Que todo niño aprenda en su lengua y en el marco de su cultura

El reciente Informe Defensorial 174, sobre el estado de la implementación de la política de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en el Perú, resulta alentador. Sus conclusiones reconocen avances sustantivos por parte del Ministerio de Educación en una política postergada por casi cuatro décadas.

Si bien las brechas por cerrar son amplias todavía, se han dado pasos de gran importancia en la identificación de la población beneficiaria, en la producción de materiales educativos, en la acreditación de docentes bilingües, en el acompañamiento a docentes EIB y en la construcción de instrumentos normativos clave -como una política sectorial, un plan nacional, un modelo de servicio y una propuesta pedagógica-, entre otros elementos.

Hay una ruta de trabajo y esperemos que se siga avanzando hasta que la EIB sea una genuina política de Estado. Entramos, pues, a una nueva etapa en la EIB en el Perú, que trae consigo retos diversos. Por eso es necesario preguntarnos qué hacer para consolidar lo avanzado y seguir adelante a un ritmo mayor hasta lograr una educación de calidad, y con pertinencia cultural y lingüística, para todos los peruanos y peruanas.

Propongo tres elementos al respecto, sin afán de exhaustividad. Uno de ellos es la calidad técnica. Una de las razones del progreso reconocido por el Informe Defensorial tiene que ver con este punto. Del 2011 en adelante no solo se ha defendido la importancia del derecho a la EIB, sino que se ha buscado aterrizar aquel derecho en procesos concretos que permitan asegurar las condiciones mínimas para su implementación.

Aquello debe continuarse, contar con mayor presupuesto, y a la vez ser fortalecido con sistemas eficientes de información y de monitoreo, así como de generación, gestión y uso de evidencia científica, que permitan un conocimiento cada vez más adecuado de la problemática a enfrentar y ayuden a asegurar que las intervenciones y las políticas sean las mejores y den resultados medibles.

Pero junto a la consolidación técnica de la EIB, que es fundamental, es necesario también que la población beneficiaria demande esta política. Este es quizás el reto más grande y el que debe ser abordado con mayor urgencia. Si bien es cada vez mayor la comprensión, por parte de los padres y madres indígenas, de la importancia de que sus hijos aprendan en su idioma originario como primera lengua y en el castellano como segunda, no se cuenta aún con una fuerte demanda que asegure la sostenibilidad de la EIB.

La demanda explícita es más alta entre pueblos amazónicos y menor entre pueblos andinos, pero es baja de todos modos en términos globales. Al parecer tiene mucho que ver con el grado de organización alrededor de la identidad étnica y del territorio. A diferencia de países como Bolivia y Ecuador, en el Perú no existe un movimiento indígena de alcance nacional que movilice políticamente a los pueblos originarios, teniendo como centro de la identidad su condición de pueblos anteriores a la existencia del Estado.

Este es quizá una de los principales puntos débiles de la EIB: la ausencia de un actor indígena no solo que demande el servicio, sino que sea consciente de la necesidad política de organizarse y de disputar poder en un proceso de descolonización de la sociedad peruana. La EIB es, pues, un elemento central en la descolonización del Estado y solo podrá desarrollar su máximo potencial si el impulso viene, antes que del Estado mismo -lo cual resulta muy difícil por la misma naturaleza del aparato público-, de la movilización activa de los pueblos indígenas.

Y ese es precisamente el tercer elemento que hay que tener presente y que quisiera resaltar: la necesidad de un cambio mayor en el Perú. Por supuesto, más que estatal, este es un reto político que apunta a transformar el Estado desde su dirección y que supera largamente al sector educación. Esta transformación es una tarea que la EIB no puede enfrentar como política educativa, pero a cuyo logro puede aportar vía la vitalización de la identidad indígena, paso necesario para la conformación de un actor social y político originario.

La EIB no podrá avanzar si el estudiante indígena sale de la escuela y es discriminado por su cultura o su aspecto físico en la ciudad, donde se incluirá muy probablemente como mano de obra marginal, en medio de una gran precariedad laboral.

