El último 15 de enero del presente año, no solo recibimos la terrible noticia del derrame petrolero en las costas del norte de Lima -afectando la vida en más de 112 kilómetros cuadrados del mar y litoral, incluidas los varios miles de familias que dependen de sus recursos marítimos- sino que fuimos testigos de la falta de respuesta de la compañía operadora y de las entidades responsables del Estado. 12 mil barriles de petróleo vertidos que se suman a otras decenas de miles producto de derrames en diferentes partes del país.

Según el informe de una misión de expertos de Naciones Unidas, las consecuencias de los impactos a la biodiversidad y ecosistema producto del derrame de Repsol podrían extenderse hasta 10 años; además dicho informe identifica serias deficiencias tanto en el manejo del derrame de parte de la compañía, como en la falta de respuesta de las 34 instituciones públicas responsables de implementar estrategias de respuesta ante los impactos y riesgos producidos por la emergencia ambiental. El mismo relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marco Orellana, quien recientemente realizó una visita académica al Perú, tuvo la oportunidad de expresar en la Comisión de investigación multipartidaria sobre el derrame de Ventanilla del Congreso de la República que “falta una evaluación de daños y un registro de las personas afectadas por el vertido del crudo”[1].

Como un déjà vu, reconocimos la situación como si la hubiéramos vivido previamente y así lo era. En el informe “La sombra de los hidrocarburos en el Perú”[2], elaborado por el Subgrupo sobre Derrames Petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se identifica que desde el año 1997 hasta el primer trimestre del año 2021, se habían producido 1002 derrames, que implicaron el vertimiento de 87,370 barriles de productos asociados a la extracción de hidrocarburos, y hoy alcanzan cerca de cien mil con el derrame de Repsol.

El informe también añade que, de todos estos sucesos, la mayor incidencia de estos derrames sucede en la Amazonía (56%), seguido de la costa (40%) y 5 derrames en la sierra, pero además hay 27 del Oleoducto Nor peruano (ONP) en zonas que no se han podido precisar en Piura, Lambayeque y Cajamarca. Siendo los lotes con un mayor número de derrames: 192 (antes 1AB, en Loreto), 8 (Loreto), X (Piura), el ONP (que recorre varias regiones) y el Z-2B (Piura).

Un estudio publicado en el 2020, muestra que las causas predominantes de los derrames de petróleo la Amazonía peruana fueron las fallas operativas y la corrosión, es decir, vinculados con la responsabilidad de las empresas operadoras, privadas y públicas.

Conclusiones similares al estudio publicado en el 2020, La sombra del petróleo[3], que concentró su análisis en la Amazonía peruana, muestra que las causas predominantes de estos derrames fueron las fallas operativas y la corrosión, es decir, vinculados con la responsabilidad de las empresas operadoras, privadas y públicas, tanto de transporte como de explotación y exploración. Cabe destacar que los derrames por corrosión y fallas operativas suman más del 70% del total de barriles derramados en tierra peruana.

Mirando su evaluación, estos derrames no solo se incrementaron en los últimos 15 años, sino que mantuvieron la relevancia de la causa por falla operativa y un incremento de casos por corrosión, relacionados directamente con la falta de mantenimiento de sus instalaciones. También llama la atención el incremento de casos donde se registra “terceros” como responsables o causa, pero no se aprecia procesos de investigación fiscal que conllevaran a la identificación de responsables, más bien los procesos judicializados se encuentran en las medidas jurídicas tomadas por las empresas para evitar el pago por las sanciones ambientales aplicados por los organismos fiscalizadores.

Según las entidades de fiscalización, la mayor cantidad de emergencias registradas corresponden a las operaciones de Pluspetrol Norte, que representan el 30,5% de los derrames ocurridos, luego a las operaciones de Frontera Energy (11%), y los que sucedieron bajo las operaciones de transporte de Petroperú (11%).

Pero, lamentablemente, los impactos no se reducen a los derrames, existen otros factores como los pasivos ambientales que son identificados por el OEFA y publicados en el registro de pasivos por la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) del Ministerio de Energía y Minas. Según este registro existen en el Perú 3231 pasivos ambientales por hidrocarburos, 151 de ellos son considerados de alto riesgo para la salud, la seguridad y el ambiente, 1997 son de riesgo medio, y 1083 de riesgo bajo, de acuerdo a la metodología del OEFA.

Sumando los derrames, pasivos ambientales, emergencias y sitios impactados, contamos con un universo oficial de 4362 impactos por actividades hidrocarburíferas. Basados en ese total, el departamento de Piura concentra el 80.2% de ellos, seguido de Loreto (9.9%), Tumbes (2.4%) y otros. Estos no expresan la dimensión de los impactos generados, solo datos que muestran la complejidad de esta problemática.

Sumando los derrames, pasivos ambientales, emergencias y sitios impactados, contamos con un universo oficial de 4362 impactos por actividades hidrocarburíferas.

Aportes al debate

El derrame ocasionado en enero en el distrito de Ventanilla, en Lima, ha puesto a la vista no solo las cifras y problemática que son consecuencias de este desastre, sino la situación que enfrentamos hace más de 20 años con los derrames petroleros e impactos ambientales que ocasiona esta actividad sin respuestas de los responsables privados o estatales en el litoral y la Amazonía. Ha descubierto la necesidad de reformas institucionales profundas en materia ambiental, articulando el marco normativo; fortaleciendo la institucionalidad ambiental para una actuación más oportuna, efectiva y transparente; complementando dicho marco con la creación de un fondo que permita responder a emergencias o desastres ambientales remediando y reparando. Por otro lado, la necesidad de reformas en materia de responsabilidad corporativa (debida diligencia) y especialmente para garantizar la respuesta frente a impactos ambientales. Pero además para mirar en serio la agenda climática que esta crisis expresa, seguir dependiendo de una fuente no solo perecible sino altamente contaminante requiere de poner plazos finales a la transición esperada.

Estas no son tareas sencillas, los cerca de cien mil barriles de petróleo derramados en el mar y en la selva amazónica, los más de mil derrames, los 3231 pasivos ambientales, entre otros, deben darnos suficientes razones para tomarlas en serio y ver esta situación como una oportunidad de cambio y justicia.

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[1] Declaraciones del relator especial en desechos tóxicos y derechos humanos, Marcos Orellana, en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología encargado por el Congreso de la República para investigar los hechos del derrame de Ventanilla, el viernes 25 de febrero 2022, ver: https://fb.watch/bp9wADvvn8/
[2] Ver “La sombra de hidrocarburos en el Perú, Actualización de la información sobre sitios con daño hidrocarburífero en el Perú: 1997-2021”, febrero 2022
[3] La sombra del petróleo, Informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019, Oxfam y CNDDHH, 2020. https://peru.oxfam.org/latest/policy-paper/la-sombra-del-petroleo

Otoño 2022

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Miguel Lévano Muñoz

Oxfam Perú