Yanacocha, la mayor mina de oro de América Latina, considerada como una de las más rentables del mundo y ubicada en las cercanías de la ciudad de Cajamarca, entró en producción en 1993. Su presencia fue controversial prácticamente desde el inicio de sus operaciones. A pesar que Yanacocha afirma que tiene los más elevados estándares ambientales y sociales, ha sido confrontada en forma permanente con las más diversas denuncias -fundadas o no- sobre violaciones a los derechos humanos, sobre los impactos negativos de la presencia de la empresa, y sobre el agotamiento de las fuentes de agua en Cajamarca.

Una de las crisis de mayor magnitud fue, a partir de 2001, el movimiento de resistencia de las poblaciones locales en contra de los intentos de la empresa por ampliar sus operaciones sobre el cerro Quilish, lugar donde nacen el río Porcón y el río Grande, dos fuentes hídricas indispensables para las poblaciones de la región. En julio de 2004, el gobierno de Toledo aprueba la evaluación ambiental (EA) presentada por Yanacocha, autorizándola a explorar en el cerro Quilish. Las poblaciones locales multiplican las acciones de protesta que desembocan en un paro regional, el 15 de septiembre, en las 13 provincias del departamento. Al día siguiente, el MEM cancela la norma emitida en julio. Frente a la persistencia de los enfrentamientos, la empresa solicitó, el 4 de noviembre de 2004, la revocación de su autorización de exploración.

Si bien esta vez se trata también de una ampliación de las actividades de la empresa, el conflicto actual en torno al proyecto Conga operado por Yanacocha, con una inversión valorizada en 4.800 millones de dólares y parado desde noviembre a petición del Gobierno, se desarrolla en un contexto muy diferente. En primer lugar, es la prueba de fuego en el campo de la resolución de conflictos sociales para el gobierno de Ollanta Humala. Ya ha ocasionado que el 10 de diciembre el Premier Salomón Lerner Ghitis diera un paso al costado, a sólo cuatro meses de asumir el cargo, dando pie a su relevo por el Ministro del Interior Óscar Valdés.

En segundo lugar, el enfrentamiento directo entre el presidente Humala y el actual presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos –Goyo- pone en la agenda las relaciones de poder entre el gobierno central con los gobiernos regionales, en el presente marco de descentralización política.

En tercer lugar, no se trata esta vez de la fase de exploración, en la cual la empresa ya ha gastado 800 millones de dólares, sino del proceso de explotación en curso. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ha sido aprobado por el MEM en 2010, durante el régimen de García, después de las debidas audiencias públicas. La explotación durará por lo menos dos décadas. Dejará 3.000 millones de dólares al Perú solo en impuestos, 1.500 de ellos en Cajamarca. En lo inmediato, el punto crítico más controvertido es que el proyecto compromete el secado y la destrucción de las lagunas El Perol, Mala, Chica, y Azul, y su sustitución por 3 reservorios con mayor capacidad de almacenamiento. Lo que la movilización cajamarquina rechaza, con el grito de guerra “Conga no va”, por atentar contra el ecosistema que condiciona su forma de vida y sistema de producción. Percepción ratificada por el informe del Ministerio del Ambiente del 21 de noviembre 2011, que señala: “el referido proyecto transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios sistemas y fragmentando los restantes de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible”.

Desde 1990 predomina, en las altas esferas del Estado, de que brindar seguridad jurídica a inversiones como la de Conga es prioridad absoluta para el país. Difícilmente el Gobierno de Humala se puede permitir dar la imagen de que una inversión de 4.800 millones de dólares, ya firmada y en marcha, se va al traste por unas elecciones y una protesta local. A muchos sectores que apoyaron la elección de Ollanta Humala les cayó muy mal sus declaraciones sobre Conga: “Rechazamos posiciones extremas: el agua o el oro. Nosotros planteamos una posición sensata: el agua y el oro”. En otras palabras, “¡Conga va!”. Sienten que el presidente «capitula» ante los intereses de la gran empresa, la que no ha parado de presionar durante todo este periodo. Recordemos que es un gobierno que ingresa después de haber afirmado los derechos de la gente y la necesidad de proteger el medio ambiente y el agua.