Tampoco podrá avanzarse si los territorios de los pueblos originarios siguen siendo asediados por grandes capitales interesados en actividades extractivas, que en la mayoría de los casos no respetan ni el medioambiente ni el derecho a la consulta, y que son protegidos por el Estado, con pérdidas de vidas de por medio.

Será muy difícil, finalmente, que la EIB tenga grandes resultados si entre los medios de comunicación y las elites políticas se sigue pensando que la cultura occidental es más valiosa que la de los pueblos indígenas, cuyo valor suele ser reducido a una discriminatoria figura folklórica, atractiva para el turismo, pero símbolo de atraso o de inferioridad en la vida cotidiana, en el trabajo, en las universidades.

Pronto llegará el día en que sea una cuestión de sentido común que todo niño peruano aprenda en su lengua y en el marco de su cultura y pueda integrarse a la vida nacional como hablante bilingüe, sin tener que sacrificar su identidad. Pronto llegará el día en que incluso ni será necesaria la existencia de una política especial de EIB, pues seremos un país descolonizado, verdaderamente intercultural y plurinacional.

Los retos son enormes y el camino será largo, pero hemos dado ya los primeros pasos desde el Estado. Los pasos más importantes y definitivos, sin embargo, tendrán que ser dados por los pueblos mismos, que deberán poner el Estado a su servicio, como debe ser.


Omar Cavero Cornejo

Licenciado en sociología y Magister en economía por la PUCP. Docente en la UNMSM y la PUCP. Investigador en la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA), del MINEDU. Coordinador general de EMANCIPACIÓN (espacio de formación política y de fortalecimiento de organizaciones sindicales y barriales).



Lo que nos falta trabajar en la Inclusión de nuestra Diversidad Cultural

El 5 de junio del 2009 se produjeron dos graves sucesos de violencia, uno en el marco del operativo del desalojo de los indígenas, en la llamada Curva del Diablo, y un segundo hecho que ocurrió en la Estación 6 de Petroperú.

Actualmente existen tres procesos judiciales sobre el llamado Baguazo, el primero es el caso “Curva del Diablo”, sobre el cual el 22 de setiembre se ha emitido la sentencia desde la Sala Penal de Apelaciones Transitoria y Liquidadora de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, en el que se han absuelto a los 53 procesados de todos los cargos.

El segundo proceso judicial, sobre la Estación 6 de Petroperú, está en etapa de investigación, así como el tercer proceso judicial, que busca hacer justicia sobre la desaparición del mayor Felipe Bazán.

Es necesario tener claridad en el análisis sobre los procesos judiciales del llamado Baguazo, dado que se confunde que la sentencia en la que absuelven a las 53 personas inocentes en el caso Curva del Diablo resuelve los otros procesos que todavía están pendientes.

La sentencia marca un paso importante en la forma de resolver los procesos judiciales donde están involucrados indígenas, al hacer un análisis antropológico e histórico sobre el pueblo awajún–wampis. Es importante señalar que no se acreditó la responsabilidad penal de los acusados, conforme a los medios probatorios señalados, lo cual consta en la propia sentencia.

Las diversas visiones sobre territorio y desarrollo en el país

Para los pueblos indígenas (PPII) en el país, lo que está en juego desde hace varios siglos es la defensa de sus vidas, sus culturas y sus territorios. En diferentes zonas del país, ante la invasión de sus tierras, se han visto obligados a defenderse y, frente a la violencia de los agentes externos, muchos indígenas se han levantado en armas y respondido también con violencia. Sin embargo, no se trataba de una violencia «salvaje» e irracional, sino de la lucha por sus vidas, su libertad, su habitat.

En este contexto histórico se necesitan nuevos mecanismos y procedimientos para defender las tierras y las tradiciones culturales. El espíritu guerrero de los indígenas amazónicos se ha canalizado a través de formas diferentes de lucha política, como ha sido la creación de federaciones y organizaciones representativas. Las movilizaciones de 2008 y 2009 forman parte de esta lucha de las comunidades indígenas y de sus organizaciones, como AIDESEP[1], contra medidas del gobierno que vulneran sus derechos colectivos como pueblos: identidad, cultura, territorios y recursos naturales, y participación entre otros.

