El origen de buena parte de los conflictos entre el Estado y los Pueblos Indígenas (PPII); es decir, de las comunidades campesinas y nativas, es que los recursos naturales mineros, hidrocarburíferos, forestales, etc., están debajo de los territorios de los PPII que hoy protestan. A continuación un revisión rápida de los principales conflictos.

1. Graves impactos tras 40 años de explotación del Lote 192. Región de Loreto. Se ha formado una comisión multisectorial donde participan diferentes sectores del Estado y los Apus de las 4 cuencas afectadas por 40 años de actividad petrolera irresponsable. Se intenta dar solución a la agenda planteada por estos pueblos: reparar pasivos ambientales, titulación de territorio, atender la salud afectada, compensación por el uso del territorio ante el no pago de la servidumbres petroleras, seguridad alimentaria. La Comisión Multisectorial viene negociando actualmente.
2. Omisión de consulta del Lote 116. Región de Amazonas. El Gobierno ha autorizado la exploración de este lote petrolero sin antes haber consultado a los pueblos Awajun y Wampis, a pesar de tratarse de una actividad que tendrá importantes y graves impactos en el hábitat donde viven estos pueblos. Hay una demanda de amparo interpuesta por las comunidades contra el Ministerio de Energía y Minas.
3. Omisión de consulta del Lote 108. Región Junín. Al igual que el anterior se trata de un lote petrolero que no ha sido consultado con los PPII ashaninkas, a pesar del impacto que este tendrá en el hábitat de estos pueblos. El Frente de Defensa ha levantado su protesta, al igual que los pueblos indígenas, y se espera que el diálogo prime por encima de la confrontación y la violencia.
4. Derrames de petróleo. Región Loreto. Como consecuencia de la falta de adecuación del oleoducto norperuano al Reglamento de transporte de petróleo a través de ducto, aprobado por DS 081-2007-EM, se vienen sucediendo varios derrames. Si bien no se descarta la existencia de actos de sabotaje, es evidente que estamos ante un grave problema de negligencia de Petroperú. Estos derrames son graves porque impiden a los PPII tomar el agua, comer el pescado y dedicarse a la pesca, poniendo en peligro su subsistencia física y cultural como PPII. Se viene exigiendo judicialmente la atención de salud.
5. Omisión de consulta de proyecto Hidrovías. Región de Loreto. El proyecto tiene como objetivo hacer más navegables los ríos amazónicos Marañón, Huallaga, Ucayali y Amazonas, a través del dragado de algunas zonas denominadas malos pasos. Sin embargo, los PPII kukamas tienen miedo que este proyecto les afecte, fundamentalmente por dos razones, porque el río Marañón es sagrado y porque la pesca es la principal actividad económica. Los pueblos acaban de ganar una demanda de amparo, exigiendo el juez al Gobierno que consulte dicho proyecto.
6. Omisión de pago de Servidumbres petroleras. Región Loreto. Muchas comunidades nativas están pidiendo al Gobierno el pago por el uso del territorio por parte de empresas petroleras. El problema es que el Estado lo ha entregado en servidumbre gratuita (derecho de uso) como si esos territorios fueran del Estado, desconociendo que, de acuerdo al derecho internacional, los PPII tienen propiedad de los territorios que han usado ancestralmente; es decir, que siempre han ocupado, razón por la cual estamos ante servidumbres que desconocen normas internacionales. En estos momentos diversas comunidades están exigiendo este pago a través de medidas de fuerza.
7. Omisión de titulación de territorios de PPII. Ucayali, Junín, Loreto, Amazonas. A pesar (de) que el Estado está en la obligación de titular los territorios de los PPII, como consecuencia de su obligación de proteger el derecho a la propiedad sobre sus territorios, éste no lo ha hecho, desconociendo la importancia que para los PPII tiene su territorio. Esto genera no solo la indefensión de los PPII sino que madereros y mineros ilegales ingresen a estos territorios y exploten estos recursos a espaldas de los PPII. En estos momentos diversas comunidades están exigiendo la titulación judicialmente.

Realización de actividades extractivas en territorios de PIAVCI en Lote 88. Regiones Cusco, Ucayali y Madre de Dios. A pesar de existir normas que establecen claramente que no se pueden realizar actividades de exploración y de explotación de recursos en territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIAVCI), el Gobierno ha autorizado la ampliación de la exploración del lote 88, sobre la Reserva Territorial Kugapakori Nahua, Nanti y otros, desconociendo que estos PIAVCI tienen una extremada vulnerabilidad inmunológica, ambiental y social, dependen mucho del hábitat en el que viven y no están preparados para el contacto con la sociedad mayoritaria. En estos momentos se ha judicializado la suspensión de la ampliación de la exploración.Denuncias contra el Gobierno por no hacer nada ante la contaminación en Espinar. Región Cusco. Diferentes denuncias han revelado que existen metales pesados tóxicos en la sangre de los pobladores de Espinar, dentro del área de influencia de actividad minera y, sin embargo, el Estado no ha hecho nada para remediar esto, más allá de diagnósticos aislados. Independientemente de la causa de esta contaminación, sea natural o por actividad minera, es evidente que el sector salud debe entrar a atender a esta población afectada. Se viene preparando una demanda contra el Estado.Omisión de consulta de proyectos de infraestructura a nivel nacional. Muchos proyectos del Estado para crear infraestructura tampoco han sido consultados con las comunidades campesinas y nativas afectadas, tal como lo exige el ordenamiento jurídico, a pesar de los impactos que generarán en estas comunidades. Es el caso, por ejemplo, del proyecto Majes Siguas II entre Cusco y Arequipa o de las cerca de 25 represas que se piensa construir en el marco del proyecto IIRSA entre Perú y Brasil para que Brasil ponga sus productos en el Pacífico. Se vienen muchos conflictos en estos temas que el Estado no está vislumbrado.Actividad minera en cabecera de ríos del Cenepa. Región Amazonas. A pesar de tratarse de un territorio ancestral del pueblo Awajun, y que se trata de bosques amazónicos húmedos de enorme importancia ambiental, el Estado ha entregado concesiones mineras de espaldas a estos PPII. Es más, cuando los PPII pidieron la titulación de estos territorios, el Gobierno les ofreció (en vez de titulación) crear el Parque Nacional Ichigkat Muja, aprobándose la creación de éste luego de un largo proceso de consulta; sin embargo, al momento de recoger el acuerdo en una norma, recortó el área del parque para favorecer la entrega de concesiones mineras a favor de varias empresas mineras como Afrodita, dentro del territorio inicialmente destinado a la creación de este parque, traicionando e incumpliendo el acuerdo inicial.Criminalización de líderes indígenas por defender su territorio. Muchos dirigentes indígenas vienen siendo procesados por protagonizar protestas en defensa de su territorio y de los recursos naturales que hay en él, y que garantizan la supervivencia de los PPII. Se trata muchas veces de actos de fuerza que se realizan una vez que se han agotado los mecanismos institucionales de queja o denuncia de demandas al Gobierno. Estas medidas de fuerza se realizan en estado de necesidad, cuando se está poniendo en peligro la propia existencia de la comunidad, ante la desidia del Estado.Proceso del Baguazo o el derecho a la protesta. Región Amazonas. Si bien en el proceso de la Curva del Diablo y en la Estación 6 hay homicidios que todos condenamos, tanto de policías como de líderes indígenas, y que debe sancionarse a sus responsables, no se puede negar que estamos ante un proceso que busca hacer un escarmiento de los líderes indígenas por defender sus territorios ante el ingreso de actividades extractivas en territorios de los PPII, sin consulta y sin permiso de estos.Omisión de consulta de concesiones mineras. Región de Puno. Muchas comunidades, luego del Aymarazo en mayo del 2011, vienen protestando contra el Estado y, concretamente, contra el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) por expedir concesiones mineras de recursos mineros debajo de sus territorios, de espalda a ellos, sin antes haberle consultado. En estos momentos muchas de ellas han presentado procesos de amparo contra el MINEM e INGEMMET cuestionando esas concesiones.

Hasta ahora, la política del Estado ha sido subordinar la protección de los derechos de los PPII y del medio ambiente a la explotación de estos recursos naturales y a la política energética, en beneficio de la inversión privada. No dudamos de la importancia de la política energética, de la necesidad de explotación de recursos naturales; sin embargo, esto no puede hacerse desconociendo e ignorando las graves consecuencias de una actividad extractiva irresponsable, que ha contaminado el hábitat de los PPII al punto de poner en peligro su subsistencia y afectar el medio ambiente. La solución no pasa por la imposición de actividades extractivas, pasa por armonizar la política energética con los derechos de los PPII y la protección del medio ambiente. Y, si no es posible hacerlo, la solución dada por la Constitución es clara, se debe proteger lo más importante: la vida, la salud, la integridad física y el medio ambiente. La necesidad pública y el interés público no puede estar por encima de la vida y la salud de los PPII.

Juan Carlos Ruiz

Abogado del Instituto de Defensa Legal – IDL. Especialista en temas constitucionales vinculados con pueblos indígenas.