Apurímac: nuevas miradas, peligros y retos

Hablar de Apurímac desde Lima o cualquier parte del país, puede fácilmente llevarnos a la mente imágenes de carencias, necesidades insatisfechas y pobreza. Sus muy débiles logros en el campo de la salud y educación, el aún fuerte analfabetismo existente, así como el bajo lugar que ocupa su economía en el PBI nacional, alimentan legítimamente esta percepción. Y claro, es cierto que Apurímac es una de las regiones históricamente más maltratadas y sufridas. Basta recordar los abusos de las haciendas en estas tierras, tan magistralmente narrados por el escritor apurimeño José María Arguedas, o la dureza del conflicto armado interno, que dejó miles de víctimas y afectados por la violencia irracional de los bandos enfrentados.

Otra mirada sobre la misma realidad

Sin embargo, esa manera de ver nuestra región, puede ser insuficiente, e incluso una “trampa”, que puede llevarnos a la falsa compasión o al tan nocivo asistencialismo. Y es que hay también otra manera de ver nuestra región: desde sus fortalezas y potencialidades.

Pensando así, quizá podamos encontrar en Apurímac ideas, saberes y vivencias que pueden ayudarnos en estos tiempos de crisis de valores y de modelos de sociedad. Podremos entonces notar que Apurímac es la región quechua con mayor lealtad lingüística y cultural. Ver que en sus tierras todavía se practica la acción colectiva, el ayni y una relación de respeto a la naturaleza. Apreciar la riqueza de su biodiversidad, pisos y climas como formidable territorio para la producción orgánica, tan valorada en estos tiempos.

Región en peligro

Sin embargo, a pesar de enfocarnos en sus potencialidades es necesario anotar que hoy Apurímac está en peligro. Y es que los últimos años ha dejado de ser la región pensada desde Lima sólo como destinataria de programas sociales, para estar en la mira de una de las actividades más rentables como discutibles hoy en el Perú: la minería.

Lejos del olvido del poder central en el que siempre hemos vivido, hoy somos un territorio apetecible por la cantidad de minerales que tiene nuestro sub suelo. Nacen entonces los planes de inversión y los presupuestos para “negociar” con dirigentes y autoridades en busca de la llamada licencia social.

Sin embargo, no nos muestran todas las cartas. Desde los medios de comunicación, nacionales y locales, así como desde el discurso del gobierno central, nos quieren “vender” a los apurimeños la imagen de que la minería nos dará el bienestar y la felicidad, como si el desarrollo se expresara en edificios, camionetas 4 x 4 o la apertura de grandes centros comerciales, al margen de la educación o de las condiciones de vida de las personas y comunidades.

Además, con ese tipo de campañas, pretenden ocultar lo que muchas veces ya sabemos: que en la mayoría de casos la minería brinda esos beneficios solo a los dueños de las empresas, olvidando a comunidades y pueblos y, lo más grave, destruyendo el medio ambiente que todavía es una promesa para el bienestar de nuestros hijos e hijas.

Lamentablemente, la antigua y penosa historia de la minería en el Perú nos muestra muy duros ejemplos de este tipo de situaciones.

Con la minería nos enfrentamos a un riesgo que va más allá de la corrupción o los conflictos sociales. Pues viene además junto a un modelo de valores y un estilo de vida que niega la identidad e historia regional, ofreciendo lo mismo en Piura, Puno o cualquier lugar del mundo: dinero para “progresar” y “parecerse a los ricos”. Llega asociada a una ideología que pretende “blanquearnos” y que dejemos de ser un pueblo originario. Un sistema que quiere que abandonemos el campo para apretujarnos en las ciudades, que dejemos nuestra relación de respeto a la naturaleza, que dejemos de cuidar nuestra agua, nuestros animales, nuestra sabia y antigua apuesta por la tierra y el trabajo comunitario.

Según su discurso, ser desarrollado, ser “moderno”, es asumir un modo de vida, e incluso, ser o parecer occidental. Lo rural, lo andino, lo tradicional, es parte del pasado que hay que superar o, en el peor de los casos, disimular.

