Cusco: después de la duda, la incredulidad

La región Cusco pasa por uno de sus momentos más críticos. La combinación entre manejos deficientes y la drástica reducción presupuestal han dejado al Gobierno Regional casi en la banca rota. Esta dramática situación ha generado importantes retrasos en el cumplimiento de obras y de los propios haberes de trabajadores desde el último trimestre del año pasado, y finalmente ha conducido a una reducción drástica de personal de línea y de proyectos que dependen del gobierno regional.

En términos políticos, la inhabilitación del, hoy, ex presidente regional Jorge Acurio significó un breve pero duro episodio de crisis que ahondó la percepción de precariedad económica. El nombramiento de René Concha, vicepresidente de Acurio, como nuevo presidente regional no significó necesariamente continuidad, por el contrario, se insistió en el reordenamiento de las gerencias regionales, la solución del problema presupuestario[1], y el desarrollo de un plan a corto plazo con posible interés en las elecciones de este año. Esta situación ha removido las aguas calmas de la política electoral regional, donde hasta hace unos meses se tenía por segura una reelección de Acurio.

Pero la tensión política no solo alcanza a las autoridades regionales. Cusco, uno de los baluartes del nacionalismo (2006 y 2011) ha sentido el revés humalista con más fuerza. La apuesta nacionalista no solo se circunscribió al apoyo (más del 90% de los votos) a Ollanta Humala, sino en la elección de Acurio como parte de Gana Cusco, así como del total de congresistas (5) por la región, de los cuales solamente Verónika Mendoza ha tomado distancia del gobierno actual para formar parte de la bancada Acción Popular/Frente Amplio. El desencanto y la falta de legitimidad de estas autoridades se dejaron sentir en las últimas protestas registradas en la región.

Hace unas semanas, los reflectores nacionales se concentraron por breves minutos en una paralización articulada, básicamente, alrededor de la demanda contra la postergación de la licitación de las obras del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Tanto en las asambleas populares previas como en el desenlace de la medida de lucha, las autoridades regionales y el presidente Ollanta Humala fueron el blanco de la crítica y repudio de los sectores aglutinados en las demandas. En dos años de gobierno humalista, Cusco ha pasado del optimismo a la duda, y de la duda a la incredulidad.

El drama regional, sin embargo, es precisamente no tener una agenda regional a mediano y largo plazo; en buena parte por la virtual inexistencia de una élite política regional con la capacidad de articular los intereses diferenciados, cuando no opuestos, de las provincias más allá de la capital cusqueña. Es importante señalar lo sintomático del localismo de buena parte de la prensa política regional[2], incluso a espaldas de los problemas más importantes de provincias como Espinar o La Convención, cuyas prerrogativas se subordinan a la decisión de la capital[3]. La “dinámica regional” en relación a las tensiones centro-periferia no son muy diferentes a las dinámicas nacionales, es más podría verse como un juego de muñecas rusas.

La mediación política de este escenario debería pasar por una élite política regional, pero encontramos autoridades deslegitimadas, una constelación de personalidades políticas más que alternativas programáticas y organizaciones sociales muy fragmentadas. La elección de autoridades parece determinada por una serie de eventos (des)afortunados antes que por una carrera política. Ni qué decir de la imagen que deja tener a un ex presidente regional en la cárcel y a otro con prisión suspendida. Es cierto que dentro de esta panorámica de la última década encontramos notables excepciones, pero basta con resaltar esa última palabra. Para completar el cuadro, encontramos a las “fuerzas sociales” más concentradas en revertir los efectos del neoliberalismo que en pensar la región. Si la causa de todos los problemas es el modelo económico nacional, pensar en las alternativas regionales y reconciliar las brechas entre las lógicas de desarrollo de la capital cusqueña y el resto de la región son ejercicios de segundo orden.

