua. La atención en salud también ha dejado mucho que desear. Los estudios de impactos a mediano y largo plazo no existen. En estas condiciones, es muy complicado poder atender a la población local.

La actuación de las petroleras y del Estado ha sido negociar directamente con las comunidades afectadas para que no saliera la noticia más allá, en lugar de remediar el foco de peligro; siempre en condiciones asimétricas. En muchas ocasiones se elegían como interlocutores a las organizaciones indígenas que se conformaban con un poco de dinero, evitando a aquellas que cuestionaban el estado del Oleoducto y su adecuación a las leyes peruanas. El Estado y las petroleras han provocado rupturas de organizaciones y han utilizado sus rivalidades internas para, tristemente, no garantizar los derechos que les asiste. Se ha privilegiado el interés económico de las empresas y del Estado antes que el bienestar de la población local y el cuidado del medio ambiente. Se pasa por alto algo tan humanitario como avisar a las comunidades de las proporciones de un derrame y las consecuencias que acarrea. A ello se suma la improvisación y la reiteración de los errores cometidos. Ahí están los menores de edad recogiendo petróleo crudo con sus propias manos: en Santa Rita de Castilla y Santa Isabel de Yumbaturo el 2000, en Cuninico el 2014 y en Chiriaco el 2016.

Un derrame no sólo contamina el agua, mayor impacto genera en la pesca. Si tenemos en cuenta que las comunidades necesitan de la pesca para su supervivencia, estamos afectando su seguridad alimentaria y generando un impacto en la economía local. Cuninico vivía de la pesca, ahora, dos años después del derrame, no pueden pescar. Su fuente de ingresos se ha modificado completamente. Con los pagos de las empresas para limpiar el derrame se produjo una fuerte inflación que ahora no pueden solucionar. La introducción de dinero en economías de subsistencia causa graves estragos. Durante el periodo en que las empresas trabajaban en la limpieza del crudo aumentaron los bares, las televisiones y refrigeradoras, entre otros. Sin olvidar el trato a las mujeres por parte de trabajadores venidos de fuera.

El Oleoducto atraviesa territorios de comunidades indígenas. Como único beneficio reparten unos cuantos cuadernos y lapiceros cada 18 meses, esto hay que corregirlo. Las leyes indígenas (Convenio 169 OIT, Declaración ONU sobre Pueblos Indígenas) deben ser respetadas. A todas luces es injusto que se genere riqueza con el petróleo y lo único que quede en los territorios indígenas sea contaminación. Merecemos un país más equitativo.

Debido a la insistencia del movimiento indígena de las 4 cuencas (Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón) se han instalado algunas plantas de potabilización de agua. Nos parece una solución menor para un problema tan complejo. Reconociendo su importancia, por lo que supone de interés en solucionar un problema, no lo abarca en todas sus dimensiones. El pescado y los seres espirituales que viven en los ríos son los grandes perjudicados: alterando el modo de subsistencia y la cosmología indígena.

No se puede aceptar que la empresa que contamina sea la que “limpie” porque los criterios que privilegia no son los medioambientales, sino los costes de la limpieza. Por tanto, no limpian como deben. Una instancia ajena a la producción, y a las empresas involucradas, debe realizar estas tareas de remediación y limpieza. Todo ello supervisado por las organizaciones indígenas y por el Estado. Las empresas involucradas deben ser sancionadas seriamente y, con este dinero, el Estado y las organizaciones indígenas controlar que se remedie, limpie e indemnice por los daños causados.

Los derrames son únicamente un problema entre otros que afecta al bajo Marañón. Sin una visión de cuenca no podemos ver las amenazas con las que se enfrentan: ya se aprobó la hidrovía. Haríamos bien en escuchar los sonidos recogidos por un hidrófono del aumento del tránsito fluvial y lo que eso conlleva. Las represas en el Marañón medio, la electrificación Moyobamba-Iquitos… Se sigue sin consultar a las poblaciones indígenas pese a que es obligatorio por ley. El Estado negocia cada megaproyecto, en el mejor de los casos, independientemente, para obviar la acumulación de impactos.

Pese a todas estas dificultades seguimos confiando en el Dios de la vida. Los que tenemos fe y rezamos el Padre nuestro, le pedimos a Dios: “venga a nosotros tu Reino”. Lo recibimos como un regalo precioso de Dios, al tiempo que comprometemos nuestra vida en la construcción del mismo.

