Si un Etupsa 73[1], de la nueva flota -que acepta 80 pasajeros entre parados y sentados- estuviera lleno; todos los pasajeros sentados (45), más: el chofer, el cobrador y el vendedor de golosinas (48 de los viajantes – 52% de ellos), representarían, en una escala reducida, el número de peruanos (la mayoría) que reconoce no entender de política nacional.
Según el Barómetro de las Américas, en nuestro país, casi 3 de cada 5 ciudadanos afirmaría no entender bien los asuntos políticos más importantes. Según esta encuesta continental, entre los factores determinantes para el entendimiento de la política se encontrarían: el nivel de estudio y el nivel de riqueza. Cifras como ésta nos demuestran el vínculo entre situación socioeconómica, acceso a oportunidades e interés por la política en tanto asunto colectivo.
Por ello, para entender los principales retos pendientes que el Perú enfrenta para construir una sociedad democrática, es necesario explicar cómo las desigualdades se traducen en desafíos políticos. Dado que el concepto de democracia tiene tantas definiciones como enunciantes, es preciso señalar que el uso que le damos aquí es el de un régimen representativo que garantiza el Estado de derecho.
Propongo una ruta (no tan urbana ni limeña como la que haría la 73) en 4 etapas: i) los desafíos estructurales que permanecen en el Perú (los baches más importantes para avanzar), ii) fortalecimiento del aparato estatal, iii) el desafío de la representación política, iv) la necesidad de reconocer la diferencia (aceptar que cualquiera se siente al lado suyo).
El 16% de los hogares peruanos cumple al menos 3 de las siguientes circunstancias: vive en un hogar rural, jefa o cónyuge mujer con nivel educativo igual a primaria incompleta o menos, jefe o cónyuge que habla una lengua originaria, se ubica en el primer quintil de la distribución nacional del gasto 'per cápita'.
En el Perú, el principal desafío para la construcción de una sociedad democrática, es el de cerrar brechas de carácter estructural. Las brechas geográficas (urbano-rural) siguen siendo significativas en todos los ámbitos. Quisiéramos aquí señalar solo algunas cifras notorias de esta situación, que permite evidenciar la diferencia en el acceso a servicios (básicos y de educación) y en la situación socioeconómica.
El 16% de los hogares peruanos (4.78 millones), cumple al menos 3 de las siguientes 4 circunstancias: vive en un hogar rural (ubicado en centros poblados de 400 viviendas, es decir 2,000 personas, o menos), jefa o cónyuge mujer con nivel educativo igual a primaria incompleta o menos, jefe o cónyuge que habla una lengua originaria, se ubica en el primer quintil[2] de la distribución nacional del gasto per cápita[3].
En ese grupo poblacional, mayormente concentrado en el sur andino, 4 de cada 5 personas viven en casas con pisos de tierra, 3 de cada 5 personas no tienen acceso al agua potable, 1 de cada 2 se encuentra en situación de pobreza extrema, 1 de cada 2 niños es desnutrido crónico y 1 de cada 2 mujeres mayores de 15 años es analfabeta[4].
Si bien las diferencias de las situaciones socioeconómicas y su impacto en la apreciación de la democracia (correlación entre la tendencia creciente en apoyo a democracia y nivel socioeconómico más alto) no son una constatación nueva, estas cifras invitan a reflexionar sobre el impacto en las trayectorias de vida. Esta situación cuantifica aquello que ha sido llamado “ciudadanía de segunda categoría”. El Estado tiene entonces la obligación de trabajar en ese sentido –y ya ha empezado con la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por ejemplo- para fortalecer, en el largo plazo, el apoyo la democracia.
Por otra parte, la falta de oportunidades y las disparidades, locales y nacionales, hacen que la frustración y la cólera sean bienes valorables en el mercado de las organizaciones. Lo cual explica la constancia del número de protestas. El Perú es el tercer país en la región (después de Bolivia y Haiti) con el mayor porcentaje de ciudadanos participando en protestas. Estar en los quintiles más bajos de pobreza es uno de los determinantes principales (alrededor del 15% de personas en el quintil 1 y 2 de riqueza participa en protestas). A decir de estas cifras, la falta de solución a problemas estructurales seguirá influenciando los niveles de estabilidad y conformidad con el régimen.
