El 22 de octubre tendrán lugar los censos nacionales del 2017 (XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas) a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Una de las principales innovaciones del censo de este año será la inclusión, por primera vez en nuestra historia, de una pregunta sobre autoidentificación étnico-racial de la población.
Los censos nacionales constituyen una de las principales herramientas con las que cuentan los Estados Nacionales para la administración de las poblaciones que tienen en sus territorios. Los censos permiten identificar una serie de brechas o desigualdades entre grupos sociales o categorías de personas: hombres y mujeres; niños, jóvenes y adultos mayores; habitantes del campo y de la ciudad. Con esta información se puede planificar el diseño y ejecución de políticas públicas para el desarrollo del país y de su infraestructura, así como para la provisión de servicios públicos y sociales a la población.
Muchos Estados han incluido en los censos indicadores que clasifican a sus poblaciones en términos culturales, étnicos o raciales, e incluso religiosos. Cuando el Estado usa estas herramientas, de alguna manera “oficializa” una subdivisión de la población que puede regular el flujo de recursos, derechos y deberes entre comunidades, individuos y el Estado. Este ejercicio administrativo ha tenido objetivos diferentes a lo largo de la historia y entre distintos países. En algunos casos se buscaba separar o segregar comunidades, como los blancos y negros en Sud África durante el Apartheid, o en Estados Unidos entre finales del siglo XIX y la década de 1960. En casos extremos el objetivo era una exclusión radical o la simple eliminación de determinados grupos o comunidades, como en la Alemania Nazi contra las comunidades judías durante la II Guerra Mundial, o como en Turquía contra los armenios entre 1915 y 1923.
La información también debe servirnos para que el Estado y la sociedad sean capaces de diseñar e implementar las políticas y medidas necesarias para reducir radicalmente las desigualdades sociales.
Otros países trataron de “asimilar” grupos cuyas culturas se concebían como “subalternas” o “inferiores” a la “cultura nacional” o la “civilización”, como ha sido el caso de varios países latinoamericanos frente a sus poblaciones originarias. Observar a lo largo de los censos la evolución de la composición étnica de la población podía dar una idea de cuánto se había avanzado o no en estos procesos de “asimilación” o “aculturación”.
Sin embargo, desde finales del siglo XX, el debate en torno a la inclusión de los indicadores étnico raciales en los censos y sistemas estadísticos estatales se ha venido centrando en el reconocimiento de derechos, tanto sociales y culturales, de comunidades que han sido históricamente excluidas, marginadas o explotadas dentro de sus propios países. Uno de los ejes de este reconocimiento es el del derecho a la propia identidad, pero también a la valoración del aporte de diversos grupos sociales en la construcción de una comunidad nacional multicultural.
En América Latina muchos países incluyeron preguntas sobre autoidentificación étnica en sus primeras rondas de los censos del siglo XXI. Ello fue en parte el resultado de un debate y una tendencia mundial hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios de diversas partes del mundo, que fue plasmándose en declaraciones de conferencias mundiales o convenios internacionales. En este proceso jugaron un rol central varias agencias de cooperación y organizaciones multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo de Población de la Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En el Perú, desde el 2001 el INEI incluyó una pregunta sobre autoidentificación étnico racial en el cuestionario de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Sin embargo, los censos del 2005 y del 2007 no consideraron este indicador, lo que ubicó al Perú a la zaga de la tendencia latinoamericana en la materia.
La última vez que un censo peruano incluyó una pregunta de clasificación étnico racial fue en 1940. En aquella oportunidad, el propio empadronador del censo clasificaba a los entrevistados según su aspecto físico en alguna de las siguientes categorías de tipo racial: blanco, mestizo, indígena, negro o asiático. Los censos posteriores abandonaron esta pregunta y recurrieron a indicadores lingüísticos para estimar el tamaño de la población indígena en nuestro país.
Esta opción tuvo dos consecuencias. En primer lugar, invisibilizó estadísticamente a la población afrodescendiente en nuestro país. Si bien desde el 2001 la ENAHO incluye una pregunta de autoidentificación donde una de las categorías de respuesta es “negro / mulato / zambo / afrodescendiente”, ésta tiene una incidencia muy baja en la muestra de la ENAHO (aproximadamente un 2% de los entrevistados), lo que no permite tener una idea más precisa sobre la ubicación y situación social de los ciudadanos afrodescendientes de nuestro país.