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[1] El objetivo del Gobierno Regional es solucionar el problema adelantando los recursos del canon y apelando a Bonos Solidarios.
[2] La prensa local, salvo las infaltables excepciones, está más interesada en obtener réditos económicos por su estatus “fiscalizador” antes que ejercer esta característica propiamente dicha.
[3] El paro regional “contundente” se articuló en base a una prerrogativa vinculada al turismo y el desarrollo del comercio de la capital, otras iniciativas de lucha similares emprendidas por las demás provincias no tienen el mismo alcance. De hecho, la provincia de La Convención no participó en el último paro regional.


Paolo Sosa Villagarcía

Politólogo. Trabaja en el Instituto de Estudios Peruanos y la Pontificia Universidad Católica del Perú.




Áncash en un nuevo día

Áncash es una de las regiones más ricas del país; paradójicamente, en los últimos ocho años, es también una las regiones más corruptas e inseguras. Se dejó pasar la época de mayor bonanza económica, una oportunidad para tener colegios equipados, dignos y con docentes bien pagados en las zonas rurales y alejadas; hospitales y postas médicas al alcance de todos; mejores vías de comunicación; represas y canales de irrigación para los agricultores; es decir, la ocasión más propicia para que la población goce de una vida digna, entendiéndose la misma como muy vinculada a la dignidad y al desarrollo de los menos favorecidos, con un Estado cumplidor de un rol activo y presente en la provisión de servicios claves, vinculados a derechos universales: derecho a la vida, identidad, salud, educación, trabajo, y sobre todo de participación social y política.

Si hacemos memoria, en 2005 -de acuerdo a estudios realizados por las Naciones Unidas (PNUD)- Quillo (provincia de Yungay, Áncash) fue declarado como el distrito más pobre del Perú, tiempo en el que precisamente la región empezó a verse beneficiada por aportes millonarios del canon minero, oportunidad inigualable para potenciar la calidad de vida de sus poblares y otros pueblos en las mismas o peores condiciones.

Lamentablemente hemos dejado pasar el tiempo y con nuestra desidia hemos permitido que personajes oscuros hagan de Áncash una tierra de nadie, donde las autoridades elegidas democráticamente para servir llegaron al poder para saquear, enquistarse en las altas esferas e implantar una red de corrupción y criminalidad donde la utilización de sicarios para eliminar a sus adversarios políticos y opositores se ha implantado como una práctica común.

De acuerdo a las estadísticas, en términos de la violencia registrada, en 2011 el sicariato dejó 48 víctimas mortales, en el año 2012 fueron 45, y el año 2013 la cifra ascendió a 94 ultimados. En lo que va del presente año se han registrado 32 asesinatos en el ámbito de la Subregión El Pacífico (zona costa de Áncash). Escasamente el 10% de estas muertes han sido resueltas por la administración de justicia.

Respecto a la gestión e inversión económica, la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia del Santa, manifestó en abril de este año que nuestra región perdió S/.40 millones debido al temor existente originado por la corrupción y el sicariato (cifra correspondiente sólo al año 2013). Si a ello le sumamos las denuncias por sobrevaloración en la adquisición de 79 ambulancias, las obras públicas no ejecutadas en el canal de regadío de Wecrococha, el pago de una fumigación innecesaria contra una supuesta epidemia del dengue, la inoperatividad del Sistema de Riego de Llapo, la mala calidad de construcción de la avenida José Pardo, decenas de colegios mal construidos y otras obras inconclusas por la mala gestión de la autoridad regional, las consecuencias de la corrupción e inseguridad han sido funestas. En Áncash, las ‘grandes obras’ prometidas por el presidente regional César Álvarez (como los hospitales La Caleta y Ramos Guardia, el proyecto hidroenergético Chinecas y el Megapuerto de Chimbote) quedaron en lo que siempre fueron: promesas, falacias.