Lo ocurrido en la Amazonia hace siete años puso de manifiesto la exclusión de amplias poblaciones rurales de parte del Estado peruano. Ellos identifican que sus derechos no son respetados sino más bien vulnerados permanentemente.

Los discursos oficiales -de la esfera política y medios de comunicación? tienden a minimizar la capacidad de estas poblaciones de tener autonomía en sus decisiones y de incidir en el poder político, más aún en asuntos centrales que les competen. Esto se repite una y otra vez en nuestra historia y pareciera que, como sociedad, no consideramos a todos las y los ciudadanos como iguales, y que aún no estamos en la capacidad de reconocerlos en roles distintos a los tradicionalmente asignados. El racismo y la discriminación solapada son parte del discurso y la práctica cotidiana. No contamos con mecanismos eficientes de vigilancia y defensa de los derechos y, para una parte de la población, pareciera que estos tienen que ser arrancados al poder político centralizado.

Estos desencuentros, que se han dado a lo largo de la historia del país, nos plantean grandes desafíos e interrogantes que ya señalaba el GTSM[2] en un artículo en el año 2009 y que a pesar de los años transcurridos son muy actuales. Estos planteamientos están en relación a que el proyecto de desarrollo compartido que requiere el país solo puede construirse con un tejido social cohesionado, y para ello se requieren propuestas que partan del reconocimiento de la diversidad y la acción política de actores diversos. Para establecer y sostener el diálogo intercultural se requiere fortalecer relaciones de confianza entre los diversos actores; lo cual supone acercarnos al otro, reconociendo las diferencias y encontrando puntos en común. Proceso que no estará exento de permanentes enfrentamientos y desencuentros.

A la base de este desencuentro están los diferentes discursos de país, de lo que somos y queremos ser. Éstos reflejan las diferentes representaciones sobre la realidad, dependiendo de las condiciones geográficas, culturales, sociales, de género, económicas e históricas, desde las cuales estas se construyen. Estas representaciones no dialogan entre sí, o están en permanente confrontación, teniendo a la base relaciones de poder desiguales. No nos damos cuenta que, en la medida que negamos parte de nuestra diversidad como país, estamos empobreciendo nuestra identidad pluricultural.

Por su parte, el discurso oficial solo reconoce las representaciones que están al servicio del sistema que propone y discrimina propuestas diversas de desarrollo, que entran en conflicto con su modelo hegemónico.

Las heridas del Baguazo siguen abiertas, tanto de los indígenas y sus familias como de los familiares de los policías muertos durante este suceso. Para poder cerrarlas e iniciar acciones de reparación es importante tener procesos de justicia y verdad para todas las víctimas de este conflicto, indígenas y no indígenas.

El conflicto por la disputa del territorio está actualmente presente, dado que en territorios indígenas siguen presentes las empresas extractivas, afectando los derechos fundamentales de las poblaciones que viven en estas zonas de la Amazonía.

El rol que juegan los medios de comunicación, en la información que brindan sobre los conflictos sociales, es importante. En algunos casos esta información refuerza los imaginarios sobre los “indígenas salvajes” y el ser “un obstáculo para el desarrollo del país”. También existen medios de comunicación que tuvieron un papel fundamental para informar adecuadamente durante los sucesos de Bagua, la lucha de los indígenas sobre sus territorios, que veían amenazados, y su búsqueda por encontrar la forma de no llegar a los sucesos que acontecieron el 05 de junio.

En el caso de la sentencia de la Curva del Diablo, ha habido también diversas posiciones e interpretaciones en los medios y, en algunas ocasiones, pueden confundir por no presentar la información completa. Creemos que el papel de los medios es crucial para ir avanzando en la construcción de un país diverso.