Ha habido además un mal manejo del gobierno, que dio un conjunto de señales contradictorias, agravando el conflicto. Era una provocación innecesaria declarar el estado de emergencia en Cajamarca. Frente a la intransigencia de los líderes cajamarquinos, no buscó la mediación de personalidades o sectores que tengan legitimidad ante la población y pueden lograr su confianza, para alcanzar una solución integral y duradera. Así mismo, es contraproducente no concertar con las autoridades regionales y locales los Términos de Referencia del peritaje internacional sobre el balance hídrico del proyecto Conga.

Por cierto, no se puede pretender que el gobierno de Humala solucione de la noche a la mañana un conflicto heredado que se vino acumulando desde gobiernos anteriores y que responde a una política de promoción de inversiones mineras que no considera la opinión de las poblaciones locales y los impactos no solo ambientales sino sociales. Sin embargo, medidas concretas tienen que ser tomadas. Por ejemplo, es insostenible que sea el propio promotor de la inversión en el sector minero, el MEM, quien apruebe, en forma muchas veces superficial y sesgada a favor de la empresa, los EIA. Tal como ha sido propuesto desde hace mucho tiempo y desde varias instancias, esa competencia tendría que pasar al Ministerio del Ambiente. Es urgente establecer ese nuevo marco institucional; porque el existente ha demostrado ser uno de los factores que lleva a que los conflictos se transformen en actos de violencia cometidos por los distintos actores involucrados. Es importante también el establecimiento de normas y políticas nacionales de Ordenamiento Territorial (OT) que permitan, con la flexibilidad necesaria, tomar decisiones intergubernamentales sobre el uso del suelo, el aprovechamiento de las potencialidades presentes en el territorio y los riesgos a tomar en cuenta Si se avanza en esta dirección podremos aspirar a que el tratamiento de los conflictos pueda ser menos reactivo y más preventivo.

Desde el 29 de febrero corre la cuenta regresiva de 40 días para que los tres expertos contratados por el gobierno para llevar a cabo el peritaje internacional entreguen su informe que, dicho de paso, no tendrá carácter dirimente o vinculante. Mientras tanto Conga sigue a la espera.

Publicado en abril 2012

Bruno Revesz, SJ

Politólogo y director del Área de Investigación y Proyección Regional del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), cofundador del Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA), en Piura.

Entrevista a Gladis Vila, presidenta de ONAMIAP

Por Diana Tantaleán
Apostolado Social

Gladis Vila Pihue es presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP). Ella expone la visión de los pueblos indígenas en torno a la reglamentación de la Ley de Consulta Previa.

Durante los meses de enero y febrero se desarrollaron los talleres de debate sobre la Consulta Previa y su reglamentación ¿Cómo se ha realizado este proceso?

Los pueblos indígenas, después de los sucesos de Bagua, se constituyen en una mesa de trabajo denominada la MESA 3; en este espacio se trabajó toda una propuesta que no fue recogida en la Ley de Consulta ni en un 50%, por lo que los pueblos indígenas tuvieron algunas observaciones.

A pesar de ello nosotros entendimos que el Convenio 169 de la OIT era ratificado por el Estado peruano, y como tal, la reglamentación podría subsanar algunos vacíos que quedaban en la Ley. Sin embargo, esto no se dio, y ha pedido de las organizaciones que integrábamos la Comisión Multisectorial se programan seis Talleres Macro Regionales. Esto era necesario porque el diálogo de los dirigentes nacionales con el Estado no era suficiente, hacía falta escuchar los aportes y comentarios de las organizaciones de base.

