[…] Gran parte de los comuneros fueron llevados con engaños al centro del poblado con intención de asesinarlos. Hubo un llamado de pacificación: vengan, no va a pasar nada, por eso estamos acá. [...] Se recogió a la gente de todos los cerros. Bajaron con todas sus cosas a Putis para formar un centro poblado, pensaban que iban a estar más tranquilos al lado de la base [...] Los engañaron, les dijeron vamos a hacer una piscigranja, acá vamos a hacer un cuadrado de tanto por tantos metros. Todos los varones hicieron su propia fosa. Los comenzaron a matar de seis en seis. Una parte de los efectivos estaba a unos metros, vigilando por dónde podían escapar [...] estaban acorralados.
Hasta antes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) no se conocía el caso de Putis. Cuando lo descubrimos nos quedamos sobrecogidos, incapaces de entender cómo pudo suceder un episodio así en nuestro país. Superaba toda imaginación, indignación y vergüenza por haber estado de espaldas ignorando que estos cruentos crímenes sucedían. Una masacre a sangre fría que no trascendió al resto del país. ¿Cuántos Putis más habrán ocurrido y que probablemente no se lleguen a conocer nunca porque no quedó nadie para narrarlo?
La CVR estableció que 123 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por miembros del Ejército en diciembre de 1984. Luego de entregar el caso a Fiscalía, se inició una investigación judicial que ha ido proporcionando más información sobre el caso. Terminada la exhumación se hallaron 92 cuerpos, de las cuales 23 eran mujeres y 48 eran menores de edad (38 de ellos corresponden a niños menores de 10 años). Asimismo, la investigación forense señala que el 44.5% murió a raíz de lesiones por armas de fuego. La distribución anatómica de las lesiones muestra que el ataque fue realizado hacia un grupo desarmado[1].
Este desgarrador episodio debe llamarnos a un profundo cuestionamiento social, principalmente, sobre aquellas “columnas vertebrales” que damos por sentado y sobre las que nos erigimos como sociedad, como país.
Una primera y fundamental es el respeto a la vida. Las instituciones sociales creadas justamente para la protección de la vida de todos los ciudadanos son las Fuerzas Armadas (FFAA). Ellas deben velar con justicia y equidad por la integridad y protección de cada individuo. Siendo así, ¿es posible que la mentalidad castrense haya concebido que el genocidio de toda una comunidad, incluyendo niños y niñas, era la manera de proteger a toda una sociedad? Al parecer, sí.
La radicalización de miembros de nuestro Ejército es muchas veces comprendida y explicada como los “excesos que se dan en toda guerra no convencional”.
Tales nociones de la función militar se encuentran arraigadas en el pensamiento de las FFAA, y, lamentablemente, tienen asidero en algunos sectores sociales. Bajo el presupuesto de que en una guerra vale todo, se vislumbra un profundo desprecio por la vida de los otros diferentes a uno. Bajo tal lógica, todo el que presuntamente fuera senderista (incluyendo a los niños y niñas) debía ser ejecutado. Y eso está justificado. Así, los defensores de Derechos Humanos somos pro terrucos al denunciar esto.
A la fecha no se sabe si algún mando ordenó la ejecución de la población de Putis. Lo cierto es que una facción del Ejército no tuvo ningún problema en hacerlo. Es decir, no prevaleció en ellos algún discernimiento ético frente a la vida de los pobladores. La vida de estos poco o nada valía. Su muerte estaba justificada en el contexto de la guerra y avalada por la legitimidad que otorga el Estado a las Fuerzas Armadas para usar la violencia cuando sea necesario.
Un segundo tema tiene que ver con la falta de reconocimiento de la población originaria como parte de nuestra sociedad.
La libertad con la que actuaron los miembros del Ejército para ejecutar a más de cien personas tiene que ver, primero, con que sabían que no se les iba a juzgar por ello. Asimismo, y de modo más preocupante, porque la vida de estos comuneros, “presuntamente senderista” no vale igual que la vida de otro, un costeño, un urbano o un militar. A nadie le importa lo que les pueda pasar a estos indios, bien muertos están por apoyar a Sendero Luminoso.
Este desprecio del colonizador hacia la población indígena ha sido una constante en el conflicto armado.
Finalmente, un tercer tema es el silencio de las Fuerzas Armadas frente al crimen. El poder Judicial y la Fiscalía han confirmado los asesinatos ocurridos en Putis. No obstante, no ha habido ningún pronunciamiento oficial de parte de las fuerzas del orden. Es más, existe una negativa del Ministerio de Defensa para seguir con la investigación judicial. Y ello acompañado de continuas campañas de desprestigio contra el trabajo de la CVR y los organismos que trabajan a favor de los Derechos Humanos.
Los familiares y sobrevivientes de Putis merecen y esperan que los perpetradores del crimen pidan disculpas, acepten su error y se haga justicia.
Sólo con la condena de las responsabilidades particulares y el deslinde por parte del Ejército de los crímenes ocurridos en Putis, podríamos sentar un precedente, evitando así que otros Putis vuelvan a ocurrir.
Para cerrar este cruento capítulo y lograr un aprendizaje como sociedad, es necesario escuchar desde las propias FF.AA. la condena del crimen. La institución militar no es la perpetradora, existen responsables individuales; pero es una obligación deslindar con estos hechos, de lo contrario los estarán avalando.
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[1] Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH. Informe Anual 2008 El difícil camino a la ciudadanía. El caso Putis, 25 años después. Pág. 181
Publicado en noviembre 2009
Sofía Macher Batanero
Socióloga. Presidenta del Consejo de Reparaciones.