[1] El 19 de junio del 2010 se derramaron entre 300 a 400 barriles de petróleo sobre el río Marañón en el sector de San José de Saramuro, distrito de Parinari, en Loreto, cuando una barcaza trasladaba crudo procedente del lote 8, bajo operación de la empresa Pluspetrol Norte

[2] Todas las comunidades citadas forman parte del pueblo indígena kukama.

[3] Se produce un derrame de petróleo a la altura del cruce del Oleoducto Norperuano con el río Cuninico (afluente del río Marañón).

[4] El 26 de junio del 2014.

[5] 13 de noviembre 2014.


Manuel M. Berjón, OSA

Sacerdote español, Párroco de la Parroquia La Inmaculada en Punchana (Iquitos).

Miguel Ángel Cadenas, OSA

Párroco y activista ambientalista. Parroquia La Inmaculada (Iquitos).




Agenda de los Pueblos Indígenas post-derrame de petróleo

Es importante ir más allá de la indignación ética ante los recurrentes derrames de petróleo en el territorio de las comunidades nativas y articular los esfuerzos y los escasos recursos con la finalidad de construir una agenda post derrame de petróleo, a efectos de exigir se adopten una serie de medidas que garanticen que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

¿Qué denuncias se han hecho hasta la fecha?

Sin lugar a dudas, el punto de inflexión fue el derrame de cerca de 2,600 barriles de petróleo en la Quebrada de Cuninico en junio del año 2014, en el distrito de Urarinas, provincia y región de Loreto. Hasta esa fecha, para Petroperú los derrames de petróleo eran actos aislados de sabotaje.

a. Cuninico

Luego de ocurrido el derrame las comunidades nativas de Cuninico, Nueva Esperanza, Nueva Santa Rosa y San Francisco decidieron iniciar dos acciones legales, con el apoyo del Vicariato de Iquitos, la Parroquia Santa Rita de Castilla y del Instituto de Defensa Legal (IDL). Primero se inició un proceso administrativo sancionador contra Petroperú, para lo cual se presentó una denuncia ambiental ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Este proceso concluyó en setiembre del 2015 y se encontró responsabilidad administrativa en Petroperú por la comisión de 4 graves infracciones: no darle mantenimiento al Oleoducto Nor Peruano (ONP), demorar más de una semana en controlar el derrame, y por generar daño real a la flora y fauna, y daño potencial a la vida y salud.

La resolución de OEFA no impone sanciones. Lo que sí hizo fue establecer medidas correctivas contra Petroperú, dándole 6 meses para rehabilitar la zona impactada a su estado anterior.

Paralelamente a este proceso, se construyó con las comunidades afectadas una demanda constitucional de cumplimiento ante el Juez Mixto de Nauta, contra diversos organismos del Estado. En tal sentido, se exigía que Petroperú dé mantenimiento al ONP, que OSINERGMIN[1] fiscalice y sancione por no hacerlo, a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) que haga monitoreo del agua, al Ministerio de Salud (MINSA) y al Ministerio del Ambiente (MINAM) que declaren emergencia sanitaria y ambiental, etc.

Es patente la falta de atención del sector salud a las víctimas de Cuninico, basta ver la comunicación enviada por el MINSA para advertir que este y DIGESA no cumplieron con proteger la salud de los pobladores de las comunidades nativas afectadas por el derrame de petróleo en esta Quebrada[2].

De otro lado, a pesar que el D.S. No 081-2007-EM -que regula el mantenimiento del oleoducto- fue publicado el 11 de noviembre del 2007, recién en diciembre del 2014 OSINERGMIN descubrió que Petroperú no adecúo el ONP a dicha norma[3].

Ha sido fundamental en este proceso oír las declaraciones del Ministro Pulgar Vidal, reconocer que el ONP está obsoleto y que no se le da mantenimiento por los altos costos; sin embargo, ha causado sorpresa escuchar al ministro señalar que Petroperú ha sido sancionado, lo cual es absolutamente falso[4].

b. El derrame nunca investigado: San Pedro

Con fecha 16 de noviembre de 2014, PETROPERÚ emitió un comunicado informando de un nuevo derrame ocurrido en la comunidad San Pedro, en la cuenca del Marañón, a pocas horas de la comunidad San José de Saramuro. El impacto del derrame fue de grandes proporciones, abarcando desde el kilómetro 17 del ONP hasta el kilómetro 22. A diferencia de Cuninico, este derrame no está siendo investigado por OEFA.