Los Talleres se realizaron en Chiclayo, Pucallpa, Iquitos, Cusco, Bagua y Huancayo, donde participaron más de mil delegados y delegadas. Como cierre tuvimos el Encuentro Nacional, donde participaron más de 700 delegados a nivel nacional.

Los Talleres Macro Regionales fueron una evaluación del borrador del reglamento presentado por el Ejecutivo, con el objetivo de presentar opiniones o aportes.

¿Cuál fue el resultado de los talleres y del Encuentro Nacional?

En todos los talleres se manifestó que era necesaria una modificatoria de la Ley por los vacíos que existen, y los artículos más observados fueron el 1, 2, 4, 7, 15, 19 y la disposición complementaria. Las organizaciones de base hicieron hincapié en el artículo 15, el cual dice que después de realizar un proceso de implementación de la Ley de Consulta, de no llegarse a un consenso, la última decisión la toma el Estado. Entonces, ¿qué sentido tiene la consulta? El Estado fácilmente puede mostrar en todo el proceso que no hay un acuerdo para luego tomar él solo la decisión. Desde las organizaciones estamos promoviendo para que ese artículo cambie y se exprese lo que sería el consentimiento de los pueblos indígenas, definir en qué casos necesariamente se requiere este consentimiento.

Otro artículo en discusión es el 7, el cual pone diversos criterios sobre quiénes van a ser consultados. Sin embargo, el Convenio 169 de la OIT, en su artículo 1 ya lo manifiesta: somos los pueblos indígenas quienes van a la Consulta. Entonces, ¿por qué se siguen creando criterios cuando en el marco normativo internacional ya se tiene aprobado quiénes somos los pueblos indígenas para ser sujetos de derecho a esta Ley de Consulta? Por ejemplo, nos ponen como criterio el tema del idioma, y en el caso de Cajamarca ya lo han perdido. Entonces, ¿ellos no serían sujeto de derecho?

El 05 de marzo se firmó el Acta Final sobre el Proyecto de reglamento consensuado de la Ley de Consulta Previa. Por parte de las Asociaciones indígenas sólo firmaron representantes de la Confederación de NAcionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la Conferederación Campesina del Perú (CCP).

También ha sido materia de discusión lo referente a que se realizará la Consulta Previa sólo a los pueblos afectados directamente; ¿esto quiere decir que si en una cabecera de cuenca se afecta o contamina el agua sólo se va a consultar a los que viven alrededor?, ¿qué pasa con el resto de comunidades que están en las micro cuencas y en toda la cuenca? Ellos también tienen derecho a la Consulta.

Otro tema muy objetado es la ausencia total de las mujeres en la redacción de la Ley y la reglamentación. ¿Acaso los pueblos indígenas están habitados solamente por varones? La forma cómo afectan las diversas situaciones es diferente en varones y mujeres. Por ejemplo, si en mi comunidad, por una actividad extractiva o política pública o legislativa, es afectada el agua, los varones se preocuparán por la agricultura o la ganadería; mientras que las mujeres vamos a pensar en la alimentación de nuestros hijos y de toda la familia. El pensar de una mujer sobre el mismo problema es diferente al de los varones.

¿Qué pedirían aplicar en la Ley de Consulta sobre las diferencias de género en las comunidades?

Lo que estamos exigiendo es que se garantice la participación plena y efectiva de las mujeres y los jóvenes en todo el proceso de aplicación de la Ley de Consulta, porque la forma cómo afecta a varones y mujeres es distinta, sobre todo en la juventud, pues ellos son los que van a heredar todas las decisiones que se están tomando hoy en día.

Existen leyes que reconocen y exigen la importancia de la participación equitativa, tanto de varones como de mujeres, en todos los aspectos de desarrollo y legislativos. Existe una incoherencia con el Plan Nacional de Igualdad de Género, ¿dónde queda este plan para las mujeres y jóvenes de los pueblos indígenas?