El significado del proceso de Bagua en la historia judicial del país

Este proceso ha sido largo y doloroso para los procesados indígenas, teniendo ellos que desplazarse desde sus comunidades (en distancias muy alejadas) para participar de las audiencias. El poder judicial no tomó en cuenta estas condiciones, a pesar de que en reiteradas oportunidades la defensa legal planteaba las características específicas de la vida de este pueblo.

A pesar de estas condiciones, los procesados indígenas estuvieron presentes en las audiencias porque estaban convencidos de su inocencia, “confiaban en la justicia de su país”, contaban con el apoyo de diversas instituciones, especialmente de la Iglesia católica, a nivel nacional e internacional.

El proceso ha tratado en lo posible de dar un enfoque intercultural, de acuerdo a los protocolos emitidos por el Poder Judicial. Es de destacar que en el resultado del proceso se señala que “…no son los indígenas que requieren de lo intercultural sino el enfoque debe partir por los operadores de justicia y por las instancias decisoras de políticas a favor de los PPII. La interculturalidad en el poder judicial no es solo una actitud sino un procedimiento que va desarrollando pautas de respeto y de equidad”[3].

Con esta sentencia se demuestra que el Poder Judicial ha dado los primeros pasos en la implementación de la justicia intercultural. Por ejemplo, se han desarrollado cursos con el Ministerio de Cultura para la formación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas que puedan ingresar al Registro Nacional del Poder Judicial. En el proceso de Bagua participaron dos traductores e intérpretes de la lengua awajún y wampis, reconocidos oficialmente por el Viceministerio de Interculturalidad. Además, se ha contado con una pericia antropológica e investigaciones de diversos especialistas, que han aportado para que los magistrados puedan conocer y comprender la cultura de los pueblos awajún y wampis.

  • • El caso de Bagua ha marcado un antes y un después en la historia del país en el conocimiento y reconocimiento de los PPII como ciudadanos, buscando disminuir la exclusión y discriminación que históricamente han sufrido y que ha costado vidas humanas, como son los casos de la época del caucho, la violencia contra los Ashaninka durante el Conflicto armado interno, entre otros.
    • A partir de este conflicto se comienza a conocer la obligación del Estado a consultar conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT. Este conocimiento se amplía a nivel de las instancias públicas y privadas, medios de comunicación y sector académico.
    • Los PPII han demostrado su disposición al diálogo y el respeto al Estado peruano por considerarse ellos también ciudadanos peruanos, y tienen muy claro sus derechos colectivos como pueblos amparados en los instrumentos nacionales e internacionales.
    • El proceso de Bagua ha supuesto para los PPII un largo y difícil camino para comprender y entender el sistema judicial occidental que no tomaba en cuenta las condiciones y características de estos pueblos.
    • Para el Poder Judicial también ha significado un reto para conocer y comprender las diversas culturas implicadas y establecer mecanismos para asegurar las garantías del debido proceso, como la pericia antropológica y la participación de intérpretes y traductores. Sin embargo, como lo reconoce el sistema, quedan muchas tareas pendientes para asegurar una verdadera justicia intercultural en nuestro país.
    • Es necesario que se encuentre justicia para las víctimas de este proceso: policías e indígenas. Es fundamental que se procese a los responsables políticos conforme lo determina el Informe en Minoría del Congreso.
    • Se debe buscar cerrar las heridas individuales y colectivas generadas por este proceso y por las condiciones históricas de exclusión y discriminación con los PPII de la Amazonía. Consideramos que la Justicia y la Verdad son las bases para construir un proceso de reparación y paz en el país.
    • Estos hechos violentos, además de promover nuestra indignación como peruanos, debe permitirnos aprender a dialogar y definir acuerdos posibles entre ciudadanos diversos y el Estado peruano. Eso será posible en la medida que todos los actores involucrados estemos convencidos y se cuente con la voluntad política para hacer realidad el dialogo intercultural en el país.

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[1] Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
[2] Grupo de Trabajo de Salud Mental
[3] Ver sentencia Corte Superior de Justicia de Amazonas: Fallo judicial Caso; Curva del Diablo.