Recientemente, las instituciones que administran justicia han iniciado un proceso de investigación a los que integran la denominada “red criminal” que compró jueces, fiscales y periodistas en la región; esta mafia, supuestamente encabezada por el presidente regional y conformada por altos funcionarios públicos, delincuentes y periodistas a sueldo, hoy se encuentran detenidos en Lima esperando las investigaciones del caso. Ante ello la población espera una investigación transparente, que sancione de forma justa, ejemplar y efectiva, permitiendo conocer la verdad y castigar a los responsables del atraso en que Áncash se encuentra sumida.

A la fecha, las principales autoridades y principales funcionarios de la región y la provincia del Santa han sido detenidos y serán procesados por delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir por los casos “Ezequiel Nolasco” y “La Centralita”, con este panorama la presidencia regional ha quedado acéfala, mientras tanto esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones autorice al Consejo Regional la elección de un presidente interino, que lleve las riendas del gobierno hasta el 31 de diciembre del 2014.

En términos de coyuntura electoral, este mal ejemplo de gobierno regional (replicado en el ámbito provincial y distrital), debe servir a la hora de elegir a las nuevas autoridades para no dejarnos vender ‘gato por liebre’. Es necesario que los electores hagamos uso de nuestros derechos, exigiendo a los candidatos transparencia, compromiso y propuestas claras y realistas, vinculadas a resolver los problemas de la región. Los ciudadanos y ciudadanas ancashinos no deben permitir que personajes camaleónicos, vinculados a la corrupción de este gobierno y de los anteriores, reaparezcan en la escena política como paladines de la ‘experiencia’ y la ‘capacidad de gestión’. Se debe ser intolerante con la corrupción y desterrar frases como: “roba pero hace obras”, “más vale malo conocido que bueno por conocer” que sólo nos inducen al error y a la incertidumbre.

Otorgar el voto a un candidato es como entregarle a éste la llave de nuestra casa para que la administre, ¿estamos dispuestos a entregarle el manejo de nuestro hogar a cualquiera? Nuestra ciudadanía no sólo consiste en participar en las elecciones mediante el sufragio; también nos corresponde tener una participación activa, vigilando a las autoridades elegidas y a los funcionarios públicos, porque cuando se manejan inadecuadamente los recursos del erario nacional, los más afectados somos todos.

En Áncash, tras ocho años recibiendo un millonario canon minero, los pobres de la región continúan esperando un nuevo día, un mejor tiempo. Mientras tanto, la ciudadanía, los colectivos y organizaciones sociales vienen manifestándose a través de acciones simbólicas como lavados de banderas, marchas y plantones, exigiendo justicia y trasparencia a las autoridades hasta lograr sancionar severamente a los responsables de los actos de corrupción y de criminalidad en la región.


Carmen Alejos

Red de ÉTica y Gobernabilidad de la Provincia del Santa.




Piura y el clima electoral

Son 488 autoridades las que se elegirán en la Región Piura: un presidente, un vicepresidente regional, ocho consejeros regionales, ocho alcaldes provinciales, 92 regidores provinciales, 57 alcaldes distritales y 321 regidores distritales. La población electoral es de un millón 327,354 en toda la región.

Trece de los 14 candidatos que inicialmente se inscribieron para postular al sillón regional firmaron el Pacto Ético Electoral y se comprometieron a llevar a cabo una campaña limpia. Ahora les falta el Pacto Político por la Gobernabilidad y Desarrollo Regional de Piura 2015 – 2018, que lleva adelante el Colectivo por la Gobernabilidad Regional de Piura.

Los piuranos conocen apenas a los candidatos, por sus fotografías pegadas en paredes de terrenos sin construir y fachadas de locales y viviendas, pero de planes de gobierno nadie habla ni lo promueven y, si lo hacen, es en torno a sus amistades o lo justifican ante la lentitud de los Jurados Electorales Especiales. Los conocen por los polos, gorros, y hasta tricicleros que se pasean por las calles de Piura, portando cajas de cartón con fotografías del candidato de Unión Democrática del Norte (UDN), Reynaldo Hilbck Guzmán, por ejemplo.