¿Cómo se ha dado el aporte de estos Talleres al Estado? ¿Van a seguir dialogando?

Un 90% ha manifestado que primero se dé la modificatoria de los artículos y posteriormente la reglamentación. No podemos reglamentar una ley cuando atenta contra los derechos de los pueblos indígenas. Más aún, para la aplicación del Convenio 169 no existe necesidad de una ley ni una reglamentación, se tendría que implementar directamente. Pero en nuestro caso, que ya no se está aplicando desde 1995, se exige una ley clara y una reglamentación que ayude.

Muchos de los dirigentes manifestaron su disconformidad de modificar la Ley luego de la reglamentación, pues existe una experiencia similar con la Ley Forestal, en la cual el Estado propuso primero la reglamentación y luego la modificatoria. Sin embargo, hasta hoy no existe ni siquiera una voz desde el Ejecutivo para continuar el proceso. Venimos de experiencias en las que no se cumplen los acuerdos.

Por otro lado, el Estado ha continuado con lo que denominan “diálogos interculturales”, convocando a otras organizaciones que no integraban la Comisión Multisectorial e invitando a lideres individuales que ya no están dentro de las Organizaciones. Esto también atenta contra nuestros derechos.

Frente a esto, las organizaciones hemos decidido presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mostrando cómo se han desarrollado los Talleres Macro Regionales y el Encuentro Nacional, y la relación del Estado con los pueblos indígenas. Queremos insistir en la modificatoria de esos artículos.

Hay que tener en cuenta que el caso peruano está en la mira de toda América latina, por ser el primer país que tiene la Ley de Consulta y está viendo su reglamentación.

Publicado en abril 2012

Gladis Vila Pihue

Quechua. Desde  muy joven se involucro en la organización  de  su  comunidad, pese a la tradición de participación masculina en las asambleas  comunales. Impulso la creación de la Organización de Mujeres  en la Provincia de Pampas Tayacaja, lo que le llevó a representar  a su región en varios  eventos  nacionales

El Titulo de esta nota que me han sugerido está cargada de varios temas que requieren de reflexión: ¿En qué consiste inclusión social? ¿Tiene sentido hablar de Lima Región? ¿Inclusión Social cambia de sentido en una perspectiva regional?

Inclusión Social Integral

Para comentar las dos últimas preguntas es necesario saber qué entendemos por Inclusión Social. Corremos el riesgo de reducir el enfoque de Inclusión Social al alivio de la pobreza, medida en indicadores del INEI como ingresos, nivel de nutrición, matrícula escolar, agua y luz domiciliarias, número de aparatos electrodomésticos, entre otros. Nadie duda que para vivir mínimamente bien en el mundo moderno estos bienes son importantes. Pero Inclusión Social significa más que mantener la nariz por encima de la línea de pobreza. De hecho, la visión limitada de Inclusión Social es un reflejo de la visión limitada predominante de las políticas sociales. El pensamiento único, el contrabando ideológico que penetró nuestra sociedad con el neoliberalismo, redujo el rol del Estado a un simple servidor del mercado, y reduce las políticas sociales a alivio de la pobreza y no políticas para el desarrollo de las personas y de la sociedad. Es el mercado el mecanismo, y no el Estado, el principal responsable del desarrollo.

Inclusión Social debe recuperar su pleno sentido, como lo deben hacer las políticas sociales. Los programas de inclusión social como Barrio Mío, y la atención Primaria Infantil, y los programas centrados en mejorar las condiciones de vida en el Cercado, son todos justos y necesarios. Sin embargo, las políticas de inclusión social deben tener como una de sus metas principales, no solo la sobrevivencia y reducción de la pobreza, sino la inclusión en la gestión política, en la planificación y realización del desarrollo local integral, sostenible en armonía con el medio ambiente y los recursos naturales. Utilizando conceptos de Sinesio López[1], los programas de inclusión social deben contribuir a que “la Ciudadanía Social”, inconclusa según López, se convierta en ciudadanía plena, social, cívica y política.