En esa línea, el segundo desafío de carácter estructural que enfrentamos como país es la consolidación institucional del aparato estatal. Este tema tampoco es novedoso. Como ejemplo de la superposición de funciones, durante el gobierno de Alan Garcia (2006-2011) al aprobar el plan de reforma de programas sociales se reduce, por medio de la fusión, de 84 a 26 el número de programas existentes. Existían 3 veces más de programas que los necesarios.
Pero más que subrayar la necesidad desde el punto de vista institucional, es aquí importante la necesidad de interesarse por los funcionarios como institución social. Desde ese punto de vista, se hace preciso seguir en la línea de consolidar un cuerpo estatal eficiente y eficaz, guiado por lineamientos que guíen la acción hacia objetivos y metas claras. Para lograr que los ciudadanos, sobre todo aquellos más excluidos del sistema político, se identifiquen con el régimen es necesario garantizar la capacidad de responder en tiempo real a las demandas para el cumplimiento de los derechos básicos. Dicho de otro modo, funcionarios que tengan claro que su labor es la de un servicio público para atender a sus conciudadanos.
El tercer desafío relacionado a otro tipo de instituciones es el de garantizar la labor de representación. En el Perú, como en el conjunto de países de la región, el nivel de escepticismo hacia los gobernantes o los partidos políticos es relativamente alto. 3 de cada 5 peruanos no cree en el interés de los que ejercen dicha labor para con los que representan.
Esta situación no es fortuita: las organizaciones políticas de tipo partidario y de nivel nacional (ancladas en Lima) han demostrado poca capacidad para capitalizar los bienes políticos adquiridos en su trayectoria.
Pero la pregunta debiera hacerse desde la identificación más que desde la organización en sí. ¿Cómo representar a un país tan desigual?, otros agregarían el término diverso, lo cual complejiza el debate; ¿qué idea central proponer?; ¿con qué símbolo sintetizarla?; ¿con qué líder, el conjunto de la población, podría identificarse? Como ninguna organización logra representar al conjunto del país, los movimientos regionales y locales adquieren cada vez más fuerza, fragmentando el mapa político nacional.
Pero la principal dificultad, aquella que antecede a las dificultades de representación, está en que, como ciudadanos, nos pensemos como colectivo. Esto va desde temas vinculados al lado humano del desempeño profesional a temas de fondo como el racismo.
Por eso, la expresión que sintetiza mejor el conjunto de desafíos en todos los ámbitos abordados es reconocer la diferencia. A nivel individual, reconocer los méritos ajenos, reconocer que no todos pensamos igual, no recibimos la misma educación, ni las mismas oportunidades. Pensarnos como colectivo heterogéneo y diverso. Esta idea es retomada de las propuestas de Iris Marion Young, quien afirmaba que el principal desafío para la consolidación democrática sigue siendo la implementación de las políticas de la diferencia. En el caso nuestro, políticas que gestionen las especificidades a nivel local, diseñando herramientas desde el territorio. A nivel institucional, pensar modelos que permitan hacer de las diferencias un potencial para el desarrollo del país. El conjunto de actores del sistema político debe apostar por eso y el Perú puede ser un ejemplo de políticas públicas con ese enfoque.
Resumiendo estas líneas en una frase: Construir una sociedad democrática dependerá de la implicación de los diferentes actores a gestionar la diferencia, desde el nivel y ámbito en que se encuentren, para garantizar el ejercicio de ciudadanía en igualdad de condiciones.
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[1] Empresa de transporte urbano de Lima Metropolitana.
[2] La división de los ingresos por “quintiles” es un método para medir la pobreza, se da al dividir el monto de ingresos per cápita en cinco grupos, donde el primer quintil corresponde a los ingresos de los más pobres y el quinto quintil representa los más altos ingresos.
[3] Cifras del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 2012.
[4] Cifras del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2012.
Adriana Urrutia
Docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya - UARM