c. Morona y Chiriaco

En el caso del derrame de petróleo ocurrido el 25 de enero de este año en Inaya, distrito de Imaza (Bagua, Amazonas), Edwin Montenegro, Presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Norte del Perú (ORPIAN-P), presentó los primeros días de febrero una denuncia ambiental ante OEFA contra Petroperú por no darle mantenimiento al ONP, por no controlar el derrame a tiempo, y por el daño real a la flora y fauna, y a la vida y salud. En el derrame de Morona, provincia de Datem del Marañón (Loreto), Wrays Pérez, Presidente del Gobierno Autónomo Territorial de la Nación Wampis, ha presentado una denuncia ambiental ante OEFA. Ambas tienen por objetivo que se inicie un proceso administrador sancionar contra Petroperú.

d. La respuesta de OEFA y OSINERGMIN

Una noticia sin precedentes fue la resolución de OEFA que ordena mantenimiento y adecuación[5]. Se trata de una medida acertada pero insuficiente por dos razones: primero porque lo que correspondía era parar el bombeo hasta que Petroperu haya cumplido con lo ordenado por OEFA: dar mantenimiento integral y renovar las partes obsoletas del ducto, pues en el estado actual constituye un grave peligro para el medio ambiente y para las comunidades nativas por cuyo territorio atraviesa. Y segundo, porque esa medida debió ser adoptada hace tiempo, apenas ocurrió el derrame de Cuninico.

Una segunda medida ha sido la reciente multa de 12 millones que OSNERMING impuso a Petroperú por falta de mantenimiento.

Finalmente, el MINSA declaró Emergencia Sanitaria en el distrito Imaza, provincia de Bagua, Región de Amazonas.

¿Cuál es la agenda post derrame de petróleo 2016?

Petroperú debe entregar agua y alimentos[6]. Debe realizar acciones de rehabilitación y descontaminación de la zona afectada, y acreditar con análisis biológicos y químicos del agua, sedimentos, peces y suelos, elaborado por instituciones técnicamente capaces e independientes, que ha rehabilitado la zona. Debe darle mantenimiento al ONP y actualizar los instrumentos de gestión ambiental, tal como lo ha ordenado OEFA.

El MINAM debe decretar Emergencia Ambiental en todas las zonas afectadas[7].

El MINSA debe decretar Emergencia sanitaria en zonas afectadas, debiendo priorizar la atención médica especializada de niños y mujeres gestantes, a efectos de su inmediata recuperación, en cumplimiento de la Ley General de Salud (Ley No 26842)[8].

DIGESA debe realizar monitoreo de los cuerpos de agua afectados[9].

DIGESA y la Dirección General de Epidemiología, deben implementar un Programa de atención y vigilancia epidemiológica durante el tiempo que dure la declaratoria de emergencia sanitaria.

PETROPERÚ debe compensar a las comunidades nativas afectadas en cumplimiento del “Procedimiento para control de emergencias”[10]. Según esta norma, a la brevedad se debe hacer un inventario de todos los daños ocurridos, incluso al medio ambiente y valorizar todos los daños; además, puede pedirse la intervención de la Defensoría del Pueblo.

OSINERGMIN debe cumplir con sus facultades de supervisión y fiscalización del ONP[11], toda vez que el oleoducto todavía no se ha adecuado al referido reglamento.

OEFA debe darle seguimiento a su decisión impuesta contra Petroperú, en especial a las medidas correctivas. Asimismo, debe iniciar un proceso administrativo sancionador por los derrames ocurridos en Morona y Chiriaco. También debe cumplir con establecer medidas cautelares contra la empresa Petroperú, en favor de las comunidades nativas afectadas por el derrame de petróleo en la Quebrada de Cuninico, en Morona y Chiriaco[12].

Los Gobiernos Regionales de Loreto y Amazonas deben adoptar medidas de emergencia en cumplimiento de la Ley Nº 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y del Reglamento de dicha Ley, que establece una serie de obligaciones de los Gobiernos Regionales en caso de emergencias.

El Instituto Nacional de Defensa Civil debe cumplir con sus obligaciones en casos de desastres.

El Servicio Nacional de Sanidad Pesquera del Ministerio PRODUCE debe emitir opinión sobre los peces en los ríos afectados.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) y las autoridades locales de agua (ALA) deben emitir pronunciamiento sobre el estado de los ríos afectados, y deben sancionar a Petroperú por la violación del artículo 120 de la Ley de Recursos Hídricos y por la violación del artículo 277 del Reglamento de esta misma Ley.