Retos y exigencias

Frente a esta situación, apurimeños y apurimeñas tenemos un enorme desafío: ver cómo aprovechar cierta minería para nuestro provecho. Aquella que puede comportarse de forma responsable, la que está dispuesta a cumplir con las exigencias sociales y ambientales, pero defendiendo nuestro territorio, nuestra cultura, y los valores que hoy todavía superviven en nuestros pueblos.

Y es que, en un mundo como el de hoy, en el que gobiernan las grandes corporaciones multinacionales y no los gobernantes elegidos; en el que niños, niñas y adultos son asesinados en Gaza o en Nigeria, ante la mirada indiferente o impotente de las Naciones Unidas, en un planeta que está siendo destruido por la extracción de minerales; quizá una región como la nuestra puede ser la base de saberes y sentimientos para fundar un nuevo modelo de vida, que articule tecnología con sabiduría ancestral, uso moderado de los recursos naturales con respeto a la Madre Tierra, modernidad y solidaridad en la vida cotidiana, entre otros rasgos de ese Buen Vivir que anhelamos, de esa otra nueva humanidad deseable.

¡Ese es nuestro reto! Que apurimeños y apurimeñas podamos no solo recuperar nuestra fuerza y bienestar, sino incluso aportar para lograr otro país y mundo posibles.


Javier Malpartida A.

Director Ejecutivo de la Asociación Tarpurisunchis (Apurímac).




¿Profesionalizar el ejercicio político en la Región Cusco?

Aunque esta prueba de juntar palabras como “profesión” y “política” pueda ser impropio en el mundo de los que las entienden a profundidad, en la Región del Cusco hemos presenciado un nuevo albur en la competencia electoral del 2014: el desenfoque del individualismo de la representación política.

Ciertamente que nosotros los electores tenemos una alta predilección por conocer a los candidatos, nos apasionamos con sus historias, de dónde provienen, qué consiguieron y, claro, qué podrán hacer una vez asidos del poder de gobierno. Tanta es la importancia que les damos a los candidatos que olvidamos el entorno que los rodea, el respaldo institucional que gira alrededor de la persona.

Este vicio de nosotros los ciudadanos ha dado la posibilidad a los mandatarios de asumir posturas mesiánicas, desconectadas del verdadero ejercicio político; es decir, aquél que solo se puede gestar en conexión con el “civilitas”, siendo ello la génesis del descrédito que tiene la población respecto a la posibilidad de que un Gobierno constituido por una clase política pueda representar legítimamente el poder emanado del propio ciudadano.

Una de las respuestas que hemos inventado nosotros los cusqueños ante la crisis que afecta a los Gobiernos (es decir: la corrupción, la poca eficiencia y capacidad para ayudar a resolver problemas en las ciudades) es que vamos dejando de creer menos en las personas y elevamos nuestra esperanza a los equipos de trabajo.

Así lo ha demostrado la última competencia electoral para el puesto de Presidente Regional, que en la segunda vuelta confrontó a dos agrupaciones regionales: APU y Kausachun Cusco. Como pocas veces se ha visto, la estrategia que comulgó a las dos agrupaciones estuvo diseñada en base a mostrar a la población cusqueña mucha robustez en el diseño técnico de sus propuestas, el respaldo de los profesionales que elaboraron los planes de gobierno y quienes podían respaldarlos en los debates.

Por primera vez el mundo mediático (preocupado totalmente por la vida de los candidatos, su pasado, su entorno familiar, sus amigos y conexiones) gravitó sus noticias para acusar a los equipos técnicos que respaldaban a las agrupaciones políticas; los invitaron a debatir las propuestas, a expresarse cara a cara sobre la vaguedad de los planteamientos, la imposibilidad de lo que se presentaba, o quizá también sobre coincidencias válidas de lo que uno y otro manejaban en su discurso.

Avanzando de esta manera, los cusqueños creímos que la crisis de los partidos políticos se apartaba de nuestra región. Imaginamos que existían pocas agrupaciones que concentraban cada una de ellas las opciones de la población, nos sentimos en una nueva etapa. En realidad descubrimos una nueva etapa, en la que otorgar todo el credo a una sola persona es una situación de mucho riesgo; por tanto, para disminuirlo, la fórmula consiste en saber cuál es el equipo que respalda el pensamiento partidario.