Lima Metropolitana y la Gran Región Lima Callao

Sin embargo, una política de Inclusión Social integral requiere de condiciones sociales, económicas y políticas que Lima Metropolitana aún no tiene. Solo se puede hablar de inclusión social en un territorio en el que es factible pensar en el desarrollo integral, es decir un desarrollo sostenible que abarca todas las dimensiones: económicas, políticas, sociales, culturales, ambientales. Es decir, se necesita un territorio que reúna las condiciones necesarias para tal tipo de desarrollo y gestión política. Lima Metropolitana funciona dentro de un escenario forzado al no contar, como las otras capitales de regiones y ciudades emergentes, con actores y recursos necesarios. Hay una larga historia que explica por qué nuestra ciudad metropolitana está cercenada de las 9 provincias del departamento y de la Provincia Constitucional del Callao.

Lima Metropolitana ha sido considerada como el enemigo de los departamentos y de sus propias provincias, que en referéndum se negaron a formar una reunión con su ciudad capital, y crearon ese engendro llamado Región Lima, que no tiene condiciones para funcionar como territorio de desarrollo. Y la Provincia del Callao, con sus tradiciones, y sobre todo con los ingresos muy superiores a los de Lima Metropolitana (7 a 1), no se integrará a Lima. Lima Metropolitana siempre ha sido considerada como el obstáculo a la descentralización y por ende enemiga de las regiones. Lo peor de todo es que los limeños han asimilado este sentimiento de aislamiento del resto del país, cuando el análisis concreto de las relaciones y flujos entre Lima y las regiones muestran lo contrario.

No hay espacio para discutir las relaciones que existen entre la metrópoli y el resto del país, pero los flujos interregionales con Lima y con Callao son cada vez más intensos. Para desarrollar estos flujos y sus potencialidades es un avance que Lima Metropolitana tenga su propio Programa de Gobierno Regional. La Alcaldesa misma ha asumido su puesto en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales; y con la elección última del nuevo presidente, César Villanueva, de San Martín, las miradas hacia Lima empiezan a cambiar. Por ende, las condiciones para lograr la Inclusión Social integral son más favorables. Las coordinaciones existentes entre Lima Metropolitana, la Provincia del Callao y las Provincias de Lima son un avance hacia la formación de la Gran Región Lima-Callao, territorio en el que la Inclusión Social plena es una posibilidad.

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[1] López Jiménez, Sinesio, 1997, “Ciudadanos Reales e Imaginarios: Concepciones, desarrollo, y mapas de la ciudadanía en el Perú”,  Instituto de Diálogos y Propuestas – IDS, Perú, 537 pp.

Publicado en abril 2012

Jaime Joseph

Sociólogo e investigador.

La ciudad de Piura, hasta enero del 2017, tenía una serie de problemas: el mal estado de las pistas, la falta de agua potable, la falta de un hospital de alta complejidad, el deficiente recojo de basura y la inseguridad. De un día para otro todo eso se multiplicó. Ahora, cientos de personas no tienen casa, otras tienen el agua hasta las rodillas y todos padecen por la falta de algunos alimentos, agua, energía eléctrica y transporte. ¿Cómo llegamos a esta situación?

