Chiclayo entre las sombras

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Todos han sido testigos de la caída del ex Alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, junto a sus más cercanos colaboradores, envueltos en una gran red de corrupción. Los titulares abundan pero, sin lugar a dudas, quienes hemos batallado ante la crisis reinante (que no es nueva) hubiésemos querido que la prensa nacional aporte con investigaciones hace mucho; me parece que han llegado tarde, pues la situación actual de Chiclayo es calamitosa.

Podemos afirmar que los últimos años han sido de total desorden: en mayo del 2012 la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque sentenció al entonces Alcalde Torres a dos años de pena privativa de la libertad suspendida por delito de Peculado de Uso (mal empleo de vehículo municipal). Esa sentencia corrigió un primer fallo absolutorio del Sexto Juzgado Unipersonal de Chiclayo que favoreció a Torres. Es así como, en mayo del 2012, al parecer ya no era Alcalde; sin embargo, el caso llegó hasta el pleno del Tribunal Constitucional aduciendo fallas en el procedimiento legal. Los magistrados de dicho órgano constitucional dieron la razón a Torres, por lo que fue repuesto en la alcaldía. Hoy, uno de los colaboradores eficaces detenido con el Alcalde ha manifestado que dicha sentencia tuvo un costo. Es necesario investigar a profundidad para encontrar la verdad.

Las redes de corrupción se extienden. Chiclayo se hunde en el desgobierno, con obras inconclusas o mal hechas. ¿Quién es el responsable? Culpables son la gestión municipal y los contratistas (varios hasta con documentación falsificada), pero ¿dónde estuvieron los organismos de control? El Órgano de Control Institucional tiene mucho que explicar, junto a la Contraloría General de la República, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), así como el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía, que avalan proyectos y giran los recursos económicos. ¿Cómo se controlaron estos fondos?

El Ministerio Público también está en investigación debido a las numerosas denuncias que pesaban sobre el ex Alcalde y que fueron archivadas, de igual manera el Poder Judicial y sus dilaciones e improcedencias de acción. He ahí la desconfianza en las instituciones. ¿Alcanzará justicia Chiclayo?

El Ministerio de Economía ha congelado las partidas presupuestales del Gobierno Provincial (¿afectando a toda la población se resuelve la crisis?). Esto es simplismo burocrático, no ha sabido supervisar el uso de recursos económicos y desde un escritorio a distancia se piensa que por el hecho de congelar cuentas se acabará la corrupción. La red nefasta tiene que ser desmantelada y, estoy seguro, alcanza a la esfera capitalina.

Desde mediados de la década del 90 a los chiclayanos les es difícil ver terminar un período municipal en armonía; ya hubo vacancias y hasta el lamentable incendio del Palacio Municipal el 2006, todo ello en medio de la improvisación de las autoridades de turno, desorientación y ambición. ¿Cómo hemos llegado a esta realidad? Malas autoridades vienen gobernando la provincia, en las campañas políticas campea la improvisación de ideas, la venta de puestos en las listas electorales y la compra de votos por el clientelismo. La dignidad del individuo es disputada al mejor postor.

Agrava el escenario el hecho de que nuestras instituciones aún son débiles para enarbolar compromisos cívicos. Tantas confesiones religiosas, tantas universidades, Colegios Profesionales, instituciones empresariales y sindicales, ¿dónde han estado todo este tiempo? Un esfuerzo fue el Movimiento Cívico de Chiclayo, que realizó una gran movilización el 01 de marzo del 2013 contra la corrupción y reunió a más de 8 mil personas en las calles de la ciudad, pero no logró perdurar en el tiempo. Les es difícil pasar al campo de la propuesta y saber adentrarse en la toma de decisiones, nuestra democracia participativa es débil.

Sumémosle a ello lo peor: los ciudadanos se están acostumbrando a vivir en este caos. Mientras escribo estas líneas Chiclayo se hunde en la basura arrojada en sus calles, ante una huelga de los trabajadores municipales impagos. Una preocupante pestilencia se levanta, pero más alarmante que la descomposición callejera es la descomposición del tejido institucional y, más grave aún, la descomposición de la conciencia ciudadana. Faltan instituciones coherentes, faltan ciudadanos, la permisividad no puede continuar, con quienes se pueda hay que recuperar el civismo.


Jorge Luis Vallejo Castello

Politólogo. Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

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