El Poder Judicial y, en concreto, el Juez de Nauta debe emitir sentencia en primera instancia en el proceso constitucional de cumplimiento interpuesto por la comunidad nativa de Cuninico contra Petroperú, por no darle mantenimiento al ONP y por el incumplimiento de las funciones de los organismos del Estado.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), organismo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, debe sancionar a Petroperú por hacer trabajar a menores de edad en la descontaminación.

OEFA y MINEM deben realizar procesos de consulta previa con las comunidades nativas afectadas, sobre la actualización y adecuación de las herramientas de gestión ambiental, toda vez que afectan a los pueblos indígenas.

Defensoría del Pueblo, debe fiscalizar que todos los órganos del Estado cumplan con sus funciones y obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico, y debe velar por que las comunidades nativas afectadas sean realmente atendidas.

[1] Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

[2] Véase en: www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1564

[3] Véase carta de OSINERGMIN a Galo Vasquez, en: www.justiciaviva.org.pe/userfiles/Osinermig-completo.pdf

[4] Entrevista en RPP a Ministro Pulgar Vidal: www.youtube.com/watch?v=nCnItDuEH1Y

[5] www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=16917

[6] “Procedimiento para control de emergencias”, contenido en “Reglamento de transporte de hidrocarburos por ductos” (Decreto Supremo N° 081-2007-EM)

[7] Decreto Supremo N° 024-2008-PCM .- Reglamento de la Ley Nº 28804 de la Declaratoria de Emergencia Ambiental

[8] El 15 de febrero se declaró la emergencia sanitaria a la calidad del agua para consumo humano por 90 días calendario (N.E)

[9] Idem a la nota 6

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] Ley N° 29352 del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental


Juan Carlos Ruíz Molleda

Abogado del Instituto de Defensa Legal – IDL. Especialista en temas constitucionales vinculados con pueblos indígenas.




Condiciones para una buena Descentralización

Es un hecho que la descentralización gubernamental se frenó desde el gobierno de Alan García, y aún más en el de Ollanta Humala, hasta el punto de generar un consenso sobre la “recentralización” del proceso; es decir, que las principales decisiones de asignación de recursos públicos se toman en el Ministerio de Economía antes que en las regiones o en las municipalidades. Lo cierto es que casi todos los ministros de economía han desconfiado en la descentralización como mecanismo institucional de política económica y de desarrollo, pues temen que las cuentas macroeconómicas se desequilibren; además, han recibido una gran ayuda de las variadas experiencias de corrupción observadas en varias regiones para pensar así.

Hoy, pasadas las elecciones y dadas las conversaciones que han tenido los gobernadores regionales con el presidente electo -tomando en cuenta su propuesta de crear un Ministerio de la Descentralización-, el tema ha vuelto a la agenda. Todo parece indicar que hay voluntad política para retomar el proceso, con la esperanza que pueda ayudar a mejorar la asignación del gasto corriente y de inversión en función de las necesidades regionales y locales.

Lo que hasta ahora no tenemos es una evaluación de los efectos de la descentralización en tres campos: (1) La asignación del gasto corriente, ¿es más eficiente y redistributivo que antes? (2) La ejecución de las inversiones ¿ha sido más eficaz y ha mejorado las condiciones para el crecimiento de las regiones? (3) ¿La descentralización puede ser una palanca para el desarrollo territorial o sólo es una reforma institucional? Al no contar con estas evaluaciones es normal pensar que la descentralización sea un proceso que se ha hecho a tientas por falta de información y planificación, y relanzarlo con esta información limitada y un pobre balance de lo avanzado, no asegura el alcanzar sus objetivos.

La idea de fondo de la descentralización era que, al cambiar los sistemas de identificación de prioridades de desarrollo, el sistema de decisiones de asignación, ejecución y supervisión -en los gobiernos locales y regionales- tendría un efecto en inversiones en infraestructura más eficaces para el desarrollo de las actividades económicas territoriales, en una mejora de la educación para la producción en cada región, en una mayor actividad tecnológica y de innovación en las universidades de las diferentes ciudades. No sabemos cuánto se ha avanzado en las distintas regiones sobre estos temas.

La otra cara de la medalla, en el proceso de descentralización, ha sido el proceso político y social desencadenado por la aplicación de la ley de la descentralización. Por un lado, ha obligado a generar organizaciones políticas para participar en las elecciones de los distintos gobiernos municipales y regionales; es decir, ha generado una dinámica socio-política en todo el territorio nacional, con el gran defecto de la atomización de estas organizaciones, que ha generado una competencia descarnada por controlar el gobierno local o regional y, sobre todo sus recursos presupuestales. Esto ha conducido a una perversión de la participación política, cuyo peor resultado han sido las centenas de problemas de corrupción y de malversación de fondos públicos. Todo esto en ausencia de una ética política y de una moral pública, debido a la ausencia de verdaderos partidos políticos.