Se dio paso así a una nueva crónica de eventos. Debates organizados por universidades, por entidades nacionales, por colegios profesionales, inclusive por la prensa cusqueña que invitó a los equipos técnicos para que presentaran las líneas de los planes de gobierno, sustentaran las alternativas técnicas a problemas regionales de mucha opinión (como lo relacionado al gas, el aeropuerto internacional, el turismo, las vías de acceso a provincias, la corrupción y la destrucción de nuestra riqueza ambiental).

Quizá lo dicho por los políticos argentinos, acerca de “creer en el gobierno de la opinión pública”, se pudo implantar en nuestra región, al menos por unos meses; quizá se haya dado un gran paso hacia modernizar nuestro ejercicio político y democrático, no lo sabremos, al menos en el corto plazo; pero un gran mensaje ya se ha dado y consiste en entender que sólo las instituciones políticas, aquellas que invierten en sus organizaciones, que refrescan su pensamiento con evidencia empírica y otorgan remozadas e imaginativas formas de ver los problemas de la vida pública, son las que al final podrán prevalecer en el imaginario social.

Cambiar el autismo político y el egocentrismo de sus representantes será la nueva marca de nuestra vida pública, al menos eso esperamos, ya sea para nuestra región como también para lo que proyectamos como cusqueños.


Juan Igor Elorrieta A.

Centro Guamán Poma de Ayala (Cusco).




La Descentralización: un proceso en crisis

 

A 13 años de iniciada la reforma, existe la sensación de que ella no está cumpliendo la promesa de caminar a un Estado que sirva mejor a la población en todo el país. La descentralización se benefició hasta el 2012 de la estabilización macroeconómica y de la estabilidad democrática, del crecimiento económico y la abundancia de recursos fiscales que permitieron la transferencia sostenida a los gobiernos subnacionales, así como la conformación y el aprendizaje lento de una desordenada estructura administrativa descentralizada, capaz de gestionar con alguna autonomía los recursos públicos[1]. A partir de ese momento, se hizo más evidente, como lo señala un texto reciente[2], que olvidamos que la descentralización no supuso una reforma y modernización del Estado y los sistemas de gestión pública, que la determinan en sus alcances y límites. Recordemos que la reforma tuvo, desde su nacimiento, distintas fallas de origen, propias del conjunto del Estado peruano.

Sobre la base endeble de los departamentos preexistentes, los gobiernos regionales (GR) se organizaron como un híbrido que yuxtapone tres diseños organizacionales –la estructura central de la administración regional precedente (los Consejos Transitorios de Administración Regional), la organización derivada de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y las direcciones regionales desconcentradas sectoriales que les fueron adscritas- no obstante estar establecida su autonomía para organizarse; este desorden impacta negativamente en la eficiencia de la gestión regional y el funcionamiento de sus gobiernos, que desde su nacimiento estuvieron atrapados en la normativa nacional. A ello se añaden las limitaciones derivadas de los sistemas administrativos nacionales, que regulan la administración pública con un enfoque restrictivo y controlista que impide la diversidad y limita la autonomía económica y administrativa de las regiones[3] y refuerza el papel del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que lidera 6 de los 11 sistemas nacionales (abastecimiento, presupuesto, tesorería, contabilidad, inversión pública y endeudamiento), bajo su preocupación central de controlar el gasto.

Para asegurar que la descentralización sea ordenada y progresiva, se estableció un sistema de acreditación que implicaba la construcción previa de capacidades para el ejercicio de las competencias a transferir a los gobiernos subnacionales, el que no funcionó nunca. La construcción de capacidades careció de una estrategia y no fue abordada sistemáticamente, por lo que se dejó de lado la verificación de las capacidades institucionales requeridas para las nuevas funciones de los gobiernos descentralizados. La transferencia, que fue muy lenta hasta el 2007, se aceleró ese año. La Secretaría de Descentralización habla de la transferencia administrativa del 92.4% de funciones a los gobiernos regionales, sobre un total de 185 previstas, en un proceso con un carácter administrativo y burocrático, de simple cumplimiento de formas y plazos, sin un enfoque de gestión,  ni las herramientas necesarias para que los GR y locales manejen los servicios públicos que resultan de las funciones transferidas; el proceso no estuvo acompañado de los recursos humanos y financieros para el cumplimiento de las nuevas funciones, no existiendo a la fecha una idea cabal de sus costos. A ello se sumaron las debilidades generales del personal del Estado peruano. Las autoridades regionales carecen de los poderes y los recursos mínimos para mejorar el capital humano del que disponen, salvo a través de la designación de personal de confianza o contratos de locación de servicios para el desempeño de tareas permanentes.