Uno de los compromisos asumidos en el Pacto es informar con transparencia los aportes y gastos de la campaña electoral, pero la población no conoce quienes financian estas campañas ni las Declaraciones Juradas en lo que respecta a sus remuneraciones. Según las autoridades electorales solo cuatro de los catorce movimientos han entregado sus reportes financieros. El plazo para presentar el cuarto y último reporte de ingresos y gastos vence el 15 de octubre; es decir, después de las elecciones.

En Piura hay más desconocimiento que fiebre electoral; y más bulla, como la desatada en los fueros del Partido Aprista por la imposición de la dirigencia nacional, encabezada por Omar Quezada, que destituyó al Secretario regional César Trelles Lara, y el partido regional entró en reestructuración, formándose el Comando de Acción que eligió como secretario general a Marco Dávalos Arriaga. La medida desató más iras y violencia entre los que se proclamaron defensores de la institucionalidad de la agrupación y se atrincheraron en el local partidario, anunciando que no apoyarán al candidato Jhony Peralta Cruz, del Movimiento Seguridad y Desarrollo, que postula al gobierno Regional.

Un poco de historia

Los resultados electorales de los últimos periodos confirman la tendencia al desarraigo de los partidos nacionales y al posicionamiento de liderazgos en la política regional.

Según Cecilia Bustamente, de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, desde las elecciones regionales de 2006 se observa que los candidatos a presidentes regionales provienen de organizaciones regionales muy precarias, que se valían de cierto prestigio personal ganado en sus trayectorias profesionales, para elegirse en sus localidades

“Los partidos nacionales prácticamente han desaparecido del mapa político regional y cedido espacios a los incipientes movimientos regionales que —más por defecto que por virtud— habían vencido a los partidos en la mayoría de las regiones del país”, señala.

Desde que se inició la descentralización se confirma el avance de los movimientos regionales. En el 2002 ganaron en 8 regiones, el 2006 en 18 y el 2010 en 21, y la tendencia se mantiene cuando nos referimos al número de candidatos presentados y al porcentaje de votos válidos obtenidos.

Según el análisis político de la institución, hasta el momento ninguno de los candidatos tiene grandes ventajas, lo que conllevaría a la presencia de un outsider que capitalice la polarización de los votantes entre Jhony Peralta Cruz y Reynaldo Hilbck, y para muchos el candidato que reúne las condiciones para capitalizar a su favor sería César Paz López, de Región para Todos.

La voz ciudadana

Las críticas de la población electoral han ido en aumento. Muchas de ellas se refieren a la falta de propuestas, aunque algunos candidatos al Gobierno Regional han respondido que sí las tienen y que están colgadas en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Sin embargo, leyendo los resúmenes de sus planes de gobierno, muchas son medidas populistas, copiadas en misión y visión de otros partidos en elecciones anteriores, y no argumentan en base a qué presupuesto o cómo van a desarrollar sus ideas.

Muchos candidatos, tanto a la presidencia regional como a las alcaldías y regidurías, no pueden tejer el hilo de un programa de gobierno y solo se dedican a hablar de generalidades en los espacios más pequeños, pues todavía no se animan a subir a la palestra y desde allí comenzar la campaña.

Los candidatos apelan a priorizar las acciones de prevención en la lucha contra la inseguridad ciudadana, además de generar empleos para dar trabajo a los jóvenes desocupados, pero evitan hablar más porque no pueden sostener una crítica.

El Plan de gobierno más voluminoso es el del Movimiento Regional Seguridad y Prosperidad, que ha presentado 52 propuestas para mejorar la región Piura, basada en cuatro pilares principales: desarrollo económico productivo, mejor provisión de servicios públicos, seguridad y empleo y más y mejor infraestructura. Peralta Cruz es el único que lleva cuatro mujeres como candidatas a Consejeras Regionales, su Vicepresidenta también es mujer. La cuota de género, como lo dijo, “está equilibrada, hay juventud y género”.