Adda Chuecas Cabrera

Abogada y consultora en derechos de pueblos Indígenas. Ex directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP.

Norma Vásquez Rubiños

Psicóloga, consultora en temas amazónicos.




Hito para la justicia intercultural en el Perú: la sentencia por el Caso “Curva del Diablo”

La sentencia emitida el 22 de septiembre del 2016, por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua, que ABSUELVE a 52 acusados por los sucesos ocurridos en “la Curva del Diablo” el día 05 de junio del 2009 es una sentencia histórica para la justicia intercultural. Recordemos que tres meses antes, el Tribunal excluyó del proceso a José Antonio Rojas Mora, ante el pedido Fiscal de archivarle la causa por no encontrar ni una sola prueba en su contra.

Sin embargo, a pesar de ser una sentencia impecable, ponderada, clara, coherente, racional, motivada suficientemente, garantista, pluricultural, en donde se aplicó el control difuso y el control de la convencionalidad de las normas, han salido a la opinión pública a cuestionarla -sobre todo la actuación de los líderes indígenas durante el paro amazónico-, a considerar que esta movilización fue violenta y que la sentencia debió ser condenatoria porque estos líderes no habían tomado las previsiones necesarias para evitar actos violentos. En esa medida, resulta útil y superlativo para la opinión pública leer nuestras razones por las cuales consideramos que la sentencia es por demás justa y arreglada a derecho.

Una primera precisión que debemos señalar es que, efectivamente, el Poder Judicial de Amazonas procesó a 53 personas, muchas de las cuales inicialmente fueron detenidas durante el desalojo y otras cuyos nombres aparecían en las primeras declaraciones de los intervenidos. Versiones ilegales -conforme lo señalan los magistrados-, y que no les generó convicción en cuanto a sus imputaciones, en la medida que éstas fueron rendidas bajo apremios ilegales (golpes corroborados con certificados médicos legales) y sin la presencia de un intérprete o abogado de su libre elección, violentando derechos constitucionales y supranacionales del que goza todo imputado.

Desde entonces, estos procesados por la presión mediática, política, así como por la ineficacia fiscal y judicial de la zona, eran los únicos que debían tener una “sanción ejemplar”; total, nadie iba a abogar por ellos pues son “ciudadanos de segunda clase”, como lo señaló el ex Presidente Alan García Pérez. Este hecho no se concretó gracias a la presencia de abogados de ONG de Derechos Humanos y al crucial apoyo de la Iglesia Católica durante todo el proceso (que duró más de 7 años).

En ese contexto, pretender vincular a los autores de las muertes ocurridas en la “Curva del Diablo” con los de la “Estación Nro. 06 de Petro-Perú” es un imposible, es no conocer la historia misma. Están en un error quienes piensan que los responsables directos de los crímenes perpetrados en la cima de la “Curva del Diablo”, al poco tiempo llegaron a la Estación Nro.6, sacaron a los policías retenidos y se los llevaron al cerro para ultimarlos. Según los expedientes, los procesados son diferentes.

No debemos confundir a los dirigentes indígenas, que promovieron y/o convocaron a una protesta pacífica -así reconocida en la sentencia-, con los miserables que asesinaron a los policías, los que deben ser identificados, investigados y sancionados con el mayor rigor posible.

Por tanto, es temerario señalar al entonces Presidente de AIDESEP[1], Alberto Pizango Chota, como el principal promotor de la violencia física como una forma de lenguaje social reivindicativo. ¿En qué me baso? Simple, durante los 56 días de protesta indígena no se produjeron lesiones o muertes, no se atentaron con los bienes y propiedades púbicas y/o privadas. Por tanto, atribuirle a Pizango ser el instigador o autor mediato de los actos vandálicos producidos en la “Curva del Diablo” y “Estación 6”, es una ligereza.