El sistema de presupuesto público, por su parte, no se basa en criterios elementales de equidad y es inercial e “histórico” desde la década del noventa, correspondiendo a un ciclo de escasez de recursos y control del gasto; en otras palabras, ineficiente para responder al ciclo de crecimiento que hemos vivido en base a los precios internacionales de los commodities. El gobierno nacional mantiene un control casi absoluto de la recaudación de los ingresos públicos (más de 90% del total), mientras que la capacidad institucional y normativa de los gobiernos descentralizados para obtener recursos, se encuentra claramente limitada. La asignación de competencias y la transferencia de funciones que se ha producido, no tiene relación con las reglas de asignación de los recursos públicos ni con las capacidades necesarias para cumplir con los requerimientos establecidos para acceder a ellos[4]. Los GR y GL, especialmente los primeros, son históricamente dependientes de la transferencia de recursos que decide el MEF, dependencia que se agrava porque la capacidad de contar con recursos para la inversión depende de la discrecionalidad del sector, que selecciona a aquellos que se adecuan mejor a sus prioridades. Entre la fase de programación presupuestaria, a cargo del gobierno nacional (donde está el diseño de la política y su estrategia) y la etapa de formulación, radica el poder del Ministerio, que convierte a los gobiernos descentralizados en permanentes “tramitadores” de obras. Si bien el gasto público total entre el 2008 y el 2014, casi se duplicó en términos relativos, en relación con la producción bruta interna anual, prácticamente no se observa incremento. En sentido estricto, son las condiciones de la economía peruana las que explican el crecimiento absoluto del gasto público, antes que reglas fiscales orientadas a ese fin.

Los sectores, por su lado, han sufrido limitaciones similares en materia de autonomía presupuestal y recursos humanos, aunque con la ventaja de ser parte del gobierno nacional y funcionar en el mayor mercado de recursos humanos en el país. No obstante, al integrar una organización fuertemente sectorializada, resulta muy débil la articulación intersectorial. A todo ello, hay que añadir que la descentralización se ha dado en un Estado con una historia secular de corrupción y en medio de un sistema político sin partidos sólidos, capaces de controlar a sus representantes en el gobierno. El proceso, desde su inicio, ha sufrido los efectos de un sistema representativo extremadamente débil y fuertemente territorializado alrededor de liderazgos individuales y de organizaciones regionales mayoritariamente pragmáticas y volátiles.

Es claro que la descentralización se mantiene atrapada por cuatro nudos: (i) su desvinculación de la postergada reforma y modernización del Estado; (ii) su carácter fuertemente político y administrativo, que limita su integralidad; (iii) la persistencia de una organización territorial basada en los antiguos departamentos; (iv) la incapacidad de transformar los mecanismos participativos en instrumentos de democratización de la gestión pública regional y local. Así no debe sorprendernos el que Lima concentre el 52.3% del PBI nacional y que el PBI per cápita por departamento muestre un enorme desequilibrio entre aquellos, oscilando entre los 14,537 soles de Moquegua y los 1,945 de Apurímac.

Se trata, entonces, de una reforma sin conducción política, encargada a una Secretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros que fue incapaz de ejecutar su exiguo presupuesto anual el 2014 (cercano a los seis millones de soles). Convertida desde años atrás en terreno de disputa entre el nivel nacional y los niveles subnacionales; su continuidad se explica por las presiones de las asociaciones de gobiernos descentralizados (ANGR[5], AMPE[6] y REMURPE[7]) antes que por la voluntad política del gobierno nacional. Agotado el ciclo de crecimiento que la cobijó, la reforma tiene que ser rediscutida en el contexto de las elecciones nacionales que se avecinan, en medio de un significativo proceso de recentralización de la inversión pública y de distintas funciones y competencias que ya habían sido transferidas, así como de aquella imagen de corrupción generalizada en los gobiernos descentralizados, interesadamente creada el 2014 desde el gobierno nacional, como si aquella no fuera una marca que atraviesa al conjunto del Estado peruano y que está también erosionando nuestra sociedad, así como la supuesta ineficacia de aquellos.