Margarita Rosa Vega

Directora del semanario Semana del diario El Tiempo (Piura)




Moquegua: construyendo gobernabilidad desde las elecciones regionales

El actual escenario de las elecciones a los gobiernos regionales y municipales vuelve a reafirmar las crisis de los partidos políticos y movimientos regionales (ver cuadro). El listado de enunciados podría seguir extendiéndose; no obstante, no estaríamos descubriendo nada nuevo porque, bajo otras formas, ello se repite en todo el país. Sin embargo, esta problemática no es solamente de ellos, es también la baja cultura política en la que nos desenvolvemos.

Es grande el porcentaje de ciudadanos que votarán bajo la percepción de quién le dará trabajo o proveeduría (“¡no importa que robe, pero que dé trabajo!”). El clientelaje por eso existe y permite que el ex Presidente Regional de Moquegua, Jaime Rodríguez, “Jamocho”, se dé el lujo de confesar que “como siempre mis enemigos políticos dicen que Jamocho se robó la plata en carretilla; sí, efectivamente. ¿Y la gestión anterior?, se la robó en volquetadas, y la gestión de hoy día lo hace en trailers”. El mencionado sigue siendo candidato a la región, si bien bajó puntos en la preferencia electoral, continúa en lid compitiendo el primer lugar con Zenón Cueva (líder del ‘Moqueguazo’). Esta y otras percepciones pasan la factura, la corrupción es impune y los arrepentimientos por haber elegido mal es el acto siguiente después de las elecciones. La región tiene significativos ingresos presupuestales y no logra armonizar un desarrollo equitativo y sostenible para el futuro.

Problemática

Moquegua es una región sui generis, como las otras regiones mineras del país. La actividad minera y metalúrgica representa más del 60% del PBI, pero la Población Económicamente Activa (PEA) en este sector no es más del 10%. La principal extracción minera es el cobre, con 71% del valor de producción de minerales. El incremento de utilidades mineras ha permitido aumentar el canon minero, de tal suerte que el gobierno regional -y algunos gobiernos locales- tienen ingresos sustanciales para realizar inversiones desde el año 2005. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el 2012 fue de 0.6215, ocupando el 2º puesto en el ranking nacional. La deducción lógica sería que la región goza de bienestar pleno; sin embargo, detrás de estas cifras azules se esconden las exclusiones, a veces no cuantificadas. Este es el caso de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPEs) en la provincia industrial de Ilo, son el 98% del total de las empresas y se caracterizan por ser informales, contar con baja tecnología, no proveen a las grandes empresas, algunas sobreviven con servicios familiares y otras sucumben. Además, el empleo es temporal pues los gobiernos locales y el regional invierten prioritariamente en infraestructura (mejoramiento de edificios públicos, parques, veredas, asfaltado de calles) dejando de lado el desarrollo de capacidades humanas.

Camino de las propuestas

El actual contexto electoral, en resumen, podría conducirnos a gobernantes deficientes, situación que se complica aún más por la reducción del canon y regalías mineras. Si hasta ahora el gasto público regional no ha derivado en la consolidación de un mercado regional, los próximos años demandan el mejor uso de estos. Por ello, desde la sociedad se han tomado iniciativas. La primera viene de un grupo de organizaciones sociales y gubernamentales que se han asociado para proponer una agenda de gobernabilidad a los candidatos regionales y locales en el tema social, económico, ambiental e institucional que permita el debate, la concertación y suscripción de políticas públicas  a ejecutarse en el periodo 2015-2018. Este un reto a cristalizar para sacar a los candidatos del pragmatismo, de las campañas puro marketing, y permitir que los candidatos demuestren sus planes de gobierno y los equipos técnicos que los acompañan. En segundo lugar, vigilar el compromiso que asumieron de hacer buen uso de los recursos públicos ahora que comienzan a disminuir.


Jorge Acosta

Centro de Educación. Organización y Promoción del Desarrollo – CEOP Ilo