De otro lado, señalar que la sentencia peca de excesivo “culturalismo”, como una forma de justificar el accionar de manifestantes violentos que finalmente ocasionan la muerte de 12 efectivos policiales, es verdaderamente reprochable. Lo que señala la sentencia es que el derecho a la propiedad de las tierras, el territorio y la propiedad comunitaria, el ecosistema y la vida misma que se buscaba defender a través de la protesta social indígena prevalece -en tanto norma fundamental-, sobre el derecho al libre tránsito de las personas.

Soy claro, la sentencia en modo alguno utiliza las características culturales de la etnia awajúm-wampís para avalar los crímenes cometidos o sustentar la irresponsabilidad penal de los acusados; por el contrario, el tribunal respeta las particularidades de los miembros de las comunidades indígenas, en el marco de la defensa del derecho a la vida, el territorio y el ecosistema que se veía menoscabado con los decretos legislativos dados por el gobierno aprista.

En este punto, el Tribunal es contundente cuando determina que los acusados no son responsables de los asesinatos de los doce policías porque los dictámenes periciales de absorción atómica determinan que los acusados no dispararon, y porque ninguno de los policías sobrevivientes pudo identificar a los autores materiales. En todo caso, se atribuye autoría de los disparos a personas con polo negro, algunos encapuchados y otros con trapos en la cabeza quiénes disparaban desde la cima de la “Curva del Diablo” o desde los costados.

Así mismo, la sentencia considera que la protesta indígena fue pacífica y legal, en tanto no se incautó a los detenidos ningún arma de fuego distinta a las que perdieron los policías en la “Curva del Diablo”, ni una sola arma hechiza[2], escopeta de caza, pistola, revolver; las actas de incautación fueron determinantes.

De otro lado, es bueno precisar que para el Tribunal quedó claro que el operativo de desalojo de manifestantes acantonados en la “Curva del Diablo” no fue debidamente planificado, fue manifiestamente ilegal (pues no se contó con la participación de la Fiscalía), que los efectivos policiales reprimieron la protesta indígena con armas absolutamente vedadas para el control de disturbios (FAL, AKM, pistolas, revólveres) y que no existió un solo informe de inteligencia policial que alertaba que los indígenas estaban fuertemente armados. A mayor detalle, se establece que los indígenas fueron a una suerte de “guerra” contra la autoridad, llevando a dichos lugares de protesta a mujeres, ancianos, niños, pero absolutamente desarmados, dando validez a las pericias antropológicas.

Así mismo, quedó claro que las lanzas que llevaron los manifestantes a los lugares de la protesta NO constituyen armas de guerra sino más bien forma parte de la indumentaria indígena. Como ejemplo señalaron que son las mismas que los indígenas llevan consigo cuando acuden a peticionar al Congreso de la República o ante alguna otra autoridad pública o política. Aquí, nuevamente las experticias de los peritajes antropológicos fueron de gran utilidad.

El Tribunal quedó convencido unánimemente sobre la irresponsabilidad de los denominados líderes de la protesta porque no ha encontró evidencias ni caudal probatorio que demuestre la instigación, vale decir la persuasión, el convencimiento de éstos hacia la masa de manifestantes para que cometan los ocho delitos, entre ellos el asesinato de los policías de la DINOES[3].

Por lo demás y atendiendo a que el Ministerio Público y la Procuraduría de Orden Interno del Ministerio del Interior, interpusieron recurso de Nulidad contra la sentencia absolutoria, corresponde a la Corte Suprema de la República, CONFIRMAR la misma, en atención a los argumentos ya señalados. No hacerlo, sería ir contra el derecho mismo.

Finalmente, estimo que en la sentencia debió consignarse que corresponde al Ministerio Público proseguir con las investigaciones a fin de ubicar a los verdaderos responsables de las muertes de los efectivos policiales, hechos execrables que no deben quedar bajo el manto del olvido con aires de impunidad, más aún si ya perdimos siete años procesando indebidamente a inocentes.

[1] Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
[2] Casera
[3] Dirección Nacional de Operaciones Especiales


Juan José Quispe Capacyachi

Abogado del Instituto de Defensa Legal. Defendió a los indígenas awajún y wampis en el Caso Bagua.