En ese debate será indispensable contemplar también los logros de la descentralización, que no son pocos. En un país que atraviesa una crisis de institucionalidad profunda y cambios radicales como consecuencia del ciclo de crecimiento que está concluyendo, con un Estado débil y una apuesta ciega por un modelo primario exportador y por el rol de la gran inversión privada,  es innegable que los gobiernos descentralizados y la propia reforma fueron un factor clave de gobernabilidad y, más profundamente, de posibilidad democrática, contribuyendo –entre otras cosas- al crecimiento de la infraestructura, la disminución de la pobreza rural y la mejora en la inversión en los territorios.

[1] GONZALES DE OLARTE, Efraín: Descentralización, divergencia y desarrollo regional en el Perú del 2010, en PUCP (editor): Opciones de política económica en el Perú: 2011-2015. PUCP, Lima, 2010.
[2] Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Los gobiernos regionales al inicio de su segunda década. 46 experiencias de éxito de la gestión pública regional. ANGR, Lima, 2015.
[3] MOLINA, Raúl: Experiencias de reforma institucional en gobiernos regionales. Estudio de casos, Congreso de la República, Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización del Estado y USAID/Perú ProDescentralización, Lima, 2010.
[4] Al respecto, ver ARAGÓN, Jorge y Edgardo CRUZADO: La construcción de la descentralización fiscal en el Perú, en Bruno Revesz (editor): Miradas cruzadas: políticas públicas y desarrollo regional en el Perú, CIPCA-IEP editores, Lima, 2013; pp.105-132.
[5] Asamblea Nacional de Gobiernos Nacionales.
[6] Asociación de Municipalidades del Perú.
[7] Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú.


Eduardo Ballón E.

Coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana e Investigador Principal de DESCO.




Cosecha de agua en Quispicanchi, una experiencia de CCAIJO

La propuesta que hoy se conoce como “cosecha de agua” tuvo sus inicios por el año 1998 como respuesta al conflicto que surgió entre las comunidades campesinas de Huarahuara, Churubamba y Collotaro (en Cusco) por el acceso al agua para riego. La primera comunidad, con asesoría de la Asociación Jesús Obrero-CCAIJO (Centro Social de la Compañía de Jesús), había iniciado un proceso de intensificación del uso del suelo mediante la adaptación de la tecnología de riego presurizado (aspersión), lo que implicó tomar el agua del riachuelo Huarahuara en la parte alta. Esta actividad “secó” el agua para las otras dos comunidades de la parte baja, y el cambio tecnológico implicó la optimización del uso del agua de riego, lo que a su vez permitió romper con la dependencia de las lluvias para la producción agropecuaria de las familias campesinas.

Técnicamente la propuesta de “cosecha de agua” es muy simple, ubicar en las partes altas de las montañas pequeños “vasos hidrográficos”, estos vasos son depresiones naturales del suelo, cerrarlas mediante diques en las parte más angosta de la misma, de tal forma que se pueda almacenar en ella aguas provenientes de las lluvias, que luego podrá ser utilizada para el riego de los cultivos.

La primera micropresa[1], “Mandorqocha”, fue concluida en 1999 con una capacidad de almacenamiento de 30,000 m3; al año siguiente se construyó la segunda micropresa, “Yanahuaylla”, cuya capacidad es de 65,000 m3, ambos fueron financiadas por CCAIJO con recursos económicos de la cooperación técnica internacional y por las familias campesinas beneficiarias, quienes aportaron toda la mano de obra no calificada.

En los siguientes 9 años (2001 – 2009), se construyeron 10 micropresas más en comunidades campesinas de los distritos de Ccatcca, Andahuaylillas y Ocongate, almacenando 1’315,000 m3 de agua; estas  fueron financiadas por CCAIJO, las familias campesinas, las municipalidades distritales de Ccatcca, Andahuaylillas y Ocongate y la Municipalidad Provincial de Quispicanchi. Es decir, se logró involucrar en la construcción de estas micropresas a los gobiernos locales. Involucrar a las municipalidades no solo implicó aportes económicos, sino que las autoridades locales (alcaldes, regidores y funcionarios municipales) vieron en la propuesta una excelente alternativa para responder a la creciente demanda de agua para riego por parte de las familias campesinas, quienes deseaban intensificar el uso de los suelos (dos y hasta tres cosechas al año), mejorar los rendimientos productivos y la productividad de sus parcelas y rebaños, como una forma de mejorar sus ingresos económicos de manera sostenible y autónoma.