En 1983 nadie advirtió la posibilidad de la llegada de El Niño. Los piuranos, estoicamente, soportaron seis meses de lluvias y la ciudad quedó destruida. No había comunicación con el sur y tampoco con el norte, y en el extremo de la necesidad hasta las gelatinas y caramelos desaparecieron. Fue un Niño extraordinario, de gran magnitud. En ese entonces se dijo que se repetiría después de cien años, sin tener en cuenta que en 1972 el río Piura invadió todo el sector oeste de la ciudad y como zona de refugió se creó el asentamiento Los Algarrobos. Luego llegaron otros eventos de menor intensidad en 1987 y 1992, entre otros. Después de 1983 se habló de la reconstrucción, y la obra más emblemática fue la defensa del río Piura. Se construyeron tabla-estacas que luego se clavaron a ambos lados del río, desde el actual puente Cáceres hasta el puente Bolognesi. En Sullana se construyó el Canal Vía, obra que funciona muy bien y evita la inundación de esa ciudad porque recoge las aguas de parte de Cieneguillo y las lleva al río Chira. Pero el pasado miércoles 22 se desbordó.

En 1998, la situación fue diferente. El puente aéreo se estableció con Tumbes. Hubo afectados, se cayeron los puentes, pero el impacto fue menor porque desde julio de 1997 se trabajó en la prevención. Cuando terminó la lluvia no se habló de reconstrucción. Desde entonces la ciudad ha crecido sin tener en cuenta el mapa de riesgos que fue elaborado para esta ciudad. Se ha dado permiso a la población para que construya en zonas en las cuales, todos los especialistas, han indicado que son inhabitables como Los Polvorines, Quebrada El Gallo, Las Dalias y otras. Además, varias urbanizadoras han vendido terrenos con “drenaje pluvial”, pero que no funciona o que perjudica a los asentamientos vecinos.

En el 2015 se anunció un gran Niño para el 2016. Se invirtió en prevención aproximadamente 212 millones de soles, pero a nivel urbano no se hizo nada. Se ha dicho que se ha limpiado el cauce del río Piura. Sin embargo, con menos de dos mil metros cúbicos por segundo, la ciudad está en riesgo, a diferencia de lo ocurrido en 1998, en que se pasaron los 4400 metros cúbicos y no hubo desbordes en la ciudad, pero se afectó el Bajo Piura[1]. Si ahora se llegara a esa cantidad probablemente gran parte de la ciudad quedaría bajo el agua. Ello porque no se ha invertido en la limpieza del cauce y en darle al río una salida al mar. Esa es una tarea pendiente para la reconstrucción. Lamentablemente la prevención del 2015 no se refleja en el 2017, como sí sucedió en 1997- 1998.

Ahora que tanto autoridades como población saben que se han cometido una serie de errores en el crecimiento de la ciudad, se presenta la oportunidad de que cada pista, colegio, centro de salud, puente o vereda que se construya sea pensada, planificada y adaptada para un Niño superior a este. Ahora existe la data y se conocen los caudales, las pendientes, las intensidades de las lluvias en cada distrito y en cada zona de la ciudad. La tecnología es la aliada. No caben más obras que intenten acortar el cauce de ríos y quebradas. No funcionan. Este año se ha demostrado por tercera vez.

No se conoce la cifra exacta de damnificados porque este evento aún no ha terminado. Cada día hay un nuevo pueblo aislado, más casas caídas, urbanizaciones bajo el agua y miles de personas sin hogar. Ahora están en refugios temporales, pero esa no es la solución. Les toca a los alcaldes buscar zonas seguras y habilitarlas para reubicarlos, pero debe respetarse el mapa de peligros. Esa debe ser la guía para la expansión urbana.

Si bien este evento no fue advertido -entre octubre y enero había una gran sequía-, Piura tiene que prepararse para que en cualquier momento ocurra un fenómeno similar porque ha ocurrido desde siempre y ha afectado a las antiguas civilizaciones, como los Moche y Los Tallanes, y con toda seguridad este no será el último.

REALIDAD HÍDRICA DE PIURA

Información del Ing. Ricardo Pineda
(Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA, Piura)

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[1] Mientras esta publicación estaba en su fase de impresión, el río Piura alcanzó los 2900m³/seg., siendo afectada la ciudad de Piura y zonas cercanas. [N. del E.]

Otoño 2017

Teo Zavala Palacios

Periodista del diario El Tiempo – Piura