La segunda consecuencia es que la variable lingüística empleada en los censos fue analizada, en su momento, enfatizando el avance del proceso de castellanización de la sociedad a lo largo del siglo XX, como indicador de un proceso de construcción nacional a partir de una identidad mestiza. Es decir, el énfasis analítico hasta finales del siglo XX giró en torno a procesos de aculturación más que de reconocimiento de derechos culturales y aporte a la construcción de una identidad nacional multicultural.
El censo del 2017 utilizará una pregunta adaptada de la usada en la ENAHO desde el 2001. Esta pregunta ha sido discutida y evaluada en un comité técnico en el que han participado representantes de organizaciones de pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes, junto con otros representantes de instituciones estatales, agencias de cooperación internacional, universidades y centros de investigación. De acuerdo con la experiencia de la ENAHO, es probable que aproximadamente un cuarto de la población peruana se autoidentifique con alguna categoría asociada con pueblos indígenas u originarios. Ello es casi un 10% más que si sólo se utilizara la pregunta sobre lengua materna, la cual también se incluirá en el censo con opciones adicionales para lenguas de pueblos de la Amazonía. Se espera, además, que por primera vez desde 1940, se tenga un estimado preciso de la población afrodescendiente en nuestro país.
Si bien, como mencionamos, este tipo de indicadores estadísticos pueden emplearse para diversos propósitos y proyectos políticos, en una sociedad democrática y abierta se espera que este ejercicio contribuya a visibilizar la centralidad de los ciudadanos pertenecientes a pueblos originarios y afrodescendientes en nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro como nación. La información también debe servirnos para que el Estado y la sociedad sean capaces de diseñar e implementar las políticas y medidas necesarias para reducir radicalmente las desigualdades sociales, luchando contra la exclusión y discriminación que limitan el pleno goce de derechos ciudadanos de quienes pertenecen o se identifican como pueblos originarios o afrodescendientes en el Perú.
La última vez que un censo incluyó una pregunta de clasificación étnico-racial fue en 1940. En aquella oportunidad, el propio empadronador clasificaba a los entrevistados según su aspecto físico en alguna de las siguientes categorías: blanco, mestizo, indígena, negro o asiático.
Sin embargo, hay que tener cuidado que esta experiencia de reconocimiento y valoración de nuestra diversidad y riqueza cultural como país no deje de lado seguir teniendo una mirada crítica acerca de los procesos sociales y económicos que contribuyen a la reproducción de las desigualdades entre grupos clasificados en términos étnico raciales. En el siglo XX la gran lucha de los pueblos indígenas en nuestro país fue por la propiedad de la tierra (que sigue muy vigente aún hoy en día en los pueblos nativos de la Amazonía). Para José Carlos Mariátegui, el “problema del Indio”, a inicios del siglo XX, era el de la explotación económica de las poblaciones campesinas por el régimen de las haciendas y el gamonalismo. La principal demanda social de los pueblos indígenas, hasta finales de la década de 1960, era la de la redistribución de la tierra y la lucha contra el latifundio gamonal. Era una demanda que se expresaba en un lenguaje de “clases sociales”: campesinado versus latifundistas, más que en un lenguaje “étnico”.
Hoy en día, el “lenguaje clasista”, para enmarcar las luchas sociales de los pueblos indígenas, ha cedido su lugar a otro tipo de lenguaje más de tipo “multicultural”. A pesar del cambio discursivo para referirse a los problemas de desigualdad y exclusión social que afectan a los ciudadanos de pueblos originarios y afrodescendientes del Perú, es importante tener en cuenta que los nuevos términos y categoría que empleemos para clasificarnos no deben servir sólo como un mecanismo de reconocimiento y valoración de la diversidad cultural, sino también como herramientas para identificar el camino que nos falta recorrer en la lucha por derechos sociales, económicos y culturales que en su conjunto configuran el horizonte de una ciudadanía de personas diversas pero iguales en su dignidad y libertad como seres humanos.
Primavera 2017
David Sulmont Haak
Profesor Principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Representante de la PUCP en el Comité Técnico Interinstitucional sobre Estadísticas de Etnicidad del INEI.