Del 2010 al 2013 se construyeron 04 micropresas más, con una capacidad de almacenamiento de 200,000 m3 de agua. En esta oportunidad dichas micropresas fueron íntegramente financiadas por la Municipalidad Distrital de Ccatcca y la Municipalidad Provincial de Quispicanchi, lográndose que definitivamente estas instancias de gobierno local asuman la propuesta como una de sus políticas públicas para hacer frente a la demanda de agua de riego por parte de sus pobladores, así como también para enfrentar los efectos del cambio climático. Actualmente está en fase de diseño una nueva micropresa, con una capacidad de 100,000 m3 que será financiada por la Municipalidad Distrital de Ocongate.

A partir del 2005 estas obras fueron complementadas con la ejecución de sistemas de riego por aspersión, que permite mejorar la eficiencia en la aplicación del agua a los cultivos, estas obras fueron financiadas por diferencias instancias del Estado. Así mismo, cada micropresa da origen al surgimiento de organizaciones de riego (juntas, comités, comisiones de riego, etc.), quienes se encargan de gestionar la infraestructura y distribuir el agua equitativamente entre todos los usuarios. Para ello recibieron capacitación y asistencia técnica del CCAIJO en legislación y gestión de los recursos hídricos en un escenario de cambio climático.

Un factor clave que contribuyó a que los gobiernos locales asuman y repliquen la experiencia de cosecha de agua ha sido la participación organizada de la población campesina en los procesos  del presupuesto participativo, quienes solicitaron a sus respectivos gobiernos locales que se financien y ejecuten proyectos de almacenamiento de aguas de lluvia mediante la tecnología  de micropresas, que desde el año 1999 venía demostrando que era una buena alternativa y un gran aporte  al desarrollo de la actividad agropecuaria campesina.

El éxito de la propuesta de cosecha de agua ha sido tan grande que en los últimos 5 años el distrito de Ccatcca se ha convertido en un referente regional en el uso y aplicación de esta tecnología, recibiendo visitas de delegaciones de autoridades municipales, comunales, líderes agropecuarios, tanto de otras provincias del Cusco como de otras regiones del país, interesados en conocer su aplicación y los logros productivos y económicos que se están generando entre las familias campesinas.

Igualmente, CCAIJO fue invitado a presentar la experiencia y sus resultados en el “Seminario Nacional de Siembra y Cosecha de Agua”, organizado por el Ministerio de Agricultura y la Dirección Regional Agraria del Cusco, evento que se llevó a cabo en la ciudad del Cusco en junio del año pasado, donde también se presentaron otras experiencias desarrolladas en diferentes puntos del país y cuyos resultados son insumos importantes para el diseño de una política pública nacional que haga frente a los efectos del cambio climático en la sierra peruana.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) también ha seleccionado la experiencia desarrollada por CCAIJO como uno de los 49 principales aportes al desarrollo nacional por parte de las ONG que trabajan con recursos de la cooperación técnica internacional.

Finalmente, en noviembre del 2015, el CCAIJO fue declarado ganador del Primer Puesto del Premio Nacional Ambiental “Antonio Brack Egg 2015”, en la Categoría: Acción Frente al Cambio Climático, sub categoría: Proyectos para Enfrentar el Cambio Climático en Áreas Rurales, organizado por el Ministerio del Ambiente.

Nuestro reconocimiento a todos los actores públicos y privados que participaron en la implementación y réplica de la experiencia de cosecha de agua en las comunidades campesinas de la provincia de Quispicanchi.

[1] Así se denominó a la infraestructura construida: diques y colectores de las aguas de lluvia.


Luis Casallo López

Economista. Director de la Asociación Jesús Obrero – CCAIJO (Cusco), Centro Social de la Compañía de Jesús.