Por otro lado, la descentralización ha generado un proceso de aprendizaje para gobernar que no ha sido acompañado de una efectiva descentralización administrativa para apoyar a los gobiernos electos en los procesos de gestión, de gestación de proyectos de inversión y en las ejecuciones presupuestales. Además, en cada cambio de gobierno ha habido una rotación del personal administrativo que ha incidido en la eficiencia y eficacia de los gobiernos. Esto es debido básicamente a dos factores: la falta de una ley sobre la carrera pública y a la tendencia de los gobernantes a colocar a sus partidarios y parientes en los puestos públicos, lo que no favorece el desempeño de los gobiernos descentralizados.

Frente a este panorama, al mismo tiempo poco claro y tan enmarañado, la cuestión es cómo se vuelve a la senda de la descentralización y cómo se hace para que una reforma tan prometedora para transformar los estilos de gobierno y para construir una plataforma pública, sea capaz de convocar al empresariado y a la sociedad civil para conjuntamente promover procesos de desarrollo y democratización local y regional. Este es el gran desafío del gobierno de Peruanos Por el Kambio.

Nos parece que la principal vía para retornar a la senda descentralista es a partir de ciertas políticas públicas, tanto económicas como institucionales. En nuestro criterio hay dos vías, o quizás tres, de relanzamiento. La primera es a través de políticas de gasto y sectoriales, la segunda es a través de reajustes institucionales y, la tercera, a través de una combinación de ambas.

La primera es la vía fiscal –mejora de los mecanismos de asignación del gasto corriente y de inversión y mejora de su calidad– que debe ir acompañada de políticas sectoriales que orienten el esfuerzo fiscal hacia los sectores o factores productivos que promoverían el desarrollo regional o local. Aquí el problema es ¿qué modelo de desarrollo regional se quiere promover? Hasta ahora el modelo que ha generado el neoliberalismo a la peruana (mucho mercado y poco Estado) es el primario exportador y de servicios (PESER) que se replica en la mayor parte de regiones, a excepción de algunas que son más de transformación productiva. En estas últimas, el crecimiento es mayor y más redistributivo, por ejemplo Lima, La Libertad o Arequipa son regiones que de alguna manera han promovido políticas de diversificación sectorial. Estoy convencido que la fórmula para generar “desarrollo territorial con equidad social” es cuando la descentralización estatal genera desconcentración económica, y ello sólo se puede generar si las políticas del gasto e inversión pública se concentran en apoyar aquellos sectores con mayores potencialidades productivas en cada región y/o aquellos que generen un proceso de innovación y cambios tecnológicos para promover nuevos sectores productivos.

La segunda vía es la institucional. La creación de un ministerio es la alternativa propuesta por el gobierno de PPK como medio para asignar mejor y más rápido los recursos públicos. Se trata de una propuesta de ajuste institucional, que parte de la idea que la descentralización no está funcionando porque hay demasiada traba a los procesos de inversión, demasiados trámites o demasiada burocracia; adicionalmente, hay una falta de coordinación entre los cuatro niveles de gobierno existentes. Sin embargo, crear un ministerio en el gobierno central para descentralizar, no sólo es una contradicción, si no que puede ser interpretada como una reconcentración para descentralizar, lo que llevaría a una conducción centralista del proceso desde de Lima. En nuestro criterio, bastaría con hacer dos cosas: reactivar el Consejo Nacional de la Descentralización (CND) quizás incorporando algunos mecanismos de coordinación con el MEF e incorporar la Asamblea Nacional de Regiones y de Municipalidades como un organismo colegiado con representación en el Consejo de Ministros. Obviamente, la esencia de esta vía es que el problema de la actual descentralización es la falta de coordinación, la asimetría de la información entre niveles de gobierno y las trabas burocráticas para la inversión pública.

Creo que lo adecuado es la combinación de ambas vías, lo cual se debería plasmar en una “política de descentralización para la desconcentración económica”, que debería integrar una política fiscal, una política sectorial-regional y un sistema de coordinación institucional de estas políticas entre los cuatro niveles de gobierno existentes.


Efraín Gonzales de Olarte

Economista. Vicerretor Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú.