Yanacocha, la mayor mina de oro de América Latina, considerada como una de las más rentables del mundo y ubicada en las cercanías de la ciudad de Cajamarca, entró en producción en 1993. Su presencia fue controversial prácticamente desde el inicio de sus operaciones. A pesar que Yanacocha afirma que tiene los más elevados estándares ambientales y sociales, ha sido confrontada en forma permanente con las más diversas denuncias -fundadas o no- sobre violaciones a los derechos humanos, sobre los impactos negativos de la presencia de la empresa, y sobre el agotamiento de las fuentes de agua en Cajamarca.
Una de las crisis de mayor magnitud fue, a partir de 2001, el movimiento de resistencia de las poblaciones locales en contra de los intentos de la empresa por ampliar sus operaciones sobre el cerro Quilish, lugar donde nacen el río Porcón y el río Grande, dos fuentes hídricas indispensables para las poblaciones de la región. En julio de 2004, el gobierno de Toledo aprueba la evaluación ambiental (EA) presentada por Yanacocha, autorizándola a explorar en el cerro Quilish. Las poblaciones locales multiplican las acciones de protesta que desembocan en un paro regional, el 15 de septiembre, en las 13 provincias del departamento. Al día siguiente, el MEM cancela la norma emitida en julio. Frente a la persistencia de los enfrentamientos, la empresa solicitó, el 4 de noviembre de 2004, la revocación de su autorización de exploración.
Si bien esta vez se trata también de una ampliación de las actividades de la empresa, el conflicto actual en torno al proyecto Conga operado por Yanacocha, con una inversión valorizada en 4.800 millones de dólares y parado desde noviembre a petición del Gobierno, se desarrolla en un contexto muy diferente. En primer lugar, es la prueba de fuego en el campo de la resolución de conflictos sociales para el gobierno de Ollanta Humala. Ya ha ocasionado que el 10 de diciembre el Premier Salomón Lerner Ghitis diera un paso al costado, a sólo cuatro meses de asumir el cargo, dando pie a su relevo por el Ministro del Interior Óscar Valdés.
En segundo lugar, el enfrentamiento directo entre el presidente Humala y el actual presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos –Goyo- pone en la agenda las relaciones de poder entre el gobierno central con los gobiernos regionales, en el presente marco de descentralización política.
En tercer lugar, no se trata esta vez de la fase de exploración, en la cual la empresa ya ha gastado 800 millones de dólares, sino del proceso de explotación en curso. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ha sido aprobado por el MEM en 2010, durante el régimen de García, después de las debidas audiencias públicas. La explotación durará por lo menos dos décadas. Dejará 3.000 millones de dólares al Perú solo en impuestos, 1.500 de ellos en Cajamarca. En lo inmediato, el punto crítico más controvertido es que el proyecto compromete el secado y la destrucción de las lagunas El Perol, Mala, Chica, y Azul, y su sustitución por 3 reservorios con mayor capacidad de almacenamiento. Lo que la movilización cajamarquina rechaza, con el grito de guerra “Conga no va”, por atentar contra el ecosistema que condiciona su forma de vida y sistema de producción. Percepción ratificada por el informe del Ministerio del Ambiente del 21 de noviembre 2011, que señala: “el referido proyecto transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios sistemas y fragmentando los restantes de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible”.
Desde 1990 predomina, en las altas esferas del Estado, de que brindar seguridad jurídica a inversiones como la de Conga es prioridad absoluta para el país. Difícilmente el Gobierno de Humala se puede permitir dar la imagen de que una inversión de 4.800 millones de dólares, ya firmada y en marcha, se va al traste por unas elecciones y una protesta local. A muchos sectores que apoyaron la elección de Ollanta Humala les cayó muy mal sus declaraciones sobre Conga: “Rechazamos posiciones extremas: el agua o el oro. Nosotros planteamos una posición sensata: el agua y el oro”. En otras palabras, “¡Conga va!”. Sienten que el presidente «capitula» ante los intereses de la gran empresa, la que no ha parado de presionar durante todo este periodo. Recordemos que es un gobierno que ingresa después de haber afirmado los derechos de la gente y la necesidad de proteger el medio ambiente y el agua.
Ha habido además un mal manejo del gobierno, que dio un conjunto de señales contradictorias, agravando el conflicto. Era una provocación innecesaria declarar el estado de emergencia en Cajamarca. Frente a la intransigencia de los líderes cajamarquinos, no buscó la mediación de personalidades o sectores que tengan legitimidad ante la población y pueden lograr su confianza, para alcanzar una solución integral y duradera. Así mismo, es contraproducente no concertar con las autoridades regionales y locales los Términos de Referencia del peritaje internacional sobre el balance hídrico del proyecto Conga.
Por cierto, no se puede pretender que el gobierno de Humala solucione de la noche a la mañana un conflicto heredado que se vino acumulando desde gobiernos anteriores y que responde a una política de promoción de inversiones mineras que no considera la opinión de las poblaciones locales y los impactos no solo ambientales sino sociales. Sin embargo, medidas concretas tienen que ser tomadas. Por ejemplo, es insostenible que sea el propio promotor de la inversión en el sector minero, el MEM, quien apruebe, en forma muchas veces superficial y sesgada a favor de la empresa, los EIA. Tal como ha sido propuesto desde hace mucho tiempo y desde varias instancias, esa competencia tendría que pasar al Ministerio del Ambiente. Es urgente establecer ese nuevo marco institucional; porque el existente ha demostrado ser uno de los factores que lleva a que los conflictos se transformen en actos de violencia cometidos por los distintos actores involucrados. Es importante también el establecimiento de normas y políticas nacionales de Ordenamiento Territorial (OT) que permitan, con la flexibilidad necesaria, tomar decisiones intergubernamentales sobre el uso del suelo, el aprovechamiento de las potencialidades presentes en el territorio y los riesgos a tomar en cuenta Si se avanza en esta dirección podremos aspirar a que el tratamiento de los conflictos pueda ser menos reactivo y más preventivo.
Desde el 29 de febrero corre la cuenta regresiva de 40 días para que los tres expertos contratados por el gobierno para llevar a cabo el peritaje internacional entreguen su informe que, dicho de paso, no tendrá carácter dirimente o vinculante. Mientras tanto Conga sigue a la espera.
Publicado en abril 2012
Bruno Revesz, SJ
Politólogo y director del Área de Investigación y Proyección Regional del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), cofundador del Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA), en Piura.
